Autor: Amapola Periodismo Transgresor

Texto y fotografía: Raíchali

 

Llevaba más de 9 horas corriendo por la barranca de la Sinforosa cuando decidió abandonar la carrera por un fuerte dolor en su pierna. Santiago Ramírez avisó que está vez no iría por los 100 kilómetros, se quedaría con 63, pero su ánimo no decayó: «Adelante vienen mis hijas. Ya no corro solo».

Sentado en el área médica de la meta del Ultramaratón de los Cañones, instalada en el centro de Guachochi, Santiago se dijo orgulloso de tener una familia que ha puesto en alto a la etnia rarámuri, pues la historia de su hija Lorena, de 23 años, llegará a Netflix en un documental.

Junto a Santiago corrieron sus hijas María Juana, Talina, Lorena y su hijo Antonio.

«Las tres iban en primero de todo, Talina, Juana y Lorena. Yo me siento bien, son mis hijas y me andan acompañando. Me acompañan mucho».

Aunque en esta ocasión el pronóstico de Santiago de que sus hijos serían los primeros lugares no se cumplió, los corredores rarámuri conquistaron el Ultramaratón, en el que participaron mil 300 atletas.

El primer lugar femenil por la distancia de 63 kilómetros se lo llevó María Isidora Rodríguez de 40 años, originaria de Guachochi, con un tiempo de 8:53:20. En segundo lugar, llegó Talina Rodríguez con 9:13:32, ambas atletas fueron aclamadas por portar su indumentaria tradicional.

Originaria de Guachochi, Candelaria Amaya obtuvo el cuarto lugar en la carrera de 63 kilómetros

En la misma distancia pero categoría varonil, el primer lugar fue para Onorio Tomás Juárez con un tiempo de 6:16:18, segundo por José Antonio Bauticia y Antonio José Ramírez.

En los 100 kilómetros de la categoría varonil ganaron los atletas rarámuri Pedro Parra Cruz, Miguel Lara y Reyes Giltro Satebo.

La joven Maribel García, originaria de Río Blanco, Veracruz, obtuvo el primer lugar femenil en la distancia de 100 kilómetros, mientras que María Juana Ramírez y su hermana Lonera, llegaron en segundo y cuarto, respectivamente.

 

 

 

 

 

Este trabajo fue elaborado por el equipo de Raíchali y lo reproducimos como parte de la Alianza de Medios de la Red de Periodistas de a Pie.

Por casi tres décadas la empresa Berrymex, desde Jalisco, se ha vuelto un líder mundial en la producción y comercialización de frutos rojos. Sus historias de éxito ocultan las malas pagas; la desvaloración de los trabajadores; la explotación jornalera y el truco de las liquidaciones forzadas en busca de no cubrir derechos ganados con la antigüedad. 

 

Texto y fotografía:  Jade Ramírez / Zona Docs

18 de julio del 2019

 

Son pocos los kilómetros a pie de la carretera Guadalajara-Morelia, la que bordea el lago de Chapala, donde no se ve un invernadero en operación o en construcción. Frambruesa, zarzamora y fresa son lo que, principalmente, se cosecha todo el año. Según el mapa de la empresa Berrymex sólo en Jalisco y Michoacán se producen simultáneamente cuatro frutos de forma orgánica, mientras que en Baja California Norte, tres; en los estados como: Puebla, Guanajuato, Estado de México, Veracruz y en algunos más del norte del país únicamente se cosechan fresas.

 

El pueblo San Quintin en Ensenada, Baja California, cobró notoriedad hace un par de años por las denuncias de abusos a jornaleros y la explotación laboral que, principalmente migrantes del sur del país, enfrentan a manos del gigante de los frutos rojos: Berrimex, pero en Jalisco hay una métrica muy parecida. En un contexto de desigualdad y pocas opciones laborales, la gente de la región ciénega, donde se ubica esta empresa, reconoce que de no tener empleo a trabajar “en las berries”, ya es una ganancia, aunque la paga no corresponda a la jornada extenuante de piscar en un surco de la gran empresa mexicana afiliada a la familia Reiter, la cual lleva 100 años en el mercado tras ser fundada en San Francisco Bay, Estados Unidos; dicha marca trascendió y conquistó la industria agrícola bajo el sello Driscoll Strawberry Associates.

 

Martina es piscadora. La saludé cerca del rancho Los Cuates en la carretera federal 15. Por razones de seguridad prefiere mantener su identidad reservada, pues teme que la “castiguen” con la suspensión de la raya por hablar con personas ajenas al mando del rancho. Su jornada laboral es de diez horas, le pagan ocho e invierte doce. Se levanta a las cinco de la mañana para alistar ropa, comida y dejar hijos encargados con las vecinas. Debe salir puntual al pie de la carretera porque si pierde el camión que la recolecta, pierde el día y esto amerita una penalización de 120 pesos; gana mil 100 por semana y sólo tiene media hora dos veces al día para comer, orinar e hidratarse.

Ya antes trabajó de cocinera en una fonda, de afanadora en una empresa e intentó trabajar en una farmacia en el centro de Jocotepec, pero a “los tres, cuatro meses para afuera, no me dejaban ganar antigüedad”, me explicó como razón del por qué aceptó irse a las berries.

La humedad y el calor a las 12 del día en las personas fuera de un invernadero se vuelven llevaderas. A lo lejos se asoman nubarrones grises que a cualquiera le refrescan el panorama sabiendo que pronto lloverá. A Martina, el sol no le pega duro porque está debajo de un enorme toldo de plástico, pero aún así por la resolana lleva puesto sudadera de manga larga, cachucha y un pañuelo mojado entre la frente y el cuello. Bajó de peso desde hace seis meses que entró a trabajar: “no es porque no coma, es que aquí sudas porque sudas”, me cuenta mientras mira que nadie pregunte por su ausencia del surco, para seguir platicando conmigo.

Empezó vendiendo con su una tía botes de frutos rojos en la carretera y así le cayó la propuesta de irse a un empleo “seguro”, dice. Le cuestiono cuál es la seguridad al ser piscadora y me responde: “siempre habrá trabajo aunque me lo paguen mal y deje a mi familia mal atendida, pero puedo arrimar centavos”.

Cada bote mediado que pizca un recolector, se paga a cinco pesos, después de 100 botes dan 50 centavos por cada vote extra, cuando entregan 700 ya comienza la ganancia. Los piscadores con buena capacidad hasta pueden obtener 7 mil pesos por semana, pero por lo regular, me explica Martina, la semana sale de 2 mil pesos mínimo y máximo 2 mil 500 pesos.

“Honestidad, equidad y respeto” son los valores que sustentan la visión de Berrymex Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable que, además, de ser orgullosamente una filial de los hermanos Reiter, dueños de Driscoll, también es integrante de la Asociación Nacional de Exportadores de Berries; sin embargo, en cinco casos de despido injustificado y con alevosía, los valores que difunde en sus sitios institucionales quedan cuestionados.

 

Mobbing en las oficinas o “tender la cama” en los campos agrícolas

José así califica a lo que le hicieron “me tendieron la cama”; en sentido metafórico es que lo querían muerto, fuera de la jugada y de la empresa; él sostiene que le “pusieron un cuatro”. Platico con él a distancia porque ya no radica en Jocotepec donde llegó cargado de esperanzas. Quien es trabajador y debe sacar adelante a madre, padre y su familia propia, no tiene oportunidad de reposar y pensar las cosas, se tuvo que mover a otro municipio al sur de Jalisco a buscar suerte como experimentado agrónomo, carrera que estudio en el Estado de México. Y la encontró. A dos semanas de haber concluido el proceso conciliatorio entre Berrymex y él a través de su asesor legal, encontró empleo en otro cultivo de berries orgánicas en el sur; desde luego que no en la misma empresa ni para un productor filiar a Berrymex, pues “está quemado”.

Le sentenciaron en el área de recursos humanos de la empresa que si no firmaba su renuncia en las condiciones que le impusieron, no saldría de ahí ni con lo que le correspondía económicamente, ni con cartas de recomendación. Cuando probó suerte directamente con Driscoll en Ciudad Guzmán, dos semanas después de haber recibido su liquidación de Berrymex con un 15% menos de lo que le correspondía por un año y ocho meses de trabajo, su pretensión de ser jefe de cuadrilla y encargado de supervisar ranchos productores, se frenó cuando le preguntaron: ¿Podemos pedir referencias a su ex jefe?

José supo que ahí se acababa la historia. Respondió que sí, pero le advirtió a su interlocutor que lo que iban a decir de él: “no respondía a la realidad”. Y eso pasó. Es joven tiene menos de 30 años, pero ha aprendido cómo se mueven las relaciones entre superiores y empleados: nunca le regresó la llamada el encargado de Driscoll para confirmar si estaba contratado o no.

“Hay unos valores honestidad, equidad y respeto, pero bueno… los usan a su conveniencia, no siempre se predica eso”, sostiene José quien no oculta el trago amargo que implicó trabajar los últimos meses en Berrymex. Él detectó una métrica muy calibrada en el área de recursos humanos de la filial de la familia Reiter: “Me tocó ver siempre en estas fechas que despedían a gente importante para la empresa, gente que venía desarrollando bien su trabajo, pero… es la fecha de correrlos”.

Lo frondoso de los frutos rojos que encontramos en el mercado a un costo cada vez más alto, contrasta con la opacidad en el manejo del personal en Berrymex, asegura Cinthia Ramírez quien ha asesorado cinco casos de despido injustificado tan sólo en Jocotepec.

El historial de la gente de “confianza” que han despedido en Berrymex para el agrónomo José, está relacionado con un bono anual que corresponde a todos los empleados que cumplen un año de contratación. Se trata del reparto de utilidades que según la Ley Federal del Trabajo sucede 60 días después del 31 de marzo, tiempo límite para que la empresa declare impuestos y cumpla con la obligación social de reparto de las utilidades.

A finales de mayo correspondía que a José le dieran su proporción del 10% de utilidades, pero desde un mes antes comenzaron “casualmente” a tratarlo con señalamientos y reclamos. Un mes después supo que tenía un acta administrativa por supuestas faltas que provocaron daños en los cultivos y que, en su momento, no le fueron comunicadas, eso provocó en José extrañeza y se sintió repentinamente hostigado: “el jefe directo llegaba y cualquier cosa por más exagerada me la echaban en cara, al portarse de esa manera yo me preparé para lo peor; me molestó que no me hablaran directo y comenzaran a usar un tipo de artimañas para correrme”.

“Ellos dicen que al momento de correrte no están obligados a darte el bono, pero lo peleamos y fue parte lo que me soltaron, me tuvieron que dar el doble, pero fue gracias a que encontré un abogado”

José – Agrónomo, Ex empleado de Berrymex.

 

José quien es padre de dos hijos y ara día con día su destino, acepta que si le hubieran explicado el objetivo: darle menos dinero de las utilidades anuales que por ley le correspondían hasta “lo habría entendido”, pero su caso se manejó discrecionalmente y concluyó cuando llegaron a un acuerdo económico y recibió la liquidación con la parte proporcional de bono en un 30% menos de lo que le correspondía, del que debió descontar todavía, los honorarios del litigante que lo asesoró.

 

La industria crece sin supervisión estatal

De los cinco casos que ha asesorado la abogada Cinthia Ramírez, uno declinó seguir la reclamación y cuatro sí concluyeron, pero sólo uno llegó a tener audiencias de conciliación en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, aunque también se resolvió fuera de tribunales.

Un legislador del Congreso de Jalisco, Héctor Pizano, anunció en junio la iniciativa de crear un Padrón Estatal de Jornaleros Agrícolas, pues reportados ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social de Jalisco sólo existen 80 mil personas, pero según los cálculos de su iniciativa, éstos podrían llegar hasta 300 mil personas trabajando en el campo sin garantías ni derechos protegidos.

En 2016, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y el Consejo Agropecuario de Jalisco, A.C., suscribieron el Convenio para la creación del Padrón de Jornaleros Agrícolas de Jalisco, pero los resultados no existen: no hay mapa por regiones, no hay tabuladores, asesoría y acompañamientos a quienes trabajan en el campo para una empresa como Berrymex, un rancho productor o por su propia cuenta.

 

Empleado ejemplar hasta que se asomó la antigüedad de ley

“¿Así te tienen Miguel? ¿Esto estás aguantando?”, fue el reclamo de la esposa de Miguel al irlo a buscar a las oficinas de Berrymex en Jocotepec para pasarle un recado, uno de los quince días que Arturo Fuentes, jefe de Recursos Humanos, lo tuvo neutralizado sólo “checando ingreso y salida”, retirado de sus labora operativas, para obligarlo a firmar la renuncia.

Miguel tiene 42 años, trabajó 17 como jefe de cuadrilla resolviendo y supervisando en los campos: alambres, estaquiar, fumigar, cortar zacate y que en cada cultivo de berries en Jocotepec todo estuviera en buenas condiciones, completos de piscadores, esto además de recoger y entregar lo recolectado en un día. Difícilmente olvida la noche que comenzó el laberinto con Berrymex: “llegó con el último viaje de fruta al cooler, era el día que Donald Trump asumió el cargo como presidente y la gente encargada me dijo que ya no me podían recibir el producto.”

En Jocotepec, los Reiter encontraron el clima idóneo, casi único, para el cultivo masivo de frutos rojos. Asegura la abogada Ramírez, al narrar cómo fue que aquí se asentó la empresa después de que sus dueños participaran en una boda en la región: “descubrieron su paraíso industrial”. Fue en la década de los noventa cuando abrieron sus primeros invernaderos.

 

Miguel reconoce que una década atrás el manejo de agroquímicos “era menos controlado”, pero ahora se rigen por normas muy estrictas supervisadas por la secretaría de Agricultura; lo que no cambia es el infierno en que trabajan los jornaleros temporales en época de calor:“¿Se imagina usted el calorón encapsulado a treinta y tantos grados adentro de un invernadero?, en invierno a todo dar, pero en primavera-verano es para desmayarse”, recalca el jefe de cuadrilla, el cual por 17 años que conoció las venas de los cien ranchos en Jocotepec, Zapotitán y Huejotitán que sumados a los de Tuxcueca, San Isidro, Tala, Tlajomulco y Ciudad Guzmán suman aproximadamente 180 productores de frutos rojos que surten exclusivamente a Berrymex.

Había comenzado “el run run” de que a los empleados con mayor antigüedad los iban a empezar a sacar. Una empleada administrativa le advirtió a Miguel que “era asunto de Berrymex no de Driscoll”. El padre de familia que ya se reinsertó en un rancho independiente, logró recibir poco más de cien mil pesos de liquidación por casi dos décadas de trabajo de lunes a sábado con 10 o hasta 12 horas por día.

“Joco era un pueblo muerto, cada quien producía su alimento” recuerda Miguel, quien después de irse a los Estados Unidos de Norteamérica sin documentos se regresó y le pidió a un conocido lo enrolara en Driscoll; aunque tuvo que litigar su despido, no regatea en reconocer que sí han agilizado la economía en Jocotepec, lo que para la abogada especializada en derechos humanos, Cinthia Ramírez, significa una dependencia insana del monocultivo que desplaza la responsabilidad del ayuntamiento de desarrollar y dinamizar la economía por su propia cuenta entre los 38 mil habitantes que componen el municipio ribereño. Sin embargo, es la productora y exportadora de berries quienes “cubren” socialmente con donaciones y el financiamiento de obra pública lo que le corresponde al gobierno local.

El prestigio de la empresa más famosa de frutos rojos en México, inhibe que los abogados de Jocotepec acceden a dar asesoría legal a los empleados despedidos injustificadamente o sobre denuncias de violaciones a sus derechos, esto porque son amigos de los hermanos dueños de Driscoll “la cara bonita de la industria” que comercializa las berries, y de Berrymex la productora creada con capital extranjero, pero establecida en México, detalla Cinthia Ramírez.

“Driscoll tiene un listado de reglas para aceptar el producto” se refiere la abogada en materia de calidad, pero también sobre políticas sociales aunque “no se cumplan”, sentencia. En la realidad, la exportadora de fresa, frambruesa y zarzamora, Berrymex: “los despide sin justificación y ocultando las arbitrariedades en figuras legales como la prima de antigüedad”; se refiere al caso de Miguel sobre cómo justo cuando estaba a meses de cumplir el tiempo reglamentario por lo que ya debía comenzar a recibir la prima de antigüedad: lo cesan para no tener que cubrirla y, así, las indemnizaciones quedan muy por debajo de lo que indica la ley.

La Junta Local de Conciliación y Arbitraje tuvo que citar a Berrymex por el caso del jefe de cuadrilla, aunque se llegó a un acuerdo finalmente por afuera, en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social de Jalisco sí tuvieron conocimiento de que la empresa líder del “oro rojo”, quería rasurarle 40 mil pesos de liquidación conforme a derecho. Es la Junta Especial Número 4, la que recibe este tipo de asuntos, al ser consultados antes de publicar este reportaje precisaron que no había una sistematización en datos abiertos de cuántas quejas de trabajadores agrícolas han procesado en los últimos años.

Los piscadores al vaciar el fruto recolectado tienen que lavar el bote de inmediato con chorros de agua fría. Lo que podría parecer una nimiedad, se trata para la abogada que formó parte del Consejo Ciudadano de Hermanamiento de ciudades como Watsonville con Jocotepec, de una práctica que afecta la salud de los trabajadores, ya que pasan de inmediato de un trabajo manual que les calienta las manos, a un enfriamiento con agua que genera, a la larga, dolores musculares o artritis sin que eso se considere o calcule en la paga o en los riesgos a los que se exponen a los trabajadores.

Para las autoridades locales, lo narrado por: Martina, la piscadora; José, el agrónomo; y Miguel, el jefe de cuadrilla, no es nuevo; no obstante, existe “una política abierta” de manga ancha a Discroll, pues la empresa tiene mucho capital invertido en el municipio; además de que se involucró en la construcción del hospital local, hace pavimentación de calles y donó dinero para la construcción del malecón de Jocotepec.

Para Cinthia Ramírez, el gobierno local “usa las dádivas de la inversión privada, hacen oídos sordos y ojos ciegos de estas prácticas sobre violaciones laborales y daños ambientales” en detrimento de la población. Su postura se centra en que debe existir una conciliación, ya que no resulta favorable que se vayan de Jocotepec, pero su participación en la obra pública así como las condiciones de los empleos que genera, deben cumplir en toda magnitud con los valores publicitados y acuerdos transparentes que no eximen competencias.

 

 

 

 

 

 

 

 

Este trabajo fue elaborado por el equipo de Zona Docs y lo reproducimos como parte de la Alianza de Medios de la Red de Periodistas de a Pie.

Texto: Chiapas Paralelo

18 de julio del 2019

 

El Colectivo Educación para la Paz y los Derechos Humanos A.C (CEPAZ) pidió un alto a la criminalización, hostigamiento e intimidación de defensoras y defensores ambientes en Chiapas, por lo que exigió total respecto al derecho y deber de los individuos, grupos y las instituciones de promover y proteger los derechos y libertades fundamentales.

El Colectivo informó que en los meses recientes, se ha intensificado el hostigamiento, intimidación y criminalización de defensoras y defensores del agua y el ambiente. Es de suma preocupación, la vulnerabilidad y el alto riesgo al que se enfrentan quienes defienden los bienes naturales, el ambiente y el territorio.

En mayo pasado, habitantes del fraccionamiento El Bosque en Tuxtla Gutiérrez; por defender un área verde, espacio público utilizado como parque por más de 25 años, donde se encuentran árboles como huanacasxtle, caoba, bambú, mango, guaya, bugambilia, limón, benjamina, y naranja de más de 80 años de antigüedad, fueron detenidos sin orden de aprehensión las CC. Magaly del Refugio Ruíz, Ma. Antonia Salazar y Oscar Armando Robles por más de 300 policías de seguridad pública municipal, estatal y de investigación, violando flagrantemente sus derechos humanos; además de hostigar y amedrentar a familiares y vecinos.

En el mes de junio, en la cabecera municipal de Chilón, el actual presidente municipal, Ing. Carlos Jiménez Trujillo, ha impulsado una campaña de represión, hostigamiento y criminalización contra las y los integrantes del Movimiento en Defensa del Agua (MODEA); destituyó al director y a los comités de agua, y ha desconocido la organización ciudadana y comunitaria que administra el sistema municipal de agua. Durante una manifestación pacífica que realizaron el 24 de junio, fueron hostigados por fuerzas policiacas tomándoles fotos y cercando su marcha. De igual modo, ha emprendido una campaña de desprestigio e intimidación contra el Movimiento en Defensa de la Vida y el Territorio (MODEVITE).

Ahora, en San Cristóbal de Las Casas, se criminaliza la defensa del ambiente y el territorio que mantienen desde hace varios años pobladores de la colonia Maya; el empresario Oscar Liévano Narváez deforestó impunemente un área de bosque en el predio La Moraleja para construir un fraccionamiento de 200 lotes, esto, ha causado daños ambientales, provocando inundaciones que han perjudicado a varias familias de la colonia.

“La protección del área ecológica que han realizado ante la destrucción por parte del mencionado empresario y la exigencia de justicia para la reparación de daños a los colonos, ha dado como resultado una demanda penal contra integrantes de la mesa directiva de la colonia” detalló Cipaz.

 

Ante este acto judicial, las y los defensores ambientales interpusieron un amparo, el cual les fue negado a la C. Lucero Aguilar Pérez y al C. Martín López López.

Por tanto, el Colectivo ante todos estos hechos de criminalización contra defensoras y defensores ambientales, y con fundamento en el artículo primero constitucional, pedimos a las autoridades de los diferentes órdenes de gobierno.

El cumplimiento y respeto de la Declaración sobre el Derecho y el Deber de los individuos, los grupos y las instituciones de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales universalmente reconocidos. Así como también, el Acuerdo de Escazú, sobre el reconocimiento del derecho al medio ambiente sano y los derechos de acceso.

Garantizar un entorno seguro y propicio en el que las personas, grupos y organizaciones que promueven y defienden los derechos humanos en asuntos ambientales puedan actuar sin amenazas, restricciones e inseguridad. Tomar las medidas adecuadas y efectivas para reconocer, proteger y promover todos los derechos de las y los defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales. (Art. 9 Acuerdo de Escazú).

Cancelación de todo proceso judicial y toda orden de aprehensión contra: C. Lucero Aguilar Pérez; C. Martín López López; Magaly del Refugio Ruíz, Ma. Antonia Salazar y Oscar Armando Robles.

Reinstalación en sus cargos a los comités y director del Sistema de Agua Potable Municipal de Chilón; así como el respeto y reconocimiento a la organización comunitaria del agua del MODEA.

 

 

 

 

 

 

Este trabajo fue elaborado por el equipo de Chiapas Paralelo y lo reproducimos como parte de la Alianza de Medios de la Red de Periodistas de a Pie.

Texto y fotografía: Salvador Cisneros Silva

18 de julio del 2019

 

Cochoapa el Grande

Mujeres indígenas na savi volvieron a su estado de crisis económica luego de la caída en los precios de la goma de amapola.

 

Cecilia Martínez es una mujer na savi de 43 años. Los últimos cinco años trabajó en cultivos de amapola junto a sus hermanas, primas y sobrinas. En tres de esos cinco años consiguió construir dos casas: una de barro y otra de cemento, en donde alojó a su mamá y a una de sus hermanas.

 

Doña Cecilia cuenta que de no haber trabajado en el cultivo de amapola nunca habría logrado construir su casa. Cuando vivía del maíz que sembraba, sólo alcanzaba para que ella y su hija comieran. Comenzó a trabajar en la parcela de un primo, quien después le regaló semillas para que ella misma cultivara su propia goma y empleara a su hermana y dos primas, incluso a su mamá y a su hija de 13 años.

 

Luego de que su esposo murió, no tenía forma de mantenerse. Pedía dinero prestado a sus familiares para comer. La amapola cambió sus vidas.

 

Pero la caída del precio en 2018, acabó su sueño de salir de la pobreza. Ese año no pudieron vender su producción de goma de opio. Solo lograron su cosecha de maíz.

 

Este 2019, doña Cecilia esperaba que el precio volviera a su normalidad para vender su producción del año pasado y la poca que recolectó este año, pero no hubo alza del precio.

 

Doña Cecilia y el resto de las mujeres de esta familia desconocen para que utilizan la goma de amapola, solo saben que seis meses de trabajo les permite obtener dinero para una vida con menos penurias. Ahora ni eso tienen.

 

Pidieron al gobierno más proyectos para que salgan adelante familias que ante la falta de ingresos se dedicaron a la producción de amapola para mejorar un poco su forma de vida.

 

 

 

 

 

 

Este trabajo fue elaborado por el equipo de Amapola. Periodismo transgresor. Se autoriza su reproducción siempre y cuando se cite claramente al autor.

Texto: y Fotografía:  Raíchali

15 de julio del 2019

 

Se cansó de trabajar de sol a sol a punta de insultos y amenazas. Llevaba dos semanas retenido en un campo para el cultivo de amapola cuando el coraje le ganó y enfrentó a uno de sus captores: «yo no soy esclavo de nadie para que me hagan trabajar a la fuerza».

Pero su reclamo no frenó los abusos que él y por lo menos otras 20 personas sufrían en el campamento ubicado en Yoquivo, municipio de Ocampo. «Los que mandaban» lo patearon en los tobillos y en la espalda hasta dejarlo inmóvil, desde ahí, Martín trabajó sin quejarse por miedo de que lo asesinaran.

El viernes 12 de julio, la Fiscalía Zona Occidente informó del rescate de 21 hombres que habían sido retenidos por presuntos criminales para trabajar en el cultivo de droga, varios de ellos declararon que tenían dos años en cautiverio.

 

Originarios de Chihuahua, Meoqui, Bachiniva, Guerrero, Guadalupe y Calvo, así como Guanajuato, Coahuila y Oaxaca, fueron llevados con el engaño de que tendrían un buen trabajo en San Juanito para construir cercas de ganado.

A Martín lo contactaron la noche del 13 de abril en un Oxxo de Cuauhtémoc. Le ofrecieron trabajar un mes en San Juanito por 300 pesos diarios, tres comidas libres y hospedaje. Con él se llevaron a otras cinco personas, entre ellas una mujer.

El contratista, a quien identifica como «El Chapas», los llevó hasta Yoquivo, en donde los incomunicaron y obligaron a cortar leña para la cocina y a barbechar la tierra para la amapola.

El pago que les prometieron jamás llegó. La comida les costaba 150 gramos de goma al día y quien no cumplía era golpeado y sumergido por tres minutos en agua fría.

Dormían todos juntos en una cueva, debían pedir permiso para ir al baño, algo que para el joven rarámuri de 26 años era muy humillante porque, si los dejaban ir solos, les tenían que llevar «la muestra».

«Los que cuidaban eran unos 30 cabrones. Y ahí no teníamos derecho de nada. Ni de hablar, no, de nada. Nos quitaron teléfonos. No éramos personas (…) ellos tenían derecho de todo. Derecho de bañar. De comer lo que ellos quisieran, podían dañar a la gente. Tenían derecho a todo, de hablar con su familia, de todo»

 

Martín nació en Uruachi y es el segundo hermano de ocho. Cuenta que llegó a Cuauhtémoc en 2015 para trabajar en la obra y en la manzana.

Cuando le ofrecieron ese trabajo, explicó, aceptó porque quería estar en un lugar donde le pagaran más dinero, quería ahorrar para comprarse una troca.

«Se trabajaba de sol a sol. A las seis de la mañana nos sacaban a todos de la cueva a trabajar. La salida era a las seis de la tarde. Era de sol a sol. Si no te levantaban te daban patadas para que te levantaras. Si no le hacíamos caso tiraban balazos en los pies para hacer caso o para asustar»

 

Martín habla bajo y pocas veces sube la mirada. Mientras cuenta su experiencia estira las manos y señala algunas cicatrices que le dejó el trabajo. La herida más grande está en su mano derecha por una caída al intentar acarrear 20 litros de agua desde el río hasta el campamento.

 

«Siempre que le resongaba me decía que él si me iba a matar, le decían el número dos. A mi (me golpearon) dos o tres veces. Recibí muchos chingadazos con la mano. cachetadas, daban balazos en los pies. Pegaban con un chicote verde»

 

En esos tres meses, Martín vivió de dos comidas al día. Les daban arroz, sopa y frijoles y en las tardes maicena con azúcar y agua. Dormía, pero no descansaba, lo único en lo que podía pensar era en salir de ahí.

 

Aunque asegura que ahora está mejor y se siente bien, se le quiebra la voz cuando recuerda a sus compañeros y el trato que recibían.

«Me sentía débil, no tenía fuerza. Tenían mucho coraje, mucha tristeza…Me daba mucha lástima había gente enferma, con hernias, a veces yo los ayudaba con la carga pesada»

 

A Martín nadie lo rescató de ese infierno. Cuenta que tenía ya tres meses en el campamento cuando encontró la forma de salirse durante la madrugada. Caminó nueve horas hasta llegar a Memeliche, Ocampo.

Ahí consiguió «raite» hasta la comunidad de La Estrella, en donde un comandante de seguridad pública los vio a él y a otros dos compañeros bajar del vehículo.

Aceptaron comer con él pero no quisieron decirle la verdad. Le comentaron que venían para trabajar en la manzana y que por el viaje no se sentían bien, por lo que aceptaron irse a comer con él.

«Cuando estábamos ahí nos dijo que dijéramos la verdad que él sabía de dónde veníamos y ya le dijimos la verdad, que trabajamos en la droga que se llama amapola. Preguntó que si nos habían pagado y ya le dijimos la mera verdad. Cuánta gente había, cómo nos trataban, que nos metían al agua con una bandeja… Los balazos en los pies»

 

Tres días después de eso, el lunes 9 de julio, se realizó el operativo de la Fiscalía Zona Occidente, en el que participaron 50 efectivos de la agencia estatal de investigación.

«Yo me siento bien. Yo nomás quería estar afuera de ese lugar. Ya no quería trabajar, la neta. Yo cuando primero que salí de ahí dije voy a la manzana, pa’ qué ando sufriendo en la Sierra. Yo quería, tenía ganas de una coca. Yo siempre les dije ‘dos, tres días más y ya voy a tomar soda’ y así fue. Sí al otro día me la tomé»

 

La fuga que confirmó el lugar

Martín no fue el primero que logró escapar del campamento. De acuerdo con el fiscal de la zona occidente, Jesús Carrasco Chacón, en 2018 se recibió una primera denuncia en Chihuahua capital de una persona que había estado recluida en Yoquivo.

En entrevista, explicó que a la denuncia se sumó el caso de una persona que tenía reporte de desaparecido, lo que derivó en las primeras intervenciones en el municipio de Ocampo por agentes de la Fiscalía General del Estado, pero no lograron encontrar el sitio.

«No desvirtuamos la versión de quién indicó haber estado en esta condición y comenzamos a trabajar en ello y a trabar en ello, a buscar ese dato que pudiera indicarlos que el dicho de la persona era cierto o falto porque no teníamos identificado este modus operandi de grupos delictivos en la Sierra, en el que atrajeran a personas con engaño y las retuvieran para trabajos forzados»

 

Diseñar la logística del operativo del nueve de julio les tomó dos semanas. En ese lapso identificaron las rutas de acceso, así como las horas que les tomaría llegar a pie al lugar.

En la ruta, comentó, localizaron a cuatro personas que les dieron referencia del lugar y les ayudaron a llegar al sitio. Fue el grupo en el que se encontraba Martín.

En el operativo se rescataron a las 21 personas y se aseguró una camioneta Chevrolet, Silverado 2005, la cual se utilizaba para el traslado de víveres. También localizaron un radio de comunicación marca Kenwood, con el que se mantenían en contacto.

El fiscal reconoció que había la posibilidad de detener a las personas que vigilaban el campamento, sin embargo, optaron por proteger a las víctimas.

«Se tuvieron a la vista a personas armadas, se pudo hacer el intento de realizar detenciones, sin embargo, ya teníamos conocimiento de que había víctimas y detonar un enfrentamiento en ese momento pues, ponía en riesgo a las personas que recuperamos (…) En primer término íbamos a recuperar personas y si se daban las condiciones se harían detenciones, pero no vas a poner en riesgo o vas a privilegiar una detención poniendo en riesgo a una víctima»

 

En total, informó, se cuentan con 21 carpetas de invetigación: cuatro de ellas ya estaban abiertas porque los familiares de las víctimas había denunciado su desaparición.

Carrasco Chacón añadió que no descartan que exista otro campamento y más víctimas por el testimonio de las personas que fueron rescatadas, por lo que continuarán con la investigación.

Sobre las personas rescatadas comentó que su seguridad y atención psicológica está asegurada a través de la Comisión Estatal de Atención a Víctimas y la Comisión de Búsqueda.

«Sabemos que tenemos que hacerlo, primero tenemos que concluir lo que estamos haciendo con estas víctimas hasta que logremos que estén los de afuera con su familia,reintegrados, y luego vendrán los trabajos para una futura intervención»

 

 

 

 

 

 

 

Este trabajo fue elaborado por el equipo de Raíchali y lo reproducimos como parte de la Alianza de Medios de la Red de Periodistas de a Pie.

El economista Andrés Barreda y el periodista Luis Hernández Navarro desmenuzan las relaciones criminales del neoliberalismo y destacan la tendencia mundial a retornar a una mayor intervención del Estado en la economía y en lo jurídico

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Texto: Lydiette Carrión / Pie de Página 

Fotografía: Pepe Jiménez/ Archivo PdP

17 de julio del 2019

 

El neoliberalismo no puede existir sin el crimen organizado. No se trata de una anomalía, sino de un engranaje más para la ganancia extraordinaria.

Así lo sostienen el economista investigador de la UNAM, Andrés Barreda, y el periodista Luis Hernández Navarro, en entrevista para Pie de Página.

Es una charla informal. Ambos platican durante un par de horas sobre el neoliberalismo en México y su vínculo con el crimen organizado. También hablan de cómo es que en todo el mundo actualmente se da un viraje hacia un capitalismo más proteccionista. El propio Donald Trump es prueba de ello: proteger mercados y trabajadores estadunidenses. De este modo el presidente mexicano Manuel López Obrador, también sigue esa línea. Y en esta charla, en un momento se les pregunta:

–¿Qué detona el horror en México?

–Yo creo que el problema es el neoliberalismo, porque el neoliberalismo impuso una forma de acumular capital que no se había visto, ni con la intensidad, con la sistematicidad, que comenzó en los ochenta [del siglo pasado]. Y no se había visto ni en México ni en todo el mundo.

El neoliberalismo, continúa Barreda, impuso una forma de acumulación de capital salvaje, “que es en realidad una forma de hacer ganancias extraordinarias, y por el método que sea”.

Uno de estos métodos es no pagar el trabajo por su valor, sino debajo del valor, explica. Esto, en términos económicos, “se llama superexplotación. Y esto se masificó y creció exponencialmente en todo el planeta: precarización, outsorcing, destrucción de los sindicatos, masificación del trabajo infantil, la masificación del trabajo femenino, las maquiladoras y el maltrato a las mujeres”.

La superexplotación se manifiesta de otras formas; por ejemplo, es la destrucción del medioambiente. “También es no pagar por la naturaleza, no asumir ningún gasto por la reproducción de la naturaleza. Es depredar ríos, lagos enteros, montañas… nada más hay que ver lo que hicieron en China, entrando los capitales internacionales, para producir riquezas”, explica.

Y entre tantos métodos de superexplotación está el crimen organizado. “Por eso está ahí, de manera estructural”, puntualiza Barreda.

–¿El neoliberalismo no puede existir sin crimen organizado?

–El neoliberalismo, no. El capitalismo sí, pero el neoliberalismo no–, asegura Barreda.

 

El narco como brazo armado

Luis Hernández Navarro puntualiza lo imbricado que el crimen organizado se encuentra en la economía mexicana, a tal grado que las actividades ilegales (trasiego de drogas, tráfico de personas, trata de personas, etcétera) significan el 10 por ciento del PIB nacional.

Además, advierte, a partir de 2009 el crimen organizado es utilizado de forma estructural por los diversos poderes políticos, como brazo ejecutor y represor de movimientos sociales. El epicentro de este fenómeno es Guerrero. “A toda una serie de dirigentes, ecologistas, dirigentes comunitarios, a los que en el pasado se les asoció con la guerrilla, en Guerrero los comienza a eliminar el crimen organizado.  En Guerrero el punto de inflexión es el asesinato de dos dirigentes: Raúl Lucas y Manuel Ponce, donde el presidente municipal contrató al crimen organizado”.

Lo arriba mencionado junto a la mezcla de capitales de procedencia ilícita y legal han imbricado a tal grado el crimen organizado con el sistema mexicano en su totalidad, que se ha vuelto orgánico al sistema, completamente entreverado.

 

Los derechos se olvidan

A pesar de que el crimen organizado es un método fundamental para el neoliberalismo en México, no es el único. Y no se debe perder de vista la explotación laboral.

En ese respecto, Andrés Barreda advierte que en México, los activistas e investigadores preocupados por estos temas no deben perder de vista la precarización del empleo, y no sólo los procesos de despojo de los bienes naturales.

“El despojo te da el arranque. El despojo te da la levadura para hacer pan. Pero tú cuando comes pan no estás comiendo levadura. Despojas a la gente y ya los vuelves obreros, y la ganancia la sacas explotando a los trabajadores”.

Él percibe que en los círculos que se oponen al despojo de tierras hay claridad respecto a esta apropiación de la tierra; pero en ocasiones se omite la expropiación. “Nada más están hablando del problema de la tierra y la separación. Y hablando sólo de eso, omiten la explotación: nunca se ha explotado más a los trabajadores en la historia de la humanidad, como en los últimos 30 años. Del outsorcing no se habla, ni de la desaparición de los sindicatos”, concluye.

 

 

 

 

 

 

 

 

Este trabajo fue elaborado por el equipo de Pie de Página y lo reproducimos como parte de la Alianza de Medios de la Red de Periodistas de a Pie.

Militares, alcaldes, regidores, síndicos, policías municipales, y
«Servidores de la Nación» retenidos durante casi dos meses de protestas de campesinos por el retraso en la entrega del fertilizante gratuito. Ni así les cumplen la meta de entrega.

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Texto: Amapola Periodismo

Fotografía: Lenin Mosso 

17 de julio del 2019

 

Chilpancingo

El programa de fertilizante gratuito para campesinos resultó el primer tropiezo de la “Cuarta Transformación” en Guerrero: no cumplió con la meta de entregar el abono a los 233,234 empadronados.  

Este lunes 15 de julio se cumplió la fecha final establecida por el presidente Andrés Manuel López Obrador para la entrega del abono, pero sólo han entregado a 72.5 por ciento del listado de beneficiados.

Este porcentaje representa 169,000 campesinos de los 233,234 que son en total.

Pero aun así el coordinador del programa federal de fertilizante, Jorge Gage Francois, informó sobre un 97.4 por ciento de cumplimiento. En realidad se refería a los vales entregados, que no es sinónimo del abono en manos de los campesinos. Los vales entregados son 227, 135.

El funcionario federal, en conferencia prensa, aclaró que aun con el plazo vencido el programa no concluía. Para eso 107 de los 147 centros de distribución de Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex) seguirán abiertos hasta llegar a la meta: 355,493 toneladas de fertilizante repartidas.

En números, el programa para este año, tuvo algunos ajustes: una reducción de 97 mil beneficiarios y un aumento de 186 mil 493 toneladas, de acuerdo con los datos aportados por el propio funcionario, aunque  durante el proceso del programa el gobierno federal cambió datos una y otra vez.

En los últimos 24 años, antes de éste, el programa funcionó bajo la administración del gobierno del estado, con una aportación de los 81 ayuntamientos, periodo en  el que también hubo protestas y quejas de campesinos, pero nunca como en este nueva etapa.

Desde mayo pasado, fecha en que inicia el periodo de siembra, hasta este lunes 16 de julio, campesinos de las regiones de la Tierra Caliente, Norte, Costa Chica y Montaña salieron a protestar, casi a diario, en reclamo del abono. Cerraron carreteras, retuvieron funcionarios federales (llamados Servidores de la Nación), alcaldes, regidores y policías municipales para presionar.

 

Pero los últimos cuatro días las protestas o métodos de presión subieron de tono. Aquí algunos ejemplos: tomaron un tráiler cargado de fertilizante y sacaron el fertilizante de bodegas de Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), ubicada en Tixtla para repartirla y llevarlas a sus pueblos. En este último caso se habla de que gente de un grupo criminal intervino en el reparto a cambio de 20 pesos por persona.

En esta nueva fase del programa y la jornada de protestas también hubo circunstancias complicadas.

Unos 40 militares y 20 policías del estado fueron retenidos por pobladores de 27 comunidades de los municipios de Heliodoro Castillo y San Miguel Totolapan, en el poblado de Puerto del Gallo, que reclamaban el abono.

La demanda del fertilizante también impactó en las autoridades municipales. Los alcaldes de Zapotitlán Tablas, Joaquín Rosendo Luciano; el de Tlacoapa, Alfredo Cantú Cristino, junto a regidores y policías municipales, y el de Cualac, Eugenio García Meza, fueron retenidos por los campesinos.

Los subdelegados federales de Montaña alta, Julio Lázaro Bazán, y de la Tierra Caliente, Andrés Nieto Cuevas, no escaparon de la estrategia de presión que establecieron por los campesinos.

Todo este periodo de protestas también incluyó la queja reiterada contra “Servidores de la Nación”, por supuesta prepotencia.

El asunto es que este año el programa del fertilizante en Guerrero sólo fue un plan piloto, porque el plan del gobierno federal es extenderlo en todo el país.

Antes tienen que cumplirles a los campesinos de este estado.

 

 

 

 

 

 

 

 

Este trabajo fue elaborado por el equipo de Amapola. Periodismo transgresor. Se autoriza su reproducción siempre y cuando se cite claramente al autor.

Video: Angie García 

16 de julio del 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

Este trabajo fue elaborado por el equipo de Amapola. Periodismo transgresor. Se autoriza su reproducción siempre y cuando se cite claramente al autor.

A los niños y el profesor, Lamberto Castro de la Cruz les une más que la dupla enseñanza-aprendizaje. Todos forman parte del mismo colectivo, son familiares devíctimas de una persona desaparecida o asesinada en Guerrero.

“Ellos a lo mejor no saben que yo también estoy padeciendo una situación igual, pero trato de entenderlos, porque sé el entorno de dónde vienen, cómo está su situación”, dice

Texto: María Leticia Cruz / Voz Alterna

15 de julio del 2019

 

Desde 2006 a la fecha el estado de Veracruz como la mayor parte del país padece una crisis de inseguridad y violencia derivadas de la cuestionada guerra  contra el narco que desató Felipe Calderón Hinojosa. Niños, niñas y adolescentes se cuentan entre los llamados “daños colaterales” de esa guerra y violencia a la que no se ha logrado dar vuelta a la página.

De acuerdo con la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim) en su informe ‘La infancia cuenta en México 2017’, en la última década el país “ha vivido la generalización de la violencia e inseguridad y entre los principales afectados se encuentran niñas, niños y adolescentes, quienes son afectados de forma directa por las situaciones de criminalidad, violencia e impunidad que actualmente tienen al país en una profunda crisis de derechos humanos”.

Los daños van desde la violación a su derecho a crecer en un ambiente libre de violencia, hasta la orfandad, la trata de personas, la muerte, el reclutamiento, los desplazamientos forzados.

 

Duros, los datos

“según datos presentados por la sociedad civil a la CIDH, entre 2006 y 2014 existieron cerca de 2 mil asesinatos de niños, niñas y adolescentes de los cuales la mitad sucedió en el curso de enfrentamientos que involucraron la participación de las fuerzas de seguridad”.

-Informe 2017 de la Redim

 

El informe 2017 de la Redim detalla que “cada día en México son asesinados 3 niñas, niños y adolescentes y diariamente desaparecen 4 de ellos en el territorio nacional, sin que ante esta grave situación se cuente con una respuesta contundente del Estado Mexicano”.

Añade que  “según datos presentados por la sociedad civil a la CIDH, entre 2006 y 2014 existieron cerca de 2 mil asesinatos de niños, niñas y adolescentes de los cuales la mitad sucedió en el curso de enfrentamientos que involucraron la participación de las fuerzas de seguridad”.

Y es que las niñas, los niños y adolescentes“ han sido impactados directamente de forma crítica por las problemáticas derivadas del enfrentamiento entre el gobierno y el crimen organizado, parte de este impacto negativo incluye el reclutamiento forzado de niñas, niños y adolescentes, los homicidios violentos, la orfandad, los desplazamientos forzados y las desapariciones”.

 

En noviembre de 2018 la Redim informó que de los casi 7 mil niñas, niños y adolescentes desaparecidos en México, el 70% ocurrió en la administración de Enrique Peña Nieto.

 

Más análisis de la Red por los Derechos de la Infancia en México precisan que de acuerdo con el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED), hasta julio del 2017 se registraron 33 mil 482 personas desaparecidas. De ese total, 6 mil 079 son niñas, niños y adolescentes, lo cual representa el 18.2 por ciento del total de desapariciones. Asimismo, 6 de cada 10 casos de desaparición son de niñas y adolescentes mujeres.

En noviembre de 2018 la Redim informó que de los casi 7 mil niñas, niños y adolescentes desaparecidos en México, el 70% ocurrió en la administración de Enrique Peña Nieto.

Además, refiere la Red que niños, niñas y adolescentes se han convertido en blanco de ejecuciones extrajudiciales.

Desde 2006 al 2019 fueron asesinados en la guerra contra el crimen organizado más de 16 mil niñas, niños y adolescentes; sólo del 2015 a marzo del 2019 suman 4,299 homicidios dolosos, en su mayoría realizados con arma de fuego. En el primer trimestre de 2019 ocurrieron 285 homicidios dolosos contra la población de cero a 17 años, es decir, 3.2 homicidios diarios. Los Estados más violentos fueron Guanajuato, Veracruz y Nuevo León, reveló la Redim en abril de este 2019.

 

Niños, víctimas del crimen

Información de Redim refiere que de las personas desaparecidas entre 2006 y 2014, el 30 por ciento son menores de edad, “en el segmento de 15 a 17 años ocho de cada diez son mujeres y en el grupo de cero a cuatro años de edad, 6 de cada 10 son varones”.

Juan Martín Pérez García, director ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM), advirtió que hay menores de edad  y mujeres adolescentes que son víctimas de trata de personas.

La trata es, para el crimen organizado, uno de sus mayores negocios, deploró.

El Director Ejecutivo de la Redim, Juan Martín Pérez García, expuso en Xalapa, en mayo de 2017,  que aunque no se sabe con certeza el destino de muchos menores que desaparecen, algunos casos podrían estar ligados a la trata.

Alertó que los datos dan cuenta de que el crimen organizado encontró en las mujeres adolescentes y en los niños, fuentes de ingreso. Refirió que la trata de personas tiene varios fines, como la explotación sexual, explotación laboral, venta ilegal de niños.

Hay, resaltó, un escenario muy delicado ante el que debe haber atención integral de todos los niveles de gobierno, distintas instituciones, asignación de recursos y  políticas públicas para las infancias en Veracruz y México.

En el estado de Veracruz no existen cifras puntuales de menores desaparecidos, como tampoco hay registro de menores en situación de calle.

El escenario de violencia ha derivado en que la mayoría de los niños no jueguen fuera de casa, sus familias no les permiten estar solos ni en la banqueta.  Juan Martín Pérez García expuso que siete de cada diez adultos no dejan salir a la calle a los niños a jugar, por miedo a la inseguridad.

En calle, niños sin registro y asechados por peligros

En las esquinas, en los cruceros, en las avenidas solas o llenas de gente, niños y niñas en situación de calle padecen, además de pobreza, abandono o violencia intrafamiliar en muchos casos, así como ausencia de protección a sus derechos,  el asecho de múltiples peligros y formas de violencia en un estado y un país en crisis de seguridad desde hace más de una década. No hay registro de ellos.

 

Ni a nivel federal ni local los gobiernos cuentan con un registro de la población infantil que vive en situación de calle.

-Arturo Narváez

 

La ausencia de un registro de menores que viven en situación de calle los pone en peligro de ser robados o secuestrados para diversos fines, como la trata de personas, o de ser desaparecidos por grupos delictivos, sin que tampoco exista registro de ello, advierte el académico de Sociología de la Universidad Veracruzana y ex director del Movimiento de Apoyo a Niños Trabajadores y de la Calle A.C. (Matraca), Arturo Narváez.

En entrevista, Arturo Narváez detalló que ni a nivel federal ni local los gobiernos cuentan con un registro de la población infantil que vive en situación de calle. La inexistencia de este registro no sólo impide la creación de Políticas Públicas para atender a las infancias, sino que pone a los menores de edad en situaciones en extremo peligrosas.

“Los únicos datos que hay sobre este sector -en situación de calle-, es un poco de los niños que trabajan, y es del INEGI, del reporte de la Secretaría del Trabajo, pero sólo cuenta a niños y niñas trabajadores a partir de la encuesta de población en la vivienda, es decir, sólo se cuenta a niños a partir de lo que se dice en el espacio familiar,  pero no contempla el trabajo en calle”.

Además, los sistema DIF municipales hacen algunos conteos, pero son cifras no comprobadas que no permiten conocer cuántos menores de edad viven en situación de calle ni qué pasa con ellos, precisó Arturo Narváez.

Ante ello, acentuó el académico,  es urgente que se realice ese registro de menores en situación de calle. Se trata de un diagnóstico solicitado por organizaciones civiles desde hace varios años, y que debe comenzar por diagnóstico a nivel local, es decir, municipal, para lograr concentrar un diagnóstico estatal y de ahí ir a lo federal.

Expuso que las omisiones de la sociedad y de los gobiernos al no contar con siquiera  registros de las infancias en situación de calle, viola tratados y acuerdos incluso internacionales.

Aunque hay leyes y tratados de protección a la infancia, éstos “no necesariamente se han traducido en la mejora de la calidad de vida de la niñez… ya es tiempo de que no sólo se quede en el marco normativo, sino de que se traduzca en la calidad de vida de los niños”.

 

Urge defender a la niñez

“Tenemos no tan sólo autoridades que no atienden a los niños en situación de calle, sino a una sociedad indiferente y egoísta que prefiere voltear a mirar a otro lado y  decir, si acaso: pobrecitos, lo bueno que mis hijos no están así; y no se trata de eso, somos una sociedad, son niños de todos, lo que les pasa a ellos es reflejo de cómo estamos como sociedad”.

El tema de la infancia, resaltó el académico de la Universidad Veracruzana, es no sólo de obligación del Estado para firmar acuerdos internacionales y Leyes Generales y Leyes Estatales, sino también de los ciudadanos.

“Tenemos que pensar como ciudadanos en la defensa de la niñez desde nuestros espacios comunitarios, no sólo en el ambiente familiar, debemos empezar a tejer estas redes de protección hacia las niñas y los niños. Ese es para nosotros, como sociedad, el desafío”.

 

 

 

 

 

 

Este trabajo fue elaborado por el equipo de Voz Alterna y lo reproducimos como parte de la Alianza de Medios de la Red de Periodistas de a Pie.

Los periodistas enviados por la agencia informativa del Estado mexicano a 20 ciudades y países han demandado desde el inicio del actual sexenio la atención a su situación laboral, lastimada paulatinamente desde gobierno pasado hasta ser despedidos sin justificación

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Texto: Redacción Pie de Página

Fotografía: Duilio Rodríguez

15 de julio del 2019

 

Los corresponsales de Notimex en el Extranjero solicitaron una mesa de diálogo con la empresa para resolver su situación laboral, ante la falta de respuesta de la agencia y el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, acusaron.

En un comunicado, los 20 periodistas acusaron que la agencia de información del Estado mexicano suspendió de forma unilateral la prórroga de nuestros contratos para 2019 y terminó el vínculo laboral sin indemnizaciones.

“Solicitamos se entable una mesa de diálogo de la empresa con nuestro representante legal para resolver nuestra situación”, dice el texto.

Los corresponsales, con antigüedades de 8 a 35 años, recordaron que en enero y febrero participaron en dos licitaciones promovidas por la empresa para ser recontratados, las cuales aceptaron pese a las reducciones laborales que implicaban. Pero los trámites fueron detenidos y Notimex les anunció que ningún contrato sería renovado.

Los periodistas recuerdan que desde 2013 firmaron contratos anuales bajo amenaza de ser despedidos, sin que se les respeten sus derechos adquiridos, como la entrega de aguinaldo y en 2017 su salario fue reducido 25 por ciento.

Los 20 corresponsales destacan en el documento que nunca han formado parte del sindicato de la agencia ni han tenido vínculo con el líder Conrado García, cuyos manejos están siendo investigados por la Secretaría de la Función Pública.

En marzo pasado, después de casi tres meses de incertidumbre laboral por no recibir el pago de sus salarios, los periodistas solicitaron a López Obrador que interviniera para aclarar su situación laboral.

En esa ocasión, los corresponsales destacaron que desde el inicio de 2019 el director interino Enrique Valadez González suspendió el pago de los salarios y dejó de publicar los materiales periodísticos.

En ese momento, recuerdan, el gobierno federal anunció que los casos serían analizados y resueltos uno por uno, lo que no ha sucedido.

Los periodistas iniciaron una demanda colectiva que requiere una respuesta formal por parte de Notimex.

El comunicado está firmado por los corresponsales en ciudades estadounidenses como Washington, California, Miami y Texas, y en los países Brasil, El Vaticano, Alemania, Francia, Colombia, Argentina, Nueva York, Inglaterra, Canadá, España, Italia, Guatemala, Venezuela y Chile.

El 21 de marzo pasado Sanjuana Martínez tomó el control de Notimex pero la situación de los corresponsales no fue resuelta.

Con la llegada de Martínez, Notimex se ha mantenido en una polémica constante. En la administración de la periodista al menos 87 personas fueron despedidas debido a la austeridad del gobierno federal, según ha señalado la funcionaria, quien afirma que la agencia ha sido un botín del sindicato. Sin embargo, 14 personas no aceptaron las condiciones de su despido y denunciaron que no se han respetado sus derechos laborales.

Notimex aseguró el 30 de junio en un comunicado que los despidos de los trabajadores sindicalizados fueron apegados a la ley. Pero el 4 de julio pasado, un grupo de ex empleados de la agencia se manifestaron afuera de Palacio Nacional durante la conferencia presidencial.

Ante los cuestionamientos directos al respecto, López Obrador desestimó las acusaciones de despidos injustificados y maltrato laboral por parte de San Juana Martínez, quien ha sido acusada también de acoso contra periodistas críticos hacia su trabajo en la agencia.

El presidente anunció que esta semana la titular de la agencia asistirá a la conferencia matutina para aclarar el manejo del organismo.

 

 

 

 

 

 

 

Este trabajo fue elaborado por el equipo de Pie de Página y lo reproducimos como parte de la Alianza de Medios de la Red de Periodistas de a Pie.

Las irregularidades en el trabajo que realiza el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses rayan en lo ilógico e inhumano. Su trabajo pericial en cualquier lugar de trabajo debiera incluir la revisión exhaustiva de la zona; sin embargo, en esta historia, una madre tuvo que recolectar uno a uno los restos su hijo.

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Texto: Darwin Franco Migues  / Zona Docs

12 de julio del 2019

 

Bastó con remover la maleza para que el cráneo de Oscar Eduardo Núñez Bustos, de 18 años, emergiera de la tierra. Su madre, Nancy Bustos, lo encontró porque los peritos del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF) no hicieron correctamente el levantamiento de sus restos cuando, por vez primera, fueron al pozo a donde arrojaron el cuerpo de su hijo luego de que una banda dedicada al huachicoleo: lo desapareciera y asesinara.

Nancy llevó hasta ese punto tanto a los peritos forenses como a los policías investigadores que le fueron asignados en la Fiscalía Especializada en Desapariciones de la Fiscalía General de Jalisco, porque fue ella misma quien localizó el pozo. Tardó semanas en hacerlo porque no recibió ninguna ayuda institucional, pues nadie hizo caso cuando les notificó que había recibido un mensaje anónimo con el posible paradero de su hijo.

Oscar Eduardo fue desaparecido por una banda dedicada al huachicoleo, el 19 de noviembre de 2018, en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, uno de los focos rojos en el país en cuanto a la extracción ilegal de hidrocarburos. A éste se lo llevaron, los mismos que meses atrás le habían prometido un mejor futuro si le entraba al huachicol. Su madre, ya le había recriminado el que se involucrara con estas personas que, a veces, le pagaban 300 pesos por día, aunque la mayor parte del tiempo sólo lo traían de un lado para otro.

“A mí hijo se lo llevaron varias personas encapuchadas… éste en lugar de huir o acelerar su carro cuando estos hombres lo toparon, decidió bajarse para encararlos… yo creo que se bajó porque los conocía… porque a pesar de que estaban encapuchados, él sabía quiénes eran. Unos niños que estaban en la calle me dijeron que lo habían golpeado para después llevárselo. Yo pensaba que le meterían una chinga y que luego me lo dejarían ahí tirado, pero esto no pasó… me lo desaparecieron los muchachos con los que creció, me lo desaparecieron los mismos chicos que, como mi hijo, también creyeron en las promesas de los huachicoleros”, narró Nancy, quien no se perdona el no haber sido más dura con su hijo.

La desaparición de Oscar Eduardo ocurrió en La Cofradía, comunidad perteneciente a Tlajomulco de Zúñiga; en este lugar, entre 2017 y 2018, se decomisaron más de 250 mil litros de combustible robado. Desde aquel 19 de noviembre de 2018, en que Oscar Eduardo fue desaparecido y asesinado, hasta el 13 de mayo de 2019: 126 jóvenes fueron asesinados, 57 murieron por el disparo de un arma de fuego. Uno de ellos fue Oscar.

La carpeta de investigación por la desaparición de Oscar Eduardo quedó registrada bajo el folio D-I/64519/2018, el 20 de noviembre de 2018, en la Fiscalía Especializada en Desapariciones; no obstante, ésta nunca arrojó resultados porque el ministerio público asignado a su caso, Erasmo Carlos Badillo Ceballos, tenía muy aprehendida la letanía: “Señora, tenga paciencia, ya estamos investigando”;“ Estamos analizando la información que nos dio, pronto verá resultados” o “Usted tranquila, estamos por aprobar el operativo, no se desespere”.

Nancy, por supuesto, se desesperó porque ya les había dado santo y seña de quiénes eran los huachicoleros que se habían llevado a su hijo. Les había pasado nombres, direcciones y hasta sus perfiles de Facebook. Incluso, había dado indicaciones de dónde los podrían encontrar, pues era sabido por todos en La Cofradía cuál era la ubicación de los terrenos en los que se ordeñaban los ductos de PEMEX. En la Fiscalía puros oídos sordos a sus palabras.

No obstante, la búsqueda de Oscar Eduardo cambiaría, el 23 de noviembre de 2018.

 

Emprender la búsqueda en territorio huachicol

A través de un mensaje anónimo, uno de los jóvenes que se llevaron a su hijo, le confesó de manera burlesca que “El Canelo” -como también le decían a Oscar Eduardo por ser pelirrojo- había sido arrojado sin vida cerca del pozo conocido como el Ojo de Agua: “A mí me tocó echarle la cal para que no oliera, así que no lo va a encontrar”, le escribió.

“¿Cómo encontrar un pozo de agua alrededor de una comunidad donde la mayor parte de las parcelas de maíz tienen sus propios pozos?”, se preguntó Nancy, cuando decidió salir a buscar a su hijo, aquel 23 de noviembre.

Repasó una y otra vez el mensaje que le enviaron, pero durante dos meses no logró hallar el “Ojo de Agua”, ni tampoco tuvo noticias del personal de la Fiscalía de Desaparecidos, aunque éstos ya sabían que estaba buscando a Oscar Eduardo en una fosa clandestina.

“No hallaba el méndigo pozo… hasta que alguien me dijo que éste se encontraba cerca de los sitios donde los huachicoleros ordeñaban la gasolina; así que con todo miedo del mundo me animé a buscarlo en ese lugar, no me importaba que los victimarios a lo lejos me vieran buscar a mi hijo”, explicó Nancy, quien a sus búsquedas sólo llevaba una pala y un machete.

Tras varios días de búsqueda vino a su mente el tema de la cal, y así fue como comenzó a quitar basura y maleza para hallar manchas blancas de polvo: las encontró, y debajo de éstas halló la boca de pozo donde le dijeron que habían arrojado a su hijo: “Algo ya me decía que ahí estaba, pero no sabíamos cómo asomarnos porque ignorábamos la profundidad del pozo; primero, aventamos una piedra para saber qué tan hondo estaba, después amarramos a una amiga para que se bajara y ésta me dijo: ¡Aquí está tu hijo!”.

El 4 de enero de 2019, un mes y medio después de su desaparición, Nancy encontró a su hijo, Oscar Eduardo. Lo halló sola y bajo la amenaza de que los jefes del huachicol: “Ya la traían en la mira!”.

El cuerpo de Oscar Eduardo estaba cubierto por basura, maleza y una piedra que le echaron encima para dificultar su localización, pues ésta impedía que el cuerpo se viera desde arriba. Nancy, lo reconoció por su ropa y por la forma de sus piernas.

Al hallarlo marcó a los policías investigadores a los que sólo conocía por sus nombres de pila: Mario y Carlos; les dijo que había encontrado el cuerpo de su hijo en un pozo. 

Ambos policías llegaron al lugar y éstos fueron quienes llamaron al ministerio público de la Fiscalía General de Jalisco, a Protección Civil de Tlajomulco de Zúñiga y al Servicio Médico Forense del IJCF. Nancy pensó que con esto acabaría su martirio, pero lo peor estaba por pasarle.

 

 

Las sistemáticas omisiones y negligencias forenses en Jalisco

Nancy Bustos indicó dónde estaba el cuerpo de su hijo y pidió de manera enérgica que la exhumación la realizaran con sumo cuidado porque la maleza y la basura que colocaron encima de la boca del pozo si no se quitaba bien podría ser arrojada sobre Oscar.

El personal que acudió a la exhumación no sólo la ignoraron, sino que, además, le pidieron que se fuera detrás del cordón de seguridad, aún cuando la Ley General de Víctimas señala que ella tenía derecho a estar a pie de fosa.

De lejos observó que su hijo fue sacado del pozo dentro de una bolsa plástica negra; así que no pudo ver el estado en que se encontraba su cuerpo. Del pozo pasó a un vehículo del SEMEFO. En ese momento, Nancy creyó que el trabajo se había realizado de manera correcta, pero como ya se dijo: lo peor aún estaba por ocurrirle.

El ministerio público a cargo de la investigación, Erasmo Carlos Badillo Ceballos, le pidió que esperara unos días para que el IJCF realizara la necropsia de ley y la confronta de la toma de ADN, y que luego de ello podría recuperar el cuerpo de su hijo. Sin embargo, pasó una semana y no tuvo noticias.

Acudió a las instalaciones del Semefo, pero ahí nadie atinaba a decirle nada sobre el cuerpo de su hijo porque el IJCF se encontraba en plena crisis de los contenedores frigoríficos y, en consecuencia, decenas de familiares de desaparecidos estaban ahí solicitando saber si su familiar, acaso, era alguno de los 337 cuerpos que al margen de la ley, la Fiscalía General y el propio instituto colocaron por más de dos años en dos tráileres; uno de éstos, incluso, fue abandonado en el mismo municipio donde Oscar Eduardo desapareció y fue asesinado.

Nancy le insistió una y otra vez a Badillo Ceballos ver el cuerpo de su hijo; éste le decía que no era posible. Ella le preguntó el por qué de la negativa, si tenía derecho a verlo. Tras la insistencia, éste le confesó que el problema es que el cuerpo no estaba completo.

“¿Cómo que no está completo el cuerpo de mi hijo?, le pregunté al licenciado, pero éste no me quiso decir nada. Yo pensé que por la piedra y el tiempo, seguramente, su cuerpo se estaría dividido en dos, pero jamás imaginé lo que descubriría cuando me lancé al Semefo”, recordó Nancy, a quien nunca le mostraron en el IJCF las fotos de la exhumación de su hijo.

El 11 de enero de 2019, y tras mucho insistir, una trabajadora social del IJCF le confesó a Nancy que sí había fotografías forenses de su hijo.

¿De verdad quiere ver las fotografías? Es que son muy fuertes.

Es mi hijo, claro que quiero verlas, le respondió Nancy.

 

Al ver las fotografías descubrió que al cuerpo de su hijo le hacía falta la cabeza. Llamó a su ministerio público para reclamarle porque no le había dicho esto y porque si se dieron cuenta de ello no regresaron al pozo a buscarla ese mismo día; el funcionario no tuvo respuestas. Uno de los policías investigadores que le fueron designados, le confesó que éste había pedido todo para realizar la búsqueda. Bacillo Cevallos, no autorizó la diligencia.

“¿Cómo que mi hijo no tiene cabeza? ¿Dónde dejaron su cabeza?” fueron las preguntas que Nancy Bustos les realizó en muchas ocasiones al personal del Semefo, pero también a su ministerio público en la Fiscalía, pero sus respuestas eran las mismas: “el cuerpo que nos trajimos no tiene cabeza, no sabemos si puede estar o no en el lugar de la exhumación”, le explicaron.

“Yo no podía creer lo que me estaban diciendo: ¿cómo era posible que no supieran dónde había quedado la cabeza?, les pregunté, pero nadie sabía nada, lo único que me dijeron es que después irían a buscarla”, recordó Nancy, quien no se lograba explicarse lo que vivía.

Al día siguiente, 12 de enero, Nancy tomó pala y machete para ir a buscar a su hijo. Bastó con remover la maleza y la basura para hallar la cabeza de su hijo en el mismo pozo donde peritos calificados, ya habían realizado “la exhumación” de todos los restos de su hijo.

“Nos fuimos y comenzamos a sacar la basura, removimos todo. Un amigo de Oscar que me acompañó ese día comenzó a sacar cabello y al ver el color supe que era de mi hijo. El chico que bajó al pozo comenzó a llorar y me dijo: ¡Señora, aquí está su cabeza… lo encintaron de sus ojos! Y sí, ahí encontramos la cabeza de mi hijo, la hallamos nosotros y yo la tuve ahí conmigo todavía con piel y cabello”, señaló Nancy.

Después del hallazgo marcó a Fiscalía para decirles que ya había encontrado la cabeza de su hijo; sus policías investigadores le hicieron llegar ese mensaje al ministerio público Erasmo Carlos Badillo Ceballos, éste la hizo esperar durante horas para luego decirle que: “dejara la cabeza en el pozo y que ellos irían al otro día por ella, pues sino la dejaba ahí; ellos no la podrían recoger”.

“¡A quién se le ocurre pensar que yo abandonaría la cabeza de mi hijo! ¿De verdad pensaron que los esperaría hasta que éstos tuvieran tiempo de venir a hacer el trabajo que no hicieron bien desde el inicio? Me llenó de tanta rabia su respuesta que tomé a mi hijo y me lo llevé conmigo. Al otro día, sí lo fui a dejar al pozo”, narró Nancy.

 

Al otro día, en efecto, llegaron nuevamente al pozo personal de la Fiscalía General de Jalisco, Protección Civil de Tlajomulco de Zúñiga y del Servicio Médico Forense del IJCF para llevarse el cráneo de Oscar Eduardo, el cual tenía una cinta que tapaba sus ojos y carecía de la quijada. Por ello, Nancy pidió que ahora sí revisaran bien el lugar hasta localizar todos los restos de su hijo. Después de varias horas, los peritos dijeron que ya no había nada más.

Nancy no les creyó y decidió regresar, el 13 de enero, una vez más al pozo para descubrir que los peritos habían dejado en el lugar: la mano y la quijada de su hijo.

“No se supone que son personas especializadas, no se supone que saben hacer bien su trabajo, entonces, por qué no buscaron bien en el pozo… cómo puede ser que yo y varios amigos de mi hijo encontremos los restos que los peritos no son capaces de localizar”, fustigó Nancy.

Tras este nuevo hallazgo volvió a reclamarle a su ministerio público, Erasmo Carlos Badillo Ceballos, pero éste sólo contestó que: “ya era muy tarde para hacer una nueva diligencia”, para después advertirle que “ya no bajará al pozo porque eso entorpecería la investigación”.

“¿Cuál investigación? Si todo lo hice yo misma, yo encontré el pozo donde estaba mi hijo; yo les avisé que lo había encontrado; yo fui la que halló su cabeza y el resto de su cuerpo; yo he sido la que le señaló a los responsables, a los cuales nunca han declarado ni detenido. Yo lo he hecho todo; ellos ni siquiera hicieron bien la exhumación”, explicó Nancy.

El 14 de enero, se realizó la tercera diligencia en el pozo para ahora sí llevarse todos los restos de Oscar Eduardo, pero no así la evidencia que se quedó en el lugar y que Nancy cree que podría ser importante para localizar a los responsables; por ejemplo, dejaron ahí ropa con manchas de sangre; bachichas de cigarro y una piedra también con sangre que se localizó cerca de la cabeza de su hijo. Todo eso lo dejaron en el lugar.

Nancy Bustos interpuso, el 6 de febrero de 2019, la queja 390/2019/IV en la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ) contra todos los funcionarios públicos que incumplieron su labor en el levantamiento del cuerpo de su hijo; a la fecha, no ha obtenido respuesta. Su caso, ni siquiera formó parte de la Recomendación 10/2019 que la propia CEDHJ realizó en contra del IJCF y la Fiscalía General de Jalisco por la mala praxis forense.

Actualmente su investigación pasó de la Fiscalía Especializada en Desapariciones al Área de Homicidios en la misma Fiscalía General de Jalisco; sin embargo, el traslado no ha implicado nada, ya que nadie ha sido llamado a declarar por el asesinato de su hijo y ninguna de las pistas que ella ha aportado han sido retomadas.

“En homicidios estamos peor que cuando estaba mi caso en desaparecidos; a la fecha, no se ha investigado nada, ni siquiera se investigó nada cuando en Tlajomulco estuvieron los operativos contra el huachicol; no se ha investigado nada desde que cerraron los lugares de ordeña. Yo creo que ahí era la oportunidad para detener a los responsables, pero nadie de los que participaron en la desaparición y asesinato de mi hijo han sido detenidos… ellos siguen ahí merodeando mi casa y molestando a mi familia”, señaló.

Nancy, tras mucho insistir, ahora cuenta con medidas de protección, pues los integrantes de la banda de huachicoleo continuamente hostigan y molestan a su familia, pues creen que ha sido su insistencia en Fiscalía lo que ha impedido que su actividad ilícita continúe.

Aunque tiene medidas de protección, Nancy declara: “Tengo las medidas, pero de qué sirven si quienes me tienen que cuidar luego ni vienen, mientras con otros casos o en colonias más pudientes, la seguridad siempre está ahí a las afueras de sus casas… lo que también pedí fueron medidas para impedir que el pozo y el terreno donde hallé a mi hijo se modifique, pues creo que debe investigarse bien el lugar, pues los dueños del terreno ya están destruyendo el pozo”.

Pese al horror que le han hecho vivir los huachicoleros y las autoridades de Jalisco, Nancy Bustos no baja la guardia: “Yo encontré a mi hijo, y sé que estoy en riesgo… yo quiero justicia porque quienes nos hicieron esto merecen ser castigados, y esto incluye a quienes me lo mataron, pero también a quien me dejaron ahí en partes en el pozo”.

Tras el análisis de cada uno de los restos de Oscar Eduardo, Nancy pudo recuperar, el 19 de febrero de 2019, el cuerpo completo de su hijo. El cuerpo que ella misma localizó parte por parte ante la negligencia de la autoridad que, a la fecha, no se ha hecho responsable de nada.

 

 

 

 

 

 

 

 

Este trabajo fue elaborado por el equipo de Zona Docs y lo reproducimos como parte de la Alianza de Medios de la Red de Periodistas de a Pie.