El vicefiscal de Investigaciones de la Fiscalía General del Estado (FGE), Ramón Celaya Gamboa, aseguró a un grupo de periodistas que se siguen varias líneas de investigación para esclarecer el asesinato de Fredid Román Román, una de ellas relacionadas con su profesión.
Los periodistas fueron atendidos por Celaya Gamboa en las instalaciones de la FGE después de que realizaron una marcha que partió de la plaza Libertad de Expresión, en el centro de Chilpancingo a la Fiscalía.
El grupo de medio centenar de comunicadores arribaron a las oficinas de la FGE en donde realizaron un mitin para exigir el esclarecimiento del crimen y castigo a los asesinos de Román Román, quien era fundador y director del diario La Realidad y autor de una columna que publicaba en las redes sociales y en el periódico impreso Vértice, de esta ciudad.
Su última columna se publicó en las redes sociales y en Vértice, este martes.
En esta última entrega, el periodista de 58 años, escribe sobre el caso Ayotzinapa y la detención del ex Procurador General de la República (PGR) Jesús Murillo Karam.
La protesta del grupo de reporteros comenzó a las 12 del día con un mitin en la plaza Libertad de Expresión, en el centro de Chilpancingo, donde los reporteros decidieron marchar a las instalaciones de la FGE, ubicadas al sur de la ciudad.
En la FGE, los reporteros fueron atendidos por el visefiscal Ramón Celaya Gamboa; el fiscal especial para la Protección de Periodistas y Defensores de Derechos Humanos, Roberto Mermejo Zapata, y el director de gobernación, Francisco Rodríguez.
Durante la audiencia, Celaya Gamboa informó acerca de dos líneas de investigación.
Dijo que no descartan ninguna, entre ellas, el negocio de venta de pollos del hijo de Román Román, asesinado en la comunidad de El Ocotito, del municipio de Chilpancingo, el pasado 1 de julio.
Esa fecha, un grupo armado asesinó a balazos a tres distribuidores de pollos, dos en el mercado central Baltasar R. Leyva Mancilla, en Chilpancingo, y al hijo de Román Román, en El Ocotito.
«Cabe aclarar que esas no son hipótesis ni conclusiones, son líneas de investigación que tendrán que comprobarse, cada una, a través de investigaciones periciales», dijo Celaya Gamboa.
Adelantó que si la línea de investigación sobre su actividad periodística es positiva el caso será atraído por la Fiscalía Especial de Protección a Periodistas y Defensores de Derechos humanos.
«Es una línea de investigación (por su actividad periodística) que tendrá que agotarse, no está confirmada».
La única certeza que tienen es que fue un ataque directo contra Román Román pero dijo que no descartan un ataque «de la delincuencia organizada o delincuencia común».
De acuerdo con Celaya Gamboa, Román Román nunca manifestó sentirse amenazado o en peligro.
Agregó que ya tienen en la investigación testimonios y videos acerca del asesinato.
Por su parte, la delegación XVII del Sindicato Nacional de Redactores de la Prensa (SNRP), con sede en Chilpancingo, emitió un comunicado para condenar el asesinato de Román Román.
«Como organización gremial de trabajadores de medios de comunicación, exigimos al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, a la Fiscalía General de la República (FGR) y la Fiscalía General del Estado (FGE) realicen una investigación exhaustiva para esclarecer este oprobioso crimen que enluta al gremio periodístico, que encuentren a los responsables materiales e intelectuales y sean juzgados para que se aplique la ley», se lee en el pronunciamiento del SNRP.
Román Román quien era originario de la comunidad de Oxtotitlán, del municipio de Teloloapan, fue director del periódico Expresión Popular, un medio de tinte oficial. El dueño de este medio fue diputado local del PRI en la década de los noventas.
También fue jefe de información del desaparecido diario Palabra, cuyo propietario era el empresario Pioquinto Damián Huato, otro medio apegado al poder.
En 1996, fungió como subdirector de Comunicación Social del gobierno estatal durante la administración de Ángel Aguirre Rivero y en un tiempo fue jefe de prensa del PRI estatal.
Román Román fue autor del libro Crónicas de un gobierno democrático y popular en donde escribe sobre las acciones de gobierno de Aguirre Rivero.
Con el homicidio de Román Román suman 15 periodistas asesinados en México en lo que va del 2022.
El conflicto revela cosas que no funcionan en la sociedad por lo tanto nuestro relato, como seres humanos antes que periodistas, debe ser a favor de una solución justa y sin violencia, plantea el investigador catalán Xavier Giró.
El periodismo de paz, explica, puede favorecer que los conflictos no evolucionen a un estallido de violencia, que discutan sus causas y posibles soluciones.
“El periodismo se convierte en un actor y hay que asumirlo responsablemente sin panfletos y sin entregarnos ciegamente a ninguna de sus partes”, plantea.
Estos son algunos postulados que ha desarrollado desde hace 30 años como periodista, investigador y profesor Francesc Xavier Giró Martí (Barcelona, 1955).
A propósito de su reciente visita al país, este reportero le preguntó acerca del concepto periodismo de paz en conflictos que instruyó en la Universidad Autónoma de Barcelona y que expuso en el Foro de Periodismo y Construcción de Paz celebrado en la Ciudad de México.
Conflicto desigual
–¿Qué significa “periodismo de paz”?
El periodismo siempre tiene repercusión sobre la sociedad y los conflictos sociales. El conflicto es la materia prima del periodismo.
De él se revelan cosas que no funcionan en la sociedad y eso permite que avance.
Muchos de esos conflictos no son entre partes iguales y empiezan porque la parte con menos poder está explotada, oprimida, marginada.
Nuestro relato como seres humanos antes que periodistas no es neutral, sino que tendrá repercusión a favor de uno o de los otros. A favor de una solución justa e injusta.
Con esa premisa tenemos una obligación moral o política de trabajar para que ese conflicto se solucione de la forma mas justa posible, y para que vaya hacía allá, que no haya violencia.
Si hay violencia en lugar de discutir de los salarios, de la tierra que nos quitan o de la tala de arboles, lo que vamos a discutir es cómo defendernos de la violencia, atacando al otro o pagando con nuestra vida.
Podemos favorecer que los conflictos no evolucionen hacía un estallido de violencia sino que sigan en la lucha, discutir el problema.
El investigador noruego Johan Galtun, citado en el artículo académico de María Isabel Hernández “El periodismo de paz como paradigma de comunicación para el cambio social” (2012), desarrolló el modelo de estudio “el triangulo de las violencias”.
El modelo identifica tres violencias en los conflictos: la física que causa daños visibles (atentados, asesinatos, agresiones, torturas, etcétera); la estructural que impide satisfacer necesidades básicas (desigualdad, racismo, pobreza, esclavitud, etc.) y la cultural relacionada con aspectos simbólicos como religión, cultura, lengua, arte y ciencias.
Para Giró, citado en el mismo estudio, la aplicación del triangulo en conflictos de distintos países y regiones permitió observar una sobre representación de la violencia directa y una escasa atención a las violencias estructural y cultural.
Toma de partido
–¿En ese sentido podría quedar rebasado el periodista neutral, objetivo?
Son dos falacias, dos creencias falsas. Cuando uno dice ‘Aquí hay tres muertos ‘, no solo está informando el hecho sino el contexto. Aunque no lo escriba hay un contexto de conocimiento.
Es decir ‘Aquí ha pasado esto y no debería haber pasado’. Es una toma de partido.
Cuando hablamos de una vulneración de un derecho humano o un derecho justo, estamos diciendo que ese derecho no se debería haber vulnerado.
El periodismo no es objetivo en la medida en que tomamos partido por una idea, una forma de entender la vida, con los derechos de la gente.
No es neutral, porque tomamos partido a favor de las personas que han visto vulnerado sus derechos.
La filosofía engañosa de la objetividad y la neutralidad tiene dos géneros privilegiados, la noticia y el reportaje.
En la noticia con las seis preguntas (quién, qué, cuándo, dónde, por qué y cómo), el “por qué” implica una explicación más allá de la inmediata.
En el reportaje el esquema canónico del periodismo dice que escucha las fuentes de los dos lados con un trato equilibrado.
Pero no solo tienes que consignar lo que dice uno o el otro, tienes que decir quién miente y quién no, o quién exagera, si son los dos, son los dos. Quién reivindica algo que es justo, implícita o explícitamente.
Sin panfletos
–¿Ese postulado lleva al concepto de periodista transformador? ¿Es consecuencia?
El periodismo es una esfera mas de la vida y no puede rehuir a sus responsabilidades. Tampoco puede esconder la cabeza bajo el ala de la neutralidad y objetividad.
Tenemos que asumir que el periodismo se convierte en un actor en el conflicto. Lo que hace influye y hay que asumirlo en todas sus dimensiones, responsablemente, sin hacer panfletos, sin entregarnos ciegamente a ninguna de las partes.
Estamos en el sentido justo de los conflictos, en contra de las marginaciones, de las opresiones, tenemos que estar ahí.
Es una definición ideológica pero la hace todo mundo. Humildemente reconocemos que la hacemos. Hay gente que no lo hace y es cómplice de la opresión.
Pensar la información
–Hay un campo de trabajo en México por la violación sistemática de los derechos humanos, ¿qué recomienda a los periodistas en estos contextos violentos?
Parte de tu pregunta dice ‘vivimos en un contexto de violación de derechos humanos’. Eso ya implica una posición pero después hay que hacer algo más.
Pensar estratégicamente nuestra información, no somos seres aislados en la sociedad, incidimos en el conflicto y eso va a provocar una reacción.
Cuando denunciamos una vulneración de los derechos también decimos quién lo ha hecho y eso es de facto un ataque a ese grupo o esas personas, a esos intereses, por lo tanto es de esperar que ellos se revuelvan contra nosotros.
No podemos andar denunciando violaciones de derechos humanos sin calcular cuál va a ser la reacción o la repercusión.
Si hemos estudiado bien la situación y prevemos que la publicación de la vulneración de un derecho va a provocar que un pequeño grupo salga a la calle y sea reprimido con una nueva masacre debemos pensar si seguir o esperar.
Esperar el momento para que la protesta sea fuerte y no sea reprimida o que vayamos reuniendo elementos para que nuestra acción de denuncia no caiga en el vacío o en una situación peor.
Tenemos que pensar nuestra política informativa de forma coherente y estratégica para tener los mejores resultados, para luchar contra esa vulneración de derechos.
Foro Periodismo y paz
La entrevista se realizó un día después del Foro Periodismo y Construcción de Paz en México en la capital del país. Xavi Giró aún no sistematizaba los apuntes de los participantes y las charlas con periodistas de regiones.
Aunque lo sabía, dice, acudir al foro le dio una visión más realista de su dimensión.
Plantea que la impunidad de los crímenes de periodistas retroalimenta la existencia de más, pero que ese no es el origen.
La causa está en distintos niveles, en la corrupción que nace del dominio, el abuso de poder donde nace un conflicto.
Tenemos que trabajar periodísticamente sin dejar de denunciar la impunidad, pero armonizando con la lucha por cambiar la sociedad, por transformarla.
Muchos jóvenes acaban en grupos del crimen por necesidad o forzados. Ellos no se plantean grandes teorías, sino plantean ‘de esto puedo vivir y nadie me da otra alternativa’.
La batalla es bestial pero al menos reconozcámosla, no nos engañemos con batallas puntuales y si es larga armémonos de paciencia. Con nuestro trabajo periodístico vayamos reforzando los elementos de la sociedad que empujan esos cambios.
El director del portal Evidencias, Hiram Moreno, ha sufrido en dos ocasiones agresiones físicas, y más de tres veces agresiones y amenazas, y por todas las veces lo ha informado al Mecanismo y a la Defensoría de Oaxaca.
Texto: Diana Manzo /Itsmo Press
Fotografía: Itsmo press 14 de julio de 2022 Salina Cruz, Oaxaca
Frustrado y molesto habla el periodista istmeño, Hiram Moreno, a quién el Mecanismo de Protección para Periodistas y Defensores de Derechos Humanos le quitaron la protección y seguridad física , a pesar de haber denunciado agresiones físicas y amenazas por su actividad reporteril.
Desde su hogar en Salina Cruz, Oaxaca donde ha pensado en dejar su apasionada actividad por el riesgo que corre a su vida, relata que el Mecanismo “todo es apariencia”, y que en realidad no cumplen.
Hiram Moreno relató que cuenta todos los documentos donde el Mecanismo le dictó medidas cautelares desde el 2015, y que consistieron en personal de seguridad, botón de emergencia y también medidas de seguridad para su vivienda y desde el 2019, con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador la junta de gobierno del Mecanismo dictó con base a su análisis de riesgo que ya no requería seguridad privada.
“La junta de gobierno del Mecanismo determinó quitarme la seguridad física, que para mí es primordial, me dejaron únicamente con las medidas del portón metálico, vídeo portero y reja de acero, y eso me deja en la vulnerabilidad”, enfatizó.
Dijo de nada sirve que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emita recomendaciones a instancias federales por la violación a los derechos humanos y la falta de debida diligencia, así como el incumplimiento al deber cuidado en agravio de su colega periodista, Gustavo Sánchez Cabrera, asesinado en junio del 2021, sí el Mecanismo es inoperante.
“El Mecanismo como dependencia lo único que ha hecho bien es gastarse el dinero en foros que no sirven para nada, porque no proponen, únicamente están escuchando lo que ya saben, realmente es una vergüenza”, dijo.
Agregó, qué después de casi seis meses de análisis, el Mecanismo le informó que no podría darle seguridad física , y que habría una coordinación con el gobierno del estado, a lo que el periodista se refiere como algo absurdo y que por supuesto nunca ocurrirá.
“Acá todo es apariencia, simulación, y no lo digo yo, si no lo vemos, cuántos periodistas que tenían protección del estado fueron asesinados, son muchos, y lo peor es que las autoridades siguen siendo omisas e irresponsables”, recalcó.
El pasado 10 de febrero, la noche en que fue asesinado su colega periodista Heber López Vásquez, y después de que la Fiscalía informara de la detención de los dos presuntos responsables del homicidio, Hiram Moreno subió información a su portal, que nuevamente lo pusieron en riesgo, por lo que notificó al Mecanismo y también a la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca.
“Después de qué publique en mi portal que los dos detenidos como presuntos culpables del homicidio de Heber López Vásquez, una camioneta con dos personas llegó a mi casa y tocaron, pero en mi casa hay protección y oprimí el botón de emergencia, eso fue apenas el 10 de febrero, hace 10 días y ahora resulta que el Mecanismo dice que no sabe quién soy, eso es una mentira, me da mucho coraje porque está en juego mi integridad y mi vida”, expresó.
El director del portal Evidencias ha sufrido en dos ocasiones agresiones físicas, y más de tres veces agresiones y amenazas, y por todas las veces lo ha informado al Mecanismo y a la Defensoría de Oaxaca .
Ante el clima de violencia y tensión que asegura cada vez se endurece en la zona por los megaproyectos que pretenden instalarse en el Istmo de Tehuantepec, y por el homicidio de su colega Heber, Hiram Moreno hizo un llamado al Mecanismo a ser funcional, redoblar esfuerzos y de “verdad” proteger, pues en lo que va del año han sido asesinados 12 periodistas en México.
“No podemos seguir permitiendo que el Mecanismo siga actuando de forma arbitraria, esto que me dicen que no saben nada de mi, eso es absurdo, porque de donde voy a sacar yo que tengo botón de emergencia, o donde lo voy a comprar, pues no son papás ni palomitas, es una seguridad para mi vida, y que ahora me desconoce”, concluyó.
Periodistas dialogaron sobre las adversidades que enfrenta el gremio en México en un contexto de violencia e impunidad y acerca posibles alternativas para combatirlas. Y dejaron la pregunta abierta: ¿cómo organizarse, construir redes y acuerdos?
Texto: Kau Sirenio
Fotos: Daliri Oropeza
CIUDAD DE MÉXICO.- En el primer día del foro internacional de periodismo y Construcción de Paz en México sirvió de como una catarsis llena de preguntas acerca del quehacer periodístico. Un diálogo en torno a la vulnerabilidad de periodistas al ejercer su labor, su protección y cómo garantizar la libertad de prensa.
En la reunión a la que acudieron también periodistas desplazados por su trabajo, el coordinador de Programas de acogidas temporales de la Asociación Taula Per Mèxic, Arturo Landeros, destacó que el encuentro -celebrado en el Centro Cultural Bella Época de Fondo de Cultura Económica- se hace en México con el propósito de analizar los avances en el acompañamiento de periodistas desplazados.
Landeros explicó, en entrevista con Pie de Página, que el encuentro servirá para entender el contexto de violencia en que trabajan los periodistas mexicanos:
Vemos avances en el proceso de acompañamiento de los compañeros, comparado a cuando llegan al programa de acogida temporal de Taula Per Mèxic”.
A través de un mensaje vía digital, el representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas Para los Derechos Humanos en México, Guillermo Fernández Maldonado, destacó el incentivo que representa la impunidad para que no se cumplan las leyes y continúen las agresiones hacia periodistas.
El derecho a guardar silencio
Después vendrían las palabras de Daniela Rea, una de las fundadoras de la Red de Periodistas de a Pie e integrante de Pie de Página.
Daniela Rea narró que el proceso del libro La tropa (Random House Mondadori, 2020) del que es coautora, así como el MeToo, condensaron sus dudas, miedos y contradicciones como persona y periodista y pudo articular su derecho a dudar y guardar silencio, más allá de la expectativa que pesa sobre ella en su oficio.
“¿Podemos los periodistas darnos el lujo del silencio, de decir no lo sé? ¿Podemos apelar al silencio cuando nuestro oficio es informar, hablar, lograr, denunciar? ¿Podemos darnos la posibilidad de dudar o tartamudear? ¿Podemos hacerlo sin que sea leído como un gesto de tibieza o de cobardía? ¿Podemos hacerlo cuando en este mundo es urgente plantarse firme y decir ‘no, no, no’… ante tantas violencias contra nuestros compañeros y compañeras?”.
Daniela Rea.
Pero no un silencio mudo, dijo, sino un espacio abierto, como un lugar donde pueden suceder cosas, “un paisaje donde podamos transitar con nuestras contradicciones”.
La periodista propuso hablar desde la incomodidad, la contradicción y la falibilidad que nos habitan como periodistas y desde los términos de las comunidades y su imaginación. Sin intención de domesticar esos relatos para que quepan en el marco de lo nombrable o políticamente correcto.
“Esquivar las disputas polarizantes que buscan imponer una única palabra definitiva”, y pensar la verdad como algo que se encuentra y se va y se vuelve a encontrar.
¿Por qué es tan difícil crear redes de periodistas?
La mesa trabajo Amenazas, agresiones, precariedad e intentos de deslegitimación en el ejercicio periodismo de investigación en México fue coordinada por Miriam Ramírez, becaria del programa de protección en Barcelona y contó con la participación de la directora de Pie de Página, Daniela Pastrana; el coordinador de documentación de Área de Protección de y Defensa de Artículo 19, Pedro Cárdenas; la directora de Comunicación e Información de la Mujer, Cimac, Lucía Lagunes; así como de Clemencia Correa y Jéssica Arellano, de Aluna acompañamiento Psicosocial.
Daniela Pastrana, cofundadora de la Red de Periodistas de a Pie, habló de la precarización y otras condiciones que vulneran al gremio periodístico.
La precarización avanza. Una señal, dijo, es que una década atrás cuando inició la Red, nueve integrantes trabajaban en un medio de los llamados tradicionales y una era freelancer; la proporción ahora es al revés, con sólo una ligada a uno de esos medios.
Pastrana recordó que las personas que ejercen el periodismo enfrentan la impunidad que atraviesa a toda la población mexicana. Pero hay dos condiciones muy particulares de este gremio. Una de ellas es la relación perversa de los dueños de los medios con los distintos poderes (económicos, criminales, gubernamentales). Dueños de medios que paralelamente ejercen otro tipo de poder o tienen acuerdos con sus representantes.
Y así, todo lo que no puede publicar un periodista los pone en vulnerabilidad, destacó.
“No se dan cuenta que están poniendo en enorme vulnerabilidad a sus reporteros y reporteras, que ya después aunque los pongan en la portada de su medio con una esquela cuando los matan pues no ayuda mucho… El chiste es que no lo pusieran en esa vulnerabilidad”.
Daniela Pastrana.
El otro elemento que pone en riesgo al gremio, destacó la periodista, es la falta de organización y tejer redes que permitan luchar contra la vulnerabilidad.
“Tenemos que dejar el tema de la denuncia, estar permanentemente siendo víctimas, sí somos y es muy duro, y sí sigue siendo una situación grave, pero debemos empezar a ver cuál es el camino que vamos hacia delante en este diagnóstico que ya tenemos súper repetido”.
Daniela Pastrana
Pedro Cárdenas de Artículo 19 dijo, destacó el crecimiento constante de las agresiones contra periodistas. “Cada 14 horas una agresión hacia una persona periodista. “Estamos hablando de números francamente escalofriantes que se aúnan al tema de impunidad”
Además, dijo, dos de cada cinco agresiones en contra de periodistas vienen de alguna autoridad del Estado.
En su intervención, Lucía Lagunes de Cimac, remarcó la violencia que se ejerce en contra de las mujeres periodistas y el menosprecio acerca de lo que les sucede.
Lagunes explicó que se trata la violencia contra las mujeres periodistas como si fuera un problema de ellas y no un problema social, de democracia, de libertad de expresión y de justicia.
Es un problema social, político, cultural y de desprotección. ¿Por qué el Mecanismo de Protección tiene apenas el 9 por ciento de mujeres periodistas cuando vemos que en este país hay al menos 23 mujeres periodistas que han sido obligadas a salir de su lugar de origen para salvar la vida y tenemos tres mujeres periodistas exiliadas?”, cuestionó.
«El silencio, el miedo, el exilio son los conflictos que enfrentan los periodistas en México y América Latina», dijo Clemencia Correa, directora de Aluna y acompañamiento psicosocial.
En la sesión de preguntas y respuestas el exbecario de Taula Per Mèxic, Alí Pacheco señaló que la primera agresión a un periodista empieza en la redacción de los periódicos por la precarización laboral. “Cuando negocian las notas y censuran a los reporteros, ahí está la primera agresión”.
Las palabras que cimbraron a los peristas que se reunieron en el Foro Internacional de Periodismo y Construcción de Paz en México fueron las de la locutora Ñomndaa de Xochistlahuaca Marcela de Jesús:
Toqué temas que lastimaron a las autoridades, porque soy defensora de los derechos humanos. Aprendí a hablar para hacer periodismo radiofónico”.
Luego congeló a todos cuando soltó: “Fui la primera mujer locutora de radio del ex Instituto Nacional Indigenista, era locutora de Radio y Televisión de Guerrero cuando intentaron asesinarme hace cinco años, el día de mi cumpleaños. Pero no me callarán porque tengo muchas ganas de regresar al micrófono y a Guerrero”.
El foro continúa este martes. Es organizado por la Asociación Taula Per Mèxic; Ayuntamiento de Barcelona, España; Instituto Catalán Internacional para la Paz (ICIP); SERAPAZ; Cimac; Artículo 19; Aluna acompañamiento psicosocial; la Red de Periodistas de a Pie; así como el Comité de Protección a Periodistas (CPJ) por su siglas en inglés.
El informe “El miedo sigue ahí” retrata la vida de periodistas desplazados por la violencia sociopolítica en México. La crudeza del destierro, pero también las formas en las hemos aprendido a nombrar, reconocer y afrontar nuestros miedos y vulnerabilidades
Texto y foto: Daniela Pastrana / Píe de Página
14 de junio de 2022
Nombrar el miedo. Reconocerlo y afrontarlo. Politizarlo. Socializarlo. Colectivizarlo. Leerlo, sobre todo, desde su intencionalidad, de la estrategia de causar terror para imponer silencio. Aceptarnos vulnerables. Soltar las culpas. Entender que el desplazamiento es el último recurso para aferrarnos a la vida.
Son palabras y son ideas que crecen y se expanden esta tarde de junio en el auditorio del Instituto Goethe, mientras el foro desgrana testimonios descarnados de periodistas que han tenido que enfrentar el dilema que un viejo cacique instauró hace medio siglo en Guerrero como método contra sus opositores: Entierro o destierro.
«El desplazamiento (de un periodista) es una lucha por mantener la palabra, por mantener la familia y por continuar la vida», dice la antropóloga Jessica Arellano López.
Ella es la investigadora y redactora del informe “El miedo sigue ahí. Periodismo crítico en desplazamiento y resistencia”, que presenta la experiencia de cinco periodistas mexicanos que han vivido desplazamiento interno o exilio a causa de la violencia sociopolítica del país.
Auspiciado por la organización alemana Pan para el Mundo y dirigido por Aluna, Acompañamiento Psicosocial, el informe muestra también cómo “poco a poco”, y a partir de la politización del miedo y de reconocerlo como una herramienta de control social, estos cinco periodistas “se han apropiado de su voz, vuelven a escribir y reconstruyen sus proyectos políticos y de vida”.
Pero no es un camino rápido, ni sencillo, ni exento de dolor. Desde el público, Griselda Triana, periodista desplazada de Sinaloa tras el asesinato de su esposo, Javier Valdez, lo confirma:
«Me encanta que por fin las y los periodistas empiezan a hablar del miedo, del terror de trabajar en lugares y contextos violentos. Reconocerlo es un gran paso para poder sanar en todo lo demás. Estoy convencida de que el desplazamiento es la mejor opción cuando uno quiere salvar su vida. Y que ustedes tengan la oportunidad de haberlo hecho es invaluable. Hay quienes decidieron no hacerlo, como Javier (…) Que ustedes puedan estar aquí hablando y que se puedan plantear un nuevo proyecto de vida es esperanzador”.
Aquí puedes ver la presentación completa del informe:
Miedo y afrontamiento
Miedo. Desplazamiento forzado. Periodismo crítico. Son las claves que nos hacen encontrarnos en este foro, dice Arellano, en referencia al título del informe.
El “corazón” del análisis está en el apartado que, a partir en las vivencias de los periodistas entrevistados, narra el proceso que transita un periodista desplazado: de la nostalgia al desarraigo y de ahí a la reconstrucción.
“La violencia, el miedo, los impactos y sus afrontamientos se viven y encarnan de manera distinta en los cuerpos y vidas”, se lee en el informe.
Arellano lo explica así:
«Ser mujer, tener una discapacidad, tener una situación de riesgo (…) Todo va configurando la particularidad de cómo vive el riesgo y cómo afronta el miedo y las amenazas cada periodista. Cada una es también el resultado de sus propias redes, de cariño, afecto, cuidado, pero también sus propias redes políticas”.
Cuenta que hace tres años, en la primera parte de las entrevistas, los periodistas decían que el miedo los había salvado. Sin embargo, durante la investigación descubrieron otros factores: las redes, la familia, su propia fuerza y capacidad de afrontar el desplazamiento.
El miedo sigue ahí. Siempre estará. Quienes cambiaron fueron ellos.
Las negociaciones
Los periodistas, dice Arellano, constantemente están estableciendo negociaciones para poder trabajar.
Ella lo ve “como un campo de batalla” en donde tienen que aprender a negociar con su propio contexto, con su familia, con su vida personal (“hasta dónde está el límite entre lo personal y lo profesional”), con el resto del gremio, con los medios donde trabajan, y también con las amenazas.
“Es como estar haciendo un cálculo perfecto de hasta dónde escribir y hasta dónde ya no, que sí escribir, de qué actor, en qué momento”, dice la investigadora.
El informe también lo destaca:
“Los testimonios presentan un constante hacer entre la búsqueda de justicia social y las negociaciones para mantenerse en vida y en ejercicio profesional”.
En su turno, el abogado español Jesús Peña, representante adjunto en México de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, pone el ojo en la política pública y asegura que “ese capítulo dedicado a las negociaciones es clave para hacer análisis de riesgo”.
El amor a la vida
En todos los casos del informe, irse no fue la primera opción de los periodistas. En todos los casos, fue el último recurso.
“Salir siempre va acompañado de culpa, de humillación, de ‘tener que hacerlo’. Pero en realidad es una lucha por seguir viviendo, es una lucha por mantener la palabra, a la familia y el proyecto de vida”, dice Jessica.
El desplazamiento, como antes la autocensura, también es una forma de afrontar. De decir: “quiero continuar. Y quiero continuar no solo con vida, sino con una vida digna”.
El relato de la periodista Patricia Mayorga, quien tuvo que exiliarse varios años tras el asesinato de Miroslava Breach en Chihuahua, no deja dudas:
«Muchos hemos salido con el duelo en la espalda, por perder amigos, amigas cercanas, porque nos han obligado a huir para vivir. Justo no reconocemos pronto el miedo porque lo que queremos es seguir luchando. Es el gran amor a la vida, que tenemos que permitirnos”.
Politizar las emociones
Julio César Caballero es un periodista originario de Chilapa, Guerrero, que también forma parte de la investigación de Aluna. Su testimonio oculta con humor negro algunas de las tramas más abrumadoras que escuchamos durante la presentación del informe:
“He sido esa persona que escribe de todo, pero nunca habían escrito de mí”, cuenta, al referirse a una entrevista que le hizo el periódico El Sur.
“Me leí con los ojos del que me entrevistó y me di mucha tristeza yo solo (…) No me había dado de lo jodido que estaba (…) Soy una persona que está llena de cosas muertas: amigos asesinados, un lugar al que no puedo volver, una familia a la que no puedo abrazar, un oficio que no puedo ejercer (…) Me quiero ver con otros ojos, porque quiero vivir”.
La politización de los afectos y las emociones es uno de los aportes más relevantes del informe, reflexiona por su parte, María Teresa Juárez, periodista radial y consejera de la Red de Periodistas de a Pie: “Si algo sabemos que mueve el miedo son las emociones y los afectos y nuestros miedos más profundos y al politizarlos nombrarlos le damos una categoría epistémica que merece”.
Pero también habla de uno de los temas que ha enarbolado la organización que ha sido punta de lanza en el fortalecimiento del periodismo mexicano: la resignificación y descentralización de la mirada.
“Hay una identificación muy clara entre este periodismo de elite, que no corre esos riesgos y el periodismo local (…) No todos los periodistas están en estos círculos de poder. Al contrario, hoy muchos periodistas están cubriendo la sierra, entornos muy adversos con altos grados de violencia. Y lo están haciendo sin la validación social y sin una corresponsabilidad de los gobiernos y de las empresas”.
El comunicador, cuyo cuerpo fue encontrado en Culiacán, tuvo que huir de Sinaloa en 2011 tras recibir amenazas. Aunque volvió a su estado, siguió sintiéndose en riesgo y ayer se convirtió en el noveno periodista asesinado en México en 2022.
Texto: Manu Ureste / Animal Político
Fotografía: Internet
6 de mayo de 2022
“Yo soy el que sigue”. Desde hace casi siete años, el periodista sinaloense Luis Enrique Ramírez Ramos, de 59 años, denunciaba que su vida corría peligro por ejercer su profesión.
“Yo siento el peligro inminente de que soy el que sigue, porque hay un patrón en cuatro asesinatos recientes en el que yo encajo”, dijo en noviembre de 2015 en una entrevista con MVS Radio, luego de que en 2011 huyera de Sinaloa tras recibir amenazas y tuviera que refugiarse temporalmente en la Ciudad de México. Ahí, tuvo el apoyo de la organización Artículo 19, pues en aquel entonces no existía el Mecanismo de Protección a Periodistas de la Secretaría de Gobernación (Segob).
Este jueves, la Fiscalía General de Sinaloa confirmó que su cuerpo fue encontrado a las 10:40 de la mañana al borde de una carretera, en mitad de la maleza crecida junto a un taller, próxima a la colonia El Ranchito, al sur de Culiacán. El periodista tenía varios golpes en la cabeza causados con un objeto contundente, que le provocaron la muerte. Días antes, había sido privado de su libertad en una zona cercana a su domicilio en la colonia Los Pinos de Culiacán, según informó el portal Fuentes Fidedignas, del que Ramírez era fundador.
El periodista sinaloense tenía casi 40 años de trayectoria. Además de fundar Fuentes Fidedignas, colaboró con agencias de noticias y medios como El Debate, donde en la actualidad publicaba una columna de opinión. Además, era autor de dos libros, La muela del juicio y La ingobernable, y fue galardonado por su trabajo periodístico en 14 ocasiones, según publicó ayer El Debate.
En la entrevista que dio para MVS Radio en 2015, aseguró que él no escribía sobre “narco”, como tampoco lo hacía Humberto Millán, periodista sinaloense director del medio digital A Discusión, quien también fue asesinado en 2011, el año en que salió huyendo de su estado para refugiarse en la capital mexicana.
“Yo no escribo del narco; yo no hablo ni mal ni bien del narco. Humberto tampoco y mira, no fue suficiente para seguir haciendo su trabajo y, sobre todo, para conservar su vida”, dijo.
“Y es lo que pasa, Humberto Millán y yo solo escribimos de políticos, y ahora resulta que tampoco vamos a escribir de los políticos. ¿Entonces de qué vamos a escribir los comunicadores sinaloenses?”, cuestionaba Ramírez en esa plática con el periodista Luis Cárdenas, en la que sin entrar en detalles señaló al entonces gobernador Mario López Valdez, a quien calificó de “intolerante a la crítica”.
“Hay una situación de riesgo inminente para quienes incomodamos a los políticos. Esa es la situación”, recalcó el comunicador en 2015, casi siete años antes de que fuera encontrado muerto en una carretera de terracería al sur de la capital de su estado.
No estaba en el mecanismo
Leopoldo Maldonado, director de la oficina en México de la organización defensora de la libertad de expresión Artículo 19, explicó en entrevista que, en efecto, en 2011 se brindó protección al periodista sinaloense luego de que recibió amenazas.
“Cuando aún no existía el mecanismo federal de protección, Artículo 19 gestionó su desplazamiento, su salida de Sinaloa, por amenazas que recibió, al parecer, de grupos políticos, como él mismo denunciaría años después en esa entrevista con MVS”, dijo Maldonado.
“Estuvo bajo refugio durante un mes y medio, aproximadamente. Y ahora, 11 años después, nos enteramos de la trágica noticia de su muerte. Exigimos a las autoridades que hagan una investigación a fondo”, añadió.
El diario estadounidense Los Angeles Times hizo eco ayer de la muerte del periodista, en una nota para la que entrevistó a Francisco Chiquete, reportero en Culiacán.
“Luis Enrique era un periodista muy profesional, muy capaz”, dijo Chiquete, que si bien hizo mención de que el periodista había denunciado amenazas en 2015, en la actualidad señaló desconocer si había recibido nuevos ataques.
El Mecanismo de Protección a Periodistas de la Secretaría de Gobernación dijo a Animal Político que Ramírez no formaba parte de esta instancia, a pesar de las amenazas recibidas años atrás.
“El mismo Luis Enrique apuntó en 2015 hacia los políticos. Aunque ahora, a la distancia, habrá que analizar con mucho cuidado si hubo en todo este tiempo nuevos elementos de riesgo, o si hubo agresiones o amenazas más inmediatas”, consideró Leopoldo Maldonado.
“Lo que nos queda claro es que hace 11 años, cuando no existía ningún mecanismo, Luis Enrique logró sobrevivir a las amenazas. Y ahora que existe un mecanismo… pues no vemos que se haya reducido el riesgo para los periodistas”, apuntó el activista. Agregó que, a pesar de que 2022 aún no llega a la mitad, ya se registraron nueve asesinatos de comunicadores en México, mientras que en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador ya van 34 homicidios de periodistas.
“Este último suceso lo que nos confirma es que estamos ante una de las peores espirales de violencia contra la prensa y los medios de comunicación de la que se tenga registro en México”, recalcó el director de Artículo 19.
La tarde de ayer jueves, la fiscal de Sinaloa, Sara Bruna Quiñónez, prometió que la fiscalía no descartará ninguna línea de investigación en el homicidio.
“Se citará a quien sea necesario para las indagatorias, aunque esto represente llamar a actores de la vida política del estado”, aseguró la fiscal.
El lugar más mortífero para la prensa
Ante la creciente espiral de violencia en contra de periodistas y medios, el pasado 10 de marzo el Parlamento Europeo aprobó por mayoría una resolución para pedir al gobierno de López Obrador que garantice la protección y creación de un entorno seguro para comunicadores y defensores de los derechos humanos.
La Eurocámara destacó: “México es, desde hace mucho tiempo, el lugar más peligroso y mortífero para los periodistas fuera de una zona oficial de guerra”.
Este pronunciamiento desató una respuesta del presidente mexicano, quien descalificó a los eurodiputados llamándoles “borregos” que se oponen a su administración.
“Estos señores legisladores europeos, muy conservadores, con mentalidad colonialista, aprueban una resolución condenando al gobierno de México”, criticó el mandatario en la conferencia de prensa matutina del 11 de marzo.
Poco antes de la postura de la Eurocámara, el 23 de febrero pasado, el gobierno de Estados Unidos mostró, a través de Antony Blinken, secretario de Estado, su “preocupación” por las amenazas y agresiones en contra de la prensa en México. Estas mismas declaraciones también fueron descalificadas por el presidente López Obrador, quien dijo que Blinken estaba “mal informado” o actuaba “de mala fe”.
El aumento de la violencia contra la prensa en el último trienio está directamente vinculado a las omisiones de las autoridades, a lo que se suma la denostación de la labor periodística desde la presidencia.
Texto: Dalila Sarabia / Animal Político
Fotografía:
6 de abril de 2022
Si se compara el número de agresiones documentadas contra la prensa en los tres primeros años del gobierno de Enrique Peña Nieto con lo que va del mandato de Andrés Manuel López Obrador, estas han incrementado en 85%. Tan solo en 2021, Artículo 19 documentó 644 ataques contra periodistas, es decir, uno cada 14 horas.
“No nacimos hace tres años. Precisamente por eso, sabemos, a pesar de la negación, que hoy el ejercicio de la libertad de expresión no tiene mejores condiciones que antes del 2018”, afirma la organización en su informe anual 2021 titulado Negación.
“La continua violencia contra la prensa es el resultado de gobiernos ausentes, tanto el actual como los pasados, que han sido incapaces de impedir la violencia, de garantizar medidas de no repetición, de investigar los crímenes contra la libertad de expresión y de reparar el daño, y que, por el contrario, agreden directamente a los medios mediante el estigma, la violencia física y el acoso, entre otros agravios”, subrayan.
De acuerdo con el informe, en lo que va del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, se han registrado 1,945 ataques contra la prensa, entre ellos, el asesinato de 33 periodistas (hasta marzo de 2022) y la desaparición de dos más. Si estos datos se contrastan con los registrados por Artículo 19 durante los primeros tres años del gobierno de Enrique Peña Nieto cuando se documentaron 1,053 agresiones, entre ellos, el asesinato de 16 comunicadores, se advierte un incremento del 85%.
El aumento de la violencia en el último trienio, detalla la organización, está directamente vinculado a las omisiones de las autoridades. “Por un lado, no rechazan la violencia contra la prensa y, por el otro, utilizan el poder público para agredir y censurar”, puntualizan.
Durante 2021 las agresiones más comunes contra la prensa fueron: la intimidación, con 199 casos (30.95%); las amenazas, con 96 ocasiones (14.91%), y el uso ilegítimo del poder público, que ocurrió 64 veces (9.94%). En conjunto, estos tres tipos de ataques representan el 55.8% del total.
Sobre el uso ilegítimo del poder público a través de hostigamientos judiciales, para lo que se puede recurrir a la normativa electoral, civil o penal, es importante señalar que año con año esta forma de violencia contra los periodistas ha tenido un incremento inquietante.
En 2015, por ejemplo, Artículo 19 documentó solo un caso de hostigamiento judicial y un año después se documentaron 13. Para 2019, ya eran 21 casos y en 2020 escalaron a 39 casos.
“En 2021 se documentaron 40, de los cuales 18 fueron demandas en materia electoral, ocho penales, ocho administrativas y seis civiles. Dicho de otra forma, en 2021, se demandó, en promedio, a tres periodistas o medios cada mes por ejercer el derecho a informar”, revela el informe anual.
El presidente López Obrador, continúa el documento, utiliza su conferencia matutina para estigmatizar la labor periodística, lo que ha abonado a que miles de periodistas deban ejercer su labor en un contexto hostil. Incluso, revela Artículo 19, en 2021 –por primera vez– se registraron ataques contra la prensa en las 32 entidades del país. Ningún estado es ajeno a esta situación.
La Ciudad de México con 100 ataques (15.53%); Guerrero con 52 (8.07%); Puebla con 46 (7.14%); Baja California con 44 (6.83%), y Yucatán con 39 (6.06%), son las entidades en donde más agresiones se registraron. En conjunto, estas entidades concentran el 43.63% de los atentados contra la prensa.
El informe detalla, por ejemplo, que en la CDMX los periodistas que más violencia padecen son quienes cubren las acciones de personas funcionarias públicas, sus procesos de transparencia o de corrupción. “Con 33 ataques perpetrados por personas funcionarias civiles y por fuerzas de seguridad civiles, es también la entidad con más agresiones realizadas por autoridades locales”, exponen.
En tanto, en Guerrero –segunda entidad con mayor número de ataques contra la prensa–, el 19.23% de las agresiones fueron cometidas por integrantes del crimen organizado, mientras que 38.46% fueron perpetradas por personas servidoras públicas, lo cual refleja la colusión y las pugnas por el poder en la entidad “que tienen larga data en el marco de una historia cargada de cacicazgos, intervenciones militares, represión y pobreza”.
El comunicador independiente, Bernandino Hernández, lo ha vivido desde 2019 al ser víctima de múltiples agresiones por su ejercicio profesional cubriendo la inseguridad que se vive en Acapulco y en municipios aledaños. De acuerdo con su testimonio, contenido en el informe de Artículo 19, cuando acudió a la policía a reportar homicidios, la respuesta que recibió fue que dejara de hacerlo o que “se atuviera a las consecuencias”.
En 2021 de nueva cuenta fue víctima de agresiones, en esta ocasión, por parte de integrantes de la delincuencia organizada quienes lo forzaron a publicar información sobre las actividades que llevaba a cabo el grupo delincuencial. Denunciar los hechos representó ser víctima de más agresiones.
“Oficiales de la policía me dicen: ‘atente a las consecuencias de lo que estás diciendo’. En los mismos Ministerios Públicos donde hace uno la denuncia, deja su número y tiempo después nos llegan mensajes y amenazas a nuestros teléfonos”, señala Hernández.
Realidades que se niegan
En los últimos años, desde el poder presidencial se ha privilegiado un discurso en contra de la labor periodística en México. Cuando se confronta este actuar con datos, la respuesta del ejecutivo es negar la realidad y estigmatizar.
Esto se hace particularmente en las conferencias matutinas que encabeza a diario el presidente Andrés Manuel López Obrador y que se han convertido en el espacio perfecto para la concentración de la comunicación social, la desinformación oficial y clausura de los mecanismos formales de acceso a la información pública. “Vemos a un Estado muy presente para ejercer la violencia y ausente para lograr la prevención, la protección, la justicia y la reparación anheladas”.
De enero a diciembre de 2021, Artículo 19 registró que por lo menos en 71 ocasiones durante las conferencias matutinas del presidente, el propio López Obrador –u otros integrantes del gabinete– denostaron a la prensa en general y su labor con afirmaciones como “son amarillistas”, “están en contra del gobierno”, “son parte de la mafia del poder”, entre otras.
Se trata de un discurso que ha tenido un efecto cascada en al menos 46 casos en los que tanto actores privados como públicos utilizaron el mismo discurso de la mañanera – como “fifís”, “chayoteros”, “vendidos”– en eventos públicos dentro y fuera de la capital del país. De ellos, 27 tuvieron lugar en Baja California, Sinaloa, Puebla, Guerrero, Aguascalientes, Veracruz y Chihuahua, reveló la organización.
“De este modo, las conferencias de prensa –principal modelo de comunicación social de esta administración– se han consolidado como un mecanismo de difusión de información engañosa, difícilmente verificable o, a veces, simplemente errónea”, advierte Artículo 19.
De hecho,para contrarrestar la crítica y deslegitimar a la prensa, desde el 30 de junio de 2021 el ejecutivo federal institucionalizó la sección semanal “Quién es quién en las mentiras”, espacio encabezado por Ana Elizabeth García Vilchis, directora de Redes de la Coordinación General de Comunicación Social y Vocería de Presidencia.
Esta sesión se inauguró para “corregir” la presunta tergiversación dolosa de medios de comunicación respecto al actuar del gobierno federal; sin embargo, se trata de un espacio en el que se comparte información falsa o engañosa.
En este contexto, y de forma paralela, los ciudadanos, haciendo uso de su derecho a la información pública, se han topado con pared. Información inexistente, declaraciones de incompetencia o la clasificación y reserva de esta se ha convertido en la constante.
“Al inicio de este sexenio se observó un uso combinado de declaratorias de inexistencia y de notoria incompetencia. Sin embargo, en 2020 y 2021 se consolidó la tendencia a privilegiar esta última como principal mecanismo para negar información. El Sistema Nacional de Transparencia permite ver que en la administración pública centralizada hay un incremento de las declaratorias de notoria incompetencia a nivel nacional, la cantidad más alta desde que se tienen datos”, alertó Artículo 19.
De hecho, solo entre mayo y noviembre de 2021 se presentaron 602 denuncias administrativas por incumplimiento a resoluciones del pleno del INAI ante órganos internos de control de instituciones federales.
“Se trata de una administración pública que se niega a ofrecer datos abiertos para no verse sometida a ningún tipo de crítica y escrutinio públicos”, subraya la organización.
Discrecionalidad del gasto en publicidad
En un contexto en el que la polarización y la construcción de verdades “legítimas” e “ilegitimas” es la constante, conocer qué uso se le da a la publicidad oficial resulta de suma importancia, pues aunque es cierto que durante 2021 se mantuvo la tendencia a la baja en este gasto con respecto a administraciones pasadas e incluso al 2020, los procesos a través los cuales se decide la entrega siguen siendo discrecionales.
De acuerdo con cifras preliminares de la pagina de Comunicación Social a nivel federal se ejercieron mil 326 millones 202 mil 915 pesos, es decir, 922 millones menos de lo ejercido en 2020; sin embargo, expone Artículo 19, la concentración del gasto en ciertos medios, la acumulación de su ejercicio al final del año o “gasto decembrino” y los montos privilegiados para algunas instituciones, genera una relación igualmente perversa que el gasto exacerbado.
Durante 2021, la concentración de los recursos se centra en un grupo privilegiado de medios de comunicación y por vez primera, el periódico La Jornada ocupa el primer puesto con poco más de 181 millones de pesos, seguida de Televisa y Televisión Azteca. Estos tres medios representan 33% de la totalidad de los recursos recibidos.
Es importante mencionar que, de acuerdo con la revisión hecha por Artículo 19, del total de los recursos ejercidos en publicidad oficial, casi el 60% se ejerció en el mes de diciembre.
“Es preciso mencionar que en la administración actual ha cambiado el mecanismo de control de los flujos de información con respecto a gobiernos anteriores. En el pasado, el dominio de las líneas editoriales era posible a través de un gasto excesivo en publicidad oficial, lo que generó un panorama de dependencia financiera desde el momento en que podía ser retirada arbitrariamente.
“En la administración actual, en cambio, existe un mecanismo que denominamos de ‘asignación positiva’. En este nuevo modelo hay una reducción excesiva del presupuesto, en el marco de que más bien se premia la alineación con los discursos oficiales. Ejemplo de ello ha sido el evidente discurso oficialista del periódico La Jornada y el hecho de que en los últimos tres años haya estado entre los tres medios que más recursos reciben”, agrega la organización en su informe.
El 31 de enero pasado, el director del medio regional Monitor Michoacán, Armando Linares López, repudió el asesinato de su colaborador Roberto Toledo. Exigió justicia en lo que eran hasta ese mes las instalaciones de su portal, habilitadas como un set de televisión. 43 días después, el 16 de marzo, él también fue asesinado.
Armando fue el octavo periodista asesinado en 2022, a la mitad del sexenio del presidente, Andrés Manuel López Obrador, en cuyo periodo han matado a 33 colegas.
Enero fue un mes letal. Primero fue José Luis Gamboa Arenas, en Veracruz; Margarito Martínez Esquivel y Lourdes Maldonado, en Tijuana, Baja California, luego Roberto, en el municipio de Zitácuaro, Michoacán.
Febrero y marzo completó la cifra oprobiosa. Hebert López, en Oaxaca; Jorge Camero Zazueta, Sonora y Juan Carlos Muñiz, Zacatecas. Todos con armas de fuego. Todos impunes.
Desde el 2000 hasta este marzo, han sido asesinados en México 153 periodistas y 29 desaparecidos por su labor de informar, de acuerdo a la organización defensora de la libertad de expresión Artículo 19.
Fotografía: Oscar Guerrero
En estados al sur como Guerrero, donde ocurrió la desaparición forzada de 43 normalistas de Ayotzinapa, los periodistas sufren desplazamientos masivos; en el Estado de México, uno con altas tasas de feminicidio, secuestraron a una de las periodistas más críticas, Teresa Montaño, mientras que, en el estado del oeste, el efecto Monitor Michoacán ha hecho que cierren sus cortinas otros medios regionales, por mencionar algunos casos.
Antes de ser desaparecido o asesinado, un periodista mexicano padece la precariedad de su profesión— hay medios locales que pagan cuatro mil pesos al mes—, el acecho de políticos que responden con agresiones a las críticas, persecuciones y hostigamiento. Los freelancers la pasan peor, hay meses que no consiguen vender ni una nota o fotografía.
Un periodista no tiene seguro de vida, tampoco capacitaciones constantes de parte de sus empleadores para cumplir con su trabajo, mucho menos en materia de seguridad, aunque lo mismo se mueven en las sierras donde se siembra amapola, en medio de enfrentamientos o en pueblos fantasma donde la gente huyó para conseguir una mejor vida.
Una nota de ocho columnas, le puede costar la vida, como a Javier Valdez, asesinado el 15 de mayo del 2017 o a Miroslava Breach, en marzo de ese mismo año y cuyo caso es de los pocos en donde hay detenidos: Hugo Amed Schultz, exalcalde del municipio de Chínipas, fue condenado a ocho años por participar en su homicidio .
Por poner un ejemplo de la informalidad laboral en la que se hace periodismo en México, en 2020 el director del Instituto Mexicano de Seguridad Social, Zoé Robledo informó que en país 22 mil periodistas no están afiliados a un sistema de seguridad social.
México sigue siendo uno de los países más peligrosos y mortíferos en el mundo para los medios, de acuerdo a Reporteros Sin Fronteras (RSF). Lo ubica en un lejano sitio, el 143 de 180 países evaluados, en su Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa 2021. En Latinoamérica, equiparables violencias viven Venezuela, Colombia y Brasil.
“La colusión de las autoridades y los políticos con el crimen organizado amenaza gravemente la seguridad de los actores de la información y obstaculiza el funcionamiento de la justicia del país a todos los niveles. Cuando los periodistas investigan temas molestos para el gobierno o relacionados con el crimen organizado—especialmente a nivel local—, sufren amenazas e intimidaciones, y pueden ser asesinados a sangre fría”, apunta RSF.
La violencia contra los periodistas en México, en un país con un promedio de hasta 100 asesinatos al día, es un fenómeno más que completa un abanico criminal que incluye feminicidios, desaparición forzada, desplazamientos, asesinatos a defensores de derechos humanos, entre otros. Al igual que la mayoría de casos, los homicidios y desapariciones de periodistas están impunes. El 99.3 por ciento de casos sin resolver, según Artículo 19.
Organizaciones como el Comité de Protección a Periodistas (CPJ) han alertado que este sexenio se perfila como uno de los más violentos para la prensa en México, no sólo por los asesinatos y desapariciones, sino también porque el presidente López Obrador mantiene una confrontación diaria y abierta contra los medios de comunicación y periodistas que considera contrarios a su gobierno.
Su representante en México, Jan-Albert Hoosten, dice que el gobierno de López Obrador debe demostrar voluntad política para resolver los crímenes contra la prensa, hacer claras sus reglas de operación sobre la publicidad oficial y fortalecer el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Secretaría de Gobernación (Segob) que mantiene a mil 455 personas inscritas, en el cual 467 son comunicadores y 988 defensores, hasta abril del año pasado.
El del ex presidente Felipe Calderón (2006-2012) había sido el período más letal para la prensa: 48 asesinatos en esos años que inició la “guerra contra las drogas”, una estrategia que envió a los militares a las calles, supuestamente a pelear contra las bandas criminales, a quienes en ese sexenio les atribuyeron las altas tasas violentas.
Durante el gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018) fueron 47 periodistas asesinados. Aunque con Calderón en cifras sólo fue un colega más, el hostigamiento y agresiones aumentaron año con año. Artículo 19 alertó que hasta 2018 cada 24 horas un periodista era agredido, mientras que con López Obrador la frecuencia escaló: cada 14 horas la organización registró un ataque contra la libertad de expresión hasta 2021.
Artículo 19 registró 507 agresiones a periodistas en 2017; en 2018, fueron 544; en 2019, sumaron 609; en 2020, 692 y en 2021 documentó 644.
Todo esto, en un contexto de violencias traslapadas. El delito de feminicidio aumentó en un máximo histórico. Hasta 2021, de acuerdo a las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) hubo mil cuatro casos de feminicidios, sin dejar de considerar que también las violaciones sexuales y la violencia familiar aumentaron durante la pandemia de COVID-19, en 2020.
Aunque la explicación presidencial refuta que hayan aumentado los delitos como consecuencia de una fallida estrategia de seguridad nacional, aún con el despliegue de elementos de la Guardia Nacional—la corporación militar que suplió en tareas de seguridad a la Policía Federal que operó hasta el sexenio anterior—, al cierre del 2021 el gobierno de López Obrador registró más de 106 mil víctimas de asesinato.
Nuestra única defensa es una pluma
“Exhibir gobiernos, funcionarios y políticos corruptos nos llevó a la muerte de uno de nuestros compañeros… Nosotros no traemos armas, nuestra única defensa es una pluma, una libreta”, fue el mensaje con el que Armando Linares exigió justicia el 31 de enero.
Fotografía: Oscar Guerrero
¿Qué pierde la sociedad cuando se cierra un medio, cuando asesinan a un periodista?
Montitor Michoacán era una voz importante para los ciudanos de ese estado, característico por la cantidad de civiles armados y las estretegias de seguridad que han iniciado, como en diciembre del 2006, cuando Calderón comenzó allí su combate al nacotráfico con el despliegue de 7 mil soldados. Desde el asesinato de Armando Linares, al menos seis portales más pausaron su actividad. Algunos periodistas salieron de ese estado.
Desde el 2 de diciembre del 2021, dos meses antes de que asesinaran a Roberto Toledo, el subdirector del portal Monitor Michoacán, Joel Vera Terrazas, compareció ante la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (Feadle), de la Fiscalía General de la República (FGR) y denunció amenazas de muerte. No fue escuchado.
Este organismo, desde su creación en 2010, sólo ha logrado 149 órdenes de aprehensión y formal prisión para 14 personas de 247 indagatorias iniciadas. De este caso hubo detenciones, de acuerdo a lo que el equipo sabe, pero no por el asesinato de Roberto sino de Armando. También que fueron asesinados dos presutos pistoleros a finales de marzo.
Sólo a Armando Linares el gobierno federal le dio el estatus de periosista, Roberto Toledo fue tratado por el vocero de Presidencia, Jesús Ramírez Cuevas, como un ayudante, demeritando de ese modo su colaboración periodística con Monitor Michoacán, aunque con su nombre firmó investigaciones que señalaban claramente corrupción política.
Leopoldo Maldonado, director de la Oficina para México y Centroamérica de Artículo 19, considera que las características de los reporteros asesinados en 2022 ponen en evidencia la descomposición de los lugares, la corrupción política y cómo es en las regiones más apartadas donde registran el mayor número de casos, además, son los funcionarios, elementos de corporaciones policiacas y servidores públicos, los principales agresores .
Para Balbina Flores, representante de RSF en México, el periodismo local como el que hacía Roberto, es similar a casos como el de Luis Gamboa, asesinado en Veracruz. Reporteros en la calle que tienen sus propios medios, lo cual es más vulnerable, porque están alejados y solos.
“Es el periodismo más frágil y más solitario es el que se hace en los últimos cinco años en México. La impunidad se instala como la práctica más común a dónde las Fiscalías locales no les importa hacer investigaciones profundas y pueden pasar años y años los expedientes allí”, critica.
Un ejemplo de esto: Guerrero, Michoacán y por su puesto Veracruz, el estado más letal para la prensa con 31 asesinatos en los últimos 20 años.
Joel Vera repitió a la Feadle lo que ya habían denunciado en la Fiscalía local de Michoacán, que las amenazas provenían de funcionarios y políticos vinculados al ex gobernador perredista Silvano Aureoles Conejo, uno de ellos encarcelado en 2009. Él y su equipo están exiliados.
Dos homicidios después, con una querella iniciada con folio de investigación 100053/2021, en la que también compareció Armando Linares y reveló los nombres de varios políticos, no hay una sola indagatoria que indique al equipo, si el fiscal general de Michoacán, Adrián López Solís o el alcalde de Zitácuaro, Juan Antonio Ixtláhuac Orihuela, a quienes denunciaron con investigaciones sobre supuestos actos de corrupción, son investigados.
A Roberto Toledo lo sepultaron en Morelos, de donde era originario, había ido a ese estado en busca de oportunidades. “Lo importante era llevarlo donde está su papá, está la familia, es como le digo, lo llevamos para Cuernavaca, triste, porque no es la forma en la que la familia se reúne”, comparte su hijo.
Su hijo exige justicia, se siente vulnerable y le da miedo, como al resto de su familia, todo en torno al asesinato. Quieren que el Mecanismo de Protección a periodistas y todos los protocolos sirvan antes de que alguien denuncie amenazas. Después para qué. “¿Uno qué hace cuando su familiar ya está asesinado?”.
En Michoacán han sido asesinados del 2000 a la fecha 12 compañeros.
Fotografía: Amílcar Juárez
Vivir desplazado
Guerrero es uno de los estados más peligrosos para ser periodista. No sólo por sus insurrecciones, también cuenta con seguridad federal y presenta los más altos índices de violencia histórica. El 2013 fue el más mortífero: tuvo la tasa más alta de homicidio doloso, 69.57 asesinatos por cada 100 mil habitantes. Muy por encima de la media nacional.
Desde 1999 a la fecha han sido asesinados 15 periodistas, el último, el 2 de agosto del 2020, Pablo Morrugares en Iguala. Las amenazas se cumplieron, porque a partir del 26 de septiembre del 2014, el día que fueron desaparecidos 43 normalistas de Ayotzinapa en ese municipio, la tragedia representó un hito para el periodismo local.
Al menos 30 colegas de la zona Norte, una región que colinda con los estados de México y Morelos han tenido que abandonar Iguala por amenazas. La mayoría no está en el Mecanismo de Protección.
Colegas entrevistados al respecto, sin revelar su identidad por seguridad, hicieron una narración de lo que ha pasado en los últimos siete años en Iguala.
Una de las voces explicó que esta violencia se presentó desde 2012. No era tan visible pero ya comenzaban las extorsiones, secuestros, que los criminales se llevaran gente, que la reclutaran para sus actividades, cuando pasó la desaparición masiva del 2014. Fue a partir de que Iguala se convirtió en una gran fosa clandestina cuando la violencia escaló.
Tan sólo en los registros de los colegas locales, de 2014 a 2017 habían encontrado a 300 personas en los cerros. Cuando las organización criminal Guerreros Unidos se fractura por las detenciones que hubo en torno a Ayotzinapa, los colegas empezaron a recibir amenazas.
“Te decían qué publicar, que no. Los de la nota policiaca quedábamos en medio de esos dos grupos, mientras uno te amenazaba con no publicar cierta información, el grupo contrario te amenazaba si no publicabas información”, narra.
Los criminales hicieron grupos de WhatsApp y allí metieron a colegas. Les daban indicaciones.
“Mi incorporación al Mecanismo es desde el 2018, pero mi desplazamiento fuera de Iguala, lo hice por propios medios en 2020, porque el Mecanismo te obliga como opción ser desplazado, pero tiene que ser forzosamente fuera del estado, en mi caso, por la cuestión laboral no podía estar retirado de mi fuente de trabajo”, dice otra voz.
Los compañeros han recibido amenazas personales y a sus familias. Les arrebataron su tranquilidad. El desplazamiento no sólo afecta su economía, también la manera en la que hacían periodismo. Muchos dejaron de publicar noticias referentes a la seguridad. Actualmente en Iguala sólo hay dos colegas que trabajan en la nota roja.
Con el gobierno actual de Evelyn Salgado aumentaron los refuerzos de seguridad en ciudades con índices violentos como Iguala. Participan la Marina, la Guardia Nacional y el Ejército sin que esto garantice a la población estar en paz.
No se escuchan los hechos de violencia en la misma frecuencia que hasta 2018, pero porque ya no hay quien los reporte como tal. Como ejemplo, hace unos días mataron a seis personas sin que nadie diga nada.
“Hay un antes y un después de Ayotzinapa. Lo que evidenció el caso es que hay mucha gente involucrada con el crimen organizado, desde comercios, gente que se dedicaba al cobro de cuotas, a la venta de narcóticos… me llama la atención que a la gente le incomoda, critica mucho las movilizaciones de organizaciones sociales, porque acabaron con la lucha social en la zona”, dice.
La Asociación de Periodistas del Estado de Guerrero (APEG) considera que el gobierno estatal distribuye los recursos públicos de manera discrecional y es el principal agresor, tan sólo en 2017 registraron 32 agresiones en contra de 40 periodistas. El dirigente de esta organización, Jesús Guerrero, considera que los gobiernos de Morena, afines al presidente agreden aún más emulando el discurso golpista del presidente.
A salto de mata: así se hace periodismo en México
Tere Montaño, una reportera con 30 años de experiencia, quien probablemente es la mujer que más ha revisado el ejercicio público en el Estado de México fue secuestrada, ha padecido hostigamiento, amenazas, precariedad laboral, desplazamiento y censura.
En 2016 fue demandada por supuesto «daño moral» por cinco millones de pesos por parte de abogados de un regidor del municipio de Metepec, quien fuera secretario particular del exgobernador César Camacho Quiroz, cuando fungió como dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), instituto político que gobernó por más de 70 años México, por una investigación sobre contratos adjudicados por el gobierno mexiquense a empresas de dicho político.
En esa entidad fueron asesinados Enrique García y Nevith Condés, uno de ellos ocurrido el 17 de junio del año pasado en Metepec y el otro sucedido el 24 de agosto del 2019 en Tejupilco, quienes al igual que Tere hacían un trabajo crítico. Ella ha publicado en varios medios nacionales y extranjeros. En El Heraldo de México la corrieron por presiones del gobierno del Estado de México. No bastó con esa intimidación, fue secuestrada en 2021.
“Durante el secuestro del año pasado, no sólo me privaron de mi libertad durante más de tres horas, saquearon mi tarjeta, se llevaron el contenido completo de un archivo, mi computadora, donde tenía documentos digitales de las últimas investigaciones, mi carro…”.
Ella tiene miedo de que sus secuestradores atenten contra su vida y la de su hijo. Las agresiones contra los periodistas aumentaron, pero también es importante que las autoridades revisen con transversalidad cada caso. Ella tuvo que poner una lonchería para sobrevivir porque no puede mantenerse como periodista, no la contratan.
“Lo que pasa que la amenaza fue hoy mañana o en dos años: regresamos por ti y por tu hijo. Los del Ministerio Público estatal me decían: ah no eso les dicen a todos…Me da miedo porque me quedo sola, con mi hijo, es un joven, pero yo siempre tengo miedo, a qué hora van a venir y se lo llevan”, confiesa.
Ve un panorama complejo para ser mujer, periodista y vivir en estados violentos como el suyo; además, no descarta que esta estrategia contra los periodistas en México venga de la oposición a López Obrador, en cuyo periodo es innegable, se siente con mayor vulnerabilidad.
“Sería espantoso, pero que no lo podemos descartar. Nos llama la atención a quienes hemos sufrido agresiones y por lo que vemos que en esta 4T-gobierno de López Obrador- se hayan incrementado las violencias, los asesinatos, coincide con esta esta guerra política que trae la 4T y la derecha, sería espeluznante que los asesinatos de periodistas formen parte de la estrategia de la derecha, sería horrible que nos estén utilizando”, dice.
El gobierno federal sigue sin clarificar el móvil de los asesinatos de periodistas ocurridos en lo que va del año para saber si estos estaban o no relacionados con su actividad profesional. Sólo reconoce el asesinato de seis comunicadores.
El subsecretario de Seguridad Pública, Ricardo Mejía Berdeja, señaló en el último informe al respecto que hasta el momento hay 16 detenidos por cuatro de los seis homicidios que reconocen: 10 en el caso de Margarito Martínez, tres por el de Lourdes Maldonado, dos por Heber López y uno por Juan Carlos Muñiz.
En la marcha también participaron familiares de la videobloguera de sátira política, Pamela Montenegro. Las mujeres periodistas en México, dijo Alina Navarrete, constatan a diario los múltiples tipos de agresiones, amenazas y riesgos que a lo largo y ancho del país que se ciernen en contra de ellas en el desempeño de su trabajo, del derecho a informar
Texto: Beatriz García
Fotografía: Óscar Guerrero
9 de marzo del 2022
Chilpancingo
Mujeres periodistas de Chilpancingo marcharon en la capital para exigir cese a la violencia y acoso laboral en el marco del 9M, el paro nacional de mujeres, un día sin nosotras.
En el contingente también participaron familiares de la videobloguera, Pamela Montenegro del Real, quien fue asesinada el 5 de febrero del 2018 en Acapulco, exigiendo justicia por el caso que sigue en la impunidad a cuatro años.
“¡Reporteras informando también están luchando!”, “¡Ni una más, ni una más, ni una asesinada más!”, “Libertad, libertad a la prensa, libertad!”, fueron algunas de las consignas que las periodistas lanzaron en el trayecto de la marcha que comenzó en la explanada del Monumento al bicentenario, en la avenida Insurgentes, al norte de la ciudad.
Las reporteras nombraron a las cuatro periodistas asesinadas durante lo que va de la administración del presidente, Andrés Manuel López Obrador: Norma Sarabia Garduza, asesinada en Huamanguillo, Tabasco; María Elena Ferral Hernández, asesinada en Papantla, Veracruz; Mitchell Simón, en Ciudad de México y María de Lourdes Maldonado López, en Tijuana, Baja California.
“Nos queremos vivas e informando”, dijeron las colegas.
En el 2017, las reporteras de Chilpancingo se integraron simbólicamente a la huelga global en defensa de los derechos y la justicia para las mujeres. Desde entonces se pronunciaron al día siguiente, los 9 de marzo, día en el que también se hace el llamado al paro nacional de mujeres.
Sin embargo, es el tercer año consecutivo, en el que además, toman las calles de la ciudad y hace visible la violencia contra ellas.
La marcha siguió por las avenidas Juárez, Ignacio Ramírez y Miguel Alemán, para llegar al Parque Unidos Por Guerrero, para hacer parada en el monumento que las periodistas renombraron como Violetas del Anáhuac, un lugar que ahora simboliza la lucha y la exigencia de las colegas en la entidad.
“Presentamos la noticia procurando una sociedad más igualitaria, y frente una realidad que avasalla los esfuerzos en la defensa y el acceso a la justicia de las mujeres, nos sumamos a las protestas del 8M para reivindicar nuestros derechos”, es parte del pronunciamiento que leyó la reportera, Alina Navarrete Fernández.
Este camino ha permitido a las reporteras comenzar un diálogo sobre las difíciles condiciones a las que se enfrentan y así vincularse con los movimientos de mujeres periodistas en el país, como en el caso de la Red Nacional de Periodistas.
Las mujeres periodistas en México, dijo Alina Navarrete, constatan a diario los múltiples tipos de agresiones, amenazas y riesgos que a lo largo y ancho del país que se ciernen en contra de ellas en el desempeño de su trabajo, del derecho a informar y de ejercer ambos de manera segura, sin riesgo para su integridad, seguridad física, emocional, económica y de sus familias.
Es cada vez más frecuente carecer de un contrato por escrito que establezca la relación laboral con las empresas, las prestaciones sociales son nulas y se trabaja sin acceso a servicios de salud, vivienda, o guarderías y eso también es violencia, de la que poco se habla, enunció la reportera como parte de las violencias que enfrentan las colegas.
Tanto para Alina como para las que participaron en la actividad, según postularon mediate su posicionamiento colectivo: se debe dejar de ver el ejercicio periodístico como sinónimo de precariedad, de penurias y violencia.
No hay justicia para Pamela Montenegro “Nana Pelucas”
La hermana de Pamela Montenegro, Ana Guerra del Real, en su participación, externó las gracias a las colegas que alzaron la voz para exigir justicia por la comunicadora.
Recordó que cuando fue asesinada su hermana, el entonces fiscal Javier Olea Peláez, a hora y media del hecho, dijo que había sucedido por las notas de sátira política que subía a su página web, además de que era parte de un grupo criminal. Es decir, para su hermana, Olea criminalizó y revictimizó a Pamela.
Denunció que a raíz de la exigencia de justicia por su hermana, hombres armados la retuvieron ilegalmente por tres días, posteriormente la abandonaron en un lugar solitario y huyó de Acapulco, además de que la despidieron de su trabajo en el gobierno del estado.
Exigió que el hijo de su hermana sea integrado al Fondo de Apoyo a Periodistas (FAP) del gobierno del estado. Lamentó que este beneficio sí se lo han dado a los familiares de periodistas hombres asesinados, pero no ha sido así con Montenegro del Real.
El mitin culminó con consignas en apoyo a Pamela Montenegro. Las reporteras encendieron luces de bengala moradas y verdes.
Aunque en las últimas semanas se ha presentado información sobre el caso de Lourdes Maldonado, el asesinato de la periodista tijuanense sigue sin esclarecerse; en contraparte, el caso de Margarito, el fotorreportero asesinado un mes atrás, parece estar en el olvido institucional
Texto: Alejandro Ruiz / Pie de Página
Fotografía: María Ruiz
18 de febrero de 2022
Este jueves, durante la conferencia matutina del presidente López Obrador, la secretaria de Seguridad Pública, Rosa Icela Rodríguez, informó sobre los avances en la investigación de los asesinatos de los periodistas Lourdes Maldonado y Margarito Martínez. La información, sin embargo, sigue sin ofrecer claridad sobre el móvil de ambos asesinatos. Asimismo no hay indicios sobre la autoría intelectual de los crímenes.
Este jueves, el subsecretario de seguridad Ricardo Mejía explicó la metodología que llevó a las detenciones de los tres presuntos asesinos de la periodista, quienes hoy se encuentran vinculados a proceso. De igual forma ahondó en otros casos de periodistas asesinados en el país.
Además, afirmó que existe otro sujeto que puede resultar clave para develar la autoría intelectual del crimen.
Ante esto, periodistas de Tijuana han expresado sus dudas respecto a los alcances de las investigaciones que realizan el gobierno federal y las autoridades locales desde el 25 de enero, pues no ha habido una línea de investigación clara para esclarecer los homicidios.
La prioridad gubernamental, señalan, se ha centrado en el caso de Lourdes Maldonado, y no en el de Margarito Martínez. El motivo, intuyen, es el interés que tiene la federación para proteger la imagen del exgobernador Jaime Bonilla, quien tenía un conflicto laboral con la periodista tijuanense.
Federación insiste en no adelantar juicios contra Bonilla
El 26 de marzo de 2019, la periodista Lourdes Maldonado se presentó en la conferencia matutina del presidente López Obrador. Fue a pedir apoyo ante un litigio laboral que sostenía con una empresa del ahora exgobernador de Baja California, Jaime Bonilla. Durante su intervención, Maldonado dijo temer por su vida.
“Vengo aquí a pedir ese apoyo, esa justicia; y lo hago porque se trata de un personaje fuerte en política que no pretende pagarme ni mucho menos”, expresó en aquél entonces. Años después, y unos días antes de su asesinato, Maldonado informó que ganó un juicio laboral contra el exgobernador.
Estos antecedentes hicieron que la opinión pública centrara sus ojos sobre Jaime Bonilla. El contexto lo justificaba y, mínimamente, ameritaba investigar a profundidad esta relación; pues además de esto, la periodista se encontraba bajo el mecanismo estatal de protección a periodistas y defensores de derechos humanos.
Pese a esto, en las investigaciones que coordina una fiscalía especial de Baja California (en coordinación con el gobierno federal), el nombre del exgobernador no ha resonado.
Inclusive, un día después del asesinato de Lourdes, el presidente declaró que, respecto a la probable responsabilidad de Jaime Bonilla, no se hicieran “juicios sumarios, tener confianza en que no se protege a nadie, ya no son los tiempos de antes, ayer lo dije: no somos iguales”.
Este jueves, la titular de la SSP repitió el mensaje:
“No escatimaremos recursos y garantizaremos que no se intente inculpar a personas inocentes, o se intenten construir casos ficticios. Aunque esto pueda llevar más tiempo, trabajaremos sin pausa, con profesionalismo y compromiso. Detendremos a los verdaderos responsables”.
Rosa Icela Rodríguez.
Por su parte, el presidente López Obrador dijo que “no hay nada que apunte a que este asesinato haya tenido vinculación con una diferencia de carácter laboral que tenía la difunta con el gobernador Bonilla”.
Y demandó a los medios de comunicación que no utilizara “estos lamentables hechos con propósito politiqueros”, pues para el presidente, en este caso, “ni siquiera se puede hablar de política”.
No obstante, y aunque los presuntos autores materiales del asesinato de Lourdes ya están bajo proceso, en el caso de Margarito Martínez la justica ha tardado en llegar ya que, desde su muerte, aún no hay información sobre las investigaciones que se realizan para esclarecer su asesinato.
Móvil difuso
Aunque el pasado 9 de febrero la federación dio a conocer la detención de tres sujetos identificados como los presuntos asesinos de Lourdes Maldonado
; hasta el día de hoy el móvil del homicidio no se ha resuelto. Inclusive, la detención de estos hombres, inicialmente, fue por el delito de narcomenudeo, y no por homicidio. Su identificación deviene de la revisión de los videos por parte del cuerpo especial de investigación.
En el caso de Margarito Martínez, no hubo tal “golpe de suerte”.
El 19 de enero, la Fiscalía de Baja California informó la detención de Ángel N., presunto homicida de Margarito. Sin embargo, al igual que con Lourdes, el motivo por el que resguardaron a este sujeto fue por narcomenudeo. Días después, Ángel N. quedó en libertad.
Estas detenciones parecen indicar que en ambos asesinatos estuvo involucrado el crimen organizado. Esto, por la relación que existe entre los sujetos detenidos con el tráfico de drogas. Sin embargo, para algunos reporteros de Tijuana esto no explica nada, pues en la ciudad fronteriza es difícil separar a las organizaciones criminales de cualquier hecho violento; es decir, las problemáticas allá se moldean a partir de esto.
Versión federal
La versión del gobierno federal gira en torno a que, en los dos casos, se presume la participación de grupos delincuenciales. No dicen más, lo que se sabe es mínimo debido a una reserva en la información pública sobre las audiencias (en el caso de Lourdes), o las líneas de investigación (en el caso de Margarito).
Respecto a la opacidad en la información (específicamente en el caso de Lourdes Maldonado), Rosa Icela Rodríguez afirmó que “no se ha hecho una audiencia pública por el riesgo de uno de los testigos, especialmente. Entonces, más adelante se dará a conocer exactamente cuáles fueron las medidas que se tomaron, pero hoy es por el riesgo de un testigo”.
Y añadió que esto “no significa una medida discrecional del Ministerio Público (de Baja California). Nosotros (la Federación) estamos de acuerdo con esa medida”.
Pese a esto, los dos casos tienen similitudes: ambos periodistas se encontraban bajo la protección del mecanismo estatal; así como la forma en que fueron asesinados. Un solo disparo, a la cabeza, en ambos casos.
Asimismo, el asesinato de los dos periodistas ha hecho que la indignación al interior del gremio crezca, por lo que su muerte, así como la de otros periodistas y comunicadores, ha generado una serie de protestas en distintos estados de la república.
El periodista actual debe enfocarse y capacitarse para convertirse en omnicanal. Significa que maneje todos los canales físicos y digitales, con herramientas y lenguaje propio de cada formato, que se pierda esa falsa o vieja idea de que los periodistas somos especializados en radio, televisión o prensa escrita
Texto y fotografías: Luis Daniel Nava
Chilapa
12 de febrero del 2022
El Mecanismo de Protección a Periodistas del gobierno federal es la última fase de un periodista antes de que lo maten. Si en el país se previniera, procurara y aplicara la justicia además de que se garantizara la libertad de prensa, el mecanismo no debería de existir, considera el reportero Marco Antonio Coronel.
En una entrevista al término de un taller que impartió a reporteros en Chilapa, Coronel, un periodista de investigación enfocado en televisión, consideró sobre las zonas silenciadas, donde ya no se permite hacer periodismo, que han escalado.
“Antes se hablaban de zonas silenciadas, hoy de regiones silenciadas, incluso estados silenciados y eso es sumamente grave. Antes estaba muy focalizado en un municipio, dos, pero ahora en municipios que forman regiones.
En lo laboral propone un nuevo modelo de periodístico: el omnicanal. En el surgimiento de fusiones de grandes empresas, como el más reciente entre Televisa y Univisión y en un futuro con emporios como Google, recomienda, el periodista debe capacitarse en el manejo de canales físicos y digitales, así como en el uso del lenguaje de televisión, en línea y redes sociales, cuya fusión concreta el neologismo: omnicanal.
Marco Coronel es periodista de En Punto, el noticiero estelar de Televisa. Cubre temas de seguridad, crimen organizado y justicia, ha sido profesor de la Universidad Iberoamericana.
El curso que impartió se enfocaba en estrategias y formatos para generar contenidos en redes sociales y televisión.
— En la transición de los medios análogos a las redes y plataformas digitales, ¿cuál es el perfil del periodista ahora? ¿Hacía donde vamos?
—Debe enfocarse y capacitarse para convertirse en una especie de periodista omnicanal. Significa que maneje todos los canales físicos y digitales, con herramientas y lenguaje propio de cada formato, que se pierda esa falsa o vieja idea de que los periodistas somos especializados en radio, televisión o prensa escrita. Eso quedó atrás, no sólo por el surgimiento de las redes. Lo que vamos a ver de los nuevos canales es que se van a fusionar con otros grandes medios fusionándose a su vez con emporios gigantes como es Google.
La fusión de medios, refuerza Coronel, obliga a los periodistas a percibirse como omnicanales capaces de manejar canales y lenguaje fusionado a televisión, on line y redes sociales sin perder el foco o la esencia de la historia de una pieza periodística. Es lo que va a demandar el mercado, agrega.
—¿A un periodista con sueldos precarios y altas cargas de trabajo en Guerrero le da para poder manejar diferentes formatos y capacitarse? ¿Dónde queda la calidad de la información?
–El manejo de lenguajes, tecnologías y herramientas no está peleado con la calidad. La concepción de periodista omnicanal genera frustración porque es más trabajo y casi siempre con el mismo sueldo.
Tal vez no lo dimensionamos, pero el conocimiento y la capacitación de un periodista omnicanal le abrirá oportunidades laborales.
—¿La capacitación la deben dar las empresas a sus reporteros?
— Es un reto para el periodista, pero más para los medios de comunicación, los que no capaciten a sus periodistas para este concepto no van a tener resultados positivos, solamente van a tener contenidos y esta idea de tener más presencia sólo para ganar mas clientes o ingresos es una idea errónea.
Se tiene que capacitar al periodista para que sus contenidos se presenten de forma adecuada y tengan mayor impacto, por ende, fidelidad del público, que es lo que va a dar a las empresas y a los periodistas mejores rendimientos e ingresos.
Estados silenciados
Para Marco Antonio Coronel, que ha cubierto temas de narcotráfico en Guerrero y Michoacán, las zonas silenciadas para la prensa se han ampliado hasta llegar a entidades desérticas, donde no se puede hacer periodismo sin que la vida peligre.
“Por ejemplo en Guerrero, la Tierra Caliente es una zona silenciada y esa región abarca el Estado de México y Michoacán. Son zonas cada vez más complicadas de trabajar, con muchos riesgos y al final silenciadas por los grupos criminales”.
En enero de 2018, Marco Antonio Coronel recibió una amenaza de un supuesto grupo criminal luego de la publicación de un reportaje donde policías municipales de Chilpancingo y civiles participan en la desaparición de un joven. Por este hecho el reportero está en el Mecanismo de Protección a Periodistas y Defensores de Derechos Humanos del gobierno federal.
—¿No hay Estado de Derecho en México, el nuevo gobierno de Andrés Manuel López Obrador no está cumpliendo con su promesa de brindar seguridad? ¿Cuál es tu lectura de que las agresiones y asesinatos de periodista en el país no cesan?
—No sólo está cumpliendo, no está entendiendo el problema. Alejandro Encinas (subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación), después del asesinato de Lourdes Maldonado en Tijuana, Baja California, declaró que iba analizar modificaciones para el plan de protección de periodistas y defensores de derechos humanos. Esa declaración lo desnuda a él y al gobierno.
“Si cree que cambiando medidas en este esquema es la solución de los asesinatos, amenazas e intimidaciones a colegas del gremio está totalmente fuera de lugar. Lo desnuda como un ignorante y como parte de un Estado al que no le importa”.
Consideró que modificar lo que para nosotros como periodistas es el último recurso para poder seguir sobreviviendo y ejercer esta labor que es el Mecanismo no cambiará la realidad.
“Es decir, el Mecanismo es la ultima fase antes de que nos maten, el mecanismo en teoría no debería existir”.
Suelta algunos datos, como que el 90 o 95 por ciento de los asesinatos, intimidaciones y amenazas a periodistas están impunes en esta administración y la pasada.
“¿Creen que el Mecanismo va a solucionar un problema que de raíz surge de la no impartición y no procuración de justicia, de la no prevención de los delitos?”, se cuestiona. Dice que el mecanismo no existiría como no existe en otros países donde hay libertad de prensa.
–¿Es un mecanismo de reacción?
“Es un mecanismo de tardía reacción, soy parte del mecanismo como un periodista amenazado en mi caso se atendió oportuna y rápidamente, pero conozco periodistas que llevan años pidiendo esto y que en esa zona de espera es donde mueren”.
Dejar constancia
El periodista recomendó al gremio que trabaja en zonas de riesgo dejar constancia de amenazas, intimidaciones y agresiones en organizaciones de atención a periodistas, si es que no confían en las autoridades.
“El día de mañana que pueda ocurrir un hecho en su contra, que se explique el entorno de la agresión, demostrar que no es un hecho aislado ni súbito, sino que se perpetró poco a poco con mas presión”, dijo.
Además, agregó, antes de realizar una cobertura, los reporteros deben estudiar las condiciones para entrar a una zona de conflicto e investigar los riesgos posibles para tener soluciones.
En caso de un retén, recomienda: “decir quiénes somos, de dónde venimos, para qué se va a entrar” y si incluso se tiene que pedir permiso a los grupos criminales hacerlo para no poner en riesgo la vida.
“Decir yo vengo a esto, pero sino quieres no entro, no hay problema, me retiro. Finalmente son zonas silenciadas porque ellos dominan”.
También pidió formar un canal de comunicación para que una persona externa monitoree al periodista durante una cobertura para conocer sus rutas y tiempo en campo, así como usar herramientas como Google maps para seguir en vivo el trayecto.
“Si notan que es tarde y el periodista está fuera de la ruta que pactó, se prenden los focos rojos y se hacen primeros contactos para una reacción inmediata. Los primeros minutos en una desaparición son momentos importantes”.
Esta página aparece en blanco como acción de protesta y memoria por el asesinato de Heber López Osorio, reportero de la página Noticias Web de Salina Cruz, Oaxaca. Él es el sexto periodista asesinado en México en 2022. Desde Amapola. Periodismo transgresor exigimos justicia y un alto a la violencia contra las y los periodistas en el país.
