“El Ejército desobedece al presidente”: familiares de Ayotzinapa denuncian ocultamiento de información y temen salida del GIEI

Madres y padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa denuncian que el Ejército oculta información de lo sucedido en 2014 y advierten que la posible salida de los expertos del GIEI les dejaría “vulnerables” y ante el escenario de que el caso se cierre.


Texto: Manu Ureste / Animal Político 

Fotografía: José Luis de La Cruz / Archivo

 

Familiares de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa denunciaron, tras una reunión este lunes con el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedenaestá ocultando deliberadamente información del caso, y mostraron su preocupación por la posible salida en julio próximo de los dos integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) que quedan en el país.

“Creemos que ellos (los expertos del GIEI) están en la mejor disposición de quedarse y seguir investigando. Pero el problema es que el Ejército está en desacato con el presidente y no está obedeciendo el mandato de entregar toda la información”, dijo en entrevista Mario César González Contreras, padre del normalista desaparecido César Armando González, quien ayer fue uno de los familiares de los jóvenes que estuvieron presentes en la reunión con Encinas en la Secretaría de Gobernación, en la capital mexicana.

“Si el Ejército entregara toda la información, estamos seguros de que los expertos del GIEI (Carlos Beristáin y Ángela Buitrago) se quedarían para continuar con las investigaciones. Pero si no abren todo, ¿para qué se van a quedar más tiempo?”, preguntó González, y agregó: “Desconocemos qué información están ocultando los militares o a quién están protegiendo de tan alto nivel”.

“Es algo que no comprendemos”, insistió. “Incluso, la Sedena firmó un decreto estando de acuerdo su titular, Crescencio Sandoval, para liberar toda la información y así ayudar a la localización de nuestros muchachos”.

Todo lo anterior se da en el contexto de lo publicado la semana pasada por el diario El País, que informó que los dos expertos del GIEI no renovarían por más tiempo su estancia en México, dando por concluida en julio su participación en el caso Ayotzinapa. Esto, debido a “diversos desencuentros” con la Sedena, entre los que se encontrarían el ocultamiento por parte del Ejército de una serie de documentos en los que quedaron plasmadas conversaciones interceptadas al grupo criminal que agredió a los estudiantes normalistas.

Aunque aún no hay una confirmación oficial, está previsto que para finales del próximo mes tanto el subsecretario Encinas como el GIEI den a conocer públicamente, aunque por separado, amplios informes sobre el avance de las investigaciones. En el caso del GIEI, según lo publicado por El País, se dará a conocer que el Ejército ocultó de manera deliberada información sobre el ataque a los normalistas.

“El Ejército ha negado que esos documentos existan, pero el GIEI señala que hay evidencia de sobra que demuestra lo contrario. Los expertos han denunciado incluso que, en mayo de 2022, alguien al interior del Ejército concentró esta información y la movió de los archivos donde el GIEI pensaba que podría encontrarlos”, publicó el diario.

Ante la perspectiva de una inminente salida de los expertos del GIEI, que lleva investigando el caso desde 2015, los familiares de los jóvenes dijeron que, de concretarse, sería una situación que los dejaría “en un estado de gran vulnerabilidad”.

“No sabemos aún cómo reaccionaríamos sin una fuerza tan grande como el GIEI, un equipo de expertos del que no se puede dudar de su trabajo. Nos quedaríamos muy vulnerables e incluso tememos que se pudiera cerrar el caso. Por eso, creemos que debe buscarse un mecanismo para que el GIEI se quede y pueda seguir investigando”, pidió Mario César González.

Bernabé Abraham Gaspar, padre del normalista Adán Abraham de la Cruz, dijo durante la marcha que se realizó la tarde de ayer, a casi nueve años ya de la desaparición forzada de los jóvenes el 26 de septiembre de 2014, que los familiares exigen que los expertos del GIEI se queden en el país, aunque para ello, demandó, es necesario que el Ejército abra toda la información.

“Todos queremos que sigan porque nos han ayudado mucho. Pero no hay avance, ese es el problema. Y pues también se entiende, claro. Porque si no los dejan trabajar ni avanzar, pues para qué se van a quedar más tiempo”, señaló.

Más detenciones

Los familiares entrevistados explicaron que durante el encuentro con Encinas, el cual realizan mensualmente, se les informó de la detención el domingo de Gualberto Ramírez Gutiérrez, extitular de la Unidad Antisecuestros de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO).

El exfuncionario está acusado de desaparición forzada de personas, tortura y coalición de servidores públicos en el caso Ayotzinapa.

“Para nosotros es muy importante que se haya dado esta detención, porque esta persona forma parte de la ‘verdad histórica’ y puede aportar nueva información sobre el caso”, dijo Melitón Ortega, tío del normalista Mauricio Ortega Valero.

Asimismo, durante la tarde de ayer el subsecretario Encinas informó que el Juzgado Segundo de Procesos Penales Federales, ubicado en Toluca, Estado de México, decretó auto de formal prisión en contra de ocho militares detenidos por el delito de desaparición forzada en el caso Ayotzinapa.

La detención se produjo el pasado 21 de junio. Se trata de militares adscritos al 27 Batallón de Infantería de Iguala, Guerrero.

Estas capturas se suman a las del general José Rodríguez Pérez, el capitán José Martínez Crespo, el subteniente Fabián Alejandro Pirota Ochoa y el sargento Eduardo Mota Esquivel, quienes desde septiembre pasado se encuentran en una cárcel militar acusados también por desaparición forzada.

El 26 de agosto del año pasado, el gobierno federal, a través del subsecretario Encinas, atribuyó al general Rodríguez Pérez la orden de asesinar a seis de los 43 normalistas. El 21 de septiembre, un juez federal dictó auto de formal prisión en contra del general.

Imagen de archivo de una marcha y un mitin en Iguala, donde las madres, los padres y estudiantes reclamaron al presidente, Andrés Manuel López Obrador, por no resolver el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos en septiembre de 2014.

Este texto es propiedad de Animal Político y lo reproducimos con su autorización. Puedes leer el original en este enlace.

 

Caso Ayotzinapa: 8 militares fueron detenidos por su probable participación en la desaparición de los 43 estudiantes

Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, confirmó la detención de los ocho militares por su probable participación en la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.


Texto y fotografía: Animal Político

Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos humanos, Población y Migración, confirmó que 8 militares adscritos al  27 Batallón de Infantería de Iguala fueron detenidos por su posible implicación en la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.

De acuerdo con lo publicado por Encinas, se les acusa de los delitos de desaparición forzada y delincuencia organizada.

Tras su detención fueron ingresados a la prisión del Campo Militar 1-A.

Estas detenciones se suman a las del general José Rodríguez Pérez, el capitán José Martínez Crespo, el subteniente Fabián Alejandro Pirota Ochoa y el sargento Eduardo Mota Esquivel, quienes desde septiembre pasado se encuentra en una cárcel militar acusados del mismo delito.

La detención de este grupo de militares ocurre a tan solo 24 horas de que una juez liberara 16 órdenes de aprehensión contra militares implicados en el caso.

Aún están pendientes la aprehensión de ocho militares, entre ellos, el coronel Rafael Hernández Nieto, comandante del 41 Batallón de Infantería con sede en Iguala.

Militares fueron interrogados por caso Ayotzinapa

El Ejército hizo una investigación interna sobre la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, en la cual interrogó a 43 militares, revelan correos hackeados por el colectivo Guacamaya.

Dicha información se le ha negado tanto a los investigadores del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) como a la Fiscalía General de la República (FGR).

Militares y el caso de los 43 de ayotzinapa

El 26 de agosto pasado, el Gobierno Federal, a través del subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, atribuyó al general Rodríguez Pérez la orden de asesinar y desaparecer a seis de los 43 normalistas, caso por el cual aseguró días después que se libraron cuatro órdenes de aprehensión contra militares involucrados.

El 21 de septiembre, un juez federal dictó auto de formal prisión en contra del general José Rodríguez Pérez, excomandante del 27 Batallón de Infantería, procesado por el delito de delincuencia organizada, ilícito relacionado a su presunta relación con el grupo criminal Guerreros Unidos que ha sido relacionado a la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

Sí hay responsabilidad de ex alcalde Iguala en la desaparición de los 43, revira madre de estudiante desaparecido

Texto: José Miguel Sánchez

Fotografía: Oscar Guerrero

Chilpancingo

Después de la absolución de José Luis Abarca Velázquez del caso de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, Cristina Bautista Salvador, madre de Benjamín Ascencio Bautista, uno de los jóvenes desaparecidos, aseguró que el ex alcalde sí es culpable y reprobó la determinación del juez.

Ascencio Bautista señaló a la ex Procuraduría General de la República (PGR) y a su ex titular, Jesús Murillo Karam, de construir un expediente poco sólido, situación que generó que Abarca Velázquez fuera absuelto por los hechos ocurridos la noche y madrugada del 26 y 27 de septiembre del 2014 en la ciudad de Iguala.

La falta de un buen expediente, expuso, también generó que otros tantos implicados obtuvieron su libertad.

“Decimos como madres y padres ¿cómo no va a ser responsable? Claro que es responsable de la desaparición forzada de nuestros hijos, porque en ese momento estaba como presidente (municipal), así como ya hemos dicho como madres y padres todas las instituciones tenían conocimiento de que estaban atacando a nuestros hijos, desde el presidente de la República de ese tiempo, pasando por el ex gobernado Ángel Aguirre y José Luis Abarca, todos son responsables”, dijo Ascencio Bautista en entrevista al termino del aniversario número 41 de Radio Universidad Autónoma de Guerrero (Uagro), realizado en rectoría.

Con esta absolución emitida por el Tribunal Colegiado de Apelación del Décimo Noveno Circuito, con sede en Tamaulipas, Abarca Velázquez fue considerado inocente en la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa,

Tal como la documentó el día de ayer Amapola, periodismo transgresor, el Tribunal absolvió al ex alcalde de Iguala después de considerar que el Ministerio Público Federal no aportó pruebas suficientes que acreditaran que participó y tuvo responsabilidad en la desaparición de los 43 estudiantes.

Abarca Velázquez ya fue sentenciado a 92 años de prisión por el secuestro de los activistas Arturo Hernández Cardona, Félix Bandera Román y Ángel Román Ramírez.

La madre de Benjamín aclaró que el abogado de ellos aún no tienen la notificación de la absolución del ex alcalde de Iguala.

Lo que preocupa a las madres y padres de los 43 desaparecidos, dijo, es que por el deficiente proceso más personas implicadas en el caso puedan salir de prisión.

“Como madres y padres nos preocupa que ya va a terminar su mandato (de Andrés Manuel López Obrador) y él se comprometió, cuando lo fuimos a verlo a Iguala, durante su campaña, a que va a esclarecer los hechos antes de que termine su mandato y nosotros no queremos llegar a otro año más sin resultados, no podemos dejar en el olvido el caso”, mencionó.

También reprochó que aún no da resultados el actual fiscal especial del caso Ayotzinapa, Rosendo Gómez Piedra, nombrado por el presidente López Obrador, en sustitución de Omar Gómez Trejo.

“Como madres y padres si vemos obstáculos en la Marina, en el Ejército, el Batallón 27 de Iguala, todos ellos no quieren entregar los expedientes a los expertos y expertas y nuestra exigencia es que entreguen todos los archivos para llegar a la verdad”.

Otra exigencia que hacen las madres y padres es la reactivación de 18 órdenes de aprehensión contra militares implicados en el caso, “como fiscal especial es fácil, pero no lo quieren hacer”.

 

Acusan normalistas de Ayotzinapa al presidente de apropiarse del movimiento de los 43 para no resolver

Texto: José Miguel Sánchez

Fotografía: Especial

Chilpancingo

 

Estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, denunciaron, durante un mitin en Chilpancingo, que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, se abanderó el caso de la desaparición de los 43 normalistas en Iguala para su campaña presidencial y de incumplir su promesa de resolver.

“AMLO se abanderó del movimiento de nuestros hermanos, los 43, se abanderó y dijo que iba a resolver este caso y ni siquiera ha podido resolver nada, nosotros sólo queremos que nos digan la verdad”, mencionó un estudiante de la normal durante el mitin en el Antimonumento a los 43, ubicado en el Monumento a las Banderas, al sur de la capital.

Este mitin, en el que ocuparon parte de la avenida Lázaro Cádenas, ocurrió en el marco de los ocho años y siete meses de la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa en la ciudad de Iguala, la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre del 2014.

De acuerdo con las nuevas investigaciones realizadas por la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa y el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), los 43 estudiantes fueron desaparecidos por elementos de la Policía Municipal de Iguala e integrantes del grupo delictivo Guerreros Unidos, con apoyo de la entonces Policía Federal, Policía Estatal y el Ejército.

Las últimas investigaciones apuntan al Ejército como uno de los principales responsables de la desaparición de los estudiantes, de ser omisos y encubrir los hechos de esa noche y madrugada en Iguala.

Los estudiantes en el mitin que realizaron se lanzaron contra el Ejército y contra el presidente porque, denunciaron, los encubre.

“Nosotros simplemente queremos que nos digan la verdad. ¿Qué tiene que perder este gobierno? ¿A sus cuerpos policiacos? Ese tipo de personas no tiene nada que perder y si de verdad sus cuerpos policiacos son unos santos, este gobierno no tendría perder nada”, dijo un estudiante.

En ese tipo de eventos los estudiantes omiten dar sus nombres o algunas declaraciones extras a la prensa.

Ayer el abogado de las madres y padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, Vidulfo Rosales Sierra, expuso que desde el 2021 que comenzó la investigación al Ejército por sus implicaciones en estos hechos, el caso se detuvo, cree se debe a que el gobierno federal se niega a culpar a las fuerzas armadas.

Rosales Sierra mencionó que hay archivos del Ejército y expedientes donde narran cómo 38 estudiantes fueron trasladados de la cárcel municipal de Iguala a una fosa clandestina, pero necesitan el expediente completo para saber qué pasó al final con ellos.

Dijo que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) se niega a entregar dichos documentos.

El mitin duró una hora, de las once de la mañana a las doce del día; después los estudiantes se retiraron en el autobús en el que llegaron con rumbo a la Normal Rural, ubicada en Tixtla, y liberó la circulación en la avenida Lázaro Cárdenas, la cual estaba tomada por los estudiantes.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gobierno federal detiene investigación sobre los 43 cuando impactó en el Ejército, denuncia abogado

Texto: José Miguel Sánchez

Fotografía: Oscar Guerrero

Chilpancingo

 

El abogado de las madres y padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, Vidulfo Rosales Sierra, expuso que desde el 2021 que comenzó la investigación al Ejército por sus implicaciones en estos hechos, el caso se detuvo, cree, que porque el gobierno federal se niega a culpar a las fuerzas armadas.

En entrevista, previó a una reunión de las madres y padres de los 43 con integrantes de organizaciones sociales a puerta cerrada, Rosales Sierra expuso la situación de las investigaciones.

“El caso avanzó hasta 2021, tiempo en que se obtuvo la identificación y paradero de algunos estudiantes y se libró el mayor número órdenes de aprehensión, y entonces el caso estaba perfilando a una investigación importante que terminó en el año 2022; el problema fue que esa investigación contemplaba a elementos del Ejército y derivaba en su responsabilidad en el caso, y es cuando se para la investigación”, dijo Rosales Sierra.

Derivado de esto, de acuerdo con Rosales Sierra, hubo confrontaciones entre el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y las madres y padres de los 43.

Rosales Sierra adelantó que el próximo 27 de abril habrá una reunión de madres y padres de los 43 con que el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, quien también es presidente de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa, Alejandro Encinas Rodríguez, donde le plantearán que abran 13 archivos militares donde se narran los hechos de la noche y madrugada del 26 y 27 de septiembre en Iguala, en 2014.

“Estos archivos no sólo probarían que el Ejército no sólo fue omiso, si no que fueron participes en la desaparición de los 43 estudiantes”, mencionó el abogado.

En uno de esos archivos, contó el abogado, narran cómo 38 estudiantes fueron trasladados de barandillas o cárcel municipal de Iguala a una fosa clandestina, pero se necesita el expediente completo para saber qué pasó al final con ellos.

Para Rosales Sierra existe un “compromiso político” entre el presidente López Obrador y el Ejército, razón por la que se niegan a esclarecer el caso Ayotzinapa.

“Esta hipotecado el caso Ayotzinapa y el presidente no quiere romper su compromiso político con el Ejército para dar con el paradero de los 43”.

El vocero del colectivo de madres y padres de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa, Melitón Ortega Jiménez, mencionó que no quitarán el dedo del renglón “para saber dar con el paradero de los 43 y que quienes sean responsables sean llevados ante la justicia”.

Melitón Ortega denunció que las madres y los padres de los normalistas, y los activistas de derechos humanos que los acompañan son víctimas de espionaje; “se supone se tendría que espiar a los culpables y no a las víctimas”.

Sobre la reunión que culminó alrededor de las tres de la tarde, Melitón Ortega informó que abordaron temas de organización y peticiones que le llevarán a Encinas Rodríguez en la reunión del próximo 27 de abril.

Entres las propuestas que harán al subsecretario de Derechos Humanos está el cese al espionaje para activistas y defensores de derechos humanos que acompañan el caso Ayotzinapa e insistir en que el Ejército abra sus expedientes y se vuelvan a emitir las 16 órdenes de aprehensión contra estos agentes que fueron canceladas en agosto del 2022.

 

Con AMLO y con el gobierno de Evelyn, todo sigue igual, aseguran padres y madres de los 43 en Asamblea

Texto: José Miguel Sánchez

Fotografía: 

Chilpancingo

 

Mediante un comunicado emitido por el Comité de Madres y Padres de los 43, después de la Asamblea Nacional Popular (ANP), realizada el día de ayer en la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, llamaron a todas las organizaciones sociales de izquierda a “reorganizarnos, tender los puentes fraternos de dialogo y de entendimiento entre organizaciones sociales y hermanos de clase”.

Esto, de acuerdo al comunicado, porque consideran que el “movimiento social está disperso, a la derivada y aletargado”.

Además de que las madres y padres externaron su preocupación de que, ante la falta de organización y movilización de sectores y organizaciones sociales de izquierda la “derecha” asuma como propias las exigencias de justicia sobre diversos temas.

“Poco a poco la derecha retoma algunas demandas sociales como los derechos de las mujeres, la exigencia de contra pesos institucionales y va tomando las calles y plazas públicas desplazando a movimientos sociales de izquierda”, se lee en el comunicado.

En dicho documento, las madres y padres de los 43 mencionaron que ante este nuevo gobierno del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, no hay cambios reales para la sociedad.

“Mientras unos pocos tienen mucho, la mayoría nos debatimos entre la miseria y la exclusión social, el gran capital es el beneficiario de siempre, sigue acumulando riquezas y esquilmando los bienes naturales de nuestro país”, sentenciaron.

Otro punto que aborda el comunicado es el acceso a la verdad y a la justicia para dar con el paradero de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos.

Mencionaron que a nueve años de los sucesos ocurridos la noche y madrugada del 26 y 27 de septiembre en Iguala, Guerrero, en el que desaparecieron los 43 normalistas y cinco personas más fueron asesinadas no hay acceso a la justicia.

“A esta distancia (nueve años), pesa el cansancio físico, mengua nuestro caminar por las enfermedades que padecemos y duelen las pérdidas irreparables de Minerva Bello, Bernardo Campos, Saúl Bruno, Ezequiel Mora y Tomás Ramírez, pero el amor a nuestros hijos y el espíritu inclaudicable de nuestros compañeros que se quedaron en el camino nos animan a seguir”

Otro punto fue el de la violencia, en el que aseguran nada cambio con la llegada del nuevo gobierno, tanto el federal, en 2018, como el estatal, en el 2021.

“La violencia contra las mujeres sigue creciendo exponencialmente sin que existan acciones y políticas del gobierno contundentes que permitan revertirlas, las desapariciones son un lastre social que han continuado. Hoy suman más de cien mil en el país. Tan solo en este gobierno van más de treinta mil. La violencia generada por los grupos delictivos azota varias regiones de nuestro país, zonas completas se encuentran bajo el imperio de las bandas delictivas, son estas las que imponen su ley a sangre y fuego enlutando los hogares de los más pobres”, mencionaron.

También mencionaron problemas en el sector educativo, y expusieron que no se revirtió la Reforma Educativa como lo prometió en campaña López Obrador.

Además que las normales rurales aún padecen la precarización, persecución política, represión y continúan las políticas para el exterminio y el cierre definitivo de los normales rurales.

El tema de la militarización del país fue un tema que consideraron preocupante y aseguraron que las fuerzas militares en las calles son para contener a los movimientos sociales.

“Se han dado facultades legales y constitucionales a las fuerzas armadas para que contengan la violencia, pero sobre todo para que metan en cintura a los inconformes e insumisos. Un gobierno con casaca progresista y con bayoneta militar para acallar los que disienten, a los pobres e inconformes”, se lee.

Por último, las madres y padres de los 43 llamaron a todas las organizaciones sociales de izquierda a una asamblea para analizar, discutir y proponer nuevos ejes y planes de lucha ante las inconformidades antes mencionadas.

“Es hora de retomar nuestro papel histórico, elevar la lucha de clases e impulsar el caminar del pueblo hacia una patria nueva donde haya pan, techo, verdad y justicia para los de abajo”, finaliza el comunicado.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se cumplen 100 meses de la desaparición de los 43 sin hallazgos, reprochan activistas

Texto: José Miguel Sánchez
Fotografía: Oscar Guerrero
26 de septiembre del 2023
Chilpancingo

 

Al cumplirse 100 meses de la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, organizaciones sociales, sindicatos y colectivos de personas desaparecidas exigieron al presidente Andrés Manuel López Obrador y a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda resultados para dar con el paradero de los estudiantes.

Los 100 meses son equivalente a ocho años y cuatro meses de la desaparición de los muchachos sin que exista información contundente de lo que ocurrió lea noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre del 2014 en Iguala.

En el mitin, ocurrido en el Antimonumento a los 43, ubicado en el Monumento a Las Banderas, estuvieron ausentes los estudiantes de Ayotzinapa; una comisión se dirige a la Ciudad de México junto las madres y padres de los normalistas desaparecidos, donde realizarán otro mitin.

Otra comisión de estudiantes acompañó a la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación Guerrero (CETEG) al homenaje que le realizaron al maestro Mario Zamora Maldonado, quien fue asesinado el año pasado durante un ataque armado a una base de la Unión de Pueblos Organizados del Estado de Guerrero (UPOEG) en Buena Vista de la Salud, asentada en la zona rural Chilpancingo, organización armada de la que formaba parte como autodefensa.

Al mediodía de este jueves, minutos después de las once de la mañana, los manifestantes se concentraron en el Antimonumento a los 43, bloquearon la avenida Lázaro Cárdenas, sentido norte-sur, ubicada a un costado del lugar.

El mitin fue encabezado por el Colectivo de Familiares de Personas Desaparecidas Lupita Rodríguez Narciso, y asistieron representantes de la CETEG, del Sindicato Único de Trabajadores del Colegio de Bachilleres (Sutcobach) y del Comité de Solidaridad con el 60.

Los manifestantes exigieron la aparición con vida de los 43 estudiantes desaparecidos, además de otras demandas de las organizaciones presentes.

Durante el mitin, Carlos David Molina Rodríguez, representante del colectivo Lupita Rodríguez, mencionó que las cifras de desaparecidos a nivel nacional es de 107,000 personas y en el estado de Guerrero, han contabilizado a 3,790. Puntualizó que aun cuando las cifras son altas tampoco reflejan la realidad.

Roberta Campos Adame, del Comité de Solidaridad con el Movimiento de 1960, reprochó al gobierno de la morenista Evelyn Salgado Pineda por no actuar para disminuir la violencia en la entidad.

“Para qué es un santuario, pero de la impunidad y de la violencia”, mencionó.

Recriminaron que al cumplirse 100 meses no haya ningún avance en las investigaciones y que el presidente Andrés Manuel López Obrador no cumpliera con su palabra de solucionar el caso Ayotzinapa.

Al término del mitin los manifestantes realizaron el pase de lista a los 43. Después desbloquearon la vía y se retiraron.


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Normalistas realizan destrozos en Fiscalía para exigir justicia por asesinatos de Jorge Alexis y Gabriel

Texto: Jesús Guerrero 

Fotografía: Oscar Guerrero 

Chilpancingo

 

A tres días de que se cumplan 11 años del asesinato de dos normalistas en la Autopista del Sol, en medio de un operación policiaca con armas de agentes federales y estatales, estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, irrumpieron en la Fiscalía General del Estado (FGE) Y realizaron destrozos con petardos y piedras.

“¡Exigimos justicia!”, se leía en las consignas que pintaron en las paredes de la FGE.

El próximo lunes 12 se cumplen 11 años de que agentes de la Policía Federal, Policía Estatal y Policía Ministerial disolvieron a balazos una manifestación de normalistas en el kilómetro 272 de la Autopista del Sol, y donde asesinaron a los estudiantes Jorge Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús.

De acuerdo con las versiones de algunos trabajadores de la Fiscalía, los normalistas, con la cara cubierta, llegaron a bordo de dos autobuses a las instalaciones.

Iniciaron con pintas en la fachada y después lanzaron petardos y piedras.

Los jóvenes permanecieron dentro de las instalaciones alrededor de 15 minutos y después se retiraron ante la mirada de varios agentes de la Policía Ministerial que no intervinieron.

Según los reportes desde dentro de la FGE, las áreas que fueron dañadas por los petardos y piedras que lanzaron los estudiantes son la Dirección de Investigaciones, Derechos Humanos y Contraloría Interna.

Ahí los cristales del espacio los hicieron añicos, así como material de oficina.

Durante esta semana los normalistas han realizado movilizaciones en esta capital exigiéndoles al gobierno de la morenista Evelyn Salgado Pineda que reabra el caso de Jorge Alexis y Gabriel.

En la visita que realizó una comitiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a las instalaciones de Ayotzinapa a mediados de noviembre pasado, donde rindieron un informe del caso de los 43, familiares de Gabriel y Jorge Alexis tuvieron una reunión privada con la secretaria de este organismo.

En esa reunión les informaron a los familiares de los dos normalistas asesinados a tiros el 12 de diciembre del 2011 en la Autopista del Sol el avance del caso.

En el 2012, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan interpuso una denuncia ante la CIDH del caso, en la que acusaron al entonces secretario de Seguridad Pública Federal, Genaro García Luna y al ex gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero como responsables de estos hechos.

García Luna está preso en Estados Unidos por diversos delitos que tienen que ver con lavado de dinero y narcotráfico.

Aguirre Rivero continúa con sus actividades políticas, es líder de una corriente política al interior del PRD.

 

La injerencia de agentes de Estado afectan verdad y justicia del Caso Ayotzinapa: CIDH

Texto: Margena de la O

Fotografía: Oscar Guerrero 

Tixtla

 

Al presentar el tercer informe del Mecanismo Especial de Seguimiento al Asunto Ayotzinapa, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) informó que detectó injerencia en la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa (UEILCA) de otros poderes o agentes ajenos a sus facultades, lo que provocó la salida del ex fiscal especial a cargo, Omar Gómez Trejo.

Los detalles del informe los dieron en una conferencia de prensa en la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, la presidenta de la CIDH, Julissa Mantilla, y la relatora para México y Pueblos Indígenas de esta Comisión, Esmeralda Arosemena de Troitiño, donde estuvo un grupo de madres y padres de los 43 normalistas desaparecidos, estudiantes y miembros de las organizaciones de defensores que los han acompañado.

Ambas hicieron hincapié en la importancia de estar frente a las madres y padres exponiendo este informe que, dijo Arosemena de Troitiño, es una guía orientadora y una hoja de ruta para todas las áreas institucionales involucradas en el Caso Ayotzinapa, como lo es la UEILCA, órgano al que, dijeron, el Estado debe garantizar independencia.

Contiene, pues, de acuerdo con lo que compartió el equipo de la CIDH que organizó la conferencia de prensa para conocer el informe, “observaciones y recomendaciones para avanzar en las investigaciones y esclarecimiento de la desaparición de los 43 estudiantes normalistas, así como en la reparación integral a las víctimas y familiares”.

La presidenta y relatora de la CIDH mencionaron algunas, como la recomendación de autonomía de la UEILCA, porque expusieron la injerencia de otros poderes en los trabajos que realiza la unidad encargada de la investigación fiscal del Caso Ayotzinapa.

Arosemena de Troitiño mencionó que la CIDH “levantó banderas de alerta” sobre el tema porque dejarlo pasar afectaría la búsqueda de justicia y comprometería la legitimidad ganada.

Ofreció ejemplos claros de la injerencia que señaló. “La solicitud de captura de (Jesús) Murillo Karam (ex procurador de la República, autor de la llamada verdad histórica) por otras unidades finales, ajenas a la UEILCA, así como el desistimiento de las 21 órdenes de aprehensión, de modo inconsulto con esta unidad de investigación, constituyen intromisiones graves a la independencia funcional que órgano fiscal debe tener y que es parte del deber de investigar con debida diligencia. Estos hechos determinaron la salida del titular de la UEILCA”.

En agosto pasado, la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia para el caso Ayotzinapa (Covaj), creada por decreto presidencial, que depende de la Secretaría de Gobernación y que preside Alejandro Encinas Rodríguez, subsecretario de Derechos Humanos, presentó un informe sobre el Caso Ayotzinapa. Un informe ajeno al órgano fiscal para investigar y resolver el caso.

Después de ese informe fue girada una orden de aprehensión de Murillo Karam y desestimadas 21 órdenes de aprehensión liberadas a raíz del trabajo de la UEILCA, pero no avaladas por el informe de la Covaj.

Al renunciar en septiembre pasado, poco antes de que se cumplieran los ocho años de los hechos de Iguala (la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre del 2014), Gómez Trejo le dijo a las madres y padres de los 43 normalistas desaparecidos que su salida obedeció a que recibió amenazas de la Fiscalía General de la República (FGR), y que debía proteger a su familia, de acuerdo con lo que ellas y ellos informaron a la prensa, incluido este medio.

En lugar de Gómez Trejo fue designado el tabasqueño Rosendo Gómez Piedra, ubicada como persona cercana al presidente Andrés Manuel López Obrador.

En la ronda de preguntas y respuestas en la conferencia de hoy, un reportero solicitó más información sobre cómo afecta la injerencia a la Unidad.

“La Unidad tiene que ser independiente, no puede haber injerencia de ninguno de los poderes, ni del Ejecutivo ni del Legislativo”, comentó Mantilla.

Desde el inicio de la conferencia de prensa, Arosemena de Troitiño y Mantilla, cuando expusieron por qué este tercer informe representa una guía, hicieron énfasis en que la desaparición forzada es un delito continuado, es decir, que inicia con cada día, y no sólo impacta en las víctimas directas de la desaparición, tiene efectos fuertes en sus familiares, como ocurre con las madres, padres, hijas e hijos de los 43 normalistas desaparecidos.

Entonces, dijo Mantilla, la desaparición forzada no es resuelta con un decreto, y eso deben saberlo, por ejemplo, el personal de la Fiscalía. “La desaparición forzada es una violación de derechos humanos que continúa, mientras no aparezcan las personas desaparecidas o no se conozca la suerte de las víctimas, las desapariciones forzadas no terminan por decreto ni por decisiones unilaterales”.

La relatora también abundó sobre ese aspecto u obstáculos que pueden afectar el ritmo de las investigaciones: “Si hay otra unidad que no sea la encargada, por supuesto habrá afectación en ese proceso, por eso hablamos de esa intervención de cuestionamiento que los padres no los han dicho”.

De acuerdo con la relatora, las madres y padres de los 43 normalistas desaparecidos se dieron cuenta de esta injerencia.

Además de la presidenta y relatora de la CIDH, estuvo en la conferencia de prensa celebrada en la cancha techada de la Normal Rural, Tania Reneaum Panszi, secretaria ejecutiva de la Comisión.

La conferencia de prensa cerró con una intervención política de los estudiantes, que corearon consignas por sus compañeros: “¡Vivos se los llevaron, vivos los queremos!”.

 

 

Una gota de esperanza sigue en el caso Ayotzinapa: madres y padres Iguala

Texto y fotografía: Isael Rosales

 

Madres, padres, estudiantes y organizaciones sociales dejaron ofrendas florales en las estelas de los estudiantes caídos de Ayotzinapa el 26 y 27 de septiembre de 2014. La justicia no ha llegado, así como la verdad sobre la desaparición de 43 normalistas.

La madre de José Eduardo Bartolo Tlatempa, estudiante desaparecido, María de Jesús Tlaltempa Bello hizo un rezo para que lleguen las palabras de justicia al mundo de los muertos, pero también para que los estudiantes se sientan acompañados en una lucha que sólo termina hasta que se tenga justicia y verdad.

En el mitin, las madres y padres exigieron justicia para Julio César Mondragón Fontes, Julio César Ramírez Nava y Daniel Solís Gallardo.

«Cada mes seguimos pidiendo justicia porque no es justo lo que les hicieron a los muchachos, no es justo que se llevaran a nuestros 43 jóvenes, y aún no tenemos justicia, así como no sabemos nada de ellos. Da tristeza ver que entre más pasa el tiempo somos más pocos. Para nosotros es doloroso ver que nos estamos quedando solos y que aún no sabemos nada de nuestros hijos», dijo María Martínez.

El abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Isidoro Vicario, en su intervención recordó que este 27 de octubre se cumplen ocho años y un mes de injusticia y sin verdad.

Por eso el llamado a las autoridades para que agilicen las investigaciones y que nos esclarezcan.

También exigieron la presentación con vida de los 43 estudiantes desaparecidos. Dijeron que como madres y padres no van a dejar que el caso quede impune. «A nosotros en la casa nos hace falta un hijo y no podemos retirarnos sin saber qué sucedió con ellos, ¿dónde están? Las autoridades prácticamente nos están diciendo que ya paremos, que nuestros hijos ya no viven, que ya los mataron. No lo vamos a aceptar. Como mamá siento que por ahí los tienen, por ahí están y precisamente eso es lo que nos da fuerzas como madres para seguir exigiendo. A mí cuando me digan que mi hijo ya no está yo quiero todos sus restos, no que me entreguen un pedacito o un documento que me diga que mi hijo ya no está», añadió María Martínez.

En recientes días hubo filtraciones que se originaron del hackeo del colectivo Guacamaya al Ejército mexicano. Ahí se constató que en la desaparición de los 43 estudiantes estuvieron todas las fuerzas represivas del Estado. El informe de la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia (Covaj) también señala que el ejército participó directamente en la desaparición de los normalistas.

Sin embargo, se cancelaron 16 órdenes de aprehensión contra militares. Este lunes 24, el presidente Andrés Manuel López Obrador se comprometió con las madres y padres que se van a reactivar esas órdenes de aprehensión.

“Nosotros aún tenemos esperanza de que en esta cuarta transformación de Andrés Manuel López Obrador se esclarezcan los hechos. Pero también es preocupante que esta cuarta transformación pueda concluir en la impunidad y con las injusticias, violando nuestros derechos a una vida plena”, dijo María de Jesús Tlatempa.

Las madres y padres exigieron la detención de los responsables y que se les castigue con cárcel. También dijeron que seguirán exigiendo que se hagan las detenciones a los militares para que así ya se resuelva.

Vidulfo Rosales, abogado de las madres y padres de los 43 estudiantes desaparecidos, señaló que la criminalización a las normales rurales fue orquestada desde las altas esferas del poder. La estigmatización fue escalando con represiones, golpes mediáticos y terminó con la desaparición de 43 estudiantes y tres asesinados por las fuerzas del orden.

Como una gota de esperanza, las madres y padres llamaron a las organizaciones sociales, estudiantes y al pueblo de México para que sigan solidarizándose con la lucha por la presentación con vida de sus hijos. Seguirán dejando las puertas abiertas de sus casas para que sus hijos lleguen hasta acariciar sus rostros.

 

«No nos informaron nada», dice papá de un normalista de Ayotzinapa sobre nombramiento de fiscal

​Texto: Jesús Guerrero

Fotografía: Amílcar Juárez (Archivo)

Chilpancingo

 

«No nos avisaron de nada», afirmó don Clemente Rodríguez Moreno, padre de uno de los 43 normalistas desaparecidos en Iguala, sobre el nombramiento del nuevo fiscal del caso Ayotzinapa, Rosendo Gómez Piedra, quien es allegado del secretario de Gobernación, Adán Augusto López.

«Yo me enteré a través de los medios de comunicación», afirmó Rodríguez Moreno padre del estudiante normalista desaparecido, Cristian Alfonso Rodríguez Telumbre, y que según la Fiscalía de este caso, un hueso hallado en el lugar conocido como la barranca de La Carnicería, en Cocula, pertenecía a él.

El pasado 26 de septiembre cuando se cumplieron ocho años de los hechos de Iguala, se dio a conocer la renuncia del fiscal Omar Gómez Trejo.

Por versiones de las madres y padres de los 43, Gómez Trejo habría sido amenazado por gente de la propia Fiscalía General de la República (FGR) por las investigaciones que realizó y que involucraban a mandos del Ejército y la Marina.

En entrevista, don Clemente dijo que mañana lunes él y los demás padres se reunirán con el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas Rodríguez, en donde seguramente les informarán del nombramiento del que que sustituye a Gómez Trejo.

«Lo que pedimos es que el nuevo fiscal, haga bien su trabajo pero vemos que éste (Rosendo Gómez Piedra) carece de una trayectoria de realizar investigaciones sobre derechos humanos», refirió.

La reunión se desarrollará en las oficinas del Centro Miguel Agustín Pro, en la Ciudad de México.

Rodríguez Moreno aseguró que ellos no tenían ninguna propuesta para el nombramiento del nuevo fiscal.

«Lo único que pedíamos es que el nuevo fiscal cumpliera con el perfil como el que tiene Omar Gómez pero vemos como que éste (Gómez Piedra) no lo cumple, pero hay que esperar», refirió.

Por su parte, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan afirmó que el nombramiento del nuevo fiscal tiene un carácter «político» ya que éste no es experto en materia de derechos humanos.

En un comunicado, Tlachinollan lamentó que no se les haya consultado a las madres y padres del nombramiento del nuevo fiscal.

Gómez Piedra fungió como presidente de la Junta de Conciliación y Arbitraje de la Secretaría General de Gobierno cuando Adán Augusto López era gobernador de Tabasco.

Madres y padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa durante un mitin en Chilpancingo para exigir la aparición con vida de los estudiantes. Foto: Amílcar Juárez

 

Ayotzinapa: Sedena reportó vínculos del narco con Abarca y 19 alcaldes de Guerrero de todos los partidos

La Sedena dirigió también gran parte de sus investigaciones a la actividad de trabajadores de la educación, estudiantes y padres de Ayotzinapa como un asunto de seguridad pública de Guerrero.


Texto: Alfredo Maza y Nayeli Roldán / Animal Político

Fotografía: Oscar Guerrero

 

En octubre de 2014, semanas después de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) envió un reporte a Tomás Zerón, entonces titular de la Agencia de Investigación Criminal de la Procuraduría General de la República (PGR), en el que señaló presuntos vínculos de 20 alcaldes de Guerrero del PRD, PRI, PVEM, PAN y el PT con Guerreros Unidos, La Familia Michoacana, los Caballeros Templarios y Los Tequileros.

José Luis Abarca, presidente municipal de Iguala y del que se desconocía su paradero entonces, fue señalado de estar involucrado con miembros del grupo Guerreros Unidos (partícipes en la desaparición de los estudiantes), “a quienes proporcionaba protección, además de colaborar en las actividades delictivas de estos”.

Según el reporte del Ejército, el 25% de los municipios de la entidad (81 municipios) eran liderados por funcionarios señalados por dar protección a integrantes del crimen organizado a través de sus policías preventivas y cuyas campañas políticas habían sido financiadas por jefes de plaza y operadores del narcotráfico, revelan documentos encontrados en los archivos filtrados por el grupo de hacktivistas Guacamaya.

Este reporte, del 17 de octubre de 2014, fue hecho por la Subjefatura de Inteligencia del Estado Mayor de la Defensa Nacional y dirigido a Tomás Zerón, principal responsable de la investigación que meses después sería nombrada como la “verdad histórica”.

Además, 16 días después de la llamada noche de Iguala, la Sedena informó sobre la detención de César Miguel Peñaloza Santana, presidente municipal de Cocula, que fue aprehendido por elementos de la PGR “a fin de que declarara sobre presuntos vínculos, con miembros de Guerreros Unidos, tanto de este como de su policía preventiva” .

Sin embargo, Peñaloza fue liberado un día después, el 14 de octubre, pese a que estaba en el segundo lugar de la lista de la Sedena “por orden de incidencia” y de ser señalado por proporcionar apoyo y protección a los miembros de la organización criminal que en aquel entonces se ostentaban como “elementos de la policía rural de la comunidad de Atscala” organizada por Pablo Tomás Ortiz Hernandez, presunto jefe de plaza.

Otros alcaldes, como el de Pungarabato, Reynel Rodríguez Muñoz, presuntamente “lavaba dinero de Los Caballeros Templarios a través del hotel Real de la Loma ubicado en Ciudad Altamirano” y habría asistido a fiestas y reuniones sociales con Luis Navarro Peñaloza, alias el Zarco, operador en el municipio del grupo delictivo.

En una circunstancia similar se identificó al presidente municipal de Teloloapan, Ignacio de Jesús Valladares Salgado, a quien la Sedena vinculó con los hermanos Bernabé, David y Gerardo Lagunas Contreras, del grupo criminal Guerreros Unidos, quienes eran identificados como “presuntos lavadores de dinero del narcotráfico y propietarios de hoteles, ranchos y de la Plaza de Toros de San Andrés” del municipio.

En dicho archivo también se menciona a los presidentes municipales Salomón Majul González, de Taxco de Alarcón, y Mario Alberto Chávez Carbajal, de General Heliodoro Castillo, cuyas campañas políticas fueron presuntamente financiadas por integrantes del crimen organizado como Mario Casarrubias Salgado, el Sapo Guapo, y Alexander Palacios, el Cholo Palacios, presunto jefe de plaza.

En el caso de Chávez Carbajal la Sedena también lo vinculó con los hermanos Onésimo y Javier Marquina Chapa, así como a Omar Cuenca Marino, señalados por “mantener el control de enervantes” en su municipio, considerado como de alta incidencia en el cultivo de amapola y mariguana.

Sobre la relación de presidentes municipales con el grupo conocido como “La Familia Michoacana”, la Sedena identificó que al menos Taurino Vázquez Vázquez, de Arcelia; Everardo Wenses Santamaría, de Tlapehuala; y María Guadalupe Eguiluz Bautista, de Tlalchapa, contaban con diversas denuncias ciudadanas que los vinculaban con Johnny Hurtado Olascoaga ‘El Pez’, principal operador de esta organización criminal en la entidad.

Investigan a trabajadores de la educación, estudiantes y padres de Ayotzinapa

Pese a que la situación del crimen organizado en la entidad para el 2020 contemplaba la presencia de cinco organizaciones delictivas y 16 grupos locales, quienes se encontraban en “pugna por el control, venta y trasiego de drogas”, la Sedena dirigió gran parte de sus investigaciones a la actividad de trabajadores de la educación, estudiantes y padres de Ayotzinapa como un asunto de seguridad pública de Guerrero.

Así lo refiere un diagnóstico ejecutivo de la Secretaría fechado en febrero de 2020, en el que en una sección titulada “¿De quién lo protegemos?” se refiere que “el estado de Guerrero ha sido uno de los escenarios donde las organizaciones criminales y sociales han creado un clima de violencia, inseguridad e incertidumbre en la población”.

De esa manera refiere que para el año 2019, de los 81 municipios con que cuenta el estado se registraron mil 725 movilizaciones (mítines, marchas, bloqueos, toma de instalaciones y casetas de cobros) convocados en su mayoría por organizaciones como la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero (CETEG), el Comité de Padres de Familia de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, Antorcha Campesina, Sindicatos Únicos de Servidores Públicos del Estado de Guerrero y del Frente Popular de la Montaña.

De manera específica, sobre el activismo del magisterio disidente de la CETEG, la Sedena da cuenta que este se encuentra fragmentada en tres grupos: el “ala moderada” encabezada por el profesor Arcángel Ramírez Perulero, secretario general de la Coordinadora; dos “ala(s) radical(es)” encabezadas por María Antonia Morales Vélez, dirigente en la región centro del estado y por José Manuel Venancio Santiago, coordinador de Gestoría Laboral.

“Citadas fracciones realizan diversas movilizaciones para demandar a las autoridades competentes asignación de plazas, prestaciones a sus agremiados, incorporación al FONE y movilización de apoyo a la presentación de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, promoviendo el paro de labores en los centros educativos, cuya dinámica de protesta se basa en realizar bloqueos carreteros principalmente”.

Sobre la “problemática estudiantil” del estado, la Sedena también tiene identificados a los estudiantes Alfredo Conde Carmona y Sureydi Mariscal Sierra como secretario general y presidenta del Comité Estudiantil “Ricardo Flores Magón” de Ayotzinapa y de la Normal Regional de la montaña “José Vasconcelos”, respectivamente.

A ambos comités estudiantiles se les relaciona por realizar “marchas, bloqueos vehiculares, toma de casetas de cobros en la autopista del sol, toma de instalaciones gubernamentales, retención de autobuses de transporte público y retención de camiones de empresas comerciales para apoyar las actividades de protesta del comité de padres de familia de los 43.

Pese a que en el mismo documento la Sedena refiere que el activismo social es un factor que tiene un impacto temporal bajo “sin que haya logrado tener repercusiones en el ejercicio del Gobierno en el nivel municipal y estatal” y que estas han disminuido durante la actual administración, entre sus recomendaciones plantea que las comandancias de la IX Región Militar y las 27 y 35 Zonas militares gestionen ante el gobierno del estado “proyectos de ley para aumentar la penalidad de quienes agreden a los cuerpos de seguridad pública de los tres Órdenes de Gobierno”.

 

Este trabajo fue publicado por el equipo de Animal Político y lo reproducimos como parte de la Alianza de Medios de la Red de Periodistas de a Pie. 

 

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