Congreso de la Unión pide al Congreso de Guerrero actualizar leyes en materia de bienestar animal

Texto: José Miguel Sánchez

Fotografía: Oscar Guerrero

Chilpancingo

El Congreso de la Unión presentó un punto de acuerdo al Congreso de Guerrero para fortalecer la legislación en materia de bienestar animal, así se informó en la sesión del día de hoy.

En la sesión se notificó a los diputados locales que se recibió un acuerdo con número LXIII/1ER/SSP/DPL/128/2022 suscrito por la diputada federal Karla Yuritzi Almazán Burgos, vicepresidenta de la Mesa Directiva del Congreso de la Unión, mediante el cual exhortan al Congreso de Guerrero y a los demás estados de la República a fortalecer la legislación en materia de bienestar animal.

El oficio fue turnado a la Comisión de Recursos Naturales, Desarrollo Sustentable y Cambio Climático para su análisis y discusión.

El acuerdo del Congreso de la Unión pide a los congresos de los estados que las leyes en materia de bienestar animal se actualicen y se garantice su cumplimiento.

Además pide, en caso de ser necesario, reformar o actualizar los artículos que garanticen fomentar acciones de protección hacia los animales, promover la adopción de animales domésticos, acciones a favor de animales abandonados y fomentar un trato digno y respetuoso a los animales.

Actualmente, diversas asociaciones protectoras de animales en la entidad piden se reforme y se actualice la la ley 491 de Bienestar Animal del Estado de Guerrero ya que no se ha actualizado desde 2017.

Las asociaciones piden el cumplimiento de la ley, ya que consideran que no se cumple y los maltratos de animales no disminuyen.

En los últimos meses, las asociaciones se organizaron para realizar marchas y actividades para difundir y costear refugios y esterilizaciones para gatos y perros callejeros.

También piden al Congreso un tabulador claro de sanciones a quienes incumplan la ley.

Piden al alcalde de Alcozauca dejar el cargo para enfrentar su denuncia por violencia familiar

Texto: José Miguel Sánchez

Fotografía: Oscar Guerrero 

Chilpancingo

 

La diputada de Morena, Beatriz Mojica Morga, propuso al Congreso del estado un exhorto para que el alcalde de Alcozauca, acusado de violencia familiar, se separe del cargo para ser investigado por agredir a su esposa.

Durante la sesión del día de hoy, Mojica Morga subió a tribuna para solicitar se exhorte al alcalde de Alcozauca, Sebastián Ortíz Zayas, a separarse del cargo para enfrentar, sin fuero constitucional, la acusación de violencia familiar que interpuso su esposa por golpearla.

“Este Congreso como representante popular y comprometido a la observancia de los derechos humanos, respetuosamente se pronuncie por solicitar se separe del cargo, hasta que se defina la posible comisión de conductas que incluso pueden ser delictivas, independientemente de si ameritan prisión preventiva oficiosa o son delitos de menor gravedad”, mencionó Mojica Morga durante su intervención.

El pasado 11 de septiembre, Rosalía Díaz Caballero denunció a su esposo Ortiz Zayas, alcalde del municipio de Alcozauca, en la región de la Montaña, de haberla golpeado.

Horas más tarde, la Fiscalía General del Estado (FGE) informó que la Unidad Especializada en Delitos Sexuales y Violencia Familiar de Tlapa recibió a Rosalía «N» quien manifestó ser víctima de violencia familiar.

Rosalía N mencionó como su agresor al alcalde de Alcozauca, quien la agredió a las siete de la mañana del sábado 11 de septiembre.

“En un estado donde el 68.8 por ciento de las mujeres de 15 años y más han experimentado al menos un incidente de violencia y en la mayoría de las ocasiones por su ex pareja o pareja, no podemos permanecer omisos ante estos hechos”, dijo Mojica Morga.

La propuesta de exhorto fue turnada a la Comisión para la Igualdad de Género del Congreso para su dictaminación.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proponen al líder magisterial Othón Salazar Ramírez para el muro de honor del Congreso local

Texto: José Miguel Sánchez

Fotografía: Oscar Guerrero 

Chilpancingo 

 

En la sesión de hoy del Congreso local se presentó una propuesta para que el nombre del líder magisterial Othón Salazar Ramírez sea colocado con letras doradas en el muro de honor del salón de sesiones.

La propuesta fue presentada por la diputada morenista María Flores Maldonado.

Othón Salazar fue un dirigente magisterial, originario de Alcozauca, en la Montaña de Guerrero, fundador del Movimiento Revolucionario del Magisterio (MRM), militante del Partido Comunista Mexicano (PCM), candidato a gobernador en 1980 y diputado federal.

En 1987 ganó las elecciones en su natal Alcozauca impulsado por el Partido Socialista Unificado de México (PSUM), lo que significó el primer triunfo de un partido de izquierda en México.

Othón Salazar siempre fue cercano a los movimientos de izquierda en Guerrero. Falleció el 4 de diciembre de 2008, a los 84 años.

“Se le debe un reconocimiento por ser un precursor de la democracia en este país”, mencionó Flores Maldonado durante su Intervención.

“En el muro de honor hay personajes destacados que aportaron a la historia y desarrollo de Guerrero, uno de esos personajes fue Othón Salazar, por eso debería estar aquí”.

La propuesta fue turnada a la Junta de Coordinación Política (Jucopo) para su análisis y dictaminación.

En el muro de honor del Congreso están los nombres de personajes históricos cómo Vicente Guerrero, Hermenegildo Galeana, Nicolás Bravo o Ignacio Manuel Altamirano.

 

 

 

 

Aguirre el torito: ¡Soy inocenteeeee!

En las últimas semanas, la investigación por la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa comenzó a enmarañarse, aunque usted no lo crea, todavía más.

En estas semanas, distintos sectores del gobierno de Andrés Manuel López Obrador se dieron con todo, sobre todo, los militares sacaron las uñas o más bien las garras para defender a los suyos, que según los últimos informes todo apunta que soldados participaron activamente en los ataques, desaparición y asesinato de los normalistas.

Pero en la Fiscalía General de la República (FGR) también traen un broncón. Pues, el fiscal especial del Caso Ayotzinapa, Omar Trejo renunció porque el fiscal general, Alejandro Gertz Manero, se apoderó de la investigación y de paso la puso en riesgo.

Es decir, el gobierno federal se dividió en dos: los que defienden a todo costa a los militares y, los que pretenden llevarlos ante la justicia.

Todo este enredo, nos mostró que los guachitos que además de manejar armas le saben a la politiquería. Pues para defender a uno de sus generales, José Rodríguez Pérez, ex comandante del 27 Batallón de Infantería de Iguala en septiembre del 2014, le gestionaron su entrevista, a modo por supuesto, para que diera su “velda”.

Y días después, se supo de un supuesto hackeo al sistema informativo del Ejército, así como lo ve: la institución más segura del país, resulta que tiene su lado vulnerable.

Y aquí como somos bien mal pensados, no nos creemos del todo que haya sido un hackeo, sino más bien la filtración de información.

Pues, resulta, que el supuesto hackeo luego luego identificó la información sobre la salud del presi. ¿No será más bien un mensajito para López Obrador de que nada los detendrá para defender a uno de los suyos?

Si esto fuera cierto, aquí sí aplicaría ese viejo y conocido refrán: “cría cuervos y te sacarán los ojos”. Al Ejército como en ningún otro sexenio se le ha dado tanto poder como en el de López Obrador.

Otro de los datos importantes que se revelaron en estas semanas, fueron las órdenes de aprehensión contra el ex procurador de justicia de Guerrero, Iñaki Blanco; el ex secretario de Seguridad Pública, Leonardo Vázquez Pérez, y la ex presidenta del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) del Estado, Lambertina Galeana Marín. Todos estos angelitos en tiempo del cacique, Ángel agarra dinero, que diga, Aguirre Rivero.

Días después, la FGR desistió de las órdenes de aprehensión.

El que la sintió cerca de seguro fue el Aguirre Rivero, de hecho ni se presentó a la reunión de ex gobernadores que él mismo convoca en la Ciudad de México.

Pero eso sí después de que se supo del desistimiento, curiosamente, volvió a asomar la cabeza.

¿Le habrá dado frío? ¿Pensó que ahora si lo apañaba la chota?

De eso muchos tienen ganas y con mucha razón, pues la actuación del agarra dinero en esa noche de Iguala aún no está clara y lo peor es que como en el gobierno del priista Enrique Peña Nieto, en el de López Obrador no se sabe si lo están investigando.

Hace unos días, Aguirre Rivero escribió en su columna, casi, casi en un tono de víctima, que él no hizo nada y si eso es cierto, eso tiene otro nombre: omisión y para una autoridad, como la que él era esa noche de Iguala, es una responsabilidad.

Esperemos que esto no sólo quede en un susto, ni para los militares señalados, ni para los ex funcionarios estatales ni para Aguirre Rivero, que por lo menos los investigue, sólo así se llegará a la verdad en este caso tanto doloroso para las mamás y papás de los 43 jóvenes y para todo el país.

Chirrionazo: A los que también les llovió en estas últimas semanas fueron a las organizaciones sociales que acompañan a las mamás y papás de los 43. Pues resulta que López Obrador, en su mañanera, les tiró duro, les dijo que muchos “defensores de derechos humanos” quieren que la tragedia siga porque de ahí se benefician. Eso sí estuvo duro.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sedena compró software espía en 2019; desde ese año, teléfonos de al menos 3 periodistas y defensores de DH fueron infectados

En 2019, la Sedena compró un sistema de monitoreo a Comercializadora Antsua, representante en México de NSO Group, dueña del software Pegasus. En este sexenio, al menos tres personas han tenido infecciones espía, según lo documenta una investigación de R3D, Animal Político, Proceso y Aristegui Noticias.


Texto: Nayeli Roldán / Animal Político

Ilustración: Andrea Paredes

 

El Ejército mexicano compró, en 2019, un programa para el “servicio de monitoreo remoto de información” que se usa para intervenir los teléfonos celulares, a pesar de las declaraciones presidenciales en sentido contrario. Documentos oficiales confirman que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) hizo esa contratación con la empresa Comercializadora Antsua, SA de CV, representante en México de la empresa NSO Group, dueña del software de espionaje Pegasus.

Ese mismo año, los teléfonos de al menos tres personas fueron intervenidos con Pegasus para monitorear llamadas y mensajes: un periodista de Animal Político; Raymundo Ramos, defensor de derechos humanos en Tamaulipas, y el periodista y escritor Ricardo Raphael, como pudo comprobar Citizen Lab, de la Universidad de Toronto, luego de hacer un análisis forense a sus equipos.

En los tres casos, la intervención ilegal a los teléfonos ocurrió cuando los afectados investigaban temas relacionados con presuntas violaciones a derechos humanos cometidas por las Fuerzas Armadas.

Quien los espió pudo acceder a todo el contenido en el equipo: contraseñas, archivos, fotografías, correo electrónico, contactos, aplicaciones de mensajería, incluso encriptadas. También, activar el micrófono y la cámara para monitorear toda la actividad cerca del teléfono, así como acceder a conversaciones de mensajería realizadas previamente al ataque.

Esta investigación periodística realizada en conjunto por Animal Político, la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D), Proceso y Aristegui Noticias comprueba, por primera vez, que el espionaje a través de la infección del sistema Pegasus ha continuado durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

En 2017, durante la administración de Enrique Peña Nieto, la investigación Gobierno Espía hizo público el espionaje en contra de activistas y personas defensoras de derechos humanos sin que hasta el momento la Fiscalía General de la República (FGR) haya encontrado a los responsables.

John Scott, experto de Citizen Lab, advierte que actualmente “existe al menos un operador de Pegasus en México, y podría haber otros, pero la pregunta es ¿quién es este cliente?”. Explica, además, que el sistema es mucho más sofisticado porque ya no requiere que el usuario interactúe con un link, sino que puede usarse de forma remota y aprovechando las vulnerabilidades de aplicaciones de mensajería —como ocurrió con WhatsApp— o del sistema Apple para realizar la infección.

Shalev Hulio, director de NSO Group, ha hecho declaraciones bajo juramento ante cortes de Estados Unidos en las que ha asegurado que su empresa solo vende el software Pegasus a gobiernos para que realicen investigación sobre delitos graves o terrorismo.

Incluso, la exportación y el otorgamiento de licencias del sistema se encuentran bajo el control del gobierno israelí a través de la Agencia de Control de las Exportaciones de Defensa (DECA, por sus siglas en inglés). Y para la venta del software en cada país, NSO Group designa a empresas como sus representantes para que los gobiernos puedan comprar el sistema a través de ellas.

Sobre este caso, este lunes 3 de octubre las víctimas del espionaje presentarán ante la FGR una denuncia penal contra quien resulte responsable, con el apoyo legal de las organizaciones R3D y Artículo 19.

El grupo de medios que hizo esta investigación envió cuestionarios para solicitar posturas respecto del tema a la Presidencia, la Sedena, NSO Group y la empresa Comercializadora Antsua, pero en ningún caso hubo respuesta.

Las pruebas

Los periodistas y defensores de derechos humanos espiados durante el sexenio pasado interpusieron una denuncia penal ante la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión (Feadle) en 2017, y aunque la investigación prácticamente no avanzó durante dos años, Artículo 19 presentó en 2019 una segunda denuncia con base en un testigo protegido que rindió declaración ante la fiscalía y aportó información que dio pie a nuevas diligencias.

Entre ellas, el cateo a KBH Tracken, la empresa que encabeza la red de compañías que vendieron el software Pegasus a instancias del gobierno mexicano. Ahí se localizaron computadoras, dispositivos y documentación con logos de la Sedena, como se aprecia en el registro fotográfico del cateo.

Entre la documentación estaba la carta firmada por el director de NSO Group, Shalev Hulio, en enero de 2018. En ella, informó que la empresa Air Cap, SA de CV —mediante la cual la Procuraduría General de la República (PGR) había hecho un contrato de renovación de licencia de Pegasus—, dejaría de ser representante de su empresa y a partir de marzo de ese año. Ya lo sería Comercializadora Antsua.

En otro documento, la compañía israelí notificó que Comercializadora Anstua era la “autorizada para representar de forma exclusiva a NSO Group ante la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) hasta el 31 de diciembre de 2019”, es decir, la dependencia podría realizar la compra con dicha empresa, dice la carta firmada por Niv Ovadia Leibovitch y Evan Forte, ejecutivos de la compañía.

La información de ambos documentos fue obtenida por fuentes que tuvieron acceso a la carpeta de investigación y que la entregaron para esta investigación a condición de reservar sus nombres.

Ahora también se sabe que la Sedena concretó la compra del software con Comercializadora Antsua el 12 de abril de 2019, como consta en el oficio número SGE-3335, enviado por la sección “Guerra Electrónica” de la Dirección General de Transmisiones de la Sedena, en la que informa del pago y cumplimiento del servicio.

El oficio —clasificado como “secreto”— se refiere al contrato DN-10 SAIT-1075/P/2019 para el “servicio de monitoreo remoto de información fincado a la empresa ‘Comercializadora Antsua, SA de CV’”, cuyo servicio tuvo una vigencia del 1 al 30 de junio de 2019.

El documento se encuentra en un mail con el asunto “oficios mortales”, que forma parte de los millones de archivos de la Sedena obtenidos por el grupo de hacktivistas Guacamaya, que otorgó acceso a dicha información a los medios participantes en esta investigación.

La comunicación daba cuenta de la realización del servicio, pues estaban enlistados los documentos derivados del procedimiento “factura original No. 197 debidamente legalizada (segundo pago); oficio de aceptación No. 1910-4950 de fecha 15  de julio de 2019, en original emitido por el usuario final, en el cual se informa que el servicio fue recibido del 1 al 30 de junio del 2019”.

Entre los documentos obtenidos por Guacamaya también está la información referente a la garantía por 12 millones de pesos que la empresa Fianzas y Cauciones Atlas, SA, otorgó a Comercializadora Antsua por dicho contrato, requisito solicitado en la administración pública para concretar la contratación.

Ocho meses después de que la Sedena firmara este contrato, el presidente López Obrador aseguró en su conferencia del 6 de noviembre de 2019 que su gobierno ya no destinaba recursos para adquirir software de espionaje: “Nosotros no hemos comprado equipos para escuchas, entre otras cosas por la corrupción que significaba comprar todos estos equipos a precios elevadísimos a empresas extranjeras, sistemas de espionaje, se gastaba muchísimo dinero”.

En reiteradas ocasiones también ha declarado que ya no había espionaje: “En el caso nuestro decidimos no espiar a nadie, había esa práctica de espiar a opositores, y hemos dado instrucciones de que no haya espionaje, porque era muy vergonzoso eso, además de que son prácticas ilegales, inmorales. Nosotros la padecimos, padecimos mucho de eso”.

La Sedena mantuvo oculto este contrato pese a peticiones por distintos medios.

Los periodistas participantes en esta investigación solicitaron vía transparencia los contratos que hubiesen hecho con Comercializadora Antsua la Sedena, la Marina, la Guardia Nacional, el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), la Policía Federal y la PGR (hoy FGR), pero en todos los casos respondieron que no habían realizado ninguno.

Incluso, la Sedena también negó información a la Auditoría Superior de la Federación (ASF), como da cuenta un correo enviado por la institución —localizado también en la información del grupo Guacamaya—, en la que reitera la solicitud para que la dependencia le entregara los contratos y pagos realizados a Comercializadora Antsua en 2019 y 2020, y que le había hecho previamente como parte del proceso de auditoría aplicada a la secretaría.

“Cabe señalar que en las 3 reuniones realizadas con el personal de la se indicó la forma en la que se requería la información y se precisó que en caso de no poder enviarla, se tenía opción de ponerla a disposición para que el equipo auditor la revisara en el sitio”, dice el correo del 1 de septiembre de 2021.

El caso Animal Político

El periodista de Animal Político, cuyo nombre se mantiene a reserva por motivos de seguridad, realizaba una investigación periodística sobre violaciones a derechos humanos presuntamente cometidas por militares en una zona conflictiva del país en 2021, cuando su teléfono fue infectado.

Daniel Moreno, director de Animal Político, advierte que, con la infección en el teléfono de uno de sus periodistas, quien realizó el espionaje tuvo acceso no solo a esa información, sino a todo el medio, porque durante la pandemia la comunicación entre todo el equipo se concentró a través del teléfono. Además, en las reuniones entre periodistas todos hablan de los reportajes que estén trabajando: “Esto hace que espiar un solo teléfono vulnere a toda la redacción”.

“Primero: no hay ninguna razón legal para que este periodista hubiera sido espiado. Segundo: el trabajo periodístico implica establecer conversaciones con fuentes de información que se ven en automático amenazadas cuando un teléfono está intervenido. Y además, siempre abre la posibilidad de amenazas o de presiones a medios y al propio periodista, de limitar derecho a la información y libertad de prensa por los riesgos que conlleva investigar. Se trata de un atentado a muchas cosas”.

El espionaje es aún más preocupante en un país considerado mortífero para la prensa, pues, solo en los primeros ocho meses de este año, 15 periodistas han sido asesinados, y que suman a los 150 contabilizados desde el 2000. También se tiene evidencia de que Cecilio Pineda, reportero de Guerrero asesinado en 2017, había sido espiado con Pegasus.

Por eso, Moreno insiste: “Este espionaje lo que hace es vulnerar aún más la inseguridad en la que vivimos periodistas y defensores (…) Los periodistas necesitamos tener la tranquilidad de que podemos ejercer nuestra labor sin la presión de que nos estén espiando ilegalmente y que nos estén espiando en un país donde las garantías para ejercer el periodismo son francamente limitadas. Porque al atentar contra el derecho a la información y contra la libertad de expresión, no se afecta al periodista y al medio, nos afecta a todos”.

Tras la denuncia penal que interpondrán las víctimas, la FGR tiene de nuevo en su responsabilidad encontrar a los responsables. “Ellos son quienes nos deben de decir quién fue. Lo que al menos tenemos que exigir es que la investigación se concluya y nos digan quién espió, qué dependencia lo hizo, bajo qué criterio, cuánto costó, por qué lo hizo de manera ilegal, a quiénes más está espiando”, asegura Moreno.

Culpan al Ejército

Raymundo Ramos ha sido defensor de derechos humanos desde hace 25 años y víctima de espionaje desde el sexenio pasado. De acuerdo con el análisis forense de Citizen Lab, su celular fue infectado en tres fechas: alrededor del 28 de agosto, el 2 y el 3 de septiembre de 2020.

Apenas cuatro días antes del primer ataque, el periódico El Universal reveló que, tras un enfrentamiento con presuntos integrantes del crimen organizado el 3 de julio de 2020, militares ordenaron matar a un sobreviviente, y puso en evidencia que en el actual gobierno las Fuerzas Armadas continuaban cometiendo violaciones a derechos humanos, pese al discurso contrario del presidente López Obrador.

El Comité Estatal de Derechos Humanos de Nuevo Laredo (CEDHNL) continuó documentando ese caso a raíz de las quejas interpuestas en contra de los militares por parte de familiares de los civiles asesinados, quienes se presume eran víctimas de secuestro. Por ello es que Ramos participó en las denuncias públicas en medios de comunicación y tuvo reuniones con funcionarios de la Secretaría de Gobernación, en la Oficina del Alto Comisionado de la ONU.

En esas fechas, también realizaba actividades relacionadas con otros casos de violaciones a derechos humanos ocurridas previamente: la desaparición de 47 personasdurante un operativo especial realizado entre enero y junio de 2018 por parte de la Marina y la ejecución extrajudicial de ocho personas en Nuevo Laredo durante un operativo de la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas, el grupo de inteligencia y el Ejército, en 2019.

Por eso, dice, “no me queda ninguna duda de que no solamente la inteligencia militar y la inteligencia naval están atentas a mi trabajo y a la defensa que hacemos de las víctimas”. Incluso, también ha sido víctima de campañas de desprestigio en publicaciones que lo acusan de vínculos con grupos criminales.

Si bien ha “aprendido” a vivir con los riesgos, en este momento dice tener elementos para sospechar de la existencia de una relación entre las Fuerzas Armadas y grupos criminales, que podrían aprovechar para hacerle daño. “Puedo ser víctima de un atentado por parte del crimen organizado, pero actuando bajo órdenes del Ejército o la Marina para ellos quedar libres de toda sospecha”.

Hago responsable al Ejército, a la Marina, de lo que pueda pasarle a mi familia, a mis colaboradores, a mí, en estos momentos de crisis, de fortalecimiento de las Fuerzas Armadas por encima de las instituciones y de debilidad presidencial (…) De ser el comandante supremo de las Fuerzas Armadas, el presidente ha quedado evidenciado como defensor de oficio de las Fuerzas Armadas ”, advierte Ramos.

El periodista y escritor Ricardo Raphael fue espiado a través de la infección de su teléfono celular en tres fechas de 2019 y una en 2020, además de que tuvo otros ataques detectados en 2016 en el análisis forense de Citizen Lab. Sus columnas publicadas en 2020 incluyeron la cobertura de la violencia y desapariciones forzadas en Tamaulipas, el proceso judicial del exsecretario de la Defensa Salvador Cienfuegos y el caso Ayotzinapa.

La fecha de infección del 7 de noviembre de 2019 coincide casi exactamente con el inicio de la ronda de entrevistas por su libro Hijo de la guerra, en el que aborda el origen de Los Zetas, un grupo conformado por desertores del Ejército y que nació prácticamente como fuerza paramilitar. Ahí incluye la entrevista que hizo a Galdino Mellado Cruz, quien se presenta como uno de los fundadores de la organización.

“El libro es una crítica a las decisiones que se han tomado a posterior, donde el Ejército ha tratado de ocultar esta historia y, algo peor, presentarse como la solución frente a un problema que el propio Ejército echó a andar”, explica el escritor.

Por eso, “sí alcanzo a entender por qué se me habría espiado con este malware. Tiene coherencia la hipótesis de que la única instancia que en este momento tiene en su poder Pegasus es el Ejército o alguna de las instancias dirigidas por militares (…) Ubico y señalo directamente como responsables de este espionaje a esas autoridades y quiero suponer que el presidente ha sido engañado y que no se le ha informado de que nos están espiando”.

Poco después de esa infección, su hijo menor de edad recibió un mensaje en teléfono preguntando por su padre y por su abuelo. Luego se publicó en Twitter un audio manipulado derivado de una llamada telefónica que había tenido con Salvador Leyva Morelos Zaragoza, funcionario del Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP), en la que hablaron de los casos de Israel Vallarta Cisneros y de Juana Hilda González Lomelí, condenada a 78 años de prisión por el secuestro de Hugo Alberto Wallace Miranda.

Dicho audio fue utilizado por Isabel Miranda de Wallace para demandar a Ricardo Raphael, acusándolo de pertenecer a una organización criminal y de sobornar al presidente de la Suprema Corte, Arturo Zaldívar.

Esto, dice Raphael, demuestra que Miranda de Wallace “utilizó contactos dentro del Ejército, le facilitaron esta grabación (…) Y si se la entregan a esta señora, ¿a quién más no se lo habrán entregado? ¿En manos de quién más estarán mis cuentas bancarias, mis operaciones, mis hábitos de consumo, los datos de mis redes familiares y amistosas, los datos de mis fuentes? ¿Quiénes son los verdaderos clientes de la agenda militar que ordenó estas intercepciones y luego las repartió?”.

Con todas estas pruebas, Ricardo Raphael considera que “el presidente tiene que llamar a cuentas a la cúpula militar que nos ha venido propinando estas limitantes propias de un Estado autoritario, militarizado, de control militar”.

En casos previos se ha confirmado que la Sedena es una de las instituciones que han utilizado Pegasus.

Apenas este 29 de septiembre, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que investiga la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, informó que la Sedena operaba el Comando Regional de Inteligencia Zona Norte Iguala, dentro del 27 Batallón de Infantería —pese a que la institución había negado su existencia— y donde utilizaba el software Pegasus para seguimiento e interceptación telefónica.

Mientras tanto, la investigación periodística Pegasus Proyect documentó que gobiernos de 10 países utilizaron Pegasus para espiar a periodistas, defensores de derechos humanos y opositores políticos. En México, la Sedena, el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen, hoy CNI) y la extinta Agencia de Investigación Criminal usaron el software durante el sexenio de Enrique Peña Nieto —entre 2016 y 2017—, y las primeras dos lo hicieron sin orden judicial de por medio.

En dicha investigación se hizo el análisis de miles de datos de potenciales víctimas a espiar en cada país. En el caso de México, estaban personas relacionadas con la investigación de la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa como Vidulfo Rosales, abogado de madres y padres, y el entonces fiscal de Guerrero, Miguel Ángel Godínez Muñoz.

También estaban opositores como Alejandro Moreno, entonces gobernador de Campeche y ahora dirigente del PRI, cuyas conversaciones presuntamente obtenidas por espionaje han sido publicadas por la actual gobernadora de Campeche, Layda Sansores, de Morena. Igualmente, otros gobernadores de aquel momento, como Jaime Rodríguez, de Nuevo León; Javier Corral, de Chihuahua; Graco Ramírez, de Morelos, y Omar Fayad, de Hidalgo, entre otros.

Este trabajo fue publicado por el equipo de Pie de Página y lo reproducimos como parte de la Alianza de Medios de la Red de Periodistas de a Pie. 

 

Con ovaciones a la gobernadora y a Félix Salgado Morena celebra su 11 aniversario

Texto: José Miguel Sánchez

Fotografía: Oscar Guerrero

Chilpancingo

 

La mañana de hoy Morena celebró su 11 aniversario entre ovaciones a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, a su padre, el senador Félix Salgado Macedonio y a la aspirante presidencial Claudia Sheinbaum Pardo.

El acto político se realizó en el Teatro María Luisa Ocampo en Chilpancingo y estuvieron presentes diputados locales, alcaldes y regidores morenista del estado.

El presidium fue encabezado por la gobernadora Salgado Pineda; el presidente estatal de Morena, Jacinto González Varona; el delegado del Bienestar, Ivan Hernández Díaz y la senadora de la República, Nestora Salgado García.

Durante las participaciones, cada vez que un o una oradora nombraba a Salgado Pineda los invitamos se pusieron de pie y corearon «Evelyn, Evelyn, Evelyn».

Desde Gonzáles Varona, Nestora Salgado, el ex alcalde de Zirándaro, Gregorio Portillo Mendoza, quien fue el maestro de ceremonia del acto, mencionaron a la gobernadora y a su padre, lo que sirvió para que muchos de los asistentes corearon sus nombres.

Otra de las palabras que más gritó la asistencia fue la de unidad.

También fue el primer acto masivo que González Varona encabezó cómo presidente estatal de Morena en Guerrero y durante su participación llamó a los militantes y a la unidad.

«No tenemos que convertirnos en lo que detesta la ciudadanía, tenemos que estar unidos como militancia para apoyar las causas de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador», mencionó González Varona.

Durante su participación que se extendió por media hora recordó los inicios de Morena como asociación civil en 2011, su primera elección en 2015 y pidió se reconociera la labor de César Núñez Ramos, fundador de Morena, quien falleció el año pasado a causa de la Covid 19.

Las primeras filas del auditorio se ocuparon por morenistas con algún cargo público estatal, los alcaldes a la derecha, los regidores al centro y a la izquierda los diputados locales.

La demás militancia se apretó en las graderías del fondo, otros más de pie y fuera del auditorio se colocaron pantallas y sillas donde muchos prefirieron estar.

La alcaldesa de Acapulco, Abelina López Rodríguez, llegó tarde y se abrió paso entre la multitud para llegar a sentarse a su lugar designado.

La diputada local Jedsica Alejo Rayo también llegó tarde y se abrió paso entre los invitados para sentarse.

Durante su participación, la senadora Salgado García mencionó que ella no traicionó a nadie y que está firme en la convicción de apoyar al presidente de la República.

«Yo no he traicionado a nadie, yo estoy en la izquierda apoyando al presidente López Obrador».

Por último habló la gobernadora, quien mencionó a su padre y le dijo que él es su máximo referente ideológico.

«Gracias a mi padre crecimos en la izquierda, estamos en la izquierda y moriremos en la izquierda, porque nuestro corazón late a la izquierda», mencionó Salgado Pineda.

El acto político estaba agendado a las 10 de la mañana, pero comenzó a las 12 del día, hasta que llegó Salgado Pineda.

Por su parte, Salgado Macedonio fue el primero en participar, no esperó a que llegara su hija pero aseguró que en Morena él no es el líder, ni tampoco lo es del gobierno.

«En Morena no hay grupos, está prohibido, el único líder estatal es Jacinto y la representante del Poder Ejecutivo es Evelyn Salgado, representante de la cuarta transformación en el estado».

 

Presentan iniciativas para erradicar la violencia contra las mujeres y niñas en Guerrero

Texto: José Miguel Sánchez

Fotografía: Oscar Guerrero 

Chilpancingo

 

El día de ayer el Congreso local aprobó una serie de reformas para erradicar la violencia contra mujeres y niñas en Guerrero, desde prohibir los matrimonios forzados a obligar a las instituciones del estado a reconocer el principio de paridad de género.

La diputada Gabriela Bernal Reséndiz presentó un dictamen de reforma a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para garantizar que los usos y costumbres de las comunidades indígenas no socaven, limiten ni violen los derechos humanos de las mujeres.

“Tenemos que erradicar cualquier práctica que tenga como resultado final la venta de niñas y adolescentes”, mencionó Bernal Reséndiz en representación de las Comisiones Unidas Para la Igualdad de Género y de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes.

La iniciativa presentada por la legisladora, pretende reformar el artículo 44 de la Ley Número 553 de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, para garantizar que los usos y costumbres de las comunidades originarias no vulneraren los derechos humanos de las mujeres.

“Erradicar cualquier acto o práctica, que denigre, menoscabe la dignidad y los derechos humanos de las niñas, incluidas las basadas en tradiciones y usos o costumbres, que tenga como resultado final la venta de niñas, matrimonios forzados y explotación en cualquiera de sus formas”, fue lo que se le agregó al artículo 44 de la Ley 553.

Por su parte, la diputada Citlali Calixto Jiménez presentó un dictamen de reforma a la Ley Número 494 para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de Guerrero para que las instituciones del Estado fundamenten el principio de paridad de género.

Al artículo 14 de la mencionada ley se le agregó la sección IV, donde se lee; “Garantizar la participación y representación paritaria de mujeres y hombres en las candidaturas electorales y en los puestos de toma de decisiones”.

Y la sección X también se agrega, “Garantizar el principio de paridad de género de mujeres y hombres en los nombramientos y designaciones de los cargos de responsabilidad que les correspondan”.

El objetivo, mencionó Calixto Jiménez, es la participación y representación paritaria efectiva dentro de los cargos públicos.

Otro dictamen que se presentó en el pleno del Congreso es uno de reforma a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado para implementar sanciones administrativas a los jefes de áreas que sean omisos en recibir y atender una queja sobre hostigamiento o acoso sexual en los centros de trabajo.

En el dictamen se contempla promover la realización de capacitaciones, talleres y cursos dirigidos a identificar este tipo de violencia contra las mujeres, esta Iniciativa fue presentada por la diputada Patricia Doroteo Calderón como integrante de la Comisión Para la Igualdad de Género.

Estos dictámenes fueron aprobados y enviados al Ejecutivo para su decreto.

En un comunicado la colectiva Siempre Vivas del Sur mencionó que a pesar de ser avance, cómo le fue la despenalización del aborto, si no existen garantías ni un seguimiento de su cumplimiento no habrá certeza de su funcionamiento.

“Es necesario que se reformen leyes y que esta obligación legislativa se haga con todo el conocimiento necesario para que realmente sean respuestas de solución a una serie de problemas acerca de los derechos de las mujeres”.

Además mencionaron que los trabajos legislativos deben sin algún tipo de coacción.

“Este trabajo en el poder legislativo debe estar desprovisto de fundamentalismos religioso y de intereses partidistas”, mencionaron.

Por último hicieron un llamado a que todas la comisiones competentes sean integradas para el correcto seguimiento de dichas reformas.

“El camino en el Poder Legislativo aún es largo y transitarlo exige la disposición y el conocimiento de quienes integran las comisiones, cuya relación es más estrecha con los derechos de las mujeres: las comisiones de Justicia, Derechos Humanos, Igualdad de Género, Salud, Educación, Juventud, Desarrollo Social, Atención a personas con discapacidad, Asuntos Indígenas y afromexicanos”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Continúa proselitismo de Sheinbaum en Guerrero con apoyo gubernamental

Texto: José Miguel Sánchez

Fotografía: Oscar Guerrero 

Chilpancingo

 

La campaña de la aspirante presidencial morenista, Claudia Sheinbaum Pardo, continúa en Guerrero con el apoyo de funcionarios del gobierno del estado.

La tarde de este lunes se realizó una reunión con el sector campesino de Guerrero para respaldar a Sheinbaum Pardo en su aspiración de ser candidata presidencial de Morena en 2024.

El acto político fue organizado por Alfonso Ramírez Cuellar, operador político de Sheinbaum Pardo, y se realizó en el espacio denominado Jardín del toro, donde el senador y padre de la gobenadora, Félix Salgado Macedonio, realiza asambleas y actos con sus simpatizantes.

Además ese espacio es propiedad de Cuauhtémoc Ney Catalán, ex dirigente de Morena y actual consejero nacional, quien estuvo en el acto político.

Entre los asistentes estuvieron el secretario de Agricultura Ganadería Pesca y Desarrollo Rural de Guerrero (Sagadegro), Jorge Peto Calderón; la directora de Gestión Interinstitucional y Género del Instituto Guerrerense para la Atención Integral de las Personas Adultas Mayores (Igatipam) Diana Itzel Hernández Acevedo; el director de la Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional (Seplader), Apolinar Segueda Dorantes y el ex asesor de la Secretaría General de Gobierno, Nicolás Chávez Adame.

Además de trabajadores de distintas secretarías estatales.

Durante su participación, Peto Calderón aclaró que pidió permiso sin goce se sueldo en la Sagadegro, “para como ciudadano ejercer mis derechos políticos para apoyar a la doctora Claudia”.

Peto Calderón durante su participación dijo apoyar abiertamente a Sheinbaum Pardo y comparó la situación actual entre los dos aspirantes presidenciales, Sheinbaum Pardo y el canciller Marcelo Ebrard Casaubón, con la disputa por ser el sucesor de Lázaro Cárdenas del Río.

“Es un poco como cuando Lázaro Cárdenas tuvo que elegir entre Francisco J Mujica y Manuel Ávila Camacho, hoy sabemos que elegir a Ávila Camacho fue un error, y no debemos cometer de nuevo esos errores”, mencionó Peto Calderón.

El acto fue denominado El Campo es Claudia y al ingresar pidieron a los asistentes anotar nombre completo, número de teléfono, correo electrónico y la persona que los llevo al acto.

De acuerdo con Ramírez Cuellar esos registros serán para crear los primeros grupos digitales de apoyo a Sheinbaum Pardo donde se les compartirá propaganda y la agenda para apoyar a la jefa de Gobierno en su aspiración presidencial.

Ramírez Cuellar explicó que tendrán que ganar la encuesta para definir quién será el abanderado morenista en 2024.

En el acto no hubo participación de los asistentes.

La mañana de hoy Ramírez Cuellar también encabezó un acto en Acapulco y después de la reunión con el sector campesino se reunió con un grupo de universitarios encabezado por el ex gobernador interino, Rogelio Ortega Martínez.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tlacolol – ¡El corralito!

En las últimas semanas el clan de los Salgado puso en marcha una mafufada marciana, por no decirlo de otra manera. Se trata de limitar la labor de los periodistas, sobre todo, a los de Chilpancingo.

Resulta que a los reporteros que cubren los actos oficiales de la gobernadora, Evelyn Salgado Pineda, se les impide que se le acerquen para cuestionarla sobre los hechos que ocurren día a día en el estado. La mafufada consiste en que los reporteros y fotógrafos estén lo más lejos de la mandataria.

Lo risible del asunto es de que, por ejemplo, en lugares públicos como la explanada del Palacio de Gobierno o en Casa Guerrero, los guarros y enviados del director de Comunicación Social, René Posselt Aguirre —sobrinazo del defenestrado ex gobernador Ángel Aguirre—, obligan a los reporteros a colocarse en un espacio reducido, el cual es rodeado de vallas metálicas, un corral pues.

El corral está muy distante del presidium que encabeza Salgado Pineda y, por supuesto, es vigilado por un guarro que, con arma al cinto, impide que los reporteros salgan, incluso, aunque alguno requiera ir al baño a satisfacer sus necesidades fisiológicas.

La orden es tajante: ninguno de los periodistas puede salir del corral hasta que concluya el acto y la gobernadora ya esté en sus oficinas en Palacio de Gobierno o Casa Guerrero o bien esté cómodamente sentada en su camioneta blindada y resguardada por sus guardaespaldas.

Nos cuentan que esta estrategia de comunicación la diseñó el grupo compacto de Salgado Pineda y tiene el propósito evitar que informe sobre temas espinosos como la inseguridad y la violencia que no para en casi las siete regiones de Guerrero, el caso Ayotzinapa y la corrupción que impera en algunas esferas del gobierno estatal.

Evelyn Salgado casi cumple un año al frente de la administración estatal y, nos cuentan, que aún no toma sus propias decisiones y es influenciada por dos fuegos. Por un lado, está el nuevo cacique, su papá el senador Félix Salgado Macedonio y, por el otro, los catrincitos: su jefe de oficina, Jesús Urióstegui y Rubén Hernández Fuentes, director general del Poder Ejecutivo.

El que tiene la encomienda de cumplir estas órdenes es Posselt Aguirre, quien libera los convenios de publicidad a los medios de comunicación impresos, electrónicos y de plataformas digitales, además de entregar los sobres (chayotes) a los periodistas adictos al apoyo oficial.

En este gobierno, que también es del Primor, porque está integrado por morenistas y priístas, impera la rancia consigna de López Portillo en el contexto de la relación prensa-poder: “no te pago para que me pegues”.

Eso lo han entendido muy bien el 99.9 por ciento los dueños de los medios porque en sus publicaciones no hay críticas al gobierno estatal.

Es por eso que el clan de los Salgado y los catrincitos ningunean a los reporteros porque saben que los dueños de los medios no van a defender a sus trabajadores.

Pero como dice AMLO, no todos somos iguales. Los que escribimos esta columneja no sólo somos críticos sino también propositivos, le hacemos una propuesta en materia de comunicación al clan de los Salgado y a los catrincitos.

1.- Que la gobernadora acepte que los reporteros la cuestionen de todos los temas, incluidos los de la violencia que no para.

2.- Que la gobernadora no se preocupe si la riega: ¡tenemos la solución! Una fórmula vieja, la que aplicó Vicente Fox cuando fue presidente. Que designe a un vocero para que salga ante los medios y diga: “lo que la gobernadora quiso decir”. Y listo.

Como nosotros no aplicamos la austeridad en nuestras propuestas, ya tenemos a su vocero: René Posselt, y esto no nos lo sacamos de la manga, pues este personaje ya hace esa función, pues cuando la gobernadora no sabe qué contestar, se le acerca al oído y le dice lo que tiene que responder.

Por cierto, eso se ve muy feíto, por eso le sugerimos que apliquen la de: “lo que la gobernadora quiso decir”. Será mejor y, sobre todo, más divertido.

En caso de que algún medio se salga del huacal —como Amapola periodismo— que le copie de la mañanera la sección “quién es quién en las mentiras”, si de por sí ya le pirateó todo su discurso al presi. ¡Qué tanto es tantito!

Chirrionazo. Hoy se cumplen ocho años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa y el próximo 15 de octubre un año de que Evelyn Salgado está al frente del gobierno. En estos casi 365 días, la gobernadora no se ha reunido con las madres y padres de los estudiantes desaparecidos, ni siquiera para darles un mensaje de aliento en forma personal. Nos recuerda un dato: en septiembre del 2014, cuando ocurrieron los hechos en Iguala, Evelyn, cobraba como funcionaria en la Secretaría de la Mujer, en el gobierno de Ángel Aguirre Rivero. A lo mejor es por eso que no se acuerda.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La ASF presenta sus primeras denuncias por posibles actos de corrupción en el sexenio de AMLO: va contra Segalmex

Texto: Nayeli Roldán y Zedryk Raziel / Animal Político

Fotografía: Redes

24 de septiembre del 2022

 

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) presentó las primeras denuncias por presuntos actos de corrupción cometidos por funcionarios de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador. Se trata de dos denuncias interpuestas ante la Fiscalía General de la República (FGR) por irregularidades en el manejo de recursos públicos en Segalmex, Liconsa y Diconsa durante 2019 y 2020.

Autoridades federales confirmaron a Animal Político que ambas denuncias se interpusieron en la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) el pasado 11 de agosto, y que se suman a las carpetas de investigación iniciadas previamente contra varios exfuncionarios públicos.

Si bien no se conoce con precisión a cuánto asciende el monto del daño presupuestal que consignó la ASF en sus denuncias, una revisión a la Cuenta Pública de 2019 y 2020 muestra que se formularon 43 pliegos de observaciones por un mal uso de recursos públicos por 4 mil 793 millones 411 mil 130 pesos en ambos ejercicios fiscales.

En ese periodo, el director de Segalmex, Liconsa y Diconsa era Ignacio Ovalle, quien, pese al tamaño de las irregularidades, fue removido del cargo en marzo y nombrado titular del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (Inafed), sin que exista una investigación para deslindar responsabilidades.

Estas denuncias son las primeras interpuestas por la ASF por irregularidades detectadas en la actual administración. Hasta marzo de este año, las denuncias seguían concentradas en los presuntos delitos cometidos en el gobierno de Enrique Peña Nieto, especialmente en el esquema conocido como La Estafa Maestra.

En abril pasado, Animal Político publicó que los plazos legales para resolver irregularidades por más de mil millones de pesos en Segalmex y por la ‘desaparición’ de 4 mil medicamentos para tratar cáncer se agotaron desde noviembre de 2021, pese a lo cual la ASF no había interpuesto denuncias penales.

Las dos denuncias de la Auditoría por posible daño patrimonial llegan después de otras 38 presentadas desde enero pasado por la Procuraduría Fiscal de la Federación, la Unidad de Inteligencia Financiera, la Secretaría de la Función Pública y la propia FGR, según informó el titular de la SFP, Alberto Salcedo.

Como parte de ese cúmulo de denuncias, la FGR abrió una carpeta de investigación por una compra ilegal de certificados bursátiles fiduciarios privados con recursos públicos de Segalmex por 100 millones de pesos. Por este caso, quien fuera titular de la Unidad de Administración y Finanzas, René Gavira —subalterno de Ovalle—, fue vinculado a proceso y está en espera de que se lleve a cabo la audiencia intermedia.

Paralelamente, la FGR inició otra carpeta de investigación por el presunto delito de delincuencia organizada en contra de 15 exfuncionarios y ocho socios de empresas a los que acusó de simular la adquisición de 25 mil toneladas de azúcar por un monto de entre 418 y 465 millones de pesos.

Ninguna de las investigaciones de la FGR incluye a Ovalle, quien fue titular de Segalmex, Liconsa y Diconsa —y por ello jefe de todos los exfuncionarios acusados— durante el periodo en que se cometieron los supuestos delitos.

Las irregularidades denunciadas por la ASF

Según la información pública de la propia Auditoría, en 2019, el primer año del gobierno de López Obrador, el daño al erario en las tres instituciones fue de mil 327.6 millones de pesos, mientras que en 2020 el boquete fue de 3 mil 465 millones adicionales.

Al tratarse de pliegos de observaciones, la ASF considera que son recursos ejercidos cuyo destino se desconoce; en otras palabras, es dinero posiblemente desviado.

Por institución, el dinero público malversado en Segalmex asciende a 2 mil 031.2 millones de pesos; en Liconsa, mil 932.2 millones, y en Diconsa, 829.9 millones.

Una de las principales irregularidades documentadas por la ASF en Segalmex, Liconsa y Diconsa en 2019 y 2020 fue el pago de mil 445.7 millones de pesos por la supuesta prestación de servicios profesionales en apoyo al personal. Es decir, se trató de pagos a empleados “fantasma” contratados mediante el esquema de outsourcing.

La Auditoría también detectó pagos sin que se comprobara la recepción de productos y servicios como envases de PET (99.9 millones de pesos), costales blancos de polipropileno (182.1 millones de pesos), tarimas (67.2 millones de pesos), plaguicidas, abonos y fertilizantes (49.9 millones de pesos) y transporte de productos lácteos (620.5 millones de pesos).

El ente fiscalizador también documentó erogaciones injustificadas en contratos de coproducción para beneficiar a ciertos proveedores. Por ejemplo, se hicieron pagos por 293.4 millones de pesos sin contar con la documentación justificativa y comprobatoria que acreditara la recepción de los servicios asociados al proceso de producción de productos lácteos y derivados lácteos, y pagos por 518.4 millones sin acreditar la recepción de la leche fresca y los servicios de maquila de secado de la misma.

La ASF detectó asimismo pagos en exceso a productores de leche por 327.3 millones y salidas injustificadas de efectivo de las cuentas de Segalmex por 104.3 millones.

 

 

La gobernadora Evelyn Salgado hace esperar más de dos horas a ediles y a jóvenes

Texto: Jesús Guerrero

Fotografía: Oscar Guerrero 

Chilpancingo

 

Un estudiante del Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios (CBTIS) 175 de Huitzuco que desde las nueve de la mañana llegó al zócalo de esta ciudad para tocar con su banda, le daba duro a la tambora.

Son las 13 horas de este jueves y el grupo de estudiantes que integran la banda de música Potro tocan para dar la bienvenida a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda.

El acto oficial estaba programado a las 12:00 horas, pero Salgado Pineda llegó una hora después.

Los estudiantes del CBTIS arribaron a este lugar cuatro horas antes que la mandataria estatal llegara, quien acudió acompañada por su grupo de guardaespaldas que presumían su arma de fuego colgada al cinto.

“No hemos comido ni un taco”, reprocha el estudiante a otro de sus compañeros que también forma parte de la banda.

“No se escucha a la banda, ¿dónde está?», pregunta al inicio de su intervención Salgado Pineda, quien tiene al frente a alcaldes, alcaldesas, funcionarios y funcionarias de su gabinete, y a decenas de jóvenes que participaron en la jornada de capacitación para el trabajo que organizó el Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Guerrero (Icategro), organismo estatal que nadie conocía, pero ahí dijeron que su fundación fue hace 10 años.

El grupo de músicos del CBTIS, que se colocaron debajo de un árbol para protegerse del sol, fueron conminados por su maestro para que se regresaran a la plancha del zócalo y empezaran a tocar.

“Ya llegó la gobernadora y hay que tocar”, dijo un estudiante.

Pero solamente interpretaron una melodía para no interrumpir el discurso de Salgado Pineda.

Vestida de pantalón blanco y blusa del mismo color, la gobernadora entró a la plaza central por uno de los pasillos de las oficinas de la Secretaría de la Cultura.

Dos horas antes de este mismo jueves, junto con su padre, el senador Félix Salgado Macedonio entregó los premios civiles de la juventud en el auditorio José Joaquín se Herrera, en palacio de gobierno.

Al bajar los primeros escalones para ingresar a la plaza, Salgado Pineda se detuvo para admirar unas artesanías. Le gustaron unas flores y ordenó a uno de sus ayudantes que le pagara a la artesana. El trabajador sacó de entre sus bolsillos un billete de 500 pesos y se lo entregó a la vendedora.

Félix Salgado, no llegó al acto.

Casi al mismo tiempo en que su hija estaba en el zócalo, Salgado Macedonio, desde el patio ubicado atrás de una cafetería, al sur de esta ciudad, hacía una transmisión en vivo en su cuenta personal de Facebook junto con un grupo de seguidores que, en su mayoría, acuden con él para que les dé un empleo en una oficina del gobierno que encabeza su hija. Al parecer, los que acuden con el senador creen que él ejerce poder en el gobierno estatal y no la gobernadora, quien el próximo 15 de octubre cumple un año al frente de la administración.

El estudiante del CBTIS que toca la tambora viste un suéter rojo y pantalón azul de mezclilla. Sus demás compañeros visten el uniforme de gala, camisa blanca, pantalón y suéter color gris.

“Esto está de la chingada”, dice el joven al referirse al fuerte calor del mediodía.

Los que no sufren los rayos del sol son la gobernadora, alcaldes y funcionarios, además de unos 100 jóvenes emprendedores que están debajo de una gran lona.

Este perímetro fue rodeado por vallas metálicas. Un grupo de guardaespaldas impidieron que los fotorreporteros se acerquen a Salgado Pineda para que le tomen fotografías.

Uno de los fotorreporteros se aproxima para captar con su cámara las imágenes y dos guardaespaldas que están a unos cuatro metros de Salgado Pineda le exigen que se retire.

Otro forreportero empieza a tomar fotografías a los guardaespaldas que están hostigando a su compañero periodista.

“A ver tómame fotografías a mí”, le gritó el guardaespaldas al fotorreportero.

Este individuo presumió que antes de formar parte del grupo de la ayundantía de la mandataria estatal era reportero.

Guardaespaldas y trabajadores de la Dirección de Comunicación Social tienen la misión de que cuando haya un acto de Salgado Pineda, a los reporteros le asignarán un espacio para que desde ahí realicen su trabajo informativo.

El lugar donde colocan a los periodistas es rodeado de vallas metálicas. Los encierran, y abren las vallas hasta que la gobernadora se retiró del lugar.

Esta estrategia la diseñaron los asesores de Salgado Pineda para que los periodistas no lleguen hasta donde está ella, y así evitar que la entrevisten sobre diversos temas, sobre todo de  la violencia o la injerencia que tiene su padre en las acciones de su gobierno, informaron fuentes gubernamentales.

Al concluir el evento de este jueves en el zócalo, Salgado Pineda salió por la lateral sur de la explanada y caminó unos 10 metros hasta su camioneta estacionada. Solo se tomó unas selfies con algunas  mujeres, subió al vehículo y se fue.

Mientras la gobernadora, funcionarios y ediles se retiraban, la gente que se quedó en el zócalo empezó a comer un mixiote de carne de res, arroz y salsa verde.

“Vaya, hasta que vamos a echarnos aunque sea un taco”, dijo un estudiante del CBTIS 175 de Huitzuco que esperó por varias horas a la gobernadora.

 

 

 

 

Félix Salgado antes criticaba al Ejército ahora le echa flores

Texto: Jesús Guerrero

Fotografía: Óscar Guerrero

Chilpancingo

 

En un acto público que encabezó su hija la gobernadora Evelyn Salgado PIneda, el senador Félix Salgado Macedonio elogió el trabajo de la Guardia Nacional (GN) y consiguió que trabajadores y transportistas votaran a mano alzada que se amplie de cinco a nueve años que el Ejército Mexicano tenga el control operativo de esta corporación.

«A ver los que estén de acuerdo a favor de la Guardia Nacional que alcen la mano», les pidió el senador a los asistentes en la explanada del palacio de gobierno.

La gente, en su mayoría eran trabajadores a los que se les obligó asistir a la actividad, de inmediato acataron la orden de Salgado Macedonio y alzaron la mano.

Observado por la gobernadora, la fiscal general, Sandra Luz Valdovinos Salmerón, los comandantes de la 35 Zona Militar, Enrique Martínez López y el de la Octava Región Naval, Julio César Pescina Ávila, recordó que este lunes las comisiones en el Senado en las que él participa votaron por mayoría la minuta para ampliar el periodo de la GN en las tareas de seguridad bajo la supervisión del Ejército.

«Se votó de que pase de cinco a nueve años pero yo tampoco estoy conforme con nueve años, yo diría que ya se quedara de manera permanente la Guardia Nacional bajo la supervisión y apoyo del Ejército y de la Secretaría de la Defensa Nacional», planteó el senador morenista quien cuando era opositor criticaba la militarización en Guerrero y denunciaba los abusos que esta institución cometía contra la ciudadanía.

Contó que este miércoles esta minuta pasará al pleno del Senado y para que salga la reforma constitucional se requiere del voto de las dos terceras partes.

Pidió a los partidos de la oposición en el Senado que no regateen los votos porque según él, «esta reforma es tan importante para el país porque la seguridad pública no tiene color partidista, es la patria».

«La violencia no tiene género, la violencia es para todos, tanto contra hombres y mujeres», expresó el senador.

Este martes, Salgado Pineda puso en marcha la primera fase del programa denominado Transporte Violeta que tiene el propósito de evitar abusos que se comete contra las mujeres cuando utilizan el transporte público.

Desde el gobierno anterior del priísta Héctor Astudillo Flores, Guerrero tiene dos alertas de violencia de género, una de ellas por violencia feminicida.

Entre el pasado domingo 18 y lunes 19, cuatro mujeres fueron asesinadas, dos en Acapulco, una en Marquelia y otra en Chilpancingo, en este último caso, la víctima fue quemada.

En este acto, Salgado Pineda y la coordinadora para la erradicación de la violencia feminicida de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia (Conavim), Flor Dessiré León Hernández, hablaron del acoso que sufren las mujeres cuando viajan en transporte público.

«Guerrero tiene fama de ser machista pero ya no lo es porque ahora tenemos una mujer de gobernadora», dijo el senador quien en el 2021 cuando era candidato a gobernador -antes de que el INE le cancelara su candidatura por no haber comprobado gastos de precampaña- fue acusado de violación sexual en agravio de dos mujeres.

Salgado Macedonio a quien le gusta que le digan el «toro sin cerca», recordó que los guerrerenses fuerom sometidos muchos años por gobiernos de «mano dura».

«Aquí se decía que Guerrero necesitaba un gobernador de mano dura», expresó el senador.

En su discurso, Salgado Macedonio siguió recordando la sesión de este lunes en donde las comisiones votaron a favor de que la GN permanezca bajo las órdenes del Ejército.

«Les ganamos (a la oposición) por muchos votos», presumió Salgado Macedonio quien al final se dio un abrazo efusivo con los comandantes de la 35 Zona Militar y de la Octava Región Naval y con la fiscal, Sandra Luz Valdovinos, quien también es teniente militar.

Al término del acto, el senador fue rodeado de decenas de sus seguidores y realizó una trasmisión en vivo desde su cuenta personal de Facebook.

«Conéctense, conéctense», les pedía a sus correligionarios que lo seguían y que de inmediato se conectaban a través de su teléfono celular.

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