Poder Judicial desconoce las acusasiones sobre la ex magistrada Lambertina Galeana

Texto: José Miguel Sánchez

Fotografía:

Chilpancingo

 

El Poder Judicial desconoce si la ex magistrada Lambertina Galeana ordenó borrar los vídeos de las cámaras de seguridad del Palacio de Justicia de Iguala la noche del 26 de septiembre del 2014, cuando desaparecieron a los 43 normalistas de Ayotzinapa.

De acuerdo con el presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Raymundo Casarrubias Vázquez, el Poder Judicial desconoce la situación de la ex magistrada Lambertina Galeana Marín y sus implicaciones en el caso Ayotzinapa.

En el informe de la Comisión para el Acceso a la Verdad y Justicia del caso Ayotzinapa, Galeana Marín es señalada de perder u ocultar los videos de las cámaras de seguridad del Palacio de Justicia, de los hechos registrados el 26 de septiembre de 2014.

Entrevistado en las oficinas de la Ciudad Judicial de Chilpancingo, Casarrubias Vázquez dijo que a ocho años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa se desconoce si Galeana Marín, entonces presidenta del TSJ, fue llamada a declarar por presuntamente borrar los vídeos de la cámara de seguridad de la Ciudad de Iguala.

“La verdad como ese es un asunto que compete a la Fiscalía General de la República (FGR) y a una comisión especial y ellos son los que vienen investigando nosotros desconocemos”, mencionó Casarrubias Vázquez.

Agregó que se desconoce si alguna autoridad la citó a declarar por la acusación de borrar los vídeos y que en el tiempo que lleva Casarrubias Vázquez como presidente del TSJ eso tampoco sucedió.

Casarrubias Vázquez era magistrado en Iguala cuando sucedió la desaparición de los 43 normalistas, pero dijo que él como magistrado no tenía acceso al área técnica, por lo que también desconoce si hubo manipulación sobre los vídeos.

“Nosotros solo nos dedicamos a conocer los asuntos de apelación y no tenemos nada que ver con las cuestiones técnicas”.

El día de hoy se conoció que un juez federal libró una orden de aprehensión contra Galeana Marín por delitos contra la administración de justicia.

Además de Galeana Marín, también se liberaron órdenes de aprehensión contra el exprocurador de justicia, Iñaki Blanco y el exsecretario de Seguridad Pública de la entidad, Leonardo Octavio Vázquez Pérez.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se burla el diputado Bernardo Ortega durante el conteo por los 43 de Ayotzinapa en la sesión

Texto: José Miguel Sánchez

Fotografía: Oscar Guerrero 

Chilapancingo 

 

El diputado local del PRD, Bernardo Ortega Jiménez, se burló de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa en la sesión de este jueves al término del pase de lista que los diputados de Morena realizaron al cumplirse casi ocho años de la desaparición forzada de los estudiantes.

Los diputados de Morena, Nora Yanek Velázquez Martínez y Alfredo Sánchez Esquivel, subieron a tribuna y se sumaron a la exigencia de justicia de las madres y padres de los 43.

Al término de sus participaciones, sus compañeros de bancada empezaron a contar del uno al 43.

Al término del conteo, Bernardo Ortega Jiménez continúo, «44, 45, 46, ah no, perdón, me equivoqué», mencionó en tono de burla y al finalizar soltó una carcajada. Cuando ocurrieron los hechos de Iguala, en setiembre del 2014 en Iguala, él  fungía como coordinador del Congreso local y era del grupo político del entonces gobernador, Ángel Aguirre Rivero.

«Ese es el nivel de muchos», le contestó Sánchez Esquivel.

En el último punto del orden del día de la sesión de hoy, la diputada Velázquez Martínez pidió el uso de la palabra para hablar acerca del caso Ayotzinapa, hechos en el que desaparecieron los 43 normalistas de Ayotzinapa en Iguala; el próximo 26 de septiembre se cumplen ocho años de ese episodio.

En su intervención, Velázquez Martinez habló acerca de la exigencia de justicia de las madres y padres de los 43 estudiantes desaparecidos y reconoció que los hechos ocurridos en Iguala fueron un crimen de Estado.

«No solo se trató de un acto de exterminio a cargo de un grupo de la delincuencia organizada en complicidad y coordinación con autoridades federales, estatales y municipales, sino todo un proceso pensado, planeado y coordinado desde las más altas esferas del gobierno federal, para encubrir los hechos», mencionó en tribuna Velázquez Martínez.

Al término de su participación dijo que el Poder Legislativo se tiene que solidarizar con la búsqueda de justicia y castigo a los culpables.

«Exhorto respetuosamente a todos los grupos parlamentarios y representaciones de partido a recuperar en este caso, la vigencia del Estado de derecho, garantizando el ejercicio pleno de las libertades y derechos humanos».

Sánchez Esquivel también pidió el uso de la palabra sobre el mismo tema, y mencionó que a casi ochos años de la desaparición de los estudiantes tiene que existir una justicia real.

Propuso que se legisle le Ley de Desaparición Forzada para que puedan atraer el caso Ayotzinapa.

Al término de esas participaciones y del conteo que realizaron los diputados morenistas fue que Ortega Jiménez se burló de la acción de sus compañeros.

Ortega Jiménez es hermano de los líderes del grupo del crimen organizado denominado Los Ardillos, que operan en la región Centro y Montaña Baja de la entidad, Celso y Antonio Ortega Jiménez.

En distintas entrevistas el legislador lo acepta sin problema y argumenta que no tiene nada que ver con las actividades laborales de su familia.

Ortega Jiménez es el diputado local del distrito 24, que abarca los municipios de Mártir de Cuilapan, Quechultenango, Mochitlán y Tixtla, en este último se ubica la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa.

Horas más tarde, Ortega Jiménez emitió un comunicado donde aseguró que no lo hizo con intención de burlarse y que sólo fue «una distracción».

«Durante el conteo por la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa que se realizó este jueves por la tarde en el Pleno del Congreso de Guerrero, por una distracción proseguí el conteo y aunque de inmediato rectifiqué, ofrezco una disculpa al movimiento social que exige su presentación con vida», publicó en la página oficial del Grupo Parlamentario del PRD.

 

No fue una detención, fue una entrega voluntaria la de general José Rodríguez Pérez

Texto: José Miguel Sánchez

Fotografía: Oscar Guerrero 

Ayotzinapa

 

El representante legal de las madres y padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa, Vidulfo Rosales Sierra, informó que no fue una detención la del general José Rodríguez Pérez, como lo informó está mañana el subsecretario de Seguridad, si no una entrega voluntaria.

Durante el foro La Opacidad de las fuerzas armadas, realizada en las instalaciones de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, Rosales Sierra informó sobre la detención de Rodríguez Pérez la noche de ayer.

“Lo que sabemos es que fue una entrega voluntaria la de José Rodríguez a un juez de control y hasta el momento no tenemos más información”, mencionó Rosales Sierra.

Durante la conferencia presidencial de esta mañana el subsecretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Ricardo Mejía Berdeja informó sobre la detención del general José Rodríguez Pérez por sus implicaciones en el caso Ayotzinapa, que de acuerdo con el informe de la Comisión de la Verdad fue el responsable se asesinar a seis estudiantes normalistas y de limpiar las escenas del crimen en la ciudad de Iguala.

Sobre la exoneración de ex alcalde de Iguala José Luis Abarca por un juez federal de Tamaulipas el representante legal de las madres y los padres de los 43 dijo que fue exonerado por fallas en el proceso judicial.

“La exoneració de José Luis Abarca se debe a que su caso estuvo sustentado en la llamada verdad histórica, y fue culpado con declaraciones obtenidas bajo tortura”.

Rosales Sierra dijo que en la acusación de secuestro hay dos errores; el primero porque las pruebas fueron obtenidas de manera ilícita y la segunda porque para ser considerado secuestro tiene que haber una petición de rescate, lo cual no hubo.

Además de Abarca Velázquez hay otras 19 personas exoneradas del caso Ayotzinapa, entre los que están el ex comandante de la Policía Municipal de Iguala, Felipe Flores junto con otro 17 policías municipales.

“Nosotros desde aquí seguiremos exigiendo justicia, castigo a todos los culpables y la aparición con vida de los 43 normalistas desaparecidos”, dijo Rosales Sierra.

Durante el foro, que fue organizado por el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan y la Normal Rural de Ayotzinapa, hablaron sobre el peligro de la militarización en México.

Y pusieron de ejemplo los elementos militares que participaron en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa el 26 de septiembre de 2014.

El foro de hoy es parte de la jornada de lucha rumbo al octavo aniversario de la desaparición de los 43 estudiantes en la ciudad de Iguala.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protestan por los 43 en zonas militares y FGR ejecuta aprehensión contra mandos del Ejército

Texto: José Miguel Sánchez

Fotografía: Oscar Guerrero 

Chilpancingo

 

El subsecretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Ricardo Mejía Berdeja, informó que hay cuatro órdenes de aprehensión contra militares implicados en el caso Ayotzinapa, de las cuales tres ya fueron ejecutadas.

Uno de los militares detenidos es quien en 2014 fue el comandante del 27 Batallón de Infantería en la ciudad de Iguala, lugar donde el 26 de septiembre de 2014 elementos del Ejército, Policía Estatal, Federal y Municipal, en colusión con el grupo criminal Guerreros Unidos desaparecieron a 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa.

Mejía Berdeja dijo que derivado del informe de la Comisión Especial para el Acceso a la Verdad y Justicia del Caso Ayotzinapa fue que se liberaron las órdenes de aprehensión contra cuatro elementos del Ejército.

Aunque Mejía Berdeja no reveló los nombres de los detenidos, el informe de la Comisión de la Verdad del Caso Ayotzinapa menciona al coronel José Rodríguez Pérez como el comandante del 27 Batallón de Infantería en 2014.

En dicho informe señalaron a Rodríguez Pérez de ser aliado de Guerreros Unidos y de ordenar asesinar a seis estudiantes normalistas privados de su libertad en una bodega cerca de la ciudad de Iguala.

También lo acusaron de ser el responsable de borrar todas las evidencias de las escenas del crimen.

Además de las órdenes de aprehensión contra elementos del Ejército, Mejia Berdeja informó que el Ministerio Público federal emitirá un amparo en contra de la resolución del juez que exoneró a José Luis Abarca Velázquez del caso Ayotzinapa y de otras 19 personas relacionadas con el caso.

“Se impugnará la resolución del juez para que José Luis Abarca y los otros 19 implicados no queden libres”, mencionó Mejía Berdeja durante su participación en la conferencia matutina presidencial.

Además de la impugnación, la Secretaría de Gobernación interpondrá una queja ante el Consejo de la Judicatura Federal en contra del juez federal de Tamaulipas que exoneró a Abarca Velázquez y a 19 personas más.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se preveía absolución de Abarca, dice Vidulfo

Texto: Jesús Guerrero

Fotografía: Oscar Guerrero / Archivo

Chilpancingo

 

El abogado de las madres y padres de los 43 normalistas desaparecidos en Iguala hace casi ocho años, Vidulfo Rosales Sierra, declaró que se preveía la absolución del ex alcalde perredista, José Luis Abarca Velázquez, porque las pruebas que presentó la entonces PGR por el delito de secuestro eran débiles de manera premeditada.

«Fueron pruebas sustentadas en ilícitos que le hicieron al ex alcalde», dijo Rosales Sierra.

Dijo que esta investigación a Abarca que hizo el gobierno anterior de Enrique Peña Nieto fue parte de la «verdad histórica» que maquinó el ex titular de la PGR, Jesús Murillo Karam, quien actualmente está en prisión.

«Era obvio que el derrotero y la conclusión de esa investigación iba a derivar en una sentencia absolutoria porque hay una debilidad probatoria, porque esa investigación tiene datos de prueba que fueron extraídos de forma ilícita”, explicó el abogado.

El abogado mencionó que el ex alcalde de Iguala preso en el penal del Altiplano enfrenta otras causas penales una de ellas tiene que ver con la desaparición forzada de los normalistas.

Según Rosales Sierra, la nueva investigación que realiza la Comisión de la Verdad del caso Ayotzinapa cuanta con datos de prueba contra Abarca que permiten establecer su responsabilidad en la desaparición de los normalistas el 26 y 27 de septiembre del 2014.

Aseguró que el ex edil perredista de Iguala ya enfrenta órdenes de aprehensión por su probable responsabilidad en estos hechos y que existen pruebas de que él dio órdenes esa noche (el 26 de septiembre).

«Para nosotros es claro que él tiene responsabilidad», externó Rosales Sierra.

Este martes, el juez federal de Tamaulipas, Samuel Ventura, absolvió del delito de secuestro en agravio de los normalistas de Ayotzinapa a Abarca Velázquez sin embargo sigue en prisión porque enfrenta otros procesos penales, uno de ellos por el del homicidio calificado en agravio del dirigente social Arturo Hernández Cardona, en mayo del 2013, un año y meses antes de los sucesos de Ayotzinapa.

 

Te puede interesar: 

Normalistas de Ayotzinapa incendiaron la entrada principal del 27 Batallón de Infantería en Iguala

Normalistas de Ayotzinapa incendiaron la entrada principal del 27 Batallón de Infantería en Iguala

Texto: José Miguel Sánchez

Fotografía: Especial y Tlachinollan 

14 de septiembre del 2022

Iguala

 

Estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, incendiaron la entrada principal del 27 Batallón de Infantería, ubicado en la ciudad de Iguala, después de un acto político donde estuvieron madres y padres de los 43 estudiantes desaparecidos.

En el mitin, las madres y padres de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa exigieron al gobierno federal investigar al Ejército por sus implicaciones en la desaparición de sus hijos y dijeron que ni el informe de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa ni la detención del ex procurador Jesús Murillo Karam detendrá la exigencia de aparición con vida de los estudiantes desaparecidos en Iguala.

“piensan que con la detención de Murillo Karam estaremos ya en nuestras casas pero no, hasta no tener una justicia verdadera no nos vamos a detener”, dijo Joaquina García, madre del normalista desaparecido Martín Getzemany Sánchez García.

Madres y padres de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa durante la protesta de hoy afuera del 27 Batallón de Infantería en la ciudad de Iguala, Guerrero. Fotografía: Tlachinollan

Después del breve acto político afuera del 27 Batallón de Infantería, los estudiantes de Ayotzinapa comenzaron a lanzar piedras y petardos al interior del Batallón, posteriormente colocaron varios colchones rociados de gasolina en la fachada principal, a los que le prendieron fuego.

El acceso principal al Batallón estaba cercado con vallas y alambre de púas, además del paso vehicular bloqueado por una coladera sin tapa.

Los obstáculos no fueron impedimento para los normalistas, quienes lograron derribar el cerco y estamparon un camión repartidor de embutidos con el que lograron abrir la puerta principal del Batallón, posteriormente, el camión fue incendiado y permaneció en llamas un par de minutos.

El asesor legal de las madres y padres de los 43 estudiantes desaparecidos, Vidulfo Rosales Sierra, dijo que de acuerdo con el reciente informe presentado por la Comisión de la Verdad el Ejército fue un de los que participó en la desaparición de los jóvenes normalistas.

“En el informe señalaron a un coronel de este 27 Batallón de ordenar el asesinato de tres estudiantes, además de que otros 25 fueron ingresados a estas instalaciones antes de desaparecer”, mencionó Rosales Sierra.

Después de incendiar la entrada y la fachada principal, los normalistas se retiraron del lugar.

Esta serie de movilizaciones que madres y padres de los 43 realizan, junto con estudiantes normalistas de todo el país y organizaciones sociales, son en el marco del octavo aniversario de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos en la ciudad de Iguala, el 26 de septiembre del 2014, por integrantes del Ejército, policía federal y policías municipales que operaron coludidos con Guerreros Unidos, el grupo criminal que opera en la región en colusión con grupos económicos y políticos.

Clemente Rodríguez, padre Christian Alfonso Rodríguez Telumbre uno de los 43 normalistas desaparecidos, lanza piedras a la entrada principal del 27 Batallón de Infantería en Iguala, Guerrero. Fotografía: Especial
Normalistas de Ayotzinapa en la entrada principal del 27 Batallón de Infantería en Iguala durante un protesta para exigir la aparición con vida de sus 43 compañeros desaparecidos. Fotografía: Especial

Normalistas de Ayotzinapa lanzan petardos y estampan un camión repartidor en la entrada de la 35 Zona Militar

Texto: José Miguel Sánchez

Fotografía: Oscar Guerrero 

Chilpancingo

 

Estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, lanzaron piedras, petardos y estamparon un camión repartidor de refrescos en la entrada principal de la 35 Zona Militar, en Chilpancingo.

Como parte de la jornada de lucha rumbo al octavo aniversario de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, en la ciudad de Iguala, los estudiantes realizaron un acto político en la entrada principal de la 35 Zona Militar donde exigieron justicia por sus compañeros.

Los estudiantes llegaron a las 12 del día a la Zona Militar en 10 autobuses donde al concluir el acto político realizaron pintas y lanzaron petardos dentro de la Zona Militar.

Se escucharon al menos 10 detonaciones acompañadas del humo generado por los petardos y las bombas molotov.

Por último, los estudiantes estamparon un camión repartidor de refrescos contra la puerta principal de la Zona Militar y lograron derribar la puerta.

El camión repartidor quedó a la mitad de la puerta, los estudiantes sin ingresar, colocaron tres petardos lo que generó una explosión.

El medallón del camión voló cerca de los reporteros que cubrían el hecho.

Después de gritar consignas y realizar su pase de lista los estudiantes se reiteraron del lugar con rumbo a la Normal ubicada en Tixtla sin realizar otra actividad.

No queremos las migajas que nos quiere dar el gobierno: Madres y padres de los 43 

Texto: José Miguel Sánchez

Fotografía: Óscar Guerrero 

Chilpancingo

 

Madres y padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa exigieron al presidente Andrés Manuel López Obrador acceso real a la verdad y castigo a los responsables de la desaparición de sus hijos.

En un mitin en la Autopista del Sol, las madres y padres de los 43 estudiantes desaparecidos exigieron al gobierno encabezado por López Obrador dar a conocer la verdad de los hechos ocurridos la noche del 26 de septiembre del 2014 en Iguala.

«Que no piense el presidente que con su informe ya cumplió, nosotros queremos la verdad y hasta que no haya pruebas de que fueron asesinados yo seguiré exigiendo que me regresen a mi hijo con vida», mencionó María Martínez Zeferino, madre de Miguel Ángel Hernández Martínez.

Durante su participación exigió que se cumplan las 80 órdenes de aprehensión que hay contra elementos de seguridad y administrativos por sus implicaciones en el caso Ayotzinapa.

Además dijo que López Obrador solo los ignora porque, «en las reuniones y encuentros nos dice que sí a todo pero después se va y nos da la espalda».

Al mitin asistieron estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, y de distintas normales del país y organizaciones sociales.

Por su parte, Cristina Bautista Salvador, madre de Benjamín Ascencio Bautista, pidió cárcel para el ex gobernador Ángel Aguirre Rivero y lo catálogo del principal culpable de la desaparición de los 43 normalistas.

«Ángel Aguirre los mandó asesinar y a desaparecer, el era el gobernador y supo todo lo que pasó y debe ser castigado».

«No queremos las migajas que nos quiere dar el gobierno, nos quieren engañar con la detención de Murillo Karam pero hay más de 80 órdenes de aprehensión que tienen que ejecutarse», mencionó Cristina Bautista.

Además del acto político realizaron una misa y una ofrenda floral en el punto conocido como Parador del Marqués, donde el 12 de diciembre del 2011, los estudiantes Gabriel Echeverría de Jesus y Alexis Herrera Pino fueron asesinados por elementos de seguridad durante un desalojo después de que los normalistas bloquearon el paso vehícular para exigir plazas y presupuesto para la Normal.

Con el acto de este medio día, las madres y padres de los 43 comienzan una jornada de movilización rumbo al octavo aniversario de la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa en Iguala en 2014.

Durante la protesta, los manifestantes bloquearon los cuatro carriles de la Autopista del Sol por una hora.

«No tenemos la necesidad de estar aquí bloqueando y causando molestia a la ciudadanía, pero no me puedo ir a mi casa hasta saber donde está mi hijo».

«No me van a decir que mi hijo murió con unos huesitos de cinco centímetros, quiero pruebas de verdad y científicas para creer que fue asesinado», dijo María Martínez.

Después del mitin de dos horas aproximadamente, los manifestantes entonaron el Himno Venceremos y realizaron el pase de lista de los 43 normalistas desaparecidos.

A las 2:30 de la tarde, la circulación en la Autopista del Sol se restableció.

 

Te puede interesar: 

Congreso nombra al ex priísta Marco César Paris en la ASE; el nuevo auditor, es cercano a Félix y a la gobernadora

“Solo nos dieron la razón”: madre de uno de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa acerca del último informe

Sobre la participación en la marcha a favor de Abarca, en un comunicado precisaron que participaron cinco madres y padres y que lo hicieron a título personal


Texto: José Miguel Sánchez

Fotografía: Oscar Guerrero

Chilpancingo

 

Durante una marcha para conmemorar el Día Internacional de las Víctimas de la Desaparición Forzada, Cristina Bautista Salvador, madre de Benjamín Ascencio Bautista, uno de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, mencionó que a casi ocho años de la desaparición de su hijo no han alcanzo la justicia que se merecen.

Cristina Bautista junto con otros cuatro padres de los 43 normalistas desaparecidos asistieron a la marcha convocada por el Colectivo de Personas Desaparecidas Lupita Rodríguez Narciso para conmemorar el Día Internacional de las víctimas de desaparición.

Sobre el informe reciente de la Comisión para el Acceso a la Verdad y la Justicia del Caso Ayotzinapa, Cristina Bautista mencionó que en ese documento solo les dieron la razón acerca de lo que ellos siempre señalaron.

«Siempre señalamos al Ejército, siempre señalamos que de manera coordinada desaparecieron a nuestros hijos, y ahora que reconocen que fue el Estado el responsable de la desaparición pues solo nos dieron la razón».

Cristina Bautista mencionó que el informe es un paso más para esclarecer el caso, pero no descansarán hasta hallarlos con vida y los culpables sean castigados.

«Nosotros no nos vamos a cansar, no nos vamos a rendir, tenemos que seguir exigiendo la presentación con vida de nuestros hijos, no podemos quedarnos callados en nuestras comunidades hasta alcanzar justicia y castigo a todos los culpables «.

Las madres y padres dijeron que actualmente el informe lo está revisando el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) para verificar las investigaciones.

Sobre el fallecimiento de Ezequiel Mora Chona, padre de Alexander Mora Venancio, quien falleció el pasado domingo en un hotel en el municipio de Tepecuacuilco, dijo que es lamentable que las madres y padres fallezcan sin saber nada de sus hijos.

«A la fecha van tres padres y una madre los que fallecieron sin saber el paradero de sus hijos».

Mediante un comunicado, el Comité de madres y padres de los 43 informaron acerca del caso de los cinco que asistieron a la marcha en Iguala.

Dijeron que las cinco madres y padres que asistieron lo hicieron a título personal y no del Comité, y la invitación fue de parte del empresario Pedro Segura Valladares.

«Desafortunadamente cinco padres de familia de los normalistas desaparecidos respondieron a la invitación de Pedro Segura, empresario ganadero ligado a los Abarca y su grupo delictivo», se lee en el comunicado.

Mencionaron que como colectivo les queda claro la responsabilidad de Abarca Velázquez en la desaparición de los 43 normalistas, por lo que exigen “sea castigado con todo el rigor de la ley por haber cometido graves violaciones a los derechos humanos y haber truncado 43 vidas de jóvenes que tenían la esperanza de ser maestros».

Sobre el fallecimiento de Ezequiel Mora dijeron que debe ser investigado detalladamente.

Denunciaron que Segura Valladares por órdenes de la familia Abarca realiza acercamiento con algunos padres para intentar cooptarlos y dividirlos.

El próximo 26 de septiembre se cumplirán ocho años de los sucesos de Iguala, donde desaparecieron 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa.

 

Te pude interesar: 

Con protestas para exigir justicia, colectivos conmemoran el Día Internacional del Desaparecido

Velan a don Ezequiel Mora, padre de normalista desaparecido

Texto: Jesús Guerrero

Fotografía: Especial

Chilpancingo

 

Don Ezequiel Mora Chora, padre del normalista desaparecido de Ayotzinapa, Alexander Mora Venancio, es velado esta noche en su domicilio, ubicado en la comunidad de El Pericón, municipio de Tecoanapa.

Ezequiel Mora falleció de un paro cardiaco ayer domingo en la noche cuando estaba en el hotel Vida en el Lago, en el municipio de Tepecuacuilco, ubicado a 30 minutos de Iguala, en donde el 26 de septiembre del 2014 Alexander Mora y otros 42 alumnos de la escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, fueron desaparecidos.

El cadáver de Ezequiel Mora llegó este lunes alrededor de las diez de la mañana a El Pericón y se prevé que mañana martes sea sepultado en el panteón de esta comunidad de la región de la Costa Chica.

Ezequiel y, al parecer, otros cuatro padres de los normalistas desaparecidos acudieron al hotel del empresario y ex candidato del Partido del Trabajo (PT) para platicar con él.

Según versiones extraoficiales, Ezequiel Mora no participó en la marcha en Iguala que encabezaron Segura Valladares y familiares del ex alcalde perredista de este municipio, José Luis Abarca Velázquez y de su esposa María de los Ángeles Pineda la misma tarde de este domingo.

La protesta en la que participaron tres padres de los estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos, fue para exigir la liberación de Abarca y de su esposa encarcelados en distintos penales de máxima seguridad.

En diciembre del 2014, Ezequiel Mora acudió a la Normal de Ayotzinapa, en donde integrantes del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) le informaron que un pedazo de hueso y una muela hallados en el río San Juan, en Cocula, pertenecían a su hijo Alexander según estudios científicos de la Universidad de Innsbruck, en Austria.

Sin embargo, Ezequiel Mora nunca estuvo de acuerdo con esa versión oficial del gobierno y seguía exigiendo la presentación con vida de su hijo.

 

Te puede interesar:

Ayotzinapa un crimen que sigue sin castigo

Ezequiel Mora murió en hotel propiedad del empresario Pedro Segura

Texto: José Miguel Sánchez

Fotografía: Franyeli García

Chilpancingo

 

Ezequiel Mora Chona, padre del normalista de Ayotzinapa desaparecido, Alexander Mora Venancio, murió en un hotel propiedad del empresario y ex candidato a gobernador, Pedro Segura Valladares, informó la gerencia del hotel.

El día de ayer un grupo de las madres y padres de los 43 normalistas desaparecidos, junto con Segura Valladares, participaron en un marcha en Iguala para exigir la liberación del ex alcalde, José Luis Abarca Velázquez.

De acuerdo con el comunicado, los hechos ocurrieron en el hotel Vida en el Lago Resort, ubicado en el municipio de Tepecuacuilco, en la región Norte de la entidad.

Ezequiel Mora junto con otras cinco personas se registraron en el hotel al mediodía del domingo, se desconoce si sus acompañantes también eran del grupo de las madres y padres de los 43.

Fue a las 7:21 de la tarde, cuando uno de los acompañantes de don Ezequiel acudió a la recepción a solicitar una ambulancia, que se pidió al número de emergencia 911.

Debido a la demora de la ambulancia, el personal médico del hotel acudió a proporcionar primeros auxilios a don Ezequiel y fue ahí que se percataron que ya no tenía signos vitales.

En el comunicado informaron que la ambulancia solicitada nunca llegó y el fallecimiento fue reportado a la Fiscalía Regional de la Zona Norte.

Por el reporte, al hotel llegó personal de la Fiscalía General del Estado (FGE), del Ministerio Público y peritos para realizar las investigaciones correspondientes.

La gerencia de Vida en el Lago informó que puso a disposición de la FGE las cámaras de seguridad y a su personal para declarar sobre los hechos.

«Hasta el momento de la publicación de este comunicado, las autoridades no nos han informado las causas del deceso», se lee.

Por su parte, Segura Valladares publicó en sus redes sociales que lamentaba el fallecimiento de Ezequiel Mora, a quien se refirió como “amigo” y dijo que conoce desde 2017.

El día de ayer, un grupo de padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa acudieron a la marcha convocada por familiares de Abarca Velázquez y su esposa María de los Ángeles Pineda Villa para exigir su liberación por considerarlos inocentes por las desapariciones y asesinatos de los normalistas en septiembre del 2014.

En esa manifestación Segura Valladares arremetió contra el abogado de las madres y padres de los 43 normalistas, Vidulfo Rosales Sierra.

«El único que lucra con los padres es su abogado», mencionó durante su participación Segura Valladares.

Fuentes extraoficiales informaron que don Ezequiel murió a causa de un infarto.

 

Te puede interesar: 

A Ezequiel Mora, padre de uno de los 43, no lo venció el Covid; murió de un infarto

Ayotzinapa un crimen que sigue sin castigo

A ocho años del ataque, asesinato y desaparición forzada contra los normalistas de Ayotzinapa, lo esencial sigue sin respuesta: ¿dónde están los jóvenes?, ¿por qué los atacaron, asesinaron y desaparecieron?, ¿quiénes son los autores intelectuales y cuándo pagarán por este crimen?

El 17 de agosto, el subsecretario de Derechos Humanos y Migración de la Secretaría de Gobernación (Segob), Alejandro Encinas Rodríguez, presentó el último informe sobre el Caso de Ayotzinapa.

El informe presenta avances, contradicciones y pendientes.

El principal avance es el reconocimiento de que se trata de un crimen de Estado. Se hace explícita la participación activa de militares, policías, autoridades civiles, administrativas y judiciales en la desaparición de los estudiantes.

El informe desmonta la versión de que la participación del Ejército fue sólo de omisión esa noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre del 2014 en Iguala. Ahora se sabe que el coronel José Rodríguez Pérez, entonces comandante del 27º Batallón de Infantería, ordenó el asesinato y desaparición de por lo menos seis estudiantes después de que los mantuvieron cuatro días encerrados en una bodega en la colonia Pueblo Viejo, en Iguala.

También se confirmó que Julio César López Patolzin —uno de los 43 desaparecidos—, es un militar en activo que desde el 2012 infiltró el Ejército en la normal de Ayotzinapa para espiar las actividades de los estudiantes.

Este papel del Ejército en Guerrero no es nuevo. Ampliamente se ha documentado la represión de militares, sólo basta recordar la época de la Guerra Sucia, la masacre de El Charco, la violación sexual contra Inés Fernández y Valentina Rosendo. Casos que siguen en la impunidad.

En Guerrero el Ejército ha sido utilizado para combatir la insurgencia, los movimientos sociales y la lucha de los pueblos. Y en los últimos 16 años también las fuerzas armadas han sido utilizadas en esta supuesta estrategia de seguridad que comenzó el panista Felipe Calderón, continúo el priista Enrique Peña Nieto y persiste con el morenista, Andrés Manuel López Obrador.

Esta supuesta estrategia sólo ha dejado muertes, desapariciones y desplazamientos forzados.

Sin embargo, la definición de crimen de Estado no corresponde con lo que dice el informe. Si fue un crimen de Estado: ¿por qué el entonces jefe del Estado mexicano, Enrique Peña Nieto, no está incluido en las investigaciones?, ¿Por qué el jefe del Ejército, el general Salvador Cienfuegos, no es llamado a explicar su actuación?

Como se puede entender que en el informe se establezca que la denominada “verdad histórica” se construyó en un salón de la Presidencia de la República, es decir, en la oficina de Peña Nieto, y el priista no esté incluido en la investigación.

Para que la definición de crimen de Estado no quede sólo en un uso retórico, las acciones del gobierno federal deben llegar hasta el nivel más alto. El más alto.

Focalizar la responsabilidad en el ex alcalde de Iguala, José Luis Abarca Velázquez, a quién en el informe se le ubica como el personaje que dio la orden de asesinar y desaparecer a los estudiantes, y, en mandos militares, es insuficiente.

¿José Luis Abarca aglutinaba tanto poder para tener a mandos militares, policiacos (municipales, estatales y federales), alcaldes e integrantes del crimen organizado a su disposición para que esa noche se desplegara una operación de esa magnitud?

José Luis Abarca debe ser sancionado por su responsabilidad, pero es obvio que los aparatos de inteligencia y de seguridad del Estado que operaron esa noche no recaían en un alcalde.

¿Dónde queda el papel del ex gobernador, Ángel Aguirre Rivero? Desde la tarde del 26 de septiembre su gobierno monitoreó y siguió a los estudiantes desde que intentaron tomar autobuses en Chilpancingo.

Aguirre Rivero debió estar enterado de la situación y, de no ser así, fue omiso, negligente y eso también es una responsabilidad.

Además, durante los días siguientes al ataque y antes de que la entonces Procuraduría General de la República (PGR) atrajera la investigación, Aguirre Rivero no buscó a los normalistas, no detuvo a los responsables y permitió que Abarca Velázquez se fugara después de pedir licencia ante el Cabildo de Iguala, el 30 de septiembre.

Esa vez, la Policía Ministerial, curiosamente, llegó al Palacio Municipal de Iguala después de que Abarca Velázquez había huido.

De acuerdo con el informe que leyó Encinas Rodríguez, la entonces magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Lambertina Galeana Marín, ordenó la destrucción de los videos grabados por seis cámaras del exterior del edificio del Palacio de Justicia de Iguala, argumentando que las imágenes no eran claras porque hubo problemas técnicos.

Es cuestionable si fue decisión sólo de la magistrada o quién le ordenó borrar esas pruebas que daban cuenta de que policías municipales de Huitzuco bajaron a 13 estudiantes del autobús retenido fuera del Palacio Judicial, de acuerdo con el informe.

Lambertina Galena: ¿está siendo investigada?, ¿Será detenida?

Al igual, las conclusiones recientes del gobierno de López Obrador, no tocan al entonces procurador general del estado, Iñaki Blanco Cabrera —quien dijo— tenía ubicados a los presuntos autores intelectuales, pero no los detuvo inmediatamente entre ellos al propio edil perredista de Iguala José Luis Abarca Velázquez.

Ahora que el gobierno federal definió el Caso de Ayotzinapa como crimen de Estado: ¿no sería pertinente que un organismo internacional investigue, juzgue y sancione a los responsables del caso con la finalidad de garantizar la imparcialidad?

De no ser así, el Estado estaría investigando al propio Estado, independientemente de que los responsables hayan pertenecido a un gobierno distinto al de ahora.

Se corre el riesgo de no arribar a la verdad porque —pese a que el presidente insiste que el país vive un proceso de transformación—, el Estado y, sobre todo, en las instituciones de procuración de justicia en todos los niveles, la corrupción sigue enquistada.

A ocho años, lo que menos se espera es que el gobierno federal esté administrando el caso y, menos, que esté pensando en sacar raja política para el 2024. Las mamás y papás de los 43 normalistas desaparecidos merecen verdad y justicia.

Pero no sólo ellos la merecen, también la sociedad. El Caso Ayotzinapa es emblemático del terror, del abuso del poder, la barbarie del Estado, pero es hora que se convierta en un emblema de justicia, que marque el fin de la impunidad que está ahorcando al país.

La ciudadanía siempre ha tenido dudas de la aplicación de la justicia en México porque de manera constante se ha utilizado como una forma de ejercer el poder. Ojalá el crimen de Ayotzinapa no sea el caso.

Te puede interesar:

Tlacolol – A la alcaldesa Norma Otilia todo le sale mal

Salir de la versión móvil