Reactivan Hospital en Tlacoapa pero no envían médicos especialistas

Falta de personal médico y medicamentos son las carencias en Tlacoapa y otros municipios de La Montaña


Texto y fotografía: Amílcar Juárez

Tlacoapa 

Al bajar hacia el municipio me’phaa de Tlacoapa, en la Montaña de Guerrero, sobresalta una construcción blanca de dimensiones considerables que contrasta con el resto del poblado.

Se trata del Hospital Básico Comunitario anunciado con el eslogan de «llevar atención médica y medicamentos gratuitos a una de las regiones más pobres del país

 Tlacoapa cuenta con una población de 10,092 habitantes en su mayoría hablantes de su lengua originaria (95 por ciento) y 30 por ciento no habla español. 4,405 viven en pobreza moderada y 5,201 en pobreza extrema, según datos de la Secretaría del Bienestar.

 Para 2020, la población no contaba con alcantarillado y 19.1 por ciento no contaban con baño.

 El tema de salud es una constante para la población, en  2013 el Hospital Básico Comunitario que operaba en el municipio quedó fue afectado de la tormenta tropical Manuel y el huracán Ingrid.

Desde 2015 se prometió un nuevo inmueble ubicado en un lugar más apto para su logística: la construcción duró ocho años. Mientras esto ocurría la necesidad de los pobladores por recibir atención médica adaptaron la comisaría de los Bienes Comunales pero las condiciones no eran las adecuadas para una hospitalización o algún parto.

El Instituto para la Salud del Bienestar (Insabi) invirtió 70 millones de pesos en la rehabilitación de este hospital que está diseñado para atender 10,900 habitantes de Tlacoapa y 60 comunidades circunvecinas.

 La realidad dista mucho de las estadísticas del Insabi pues la falta de médicos especialistas y medicamentos mengua la atención a la población.

 Resguardado por dos ambulancias, en el acceso principal del edificio, en la banqueta, un grupo de personas cruzan algunas palabras y luego se hace el silencio: esperan la recuperación de su familiar, una mujer que un día antes entró en trabajo de parto.

 Quien atiende los partos en el hospital son médicos generales, no hay especialistas. Uno de los médicos comenta que en 2006 llegaron dos especialistas, un pediatra y un anestesiólogo, el segundo no podía hacer nada pues no había cirujanos ni equipamiento para intervenciones, después de un tiempo se fueron.

 Como es fin de semana sólo se encuentra el personal de guardia que consta de una enfermera, un médico en urgencias  y un médico de consulta interna, para los 10,092 habitantes.

Una pobladora comentó que aún cuando reciben atención médica ellos tienen que hacerse cargo de la compra de la medicina, pues la farmacia del hospital no cuenta con los medicamentos básicos como naproxeno, paracetamol, diclofenaco.

Un traslado de urgencia a Tlapa en carro particular cuesta desde 2,000 pesos, expresó, ante la ausencia de especialistas pues en caso de un accidente grave nada se puede hacer en el lugar.

Esto sin contar que el personal administrativo, parte del médico y el director trabajan de lunes a viernes, lo que ya es una tradición de todo el personal de salud que trabaja en la región y, esto, complica traslados a hospitales de tercer nivel, asevera uno de los médicos.

Existen cinco enfermeras de las cuales tres son de Tlacoapa y hablantes del me’phaa y fungen como traductoras cuando las personas no hablan en español.

Un trabajador declara que reciben indicaciones de mostrar un nosocomio como uno de segundo nivel pero en la práctica para ello se requiere de ginecólogos, pediatras, internistas, cirujanos.

“Desde hace un año se entregó una solicitud para pedir especialistas pero no ha llegado.”

Estos problemas administrativos  aunados a las alimentación de la mayoría de los habitantes genera un problema mayor.

Desde junio del año pasado en que el Insabi publicó una convocatoria para contratar a cinco especialistas (pediatría, ginecología, cirugía general, anestesiólogo y médico interno) ningún vacante ha sido ocupado.

El ex jefe de la Jurisdicción Sanitaria de la Secretaría de Salud en la Montaña, Marcelino Milán Rosete, asegura que los médicos especialistas se niegan a cubrir una plaza en los ocho hospitales básicos comunitarios de esa zona marginada por el bajo salario que se les ofrece.

En Unión de las Peras, una pequeña comunidad de 300 habitantes pertenecientes al municipio de Malinaltepec, cuenta con un problema similar: existe una unidad de salud con tres consultorios, una sala de recuperación y farmacia, camas médicas, escritorios, básculas, estetoscopio y baumanómetro pero no hay médico, ni enfermera.

Marisol, una me’phaa de unos 30 años, es quien cuida el lugar y funge como regidora de salud, fue nombrada en la asamblea general de la comunidad. Dice que le agrada atender a la gente y que le hubiera gustado estudiar enfermería pero la situación económica se lo impidió, además de la cirrosis hepática que sufrió su padre lo complicó más.

Quién le ha explicado sobre los medicamentos con los que cuenta la farmacia son médicos de brigadas que van esporádicamente al pueblo a dar consultas.

“Estaba viniendo una enfermera que pagaba el presidente municipal, pero como se le redujo el salario ya no le convenía y consiguió trabajo fuera”.

La unidad médica de dos plantas, con una vista envidiable, luce vacía en la planta baja solo una silla aguarda en su interior.

Jaime Bruno quien es el segundo comisario dice que la situación es muy lamentable pues en caso de alguna urgencia se tiene que trasladar hasta Tlapa, porque ir a Malinaltepec es encontrarse, tal vez, con una situación similar en el hospital.

Las enfermedades más emergentes en la comunidad son la diabetes mellitus, y la hipertensión y no hay especialistas cercanos, lo que provoca que la población viaje a Tlapa o hasta Puebla.

Esperan que con la nueva estrategia planteada por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, de traer médicos cubanos para ir a los lugares más apartados, puedan acceder para que se instalen en la unidad médica.

 

Policía comunitaria de Xalpatláhuac agrede y detiene a dos mujeres y dos hombres

Texto: Jesús Guerrero

Fotografía: Redes

12 de mayo del 2022

Chilpancingo

 

Integrantes de la Policía Comunitaria detuvo y agredió a dos mujeres y dos hombres que preparaban el festejo del Día de las Madres en la cabecera municipal de Xalpatláhuac este jueves, denunció la alcaldesa Selene Sotelo Maldonado.

«Los policías comunitarios armados también intentaron violar a una de las dos mujeres que junto con los dos hombres están en la cárcel municipal», afirmó la edil quien desde el 28 octubre del 2021 despacha en una casa en Tlapa porque fue expulsada de su municipio por las autodefensas.

Desde esa fecha la Policía Comunitaria de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC-PC) tiene tomado el ayuntamiento de Xalpatláhuac.

En entrevista telefónica, la edil relató que este jueves alrededor de las diez de la mañana los organizadores del festejo en el barrio de San Isidro, en la cabecera del municipio, estaban colocando lonas, sillas y mesas para preparar el festejo por el Día de las Madres que se realizaría a las 3 de la tarde.

Pero llegó un grupo de policías comunitarios armados en dos camionetas.

«Sin más ni más, primero se llevaron a dos mujeres y luego fueron  por el delegado del barrio de San Isidro y un familiar de él de avanzada edad que es el principal del pueblo a quienes sacaron de su casa», dijo la edil.

En un video que se difundió en las redes sociales se ve que varios policías comunitarios preguntan a varias personas quienes les habían dado permiso para realizar la fiesta.

«El ayuntamiento», les contesta una mujer.

Circulan varias fotografías en donde se ve que los policías comunitarios van custodiando a dos mujeres.

La alcaldesa señaló que por información que le dieron los familiares de las dos mujeres que están encarceladas una de ellas sufrió intento de violación por parte de los policías comunitarios.

La edil dijo que es una tradición de que todos los barrios de Xalpatláhuac realicen una fiesta por el Día de las Madres.

«En este festejo hay baile, comida y se les entrega regalos a las madres», expresó.

Dijo que ya habló vía telefónica con el Secretario General de Gobierno, Ludwing Marcial Reynoso Núñez quien solamente le dijo que se está pensando qué hacer con la policía comunitaria.

Desde octubre del 2021, la alcaldesa ha estado solicitando a las autoridades que desalojen a los policías comunitarios que tienen tomado el Palacio Municipal.

El 28 de octubre del 2021 cuando la edil iba encabezar una asamblea para que la ciudadanía decidiera la permanencia o no de las autodefensas integrantes de esta organización armada llegaron disparando sus armas de fuego.

Dos policías municipales que resguardaban a la edil resultaron heridos que ya están fuera de peligro.

La alcaldesa Selene Sotelo salió huyendo de Xalpatláhuac a bordo de una camioneta.

Desde entonces la edil priísta despacha en su casa particular en Tlapa.

La alcaldesa asegura que la toma del ayuntamiento y todas las acciones que la policía comunitaria está cometiendo contra la ciudadanía son por órdenes del ex candidato de Movimiento Ciudadano (MC) a la alcaldía de Xalpatláhuac, Edmundo Gallardo y Nicolás Villarreal Dircio quien fue nombrado el Tlayakanky del pueblo.

«La gente de Xalpatláhuac está pidiendo que venga la Guardia Nacional y desaloje a los policías comunitarios del ayuntamiento para que la paz en el municipio regrese», expresó Selene Sotelo.

Xalpatláhuac, es un municipio que está ubicado en la región de la Montaña.

La CRAC constituyó aquí su policía comunitaria para hacerse cargo de las tareas de seguridad desde el 2020.

Este grupo de autodefensas pertenece a la Casa de Justicia de la CRAC de Espino Blanco, en el municipio de Malinaltepec.

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Mujeres de Zitlala pelean por petición de lluvias

Texto y fotografía: Luis Daniel Nava 

8 de mayo del 20220

Chilapa

 

Desde al menos 10 años, las mujeres de Zitlala participan en el ritual de petición de lluvias. Cada año son más las que se preparan para pelear no sólo por el gusto sino por mantener viva una tradición ancestral que les da identidad.   

Es la tarde del 5 de mayo, Mayra de 12 años y Sabina de 13, salieron de sus casas del barrio de San Mateo para integrarse al contingente de tecuanis o jaguares para pelear en la plaza principal.  

Es la primera vez que participan y lo hacen acompañados de sus padres y hermanos, entre ellos adolescentes y niños, también peleadores. 

Llevan trajes verdes y negros, máscaras de felinos elaboradas con cuero de res y una soga amarrada a la cintura y que termina en una especie de mazo atada a la mano, conocida como cuarta. A Mayra la fajó de la cintura el capitán Gregorio Tomatzin, heredero de una familia de peleadores.  

Antes el capitán pasó a las casas de Mayra y Sabina acompañado de una banda de música de viento, como lo hizo con todos los demás guerreros y guerreras. Es parte de la tradición. En el recorrido adultos, mujeres y niños gritan y bailan con la cuarta invocando al cielo.   

Este día también debutaron dos hermanos de Sabina, uno de 20 y el más pequeño de seis años. Su papá, Adrián Tepetitlán, les ha dejado la estafeta y su mamá Fabiola García los acompaña entusiasmada. 

“Me siento orgullosa de bailar en esta tradición, representar el barrio y la familia”, dice la adolescente.  

Al barrio de La Cabecera se unió Anselma Olea que desde hace tres años ha querido participar, pero se cruzó la pandemia y un accidente que tuvo.  

“Siempre me han gustado las costumbres y las tradiciones de mi pueblo. Cuando eres originaria de un pueblo que alberga tantas es importante conocerlas para encontrar tus raíces y origen […] Me sentí muy bien de ser parte de un ritual ancestral y reconocido a nivel nacional e internacional. Hasta donde pude rendí mi sacrificio y más que un sacrificio fue un placer participar”.  

A Anselma, recuerda, muchos le dijeron que no participara porque el ritual es para hombres y por el riesgo que implica.

En esta edición al menos 20 mujeres fueron parte del ritual, de ellas 12 entraron al cuadrilátero a pelear.  

Tradicionalmente las mujeres participan en otras etapas del ritual como en el encuentro de cruces y velas, los rezos, las ofrendas y la preparación de la comida.

No hay una fecha exacta en que las mujeres se integraron al ritual en la parte de las peleas, aunque se estima que es desde hace unos diez años. 

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Denuncian la desaparición de otros dos en Chilapa, zona donde la violencia no para desde hace dos años

Texto: José Miguel Sánchez

Fotografía: Oscar Guerrero / Archivo

7 de mayo de 2022

Chilpancingo

 

Integrantes del Consejo Indígena y Popular de Guerrero – Emiliano Zapata (CIPOG-EZ) denunciaron, a través de un comunicado, la desaparición de dos de sus integrantes cerca del crucero Chilapa-Atzacualoya este viernes en la tarde.

Los integrantes de la organización acusaron de las dos desapariciones al grupo delictivo al que identifican como Los Ardillos.

De acuerdo con el comunicado difundido por el CIPOG_ EZ, los desaparecidos son: Marcos Campos Ahujote, de la comunidad de Xicotlán y Lorena Chantzín Paxacuasingo de Acahuehuetlán, quienes fueron detenidos en un retén que tiene instalado este grupo armado en Atzacualoya del municipio de Chilapa.

“Sabemos que fueron Los Ardillos, Celso Ortega y la gente que integra al grupo narcoparamilitar, particularmente Audencio Lucas Rosario, quien está operando en la zona de Chilapa asesinando y secuestrando”, se lee en el comunicado.

El CIPOG_ EZ, señala que todas estas acciones ilícitas que comete este grupo delictivo y que en esa zona de la Montaña bas opera Marcos Campos, son solapadas por las autoridades del gobierno federal y estatal.

Denunciaron a la Fiscalía General del Estado (FGE) y a la Gobernadora, Evelyn Salgado Pineda, por no tomar acciones contra este grupo delictivo ni buscar a personas desaparecidas de la región.

“No han hecho nada por detener los asesinatos, desapariciones, torturas y demás acciones de Los Ardillos ni mucho menos por buscar a nuestros desaparecidos”, dicen.

Recordaron que desde el pasado 25 de enero están en calidad de desaparecidos Pablo Hilario Morales y Samuel Hernández Sánchez después de ser detenidos por la Policía Municipal de Atlixtac y hasta la fecha las autoridades estatales no dan con su paradero.

Violencia contra comunidades indígenas

En la ruta de la Montaña y en la zona denominada Costa-Montaña, considerada zona indígena,  el CIPOG-EZ y otros grupos autodefensas han sufrido ataques en los últimos años presuntamente por parte del grupo criminal Los Ardillos, uno de los grupos criminales de la región.

Al grupo criminal de Los Ardillos se les acusa de participar en hechos de violencia en la zona de la Montaña baja y la región Centro, desde desapariciones masivas, secuestros, asesinatos y desplazamientos forzados.

El 25 de enero fueron desaparecidos en el poblado de Atlixtac, presuntamente por Policías Municipales, dos integrantes del CIPOG-EZ, Pablo Hilario Morales y Samuel Hernández Sánchez.

En hechos más recientes el 31 de marzo fueron localizadas seis cabezas humanas sobre una camioneta en la avenida Eucaria Apreza, la principal de la ciudad, en el lugar había un mensaje donde se decía que en Chilapa está prohibida la venta de ciertas drogas, el secuestro y la extorsión.

En el tema de desplazamiento forzado, el Centro de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón indica que en los municipios de Chilapa y Zitlala más de dos mil personas fueron desplazadas por la violencia en los últimos años.

El 18 de enero de 2020  10 integrantes del grupo musical Sensación Musical, originarios de la comunidad indígena de Alcozacan, municipio de Chilapa de Álvarez, fueron asesinados y calcinados cuando regresaban de un concierto en la localidad de Tlayelpan.

La FGE atribuyó los hechos a Los Ardillos pero a dos años cuatro meses no hay justicia por el caso.

De acuerdo a informes de la Fiscalía de Guerrero, este grupo delictivo que está afincando en el municipio de Quechultenango es dirigido por Celso e Iván Jiménez Ortega, hermanos del diputado local del PRD, Bernardo Ortega Jiménez quien incluso en el gobierno de Ángel Aguirre Rivero fue presidente del Congreso local.

 

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Cerro de El Cruzco, escenario de peleas y ofrendas para atraer lluvias de temporal

Texto y fotografía:  Franyeli García 

4 de mayo del 2022

Acatlán

 

El cerro de El Cruzco, ubicado en la comunidad nahua de Acatlán, en Chilapa, se convirtió en un coliseo: los hombres tigres se enfrentaron con el único propósito de rendirle tributo a la Santa Cruz y a las deidades prehispánicas y tener un buen temporal de lluvias.

Con el sol a cuestas, los pobladores de Acatlán salen de sus casas rumbo al cerro de El Cruzco, con el único propósito de rendir un sacrificio y ofrecer honores a la naturaleza para atraer las lluvias y tener una cosecha de maíz abundante.

Según la tradición, los pobladores llegan caminando atravesando laderas hasta alcanzar la cima de El Cruzco, una planicie que se ha convertido en un santuario para los pobladores de Acatlán.

En el cerro comienza el ritual llamado el Atlzazilistle: rezos, flores, cera, comida, copal y el sacrificio de decenas de gallinas, que después se convertirán en el alimento de los visitantes.

Después en el centro del santuario comienzan a aparecer los tres elementos físicos de la petición de lluvias: primero, los tlacololeros; el sonido que generan con sus chirriones, representan para el ritual los relámpagos. Pero también esta danza significa el tlacocol que es el comienzo de la preparación de la tierra. En este ritual, los tlacololeros preparan el ruedo o “abren corral” para que combatan los hombres tigres.

El segundo elemento en la petición de lluvias la materializan los combates de los hombres tigre. Los golpes de los hombres tigre significan los tronidos del cielo. En la lógica del ritual mientras más fuertes sean los golpes en el temporal de lluvias habrá tronidos más fuertes.

Para los peleadores que entran el ruedo, los rencores, la ira y el enojo se quedan allí, nunca trascienden, porque para ellos significan su sacrificio, explica uno.

Los protagonistas de las peleas pueden ser niños, mujeres, jóvenes y adultos, las edades en el ofrecimiento no importan.

El tercer elemento es el viento, que lo representa el ritual Cotlatlastin. En este acto hombres corren alrededor del santuario. La unión de estos tres elementos tiene el único propósito de obtener un buen temporal de lluvias.

En El Cruzco, las peleas, los golpes y, tal vez, la violencia, tienen otro sentido: son una ofrenda para que el temporal sea bueno, para que el temporal llegue a tiempo.

Pero, además de ser un ritual pagano-religioso, la subida a El Cruzco para los habitantes de Acatlán, principalmente, es toda una tradición que ha pasado de generación en generación.

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Desde el sábado dos mujeres que aparecieron asesinadas este domingo fueron secuestradas por hombres armados

Texto: Jesús Guerrero

Fotografía: Redes

2 de mayo del 2022

Chilpancingo

 

Eleuteria Dircio y su nuera Rosalía Pérez, quienes aparecieron este domingo asesinadas con un tiro en la cabeza a la orilla de un camino en el municipio de Copanatoyac, en la Montaña, fueron privadas de su libertad la noche del sábado por hombres armados en la comunidad de Laguna Membrillo, del municipio de Zapotitlán Tablas.

«Los hombres armados se metieron a una casa donde se llevaron a la suegra, posteriormente fueron a otra vivienda y agarraron a la nuera en Laguna», contó el director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Abel Barrera Hernández.

Barrera Hernández dijo que después de que las mujeres fueron privadas de su libertad ninguna autoridad fue por su búsqueda y rescate.

El domingo el alcalde de Copanatoyac, el priista Eleuterio Reyes Calleja, informó que a las 9 de la mañana los automovilistas que transitaban por la carretera que conduce a la comunidad de Potoichán le dijeron que en la orilla estaban tirados los cadáveres de dos mujeres.

Las dos mujeres tenían el rostro ensangrentado por lo que se presume que ambas recibieron un balazo en la cabeza, comentó el edil.

Hasta la tarde del domingo, peritos de la Fiscalía General del Estado (FGE) realizaron las diligencias y trasladaron los cadáveres al Servicio Médico Forense (Semefo) de Chilpancingo.

Los familiares de las dos víctimas realizaban los trámites para llevarlas a su comunidad y darles sepultura.

Laguna Membrillo, es una comunidad indígena de la región de la Montaña perteneciente al municipio de Zapotitlán Tablas.

El director de Tlachinollan denunció que ninguna autoridad municipal o estatal acompañó a los familiares de las mujeres asesinadas para que les entreguen los cadáveres.

Para el activista, la indiferencia y desatención del gobierno, es ya algo normal que siempre padecen los habitantes de la Montaña sobre todo cuando se trata de asuntos de violencia extrema.

Contó que Eleuteria y su nuera Rosalía formaban parte de muchas mujeres de la Montaña que se habían desplazado por la violencia por conflictos entre familias o venganzas.

«A las dos mujeres les mataron a sus esposos y a otros familiares», refirió.

Dijo que estos asesinatos como los que ocurrieron este domingo se hubieran evitado si el gobierno estuviera atento tomando medidas preventivas.

Señaló que a más de cinco meses de que la gobernadora morenista Evelyn Salgado Pineda presentó en Tlapa la estrategia para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres y la venta de niñas en la Montaña, la situación no ha cambiado.

«Solo se firmaron papeles, se firmaron convenios entre la Secretaría de la Mujer con los ayuntamientos, hay talleres y capacitaciones pero solo eso», dijo Barrera.

Mencionó que la violencia extrema contra las mujeres en la Montaña no para y prueba de ello es de que en lo que va de este año se han registrado diez feminicidios.

El 23 de abril en la colonia Contlacalco, en Tlapa, la señora Celia Mendoza Galeana, fue asesinada a balazos por su ex pareja sentimental frente a su hermana e hijos.

Ese mismo día en Cochoapa El Grande, un hombre armado ingresó a una casa y mató a tiros a una adolescente.

Barrera Hernández señaló que estos casos y otros asesinatos más de mujeres se han registrado en municipios de la Montaña, pero no los investiga la FGE.

La Asociación Guerrerense Contra la Violencia hacia las Mujeres ha documentado en lo que va del año 38 asesinatos contra mujeres con características de feminicidio.

La FGE en lo que va del 2022, 20 mujeres, 17 menores de edad y tres mayores de 18 años están desaparecidas, de acuerdo a las alertas Amber y Alba que ha emitido.

Barrera Hernández denunció que cuando ocurren asesinatos contra mujeres en la Montaña nadie de la Secretaría de la Mujer le da acompañamiento a los familiares para interponer la denuncia ante el Ministerio Público.

«Con mucho más razón estas autoridades brillan por su ausencia cuando un hecho ocurre el fin de semana como sucedió con los casos de la suegra y nuera asesinadas», externó el activista.

Mencionó que en estos momentos hay mujeres que están desplazadas por la violencia en comunidades de los municipios de Tlapa, Copanatoyac, Cochoapa El Grande, Metlatónoc y Zapotitlán Tablas y no tienen un lugar donde refugiarse porque el gobierno estatal no ha instalado albergues en la Montaña.

 

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Víctimas de matrimonio forzado en Guerrero, una promesa que sigue pendiente

Se cumplieron cinco meses del compromiso institucional de la gobernadora Evelyn Salgado y la atención a las niñas de la Montaña sin avanzar. Anayeli, una de las niñas que huyó al matrimonio forzado, sigue recluida en una Casa Hogar sin acceso a un traductor


Texto: Beatriz García

Fotografía: Lenin Mosso / Archivo

26 de abril del 2022

Chilpancingo

A cinco meses de que las autoridades del estado anunciaron, con apoyo de la federación, que frenarían los matrimonios forzados y que las víctimas recibirían apoyo institucional, siguen sin suceder, de acuerdo con el seguimiento que los defensores y defensoras del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan han hecho.

El 10 de noviembre del año pasado, después de que fue público el caso de la venta de una menor para un matrimonio forzado, la gobernadora Evelyn Salgado Pineda anunció una estrategia para erradicar esta práctica que ocurre con mayor frecuencia, o al menos así han documentado los organismos de derechos humanos, en la Montaña, región con altos índices de marginación.

Anunció una estrategia en coordinación con otras autoridades, con la presecia de integrahtes de ONU Mujeres, del Instituto Nacional de Mujeres (Inmujeres), de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), y 22 alcaldesas y alcaldes de los municipios de las regiones Montaña y Costa Chica.

Como parte de la estrategia dijo que se harían mesas de trabajo permanentes en las comunidades indígenas.

Luego la secretaria de la Mujer, Violeta Pino Girón, informó que cada ayuntamiento debería tener un mapa de los riesgos de violencia contra las mujeres, que a las autoridades municipales se les daría capacitación para que conocieran el marco normativo sobre la perspectiva de género y pudieran emprender las políticas públicas para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres.

También que los centros de refugio de mujeres violentadas serían rehabilitados y el personal capacitado, con presupuesto de los ayuntamientos.

Otros elementos que sustentarían esta estrategia serían la de detectar necesidades para dotar de bienes, educación, salud, empleo digno, medidas de protección, procesos de reparación de daños a mujeres y niñas, y la homologación de normas.

El primer caso público de un matrimonio forzado que se conoció en tiempos recientes fue el de Angélica. En octubre pasado, por la documentación de organziaciones de derechos humanos, se supo que Angélica, quien es menor, vivió un casamiento forzado a cambio de 120,000 pesos, además de que fue abusada de manera sexual por su suegro, en Joya Real, municipio de Cochoapa el Grande. Doce días después del anuncio de la estrategia también se supo el caso de Anayeli, de 13 años, quien huyó de su casa, también ubicada en ese pueblo de región Montaña, porque le arreglaron un matrimonio forzado.

De los avances institucionales hasta ahora difundidos por las autoridades sobre la estrategia se apunta la firma de un convenio el viernes pasado entre la titular de la Secretaría de la Mujer (Semujer) con los alcaldes de Alcozauca y Tlapa, Sebastián Ortiz Sayaz y Gilberto Solano Arriaga. Un acuerdo que difundieron como parte de «la estrategia integral para la justicia y bienestar de las mujeres y niñas en 24 localidades de las regiones de la Montaña y Costa Chica», de acuerdo con un comunicado de la dependencia.

La secretaria, según lo que se lee en el texto, dijo que los alcaldes debían involucrarse en los procesos de capacitación tanto a funcionarios públicos como a efectivos de seguridad.

La estrategia, recordó, contempla garantizar la infraestructura básica, el acuerdo comunitario a través del diálogo con los representantes de las comunidades, para erradicar los matrimonios forzados en las niñas, y el fortalecimiento en la atención de apoyos psicológicos y acompañamiento legal.

Pino Girón informó en otro comunicado que para prevenir, erradicar y atender la violencia contra las mujeres, desde la dependencia han brindado de enero a abril 2,062 servicios de asesoría psicológica, jurídica, servicios de traducción, trabajo social, atención al área lúdica, atención pedagógica y médica.

En ninguno de los comunicados hay precisiones de lo que han conseguido hasta ahora rn la Montaña fuera de la firma del convenio.

Las cifras de violencias contra mujeres

Las diferentes violencias hacia las mujeres no paran y organizaciones de la sociedad civil lo documentan. De acuerdo con el Monitor de Violencia de Género y Feminicidios de la Asociación Guerrerense contra la Violencia Hacia las Mujeres (AGCVIM), en lo que va del 2022, en el estado han registrado 29 feminicidios.

Otras violencias documentadas hasta el 2021 por la organización son la violencia familiar con 2,070 casos, el mayor número registrado es en Acapulco, con 976 casos; la violencia de género con 142 casos, y puerto vuelve a colocarse en el primer sitio con 105 casos; y acusaciones por el delito de aborto en Acapulco, Copala y Chilpancingo, uno en cada municipio.

Por casos de trata de personas en el 2021 en Guerrero, el AGCVIM registró uno en Acapulco; por tráfico de menores tres, en Acapulco, Zihuatanejo y Ometepec; por violencia equiparada 124 casos; por acoso sexual 42 y por abuso sexual 200 casos.

El Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan tiene un registro de más de 300 casos de niñas a quienes las forzaron o intentaron forzar para que contrajeran matrimonio, según la abogada de ese organismo, Neil Arias Vitinio.

Estos casos se centran en siete municipios de la Montaña alta: Cochoapa el Grande, Metlatónoc, Atlamajalcingo del Monte, Alcozauca, Copanatoyac, Tlapa y Xalpatláhuac.

Difícil de erradicar matrimonios forzados en la Montaña: abogada de Tlachinollan

La abogada de Tlachinollan, Arias Vitinio, quien da acompañamiento de matrimonios forzados en la parte alta de región Montaña, consideró que será difícil erradicar esa práctica arriagada en la región.

En entrevista, la defensora que acompaña los casos de Angélica y Anayeli lamentó que esta práctica está normalizada en los pueblos de Montaña alta, además de que después de que fueron públicos estos casos la situación se abordó como trata de personas. En las comunidades, expuso, las personas son cautelosos al momento de arreglar un matrimonio, situación que se ha planeta en la zona como una costumbre.

La defensora insistió que esta problemática se focaliza en zonas marginadas, alejadas y de difícil comunicación, y eso complica que las instituciones hagan un monitoreo puntual de lo que pasa en las comunidades.

En la estrategia que anunciaron las autoridades, dijo, están involucrados principalmente los presidentes municipales y los DIF, sin que hayan detenido ess prácticas.

Recientemente, en un documento que obtuvo el medio de comunicación digital ANIMAL POLÍTICO a través de una solicitud de información, se supo que la estrategia para atender el problema “está en proceso de construcción” y que en el Presupuesto de Egresos del Estado se contempló un monto de 5 millones 161,000 pesos para implementarla en este año, pero los recursos siguen sin autorizarse.

“Lo que nos preocupa bastante es que hoy en día el DIF en el municipio de Tlapa es difícil toda la cuestión que tiene que ver con la prevención y atención, porque en este mes ha aumentado la violencia contra la mujer. Sabemos que viene la violencia en las comunidades indígenas de toda esta práctica que son mujeres que son vendidas, y que viven con el esposo, los suegros las maltratan”, comentó la abogada.

Un problema que la defensora ha visto y que es necesario atender son los albergues o refugios para dar atención a las mujeres.

En Tlachinollan recientemente, recordó, llegó un oficio firmado por la titular de la Secretaría de la Mujer para solicitarle al organismo refugio para unas víctimas de violencia, pero como sociedad civil no cuentan con esos espacios que debería garantizar el Estado.

Supo que las autoridades suben con complicaciones a algunas cabeceras municipales como Cochoapa el Grande para instalar las mesas de diálogo de la estrategia, también para implementar programas en adolescentes, pero a las comunidades se les ha complicado, y es donde deben focalizar la atención.

En las comunidades están concentrados otros problemas alrededor de los matrimonios forzados, como la salud, la educación, los servicios básicos, los caminos.

El director de Tlachinollan, Abel Barrera Hernández, según Arias Vitinio se reunió con funcionarios del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI) y la Secretaría de la Mujer y les propuso trabajar con las comunidades, asambleas con los pueblos, principales y mujeres, para crear comités de autoridades y jóvenes para saber qué está pasando y, sobre todo, lo que piensan.

En Tlachinollan, dentro de las posibilidades de los defensores, dan apoyo psicológico a las víctimas, sólo en casos particulares, porque atienden casos de desapariciones, feminicidios, violaciones, homicidios, trata de personas, secuestros.

Tlachinollan, el organismo que atiende y acompaña a la mayoría de los casos de violaciones a los derechos humanos en la Montaña, carace de un albergue, pero ante la desatención de las autoridades ha pagado hospedajes, alimentación a víctimas, trasladado de cadáveres, todas estos acciones debían ser atención que debería de dar el estado.

Este contexto envuelve a una serie de pendientes que hay con las víctimas, como ejemplo los últimos tres casos que atendió Tlachinollan, el de Angélica, el de Anayeli y el de una menor de 13 años de Yucunduta, Metlatónoc.

Guadalupe es revictimizada por negarse a casarse

Guadalupe, así la llamaremos para no revelar su nombre, tiene 13 años y es la última niña a quien Arias Vitinio ha acompañado, porque que intentaban casarla por la fuerza con un joven de 18 años.

La menor es originaria de Yucunduta, municipio de Metlatónoc, y su padre, quien es migrante en Estados Unidos, se enteró del trato que hizo la madre de su hija con el padre del joven. No estuvo de acuerdo con casarla a la fuerza.

El padre de la niña se comunicó a las oficinas de Tlachinollan para pedir ayuda, porque supo que a la casa de su hija ya habían llevado 70 cartones de cerveza, como parte del arreglo del matrimonio. La niña huyó luego de que supo que la querían forzar a casarse.

En Tlachinollan los defensores mandaron traer a la mamá y al comisario, porque se hablaba de que había colusión con las autoridades municipales.

La niña, dijo la abogada, como en la mayoría de los casos, tuvo miedo y desistió de la acusación por el temor de señalar a sus familiares.

Afortunadamente, dijo Arias Vitinio, se habló con las familias del por qué no debían forzar a la niña a casarse. Disuadieron el compromiso. La niña tuvo que salirse de su comunidad al ser señalada y revictimizada en su comunidad por no cumplir con el compromiso.

“Se truncan proyectos, se trunca la escuela porque ya estaba en tercer año de secundaria, salió. No terminó la secundaria y se deben buscar mecanismos para que no le afecte en la escuela y en algún momento pueda estudiar”, manifestó la abogada.

A la niña le gusta jugar basquetbol y le gustaría aprender a tocar instrumentos musicales, contó la abogada.

Desde Tlachinollan hablaron con autoridades del DIF y de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes para que le dieran apoyo, la respuesta fue que la menor no quiso interponer una denuncia formal y por eso no es posible.

La menor no tuvo acceso a ninguna medida de esta estrategia que se anunció, sólo la intervención de las autoridades municipales para disuadir el matrimonio. Ahora el cargo total de la menor está bajo la tutela de su hermano mayor.

Anayeli sigue recluida en una Casa Hogar y sin acceso a un traductor

Anayeli también fue forzada por su comunidad a huir de ahí, la señalaron porque su caso se hizo público y no se consolidó el matrimonio.

Por la menor pagaron 200,000 pesos a sus padres para que se casara con otro menor de edad, no lo consintió y fue retenida por la Policía Comunitaria de la localidad. En el caso también intervino el organismo defensor, entre ellos la abogada.

Por la menor, ninguno de sus familiares respondió aun cuando se logró disuadir el compromiso, lo único que hicieron las autoridades fue enviarla a una Casa Hogar. Sus padres y sus hermanos se fueron de jornaleros, de acuerdo con lo documentado en Tlachinollan.

La única posibilidad que tiene la menor es que un familiar cercano se haga cargo de ella, pero tampoco lo tiene.

La niña es monolingüe, habla tun´savi, y no ha podido acceder a un perito traductor para que le tomen la denuncia. El argumento de las autoridades es que le están enseñando a hablar “aunque sea poquito español”, aunque se le violentes sus derechos con perspectiva intercultural.

La abogada de Tlachinollan dijo que pidieron a profesores del Consejo Nacional de Fomento Educativo (Conafe) para que le enseñen a leer, pero aun no lo logran.

La estrategia sigue siendo un pendiente para ella, lo único que tiene es alojamiento, atención psicológica y la promesa de que aprenderá un oficio.

Angélica, en espera de la oprtunidad para estudiar

Angélica huyó de los abusos y maltratos de sus suegros con apoyo de defensores de derechos humanos. Ella ambién fue motivo de señalamientos en su comunidad, por romper con lo que en muchos pueblos de la Montaña tratan como parte de los usos y costumbres. Después de eso le impiden regresar a su pueblo.

El matrimonio de Angélica se disolvió después de que se hiciera público y una tía se hiciera cargo de ella. Viven en una casa rentada y no estudia. No recibe atención médica ni apoyos para estudiar.

La abogada manifestó que como defensores de derechos humanos insisten en que a las víctimas en los ministerios públicos (que dependen de la Fiscalía General del Estado) les hacen valoraciones psicológicas, evalúan daños emocionales y emiten dictámenes para integrar las carpetas de investigación, pero no les dan seguimiento.

Por ejemplo, dijo, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) no se hace cargo de la atención de víctimas de matrimonios forzados.

 

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Matan a cuatro en Guerrero a uno lo queman vivo

Texto: Amapola Periodismo

Fotografía: Raúl Sendic García  /Cromática agencia fotográfica y multimedia

22 de marzo del 2022

Chilpancingo

 

En distintos hechos de violencia registrados en Guerrero cuatro personas fueron asesinadas, una de las cuales fue quemada viva al parecer cuando estaba en su parcela.

Las autoridades de esa región dijeron que este martes alrededor de las 9 de la mañana vecinos de la comunidad de El Potrerillo del municipio de Olinalá, se percataron que había un incendio en unas tierras de labor.

Al acercarse se percataron de que era un hombre que estaba carbonizado por lo que de inmediato dieron parte a las autoridades correspondientes.

Los vecinos contaron que fue un grupo de delincuentes los que retuvieron a su víctima a quien después le echaron gasolina y le prendieron fuego.

Esta persona carbonizada de 45 años de edad fue trasladada al Servicio Médico Forense de Chilpancingo.

Autoridades locales informaron que en la cabecera del municipio de Acatepec, un hombre fue asesinado de cuatro balazos.

Se trata de Dircio Flores Neri, de 35 años de edad quien caminaba por la calle principal de esta localidad cuando un hombre armado lo encontró y le disparó.

En tanto, en la comunidad de Cieneguillas, del municipio de Cochoapa el Grande, varios individuos armados emboscaron a balazos a un grupo de personas dejando heridas a cuatro de ellas.

Los cuatro hombres con heridas leves están internadas en el Hospital General de Tlapa.

En los últimos cinco días, nueve personas han sido asesinadas en la región de la Montaña, seis de ellas durante una emboscada en el municipio de Metlatónoc.

En otros hechos de violencia registrados en Acapulco, el conductor de un camión de carga fue asesinado a tiros cuando estaba en la cabina de su unidad en el estacionamiento de la central de abasto.

A las siete de la noche de este martes una mujer que viajaba en una camioneta Urvan de transporte colectivo de la ruta Centro_ Jardín en Acapulco fue asesinada balazos.

La unidad de transporte circulaba sobre la avenida de Pie de la Cuesta.

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Matan a seis integrantes de familia en emboscada en Metlatónoc

En octubre del 2021, en el camino de terracería que conduce a la comunidad de Llanos de Nopales, fueron asesinados a balazos tres hombres y una mujer


Texto: Amapola Periodismo

Fotografía: José Luis de la Cruz / Archivo

18 de marzo del 2022

Chilpancingo

 

Un grupo de individuos asesinaron a tiros a seis integrantes de una familia cuando viajaban a bordo de una camioneta en el camino de terracería que comunica al pueblo de Cucuilotlatzala, del municipio de Metlatónoc, en la región de la Montaña.

De acuerdo a los informes policiacos, los hechos ocurrieron alrededor de las dos de la madrugada de este viernes pero personal de la Fiscalía acudió mucho después al lugar para realizar las diligencias.

El punto donde ocurrió la emboscada fue en el tramo carretero Cucuilotlatzala-Lagunilla Yucutini.

La Fiscalía General del estado no ha dado a conocer los nombres de los integrantes de la familia, son vecinos de Cucuilotlazala.

En octubre del 2021, en el camino de terracería que conduce a la comunidad de Llanos de Nopales, fueron asesinados a balazos tres hombres y una mujer.

Este hecho ocurrió en las inmediaciones de la emboscada registrada la madrugada de hoy viernes en la que murieron seis personas.

 

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Violencia machista en pueblos originarios: mujeres resisten y protestan contra los feminicidios

El Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan señala la prevalencia de un contexto de alta violencia. La organización en su recuento de los últimos 17 años sobre la violencia feminicida señala que, del 2004 a octubre de 2021, registró 100 muertes violentas principalmente en los municipios de Tlapa y Ayutla de los Libres que, desde el 2017, cuentan con alerta por violencia de género


Texto y fotografía: Lenin Mosso e Isael Rosales

9 de marzo del 2022

Tlapa

 

Más de 200 niñas, adolescentes, hijas y madres marcharon por las calles de Tlapa en el contexto del 8M para visibilizar la violencia contra las mujeres, que padecen esta región de pueblos originarios.

Las denuncias van desde las agresiones sexuales de taxistas, choferes de combis de servicio público y hombres en general que acosan en las calles. Las mujeres son invisibles ante las autoridades, según se leyó en decenas de pancartas. “Aquí no se reconoce ni se pueden nombrar los feminicidios”.

La marcha inició a la altura de la radio Voz de la Montaña. Mujeres y niñas con sus pancartas alusivas a las demandas y consignas sobre acoso sexual y contra el patriarcado.

Por ejemplo, Ceci, una joven marchaba indignada contra la violencia machista. Esta violencia se normaliza y se transmite de generación en generación. En esta hay casos de niñas de 15 y 16 que las golpean todos los días en el transporte público de Tlapa. “Esta normalización de la violencia pasa por ser hasta chistoso, es como una caricatura de la realidad. Siempre que pasamos en el zócalo con las miradas acosadoras de los hombres”.

La protesta por las calles principales de Tlapa ilustró el hartazgo de la violencia machista. También las niñas portaban las pancartas.

“Estoy impresionada porque muchas niñas salieron a las calles. Es muy importante porque estamos despertando y reaccionando, quiere decir que vamos por un buen camino y que las mujeres nunca más vamos a estar solas. Desde los 12 años empiezas a ser consciente de la violencia que rodea, y sí se va a tumbar el patriarcado si seguimos unidas como hermanas de dolor y esperanzas”, dijo una participante de la marcha.

“Ya no estamos solas entonces, ya tenemos el valor y voy a luchar aunque el camino sea muy largo. Lo más impactante es que nos organizamos solas sin ningún partido político”, otra chica comentó sobre la unión de varias chicas que se empezaron a organizar ante el aumento de matrimonios forzados en la región y la violencia machista que llega a feminicidios.

El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública de la Secretaría de Gobernación (Segob) destacó que durante el 2021 en Guerrero, un registro de 136 mujeres asesinadas, de estos, 119 casos se investigan como homicidios dolosos, sólo 17 se investigan como feminicidio. En ese mismo periodo, 60 mujeres fueron desaparecidas, dos fueron encontradas sin vida. Además, se registraron 389 casos de violencia sexual.

El Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan señala la prevalencia de un contexto de alta violencia. La organización en su recuento de los últimos 17 años sobre la violencia feminicida señala que, del 2004 a octubre de 2021, registró 100 muertes violentas principalmente en los municipios de Tlapa y Ayutla de los Libres que, desde el 2017, cuentan con alerta por violencia de género.

También están en foco rojo los municipios de Metlatónoc , Cochoapa el Grande, Alcozauca, Xalpatláhuac, Tlacoapa, Copanatoyac, Malinaltepec, Acatepec, San Luis Acatlán y Olinalá, donde la mayoría de las familias indígenas viven en situación de pobreza extrema.

Covid-19 incrementó los feminicidios

Tlachinollan advierte que lo más greve, desde que inició la crisis sanitaria por la covid-19, es el aumento de feminicidios. En el informe tu nombre que nunca olvido sólo de septiembre de 2020 al mes de octubre del 2021, mantienen un registro de 26 feminicidios en los municipios de Tlapa, Ayutla de los Libres, Acatepec, San Luis Acatlán, Cochoapa el Grande y Metlatónoc. De estos sólo en el 20 por ciento de los casos se ha procesado a los responsables y un porcentaje mínimo han alcanzado sentencias condenatorias.

“Durante un año, de 317 casos de mujeres, de estas 202 denunciaron haber sufrido algún tipo de violencia, 82 fueron de violencia económica, perpetrados por los esposos, concubinos y algún otro familiar obligado a proporcionar alimentos, 48 de violencia física, 43 de violencia psicoemocional (guarda y custodia, separación y divorcios), 6 casos de violencia patrimonial (mujeres que fueron despojadas de sus bienes), 9 casos de agresión sexual contra niñas, 9 casos de feminicidio, 5 casos de criminalización de mujeres que denunciaron violencia y 2 de venta de niñas y matrimonios forzados”.

Durante la marcha en Tlapa, Ceci volvió a tomar la palabra para decir que los feminicidios no se reconocen porque Tlapa, un municipio machista por excelencia. Desde la tribuna improvisada llamó al gobierno a que empiece a visivilizar el acoso y las diferentes violencias, porque se viven Tlapa y en la región de la Montaña todos los días.

Pidió a las autoridades sancionar a los responsables. “No podemos tener confianza con los policías porque son los principales acosadores. Las autoridades locales ni siquiera tienen estadísticas sobre las violencias contra las mujeres. Ya no queremos que se oculten los feminicidios”.

 

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Emite ONU acción urgente por dos desaparecidos en Guerrero

Los familiares de los desaparecidos de la comunidad de Zacapexco responsabilizan al alcalde perredista de Atlixtac, Leonardo Muñoz Tapia y a su jefe de la policía


Texto: Jesús Guerrero

Fotografía: Oscar Guerrero y especial

8 de febrero del 2022

Chilpancingo

 

El Comité Contra las Desapariciones Forzadas de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) emitió una petición de acción urgente al gobierno mexicano para que sean localizados los policías comunitarios Pablo Hilario Morales y Samuel Hernández Sánchez, quienes presuntamente fueron privados de su libertad por policías del municipio de Atlixtac, en la región de la Montaña.

El Consejo Indígena y Popular de Guerrero Emiliano Zapata (CIPOEG-EZ), que aglutina a la Policía Comunitaria de comunidades del municipio de Chilapa, dio a conocer este comunicado en el que se establece una investigación exhaustiva, así como la identificación de los perpetradores de la desaparición forzada.

Durante una reunión que tuvieron los dirigentes de esta organización y de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias Pueblos Fundadores (CRAC-PF) en la comunidad de Alcozacán, del municipio de Chilapa, pidieron a las autoridades federales y estatales que acaten esta recomendación que emitió este lunes 7 de febrero la ONU.

El pasado 26 de febrero, el comandante Pablo Hilario Morales y el policía comunitario Samuel Hernández Sánchez viajaban en una motocicleta en la carretera Chilapa-Tlapa cuando fueron interceptados por agentes municipales de Atlixtac.

Los familiares de los desaparecidos de la comunidad de Zacapexco responsabilizan al alcalde perredista de Atlixtac, Leonardo Muñoz Tapia y a su jefe de la policía.

El primero de febrero circuló en redes sociales un video donde aparecen sometidos los dos policías comunitarios, Pablo Hilario Morales y Samuel Hernández, quienes acusan a los dirigentes de la Policía Comunitaria de la CRAC-PF, David Sánchez Luna y a su hermano Bernardino Sánchez Luna, de pertenecer al grupo delictivo de Los Rojos que dirige Zenén Nava.

Los dirigentes de la CRAC-PF y del CIPOE-EZ rechazaron tener vínculos con esa organización delictiva y pidieron a las autoridades que realicen una investigación para dar con el paradero de los integrantes de esa organización para que liberen a sus dos compañeros, quienes, aseguran, son obligados a realizar ese tipo de declaraciones.

«Desde nuestro surgimiento quedó claro que no formamos parte de ningún grupo delincuencial y hoy refrendamos nuestro compromiso de mantener la lucha por la vida y el territorio y nos deslindamos de cualquier pretensión de vincularnos con algún grupo criminal», dice la CIPOG-EZ.

Durante diciembre del 2021, la CRAC-PF denunció la desaparición de otros tres policías comunitarios. Se trata de Juan José Reyes Ventura, Marcelino Chino Mendoza y Juan Reyes, los dos primeros vecinos de la localidad de Ayahuatempa, municipio de José Joaquín Herrera, y el tercero de Alcozacán, Chilapa.

Los tres siguen desaparecidos aun cuando fuerzas federales y estatales han realizado dos búsquedas en esa zona donde supuestamente fueron privados de la libertad por un grupo armado.

El pasado 17 de enero, Rocelia Morales Guerrero, de la comunidad de Ayahualtempa, denunció que su hija de 26 años, Delfina Ramírez Morales, fue hallada muerta a balazos en un paraje del pueblo vecino de Temixco.

Denunció que su hija fue privada de su libertad por un grupo de policías municipales de José Joaquín Herrera cuando caminaba por el zócalo de Hueycantenango.

En esta zona de la Montaña Baja, la violencia arreció desde el 2020 después del asesinato de 10 músicos que fue perpetrado por integrantes de la organización delictiva de Los Ardillos, como consta en la investigación que realizó la Fiscalía General del Estado (FGE).

Piden a fiscal que investigue a Los Ardillos

Por segunda vez en una semana, la fiscal general Sandra Luz Valdovinos acudió a la comunidad de Alcozacán para pedirle a los habitantes de la zona que le otorguen un voto de confianza para seguir investigando las desapariciones y asesinatos que han ocurrido ahí.

Durante la Asamblea, en donde estuvieron viudas y huérfanos de personas asesinadas, Jesús Plácido Galindo, líder del CIPOG-EZ, le dijo a la fiscal que hay una complicidad entre las autoridades municipales de esa región con la organización delictiva de Los Ardillos. Expuso que desde 2019 han asesinado en 24 comunidades del municipio de Chilapa a 44 personas y a otras 15 las han desaparecido .

Un familiar de un desaparecido le reclamó a la fiscal que no han hecho nada para hacerles justicia aun cuando el gobierno tiene los instrumentos necesarios para detener a los integrantes de ese grupo delictivo (Los Ardillos).

En esta segunda visita que la fiscal hace a esta comunidad recibió varios reclamos de los familiares de los desaparecidos y asesinados.

 

Protestan en Ministerio Público de Tlapa por desaparición de tres jóvenes

Los tres jóvenes fueron contratados por el alcalde Amado Basurto Gálvez para que realizaran una obra de rastreo de un camino


Texto: Jesús Guerrero

Fotografía: Especial

30 de enero del 2022

Chilpancingo

 

Familiares de tres jóvenes desaparecidos desde el 24 pasado en el municipio de Tlacoapa protestaron en la Agencia del Ministerio Público de Tlapa, para exigir su búsqueda y presentación con vida.

Los hermanos y madres de Galileo y Leonel Bruno Morán, así como de Erwin Sánchez Sánchez, dijeron que la última vez que supieron de ellos tuvieron una plática con el alcalde panista de Tlacoapa, Amado Basurto Gálvez después de las siete y media de la noche del lunes 24 de enero.

“A las ocho de la noche sus teléfonos celulares dejaron de sonar”, dijo la esposa de uno de los desaparecidos.

Los tres jóvenes fueron contratados por el alcalde Amado Basurto Gálvez para que realizaran una obra de rastreo de un camino.

Para realizar los trabajos rentaron una retroexcavadora, un camión de volteo y otra camioneta.

“No sólo ellos desaparecieron sino también los vehículos y la retroexcavadora. Eso no nos interesa lo que queremos es de que ellos regresen con vida”, dijo Martha Morán Arellano, madre de Galileo y Leonel Bruno Morán.

En la protesta también estuvieron Citlali Cárdenas Martínez, esposa de Galileo y Anel Bruno, hermana de Leonel y Galileo.

Los familiares de los tres jóvenes desaparecidos exigieron al alcalde de Tlacoapa que dé la cara y que los presente con vida.

“Este sábado nos dijo el alcalde que nos daría información y es la hora que estamos esperando porque él debe saber dónde están ya que la desaparición de mis hijos ocurrió en su municipio”, lamentó Martha Morán.

Los tres jóvenes que se dedican a obras para la construcción son originarios de Malinaltepec, municipio vecino de Tlacoapa, en la región de la Montaña alta.

Los familiares anunciaron que se van a trasladar a Tlacoapa para realizar protestas y exigir la búsqueda y presentación con vida de los jóvenes.

“Vamos a bloquear la carretera de Tlacoapa para presionar al alcalde y nos digan a dónde están nuestros familiares”, dijo la esposa de uno de los desaparecidos.

A su vez, el ayuntamiento de Malinaltepec publicó en las redes sociales un cartel en donde le pide a la población informes sobre el paradero de los tres jóvenes quienes fueron vistos por última vez el lunes 24 en Tlacoapa.

Por su parte, la Fiscalía General del Estado informó que inició una carpeta de investigación por el delito de desaparición de personas y puso en marcha un operativo de búsqueda.

La dependencia explicó que de acuerdo con la información que tienen, los tres muchachos iniciaron un contrato de trabajo para trabajar en Tlacoapa a partir del 19 de enero.

“Pero el día 24 de enero del presente año, se disponían a regresar y ya no llegaron y fue la última vez que se les vio en el municipio”, dice la Fiscalía.

Desaparece Comisario de Tlapa

Dirigentes del Frente Popular de la Montaña (FPM) denunciaron ante la Fiscalía Regional de Tlapa la desaparición del comisario de la comunidad de Zacualpan, Germán Portillo Velasco.

De acuerdo a la denuncia que se interpuso ante al MPF, el comisario fue hace cuatro días al campo a cuidar a sus animales, pero ya no regresó a su casa.

Dijeron que gente del pueblo ya organizó brigadas de búsqueda, pero hasta el momento no lo han localizado.

 

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