El abogado de las madres y padres de los 43 normalistas desaparecidos en Iguala hace casi ocho años, Vidulfo Rosales Sierra, declaró que se preveía la absolución del ex alcalde perredista, José Luis Abarca Velázquez, porque las pruebas que presentó la entonces PGR por el delito de secuestro eran débiles de manera premeditada.
«Fueron pruebas sustentadas en ilícitos que le hicieron al ex alcalde», dijo Rosales Sierra.
Dijo que esta investigación a Abarca que hizo el gobierno anterior de Enrique Peña Nieto fue parte de la «verdad histórica» que maquinó el ex titular de la PGR, Jesús Murillo Karam, quien actualmente está en prisión.
«Era obvio que el derrotero y la conclusión de esa investigación iba a derivar en una sentencia absolutoria porque hay una debilidad probatoria, porque esa investigación tiene datos de prueba que fueron extraídos de forma ilícita”, explicó el abogado.
El abogado mencionó que el ex alcalde de Iguala preso en el penal del Altiplano enfrenta otras causas penales una de ellas tiene que ver con la desaparición forzada de los normalistas.
Según Rosales Sierra, la nueva investigación que realiza la Comisión de la Verdad del caso Ayotzinapa cuanta con datos de prueba contra Abarca que permiten establecer su responsabilidad en la desaparición de los normalistas el 26 y 27 de septiembre del 2014.
Aseguró que el ex edil perredista de Iguala ya enfrenta órdenes de aprehensión por su probable responsabilidad en estos hechos y que existen pruebas de que él dio órdenes esa noche (el 26 de septiembre).
«Para nosotros es claro que él tiene responsabilidad», externó Rosales Sierra.
Este martes, el juez federal de Tamaulipas, Samuel Ventura, absolvió del delito de secuestro en agravio de los normalistas de Ayotzinapa a Abarca Velázquez sin embargo sigue en prisión porque enfrenta otros procesos penales, uno de ellos por el del homicidio calificado en agravio del dirigente social Arturo Hernández Cardona, en mayo del 2013, un año y meses antes de los sucesos de Ayotzinapa.
Estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, incendiaron la entrada principal del 27 Batallón de Infantería, ubicado en la ciudad de Iguala, después de un acto político donde estuvieron madres y padres de los 43 estudiantes desaparecidos.
En el mitin, las madres y padres de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa exigieron al gobierno federal investigar al Ejército por sus implicaciones en la desaparición de sus hijos y dijeron que ni el informe de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa ni la detención del ex procurador Jesús Murillo Karam detendrá la exigencia de aparición con vida de los estudiantes desaparecidos en Iguala.
“piensan que con la detención de Murillo Karam estaremos ya en nuestras casas pero no, hasta no tener una justicia verdadera no nos vamos a detener”, dijo Joaquina García, madre del normalista desaparecido Martín Getzemany Sánchez García.
Madres y padres de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa durante la protesta de hoy afuera del 27 Batallón de Infantería en la ciudad de Iguala, Guerrero. Fotografía: Tlachinollan
Después del breve acto político afuera del 27 Batallón de Infantería, los estudiantes de Ayotzinapa comenzaron a lanzar piedras y petardos al interior del Batallón, posteriormente colocaron varios colchones rociados de gasolina en la fachada principal, a los que le prendieron fuego.
El acceso principal al Batallón estaba cercado con vallas y alambre de púas, además del paso vehicular bloqueado por una coladera sin tapa.
Los obstáculos no fueron impedimento para los normalistas, quienes lograron derribar el cerco y estamparon un camión repartidor de embutidos con el que lograron abrir la puerta principal del Batallón, posteriormente, el camión fue incendiado y permaneció en llamas un par de minutos.
El asesor legal de las madres y padres de los 43 estudiantes desaparecidos, Vidulfo Rosales Sierra, dijo que de acuerdo con el reciente informe presentado por la Comisión de la Verdad el Ejército fue un de los que participó en la desaparición de los jóvenes normalistas.
“En el informe señalaron a un coronel de este 27 Batallón de ordenar el asesinato de tres estudiantes, además de que otros 25 fueron ingresados a estas instalaciones antes de desaparecer”, mencionó Rosales Sierra.
Después de incendiar la entrada y la fachada principal, los normalistas se retiraron del lugar.
Esta serie de movilizaciones que madres y padres de los 43 realizan, junto con estudiantes normalistas de todo el país y organizaciones sociales, son en el marco del octavo aniversario de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos en la ciudad de Iguala, el 26 de septiembre del 2014, por integrantes del Ejército, policía federal y policías municipales que operaron coludidos con Guerreros Unidos, el grupo criminal que opera en la región en colusión con grupos económicos y políticos.
Clemente Rodríguez, padre Christian Alfonso Rodríguez Telumbre uno de los 43 normalistas desaparecidos, lanza piedras a la entrada principal del 27 Batallón de Infantería en Iguala, Guerrero. Fotografía: EspecialNormalistas de Ayotzinapa en la entrada principal del 27 Batallón de Infantería en Iguala durante un protesta para exigir la aparición con vida de sus 43 compañeros desaparecidos. Fotografía: Especial
Estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, lanzaron piedras, petardos y estamparon un camión repartidor de refrescos en la entrada principal de la 35 Zona Militar, en Chilpancingo.
Como parte de la jornada de lucha rumbo al octavo aniversario de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, en la ciudad de Iguala, los estudiantes realizaron un acto político en la entrada principal de la 35 Zona Militar donde exigieron justicia por sus compañeros.
Los estudiantes llegaron a las 12 del día a la Zona Militar en 10 autobuses donde al concluir el acto político realizaron pintas y lanzaron petardos dentro de la Zona Militar.
Se escucharon al menos 10 detonaciones acompañadas del humo generado por los petardos y las bombas molotov.
Por último, los estudiantes estamparon un camión repartidor de refrescos contra la puerta principal de la Zona Militar y lograron derribar la puerta.
El camión repartidor quedó a la mitad de la puerta, los estudiantes sin ingresar, colocaron tres petardos lo que generó una explosión.
El medallón del camión voló cerca de los reporteros que cubrían el hecho.
Después de gritar consignas y realizar su pase de lista los estudiantes se reiteraron del lugar con rumbo a la Normal ubicada en Tixtla sin realizar otra actividad.
Madres y padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa exigieron al presidente Andrés Manuel López Obrador acceso real a la verdad y castigo a los responsables de la desaparición de sus hijos.
En un mitin en la Autopista del Sol, las madres y padres de los 43 estudiantes desaparecidos exigieron al gobierno encabezado por López Obrador dar a conocer la verdad de los hechos ocurridos la noche del 26 de septiembre del 2014 en Iguala.
«Que no piense el presidente que con su informe ya cumplió, nosotros queremos la verdad y hasta que no haya pruebas de que fueron asesinados yo seguiré exigiendo que me regresen a mi hijo con vida», mencionó María Martínez Zeferino, madre de Miguel Ángel Hernández Martínez.
Durante su participación exigió que se cumplan las 80 órdenes de aprehensión que hay contra elementos de seguridad y administrativos por sus implicaciones en el caso Ayotzinapa.
Además dijo que López Obrador solo los ignora porque, «en las reuniones y encuentros nos dice que sí a todo pero después se va y nos da la espalda».
Al mitin asistieron estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, y de distintas normales del país y organizaciones sociales.
Por su parte, Cristina Bautista Salvador, madre de Benjamín Ascencio Bautista, pidió cárcel para el ex gobernador Ángel Aguirre Rivero y lo catálogo del principal culpable de la desaparición de los 43 normalistas.
«Ángel Aguirre los mandó asesinar y a desaparecer, el era el gobernador y supo todo lo que pasó y debe ser castigado».
«No queremos las migajas que nos quiere dar el gobierno, nos quieren engañar con la detención de Murillo Karam pero hay más de 80 órdenes de aprehensión que tienen que ejecutarse», mencionó Cristina Bautista.
Además del acto político realizaron una misa y una ofrenda floral en el punto conocido como Parador del Marqués, donde el 12 de diciembre del 2011, los estudiantes Gabriel Echeverría de Jesus y Alexis Herrera Pino fueron asesinados por elementos de seguridad durante un desalojo después de que los normalistas bloquearon el paso vehícular para exigir plazas y presupuesto para la Normal.
Con el acto de este medio día, las madres y padres de los 43 comienzan una jornada de movilización rumbo al octavo aniversario de la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa en Iguala en 2014.
Durante la protesta, los manifestantes bloquearon los cuatro carriles de la Autopista del Sol por una hora.
«No tenemos la necesidad de estar aquí bloqueando y causando molestia a la ciudadanía, pero no me puedo ir a mi casa hasta saber donde está mi hijo».
«No me van a decir que mi hijo murió con unos huesitos de cinco centímetros, quiero pruebas de verdad y científicas para creer que fue asesinado», dijo María Martínez.
Después del mitin de dos horas aproximadamente, los manifestantes entonaron el Himno Venceremos y realizaron el pase de lista de los 43 normalistas desaparecidos.
A las 2:30 de la tarde, la circulación en la Autopista del Sol se restableció.
Sobre la participación en la marcha a favor de Abarca, en un comunicado precisaron que participaron cinco madres y padres y que lo hicieron a título personal
Texto: José Miguel Sánchez
Fotografía: Oscar Guerrero
Chilpancingo
Durante una marcha para conmemorar el Día Internacional de las Víctimas de la Desaparición Forzada, Cristina Bautista Salvador, madre de Benjamín Ascencio Bautista, uno de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, mencionó que a casi ocho años de la desaparición de su hijo no han alcanzo la justicia que se merecen.
Cristina Bautista junto con otros cuatro padres de los 43 normalistas desaparecidos asistieron a la marcha convocada por el Colectivo de Personas Desaparecidas Lupita Rodríguez Narciso para conmemorar el Día Internacional de las víctimas de desaparición.
Sobre el informe reciente de la Comisión para el Acceso a la Verdad y la Justicia del Caso Ayotzinapa, Cristina Bautista mencionó que en ese documento solo les dieron la razón acerca de lo que ellos siempre señalaron.
«Siempre señalamos al Ejército, siempre señalamos que de manera coordinada desaparecieron a nuestros hijos, y ahora que reconocen que fue el Estado el responsable de la desaparición pues solo nos dieron la razón».
Cristina Bautista mencionó que el informe es un paso más para esclarecer el caso, pero no descansarán hasta hallarlos con vida y los culpables sean castigados.
«Nosotros no nos vamos a cansar, no nos vamos a rendir, tenemos que seguir exigiendo la presentación con vida de nuestros hijos, no podemos quedarnos callados en nuestras comunidades hasta alcanzar justicia y castigo a todos los culpables «.
Las madres y padres dijeron que actualmente el informe lo está revisando el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) para verificar las investigaciones.
Sobre el fallecimiento de Ezequiel Mora Chona, padre de Alexander Mora Venancio, quien falleció el pasado domingo en un hotel en el municipio de Tepecuacuilco, dijo que es lamentable que las madres y padres fallezcan sin saber nada de sus hijos.
«A la fecha van tres padres y una madre los que fallecieron sin saber el paradero de sus hijos».
Mediante un comunicado, el Comité de madres y padres de los 43 informaron acerca del caso de los cinco que asistieron a la marcha en Iguala.
Dijeron que las cinco madres y padres que asistieron lo hicieron a título personal y no del Comité, y la invitación fue de parte del empresario Pedro Segura Valladares.
«Desafortunadamente cinco padres de familia de los normalistas desaparecidos respondieron a la invitación de Pedro Segura, empresario ganadero ligado a los Abarca y su grupo delictivo», se lee en el comunicado.
Mencionaron que como colectivo les queda claro la responsabilidad de Abarca Velázquez en la desaparición de los 43 normalistas, por lo que exigen “sea castigado con todo el rigor de la ley por haber cometido graves violaciones a los derechos humanos y haber truncado 43 vidas de jóvenes que tenían la esperanza de ser maestros».
Sobre el fallecimiento de Ezequiel Mora dijeron que debe ser investigado detalladamente.
Denunciaron que Segura Valladares por órdenes de la familia Abarca realiza acercamiento con algunos padres para intentar cooptarlos y dividirlos.
El próximo 26 de septiembre se cumplirán ocho años de los sucesos de Iguala, donde desaparecieron 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa.
Don Ezequiel Mora Chora, padre del normalista desaparecido de Ayotzinapa, Alexander Mora Venancio, es velado esta noche en su domicilio, ubicado en la comunidad de El Pericón, municipio de Tecoanapa.
Ezequiel Mora falleció de un paro cardiaco ayer domingo en la noche cuando estaba en el hotel Vida en el Lago, en el municipio de Tepecuacuilco, ubicado a 30 minutos de Iguala, en donde el 26 de septiembre del 2014 Alexander Mora y otros 42 alumnos de la escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, fueron desaparecidos.
El cadáver de Ezequiel Mora llegó este lunes alrededor de las diez de la mañana a El Pericón y se prevé que mañana martes sea sepultado en el panteón de esta comunidad de la región de la Costa Chica.
Ezequiel y, al parecer, otros cuatro padres de los normalistas desaparecidos acudieron al hotel del empresario y ex candidato del Partido del Trabajo (PT) para platicar con él.
Según versiones extraoficiales, Ezequiel Mora no participó en la marcha en Iguala que encabezaron Segura Valladares y familiares del ex alcalde perredista de este municipio, José Luis Abarca Velázquez y de su esposa María de los Ángeles Pineda la misma tarde de este domingo.
La protesta en la que participaron tres padres de los estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos, fue para exigir la liberación de Abarca y de su esposa encarcelados en distintos penales de máxima seguridad.
En diciembre del 2014, Ezequiel Mora acudió a la Normal de Ayotzinapa, en donde integrantes del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) le informaron que un pedazo de hueso y una muela hallados en el río San Juan, en Cocula, pertenecían a su hijo Alexander según estudios científicos de la Universidad de Innsbruck, en Austria.
Sin embargo, Ezequiel Mora nunca estuvo de acuerdo con esa versión oficial del gobierno y seguía exigiendo la presentación con vida de su hijo.
Ezequiel Mora Chona, padre del normalista de Ayotzinapa desaparecido, Alexander Mora Venancio, murió en un hotel propiedad del empresario y ex candidato a gobernador, Pedro Segura Valladares, informó la gerencia del hotel.
El día de ayer un grupo de las madres y padres de los 43 normalistas desaparecidos, junto con Segura Valladares, participaron en un marcha en Iguala para exigir la liberación del ex alcalde, José Luis Abarca Velázquez.
De acuerdo con el comunicado, los hechos ocurrieron en el hotel Vida en el Lago Resort, ubicado en el municipio de Tepecuacuilco, en la región Norte de la entidad.
Ezequiel Mora junto con otras cinco personas se registraron en el hotel al mediodía del domingo, se desconoce si sus acompañantes también eran del grupo de las madres y padres de los 43.
Fue a las 7:21 de la tarde, cuando uno de los acompañantes de don Ezequiel acudió a la recepción a solicitar una ambulancia, que se pidió al número de emergencia 911.
Debido a la demora de la ambulancia, el personal médico del hotel acudió a proporcionar primeros auxilios a don Ezequiel y fue ahí que se percataron que ya no tenía signos vitales.
En el comunicado informaron que la ambulancia solicitada nunca llegó y el fallecimiento fue reportado a la Fiscalía Regional de la Zona Norte.
Por el reporte, al hotel llegó personal de la Fiscalía General del Estado (FGE), del Ministerio Público y peritos para realizar las investigaciones correspondientes.
La gerencia de Vida en el Lago informó que puso a disposición de la FGE las cámaras de seguridad y a su personal para declarar sobre los hechos.
«Hasta el momento de la publicación de este comunicado, las autoridades no nos han informado las causas del deceso», se lee.
Por su parte, Segura Valladares publicó en sus redes sociales que lamentaba el fallecimiento de Ezequiel Mora, a quien se refirió como “amigo” y dijo que conoce desde 2017.
El día de ayer, un grupo de padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa acudieron a la marcha convocada por familiares de Abarca Velázquez y su esposa María de los Ángeles Pineda Villa para exigir su liberación por considerarlos inocentes por las desapariciones y asesinatos de los normalistas en septiembre del 2014.
En esa manifestación Segura Valladares arremetió contra el abogado de las madres y padres de los 43 normalistas, Vidulfo Rosales Sierra.
«El único que lucra con los padres es su abogado», mencionó durante su participación Segura Valladares.
Fuentes extraoficiales informaron que don Ezequiel murió a causa de un infarto.
A ocho años del ataque, asesinato y desaparición forzada contra los normalistas de Ayotzinapa, lo esencial sigue sin respuesta: ¿dónde están los jóvenes?, ¿por qué los atacaron, asesinaron y desaparecieron?, ¿quiénes son los autores intelectuales y cuándo pagarán por este crimen?
El 17 de agosto, el subsecretario de Derechos Humanos y Migración de la Secretaría de Gobernación (Segob), Alejandro Encinas Rodríguez, presentó el último informe sobre el Caso de Ayotzinapa.
El informe presenta avances, contradicciones y pendientes.
El principal avance es el reconocimiento de que se trata de un crimen de Estado. Se hace explícita la participación activa de militares, policías, autoridades civiles, administrativas y judiciales en la desaparición de los estudiantes.
El informe desmonta la versión de que la participación del Ejército fue sólo de omisión esa noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre del 2014 en Iguala. Ahora se sabe que el coronel José Rodríguez Pérez, entonces comandante del 27º Batallón de Infantería, ordenó el asesinato y desaparición de por lo menos seis estudiantes después de que los mantuvieron cuatro días encerrados en una bodega en la colonia Pueblo Viejo, en Iguala.
También se confirmó que Julio César López Patolzin —uno de los 43 desaparecidos—, es un militar en activo que desde el 2012 infiltró el Ejército en la normal de Ayotzinapa para espiar las actividades de los estudiantes.
Este papel del Ejército en Guerrero no es nuevo. Ampliamente se ha documentado la represión de militares, sólo basta recordar la época de la Guerra Sucia, la masacre de El Charco, la violación sexual contra Inés Fernández y Valentina Rosendo. Casos que siguen en la impunidad.
En Guerrero el Ejército ha sido utilizado para combatir la insurgencia, los movimientos sociales y la lucha de los pueblos. Y en los últimos 16 años también las fuerzas armadas han sido utilizadas en esta supuesta estrategia de seguridad que comenzó el panista Felipe Calderón, continúo el priista Enrique Peña Nieto y persiste con el morenista, Andrés Manuel López Obrador.
Esta supuesta estrategia sólo ha dejado muertes, desapariciones y desplazamientos forzados.
Sin embargo, la definición de crimen de Estado no corresponde con lo que dice el informe. Si fue un crimen de Estado: ¿por qué el entonces jefe del Estado mexicano, Enrique Peña Nieto, no está incluido en las investigaciones?, ¿Por qué el jefe del Ejército, el general Salvador Cienfuegos, no es llamado a explicar su actuación?
Como se puede entender que en el informe se establezca que la denominada “verdad histórica” se construyó en un salón de la Presidencia de la República, es decir, en la oficina de Peña Nieto, y el priista no esté incluido en la investigación.
Para que la definición de crimen de Estado no quede sólo en un uso retórico, las acciones del gobierno federal deben llegar hasta el nivel más alto. El más alto.
Focalizar la responsabilidad en el ex alcalde de Iguala, José Luis Abarca Velázquez, a quién en el informe se le ubica como el personaje que dio la orden de asesinar y desaparecer a los estudiantes, y, en mandos militares, es insuficiente.
¿José Luis Abarca aglutinaba tanto poder para tener a mandos militares, policiacos (municipales, estatales y federales), alcaldes e integrantes del crimen organizado a su disposición para que esa noche se desplegara una operación de esa magnitud?
José Luis Abarca debe ser sancionado por su responsabilidad, pero es obvio que los aparatos de inteligencia y de seguridad del Estado que operaron esa noche no recaían en un alcalde.
¿Dónde queda el papel del ex gobernador, Ángel Aguirre Rivero? Desde la tarde del 26 de septiembre su gobierno monitoreó y siguió a los estudiantes desde que intentaron tomar autobuses en Chilpancingo.
Aguirre Rivero debió estar enterado de la situación y, de no ser así, fue omiso, negligente y eso también es una responsabilidad.
Además, durante los días siguientes al ataque y antes de que la entonces Procuraduría General de la República (PGR) atrajera la investigación, Aguirre Rivero no buscó a los normalistas, no detuvo a los responsables y permitió que Abarca Velázquez se fugara después de pedir licencia ante el Cabildo de Iguala, el 30 de septiembre.
Esa vez, la Policía Ministerial, curiosamente, llegó al Palacio Municipal de Iguala después de que Abarca Velázquez había huido.
De acuerdo con el informe que leyó Encinas Rodríguez, la entonces magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Lambertina Galeana Marín, ordenó la destrucción de los videos grabados por seis cámaras del exterior del edificio del Palacio de Justicia de Iguala, argumentando que las imágenes no eran claras porque hubo problemas técnicos.
Es cuestionable si fue decisión sólo de la magistrada o quién le ordenó borrar esas pruebas que daban cuenta de que policías municipales de Huitzuco bajaron a 13 estudiantes del autobús retenido fuera del Palacio Judicial, de acuerdo con el informe.
Lambertina Galena: ¿está siendo investigada?, ¿Será detenida?
Al igual, las conclusiones recientes del gobierno de López Obrador, no tocan al entonces procurador general del estado, Iñaki Blanco Cabrera —quien dijo— tenía ubicados a los presuntos autores intelectuales, pero no los detuvo inmediatamente entre ellos al propio edil perredista de Iguala José Luis Abarca Velázquez.
Ahora que el gobierno federal definió el Caso de Ayotzinapa como crimen de Estado: ¿no sería pertinente que un organismo internacional investigue, juzgue y sancione a los responsables del caso con la finalidad de garantizar la imparcialidad?
De no ser así, el Estado estaría investigando al propio Estado, independientemente de que los responsables hayan pertenecido a un gobierno distinto al de ahora.
Se corre el riesgo de no arribar a la verdad porque —pese a que el presidente insiste que el país vive un proceso de transformación—, el Estado y, sobre todo, en las instituciones de procuración de justicia en todos los niveles, la corrupción sigue enquistada.
A ocho años, lo que menos se espera es que el gobierno federal esté administrando el caso y, menos, que esté pensando en sacar raja política para el 2024. Las mamás y papás de los 43 normalistas desaparecidos merecen verdad y justicia.
Pero no sólo ellos la merecen, también la sociedad. El Caso Ayotzinapa es emblemático del terror, del abuso del poder, la barbarie del Estado, pero es hora que se convierta en un emblema de justicia, que marque el fin de la impunidad que está ahorcando al país.
La ciudadanía siempre ha tenido dudas de la aplicación de la justicia en México porque de manera constante se ha utilizado como una forma de ejercer el poder. Ojalá el crimen de Ayotzinapa no sea el caso.
En septiembre del 2020, Ezequiel Mora Chora, padre del normalista desaparecido Alexander Mora Venancio, dijo que gracias a la fuerza que desde algún lugar le impulsó su hijo no murió de Covid-19.
La madrugada de hoy lunes, Ezequiel, quien toda su vida fue campesino en su natal comunidad de El Pericón, municipio de Tecoanapa, falleció de un infarto cuando estaba en un hotel ubicado cerca de la Tepecoacuilco, informó la Fiscalía General del Estado (FGE).
Cheque, como lo conocían en El Pericón, murió un día después que su madre Brígida cumplió un año más de fallecida.
El 5 de diciembre del 2014 después de más de dos meses de la desaparición de su hijo, Ezequiel estaba en Oaxaca cuando recibió una llamada telefónica de su casa donde le decían que urgía se trasladara a las instalaciones de la Normal Rural de Ayotzinapa, ubicadas en Tixtla.
Ezequiel se alegró porque pensó tendría noticias buenas de su hijo Alexander. A su arribó a Guerrero, Ezequiel se trasladó a Ayotzinapa donde ya lo esperaba el personal del Equipo Argentino de Antropología Forense (AAF) e integrantes del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan.
Le informaron que uno de los fragmentos de hueso hallados en el río de San Juan, en Cocula, pertenecían a su hijo Alexander, según estudios científicos de la Universidad de Innsbruck, en Austria.
«Sentí mucho coraje y tristeza», dijo Ezequiel cuando recibió la noticia.
En septiembre del 2020 y a seis años de la desaparición de su hijo Alexander, Ezequiel denunció que el gobierno de Enrique Peña Nieto y el de Andrés Manuel López Obrador, no le habían entregado los restos de su hijo.
El pedazo de hueso ni la muela en la que los científicos de la Universidad de Innsbruck se habían basado en comprobar que pertenecían a Alexander, tampoco se les habían entregado.
«Ni siquiera tengo sus restos para llevarlos al panteón para enterrarlos y rezarle», dijo en entrevista en aquella ocasión.
La última vez que Venancio Chora vio a su hijo Alexander fue el 15 de septiembre del 2014, cuando a él y a otros dos hijos los llevó a Tecoanapa para festejar el grito de Independencia. El 16 de septiembre, Alexander se marchó a la escuela de Ayotzinapa.
Después de la desaparición de su hijo Alexander, Ezequiel tuvo la pérdida de dos de sus seres queridos, el de su madre Brígida, el 28 de agosto del 2017, quien murió por una enfermedad. El 16 de abril del 2018, su hijo Irene, de 41 años de edad, fue asesinado.
En el 2020 cuando en México estaba en su punto más alto de la pandemia por el Covid-19, Ezequiel se contagió y estuvo enfermo más de tres meses. Un médico de la comunidad vecina de Xalpatláhuac lo salvó con medicinas pero también con hierbas de la región.
«Aquí en El Pericón murieron muchas personas y en Xalpatláhuac como 20 también fallecieron por esta maldita enfermedad», contó.
Ezequiel nunca dudó el principal responsable de la desaparición de su hijo y de los demás normalistas el principal responsable es el ex presidente Enrique Peña Nieto, a quien el gobierno de López Obrador pretende exonerar.
Este viernes 26 de septiembre en la Ciudad de México, Mora Chora participó con los demás padres y madres de los 43 en una marcha y mitin para exigir al gobierno de López Obrador que localicen a sus hijos y que les entreguen las evidencias científicas de que ya están muertos.
Un fuerte aguacero que cayó en la Ciudad de México no impidió a Ezequiel y a los demás padres y madres protestar cuando se cumplen siete años once meses de la desaparición de sus hijos en Iguala.
En septiembre del 2021 falleció en Tixtla por complicaciones del Covid-19, Bernardo Campos Cantor, padre del normalista Bernardo Campos Santos.
Doña Minerva Bello, madre de Everardo Rodríguez, otro de los normalistas desaparecidos, murió a consecuencia del cáncer en su casa en la comunidad de Omeapa, del municipio de Tixtla.
Después de una audiencia de más de 12 horas, el exprocurador Jesús Murillo Karam fue vinculado a proceso por su presunta participación en delitos contra la administración de justicia, tortura y desaparición forzada en la investigación del caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Permanecerá al menos 90 días encarcelado
Cerca de las siete de la mañana una camioneta arribó al Reclusorio Norte, en la Ciudad de México, donde desde el sábado 20 de agosto duerme el exprocurador de justicia Jesús Murillo Karam, y donde permanecerá 90 días hasta que se deslinde su responsabilidad en una serie de delitos cometidos en la investigación judicial de los ataques a los normalistas de Ayotzinapa en Iguala.
De la camioneta que se estacionó frente a los juzgados del Reclusorio bajaron los abogados de Karam. Cargaban siete cajas llenas de papeles que servirían como evidencia para defender a su cliente, detenido desde el día viernes, acusado de cometer los delitos de tortura, desaparición forzada y atentar contra la administración de justicia.
La acusación derivó de una investigación especial para esclarecer la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa, Guerrero, en 2014. Hecho que, apenas hace unos días, el gobierno federal reconoció como un crimen de Estado.
De acuerdo con el informe presentado por el gobierno federal, Murillo Karam, en ese entonces procurador general de justicia, fraguó una «verdad histórica» que, sin investigar a fondo la participación de las autoridades gubernamentales y mandos militares en el crímen, entorpeció las investigaciones para esclarecer este hecho.
Este miércoles, el político priista fue vinculado a proceso, por lo que se abrirá un juicio penal para investigar su presunta participación en estos crímenes.
Las cajas llenas de papeles que cargaban sus abogados sirvieron de poco.
La audiencia
En un juzgado anexo al Reclusorio Norte, Murillo Karam está sentado con el uniforme caqui que portan todos los internos del penal.
Ahora las risas estaban ausentes. Su semblante lucía sereno. Su voz no titubeaba para nada cuando negaba su participación en los delitos que se le imputan. Inclusive, con esa misma serenidad –muy cercana al cinismo– Karam defendía su “verdad histórica”.
“Puedo aceptar algunos errores. Pudieron haber fallas. Puedo aceptar cosas que se hicieron mal, y que se pudieron hacer mejor, pero no la han podido tirar”.
Para el juez de control que decidiría el destino del exprocurador, sin embargo, poco importaban los argumentos de Murillo y su defensa.
En algún momento de la audiencia, cuando la defensa del exprocurador acusó que las acusaciones contra su cliente eran insostenibles y pactadas, el juez, Marco Antonio Fuerte Tapia, ordenó callar a los abogados. Les dijo que si seguían cuestionando la legitimidad de su tribunal, podrían ser expulsados de la audiencia.
Los abogados callaron, y después de exponer sus alegatos, el tribunal entró en receso. A la vuelta, la Fiscalía General de la República mostró el sustento de sus acusaciones ante el juez. El tribunal volvió a tomarse un tiempo para valorar lo que se expuso.
Pasaban las horas, y afuera, donde la prensa especulaba con teorías y deseos, poco se sabía de lo que pasaba adentro.
En ratos, reporteros salían e informaban a sus colegas: “No hay avances”; “entró en receso”; “yo creo que lo van a absolver”.
A eso de las cinco de la tarde un informe llegó hacia afuera. Rápido corrieron llamadas para corroborar lo que ahí estaba dicho: “ya vincularon a proceso a Murillo”. El rumor era cierto: el exprocurador tendría que enfrentar a la justicia y responder por los crímenes que le acusan.
Una larga deliberación
La audiencia continuó, pues aunque a Murillo debía de enfrentar la justicia, todavía quedaba un asunto pendiente. ¿Cómo la enfrentaría?
Hasta ese momento Jesús Murillo Karam se encontraba bajo prisión preventiva. Es decir, mientras se resolvía su situación jurídica el exprocurador estaría tras las rejas del Reclusorio Norte.
Esa medida cautelar, es decir la prisión preventiva, fue ordenada debido al alto riesgo de fuga del político priista. Además de sus múltiples propiedades, los antecedentes de otros presuntos culpables de delitos graves durante la investigación del caso Ayotzinapa –como la fuga de Tomás Zerón– no daban un aura de confianza al poder judicial respecto a las próximas acciones de Murillo Karam.
Su defensa, obviamente, apeló esta medida. Argumentaban que la salud del exfuncionario era delicada. La discusión; el debate; los alegatos de ida y vuelta hicieron que el tiempo de espera se alargara. Pasaron más de 12 horas, y afuera la incertidumbre seguía reinando.
A eso de las nueve de la noche un informe surgió dentro de los juzgados. El juez había decidido imponer la prisión preventiva justificada a Murillo Karam, por lo que el exprocurador tendría que pasar, al menos, 90 días naturales en el Reclusorio Norte. Esto, mientras se agotaba la investigación para determinar su responsabilidad en los delitos que se le imputan.
Jesús Murillo Karam, además de su opacidad e intransigencia con las víctimas de derechos humanos, pasaría a la historia como el primer procurador general de la República en terminar en prisión. El asunto no es menor, pues en caso de comprobarse su culpabilidad, sería el primer procurador sentenciado por un delito grave a una pena de prisión.
Las horas se hacían cada vez más largas. Afuera los reflectores y cámaras comenzaban a transmitir la noticia en cadena nacional. Al poco tiempo, entre las sombras que separaban un largo pasillo entre el tribunal y la entrada a los juzgados, la defensa de Murillo Karam se vio bajar hacia los micrófonos y cámaras.
«Queremos que se aplique la ley, queremos justicia»
Sin nervios, inclusive tranquilos, los abogados Antonio y Javier López decidieron hablar frente a un país que desde hace casi 8 años espera respuestas sobre el caso de los 43.
Javier López citó jurisprudencias. Llamó inepto al juzgador. Y resaltó su propia labor, aunque su defendido fue vinculado a proceso y obligado a pasar la investigación en su contra tras las rejas.
Antonio López, en un tono más diplomático, dijo que Murillo Karam estaba “tranquilo y confiado de las instituciones’. Espera que le podamos decir, después de leer el expediente, qué es lo que sigue”.
Después, recordó que el exprocurador tiene algunos padecimientos de salud, pero “está estable”. También afirmó que un médico atendería a Jesús Murillo Karam mientras se encuentra en prisión.
Posteriormente no dudó en afirmar, con la mirada fija y la voz calmada, que apelarán la resolución del juez. Al poco tiempo dejaron de responder preguntas. Caminaron hacia la camioneta, ahora sin las cajas llenas de papeles, y entre una prensa que buscaba más respuestas, arrancaron el vehículo.
Mientras, detrás de ellos, Cristina Bautista, madre de Benjamín Bautista, uno de los 43 estudiantes desaparecidos en 2014, caminaba al lado de sus asesores jurídicos: Santiago Aguirre, del Centro Prodh, y Vidulfo Rosales.
En un tono distinto al de sus colegas, Vidulfo tomó la palabra. Primero agradeció a la prensa por seguir cubriendo el caso. Después afirmó que estaba de acuerdo con la resolución del juez.
“El juez valoró, de manera objetiva, todas las pruebas que presentó el ministerio público; y pudo establecer, razonablemente, que se cometió el delito de desaparición forzada en esta modalidad de que, a través de una investigación turbia, irregular, se ocultó el paradero de los estudiantes”.
Y recalcó que el mensaje que envió este tribunal va para aquellos otros funcionarios que han cometido –o cometen– irregularidades, “pues hay una consecuencia jurídica en este país”.
Cristina, con una voz más calma, dijo que esta decisión del juez significa “un paso más para nosotros como madres y padres de los 43 que es relevante. Que lo que queremos nosotros es llegar a la verdad, que se aplique la ley, queremos justicia».
«No nos gusta que estén en la cárcel las personas que cometieron (los delitos) esa noche del 26 de septiembre de 2014, pero sí queremos saber la verdad, para que otras personas se puedan animar de hablar y ya alcancemos la verdad de dónde están nuestros hijos, eso es lo que más queremos, eso es lo que más exigimos”.
Hubo preguntas incómodas, desde la ignorancia o las fobias políticas, pero Cristina mantuvo la calma, pues está a punto de caer el primer mando de alto rango del gobierno que, presuntamente, estuvo implicado en ocultar la verdad a las familias de los 43 por ya casi 8 años.
“Seguimos en pie de lucha. Vamos a seguir exigiendo la presentación con vida de nuestros hijos. Hasta encontrarlos. Hasta saber la verdad”, concluyó Cristina.
#AlMomento Inicia la audiencia de Jesús Murillo Karam para definir si se le vincula a proceso por delitos contra la administración de justicia, desaparición forzada, tortura, a casi 8 años de la desaparición de 43 normalistas de #Ayotzinapa
Reporta: @A_Ruiz9
Fotos: @Isavel_apic.twitter.com/iLMZeX7MuL
Estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, bloquearon de manera intermitente la Autopista del Sol, en Chilpancingo, a la altura del punto conocido como Parador del Marqués.
El bloqueo es la primera actividad de los normalistas después de que el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas Rodríguez, presentó el informe de la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa (Covaj)
Sobre Julio César López Patolzin, quien se comprobó era integrante activo del Ejército, los normalistas dijeron que eso no impedirá que exijan su aparición con vida.
“A pesar de de ser militar como se comprobó, también es nuestro compañero y por eso seguiremos exigiendo su aparición con vida como la de todos los demás”, mencionó un integrante de la dirigencia quien solo se identificó como César.
En el tema de la infiltración del Ejército, el dirigente normalista dijo que revisarán a todos los estudiantes para garantizar que ninguno sea militar activo.
Sobre los demás resultados del informe exigieron que se castigue hasta al ex presidentes Enrique Peña Nieto.
“Sería una grosería para el pueblo de México excluir al ex presidente de las investigaciones porque tuvo que haber sido él quien autorizó el uso del Ejército y tuvo que haber sido él quien ordenara o avalara la construcción de la llamada verdad histórica”.
También exigieron que el ex procurador de la República, Jesús Murillo Karam, aporte todo lo que sabe en torno a la desaparición de los 43 normalistas y sea sentenciado por construir la llamada verdad histórica.
Pidieron que el gobierno estatal también asuma su responsabilidad así como el ex gobernador Ángel Aguirre Rivero como responsable de la desaparición.
“Él (Aguirre Rivero) tiene responsabilidad y se tiene que proceder legalmente en su contra, y no solo cargar todo al ex alcalde de Iguala”.
El bloqueo comenzó a las 11:30 de la mañana y termino a las 12:30; de manera intermitente abrían las circulación de dos carriles de la Autopista.
Entre los miles de documentos presentados por la Comisión de la Verdad para el Caso Ayotzinapa, un dato se pierde: al menos seis estudiantes habrían permanecido cautivos por cuatro días, mientras autoridades y criminales hacían lo posible por borrar los rastros de la noche de Iguala.
Seis estudiantes de Ayotzinapa habrían sido mantenidos con vida hasta el 30 de septiembre de 2014, cuatro días después de la noche de Iguala, de acuerdo con las indagatorias efectuadas por la Comisión de la Verdad de Presidencia.
El jueves pasado, el subsecretario de Derechos Humanos de la Segob, Alejandro Encinas, presentó el informe de Presidencia de Acceso a la Verdad y la Justicia del Caso Ayotzinapa. Durante su conferencia destacó que el equipo a cargo pudo comprobar que la verdad histórica, que fue presentada por la administración anterior, era falsa. En esta, los 43 normalistas habrían sido trasladado en conjunto, asesinados y quemados en el basurero de Cocula, entre el 26 y 27 de septiembre de 2014.
A través de las indagatorias que esta comisión realizó, en cambio, se pudo establecer que esta “verdad” habría sido fabricada. En cambio, se hallaron indicios, pruebas, documentos y testimonios, que apuntarían a que los 43 estudiantes que fueron víctimas de desaparición forzada fueron entregados a al menos 3 grupos criminales distintos y sufrieron destinos diversos.
Un reducido grupo de estudiantes –de quienes no ha sido posible establecer su identidad– fueron retenidos durante al menos cuatro días en un lugar sólo conocido como La Bodega. Esto de acuerdo con el testimonio de un testigo no identificado.
El testigo mencionado señalaría que la célula criminal que mantuvo con vida a estos seis estudiantes, estaba dirigida por un individuo identificado como El Coronel. Todo esto, ocurría en un contexto en el que autoridades y criminales borraban los rastros de los hechos criminales de la noche de Iguala.
Huitzuco, Iguala, Cocula
El énfasis del informe fue el análisis de cientos de llamadas, geolocalización, mensajería de texto, ocurridas durante el 26 de septiembre de 2014 y en días posteriores. De acuerdo con este trabajo de documentación, la Comisión concluye que
Todos los normalistas que iban en el autobús 1531 desaparecieron –la detención fue a las 22:30 pm aproximadamente–, y se presume que un grupo de éstos fueron retenidos por la policía de Iguala y luego llevados a Loma de Coyotes; un segundo grupo fue asegurado por la policía de Huitzuco y llevado a ese municipio.
Los estudiantes que viajaban en el autobús 1531 son:
Adán Abrajan de la Cruz
Alexander Mora Venancio
Carlos Lorenzo Hernández Muñoz
Christian Alfonso Rodríguez Telumbre
Israel Jacinto Lugarrdo
Jesús Jovany Rodríguez Tlatempa
Jorge Aníbal Cruz Mendoza
Jorge Antonio Tizapa Legideño
José Ángel Navarrete Gonzáez
José Eduardo Bartolo Tlatempa
Julio César López Patolzin (quien era soldado del Ejército en activo)
Luis Ángel Francico Arzonal
Magdaleno Rubén Lauro Villegas
Martín Getsemany Sánchez García
A las 22:30 horas, los normalistas detenidos en Juan N. Álvarez –la calle donde se realizó el principal ataque desde las 9 de la noche– y que viajaban en el autobús 1568, fueron trasladados por la policía de Iguala a la comandancia local. El informe subraya: “se desconoce por qué solamente a los estudiantes que iban a bordo del camión 1568 fueron asegurados”.
Y es que los estudiantes que viajaban en el autobús 3278, que fue detenido 150 metros antes de Palacio de Justicia de Iguala a las 22:40 horas, no sufrieron esa suerte. Fueron, sí, detenidos en el lugar y registrados, pero luego los dejaron ir. Posteriormente, ese autobús se fue y viajó sin pasajeros hasta arribar a la terminal de autobuses en Jojutla, Morelos. Los estudiantes comenzaron a caminar, tratando de reunirse con sus compañeros. Pero una patrulla los agredió así que los jóvenes corrieron, se dispersaron y ocultaron en una colonia popular.
Posteriormente, los ocho o diez estudiantes del camión 1568 y que habían sido detenidos y llevados a barandillas (esto fue declarado por un policía municipal desde el principio, y este elemento debió huir de Iguala), un mando policial, César N, ordena llevarse a los estudiantes desde la comandancia, y posteriormente les instruye a sus elementos dirigirse a la Loma de los Coyotes. En esto habrían participado policías de Iguala y del municipio de Cocula.
Ahí, en Loma de Coyotes, fueron entregados los normalistas a otro grupo. Las comunicaciones revisadas arrojaron que Ignacio N, escribió un mensaje en el que aseguraba que los jóvenes fueron entregados a otro individuo apodado El Pato, quien iba en una camioneta blanca de tres toneladas (de volteo). Después, los policías que entregaron a los estudiantes regresaron a su municipio.
El asesino de Julio César
A las 23 horas, según comunicaciones telefónicas, se registró el arribo de los siguientes policías de Huitzuco al cruce de Santa Teresa: Celedonio N, Jesús N, y Marcelo N. Todos provenían del Palacio de Justicia. Este sería un elemento importante para establecer la participación activa de policías de aquel municipio.
A las 23 horas fue el ataque contra el autobús del equipo de fútbol de los avispones. Ahí perdieron la vida tres personas, todas ajenas tanto a los normalistas, como a los agresores. El informe destaca que las pruebas de balística mostraron que algunas armas utilizadas en este crimen pertenecían a los policías de Huitzuco. Después de estos ataques, los policías de Huitzuco regresaron a su municipio.
A la medianoche fue cuando se registró la conferencia convocada por maestros de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero (CETEG) para denunciar el ataque sufrido. Había sido una conferencia convocada en calidad de urgente, llegaron sobre todo reporteros de la ciudad de Iguala. Ahí se encontraban estudiantes sobrevivientes a los ataques, profesores y normalistas que habían llegado a la ciudad a apoyar. En aquel momento no había ninguna claridad respecto a la gravedad de los hechos.
Sin embargo, cuando daban la conferencia, de nuevo sufrieron un ataque. En estos hechos fueron asesinados los normalistas Daniel Solís Gallardo y Julio César Ramírez Nava, quienes acababan de llegar desde Tixtla.
Los estudiantes se dispersaron y se ocultaron en una azotea y un domicilio. Fue en este evento que uno de ellos, Julio César Mondragón siguió corriendo. Posteriormente otro estudiante escuchó gritos. El cuerpo de Julio César sería hallado a la mañana siguiente no lejos de ahí, con el rostro desollado. Su fotografía circuló en redes sociales.
De acuerdo con el informe, por medio del análisis de mensajes interceptados por la Sedena, se advierte que Eduardo N, alias El Chucky es quien tortura y mata a Julio César Mondragón, sin haber tenido instrucciones de sus superiores. Pero que el informe refiere a un testigo clave: Marco Antonio «N», alias la pompi, quien en sus mensajes de texto advierte estar presente cuando ocurre la tortura y asesinato. La pompi o «el cuasi» sería en realidad Marco Antoni Ríos Berber, quien fue detenido en 2014, pero liberado por un juez por 10 mil pesos. Así lo informó el propio Encinas en 2019.
Volviendo a El Chucky, éste habría asesinado a los estudiantes que fueron llevados a Loma de Coyotes. Los estudiantes habrían sido destazados y después cada grupo se desharía de los restos en diversos lugares.
El Chino arrojó restos en el Río Balsas “La Gorda” en el pozo del Pueblo Viejo.
El Moreno destruyó los cuerpos de cinco estudiantes y mandó a otros cinco con el Chucky (el asesino de Mondragón).
Otros cinco estudiantes fueron “desplazados” a la casa de Huitzuco.
El Chino comenta en mensajería que “hasta en la mina de los patrones” aventaron gente.
Los estudiantes que vivieron unos días más
Sin embargo, por medio de comunicaciones se pudo establecer que al menos seis estudiantes permanecieron con vida en un lugar designado como “la Bodega Vieja”. Pero en este periodo se da un rompimiento entre los grupos y éstos son asesinados por alguien identificado como El Coronel.
Los indiciados con nombre
Tomado del Informe de la Comisión de la Verdad de Presidencia
Dentro del análisis de llamadas y mensajes hay personajes que fueron muy activos la noche del 26 de septiembre. El principal, señalado como encargado del operativo fue Ramiro Ocampo Pineda, alias el Chango. La mayoría de la actividad telefónica sale de su teléfono, y este sería el jefe de la operación de agresión contra los estudiantes.
Otro personaje activo aquella noche es El Caminante, identificado ya desde hace unos años como el general brigadier retirado Marcos Esteban Juárez Escalera; y quien después de la noche de Iguala fuera incluso director de las cárceles de BC en el gobierno morenista de Jaime Bonilla. El Caminante habría sido el enlace bisagra aquella noche entre Ramiro Ocampo Pineda y la policía y otros grupos.
El jefe en campo del operativo de desaparición habría sido alguien identificado Victor Alfonso Taboada. El contacto principal de estas personas con la policía de Iguala habría sido Felipe Flores Velazquez quien fue detenido en 2016, tras dos años de fuga, y quien era el jefe de la policía municipal.
¿Cuál fue el móvil?
Si bien el informe no asegura tajantemente el móvil, en el contexto ubica tres aspectos: uno, que los normalistas tenían «prohibido» acercarse a Iguala; dos, que el ataque se dio en un contexto de enfrentamiento entre Los Guerreros Unidos (preponderantes en Iguala) contra los Rojos. Los primeros habrían confundido o determinado que algunos rojos viajaban mezclados con los estudiantes. Tres, en julio de 2014, un cargamento de 100 kilos de heroína proveniente de Iguala habría sido decomisado en Puebla por la FGR. Pero solo fueron entregados 10 kilogramos, lo que habría generado encono y conflicto en la zona.
Los secretos que guardan los cerros
Otro aspecto a destacar, es que hasta la fecha, las fiscalías de Ayotzinapa y de desaparición forzada han encontrado, desde noviembre de 2014, hasta abril de 2019, 323 puntos con rastros positivos de restos humanos.
No queda claro de cuántas personas se trataría. Pero estas búsquedas se realizaron en los municipios de Iguala, Taxco, Carrizalillo, Zona de Minas, Huitzuco y La Gavia. Los principales puntos de hallazgo serían en Iguala y Carrizalillo.
En los anexos del informe se documenta que las búsqueda para probables puntos de fosas clandestinas se hizo por medio de información satelital: búsqueda de imágenes de paisajes con alteraciones en poco tiempo, y también por medio del rastreo de cargas aumentadas de nitrógeno.
Fuente: Informe comisión de la Verdad de Presidencia
Este trabajo fue elaborado por el equipo de Pie de Página y lo reproducimos como parte de la Alianza de Medios de la Red de Periodistas de a Pie.
