Un diagnóstico de TOJIL y el IMCO destapa las deficiencias con las que operan estas fiscalías: en promedio cada una tiene solo 7 policías y 4 peritos para atender cientos de indagatorias.
Texto: Arturo Rangel / Animal Político
Fotografía:
2 de diciembre de 2021
Durante 2019 y 2020 las fiscalías anticorrupción del país iniciaron casi 18 mil carpetas de investigación por posibles hechos de corrupción de funcionarios públicos. Sin embargo, en ese mismo lapso solo 67 casos (menos del 1%) fueron esclarecidos con una sentencia en contra de los responsables. En cambio, la enorme mayoría de las indagatorias (9 de cada 10) se mantienen en curso sin llegar ante un juez o de plano fueron archivadas ante la imposibilidad de las fiscalías de conseguir más pruebas.
Múltiples obstáculos potencian estos malos resultados. Recursos humanos insuficientes, recortes de presupuesto, procedimientos de investigación inadecuados, legislaciones incompletas, fallas en capacitación y poca o nula autonomía, son algunas de las deficiencias con las que a diario se enfrentan las fiscalías especializadas en la investigación de estos casos.
Una investigación conjunta realizada por la asociación civil TOJIL y el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) diagnosticó por primera vez las condiciones de operación, desempeño y resultados de las fiscalías especializadas en combate a la corrupción del país. Dichas fiscalías son una pieza clave del sistema nacional anticorrupción, pues se encargan de investigar hechos irregulares que podrían haber derivado en delitos, y de ser el caso proceder en contra de los responsables para que el daño sea reparado.
Sin embargo, pese a esta función primordial, el estudio identificó que la mayor parte de estas áreas de investigación operan en medio de carencias y con pobres resultados. Es decir: aunque por ley ya existen en la mayoría de los estados, su desempeño se encuentra muy lejos del esperado.
Aunque, en promedio, cada entidad inició 749 carpetas de investigación por posibles hechos de corrupción, solo 35 de ellas (4.6%) avanzaron lo suficiente para llegar ante un juez y que se abriera un proceso, y solo en tres casos (el 0.4%) se llegó hasta una sentencia condenatoria.
“Pese a que se cuenta con Fiscalías Anticorrupción a nivel normativo, en la realidad no cuentan con un mínimo de recursos para ser una institución operativa y funcional. Si bien existen esfuerzos a nivel nacional, actualmente ninguna Fiscalía Anticorrupción cumple con los estándares analizados en su nivel óptimo”, concluye el estudio.
Para llegar a estos resultados las organizaciones responsables del estudio enviaron solicitudes de información a todas las fiscalías del país; además se entrevistaron con fiscales, policías y peritos de cinco estados seleccionados como muestra. A continuación, se detallan los puntos clave del análisis realizado por dichas organizaciones en los cinco ejes que se estudiaron.
Poco personal y mal capacitado
De acuerdo con el informe, las fiscalías anticorrupción del país tienen, en promedio, hasta 12 agentes del Ministerio Público para atender las denuncias. Dicha cifra se agrava si se toma en cuenta que estos fiscales tienen que distribuir sus casos entre los 7 policías de investigación y cuatro peritos con los que en promedio cuentan estas fiscalías.
A ello se suman las deficiencias en la capacitación. Apenas cinco fiscalías anticorrupción tuvieron peritos que recibieron algún curso o reforzamiento de sus habilidades para indagar este tipo de delitos entre 2019 y 2020, mientras que solo 11 brindaron alguna preparación especial para sus policías. La mitad de las fiscalías capacitaron a sus agentes del Ministerio Público asignados.
Fuera de los promedios, al analizar cada caso por separado se advierte que solo la Fiscalía anticorrupción de Sonora cuenta con un capital humano satisfactorio, es decir, con un número suficiente de fiscales, policías y peritos, los cuales además han sido capacitados adecuadamente. Hay 13 estados que se consideran que tienen recursos humanos regulares.
En cambio, hay 13 entidades donde el estudio concluye que el capital humano es deficiente cuantitativa y cualitativamente: Campeche, Coahuila, Chiapas, Chihuahua, Guanajuato, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, Tlaxcala y Yucatán.
El Estado de México es la entidad del país con más agentes del MP en su fiscalía anticorrupción con 53, aunque a su vez estos tienen que dividirse las 6 mil 266 indagatorias iniciadas en los dos años analizados; es un promedio de 118 carpetas de investigación por cada fiscal. En el otro extremo se encuentra la fiscalía anticorrupción de San Luis Potosí que apenas cuenta con dos agentes del MP, o las fiscalías de Querétaro, Guerrero y Colima que apenas tienen tres.
“Contar con la cantidad y calidad de capital humano para la investigación de los actos de corrupción es fundamental para la atención de las cargas de trabajo y los tiempos de respuesta. Sin personal suficiente y bien capacitado, difícilmente los hechos de corrupción se podrán investigar con oportunidad e idoneidad”, advierte el análisis.
Poco dinero y contado
El estudio concluye que solo cinco estados cuentan con fiscalías anticorrupción con recursos materiales que se consideran satisfactorios: Chihuahua, Durango, Jalisco, Tlaxcala y Veracruz. En cambio, hay 12 estados con un nivel regular y ocho estados con un nivel deficiente: Aguascalientes, Colima, Guanajuato, estado de México, Michoacán, Nayarit, Oaxaca y Sinaloa.
En promedio, el presupuesto anual de las fiscalías anticorrupción del país asciende a 24.5 millones de pesos que las organizaciones consideran insuficiente, y más si se considera que hay entidades como Tamaulipas donde los recursos no llegan ni a tres millones de pesos. Otro dato negativo es que de 20 estados que proporcionaron datos de sus presupuestos en 2019 y 2020, hay ocho en los que hubo recortes de recursos.
Un foco rojo: solo cinco estados (Durango, Jalisco, Campeche, Coahuila y Veracruz) cuentan con fiscalías anticorrupción con presupuestos que se asignan de manera independiente. El resto de las fiscalías no cuentan con un presupuesto propio, sino con asignaciones que se realizan desde otra dependencia o desde la Fiscalía General.
“La falta de recursos necesarios para llevar a cabo las investigaciones por hechos de corrupción genera una dependencia presupuestal de las Fiscalías Generales, lo que en algunos casos puede representar un riesgo en la autonomía para ejercer sus facultades y limitar su capacidad operacional por falta de recursos”, indica el informe.
Normas inadecuadas y falta de autonomía
El común denominador es que las fiscalías anticorrupción del país operan con un marco legal deficiente. Ninguna de las 29 analizadas cuenta con un protocolo de audiencias, un protocolo de protección a testigos, o un protocolo de investigaciones encubiertas. Hay 10 estados donde, además, el nombramiento del fiscal anticorrupción no es autónomo, sino que se trata de una designación directa del fiscal general.
“Este dato es relevante, ya que, si bien no se cuenta con evidencia del impacto que este modelo organizacional ha tenido, este pudiera ser un elemento que limite o restrinja la autonomía de los Fiscales Anticorrupción al no tener una certeza en la estabilidad de su cargo, por lo que puede quedar sujeto a decisiones de índole político”, advierte el estudio.
Otra deficiencia importante es que existen siete estados donde los códigos penales no tienen una clasificación independiente de los delitos que representan hechos de corrupción como pueden ser el peculado, el abuso de autoridad, ejercicio indebido del servicio público, cohecho, entre otros. Esta es una deficiencia importante porque dificulta la identificación de casos que competen a sus fiscalías anticorrupción.
De acuerdo con el puntaje que el informe asignó en este apartado, hay diez fiscalías anticorrupción estatales que funcionan con un marco jurídico deficiente: Aguascalientes, Chiapas, Guanajuato, estado de México, Nayarit, Sinaloa, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas.
“También se destaca que la mayoría de las fiscalías no cuentan con las reformas necesarias para realizar la investigación y persecución de empresas de forma autónoma. Por lo que esto implica limitar más aún las posibilidades de llevar a cabo investigaciones de mayor complejidad en las que se encuentren involucrados particulares y servidores públicos” indicó el IMCO.
Investigando al “ahí se va”
El análisis identificó deficiencias en la manera en cómo las fiscalías investigan los casos de posible corrupción. En general, las indagatorias se llevan a cabo con procedimientos discrecionales, sin mecanismos específicos u homologados ni una metodología bien definida.
Resalta, por ejemplo, que el 45% de las fiscalías carecen de plataformas electrónicas para registrar y dar seguimiento a sus actuaciones. De hecho, solo hay tres entidades en donde las fiscalías tienen registros claros de las investigaciones que tienen en curso.
Pese a que la denuncia es un mecanismo fundamental a partir del cual se puede iniciar una investigación, solo 18 estados cuentan con tres o más vías de denuncia. El resto tienen vías muy acotadas para presentar las querellas y hay tres casos (Guanajuato, Morelos y Querétaro) donde no es posible formular denuncias de manera anónima.
Otro aspecto negativo es que hay 11 fiscalías que no tienen las capacidades para iniciar indagatorias de oficio. Es decir, pese a que tengan conocimiento de que pudo haberse cometido un acto de corrupción (por ejemplo en un reportaje en la prensa) no pueden iniciar una indagatoria a menos que alguien no lo denuncie directamente.
“En la generalidad las fiscalías se limitan a investigar los hechos que les son denunciados directa y formalmente sin que se generen diversos mecanismos de investigación del fenómeno criminal en cada caso en concreto”, señala el informe.
Las fiscalías anticorrupción de Veracruz, Querétaro, Nayarit y Morelos presentan –en general– procesos de investigación deficientes. Hay nueve estados más con procedimientos regulares, y quince estados cuyos procesos se consideran satisfactorios.
Prevalece la impunidad
Pese a que los delitos de corrupción cuentan para su investigación con fiscalías especializadas en la mayor parte del país, la realidad es que es mínima la proporción de casos que se esclarecen aún cuando se denuncien y se abran las indagatorias correspondientes. La regla general es la impunidad.
Como ya se dijo al inicio, apenas el 0.4% de los casos denunciados llegaron a una sentencia condenatoria; en proporción se trata de apenas 1 de cada 200 casos. Las fiscalías anticorrupción apenas lograron convertir en procesos judiciales firmes el 5% de las carpetas iniciadas.
Solo hay dos fiscalías anticorrupción, las de Sonora y Michoacán, que lograron judicializar más del 10% de sus indagatorias iniciadas. El resto ni eso. Hay cuatro estados: Guanajuato, Guerrero, Nayarit y San Luis Potosí que no lograron enviar ni un solo caso ante un juez local.
Peor aún: de 24 fiscalías anticorrupción que proporcionaron información, hay 12 de ellas (o sea la mitad) que no obtuvieron una sola sentencia relacionada con delitos de corrupción en 2019 y 2020.
Los especialistas detectaron que hay casos como el de la fiscalía anticorrupción del estado de México la cual reporta que decidió “resolver” tres mil 404 carpetas de investigación (prácticamente la mitad de las que abrió) enviándolas al archivo temporal. Si bien se trata de una opción legal en caso de que no haya datos suficientes, en los hechos significa más impunidad.
“Tratándose de posibles hechos de corrupción, esta forma de terminación de la investigación no resulta la más idónea ya que no resuelve los casos ni asegura completa efectividad por parte de las Fiscalías”, concluye el análisis.
