Texto: José Miguel Sánchez
Fotografía: Oscar Guerrero / Archivo
Chilpancingo
Ayer, un juez de Tlapa declaró inocente a Marco Antonio García Morales, principal sospechoso de ser el autor intelectual de la desaparición y asesinato del activista del Frente Popular de la Montaña (FPM), Arnulfo Cerón Soriano.
Arnulfo desapareció el 11 de octubre del 2019 en la ciudad de Tlapa, en la Montaña de Guerrero, 40 días después su cadáver fue hallado tres metros bajo tierra en un paraje de la carretera Tlapa-Metlatónoc.
De acuerdo con las declaraciones ministeriales de los autores materiales del crimen, fue el empresario y entonces jefe de gabinete del Ayuntamiento de Tlapa, Marco Antonio García Morales, quien ordenó desaparecer y asesinar a Arnulfo, después de una serie de protestas y movilizaciones contra la administración del entonces alcalde morenista, Dionicio Merced Pichardo.
Fue el juez Emanuel Reyna Vélez, quien determinó la inocencia de García Morales mediante el fallo del juicio oral 15/2023.
Aunque García Morales ya gozaba de libertad, desde el 30 de septiembre del 2022, porque le cambiaron sus medidas cautelares de prisión preventiva a una de libertad por argumentar enfermedad.
García Morales estuvo preso en la cárcel de Atlamajac dos años y nueve meses.
«La sentencia absolutoria no implica que el (García Morales) sea inocente, nosotros como Frente Popular de la Montaña no vamos a descansar hasta que se le haga justicia al compañero Arnulfo», mencionó en entrevista Ubaldo Segura Pantoja, de la dirección colectiva del FPM.
Segura Pantoja consideró que existen muchas irregularidades en la investigación y en el caso. «Muchos testigos fueron comprados para no presentarse a declarar en el juicio, por lo tanto ya estamos viendo con Tlachinollan apelar el fallo del juez».
Algunos de las irregularidades que puntualizó fue el cambio de la prisión preventiva a medida en libertad, «eso hizo que García Morales se moviera en libertad y amenazara a los testigos».
El abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Vidulfo Rosales Sierra, denunció que
la Unidad de Medidas Cautelares solapó a García Morales al no cumplir su función.
Esto porque García Morales salía de Tlapa, aun cuando la medida indicaba que no podía hacerlo.
Además, para lograr la libertad condicional argumentó que estaba mal de salud, «pero él siempre se movió por todos lados, andaba haciendo campaña, apadrinaba jaripeos o clausuras y la Unidad nunca verificó», dijo Rosales Sierra.
Las audiencias de juicio oral a puerta cerrada iniciaron el 3 de julio y terminaron el 28 de agosto con el fallo a favor de García Morales.
Apenas el 28 de agosto, integrantes del FPM se reunieron con la gobernadora Evelyn Salgado Pineda para pedirle atención al caso y no permitir «que se cometiera una injusticia».
Una semana antes tuvieron una reunión con el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Raymundo Casarrubias Vázquez y el secretario General de Gobierno, Ludwing Marcial Reynoso Núñez, a quienes les pidieron que el juicio por la desaparición y asesinato del Arnulfo fuera apegado a derecho e imparcial.
Tlachinollan y el FPM emitieron un comunicado donde exigen justicia por Arnulfo.
En el comunicado ambas organizaciones piden a la Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia revise el fallo absolutorio «apegándose a los principios de imparcialidad e independencia y considerando la condición de defensor de derechos humanos de Arnulfo Cerón».
«El fallo no es definitivo, la Fiscalía (General del Estado FGE) y las víctimas lo impugnarán esperando que el Tribunal Superior corrija los desaciertos e irregularidades del juez Emanuel Reyna Vélez que siempre mostró una actitud parcial en el juicio».
Una mujer coloca un tendedero con la imagen de Arnulfo Cerón Soriano afuera del Congreso local durante una protesta el 22 de agosto pasado para exigir justicia por el asesinato del activista.
