Seis normalistas habrían permanecido con vida días después del ataque: Informe de la Comisión de la Verdad

Entre los miles de documentos presentados por la Comisión de la Verdad para el Caso Ayotzinapa, un dato se pierde: al menos seis estudiantes habrían permanecido cautivos por cuatro días, mientras autoridades y criminales hacían lo posible por borrar los rastros de la noche de Iguala.


Texto: Lydiette Carrión / Pie de página

Fotografía: Oscar Guerrero

Cuidad de México

 

Seis estudiantes de Ayotzinapa habrían sido mantenidos con vida hasta el 30 de septiembre de 2014, cuatro días después de la noche de Iguala, de acuerdo con las indagatorias efectuadas por la  Comisión de la Verdad de Presidencia.

El jueves pasado, el subsecretario de Derechos Humanos de la Segob, Alejandro Encinas, presentó el informe de Presidencia de Acceso a la Verdad y la Justicia del Caso Ayotzinapa. Durante su conferencia destacó que el equipo a cargo pudo comprobar que la verdad histórica, que fue presentada por la administración anterior, era falsa. En esta, los 43 normalistas habrían sido trasladado en conjunto, asesinados y quemados en el basurero de Cocula, entre el 26 y 27 de septiembre de 2014.

A través de las indagatorias que esta comisión realizó, en cambio, se pudo establecer que esta “verdad” habría sido fabricada. En cambio, se hallaron indicios, pruebas, documentos y testimonios, que apuntarían a que los 43 estudiantes que fueron víctimas de desaparición forzada fueron entregados a al menos 3 grupos criminales distintos y sufrieron destinos diversos.

Un reducido grupo de estudiantes –de quienes no ha sido posible establecer su identidad– fueron retenidos durante al menos cuatro días en un lugar sólo conocido como La Bodega. Esto de acuerdo con el testimonio de un testigo no identificado.

El testigo mencionado  señalaría que la célula criminal que mantuvo con vida a estos seis estudiantes, estaba dirigida por un individuo identificado como El Coronel.   Todo esto, ocurría en un contexto en el que autoridades y criminales borraban los rastros de los hechos criminales de la noche de Iguala.

Huitzuco, Iguala, Cocula

El énfasis del informe fue el análisis de cientos de llamadas, geolocalización, mensajería de texto, ocurridas durante el 26 de septiembre de 2014 y en días posteriores. De acuerdo con este trabajo de documentación, la Comisión concluye que

Todos los normalistas que iban en el autobús 1531 desaparecieron –la detención fue a las 22:30 pm aproximadamente–, y se presume que un grupo de éstos fueron retenidos por la policía de Iguala y luego llevados a Loma de Coyotes; un segundo grupo fue asegurado por la policía de Huitzuco y llevado a ese municipio.

Los estudiantes que viajaban en el autobús 1531 son:

  • Adán Abrajan de la Cruz
  • Alexander Mora Venancio
  • Carlos Lorenzo Hernández Muñoz
  • Christian Alfonso Rodríguez Telumbre
  • Israel Jacinto Lugarrdo
  • Jesús Jovany Rodríguez Tlatempa
  • Jorge Aníbal Cruz Mendoza
  • Jorge Antonio Tizapa Legideño
  • José Ángel Navarrete Gonzáez
  • José Eduardo Bartolo Tlatempa
  • Julio César López Patolzin (quien era soldado del Ejército en activo)
  • Luis Ángel Francico Arzonal
  • Magdaleno Rubén Lauro Villegas
  • Martín Getsemany Sánchez García

A las 22:30 horas, los normalistas detenidos en Juan N. Álvarez –la calle donde se realizó el principal ataque desde las 9 de la noche– y que viajaban en el autobús 1568, fueron trasladados por la policía de Iguala a la comandancia local. El informe subraya: “se desconoce por qué solamente a los estudiantes que iban a bordo del camión 1568 fueron asegurados”.

Y es que los estudiantes que viajaban en el autobús 3278, que fue detenido 150 metros antes de Palacio de Justicia de Iguala a las 22:40 horas, no sufrieron esa suerte. Fueron, sí, detenidos en el lugar y registrados, pero luego los dejaron ir. Posteriormente, ese autobús se fue y viajó sin pasajeros hasta arribar a la terminal de autobuses en Jojutla, Morelos. Los estudiantes comenzaron a caminar, tratando de reunirse con sus compañeros. Pero una patrulla los agredió así que los jóvenes corrieron, se dispersaron y ocultaron en una colonia popular.

Posteriormente, los ocho o diez estudiantes del camión 1568 y que habían sido detenidos y llevados a barandillas (esto fue declarado por un policía municipal desde el principio, y este elemento debió huir de Iguala), un mando policial, César N, ordena llevarse a los estudiantes desde la comandancia, y posteriormente les instruye a sus elementos dirigirse a la Loma de los Coyotes. En esto habrían participado policías de Iguala y del municipio de Cocula.

Ahí, en Loma de Coyotes, fueron entregados los normalistas a otro grupo. Las comunicaciones revisadas arrojaron que Ignacio N, escribió un mensaje en el que aseguraba que los jóvenes fueron entregados a otro individuo apodado El Pato, quien iba en una camioneta blanca de tres toneladas (de volteo). Después, los policías que entregaron a los estudiantes regresaron a su municipio.

El asesino de Julio César

A las 23 horas, según comunicaciones telefónicas, se registró el arribo de los siguientes policías de Huitzuco al cruce de Santa Teresa: Celedonio N, Jesús N, y Marcelo N. Todos provenían del Palacio de Justicia. Este sería un elemento importante para establecer la participación activa de  policías de aquel municipio.

A las 23 horas fue el ataque contra el autobús del equipo de fútbol de los avispones. Ahí perdieron la vida tres personas, todas ajenas tanto a los normalistas, como a los agresores. El informe destaca que las pruebas de balística mostraron que algunas armas utilizadas en este crimen pertenecían a los policías de Huitzuco. Después de estos ataques, los policías de Huitzuco regresaron a su municipio.

A la medianoche fue cuando se registró la conferencia convocada por maestros de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero (CETEG) para denunciar el ataque sufrido. Había sido una conferencia convocada en calidad de urgente, llegaron sobre todo reporteros de la ciudad de Iguala. Ahí se encontraban estudiantes sobrevivientes a los ataques, profesores y normalistas que habían llegado a la ciudad a apoyar. En aquel momento no había ninguna claridad respecto a la gravedad de los hechos.

Sin embargo, cuando daban la conferencia, de nuevo sufrieron un ataque.   En estos hechos fueron asesinados los normalistas Daniel Solís Gallardo y Julio César Ramírez Nava, quienes acababan de llegar desde Tixtla.

Los estudiantes se dispersaron y se ocultaron en una azotea y un domicilio. Fue en este evento que uno de ellos, Julio César Mondragón siguió corriendo. Posteriormente otro estudiante escuchó gritos. El cuerpo de Julio César sería hallado a la mañana siguiente no lejos de ahí, con el rostro desollado. Su fotografía circuló  en redes sociales.

De acuerdo con el informe, por medio del análisis de mensajes interceptados por la Sedena, se advierte que Eduardo N, alias El Chucky es quien tortura y mata a Julio César Mondragón, sin haber tenido instrucciones de sus superiores.  Pero que el informe refiere a un testigo clave: Marco Antonio «N», alias la pompi, quien en sus mensajes de texto advierte estar presente cuando ocurre la tortura y asesinato. La pompi o «el cuasi» sería en realidad Marco Antoni Ríos Berber, quien fue detenido en 2014, pero liberado por un juez por 10 mil pesos. Así lo informó el propio Encinas en 2019.

Volviendo a El Chucky, éste habría asesinado a los estudiantes que fueron llevados a Loma de Coyotes. Los estudiantes habrían sido destazados y después cada grupo se desharía de los restos en diversos lugares.

El Chino arrojó restos en el Río Balsas “La Gorda” en el pozo del Pueblo Viejo.

El Moreno destruyó los cuerpos de cinco estudiantes y mandó a otros cinco con el Chucky (el asesino de Mondragón).

Otros cinco estudiantes fueron “desplazados” a la casa de Huitzuco.

El Chino comenta en mensajería que “hasta en la mina de los patrones” aventaron gente.

Los estudiantes que vivieron unos días más

Sin embargo, por medio de comunicaciones se pudo establecer que al menos seis estudiantes permanecieron con vida en un lugar designado como “la Bodega Vieja”. Pero en este periodo se da un rompimiento entre los grupos y éstos son asesinados por alguien identificado como El Coronel.

Los indiciados con nombre

Tomado del Informe de la Comisión de la Verdad de Presidencia

Dentro del análisis de llamadas y mensajes hay personajes que fueron muy activos la noche del 26 de septiembre. El principal, señalado como encargado del operativo fue Ramiro Ocampo Pineda, alias el Chango. La mayoría de la actividad telefónica sale de su teléfono, y este sería el jefe de la operación de agresión contra los estudiantes.

Otro personaje activo aquella noche es El Caminante, identificado ya desde hace unos años como el general brigadier retirado Marcos Esteban Juárez Escalera; y quien después de la noche de Iguala fuera incluso  director de las cárceles de BC en el gobierno morenista de Jaime Bonilla. El Caminante habría sido el enlace bisagra aquella noche entre Ramiro Ocampo Pineda y la policía y otros grupos.

El jefe en  campo del operativo de desaparición habría sido alguien identificado  Victor Alfonso Taboada. El contacto principal de estas personas con la policía de Iguala habría sido Felipe Flores Velazquez quien fue detenido en 2016, tras dos años de fuga, y quien era el jefe de la policía municipal.

¿Cuál fue el móvil?

Si bien el informe no asegura tajantemente el móvil, en el contexto ubica tres aspectos: uno, que los normalistas tenían «prohibido» acercarse a Iguala; dos, que el ataque se dio en un contexto de enfrentamiento entre Los Guerreros Unidos (preponderantes en Iguala) contra los Rojos. Los primeros habrían confundido o determinado que algunos rojos viajaban mezclados con los estudiantes. Tres, en julio de 2014, un cargamento de 100 kilos de heroína proveniente de Iguala habría sido decomisado en Puebla por la FGR. Pero solo fueron entregados 10 kilogramos, lo que habría generado encono y conflicto en la zona.

Los secretos que guardan los cerros

Otro aspecto a destacar, es que hasta la fecha, las fiscalías de Ayotzinapa y de desaparición forzada han encontrado, desde noviembre de 2014, hasta abril de 2019, 323 puntos con rastros positivos de restos humanos.

No queda claro de cuántas personas se trataría. Pero estas búsquedas se realizaron en los municipios de Iguala, Taxco, Carrizalillo, Zona de Minas, Huitzuco y La Gavia. Los principales puntos de hallazgo serían en Iguala y Carrizalillo.

En los anexos del informe se documenta que las búsqueda para probables puntos de fosas clandestinas se hizo por medio de información satelital: búsqueda de imágenes de paisajes con alteraciones en poco tiempo, y también por medio del rastreo de cargas aumentadas de nitrógeno.

Fuente: Informe comisión de la Verdad de Presidencia

 

Este trabajo fue elaborado por el equipo de Pie de Página y lo reproducimos como parte de la Alianza de Medios de la Red de Periodistas de a Pie.

Normalistas piden que detengan a EPN por caso Ayotzinapa

En mensaje por redes sociales dicen que mantienen la esperanza de que sus compañeros estén vivos


Texto: Jesús Guerrero y José Miguel Sánchez

Fotografía: Redes

Chilpancingo

Estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, pidieron que también sea detenido y encarcelado el ex presidente Enrique Peña Nieto por su responsabilidad en la desaparición de sus 43 compañeros en Iguala hace casi ocho años.

«El ex presidente Enrique Peña sabía todo lo que estaba pasando ese día (el 26 de septiembre del 2014) y pudo ordenar que se parara y no lo hizo», dijo un estudiante que con otros dos de sus compañeros dieron una conferencia de prensa de manera virtual a través de Facebook en una de las aulas de sus instalaciones ubicadas en la ciudad de Tixtla.

Las declaraciones que dieron esta tarde los normalistas ocurre un día después que el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas Rodríguez, rindió un informe sobre el caso en donde da a conocer, entre otras cosas, que dentro de los 43 desaparecidos estaba un soldado en activo como infiltrado (Julio César Patolzin) e informaba todos los movimientos de la Normal.

«Teníamos un infiltrado que daba información al Ejército e iba en primer año», dijo uno de los líderes de la Normal que participó en la conferencia de prensa.

«De esa manera (por el soldado infiltrado) el Ejército supo que aquí en la Normal hubo una reunión de la FECSM (Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México) en donde se acordó que se iba a la Ciudad de México para participar en la marcha para conmemorar el 2 de octubre, por la matanza de Tlatelolco», expuso el normalista.

Mencionó que el C-4 (sistema de vigilancia del gobierno) y el Ejército supo que por la mañana los normalistas fueron a Chilpancingo a tomar autobuses (a la central) y por la tarde a Iguala.
Los autobuses que tomaron los normalistas ese 26 de septiembre serían utilizados para su traslado a la Ciudad de México.

Uno de los normalistas mencionó que después de los sucesos del 26 y 27 de septiembre detectaron que un estudiante de la escuela también estaba infiltrado y daba información (al gobierno).

Los estudiantes exigieron al gobierno que no vaya a inventar otra verdad histórica como lo hizo el ex titular de la desaparecida Procuraduría General de la República (PGR) Jesús Murillo Karam quien este viernes por la tarde la ahora Fiscalía General de la República (FGR) informó que el ex funcionario del gobierno de Peña fue detenido por los delitos de desaparición forzada, tortura y contra la administración de la justicia por el caso Ayotzinapa.

«Mantenemos la esperanza de que estén vivos»

Los estudiantes dijeron que mantienen viva la esperanza de hallar con vida a sus compañeros.
En el comunicado que transmitieron en vivo a través de sus redes sociales, los estudiantes dijeron que hasta no tener pruebas contundentes sobre los restos de sus compañeros continuarán con la exigencia de hallarlos con vida.

«En el informe de ayer se hicieron notorias las 101 acciones de búsqueda en siete municipios de Guerrero donde se hallaron más de 1,000 restos oseos que sin ninguna declaración ni material genético suficiente no nos garantiza que sean de nuestros 43 compañeros», mencionaron en su comunicado.

Los estudiantes mencionaron que continuarán con su lucha y manifestaciones para exigir la presentación con vida de los 43 normalistas desaparecidos.

Reconocieron el trabajo del presidente Andrés Manuel López Obrador por tratar de esclarecer el caso pero dijeron que falta justicia y castigo a los responsables.

Pidieron que todos los implicados en el caso, sin importar el cargo que tienen o tuvieron, sean castigados.

Desde mandos militares y politicos que estuvieron relacionados y tienen conocimiento del caso.

«El gobierno y las investigaciones dejan claro que nuestros compañeros fueron asesinados, pero en la Normal de Ayotzinapa seguiremos respetando la consigna, vivos se los llevaron vivos los queremos».

También exigieron que el ex titular de la Agencia de Investigación Criminal, Tomas Zerón Lucio, sea extraditado a México para que enfrente los procesos en su contra.

Los estudiantes exigieron que todos los responsables sean detenidos y llevados a la cárcel, y pidieron que no se proteja al expresidente Enrique Peña Nieto, luego de que Encinas Rodríguez mencionó que el exmandatario no tiene un seguimiento judicial por los hechos.

 

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El informe de Encinas es una posición política del gobierno federal, dice asesor de los padres y madres de los 43

Texto: Jesús Guerrero

Fotografía: Oscar Guerrero

Chilpancingo

 

El abogado de las madres y padres, Vidulfo Rosales Sierra, afirmó que el informe que dio este jueves el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas Rodríguez sobre el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa es una posición política del gobierno que dista mucho del esclarecimiento de la desaparición de los estudiantes.

En un breve comunicado que envió el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Rosales Sierra quien es asesor de las madres y padres de los 43, reconoce que (el informe) tiene avances.

«Sin embargo, en los próximos días vamos a entrar a una etapa donde el gobierno va a decir que ya está es la nueva verdad, que ya están los resultados de la nueva investigación y lo que realmente sucedió es que fueron divididos (los normalistas) en tres grupos para asesinarlos», indica.

«Para nosotros eso es una posición política del gobierno que quiere hacer ver que ya cumplieron ellos (el gobierno de Andrés Manuel López Obrador) con Ayotzinapa que ya está esclarecido el hecho pero dista mucho de llegar a esos niveles de esclarecimiento», dice Rosales.

Indica que el informe está sustentada en un testigo, o sea, las pruebas no son contundentes.

«Para decir (el gobierno) que ya se sabe lo que ocurrió, estamos lejos», asegura el abogado activista.

«La disputa con el gobierno federal va a ser por eso, porque para ellos su conclusión es que ya se esclareció el hecho y nosotros obviamente negáremos eso», refiere.

En su comunicado, Rosales Sierra recordó que en el gobierno de López Obrador identificaron los restos humanos de dos de los 43 normalistas (Christian Alfonso Rodríguez Telumbre y Jhosivani Guerrero).

En el informe que presentó este jueves Encinas Rodríguez, el gobierno del morenista López Obrador, reconoció por primera vez la muerte de los 43 normalistas de Ayotzinapa, que es la misma versión que dio la administración del ex presidente Enrique Peña Nieto.

«No hay ningún indicio de vida, y eso no es una coincidencia con la verdad histórica; es una triste realidad», dijo Encinas Rodríguez.

 

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Destacan la relevancia del sexto autobús en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa

Este autobús de la línea Ecoter, sin pasaje, salió de Iguala esa noche “librando todos los retenes establecidos”,


Texto: Marlén Castro

Fotografía: Oscar Guerrero / Archivo

Chilpancingo

 

La relevancia del séptimo autobús en la trama de Iguala, la confirmación de que uno de los 43 estudiantes desaparecidos era un soldado activo y la conclusión de que “no hay indicio alguno de que estudiantes se encuentren con vida”, son las últimas revelaciones relacionadas con la investigación para conocer el móvil de la desaparición y el destino de los normalistas de Ayotzinapa ocurrida hace alrededor de ocho años.

Este jueves, en la Ciudad de México, el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas Rodríguez, informó a la prensa los resultados de la investigación del caso Ayotzinapa, antes se reunieron con las madres y los padres de los normalistas, encuentro que, a decir de Encinas fue fuerte y doloroso, por lo que les dieron a conocer.

Horas más tarde, las madres y padres comunicaron que la información que recibieron “por su complejidad y dureza la estamos analizando” y que fijarían su postura cuando concluyera su valoración y contaran con la opinión de los expertos del GIEI.

La Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa estableció con contundencia que no había indicio alguno de que los estudiantes estén con vida “por el contrario todos los testimonios y evidencias acreditan que fueron arteramente ultimados y desaparecidos”.

Indicó que se hizo la búsqueda en 177 bases de datos, padrones y listados de dependencias públicas e instituciones privadas y “no se encontró indicio de alguno de actividades realizadas por los estudiantes”.

Encinas Rodríguez acusó que la desaparición fue un crimen de Estado porque “las acciones, omisiones y participación de diferentes autoridades federales, estatales y municipales permitieron la desaparición y ejecución de los estudiantes, así como el homicidio de otras seis personas”.

El subsecretario reveló que la orden de desaparecer a los estudiantes se dio al filo de las 10:45 de la noche.

Como parte de este informe en Palacio de Gobierno, en el mismo sitio en el que el presidente Andrés Manuel López Obrador realiza sus conferencias matutinas, Encinas reveló también que en la desaparición de los estudiantes participaron 36 actores directos y 35 actores adicionales, de acuerdo con el análisis de llamadas y mensajes intercambiados entre cinco teléfonos durante los días 26 y 27 de septiembre y fechas posteriores.

Indicó que derivado de las investigaciones existen elementos suficientes para que la FGR libre órdenes de aprehensión en contra de 33 personas que participaron en la fabricación de la llamada verdad histórica, la que se diseñó para ocultar los vínculos de autoridades con el grupo criminal Guerreros Unidos.

Sexto autobús

Como parte del informe, Encinas reveló que en la noche de los hechos ubicaron a un autobús de la línea Ecoter, sin pasaje, que salió de Iguala librando todos los retenes establecidos.

“Se estableció que la noche de la desaparición fuerzas federales, estatales y municipales colocaron 16 retenes para cubrir todos los accesos y salidas de esa ciudad. En ninguno de esos retenes fue detenido ese autobús, por lo que se presume que su contenido, se desconoce qué era, dinero o drogas, se recuperó”.

Al principio de los hechos de Iguala, se tenía la información que los estudiantes se movieron en cuatro autobuses, derivado de las investigaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) se supo dos años después que en total los estudiantes se movieron en seis autobuses.

El 3278 de la Estrella Roja y dos de la línea Costa Line, el 2012 y 2510, que tomaron en la terminal de esa ciudad, el 2513 también de Costa Line que interceptaron en la entrada de Iguala y no pudieron sacar de la central, y los dos de Estrella de Oro en los que se trasladaron desde su escuela, en Tixtla.

Uno de los móviles de la desaparición, de acuerdo con investigaciones de la CNDH y periodísticas, está relacionada con la posibilidad de que los estudiantes habrían tomado un autobús que portaría drogas o dinero y por eso la reacción desproporcionada con la que respondieron los de Guerreros Unidos y las autoridades cómplices del grupo criminal.

Un soldado infiltrado en la Normal por la Sedena

Ya se conocía que probablemente uno de los 43 estudiantes desaparecidos, Julio César López Patolzin, un joven originario de Tixtla, era soldado.

La revelación fue un sisma entre las madres y padres de los normalistas. Joaquina Patolzin y Rafael López, quienes se dedican al cultivo y venta de hortalizas y viven en condiciones precarias, aceptaron que Julio César fue soldado, de hecho esta condición era conocida ampliamente en Tixtla, pero aseguraron que se había dado de baja cuando se accidentó durante labores por la tormenta tropical

Manuel y el huracán Ingrid, un año antes de la desaparición.

Encinas sostuvo que López Patolzin estaba activo y hacia funciones de informante de la Sedena dentro de la Normal.

Su mando inmediato era el teniente de infantería del 27 Batallón, con sede en Iguala, Francisco Macías Barbosa.

Su último informe, mencionó, fue el sábado 26 de septiembre del 2014, alrededor de las 10:00 de la mañana.

Acusó que los mandos militares de la región no realizaron acciones para la protección y búsqueda del soldado Julio César López Patolzin.

De haberlo hecho, si se hubiera implementado el protocolo de búsqueda de un militar, dijo, “se pudo evitar la desaparición de los muchachos”.

En la conferencia, preguntaron a Encinas si la responsabilidad quedaba hasta el mando inmediato de López Patolzin y respondió que la Fiscalía General de la República (FGR) estaba analizando la cadena de mando en la región para determinar las acciones.

Le preguntaron también hasta qué nivel llegaban las investigaciones sobre las 33 personas que torcieron la investigación.

¿Quiénes están en esta lista, hasta qué nivel llega, gobernantes como Angel Aguirre o, incluso, Peña Nieto?

Es parte de la investigación judicial. Si hay personajes de todos los sectores que mencionaste… (pausa de silencio) Peña Nieto, no, respondió Encinas.

¿Por qué está responsabilidad no llega hasta Peña Nieto, se le está encubriendo? Le preguntaron más adelante.

Nosotros estamos enfocados a dos objetivos de acuerdo con la facultad de competencia mandatada: esclarecer los hechos y buscar el paradero de los estudiantes, corresponde a la Fiscalía fincar las responsabilidades a los funcionarios públicos involucrados.

De acuerdo con lo dicho por Encinas, la información y productos obtenidos fueron entregados a la Unidad Especial para la Investigación y Litigación del caso Ayotzinapa (UEILA) de la Fiscalía General de la República (FGR) y a el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).

 

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No hay avances en el caso Ayotzinapa, denuncian madres y padres de los 43

Texto: José Miguel Sánchez

Fotografía: Oscar Guerrero / Archivo 

Chilpancingo

 

Madres y padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa denunciaron que continúa la resistencia de parte del Ejército y demás instituciones para proporcionar la información relacionada con la desaparición de sus hijos.

Después de una reunión de las madres y padres con el fiscal especial del caso Ayotzinapa, Omar Gómez Trejo, emitieron un comunicado donde denunciaron la falta de compromiso del gobierno federal, del Ejército, de los juzgados y de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SER) para esclarecer el caso y dar con el paradero de los 43 estudiantes desaparecidos en 2014.

A través de su cuenta de Facebook, las madres y padres comunicaron los resultados de la reunión de ayer 12 de julio.

En el comunicado, las madres y padres de los 43 informaron que la Fiscalía Especial del caso Ayotzinapa no tiene avances en las investigaciones y que desconocen la información que pueda tener el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Gómez Trejo les informó a las madres y padres que no hay avance en las investigaciones porque “continúan trabas en los juzgados federales, y resistencia de parte del Ejército y de la SER para proporcionar información”.

Una de las exigencias de las madres y padres es la extradición de Tomás Zerón de Lucio, ex titular de la Agencia de Investigación Criminal en el sexenio de Enrique Peña Nieto para que declare sobre el caso Ayotzinapa.

Zerón de Lucio fue acusado por la Fiscalía General de la República (FGR) de distintos delitos cometidos a partir del 26 de septiembre de 2014 y durante los primeros meses de la investigación, incluida la obtención de información a partir de la tortura, así como la compra irregular de equipos de espionaje.

La FGR informó que Zerón de Lucio salió de México en 2019 y tras un breve paso por Canadá, viajó a Israel, país al que solicitó asilo y de donde se pide su extradición.

Otro de los puntos que tocaron en la reunión fueron las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador, el pasado 30 de junio cuando en una conferencia matutina dijo que él ya sabía lo que pasó con los estudiantes y que este año estará resuelto el caso.

Al respecto Gómez Trejo les informó a las madres y padres que de parte de la Fiscalía Especial no tienen esa información, por lo que informaron su sorpresa ante la falta de coordinación entre instituciones.

“Los padres y madres de los 43 estudiantes desconocemos también si el presidente de la República lleva a cabo una investigación propia y paralela a nuestro caso y si es así nos sorprende de sobremanera porque a la fecha no la ha compartido con nosotros los afectados”.

Las madres y padres expresaron su preocupación de la falta de resultados y de una supuesta segunda investigación.

“Nos preocupa en demasía esta situación porque en su momento denunciamos durante el gobierno de Peña Nieto en varias ocasiones el entorpecimiento intencional de las investigaciones del asunto Ayotzinapa por falta de coordinación entre las partes”.

 

 

 

 

Los padres y madres de los 43 insisten en que AMLO encubre al Ejército

Con la marcha del día de hoy las madres y padres de los 43 culminaron las actividades de la jornada de lucha en el estado de Guerrero, a partir del lunes 13 las manifestaciones serán en la Ciudad de México y culminarán con una marcha en la capital del país el próximo domingo 19 de junio.


Texto: José Miguel Sánchez

Fotografía: Amílcar Juárez 

12 de junio de 2022

Chilpancingo

 

Al culminar aquí en Chilpancingo la jornada de lucha 26 de Septiembre no se Olvida, los padres y madres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos en Iguala reiteraron en acusar al presidente Andrés Manuel López Obrador de proteger al Ejército de su responsabilidad de estos hechos de Iguala ocurridos casi ocho años.

Este domingo la protesta de los padres y madres, así como los estudiantes empezó en el punto conocido como El Caballito, al norte de la ciudad, y cruzó por las avenidas principales de Chilpancingo.

Durante el trayecto los manifestantes gritaron «¡Vivos se los llevaron, vivos los queremos!».

La marcha terminó en el antimonumento, ubicado en el monumento a las banderas, al sur de la capital, con un mitin donde los oradores exigieron al gobierno federal dar con el paradero de los 43 estudiantes, que el Ejército y la Marina abran sus archivos y castigo a los culpables del caso Ayotzinapa.

“No podemos aceptar otra verdad histórica, el Ejército y la Marina planean engañarnos, pero no nos vamos a dejar, no abandonaremos esta lucha hasta saber verdaderamente donde están nuestros hijos, nosotros no olvidamos y no perdonamos”, mencionó durante su participación Cristina Bautista, madre de Benjamín Ascencio Bautista, uno de los 43 desaparecidos.

Padres y madres de los 43 exigen castigo a los culpables

El pasado 28 de marzo el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) presentó su tercer informe del caso Ayotzinapa, donde se reveló la participación de la Marina y del Ejército en los hechos ocurridos la madrugada del 26 de septiembre de 2014.

Por ese motivo las madres y padres de los 43 normalistas exigen a las fuerzas armadas abrir sus archivos y expedientes para conocer sus implicaciones en el caso y castigar a los responsables.

De acuerdo con lo dijeron los padres durante el mitin existe un testigo protegido que asegura que 25 estudiantes de los 43 estuvieron en el 27 batallón de infantería horas antes de ser desaparecidos por la Policía Municipal y civiles armados.

Además de que los elementos de la Marina estuvieron en el basurero de Cocula, lugar donde de acuerdo con la verdad histórica fueron asesinados e incinerados los 43 estudiantes.

“A más de siete años que desaparecieron a nuestros hijos ningún gobierno da una solución, pedimos que dejen de engañarnos con su verdad histórica, queremos juicio para Enrique Peña Nieto y para (el ex gobernador perredista de Guerrero) Ángel Aguirre”, dijo otro de los padres.

Con la marcha del día de hoy las madres y padres de los 43 culminaron las actividades de la jornada de lucha en el estado de Guerrero, a partir del lunes 13 las manifestaciones serán en la Ciudad de México y culminará con una marcha en la capital del país el próximo domingo 19 de junio.

En la marcha, que comenzó a las once de la mañana, participaron alrededor de 500 personas, entre padres de los 43, estudiantes de Ayotzinapa y de distintas normales del país, organizaciones sociales y colectivos de personas desaparecidas.

Los oradores de las distintas organizaciones como la Coordinadora Estatal de la Educación Guerrero (CETEG), de la Coordinadora Nacional de Comités Ciudadanos, del Frente de Defensa Popular Francisco Villa (FDP) y del comité del 60, coincidieron en que a tres años y seis meses del gobierno de Andrés Manuel López Obrador no hay garantías de justicia y se está encubriendo a las fuerzas armadas.

La marcha fue pacífica y después del pase de lista a los 43 estudiantes desaparecidos los manifestantes entonaron el himno Venceremos y se retiraron en los 14 autobuses en los que llegaron a esta capital desde la mañana de este domingo.

Padres y madres de los 43 realizan mitin en instalaciones del Ejército en Iguala para exigir castigo a militares

Fuera del batallón de infantería las madres y padres de los 43 reprocharon que a ocho años y ocho meses no hay mandos militares, sancionados, detenidos, procesados ni juzgados por su implicación en el caso Ayotzinapa.


Texto: José Miguel Sánchez

Fotografía: Especial

10 de junio de 2022

En un mitin afuera de las instalaciones militares de Iguala, los padres y madres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos en el 2014 exigieron al Ejército abrir los archivos del caso y reconocer sus implicaciones en estos hechos.

Al concluir el acto en el Campo Militar 35-C, antes 27 Batallón de Infantería, un grupo de estudiantes de Ayotzinapa lanzaron piedras y petardos contra las instalaciones del Ejército.

Un petardo cayó adentro del cajero Banjército provocando una explosión. Durante el ataque a las instalaciones militares no hubo personas lesionadas.

Fuera del batallón de infantería las madres y padres de los 43 reprocharon que a ocho años y ocho meses no hay mandos militares, sancionados, detenidos, procesados ni juzgados por su implicación en el caso Ayotzinapa.

“Los culpables del caso andan libres mientras nosotros no sabemos dónde están nuestros hijos, eso no es justo, por eso exigimos a los militares reconocer sus implicaciones para saber dónde están nuestros hijos”, mencionó María Martínez Zeferino, madre de Miguel Ángel Hernández Martínez uno de los 43 estudiantes desaparecidos.

Durante el mitin las puertas del 27 batallón se mantuvieron cerradas y no hubo presencia de algún mando militar.

“Se encierran como cobardes, pero aquí estaremos diciéndole sus cosas, ustedes son valientes de a montón y con sus armas”, dijo María Martínez.

Las madres y los padres de los 43 lamentaron que a pesar de estar probada la participación del Ejército por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), el Gobierno de la República mantiene firme su postura de defenderlos.

“Aquí los únicos que hacen su trabajo son los del grupo de expertos independientes, porque de ahí en fuera nadie hace nada”, mencionó otro padre de los 43.

También denunciaron que desde que se presentó el Tercer Informe del GIEI, el pasado 28 de marzo, buscan una audiencia con el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, pero hasta la fecha no obtienen una respuesta de que los va atender.

El contingente llegó a la ciudad de Iguala a las 10 de la mañana al Palacio de Justicia, donde se tenía agendado un mitin donde iban a exigir a las autoridades judiciales entregar las grabaciones de las cámaras de seguridad del inmueble.

Las madres y padres de los 43 piden que les muestren las grabaciones de la noche del 26 de septiembre de 2014, pues justo frente a sus instalaciones fue interceptado un autobús con por lo menos 17 estudiantes de los 43 que están desaparecidos.

En este punto, dice el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) este grupo de normalistas fueron bajados con violencia del autobús por elementos de la policía estatal y de otros individuos armados.

Dicha versión también forma parte del expediente del caso en base a una declaración de un testigo protegido.

Los manifestantes cancelaron el mitin afuera del Palacio de Justicia y se trasladaron a las instalaciones del Campo Militar 35-C, ubicado en la avenida Periférico Oriente de la ciudad de Iguala.

Ya en la zona militar y mientras se realizó el acto político los estudiantes de Ayotzinapa realizaron pintas en la fachada del Batallón.

“Fue el estado”, “Nos faltan 43”, “Fue el ejército mexicano”, se leía en algunas pintas.

Al termino del mitin y mientras los manifestantes entonaban el Himno Venceremos, un contingente de estudiantes comenzó a lazar petarnos y piedras dentro de la zona militar.

 También destruyeron el letrero de concreto donde se leía “27 Batallón de Infantería”.

La movilización fue parte de la Jornada de lucha 26 de septiembre no se olvida, que el día de hoy va en el quinto día. Comenzó el pasado lunes 6 de junio y concluirá el 16 de junio donde se realizan actividades en Guerrero y en la Ciudad de México, la Jornada terminará con una marcha en la Ciudad de México.

La Jornada de lucha tiene como objetivo hacer visible le implicación del Ejercito Mexicano y la Marina la noche del 26 de septiembre de 2014, cuando un grupo de estudiantes de Ayotzinapa acudió a la ciudad de Iguala a una actividad de boteo y posesión de autobuses con la finalidad de poder asistir a la marcha en conmemoración del 2 de octubre.

Dichas actividades son comunes por parte de los alumnos en la entidad, pero la respuesta de las autoridades la noche del 26 de septiembre no fue la ordinaria: Policías Municipales de Iguala abrieron fuego contra los estudiantes para impedir que salieran de la ciudad con los autobuses.

En aquellos hechos la Policía Municipal con ayuda de civiles armados detuvieron a 43 estudiantes que después fueron desaparecidos sin que hasta la fecha se sepa de su paradero.

Durante la Jornada de Lucha las madres y padres de los 43 jóvenes desaparecidos reprocharon al presidente López Obrador su inacción por detener a mandos militares implicados en el caso y que a tres años y seis meses del gobierno autollamado de la cuarta transformación, la promesa del presidente de impartir justicia no se ha cumplido.

El día lunes seis de junio las madres y padres de los 43 comenzaron marchando en las calles de Chilpancingo, al día siguiente se trasladaron al puerto de Acapulco donde se confrontaron a empujones con elementos de la Marina al intentar acceder a la Octava Región Naval para pedir acceso a los archivos y expedientes del caso.

Padres y madres de los 43 piden a la gobernadora Evelyn que investigue a ex Procurador Iñaky Blanco

Texto: Jesús Guerrero

Fotografía: Oscar Guerrero

Chilpancingo

 

En el cuarto día de la jornada de lucha 26 de Septiembre no se olvida, los padres y madres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos en Iguala acusaron a la gobernadora morenista Evelyn Salgado Pineda de proteger a la policía estatal y a ex funcionarios que son responsables del caso.

En un mitin frente al Palacio de Gobierno cuyos accesos fueron cerrados por la policía estatal, los padres y madres de los 43 reclamaron la falta de voluntad de Salgado Pineda de por lo menos dialogar con ellos.

“Ella (Salgado Pineda) es un mujer y sabe del dolor de un hijo y vemos que ni siquiera se conduele de lo que nosotros sufrimos”, dijo una de las madres.

Vidulfo Rosales Sierra, asesor de los familiares de los 43, señaló que en las investigaciones judiciales que se han realizado es de que la noche del 26 de septiembre del 2014 entre 17 y 20 normalistas fueron bajados con violencia del autobús que estaba estacionado frente al edificio de la Ciudad Judicial.

“Todavía no sabemos el número de policías estatales que lo hicieron y que otros elementos de otras corporaciones habrían participado”, dijo el abogado.

Rosales Sierra dijo que otro elemento más de la responsabilidad de las autoridades locales es de que en las instalaciones de Ciudad Judicial había tres cámaras de videovigilancia que captaron las imágenes en los momentos en que un grupo de entre 17 y 20 normalistas fueron sacados del autobús.

Esos tres videos se los proporcionó a los padres y madres de los 43 el ex presidente del Poder Judicial Alberto López Celis.

Pero que un grupo especializado de la Fiscalía General de la República (FGR) analizó los videos y descubrió que todo lo que se filmó durante los días 26 y 27 de septiembre del 2014, fueron borrados.

«Lo que estamos pidiendo a la gobernadora Evelyn Salgado es de que se investigue a los ex funcionarios que fueron responsables de haber ordenado que se borrara lo que se filmó durante esos dos días en que los normalistas fueron desaparecidos», mencionó.

Cuando sucedieron los hechos en Iguala la presidenta del Poder Judicial era la magistrada Lambertina Galeana Marín quien actualmente está en retiro.

«Alguien dio la orden de que esos videos fueron borrados eso no fue casual», señaló Rosales Sierra.

Durante el mitin se exhibieron cuatro lonas en las que se le exige al Ejército Mexicano que informe de los archivos de lo que ocurrió la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre en las calles de Iguala.

Rosales Sierra dijo que durante la campaña para la gubernatura en el 2021 hubo un acercamiento de los que hoy son gobierno en Guerrero y prometieron que se iba a nombrar una Fiscalía Especial para que investigara a ex funcionarios por su responsabilidad del caso de Iguala.

Los ex funcionarios que deben ser investigados es al ex Procurador de Justicia, Iñaky Blanco Cabrera, al ex gobernador Ángel Aguirre Rivero, a policías estatales y ex autoridades del Poder Judicial, informó el activista y abogado.

Un testigo protegido que ha rendido declaraciones del caso involucró a Iñaky Blanco de recibir 50 mil dólares del grupo delictivo Guerreros Unidos.

«Estamos hablando de un alto funcionario que recibía ese dinero de un grupo delictivo que participó en la desaparición de nuestros 43 compañeros en Iguala», afirmó Rosales Sierra.

En la protesta se acusó al gobierno de Salgado Pineda de emprender una campaña sucia contra el movimiento de los padres y madres de los 43 y normalistas de que con sus movilizaciones generan desestabilización en Guerrero.

Los normalistas, padres y madres de los 43 así como organizaciones sociales han realizado marchas, cerraron la autopista e irrumpieron en la zona Naval en Acapulco además de que este miércoles se llevaron cinco autobuses.

Estas protestas ha generado que en las redes sociales se acuse a este movimiento de «vándalos» y «radicales», además de frases de contenido racista.

Rosales Sierra aseguró que toda esa propaganda «negra» contra el movimiento por los 43, proviene del Palacio de Gobierno.

Señaló que la desestabilización o ingobernabilidad que hay en Guerrero la están creando las autoridades de la administración estatal por su ineptitud para gobernar.

«Todos los días hay y habrá marchas y bloqueos porque este nuevo gobierno que se dice de izquierda no resuelve nada», sostuvo.

La jornada de lucha terminará en Guerrero con una protesta afuera de las instalaciones de Ciudad Judicial en Iguala este viernes 10 de junio, sábado y domingo en la Ciudad de México.

¿Dónde está la justicia? ¿Dónde está la Cuarta Transformación?, reclaman los padres y madres de los 43

Además del mitin político, los manifestantes realizaron una misa y una ofrenda floral frente a las cruces de los estudiantes Jorge Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús en la Autopista del Sol, lugar donde fueron asesinados el 12 de diciembre del 2011.


Texto: José Miguel Sánchez

Fotografía: Óscar Guerrero

Chilpancingo

En el marco de la jornada de lucha 26 de septiembre no se olvida, padres y madres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa exigieron al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, que se investigue al Ejército Mexicano y la Marina por sus implicaciones en el caso.

A siete años de los sucesos ocurridos la noche del 26 de septiembre, donde desaparecieron 43 alumnos de Ayotzinapa, estudiantes de escuelas normales de todo el país, organizaciones sociales y de derechos humanos reclamaron a López Obrador que a tres años y seis meses su gobierno no ha resuelto el caso, ni ha dado con el paradero de los 43.

“¿Dónde está la justicia que nos prometió en campaña? ¿Dónde están los detenidos por el caso? ¿Dónde está la Cuarta Transformación?”, dijo durante su participación Mario César González Contreras, padre de César Manuel González Hernández, uno de los 43 normalistas desparecidos.

Continúo: “Yo sí estoy muy encabronado, no sabemos ni los que estamos en la comisión qué verdaderamente pasó ese 26 de septiembre, no sabemos qué daño le pudieron haber hecho a nuestros hijos”.

Las madres y padres de los 43 y los estudiantes Ayotzinapa bloquearon la Autopista del Sol en el punto conocido como Parador del Marqués, en la entrada sur de Chilpancingo.

El mitin se realizó como parte de las actividades del tercer día de la jornada de lucha 26 de septiembre no se olvida, que comenzó a las diez de la mañana cuando alrededor de 200 jóvenes de distintas normales del país y los padres y las madres de los 43 llegaron al referido punto.

Con siete autobuses en los que llegaron, los manifestantes bloquearon los cuatro carriles; una hora después liberaron dos y dejaron cerrado el carril norte-sur.

Al lugar llegaron elementos de la Policía Estatal con equipo antimotin que permaneció replegado mientras se desarrolló el mitin.

Además del mitin político, los manifestantes realizaron una misa y una ofrenda floral frente a las cruces de los estudiantes Jorge Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús, quienes fueron asesinados el 12 de diciembre del 2011.

Durante el bloqueo, los normalistas se percataron que un tráiler de la Secretaría de Marina (Semar) estaba intentando circular, lo retuvieron por unos minutos y le pintaron las leyendas +43 y Fue la Marina, en relación a los resultados que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) comprobó que elementos de esa institución alteraron el basurero de Cocula, donde según la versión oficial, ya desechada, fueron asesinados e incinerados los 43 normalistas.

Los normalistas se apoderaron de cinco autobuses de distintas empresas para continuar con su jornada de lucha. Mañana realizaran otro acto en la sede del Poder Ejecutivo en Chilpancingo y el día viernes se trasladarán a la ciudad de Iguala donde realizaran una manifestación frente a las instalaciones de Ciudad Judicial.

Como parte de la jornada 26 de septiembre no se olvida, el día de ayer las madres y padres de los 43 normalistas se manifestaron en las instalaciones de la Octava Región Naval ubicada en Acapulco para exigir a los mandos militares la entrega de archivos relacionados al caso.

Las madres y padres de los 43 Ayotzinapa se enfrentaron a empujones con marinos porque no los dejaban ingresar, al final acordaron una reunión con los mandos de la Marina para decirles de manera directa sus peticiones.

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«Estancadas las investigaciones contra el Ejército», dice madre de uno de los 43 al iniciar jornada de lucha

Durante el mitin efectuado en la alameda Granados Maldonado ubicada casi en el centro de esta ciudad de Chilpancingo, la madre del normalista acusó que el gobierno federal se ha empeñado en proteger a los elementos del 27 Batallón de Infantería de Iguala.


Texto: Amapola Periodismo

Fotografía: Oscar Guerrero

Chilpancingo

 

Padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa, organizaciones sociales y del magisterio iniciaron una jornada de lucha en protesta porque el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador ha paralizado las investigaciones del caso para proteger al Ejército Mexicano y a funcionarios de la ex tinta Procuraduría General de la República (PGR).

«Desde el 2018 a la fecha se han realizando investigaciones pero de manera parcial y hoy podemos decir que hay un estancamiento en ellas que impide conocer lo sucedido», señaló Hilda Leguideño Vargas madre del estudiante desaparecido Jorge Antonio Tizapa.

Durante el mitin efectuado en la alameda Granados Maldonado ubicada casi en el centro de esta ciudad de Chilpancingo, la madre del normalista acusó que el gobierno federal se ha empeñado en proteger a los elementos del 27 Batallón de Infantería de Iguala.

«Las nuevas indagatorias establecen que las fuerzas armadas están implicadas en distintos niveles de la desaparición de los 43 ya que (el Ejército) realizó un monitoreo desde su salida de la normal de Ayotzinapa, su llegada a Iguala, los momentos de la agresión que sufrían los jóvenes y su desaparición», externó.

La madre del normalista desaparecido afirmó que el 26 de septiembre del 2014, las fuerzas armadas patrullaron (las calles de Iguala) y presenciaron la agresión que sufrían los jóvenes e hicieron contacto con algunos de ellos e inspeccionaron lugares como en los separos de la policía municipal donde probablemente se encontraban detenidos un grupo de estudiantes.

«Además (el Ejército) mantenía un vínculo con el grupo delictivo Guerreros Unidos y algunos mandos del 27 Batallón que estaban en la nómina del grupo delictivo», expresó.

Indica que hay un testigo protegido que asegura que 25 normalistas fueron ingresados al 27 Batallón de Infantería la noche del 26 de septiembre.

«Fueron interrogados (los estudiantes) y algunos asesinados y posteriormente entregados a un grupo delictivo que privó de la vida a todos los estudiantes en cautiverio», expresó.

Hilda Leguideño señala que el Ejército Mexicano posee toda la información y los datos de prueba que permitirían esclarecer los hechos pero se ha negado a proporcionarla pese a que ha sido requerida por las autoridades.

Denunció que tampoco las autoridades han investigado y corroborado la responsabilidad de los elementos del Ejército pertenecientes al 27 Batallón de Infantería de Iguala pese al señalamiento directo de testigos.

La madre del normalista desaparecido dijo que el propio presidente Andrés Manuel López Obrador se ha negado a dar órdenes para Ejército Mexicano entregue la información necesaria.

«Definitivamente los hilos de la investigación que nos puede conducir al conocimiento de la verdad y de los responsables se encuentran en los archivos del Ejército Mexicano», dijo durante el mitin Guadalupe Leguideño.

Los padres de los 43, maestros de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación del Estado de Guerrero (Ceteg), estudiantes de las 16 normales rurales del país, colectivos de familiares de los otros desaparecidos y del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la presa la Parota (Cecop) iniciaron la jornada de lucha 26 de Septiembre no se Olvida.

Los manifestantes arribaron a Chilpancingo a bordo de 20 autobuses e iniciaron una marcha de la estatua Nicolás Bravo hacia la alameda Granados Maldonado.

Las actividades de los padres de los 43 y organizaciones sociales, incluyen marchas en Acapulco, Ciudad de México y un plantón en la autopista del Sol en Chilpancingo.

Durante el mitin aquí en Chilpancingo, Melitón Ortega, vocero de los padres de los 43, condenó que este gobierno de Obrador ni siquiera ha podido extraditar a Tomás Cerón de Lucio, ex jefe de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) que se encuentra refugiado en Israel.

A Cerón de Lucio se le señala de haber presenciado y tolerado la tortura de quienes fueron detenidos por el caso de la desaparición  de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

A petición del gobierno mexicano la Interpol ya lo tiene fichado sin embargo no ha podido ser extraditado pese a que enfrenta varias órdenes de aprehensión en su contra.

Desde el 2018, fecha del arribo de Obrador a la presidencia, se han librado órdenes de aprehensión contra diez ex funcionarios por diversos delitos del caso Ayotzinapa.

Algunos de éstos ya están detenidos.

«Solo se han realizado búsquedas para encontrarlos muertos, pero no los buscan vivos y mucho menos detienen a los verdaderos responsables», dijo uno de los dirigentes de la Normal de Ayotzinapa durante el mitin.

La protesta de los padres y organizaciones sociales concluyó con el himno Venceremos.

 

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El Estado miente y solpa a la fuerzas armadas, denuncian padres de los 43

“Nos queda claro a estas alturas que a siete años y seis meses de la busqueda de nuestros hijos, los poderosos han jugado con nuestras esperanzas, nos han mentido sin contemplación mirándonos a los ojos»


Texto: José Miguel Sánchez
Fotografía:
2 de marzo de 2022
Chilpancingo

Madres y padres de los 43 estudiantes desaparecidos de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinpa denunciaron que el Estado continúa mintiendoles y solapando a las fuerzas armadas.

Mediante un pronunciamiento que hicieron público, las madres y padres de los 43, respecto al tercer informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), donde se dio a conocer la participación de la Secretaría de Marina (Semar), dijeron que las autoridades continúan mintiendo sobre el caso.

«A las Madres y Padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa nos queda claro a estas alturas que a siete años y seis meses de la busqueda de nuestros hijos los poderosos han jugado con nuestras esperanzas, nos han mentido sin contemplación mirándonos a los ojos», se lee en el comunicado.

Tambien dijeron estar preocupados por el actuar del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, que por un lado dice tener la volutad política para aclarar el caso, pero mantenga en la impunidad al secretario de la marina, Rafael Ojeda Durán, quien fue comandante de la Octava Región Naval de Acapulco en el momento que se presentaron los hechos en Iguala.

A pesar de que la investigación del GIEI expuso que todos los niveles de seguridad en la entidad estuvieron monitoreando los hechos la noche del 26 de septiembre.

Denunciaon que la Sedena y la Fiscalía General de la República (FGR) siguen sin abrir todos sus archivos y expedientes de los hechos ocurridos en Iguala y los implicados en las tomas de decisión de aquella noche están fuera del alcance de la Ley.

Reprocharon a la Semar que haya tardado ocho años en entregar los vídeos donde se ve como elementos de esa corporación manipulan la escena del crimen en el basurero de Cocula.

Las madres y padres de los 43 dijeron que van a continuar con las actividades para exigir la aparición con vida de sus hijos.

«El que miente una vez miente varias veces y el gobierno nos ha demostrado que sólo se sirve para sí mismo y no para dar justicia al pueblo», finaliza el comunicado.

Ayotzinapa: José Rafael Ojeda, secretario de Marina con la 4T, era mando naval cuando ocurrió la desaparición de los 43

El actual secretario de la Marina, Rafael Ojeda Durán, estuvo al frente de la comandancia de la Octava Región Naval con sede en Acapulco hasta enero del 2015 y recibió de parte del defenestrado ex gobernador, Ángel Aguirre, diez camionetas para patrullajes del operativo Guerrero Seguro


Texto: Jesús Guerrero

Fotografía: Internet

29 de marzo del 2022

Chilpancingo

 

El almirante José Rafael Ojeda Durán, secretario de la Marina del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, era mando naval en el tiempo que ocurrieron los hechos en Iguala la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre del 2014 cuando fueron desaparecidos los 43 normalistas de Ayotzinapa.

En ese entonces, Ojeda Durán, era comandante de la Octava Región Naval con sede en Acapulco, la base más importante en estado de la Secretaría de Marina.

En el informe que dieron a conocer este lunes los integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) señalaron que un grupo de marinos habrían participado en la manipulación del basurero de Cocula y que en eso se basó el entonces titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Jesús Murillo Karam para sacar su «verdad histórica».

Para Murillo, el destino final de los 43 normalistas fue en el basurero de Cocula en donde según él, fueron incinerados.

Después que los integrantes de los integrantes del GIEI dieron a conocer su informe dijeron que también la Marina habría participado en la manipulación en el basurero de Cocula, el presidente Andrés Manuel López Obrador, aseguró en su conferencia mañanera que se investiga a los marinos y que incluso ya rindieron sus declaraciones.

Dijo que entre los que ya rindieron su declaración está un almirante pero no dio más detalles.

En el informe de los expertos del GIEI mostraron videos entregados por la Secretaría de Marina donde el día del anuncio, que hizo el procurador de la República, Jesús Murillo, de que en ese basurero habían sido incinerados los 43 normalistas, un grupo de marinos sacaron tres bultos de un vehículo, cuyo contenido se desconoce, e hicieron un fuego que luego quedó apagado.

Luego se ve a personas agarrar y tirar cosas en lo más profundo de la hondanada.
La Secretaría de la Marina no explicó a los expertos independientes sobre esa actividad.

El actual secretario de la Marina, Rafael Ojeda Durán, estuvo al frente de la comandancia de la Octava Región Naval con sede en Acapulco hasta enero del 2015 y fue relevado por el también almirante Ángel Enrique Sarmiento quien fue subsecretario de la Marina en el gobierno de Enrique Peña Nieto.

El 16 de octubre del 2013, un año antes de los hechos de Iguala, el entonces gobernador Ángel Aguirre Rivero le entregó diez camionetas a la Octava comandancia que dirigía el almirante Rafael Ojeda Durán.

Las diez camionetas eran para ser utilizadas en los patrullajes de seguridad del operativo Guerrero Seguro.

Cuando Aguirre Rivero, acusado por su omisión de los hechos de Iguala de la noche del 26 de septiembre del 2014, era gobernador de Guerrero eran cotidianas las reuniones que tenía con el almirante Rafael Ojeda Durán.

En el 2018 durante el gobierno del priísta Héctor Astudillo, este le entregó otras cinco camionetas marca Dodge Ram a la Octava Región Naval.

La Subsecretaría de Administración de Control Patrimonial y Vehicular de la Secretaría de Administración y Finanzas del Estado, informa que esas cinco camionetas siguen en poder de la Octava Región Naval.

 

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