«Estancadas las investigaciones contra el Ejército», dice madre de uno de los 43 al iniciar jornada de lucha

Durante el mitin efectuado en la alameda Granados Maldonado ubicada casi en el centro de esta ciudad de Chilpancingo, la madre del normalista acusó que el gobierno federal se ha empeñado en proteger a los elementos del 27 Batallón de Infantería de Iguala.


Texto: Amapola Periodismo

Fotografía: Oscar Guerrero

Chilpancingo

 

Padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa, organizaciones sociales y del magisterio iniciaron una jornada de lucha en protesta porque el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador ha paralizado las investigaciones del caso para proteger al Ejército Mexicano y a funcionarios de la ex tinta Procuraduría General de la República (PGR).

«Desde el 2018 a la fecha se han realizando investigaciones pero de manera parcial y hoy podemos decir que hay un estancamiento en ellas que impide conocer lo sucedido», señaló Hilda Leguideño Vargas madre del estudiante desaparecido Jorge Antonio Tizapa.

Durante el mitin efectuado en la alameda Granados Maldonado ubicada casi en el centro de esta ciudad de Chilpancingo, la madre del normalista acusó que el gobierno federal se ha empeñado en proteger a los elementos del 27 Batallón de Infantería de Iguala.

«Las nuevas indagatorias establecen que las fuerzas armadas están implicadas en distintos niveles de la desaparición de los 43 ya que (el Ejército) realizó un monitoreo desde su salida de la normal de Ayotzinapa, su llegada a Iguala, los momentos de la agresión que sufrían los jóvenes y su desaparición», externó.

La madre del normalista desaparecido afirmó que el 26 de septiembre del 2014, las fuerzas armadas patrullaron (las calles de Iguala) y presenciaron la agresión que sufrían los jóvenes e hicieron contacto con algunos de ellos e inspeccionaron lugares como en los separos de la policía municipal donde probablemente se encontraban detenidos un grupo de estudiantes.

«Además (el Ejército) mantenía un vínculo con el grupo delictivo Guerreros Unidos y algunos mandos del 27 Batallón que estaban en la nómina del grupo delictivo», expresó.

Indica que hay un testigo protegido que asegura que 25 normalistas fueron ingresados al 27 Batallón de Infantería la noche del 26 de septiembre.

«Fueron interrogados (los estudiantes) y algunos asesinados y posteriormente entregados a un grupo delictivo que privó de la vida a todos los estudiantes en cautiverio», expresó.

Hilda Leguideño señala que el Ejército Mexicano posee toda la información y los datos de prueba que permitirían esclarecer los hechos pero se ha negado a proporcionarla pese a que ha sido requerida por las autoridades.

Denunció que tampoco las autoridades han investigado y corroborado la responsabilidad de los elementos del Ejército pertenecientes al 27 Batallón de Infantería de Iguala pese al señalamiento directo de testigos.

La madre del normalista desaparecido dijo que el propio presidente Andrés Manuel López Obrador se ha negado a dar órdenes para Ejército Mexicano entregue la información necesaria.

«Definitivamente los hilos de la investigación que nos puede conducir al conocimiento de la verdad y de los responsables se encuentran en los archivos del Ejército Mexicano», dijo durante el mitin Guadalupe Leguideño.

Los padres de los 43, maestros de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación del Estado de Guerrero (Ceteg), estudiantes de las 16 normales rurales del país, colectivos de familiares de los otros desaparecidos y del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la presa la Parota (Cecop) iniciaron la jornada de lucha 26 de Septiembre no se Olvida.

Los manifestantes arribaron a Chilpancingo a bordo de 20 autobuses e iniciaron una marcha de la estatua Nicolás Bravo hacia la alameda Granados Maldonado.

Las actividades de los padres de los 43 y organizaciones sociales, incluyen marchas en Acapulco, Ciudad de México y un plantón en la autopista del Sol en Chilpancingo.

Durante el mitin aquí en Chilpancingo, Melitón Ortega, vocero de los padres de los 43, condenó que este gobierno de Obrador ni siquiera ha podido extraditar a Tomás Cerón de Lucio, ex jefe de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) que se encuentra refugiado en Israel.

A Cerón de Lucio se le señala de haber presenciado y tolerado la tortura de quienes fueron detenidos por el caso de la desaparición  de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

A petición del gobierno mexicano la Interpol ya lo tiene fichado sin embargo no ha podido ser extraditado pese a que enfrenta varias órdenes de aprehensión en su contra.

Desde el 2018, fecha del arribo de Obrador a la presidencia, se han librado órdenes de aprehensión contra diez ex funcionarios por diversos delitos del caso Ayotzinapa.

Algunos de éstos ya están detenidos.

«Solo se han realizado búsquedas para encontrarlos muertos, pero no los buscan vivos y mucho menos detienen a los verdaderos responsables», dijo uno de los dirigentes de la Normal de Ayotzinapa durante el mitin.

La protesta de los padres y organizaciones sociales concluyó con el himno Venceremos.

 

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El Estado miente y solpa a la fuerzas armadas, denuncian padres de los 43

“Nos queda claro a estas alturas que a siete años y seis meses de la busqueda de nuestros hijos, los poderosos han jugado con nuestras esperanzas, nos han mentido sin contemplación mirándonos a los ojos»


Texto: José Miguel Sánchez
Fotografía:
2 de marzo de 2022
Chilpancingo

Madres y padres de los 43 estudiantes desaparecidos de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinpa denunciaron que el Estado continúa mintiendoles y solapando a las fuerzas armadas.

Mediante un pronunciamiento que hicieron público, las madres y padres de los 43, respecto al tercer informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), donde se dio a conocer la participación de la Secretaría de Marina (Semar), dijeron que las autoridades continúan mintiendo sobre el caso.

«A las Madres y Padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa nos queda claro a estas alturas que a siete años y seis meses de la busqueda de nuestros hijos los poderosos han jugado con nuestras esperanzas, nos han mentido sin contemplación mirándonos a los ojos», se lee en el comunicado.

Tambien dijeron estar preocupados por el actuar del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, que por un lado dice tener la volutad política para aclarar el caso, pero mantenga en la impunidad al secretario de la marina, Rafael Ojeda Durán, quien fue comandante de la Octava Región Naval de Acapulco en el momento que se presentaron los hechos en Iguala.

A pesar de que la investigación del GIEI expuso que todos los niveles de seguridad en la entidad estuvieron monitoreando los hechos la noche del 26 de septiembre.

Denunciaon que la Sedena y la Fiscalía General de la República (FGR) siguen sin abrir todos sus archivos y expedientes de los hechos ocurridos en Iguala y los implicados en las tomas de decisión de aquella noche están fuera del alcance de la Ley.

Reprocharon a la Semar que haya tardado ocho años en entregar los vídeos donde se ve como elementos de esa corporación manipulan la escena del crimen en el basurero de Cocula.

Las madres y padres de los 43 dijeron que van a continuar con las actividades para exigir la aparición con vida de sus hijos.

«El que miente una vez miente varias veces y el gobierno nos ha demostrado que sólo se sirve para sí mismo y no para dar justicia al pueblo», finaliza el comunicado.

Ayotzinapa: José Rafael Ojeda, secretario de Marina con la 4T, era mando naval cuando ocurrió la desaparición de los 43

El actual secretario de la Marina, Rafael Ojeda Durán, estuvo al frente de la comandancia de la Octava Región Naval con sede en Acapulco hasta enero del 2015 y recibió de parte del defenestrado ex gobernador, Ángel Aguirre, diez camionetas para patrullajes del operativo Guerrero Seguro


Texto: Jesús Guerrero

Fotografía: Internet

29 de marzo del 2022

Chilpancingo

 

El almirante José Rafael Ojeda Durán, secretario de la Marina del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, era mando naval en el tiempo que ocurrieron los hechos en Iguala la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre del 2014 cuando fueron desaparecidos los 43 normalistas de Ayotzinapa.

En ese entonces, Ojeda Durán, era comandante de la Octava Región Naval con sede en Acapulco, la base más importante en estado de la Secretaría de Marina.

En el informe que dieron a conocer este lunes los integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) señalaron que un grupo de marinos habrían participado en la manipulación del basurero de Cocula y que en eso se basó el entonces titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Jesús Murillo Karam para sacar su «verdad histórica».

Para Murillo, el destino final de los 43 normalistas fue en el basurero de Cocula en donde según él, fueron incinerados.

Después que los integrantes de los integrantes del GIEI dieron a conocer su informe dijeron que también la Marina habría participado en la manipulación en el basurero de Cocula, el presidente Andrés Manuel López Obrador, aseguró en su conferencia mañanera que se investiga a los marinos y que incluso ya rindieron sus declaraciones.

Dijo que entre los que ya rindieron su declaración está un almirante pero no dio más detalles.

En el informe de los expertos del GIEI mostraron videos entregados por la Secretaría de Marina donde el día del anuncio, que hizo el procurador de la República, Jesús Murillo, de que en ese basurero habían sido incinerados los 43 normalistas, un grupo de marinos sacaron tres bultos de un vehículo, cuyo contenido se desconoce, e hicieron un fuego que luego quedó apagado.

Luego se ve a personas agarrar y tirar cosas en lo más profundo de la hondanada.
La Secretaría de la Marina no explicó a los expertos independientes sobre esa actividad.

El actual secretario de la Marina, Rafael Ojeda Durán, estuvo al frente de la comandancia de la Octava Región Naval con sede en Acapulco hasta enero del 2015 y fue relevado por el también almirante Ángel Enrique Sarmiento quien fue subsecretario de la Marina en el gobierno de Enrique Peña Nieto.

El 16 de octubre del 2013, un año antes de los hechos de Iguala, el entonces gobernador Ángel Aguirre Rivero le entregó diez camionetas a la Octava comandancia que dirigía el almirante Rafael Ojeda Durán.

Las diez camionetas eran para ser utilizadas en los patrullajes de seguridad del operativo Guerrero Seguro.

Cuando Aguirre Rivero, acusado por su omisión de los hechos de Iguala de la noche del 26 de septiembre del 2014, era gobernador de Guerrero eran cotidianas las reuniones que tenía con el almirante Rafael Ojeda Durán.

En el 2018 durante el gobierno del priísta Héctor Astudillo, este le entregó otras cinco camionetas marca Dodge Ram a la Octava Región Naval.

La Subsecretaría de Administración de Control Patrimonial y Vehicular de la Secretaría de Administración y Finanzas del Estado, informa que esas cinco camionetas siguen en poder de la Octava Región Naval.

 

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Acusan padres de los 43 a López Obrador, Marina y Ejército de ocultar información

A partir de este montaje jurídico no se pudo explorar otras líneas de investigación, por lo menos durante cinco años, antes del actual gobierno federal, y no hubo línea de investigación adicional que se pudiera seguir, porque siempre se luchó para desmontar el escenario de la “Verdad Histórica”


Texto: Beatriz García

Fotografía: Tlachinollan

29 de marzo del 2022

Chilpancingo

 

Los padres y madres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa lamentaron que durante los tres años que lleva al frente del gobierno el presidente, Andrés Manuel López Obrador, tanto el Ejército como la Marina incumplieron con dar información sobre la desaparición de sus hijos.

Después de que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) revelara la participación de elementos de la Secretaría de Marina en la construcción de la “Verdad histórica” que anunció el ex procurador, Jesús Murillo Karam, durante el sexenio de Enrique

Peña Nieto, los padres exigieron una nueva investigación a la cadena de mando que ordenó el montaje jurídico que impide conocer la verdad.

El abogado de los padres y madres de los 43, Vidulfo Rosales Sierra, señaló que después de que la llamada “verdad histórica” quedara sepultada, con la presentación del tercer informe del GIEI, lo que prosigue es dar con el paradero de los estudiantes desaparecidos y que pasó ese 26 y 27 de septiembre del 2014.También exigió investigación puntual a los marinos que participaron en esta construcción.

Ayer lunes el grupo de expertos dejaron clara la simulación de las autoridades durante la conferencia informativa que encabezó la entonces Procuraduría General de la República (PGR), ahora Fiscalía, el 27 de octubre del 2014, cuando informaron sobre la verdad histórica que indicaba que la mayoría de los 43 estudiantes habían sido incinerados en el basurero de Cocula, un municipio contiguo a Iguala, donde ocurrieron los hechos.

Después de las investigaciones siguieron con manipulación de pruebas, falsificación de documentos y fue evidente participación de efectivos de la Marina, sobre esta última intervención, los expertos mostraron un video.

Este martes, los familiares de los estudiantes desaparecidos dieron una conferencia de prensa en las instalaciones del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, en la Ciudad de México, para a dar a conocer su postura respecto al informe, que un día anterior adelantaron que lo hacían suyo.

El abogado de los 43 sostuvo que hay indignación por todo este proceso de investigación “turbio”, que no contribuye al esclarecimiento de la verdad, y que queda claro que hubo manipulación de la escena del basurero de Cocula, donde se supone incineraron a los normalistas –versión que se echó abajo con las nuevas investigaciones del GIEI-.

Para el abogado, esta manipulación que encontró el GIEI, tuvo como objetivo ensuciar el proceso de investigación y ocultar la verdad. A partir de este montaje jurídico no se pudo explorar otras líneas de investigación, por lo menos durante cinco años, antes del actual gobierno federal, y no hubo línea de investigación adicional que se pudiera seguir, porque siempre se luchó para desmontar el escenario de la “verdad histórica”.

El abogado se preguntó cuál es el motivo y las razones para que las fuerzas castrenses negaran información, primero durante el gobierno pasado encabezado por Enrique Peña Nieto, y en este gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador siguieron la misma ruta.

El 3 de diciembre del 2018 López Obrador junto con otro funcionarios federales, entre ellos el secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval González y el secretario de la Marina, José Rafael Ojeda Durán firmaron el Decreto Presidencial para el Acceso a la Verdad del caso Ayotzinapa, donde se comprometían todas las autoridades a colaborar en el marco de su competencia en las investigaciones.

Pero no pasó nada, siguieron negado información agregó Rosales Sierra.

“El ministerio público hoy en día está teniendo dificultades para dar cauce jurídico a la información que tuvimos ayer del GIEI, porque una cosa es que se le entregue al GIEI otra es que se haga la diligencia concreta para fincar responsabilidad, ahí en las diligencias está habiendo reticencias del Ejército mexicano, las fuerzas armadas, para coadyuvar con la investigación”, lamentó el defensor.

Al principio, los padres y madres, y el abogado, confiaron en las fuerzas armadas, incluso acudieron al Batallón 27 de Infantería en Iguala y les permitieron la entrada, pero no encontraron nada, y otras veces más se reunieron con militares. Ahora dan cuenta de “una actuación sucia de las fuerzas armadas que nada contribuye al esclarecimiento de los hechos”, dijo el abogado.

Mario González, padre de César Emmanuel González Hernández, dijo que junto con sus compañeros están “encabronados”, porque pasaron tres años y el decreto presidencial

del que habló el presidente no se cumplió, porque no se entregó información en su momento y eso retrasa la investigación para dar con sus hijos.

“Como no estar enojados si no sabemos de nuestros hijos y no estoy hablando de las instituciones pasadas, hablo de estos mandos que prometieron llegar a la verdad, que jugaron con nosotros, que lo único que querían era la fotografía, que es lo que está pasando ¿por qué la manipulación tan cruel que se ve en el video, señor presidente?”, reclamó el padre de César Emmanuel.

Clemente Rodríguez Moreno, padre de Christian Rodríguez Telumbre de quien fue hallado un resto óseo, reprochó que en este país los pobres no tienen justicia, que esta se vende al

mejor postor y ahora confirman que tenían motivos para señalar a las fuerzas armadas en México y que estaban involucrados en la desaparición de sus hijos.

Emiliano Navarrete, padre de José Ángel Navarrete, exigió que las investigaciones sigan su curso, que lleguen a actores políticos como al ex presidente Peña, porque le da coraje que en las instituciones del gobierno federal se sigue guardando información, qué seguramente tienen más.

“No vamos a rendirnos hasta saber la verdad, ellos son los que se robaron la juventud de los 43”, sentenció.

Cristina Bautista, madre de Benjamín Ascencio Bautista, demandó al presidente de la República una reunión con sus compañeros de lucha y él, porque desde el año pasado fue la última vez que los recibió, porque tienen muchas cosas de que hablar después del informe del GIEI, porque además se debe abrir una carpeta de investigación hacia el Ejército porque hay obstáculos que impiden alcanzar la verdad.

Los padres, madres y defensores de derechos humanos al unísono hicieron pase de lista de los 43 y gritaron “¡Justicia” y “¡Fue el estado!”.

 

Se investiga a la Marina por caso Ayotzinapa, asegura AMLO

Texto: José Miguel Sánchez

Fotografía: José Luis de la Cruz / Archivo

29 de marzo de 2022

Chilpancingo 

El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, dijo en su conferencia matutina de este martes, que un almirante de la Secretaría de Marina y otros elementos ya declararon ante la Fiscalía General de la República (FGR) por el caso Ayotzinapa.

En el informe que dio el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) señala que la Marina manipuló las evidencias en el basurero de Cocula en donde según la entonces PGR, fueron incinerados los 43 normalistas de Ayotzinapa después que fueron desaparecidos en Iguala la noche y madrugada del 26 y 27 de septiembre del 2014.

Esto, luego que ayer el GIEI reveló en su tercer informe sobre los estudiantes grabaciones en video donde se aprecia a elementos de la Marina alterando el lugar donde después se hallaron restos de los jóvenes.

El presidente explicó que el GIEI le mostró la nueva evidencia a la par que se pidió que fueran indagados los jefes de la Marina y a un almirante, de los cuales no se dieron mayores detalles.

“Yo ya vi esos videos y los que participaron alterando pruebas ya declararon a la FGR, sobre todo un almirante de la Marina, que fue el que estuvo a cargo”, dijo López Obrador.

El presidente se negó a dar más detalles, según él, porque la investigación continua en curso.

El día de ayer el GIEI presentó su tercer informe sobre el caso Ayotzinapa, y señaló que un mes después de la desaparición de los estudiantes, el 26 y 27 de septiembre de 2014, los elementos de la Marina, acudieron en dos vehículos oficiales al basurero de Cocula, lugar donde según la entonces PGR fueron asesinados e incinerados los normalistas, y manipularon bultos blancos, de los que se desconoce su contenido, y encendieron una hoguera.

El informe presentado este lunes por integrantes del GIEI en donde estuvieron presentes los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos, se informó que antes de los sucesos del 26 de septiembre del 2014 el Ejército México infiltró a dos de sus elementos en la escuela normal como infiltrados para que recabaran información se supone que de las actividades que los estudiantes realizaban.

Uno de los infiltrados era un normalistas de primer año que desapareció junto con los otros 42 estudiantes la noche del 26.

A las once de la mañana los padres darán una conferencia de prensa en la Ciudad de México.

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GIEI: participa la Marina en la manipulación de la investigación de Ayotzinapa

“Significa simulación en el momento de los hechos de ocurrencia de la desaparición de los 43, en el momento de la iniciación de la investigación por todas las autoridades en octubre del 2014, y en el momento en que se inicia la investigación de la PGR”


Texto: Beatriz García

Fotografía: Tlachinollan 

28 de marzo del 2022

Chilpancingo

 

Integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) revelaron un nuevo video que evidencia que efectivos de la Secretaría de Marina participaron en la manipulación de pruebas en el basurero de Cocula, que sustentó “la verdad histórica” sobre la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.

Este lunes los integrantes del GIEI dieron a conocer su tercer informe sobre la investigación del caso Ayotzinapa, como parte de la recomendación: MC/409/14 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

El GIEI es un mecanismo de la CIDH con autonomía e independencia de gestión para coadyuvar en los hechos bajo los más altos estándares internacionales de derechos humanos.

La integrante de este organismo internacional, Claudia Paz y Paz expuso que hay información falsa que se ha ocultado al GIEI; por ejemplo, que el Ejército controlaba el Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo (C4), que hubo investigaciones paralelas también por autoridades militares a las que todavía no han tenido acceso, como la de que algunos integrantes del 27 Batallón con sede en Iguala acudieron barandilla de la policía municipal confirmándose que de ese lugar fueron sustraídos los estudiantes.

En su intervención, Ángela Buitrago, otra de las expertas del GIEI, expuso que, en este tercer informe en el capítulo de simulación, tiene tres momentos dentro de este recorrido histórico.

“Significa simulación en el momento de los hechos de ocurrencia de la desaparición de los 43, en el momento de la iniciación de la investigación por todas las autoridades en octubre del 2014, y en el momento en que se inicia la investigación de la PGR”, dijo.

También, que las autoridades omitieron y cambiaron información para ocultar lo que sabían, para simular que no conocían el paradero de los estudiantes, que no conocían de la detención y desaparición y que desconocían sobre la violencia en Guerrero, principalmente en Iguala.

Sobre las actividades de investigación que inician en octubre 2014, dijo, el primer ejemplo de simulación, es la decisión de captura de personas como posibles responsables y a partir de esas detenciones se elabora una versión de los hechos, donde la verdad se perdió, pero que se está en tiempo para recuperarla. El derecho de la no repetición se negó y la reparación será compleja.

En este segundo momento que menciona la experta, hay aspectos que se tienen que recordar en la investigación, la que inició a partir del 27 de septiembre, de manera tardía, en la zona local de Guerrero y después atraída por la entonces Procuraduría General de la República.

Afirmó que parte de esas simulaciones fueron las construcciones de llamadas ficticias creadas por funcionarios.

Informó que también se encontró que hay simulaciones en las fechas de captura de los detenidos, en los lugares y en las formas en que estas se llevaron a cabo.

En el tercer momento que señalaron los expertos, Ángela Buitrago comentó que las tarjetas informativas de las policías de todos los niveles y las bitácoras eran falsas, incluso se cambiaron las placas de las patrullas que participaron en los hechos.

“Actas de la diligencia de la PGR que son completamente falsas que por esta razón se iniciaron las judicializaciones contra los Agentes del Ministerio Público y las personas que firmaron esas actas”, destacó la experta durante el informe en donde estuvieron los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

El mayor caso de simulación de la investigación ocurre a partir de octubre y noviembre del 2015 que derivó en actos de tortura, contra los presuntos responsables, las reconstrucciones de los hechos y obtención de información que perjudicó ampliamente la investigación, añadió.

Mencionó que otro acto de simulación fue el basurero de Cocula que se estableció como el destino final de los 43 normalistas de Ayotzinapa muriendo incinerados.

La experta señaló que existen documentos oficiales que antes del 26 de octubre del 2014-un mes después de la desaparición de los 43- el Ejército visitó el basurero de Cocula y no encontró nada, pero posterior al 27 de octubre este lugar se transformó y se reporta el hallazgo de restos.

Dijo que en esa diligencia cerca de 40 personas recorrieron el basurero desde las 6:30 de la mañana a las 11 de la mañana.

Sin embargo, dicha información que se recobró ahora y que se desconoció por casi siete años, no fue entregada a los elementos de peritos del Equipo de Antropología Forense (EAF) cuando entran a hacer la verificación del basurero de Cocula.

Otra de las irregularidades de estas indagaciones es de que en el acta ministerial del río San Juan, en donde halló un fragmento del estudiante Alexander Mora, es falsa porque la Agente del Ministerio Público Federal (AMPF) que la firma no estuvo en el lugar ni tampoco presenció hechos que llevo a la judicialización.

Durante la presentación del informe, Ángela Buitrago expuso varios videos tomados por un drone de La Marina el 27 de octubre del 2014 sobre el basurero de Cocula y el Río San Juan.

El 12 de noviembre del 2021, el GIEI, tuvo acceso a los archivos de la Marina, como lo solicitaron en reiteradas ocasiones, con esto los expertos obtuvieron documentos confidenciales, archivados como secretos, que hacen referencia a algunas actuaciones de la Marina, especialmente los días 26 y 27 de octubre del 2014, en el basurero de Cocula y en el río San Juan.

“El GIEI encontró y analizó especialmente un video del día 27 de octubre del 2014 en el que se recogen actividades realizadas por la Marina hasta ahora desconocidas, y que no constan en ninguna parte del expediente de investigación de la PGR”, dice el informe del GIEI.

Los peritos concluyeron que un grupo de alrededor de 12 personas, presumiblemente elementos de la Secretaría de Marina, participaron al menos de 6:39 de la mañana hasta la llegada de la comitiva del entonces procurador Jesús Murillo Karam, en una acción de la que no existe registro alguno, información previa ni constancia de su realización en la averiguación e investigación del basurero de Cocula.

Los elementos de la Marina manipularon tres “bultos” que sacan de dos camionetas, en la parte alta del basurero. Posteriormente un grupo de elementos de la Marina descienden al fondo de la hondonada del basurero, mientras encienden fuego, en el inicio de la pendiente.

Poco después esos bultos desaparecieron. Mientras tanto un grupo de marinos deambula por la zona baja de la hondonada del basurero, en la zona donde se señaló posteriormente que se habría dado la hoguera y quema de los estudiantes, según la versión oficial, indica el informe presentado este lunes por los expertos del GIEI.

 

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Condenan activistas y padres de los 43 respuesta policiaca contra protesta de normalisas de Ayotzinapa

Eloy Cisneros opina que se inhibe la lucha social ante el cerco policiaco de la caseta de Palo Blanco, mientras que Tlachinollan y padres de los 43 lamentaron que el Estado en lugar de darles respuestas reprima al movimiento


 

Texto: Jesús Guerrero y José Miguel Sánchez

Fotografía: Óscar Guerrero y Amílcar Juárez

05 de febrero del 2022

Chilpancingo

 

Madres y padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa condenaron el cerco policiaco impuesto por la Guardia Nacional y la policía del estado sobre la Autopista del Sol, que dejó un saldo de varios estudiantes y policías heridos.

Mediante un comunicado, respaldado también por el Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, informaron que el objeto de manifestarse fue para exigir la presentación con vida de los 43 estudiantes y denunciar la falta de avances en las investigaciones; sin embargo, en respuesta, más de 800 policías los encapsularon coartando su derecho a la libertad de expresión, asociación y reunión.

Los padres de familian narraron que ayer, durante la confrontación con los elementos de seguridad, “los estudiantes optaron por retirarse a su escuela, pero un mando de la Policía Estatal de manera innecesaria ordenó impedir el avance de los últimos autobuses, razón por cual los jóvenes intentaron abrir paso para que los vehículos avanzaran, pero fueron rechazados violentamente con gases lacrimógenas que lanzó la Policía Estatal”.

En el caso de la Normal Rural de Ayotzinapa, hay cinco estudiantes que fueron detenidos y luego liberados, y dos más heridos que recibieron atención médica en un hospital de Tixtla.

En la opinión del movimiento, era totalmente innecesario emprender acciones de encapsulamiento y choque contra los estudiantes dado que estos ya se retiraban a su escuela evitando entrar en confrontación con las fuerzas policiales, pero en una acción injustificada e innecesaria.

“La Policía del Estado inició acciones de hostilidad y represión contra los jóvenes lo que implica un uso desproporcionado de la fuerza que viola los estándares internacionales de derechos humanos”, ponderaron las madres y padres de los 43 estudiantes desaparecidos.

Respaldados por Tlachinollan, que también exigió al gobierno de Salgado Pineda alto a la represión, las madres y padres consideraron que: «se privilegia el uso de la fuerza del estado contra los que se movilizan por verdad y justicia, pero se deja que los grupos de la delincuencia organizada ejerzan un autogobierno e impongan sus reglas en varios territorios del estado de Guerrero, donde nada hace para contener el saldo de violencia y muerte que dejan a su paso”.

Condena luchador social acciones policiacas contra Ayotzinapa

El luchador social Eloy Cisneros Guillén se pronunció contra las acciones de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda de permitir que la Guardia Nacional y la Policía Estatal impidan que madres y padres de los 43 desaparecidos de la Normal de Ayotzinapa se manifiesten en las casetas de cobro de la Autopista del Sol.

“Yo difiero de las acciones que realiza la Policía Estatal y el ejército disfrazado de Guardia Nacional en las casetas de cobro, ya que inhiben la lucha social, que lo único que quieren es saber de sus familiares”, comentó después de presentar su libro “Rimas y calaveritas”, en el auditorio de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN).

Estas declaraciones las da después que Salgado Pineda dijo en un acto público que los cercos policiacos instalados en las casetas son para impedir actos de vandalismo.

Cisneros Guillen presentó su libro de poesía titulado Rimas y Calaveritas donde narra la persecución que sufrió de parte del Estado mexicano en la década de los setenta.

En el evento estuvo presente la secretaria de la cultura, Aida Martínez Rebolledo, quien dijo ir en representación de Salgado Pineda e hizo referencia al contenido del libro, dijo que las historias de persecución que se narran ya no se repetirán, “Quiero decirles que este no es un gobierno represor, ahora ponderamos la justicia social”, mencionó.

Mientras Martínez Rebolledo dirigió sus palabras al público que asistió a la presentación del libro, en la caseta de Palo Blanco de la Autopista del Sol normalistas de Ayotzinapa se confrontaron con elementos de la Policía Estatal y Guardia Nacional.

Cisneros Guillen defendió a los padres de los 43 normalistas desaparecidos y dijo que la lucha que ellos emprenden todos los días por saber de sus familiares es una lucha justa y sentida por miles de personas.

Dijo comprender el sentimiento de tener un amigo y familiar desaparecido, ya que él vivió en carne propia la desaparición.

“En mi caso estuve desaparecido nueve días los cuales fueron una tortura generalizada para mi familia, ¿Qué será de los padres de los 43 que tienen más de siete años sin saber de sus hijos?, ellos viven una tortura psicológica”.

Hizo un llamado a las autoridades estatales a no usar las fuerzas policiacas ni militares para reprimir la lucha social y recomendó usar siempre el diálogo antes de usar la fuerza pública.

“La gente no hace plantones, bloquea calles, ni toma casetas por gusto, lo hacen porque tienen un problema, yo propondría abrir espacios para que la gente se exprese”, dijo.

El luchador social, Eloy Cisneros Guillén, durante la presentación de su libro Rimas y Calaveritas, en el auditorio de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN) en Chilpancingo. Foto: Amílcar Juárez

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