Nueve órdenes de aprehensión contra feminicidas en la Montaña, ninguna ejecutada: Tlachinollan

Texto: Itzel Urieta

Fotografía: Tlachinollan 

15 de diciembre del 2023

Chilpancingo

 

“Lo feminicidas están libres y pueden seguir cometiendo más actos de violencia y no son detenidos”, denunció Neil Arias Vitino, abogada del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, ante el aumento de feminicidos en esta región.

En total son nueve órdenes de aprehensión por el delito de feminicidio en la Montaña del 2015 a la fecha. De estas nueve órdenes de aprehensión, ninguna se ha ejecutado, informó la abogada de la Organización no Gubernamental (ONG).

Tlachinollan brinda acompañamiento jurídico desde el 2014 a 27 familiares de víctimas de feminicidio, indicó Arias Vitino.

Aspectos de la marcha en Tlapa para exigir justicia por el feminicidio de María Margarita, el pasado 7 de diciembre del 2023. Fotografía: Tlachinollan

Tlachinollan tiene registro de 100 feminicidios ocurridos en la región de 2014 a la fecha.

El caso más reciente es el de María Margarita Vargas Florencio, orginaria de Conapatoyac, asesinada el 3 de diciembre presuntamente por su ex pareja, Pavel Bernabé Florentino.

La Fiscalía General del Estado (FGE) y el Ministerio Público de Copanatoyac sostienen que la muerte de María Margarita fue un suicidio, su familia no cree esa versión por varias razones, una de ellas, es que María Margarita se separó de Pavel por violencia familiar.

Además, desde el fallecimiento de María Margarita, Pavel huyo de Copanatoyac; hasta el momento nadie sabe de él.

“Copanatoyac desde el 2017 tiene una orden de aprehensión por feminicidio, pero ya se han cometido seis feminicidios más y, como no hay detención, aumenta más la violencia contra las mujeres”, dijo Arias Vitino.

 

Falta de políticas públicas y complicidad

A raíz del feminicidio de María Margarita y otros ocurridos en la región, colectivas feministas solicitaron que se declare la Alerta por Violencia de Género en Copanatoyac

Arias Vitino consideró que se requieren mayores acciones para garantizar una vida libre de violencia a las mujeres en la Montaña.

“El tema no es que se decreten las alertas porque no hay política pública de atención. De qué sirve que se creen estos protocolos de atención y que haya alertas si no hay voluntad política. Si las instituciones no se ponen a trabajar, la violencia contra las mujeres va a continuar”, agregó Arias Vitino.

Aspectos de la marcha en Tlapa para exigir justicia por el feminicidio de María Margarita, el pasado 7 de diciembre del 2023. Fotografía: Tlachinollan

La falta de personal en las áreas de las instituciones que abordan el tema es otro factor que limita que las mujeres de la Montaña tengan acceso a una vida libre de violencia.

El factor determinante es que muchos casos de feminicidio quedan impunes.

La impunidad, explicó la abogada, ocurre por “la complicidad” entre los varones para evitar castigos.

Explicó que en la Montaña es común saber de casos donde los feminicidas no reciben un castigo por su corrupción o cercanía con las autoridades.

“Desde arriba empiezan a moverse cosas, de pronto no se hacen las cosas con debida diligencia, no se recaban los indicios. Todos estos son obstáculos que impiden que haya una buena investigación en un caso”.

En el caso de las denuncias, Arias Vitino explicó que si se realizan denuncias, la falta de recursos humanos y financieros de la FGE hacen que las medidas que requieren las víctimas no se les brinden.

“El llamado a las insituciones es que haya voluntad política y que se ejecuten las órdenes de aprehensión que hay en la Montaña”, pidió.

Arias Vitino exigió a la FGE un protocolo para atender los casos de feminicidio, también capacitaciones al personal que trata con las familias de las víctimas para que haya mayor sensibilidad y empatía.

Recalcó que deben tener protocolos específicos, ya que el contexto de las mujeres de la Montaña es diferente al de las mujeres en la ciudad.

“No hay perspectiva de género para atender estos casos. No hay suficiente personal. La justicia en el tema de investigaciones en muy lenta”.

Con marcha y consignas conmemoran el 12 aniversario de normalistas asesinados

Texto y fotografía: Itzel Urieta

12 de diciembre del 2023

Chilpancingo

 

Con una marcha y un mitin en la Autopista del Sol, estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, y de distintas normales rurales del país y organizaciones sociales conmemoraron los 12 años de las muertes de sus compañeros Jorge Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús, asesinados en esa carretera en medio de un desalojo policiaco.

La marcha comenzó a la una de la tarde y el contingente cruzó de norte a sur la capital; inició en el punto conocido como El Caballito, ubicado a unos metros del mercado Baltasar R Leyva Mancilla, pasó por el centro y culminó con un mitin en la Autopista del Sol, a la altura del Parador del Marqués.

Fue en ese lugar, el Parador del Marqués, que el 12 de diciembre del 2011, durante el desalojo de una protesta de los normalistas para exigir la aprobación de un pliego petitorio para la Normal de Ayotzinapa, que Jorge Alexis y Gabriel fueron asesinados por disparos de arma, emitidos presuntamente por policías. En el lugar había ministeriales y federales.

Desde ese momento, cada 12 de diciembre, los normalistas de Ayotzinapa realizan una marcha y un mitin para exigir justicia y castigo a los perpetradores.

La marcha de este año tuvo dos paradas, recorrió las principales calles del centro de Chilpancingo y se detuvo en la avenida Miguel Alemán, en el número 80 específicamente, en las oficinas del Partido de la Revolución Democrática (PRD), donde lanzaron varios petardos al interior del inmueble. El gobernador del periodo en que fueron asesinados los dos normalistas era Ángel Aguirre Rivero, quien fue postulado por el PRD.

En la marcha del año pasado, los estudiantes lograron abrir un boquete en la fachada principal del edificio y por ahí ingresaron.

Este año el boquete seguía ahí, pero los estudiantes sólo lo ocuparon para lanzar petardos al interior.

La marcha avanzó unos metros más y se detuvo en el antimonumento a los 43, en la glorieta de Las Banderas, donde un grupo de normalistas de Ayotzinapa realizaron un pequeño mitin.

El contingente, de unos 800 estudiantes normalistas agremiados en la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México (FECSM) continuaron la marcha hacia el sur de la capital.

Los estudiantes llevaron dos monigotes, uno con el rostro del ex gobernador Ángel Aguirre Rivero y otro del ex presidente Enrique Peña Nieto.

Fue durante la administración de Aguirre Rivero que sucedió el crimen al que hoy se alude, además, tres años más tarde, en 2014, todavía en su gobierno, ocurrió la desaparición de los 43 normalistas en la ciudad de Iguala.

Hasta la fecha (2023) ambos casos continúan en la impunidad, no hay ningún detenido por los asesinatos de Jorge y Gabriel y las investigaciones por la desaparición de los 43 continúa.

De acuerdo con los estudiantes, los que dispararon contra los normalistas Jorge Alexis y Gabriel Echeverría fueron policías ministeriales vestidos de civil.

La marcha llegó al Parador del Marqués a las cuatro de la tarde y de ahí comenzó el mitin que se prolongó por dos horas más.

Durante el mitin, los representantes de las distintas normales del país expresaron su solidaridad y apoyo hacia Ayotzinapa.

De las organizaciónes sociales presentes estuvieron integrantes del Colectivo de Familiares de Personas Desaparecidas Lupita Rodríguez Narciso, una pequeña representación de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación Guerrero (CETEG) y el Colectivo Solidaridad con las Víctimas del 60.

En la marcha los estudiantes llevaron lonas y carteles para exigir justicia por Alexia y Jorge, además de la aparición con vida de los 43 normalistas desaparecidos en Iguala.

El mitin culminó a las 5:30, hora en la que los estudiantes incendiaron los monigotes y colocaron una ofrenda floral en las cruces de Jorge Alexis y Gabriel, al lado de la Autopista del Sol.

Protestan en Palacio de Gobierno para exigir justicia por Jorge Alexis y Gabriel Echeverría, asesinados en 2011

Texto y texto: Itzel Urieta

11 de diciembre del 2023

Chilpancingo

 

Estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Búrgos, de Ayotzinapa, acompañados de integrantes de la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México (FECSM) protestaron afuera de las oficinas del gobierno estatal para exigir justicia por sus compañeros, Jorge Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús, asesinados presuntamente por policías ministeriales, el 12 de diciembre del 2011.

Los normalistas llegaron en autobuses, de los que bajaron con algunas lonas en las que se leía: «12 de diciembre no se olvida» y «Justicia para Alexis y Gabriel».

Realizaron un mitin en el que recriminaron al gobierno estatal y federal la falta de avances en el caso de sus compañeros.

«¿Dónde está el cambio con Morena?, «¿Dónde están estas promesas de la Cuarta T, de que según están con el pueblo», expresó un estudiante de Ayotzinapa durante el mitin.

Los normalistas denunciaron que hay una fuerte represión hacia ellos, por lo que solicitaron al gobierno, cese dichos actos represores. «Es más peligroso ser estudiante que delincuente».

Normalistas en la protesta afuera de las oficinas del gobierno estatal, este 11 de noviembre del 2023, al cumplirse 12 años de los asesinatos de dos de sus compañeros.

Señalaron que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, desde el inicio de su sexenio prometió apoyo a las diferentes normales del país.

«Hasta este momento, ese apoyo no se ha visto», reclamó el orador.

Llamaron a la Fiscalía General del Estado (FGE), a continuar con las investigaciones del asesinato de sus compañeros y lamentaron que el ex gobernador Ángel Aguirre Rivero continúe libre. De acuerdo con los estudiantes, Aguirre Rivero tiene responsabilidad en estos hechos.

Los estudiantes llegaron alrededor de las 12:30 del medio día, el mitin duró una hora y media, después del mitin, los estudiantes se retiraron.

El 12 de diciembre del 2011, los estudiantes realizaron una manifestación en El Parador del Marqués para exigir al gobierno del estado intervenir en el paro de labores que mantenían los maestros de la Normal, razón por la cual no tenían clases.

Los estudiantes fueron desalojados por policías ministeriales, Policía Estatal y la extinta Policía Federal, quienes dispararon a los estudiantes y fue como Jorge Alexis y Gabriel Echeverría fueron asesinados.

La manifestación de hoy fue la tercera de una serie de manifestaciones que los normalistas realizaron en Chilpancingo como parte de la jornada de lucha par exigir justicia para Jorge Alexis y Gabriel.

Bloquean carretera en Costa Chica para exigir justicia por caso de Bruno Plácido

Texto: Itzel Urieta

Fotografía: Cipog

27 de noviembre del 2023

Chilpancingo

 

Habitantes de Costa Chica mantienen un bloqueo sobre la carretera federal Acapulco-Pinotepa, para exigir justicia por el asesinato del activista Bruno Plácido Valerio, fundador de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) y de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), asesinado el pasado 17 de octubre en Chilpancingo.

El bloqueo comenzó antes de las ocho de la mañana en la carretera federal Acapulco-Pinotepa, en el punto conocido como puente de Marquelia, donde unas 50 personas cerraron lo dos carriles y atravesaron una camioneta con una lona, en la está escrita su demanda de justicia. Donde exigen justicia.

Durante un mitin en el bloqueo, uno de los oradores exigió que la Fiscalía General del Estado (FGE) informe sobre los avances en las investigaciones relacionadas con el asesinato de Plácido Valerio, quien era el líder del grupo de autodefensa

La manifestación se realiza exactamente a 40 días de que fue asesinado junto a su acompañante, Abad Ruiz García, afuera de la Secretaría de Salud Guerrero, en Chilpancingo, donde se reuniría con la titular de dicha dependencia, Aidé Ibárez Castro.

El fin de semana, mediante un comunicado firmado por habitantes de Buenavista, municipio de San Luis Acatlán, de donde era originario Plácido Valerio, y otros pueblos indígenas, adivirtieron sobre la protesta de hoy.

En ese comunicado señalaron a los elementos de seguridad de los tres niveles de gobierno de ser cómplices de los diferentes grupos criminales.

“Queremos hacer especial énfasis en la Policía Municipal, Policía Estatal, Guardia Nacional y Ejército, aquí en Guerrero, los cuales no sirven de nada para brindarnos seguridad, sólo sirven de operadores de los grupos del narcotráfico, filtrando información para ser blanco fácil de estos grupos delincuenciales”, se lee en el comunicado.

A las once de la mañana llegaron elementos de la Guardia Nacional y de la Policía Estatal con equipo antimotin, quienes permanecen replegados del bloqueo.

La petición principal de los manifestantes es la presencia de la titular de la FGE, Sandra Luz Valdovinos Salmerón, para que informe sobre los avances en las investigaciones del asesinato de Plácido Valerio.

Junto con los elementos de seguridad llegaron funcionarios de la Secretaría General de Gobierno y de la FGE a ofrecerles una mesa de diálogo en Chilpancingo, a lo que los manifestantes se negaron y piden la presencia de la fiscal para retirar el bloqueo.

Hasta las cuatro de la tarde, ocho horas después, el bloqueo continúa.

Familiares de desaparecidos dicen que con Encinas no hubo avances importantes para la justicia

Texto: Jesús Guerrero

Fotografía: Oscar Guerrero

Chilpancingo

22 de octubre del 2023

Familiares de personas desaparecidas durante el periodo histórico conocido como la guerra sucia denunciaron que con Alejandro Encinas al frente de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación no hubo avances importantes en llegar a la justicia y, prueba de ello, aseguraron, es que en este gobierno se sigue protegiendo al Ejército de las atrocidades que cometió en Guerrero.

«Nosotros estuvimos en el informe de la Comisión para el Acceso a la Verdad de la Guerra Sucia un día antes que Alejandro Encinas dejara el cargo y dijimos que no hay ningún avance objetivo y que el Ejército sigue ocultando la información», dijo Octaviano Gervasio Serrano, representante del colectivo de Esposas e Hijos de Desaparecidos y Desplazados por la Guerra Sucia, quien participó en la conferencia de prensa junto a otros familiares de desaparecidos.

La semana pasada, Alejandro Encinas dio a conocer su renuncia a la Subsecretaría de Gobernación luego de que aceptó la invitación de la aspirante de Morena a la presidencia de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, para incorporarse a su equipo de trabajo.

Octaviano Gervasio recordó que hace ocho meses renunciaron dos de los tres integrantes del Comité para el Acceso a la Justicia, Carlos Pérez Vázquez y Fabián Sánchez Matus.

En declaraciones públicas que hicieron los dos miembros de este Comité establecieron que se iban del cargo porque no había apoyo económico y político de las instituciones gubernamentales y así era difícil cumplir con las expectativas de justicia a los familiares de los desaparecidos.

«Este comité es importante porque es donde están los abogados penalistas que iban a lograr judicializar los casos de personas desaparecidas y que están en las averiguaciones previas que tiene la Fiscalía General de la República», dijo Octaviano Gervasio.

Octaviano Gervasio, Carmen Iturio Nava así como Bernardo Hernández, hijos de tres desaparecidos presuntamente por el Ejército en la década de los setentas, dijeron que es difícil que en los últimos 11 meses que le resta a la Comisión para el Acceso a la Verdad de la Guerra Sucia vaya a cumplir con lo que prometió el gobierno de Andrés Manuel López Obrador de ir al fondo contra los responsables de la desaparición de cientos de personas en Guerrero.

La Comisión de Acceso a la Verdad está integrada por dos mujeres y tres hombres, entre ellos, el director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan Abel Barrera Hernández concluye su trabajo en septiembre del 2024.

«Ellos aseguran que hay avances en esta Comisión que se creó pero es mentira y prueba de ello es de que fracasó la comparecencia de 300 militares como probables responsables de la desaparición de personas», dijo Octaviano Gervasio.

«Lamentablemente vemos una cerrazón y sin una voluntad plena del secretario de Defensa (Luis Crescencio Sandoval) para abrir los archivos con el propósito de darle una protección indebida a esos criminales que están o estuvieron en el Ejército», afirmó Octaviano Gervasio quien es hijo del campesino Octaviano Gervasio Benítez, desaparecido en 1974, en Atoyac de Álvarez presuntamente por militares.

El activista consideró que la Secretaría de la Defensa Nacional debería de dejar que fluya la investigación para que se castigue a los malos elementos del Ejército y esta institución tenga otra imagen ante la sociedad mexicana.

«No todos los del Ejército son malos, hay también buenos pero hay una cúpula de generales y coroneles en retiro que se oponen a que se abran los archivos porque saben que les va a llegar a ellos».

Mencionó que a pesar de que el presidente Andrés Manuel López Obrador defiende al Ejército de graves violaciones a los derechos humanos que ha cometido, para los familiares de las víctimas de la guerra sucia es claro que los militares cometieron atrocidades en contra de la población civil en Guerrero.

«Nosotros lo que exigimos es de que se quite ese pacto de impunidad porque de seguir así van a continuar las desapariciones forzadas como sucede actualmente en el estado».

Este colectivo tiene un registro de más 800 personas desaparecidas durante la guerra sucia y hasta el momento solo se han logrado recuperar siete víctimas recientemente en el municipio de Ajuchitlán del Progreso.

En la conferencia de prensa de los familiares de las personas desaparecidas estuvo la arqueóloga y maestra del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), Lidia Iris Rodríguez Rodríguez, quien informó que en las excavaciones que se realizaron en las ex instalaciones del 27 Batallón de Infantería, en Atoyac de Álvarez, hallaron vestigios de ropa que podría ser un indicio de que pertenezcan a personas desaparecidas por el Ejército en la década de los setentas.

Contó que es importante este hallazgo porque los familiares de las víctimas podrían decir a la FGR que prenda llevaban la última vez que vieron a su familiar.

La investigadora en arqueología forense recordó que en investigaciones que se realizaron por casos de desapariciones forzadas en Argentina y Brasil se hallaron ropas y eso derivó en la identificación de las víctimas.

«Nosotros esperamos que la FGR permita realizar más excavaciones en las antiguas instalaciones del 27 Batallón, en Atoyac, para recabar más indicios».

En donde funcionó el 27 Batallón de Infantería del Ejército, en Atoyac, ahora son instalaciones del ayuntamiento de ese municipio llamada Ciudad de los Servicios.

Octaviano Gervasio anunció que pedirán a la FGR que ordene el cierre de esas oficinas del ayuntamiento para que se realicen más excavaciones.

Hasta el 2019, se llevaron a cabo seis diligencias judiciales en ese terreno en donde estaba el 27 Batallón de Infantería.

Conferencia de prensa de la Union de Colectivos de Víctimas y Familiares de la Guerra Sucia, este 22 de octubre del 2022, en las instalaciones del SNRP.

Paula y Julia, íconos de lucha por la justicia en los feminicidios

En un contexto de violencia contra las mujeres, el destino las convirtió en víctimas indirectas, pero ellas decidieron ser defensoras y acompañantes en busca de justicia. En lugar de hacerse pequeñas por el dolor y la desgracia, se han hecho grandes por la fortaleza de su andar, con el que iluminan a muchas, muchas otras mujeres en Ciudad Juárez, y todo México


Texto: Blanca Carmona / La verdad

Fotografía: La verdad

17 de octubre 2023

 

Las de Paula Flores Bonilla y Julia Caldera Chávez son historias paralelas de lucha para que haya justicia en la tierra de los feminicidios: Ciudad Juárez, Chihuahua, donde sus hijas adolescentes fueron desaparecidas y asesinadas hace más de dos décadas.

En el continuo contexto de violencia contra las mujeres de esta ciudad, ubicada en la línea fronteriza con Estados Unidos, Paula y Julia pasaron de ser amas de casa, a mujeres que han impulsado cambios en la lucha contra el feminicidio y han acompañado a otras que sufren lo mismo que ellas.

Con su búsqueda, Paula y Julia abrieron camino a los rastreos en paisajes desérticos, al combate a la impunidad, a la denuncia de negligencias y obligaron a abrir investigaciones contra fiscales. Además, han contribuido en la creación de protocolos estandarizados que actualmente se utilizan para la investigación del feminicidio en México.

Paula y su familia fueron quienes promovieron el uso del icónico símbolo del feminicidio: la cruz negra sobre un fondo rosa, y ella cofundó el primer colectivo de familiares de víctimas de desaparición y homicidio en la frontera de Juárez, y posiblemente en el país.

Por su parte, Julia logró establecer un precedente para que las madres de otras víctimas exijan que los estudios de ADN se realicen fuera de la Fiscalía de Chihuahua y logró la inclusión de antropólogos forenses externos.

Ambas son en un ícono de la lucha por la justicia en los feminicidios en Ciudad Juárez, y marcaron un camino a seguir para otras mamás de mujeres desaparecidas y asesinadas.

 

PAULA, UNA VOZ QUE DEMANDA JUSTICIA

Paula Flores Bonilla mamá de María Sagrario González Flores, desaparecida y asesinada en Ciudad Juárez en 1998, durante la audiencia pública en la Comisión Interamericana en septiembre de 2019. Fotografía: CIDH/Cortesía

Paula nació en el estado de Durango. Tres años antes de la desaparición y el asesinato de María Sagrario emigró junto con su esposo e hijos a Ciudad Juárez, a donde llegaron con el propósito de mejorar sus vidas en la tierra de las maquiladoras.

María Sagrario González Flores fue la cuarta de seis hijas y un hijo. Ahora, ya con algunas canas en su cabello largo, Paula tiene también 11 nietos.

María Sagrario era catequista y cantaba en el coro de una iglesia en la colonia donde vivía, en Lomas de Poleo, un asentamiento irregular, con calles de tierra y arena, y casas de construcciones sencillas, ubicado al poniente de Ciudad Juárez. El 16 de abril de 1998 salió por última vez de su casa, tenía 17 años. Nunca más la volvieron a ver con vida.

Trece días después, el cuerpo de la adolescente fue localizado en un paisaje semidesértico el Valle de Juárez –una zona que conforma parte de Ciudad Juárez, así como los municipios de Praxedis G. Guerrero y Guadalupe– lugar en el que se han encontrado restos de más de 280 personas que no se han podido identificar desde 2010.

En los primeros días la familia de María Sagrario se unió en un trabajo incansable para encontrarla con vida, y posteriormente en demanda de justicia.

Irma Pérez Franco y Bertha Márquez, mamás de Olga Alicia Carrillo Pérez y Adriana Torres Márquez, respectivamente, jóvenes que también habían sido asesinadas, fueron de las primeras en acercarse a Paula.

Aunque no contaban con muchas herramientas, a las tres mamás las unió el anhelo de justicia y se organizaron para ir a pegar pesquisas -fichas de búsqueda-, manifestarse e irrumpir en la entonces Procuraduría de Chihuahua, hoy Fiscalía, a exigir avance en las indagatorias. Así nació el colectivo “Voces sin Eco”, en marzo de 1999.

Debido a que las fichas de búsqueda colocadas en distintos rumbos de la ciudad eran retiradas casi de inmediato por las autoridades, a Guillermina, la hermana mayor de María Sagrario y representante legal de Voces sin Eco, se le ocurrió utilizar pintura: sobre un fondo rosa pintó una cruz negra, en postes y otra infraestructura pública.

“A Guille se le ocurrió un símbolo, un símbolo porque las pesquisas tienen doble intención: la obvia, si una persona reconoce pueda dar datos que lleven el paradero de la persona que está desaparecida. Pero también tienen la intención de que la gente sepa que hay personas desaparecidas, que se visibilice la desaparición de personas. Entonces Guille pensó en un símbolo y ella hizo la propuesta de la cruz negra con un fondo rosa y abajo decía Justicia”, explica Ivonne Mendoza Salazar, directora del Centro para el Desarrollo Integral de la Mujer (CEDIMAC), un organismo que ha acompañado a mamás de víctimas de desaparición y feminicidio.

En febrero de 2005, con información aportada por Paula y su familia, fue detenido uno de los responsables de la violación y homicidio de María Sagrario, José Luis Hernández Flores,

Paula recuerda que durante años estuvieron llevando datos a las autoridades investigadoras. “Básicamente nosotros, la familia, hizo la investigación”.

El 4 de abril de 2006, José Luis Hernández fue sentenciado a 29 años de cárcel por los delitos de violación y homicidio de María Sagrario, pero repentinamente fue trasladado a una prisión de Jalisco, obstaculizándose la realización de nuevas diligencias para identificar a otros dos posibles responsables, así como una reconstrucción del crimen que evidencie las inconsistencias de la investigación.

 

JULIA, UN ACTIVISMO COLECTIVO

Julia. Fotografía: Blanca Carmona

Con 62 años, Julia es madre de siete hijos y abuela de 17 nietos, pero siente haber rejuvenecido. Lo afirma con alegría, pues con mucha frecuencia le comentan que se ve más joven.

De ojos pequeños y una mirada profunda que se asoma detrás de sus anteojos, la mujer transmite una paz interior que asegura nace de su fe, que la mantiene firme en la lucha de justicia para María Elena y con fuerza para apoyar a otras mamás de víctimas de feminicidios.

María Elena Chávez Caldera desapareció el 20 de junio del 2000. Las autoridades tardaron 15 días en iniciar la búsqueda, y el cuerpo de la adolescente se localizó cuatro meses después en un predio baldío.

Este año se cumplieron 23 años de su desaparición y asesinato, desde entonces Julia tomó el rumbo del activismo. “Voces sin Eco” fue la primera organización que la apoyó en la búsqueda de su hija.

La entonces Procuraduría de Justicia de Chihuahua, hoy Fiscalía General del Estado (FGE), mostró inconsistencias en la identificación de María Elena. Inicialmente le entregó resultados falsos a Julia, al decirle que el cuerpo recuperado no correspondía al de su hija y posteriormente le informó que sí se trataba de María Elena.

Julia exigió la intervención de antropólogas forenses externas a la Procuraduría: “Les dije que yo no iba a recoger los restos hasta que hubiera un ADN positivo, si era mi hija. Si no, la iba a seguir buscando como desaparecida. Para esto, los restos de ella duraron cuatro años en el Semefo, cuatro años hasta que un ADN dio positivo y fue cuando la sepultamos”.

“Pero yo no estuve conforme con eso…. Porque si los primeros salieron negativos, por qué después de cuatro años salen positivos. Yo no estuve conforme… pedí una exhumación como cuatro meses después de sepultar los restos y esos estudios los hicieron las antropólogas argentinas, duraron tres meses para llegar el resultado, y me dieron un resultado positivo”, recuerda Julia.

La identificación oficial se hizo el 5 de diciembre del 2005. Cinco años después de la localización del cadáver de María Elena.

Julia convirtió su vivencia en una enseñanza que marcó un precedente, para que las madres de otras víctimas exigieran que los estudios de ADN se realizaran fuera de la Fiscalía de Chihuahua.

“Se va formando ese precedente de que si el Estado no tiene credibilidad, tiene obligación de hacer contratos fuera de sus dependencias para darle certeza a las familias de que los resultados son reales, de que no están manipulados o que no son erróneos”, explica Ivonne Mendoza.

Al igual que la familia de María Sagrario, Julia y sus hijos investigaron qué le había sucedido a María Elena y estuvieron aportando datos a las autoridades. Once años le llevó a la Procuraduría aprehender al responsable del homicidio, Irineo Quezada Peña.

Él estuvo preso casi el mismo número de años. Un juez penal lo sentenció a 9 años y seis meses de cárcel, Julia se inconformó y el Ministerio Público interpuso un recurso legal, después un tribunal de segunda instancia lo condenó a 15 años de cárcel, pero salió cuatro años antes de cumplir esa condena.

Julia volvió a pedir que se solicitará una revisión. “Nos quedamos con las manos cruzadas, no… estoy esperando respuesta”, dice Julia al explicar que se interpuso una apelación y aunque Irineo va a cumplir un año libre, ella no va a claudicar y espera justicia.

“Dos, tres veces me quedé sin sentido, casi me moría, pero al ver a mis hijos yo reaccionaba, me tengo que levantar, tengo que seguir, tengo que hacer algo por ella y por ellos que me están viendo”, expresa con firmeza.

 

JUNTAS POR JUSTICIA

Algo que ha caracterizado a las madres de mujeres asesinadas es la conciencia social de solidaridad hacia otras familias, que las ha llevado a impulsar tareas de prevención y de visibilización de la violencia de género.

A finales de los años 90 e inicios del 2000, en Ciudad Juárez no se hablaba de los derechos humanos de las mujeres, ni de feminicidios. Fueron las madres de las primeras víctimas las que salieron a manifestarse incluso fuera del país.

“Ellas son las que han ido siempre a la vanguardia, fueron las primeras que salieron a manifestarse en contra del feminicidio y en contra de la respuesta del Estado, que era negar los hechos y culpar a las víctimas”, menciona Mendoza.

Las madres impulsaron la creación de una Fiscalía Especializada de la Mujer, tiempo después surgió en esta frontera la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Hacia las Mujeres en Ciudad Juárez, en el sexenio de Vicente Fox, y el esquema se hizo a nivel nacional.

En 2007, Paula y Julia denunciaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) los numerosos asesinatos y desapariciones forzadas de mujeres cometidos entre 1995 y 2003, en un contexto de violencia basada en el género.

Las denuncias se presentaron junto a las de otras cuatro familias, entre ellas la de Olga Alicia Carrillo Pérez, asesinada cinco años antes que María Elena, su prima, con la asistencia del CEDIMAC y la organización Robert Kennedy Human Rights (RFK).

En septiembre del 2017, la CIDH admitió el caso 13377 correspondiente a María Sagrario González Flores, de 17 años, hija de Paula; María Elena Chávez Caldera, de 15, hija de Julia; Silvia Elena Rivera Morales, de 17; la niña Brenda Berenice Delgado Rodríguez, de 6; Cecilia Covarrubias Aguilar de 16 y su hija de apenas 24 días de nacida; y Olga Alicia Carrillo Pérez, de 20.

Al respecto, la CIDH emitió un informe y una serie de recomendaciones a las autoridades, luego de analizar violaciones a los derechos de las víctimas a la vida, la integridad, la libertad personal, garantías y protección judicial, a la honra y dignidad, a la familia, los derechos de la niñez e igualdad ante la ley.

En 2019, Paula Flores participó en demanda de justicia para su hija, las demás víctimas y sus familias en una audiencia temática ante la CIDH, realizada a solicitud de las organizaciones que las representan, para aportar nuevos datos y mantener el interés del Sistema Interamericano de Derechos Humanos en estos feminicidios, 21 años después del crimen de su hija.

“Ella se sentó en un lugar muy especial ahí, y yo estuve haciéndole preguntas para ayudarla a continuar con su relato, para relatar los hechos en los que asesinaron a su hija y también lo que viven las familias después de estos hechos, lo que les revictimizan las autoridades del Estado, la falta de justicia” relata Mendoza, de CEDIMAC.

“La presidenta de la Comisión se solidarizó con ella y se comprometió a que el caso se moviera más rápido para llegar al informe de fondo, pues cumplió con eso porque también era uno de nuestros objetivos hacer que la Comisión ya tomará una decisión pues estábamos desde el 2007”, expone Ivonne Mendoza.

 

NO VAMOS A PARAR

Paula observa las fotos de sus hijas, María Sagrario (derecha) fue desaparecida y asesinada en 1998, en Ciudad Juárez. Fotografía: Blanca Carmona

Para Paula, su hija “no es un archivo”, porque “mientras yo siga viva y siga pidiendo justicia ella sigue viva, no físicamente, pero vive en mi corazón”, afirma la mujer que actualmente trabaja limpiando casas en El Paso, Texas, y se da el tiempo de acompañar casos de feminicidio.

Con su experiencia, ayuda también en las gestiones para recuperar el cadáver de su ahijada, Norma Beatriz González Navarro, asesinada en 2020 en el estado de Oaxaca.

Aunque no es abogada y no está muy consciente de toda la aportación con su lucha de justicia en el tema del feminicidio, Paula ha podido advertir las irregularidades de autoridades de ese estado del sur del país y dar acompañamiento a la familia de su ahijada para que su crimen no quede en impunidad.

“No vamos a parar hasta que veamos justicia tanto con mi hija, y se les haga justicia a las demás niñas -dice por su parte Julia-, porque nosotras como víctimas indirectas de lo que pasó debemos apoyarnos y continuar, no parar, porque si así moviéndonos no pasa nada, nos quedamos sentadas (y) se les olvida lo que pasó”.

“Si yo la veo salir de la casa caminando y que me la regresen en un ataúd, eso es un dolor grande. Yo no le deseo a nadie que le pase eso y el proceso larguísimo, el caminar en la búsqueda, en la búsqueda de ellas, en la búsqueda de justicia, es desesperante”, dice Julia, quien confiesa que su fe en Dios la mantiene con fortaleza para apoyar a otras mamás que pasan por el dolor de perder a una hija de una forma violenta.

“Aprendí a moverme, aprendí a hablar, a exigir justicia, porque no vamos a pedirles nada, vamos a exigirlo”, afirma.

 

 

Este reportaje forma parte del proyecto #NoSomosVíctimas, de la Alianza de Medios de la Red de Periodistas de a Pie, financiado por la Embajada Suiza en México.

Puedes encontrar el texto original en La verdad.

José Santos González: el guía forzado del Ejército, ejecutado después de servirles

Hace 49 años, el Ejército se lo llevó como guía para buscar un campamento de guerrilleros, después lo mató. Es la octava víctima que será exhumada y probará el terrorismo de Estado


Texto y fotografía: José Miguel Sánchez

17 de septiembre del 2023

Chilpancingo

 

La mañana del 19 de noviembre de 1974 un grupo de militares tocaron la puerta de José Santos González Rojas, de 26 años, quien se dedicaba junto con sus hermanos a la agricultura y la ganadería en la comunidad serrana de Palos Altos, municipio de San Miguel Totolapan.

Los militares buscaban un guía para, supuestamente, llevarlos a recorrer la zona a buscar un campamento de guerrilleros.

Para ese entonces, ya había caído en combate el líder guerrillero Lucio Cabañas y el Ejército quería exterminar todas las células del Partido de los Pobres.

Era la década de 1970, la llamada guerra sucia estaba en su punto máximo de ebullición, la Sierra guerrerenses fue el campo de batalla entre el Ejército y la guerrilla.

Por ese motivo cientos de elementos del Ejército se desplegaron en Guerrero para enfrentar la guerrilla; dichas operaciones militares dejaron el saldo de cientos de personas desaparecidas, asesinadas, torturadas y pueblos saqueados y miles de desplazados.

Por la violencia ejercida por parte del Ejército, académicos y víctimas piden que este hecho histórico que va de 1960 a 1980 sea conocido como terrorismo de Estado.

Uno de esos pueblos asediados por el Ejército fue Palos Altos, donde una de las víctimas fue Santos González.

«En aquel tiempo no podías decirle que no al Ejército y por eso fue él (Santos González), que con miedo los acompañó para supuestamente ser su guía, pero ya nunca regresó», contó en entrevista Evaristo Tamaquio González, sobrino de Santos, quien se define como hijo de crianza y una de las personas que emprendió la lucha por la justicia.

Familiares de José Santos González exigen justicia, la imagen este 17 de septiembre en Chilpancingo.

Santos González Rojas era habitante de Palos Altos, comunidad serrana de San Miguel Totolapan, en la Tierra Caliente de Guerrero, se dedicaba a la agricultura y la ganadería, por lo que conocía muy bien los alrededores de Palos Altos.

En la Sierra de Guerrero, por las distintas irrupciones ilegales del Ejército la población vivió en constante miedo, «por eso, hasta que vimos que los militares se fueron, salimos a buscar a mi tío», recuerda Tamaquio González.

«Lo cargaban como guía y ya después lo desaparecieron, nosotros como a los ocho días lo fuimos a buscar y lo encontramos muerto y ya en descomposición», agregó.

Por las condiciones en las que hallaron el cadáver de Santos González, a su familia le fue imposible regresar con él, por lo que decidieron enterrarlo en el mismo punto donde lo hallaron.

Fue en el punto conocido como el Cerrito del Águila, a una hora y media de camino de Palos Altos donde hallaron el cadáver y lo enterraron.

Carlos González Marques también sobrino de Santos González emprendió una lucha de 49 años para recuperar los restos de su tío, hacerle justicia y darle un entierro digno.

 

Una lucha colectiva

Carlos y Evaristo se unieron al Colectivo de Esposas e Hijos de Desaparecidos y Desplazados de la Guerra Sucia, para exigir justicia y castigo a los responsables del asesinato de su tío.

Desde dicho colectivo, decenas de familias piden justicia para las víctimas, por lo que junto con la Asociación Representativa Ejidos y Comunidades Víctimas de Violaciones de Derechos Humanos y Grupos Vulnerables y la Asociación Cívica Nacional Revoluciones (ACNR) formaron La Unión de Colectivos de Familiares y Víctimas de la Guerra Sucia.

Desde La Unión de Colectivos se interpuso una demanda ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra el Ejército por desaparición forzada.

Resultado de dicha denuncia, la FGR determinó exhumar ocho cadáveres de fosas clandestinas en Los Espadines y Palos Altos, las ubicaciones las obtuvieron a través de las declaraciones de las familias de las ocho personas que vieron cómo el Ejército los asesinó.

Fue así que del 4 al 8 de septiembre, la Unión de Colectivos junto con la FGR, la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas (CEBP) realizaron la búsqueda de las fosas clandestinas.

Durante las labores de búsqueda hallaron los restos de Gervasio Bernardino Durán, Eduviges Ovillada Ortiz, Bartolo Rojas Nazario, Francisco Rojas Nazario, Pablo Rojas Terán, Apolonio Hernández Bernardino y José Isabel Rojas Bernardino, de 13 años.

 

La justicia quedó cerca, a tres horas de distancia

De Los Espadines a Palos Altos son tres horas de distancia, y aunque estaba incluido en las labores llegar, el clima y el tiempo impidieron a las autoridades completar los trabajos, por lo que quedaron pendientes de exhumación, los restos de José Santos González Rojas, enterrado cerca del poblado de Palos Altos.

«Estamos en eso, exigiendo justicia y ojalá pronto llegue, estamos un poco tristes y preocupados por no tener todavía a nuestro familiar y darle cristiana sepultura, pero esperemos que ya pronto.

Los otros siete restos fueron hallados en tres fosas clandestinas, dos en Los Espadines, una con tres y la segunda con dos víctimas y una tercera fosa en el lugar conocido como Las Desdichas, del municipio de Ajuchitlán del Progreso, en la Tierra Caliente de Guerrero.

Este mediodía, en conferencia de prensa en las instalaciones de la CDHEG, familiares de estas ocho víctimas, entre hijos, hermanos y sobrinos pidieron a la FGE y al Servicio Médico Forense (Semefo) agilizar las labores de identificación para que lo más pronto posible accedan a los restos de sus familiares y puedan darles sepultura.

«Encontramos los resultados que nosotros queríamos, donde el Ejército mexicano asesinó sin dar ni una explicación, llegaban a los pueblos a masacrar y echar los cuerpos a una fosa clandestina», mencionó Estela Arroyo Castro, coordinadora de la Asociación Representativa de Ejidos, Comunidades, Grupos Vulnerables y Violaciones a los Derechos Humanos (Arecovidh).

Durante las labores de exhumación, el personal de la FGE negó a los familiares observar los trabajos y solo al final, antes que los restos fueran trasladados en helicóptero a Chilpancingo les permitieron verlos durante unos minutos.

A 49 años de los hechos, la familia de Santos Gónzalez pide que se agilicen los trabajos para que las autoridades les entreguen a su familiar.

Los restos de la víctima que faltó podrían ser exhumados después de octubre, terminada la temporada de lluvias.

En la conferencia de prensa, los familiares de las siete víctimas de la guerra sucia desaparecidas y asesinadas presuntamente por elementos del Ejército, exigieron a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Guerrero (CDHEG), la identificación inmediata de los restos hallados en la comunidad de Los Espadines, en la Sierra de la Tierra Caliente.

Micaela Cabañas y Diana Hernández reciben Presea Popular por la continuidad de la lucha social que representan

Texto: Margena de la O

Fotografía: Oscar Guerrero

Chilpancingo

13 de septiembre del 2023

Micaela Cabañas Ayala y Diana Hernández Hernández, con el peso a cuestas de la continuidad de la lucha social, por ser hijas de quienes son, lo que ya les hizo librar sus propias batallas, recibieron la Presea Sentimientos del Pueblo que otorga la Asamblea de los Pueblos del Estado de Guerrero (APPG) como parte de la conmemoración de los Sentimientos de la Nación y con la que reconocen las causas sociales.

Son hijas del maestro rural que tomó las armas y se internó en la Sierra de Guerrero por causas sociales en la época de los sesentas y setentas, Lucio Cabañas Barrientos, y del luchador social que también enarboló los reclamos de los campesinos en tiempos más recientes, Ranferi Hernández Acevedo, ambos asesinados en un contexto que evidencia rasgos de un costo por lo que defendieron.

Las galardonadas de esta edición 16 lloraron cuando recibieron las medallas, dijeron, por lo que representa para ellas el reconocimiento que en varios momentos refrendaron a las memorias de sus padres pero, a la vez y sin darse cuenta, por las similitudes de sus vidas.

“Algo que me une a muchos a todos mis hermanos de lucha, pero también a Micaela Cabañas, es precisamente ese sentimiento de ya no tener ni a tu padre ni a tu madre, pero que a pesar del dolor estamos de pie, y que le incomode a quien le incomode, esta lucha no se acaba hasta que se acaba”, comentó Diana, después de recibir la presea y de tomar un largo respiro para sobreponerse por todos los sentimientos que se le removieron.

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Antes, en la misma ceremonia del actual vestíbulo de la Dirección General del Colegio de Bachilleres (Cobach), pero edificio donde redactaron los Sentimientos de la Nación, recibió la presea Micaela, con algunos de los Cabañas como asistentes.

Guillermina Cabañas, prima de su padre, quien lo acompañó en la lucha armada guerrillera, le entregó la medalla.

También asistió Pablo Cabañas Barrientos, hermano del maestro rural que encabezó el Partido de los Pobres, quien estuvo preso como resultado de la persecución a los Cabañas por la lucha armada de Lucio.

Al intervenir dijo que no habría recinto ni discurso suficiente para representar la nobleza y humildad de su hermano.

“Todos tenemos ese sentimiento, todos llevamos ese piquito en el corazón, esa espinita de aquel que se nos fue o de aquella que se nos fue”, agregó.

También ellas nunca perdieron el reconocimiento implícito para sus padres al recibir sus medallas. “Esto es en honor a todos ellos, los caídos, los desaparecidos y los que aún hoy sobrevivimos a esta ardua lucha y nos consideramos pertenecer a la lucha social. A todos aquellos que luchan día a día, y que yo los considero mis hermanos, como los compañeros de Ayotzinapa, los compañeros caídos, los compañeros que aúno encontramos, los compañeros que estamos en espera de justicia. Quiero decirles que esto es símbolo de la unidad de la lucha social”, dijo Micaela durante su intervención.

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La lucha a la que se refirieron ambas ha tenido costos directos para ellas.

El profesor Lucio Cabañas fue asesinado en 1974 por las tropas militares en la Sierra de Guerrero, época en la que el Estado había declarado enemigos públicos a los guerrilleros. El 3 de julio de 2011, después de años cuidarse y hasta de esconderse por la relación con el maestro rural, Isabel Ayala, madre de Micaela–la única hija de Lucio–, fue asesinada junto a su hermana Reyna, en Xaltianguis, el pueblo de Acapulco en el que vivía.

En una entrevista anterior Micaela expuso que detrás de la muerte de su madre estaba el origen e historia de ella.

El luchador social Ranferi Hernández Acevedo fue asesinado el 14 de octubre de 2017, junto a su esposa Lucía Hernández Dircio, su suegra Juana Dircio y su ahijado Antonio Pineda Patricio. Diana, en su sólo episodio de aparente violencia criminal en la Montaña baja, pero que conjunta muchos elementos políticos y sociales, perdió a los pilares de su familia.

“El asesinato de mi padre claramente es parte de terrorismo de Estado que se ha sedimentado como forma dominante de hacer política en México”, dijo Diana después de recibir la medalla.

Sus vidas casi paralelas, pero indudablemente similares, han hecho que Micaela y Diana libren sus propias batallas que, de alguna manera, representa la continuidad de la lucha social. Micaela debió vivir en la penumbra por años para no revelar quién era y su origen, y Diana en el exilio gran parte de su niñez porque sus padres refutaron a los Figueroa en periodos distintos.

Esta fue la apreciación de Nicomedes Fuentes García, ex integrante de la guerrilla de Lucio Cabañas y ex integrante de la Comisión de la Verdad (Comverdad) al momento de entregarle la medalla a Diana. “La lucha sigue con las nuevas generaciones, sigue en la voz de Mica, en la voz de Dianita; en la voz de las familias, en la conciencia y en las luchas de las nuevas generaciones. Muy importante que estas preseas hayan sido asignadas a este par de compañeras muy valiosas”, comentó

También ellas son conscientes de su herencia. “Compañeros de este largo caminar, compañeros que conocieron a mi padre, que lucharon junto a él, que son parte de la historia y que son parte de todo este caminar y de los que ahora gozamos y le decimos democracia”, mencionó Micaela cuando se dirigió a los asistentes.

De igual manera quedó claro en el acto que la lucha social es una continuidad. Diana recordó, por ejemplo, que su padre siempre tuvo de referente a Lucio Cabañas, el padre de Micaela, cuando enarboló las demandas sociales.

Aprovechó también el espacio de su discurso para plantear que juntos, es decir, todas las representaciones de las organizaciones, empujen en las instituciones la petición la creación de un museo de la memoria y luchas sociales para que no quepa el olvido de las aportaciones de quienes los han antecedido.

Exhuman las primeras siete víctimas de la guerra sucia con evidentes huellas de un terrorismo de Estado

Entre los restos exhumados el viernes 8 de septiembre estaban los de un menor de 13 años. Son víctimas de un periodo marcado por las atrocidades del Ejército contra la población


Texto: Marlén Castro
Fotografía: Especial 
Chilpancingo
Los habitantes de Los Espadines, municipio de Ajuchitlán del Progreso, en la región de la Tierra Caliente, oyeron ruidos alrededor del pueblo. Se preocuparon. Eran comunes las incursiones del Ejército en las comunidades de la Sierra en esos años. Era 1967.
Cuatro años atrás, Lucio Cabañas, el líder guerrillero del Partido de los Pobres, había muerto en combate y el Ejército y todas las fuerzas federales se afanaban en exterminar la semilla revolucionara dejada por Cabañas.
Los habitantes de Los Espadines, apenas entre 35 y 40 personas, supieron pronto que los ruidos los hacían soldados y personas con ropas de civil.
Entre la oscuridad, algunos hombres pudieron escapar al monte. No todos corrieron con la misma suerte. Los que seguían ahí a la mañana fueron detenidos, torturados y fusilados.
Los sobrevivientes cuentan que esa noche de 1967 llegaron como 200 elementos del Ejército y otros más vestidos de civil, que usaron armas que descansaban sobre el suelo en tres patitas, desde las que lanzaban balas que destrozaban todo por completo. Se cree que usaron lanza granadas para hacer salir a la gente de sus escondites.
Esta mañana del viernes 8 de septiembre, 56 años después, los restos de cinco hombres de Los Espadines fueron exhumados de la fosa clandestina en la que los enterraron los militares. Los cráneos tienen orificios, lo que confirma la ejecución y el terrorismo de Estado.
Se define como terrorismo de Estado, de acuerdo con las discusiones académicas, a la forma del ejercicio del poder con miras a crear temor generalizado y a efectuar disposiciones represivas, criminales dirigidas contra los ciudadanos que son considerados enemigos del Estado, algunas de las prácticas y métodos utilizados fueron las desapariciones, las torturas y los llamados vuelos de la muerte.
“Alguien los acusó de que eran guerrilleros y por eso el Ejército acabó con ellos”, sostiene Octaviano Gervasio Serrano, presidente del Colectivo de Esposas e Hijos de Desaparecidos y Desplazados de la Guerra Sucia.
Gervasio Serrano, hijo de Octaviano Gervasio Benítez, una persona desaparecida de la década de los sesentas, indica que la exhumación de siete víctimas de la guerra sucia es un hecho histórico, porque se trata de la evidencia de las atrocidades que cometió el gobierno mexicano, cuyo principal brazo ejecutor fue el Ejército.

La fosa clandestina

Después de que sus esposos y padres fueron fusilados y enterrados, las viudas y los huérfanos abandonaron Los Espadines. Algunos se refugiaron en Pie de la Cuesta, otro pueblo de la Sierra, del municipio de Atoyac, de acuerdo con lo que registró el colectivo al que se adhirieron.
Las mujeres y los niños y niñas fueron obligados por los soldados a ver el fusilamiento de los hombres. Fueron amenazados, si hablaban, si denunciaban, si desenterraban a sus familiares, les pasaría lo mismo. Así que se fueron de Los Espadines pero siempre supieron dónde estaban enterrados.
“A pesar de que ya habían pasado muchos años, tenían mucho miedo de hablar”, dice Gervasio Serrano, quien se hizo abogado para hacerse de herramientas jurídicas en su lucha.
Los Espadines ahora sólo son coordenadas. El tiempo borró por completo sus casas. Ahora todo es un terreno en el que los vecinos siembran maíz.
A las familias les llevó 55 años para animarse a hablar ante una autoridad. Los menores que presenciaron los acontecimientos ahora tienen más de sesenta años y las viudas, sólo sobreviven dos, están entre los 85 y 90 años.
En noviembre del 2022 presentaron su denuncia ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y el 2 diciembre la ratificaron ante la Oficina Especial de Víctimas de la Guerra Sucia.
En abril de este año, se hizo una búsqueda de reconocimiento, a partir de los testimonios de las víctimas y, finalmente, el lunes 4 de septiembre comenzaron las labores para exhumar los restos humanos.
En Los Espadines identificaron dos puntos, cada uno, resultó ser una fosa. En una hallaron a tres personas y en la segunda a dos.
Junto con la denuncia de los sobrevivientes de la matanza de Los Espadines, también hablaron los familiares de dos víctimas en el lugar conocido como Las Desdichas y de otra más, en el punto conocido como El Cerrito del águila, pequeñas poblaciones del municipio de Ajuchitlán del Progreso.
Entre el 4 y el 8 de septiembre, personal de la Fiscalía Especializada para la Investigación, Persecución, de los Delitos en Materia de Desaparición Forzada de Personas de la Fiscalía General de la República (FGR) trabajaron en tareas para llevar a cabo la exhumación y este viernes anunciaron el hallazgo de los restos de siete víctimas. Falta uno más por localizar.

Las víctimas

Los restos exhumados pertenecen a Bartolo Rojas Nazario, Francisco Rojas Nazario, Gervasio Bernardino Román, Eduardo Oviada Ortiz, Apolonio Hernández Bernardino, José Isabel Rojas Bernardino, y el niño Pablo Rojas Terán, que tenía 13 años y era hijo de Francisco Rojas.
Los cadáveres, de acuerdo con lo que informaron a Estela Arroyo Castro, coordinadora de la Asociación Representativa de Ejidos, Comunidades, Grupos Vulnerables y Violaciones a los Derechos Humanos (Arecovidh), organización a la que pertenecen las víctimas, fueron trasladados en helicóptero a Chilpancingo por elementos de la Fiscalía General del Estado (FGE).
Aun cuando es su derecho, el personal de la Fiscalía Especializada negó el acceso de los familiares al momento de que exhumaron los restos, supuestamente por la lluvia y sólo les permitieron verlos durante un par de minutos.
Arroyo Castro indicó que los restos de la víctima que faltaron, podrían ser exhumados hasta noviembre, después de las lluvias.

El Ejército “calladito”

Gervasio Serrano señala que las fechas de presentación de la denuncia, de ratificación y del inicio de los trabajos de reconocimiento y el hallazgo final de los restos de las víctimas hacen suponer que fue un proceso fácil, pero no lo fue.

Las víctimas y las organizaciones de personas desaparecidas presionaron al Estado a hacer las búsquedas, protestaron dos veces en la zona militar y denunciaron ante los medios la dilación y la omisión como estrategia del Estado para evitar llegar a este momento.

“Este es un hecho histórico, único, es la prueba de las atrocidades que cometió el Ejército, son sus víctimas. A ver. Este es un logro y no hay un comunicado del gobierno diciendo que hallaron los restos de víctimas. No lo hay ninguna información a la población ni del gobierno, ni del Ejército. El Ejército está calladito”.

Declaran inocente a presunto autor intelectual del asesinato de Arnulfo Cerón Soriano

Texto: José Miguel Sánchez

Fotografía: Oscar Guerrero / Archivo

Chilpancingo

Ayer, un juez de Tlapa declaró inocente a Marco Antonio García Morales, principal sospechoso de ser el autor intelectual de la desaparición y asesinato del activista del Frente Popular de la Montaña (FPM), Arnulfo Cerón Soriano.

Arnulfo desapareció el 11 de octubre del 2019 en la ciudad de Tlapa, en la Montaña de Guerrero, 40 días después su cadáver fue hallado tres metros bajo tierra en un paraje de la carretera Tlapa-Metlatónoc.

De acuerdo con las declaraciones ministeriales de los autores materiales del crimen, fue el empresario y entonces jefe de gabinete del Ayuntamiento de Tlapa, Marco Antonio García Morales, quien ordenó desaparecer y asesinar a Arnulfo, después de una serie de protestas y movilizaciones contra la administración del entonces alcalde morenista, Dionicio Merced Pichardo.

Fue el juez Emanuel Reyna Vélez, quien determinó la inocencia de García Morales mediante el fallo del juicio oral 15/2023.

Aunque García Morales ya gozaba de libertad, desde el 30 de septiembre del 2022, porque le cambiaron sus medidas cautelares de prisión preventiva a una de libertad por argumentar enfermedad.

García Morales estuvo preso en la cárcel de Atlamajac dos años y nueve meses.

«La sentencia absolutoria no implica que el (García Morales) sea inocente, nosotros como Frente Popular de la Montaña no vamos a descansar hasta que se le haga justicia al compañero Arnulfo», mencionó en entrevista Ubaldo Segura Pantoja, de la dirección colectiva del FPM.

Segura Pantoja consideró que existen muchas irregularidades en la investigación y en el caso. «Muchos testigos fueron comprados para no presentarse a declarar en el juicio, por lo tanto ya estamos viendo con Tlachinollan apelar el fallo del juez».

Algunos de las irregularidades que puntualizó fue el cambio de la prisión preventiva a medida en libertad, «eso hizo que García Morales se moviera en libertad y amenazara a los testigos».

El abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Vidulfo Rosales Sierra, denunció que
la Unidad de Medidas Cautelares solapó a García Morales al no cumplir su función.

Esto porque García Morales salía de Tlapa, aun cuando la medida indicaba que no podía hacerlo.

Además, para lograr la libertad condicional argumentó que estaba mal de salud, «pero él siempre se movió por todos lados, andaba haciendo campaña, apadrinaba jaripeos o clausuras y la Unidad nunca verificó», dijo Rosales Sierra.

Las audiencias de juicio oral a puerta cerrada iniciaron el 3 de julio y terminaron el 28 de agosto con el fallo a favor de García Morales.

Apenas el 28 de agosto, integrantes del FPM se reunieron con la gobernadora Evelyn Salgado Pineda para pedirle atención al caso y no permitir «que se cometiera una injusticia».

Una semana antes tuvieron una reunión con el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Raymundo Casarrubias Vázquez y el secretario General de Gobierno, Ludwing Marcial Reynoso Núñez, a quienes les pidieron que el juicio por la desaparición y asesinato del Arnulfo fuera apegado a derecho e imparcial.

Tlachinollan y el FPM emitieron un comunicado donde exigen justicia por Arnulfo.

En el comunicado ambas organizaciones piden a la Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia revise el fallo absolutorio «apegándose a los principios de imparcialidad e independencia y considerando la condición de defensor de derechos humanos de Arnulfo Cerón».

«El fallo no es definitivo, la Fiscalía (General del Estado FGE) y las víctimas lo impugnarán esperando que el Tribunal Superior corrija los desaciertos e irregularidades del juez Emanuel Reyna Vélez que siempre mostró una actitud parcial en el juicio».

Una mujer coloca un tendedero con la imagen de Arnulfo Cerón Soriano afuera del Congreso local durante una protesta el 22 de agosto pasado para exigir justicia por el asesinato del activista.

Protestan en Congreso local para exigir justicia por el asesinato de Arnulfo Cerón Soriano

Texto: José Miguel Sánchez

Fotografía: Oscar Guerrero

Chilpancingo

Integrantes del Frente Popular de la Montaña (FPM) protestaron esta tarde afuera del Congreso de Guerrero para exigir justicia por el asesinato del activista Arnulfo Cerón Soriano.

Cerón Soriano fue desaparecido el 11 de octubre del 2019 en la ciudad de Tlapa, en la Montaña de Guerrero, y hallado asesinado 49 días después en una fosa clandestina.

De su asesinato está acusado como autor intelectual del crimen el empresario Marco Antonio García Morales, quien se desempeñaba como jefe de gabinete del entonces alcalde morenista, Dionicio Merced Pichardo.

García Morales estuvo preso desde 2019 por ser el presunto autor intelectual, pero un juez dictaminó que llevara el juicio en libertad y salió de prisión en octubre del 2022.

Con este antecedente, el FPM inició hoy una jornada de manifestaciones en Chilpancingo para exigir a los tres poderes del estado un alto a la impunidad y a la corrupción que rodean el caso de Arnulfo.

“Llevamos tres años exigiendo justicia para nuestro compañero Arnulfo y resulta que el tiempo pasa y pasa y no hay nada y ahora vemos que el juez se inclina en favor de la defensa del autor intelectual”, mencionó Ubaldo Segura Pantoja, integrante de la Dirección Colectiva del FPM.

La manifestación del FPM comenzó en el Congreso del estado, donde unos 100 manifestantes cerraron los accesos principales y colocaron lonas donde exigen justicia para Arnulfo Cerón.

Fuera del Congreso local realizaron un mitin donde explicaron que su protesta es para acceder justicia en el caso de Arnulfo Cerón.

“Nosotros estamos convencidos que solamente con la denuncia pública vamos a lograr que haya justicia, nosotros no confiamos en las autoridades, confiamos en nuestra lucha”, mencionó Segura Pantoja.

A finales de este mes terminará el juicio sobre el asesinato de Arnulfo y el FPM espera que el juez emita una sentencia final y condenatoria contra García Morales.

De acuerdo con las investigaciones, García Morales fue acusado por los autores materiales del crimen de ser él responsable del asesinato de Arnulfo.

“Nosotros creemos que hay contubernio entre los poderes”, dijo Segura Pantoja.

La desaparición y posterior asesinato de Arnulfo, de acuerdo con el FPM, está relacionado a su activismo en defensa de los derechos de los pueblos originarios y su oposición al entonces alcalde de Tlapa, Dionicio Merced Pichardo y a su jefe de gabinete, García Morales, este último vinculado a proceso por el crimen.

Después de permanecer en el Congreso local, los manifestantes del FPM acudieron a la sede del recinto del Poder Ejecutivo, para buscar una mesa de trabajo con el secretario general de Gobierno, Ludwig Marcial Reynoso Núñez, y mañana tienen agendada una reunión a las once de la mañana con el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia de Guerrero, Raymundo Casarrubias Vázquez, para hablar sobre el caso de Arnulfo.

Piden justicia para Arnulfo Cerón desde el Congreso local

Texto: José Miguel Sánchez

Fotografía: Tlachinollan

Chilpancingo

El diputado morenista Masedonio Mendoza Basurto pidió y confió en que habrá justicia para el activista del Frente Popular de la Montaña (FPM), Arnulfo Cerón Soriano, desaparecido el 11 de octubre del 2019 y de quien hallaron su cadáver en una fosa clandestina 40 días después.

Mendoza Basurto, diputado por el distrito 18, con sede en Tlapa de Comonfort, en la Montaña de Guerrero, denunció en tribuna durante la sesión de Comisión Permanente que Guerrero vive una «época convulsa en la que la violencia contra activistas, luchadores y dirigentes sociales ha incrementado».

Arnulfo Cerón, como activista del FPM, tenía una amplia trayectoria en la defensa de derechos humanos y de los pueblos originarios, causa que, de acuerdo con sus compañeros activistas, fue lo que le costó la vida.

El cadáver de Arnulfo fue hallado en noviembre del 2019 en una fosa clandestina del municipio de Tlapa, tras estar desaparecido 40 días.

«Arnulfo Cerón Soriano, un hermano indígena que no buscaba otra cosa que no fuera la libertad, la igualdad y la paz de su pueblo. Es más, en muchas ocasiones fui testigo de su altruismo y de ese amor desinteresado por el bien común», dijo Mendoza Basurto en tribuna.

El legislador morenista catalogó de «tortugimso procesal» al Poder Judicial de Guerrero, por la lentitud en que avanzan las investigaciones y las vinculaciones a proceso de los autores materiales e intelectuales de la desaparición y homicidio.

Durante su participación, Mendoza Basurto habló también de la desaparición forzada de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raul Isidro Burgos, de Ayotzinapa, hechos que catalogó como de «dolor indescriptible y una oleada de gran sufrimiento».

Situación que dijo, se da en Guerrero desde “las atrocidades y crímenes violentos de la etapa conocida como guerra sucia (1969-1979), en la que fuerzas federales y estatales cometieron crímenes con carácter de lesa humanidad».

Mendoza Basurto recordó el compromiso que asumió el presidente Andrés Manuel López Orbador de que haya justicia en el caso de Arnulfo Cerón y espera que el gobierno federal no proteja a ninguno de los responsables del crimen.

Por la desaparición y asesinato de Arnulfo hay 12 personas detenidas, que son relacionadas a grupos delictivos que operan en Tlapa.

Estas 12 personas acusaron al entonces jefe de gabinete del alcalde de Tlapa, Marco Antonio García Morales, de ser autor intelectual del asesinato de Arnulfo.

García Morales fue detenido y dos años después un juez de control dictó su liberación para que lleve el proceso fuera de prisión.

Ante esta situación activistas y amigos de Arnulfo exigen al Poder Judicial que sea imparcial y que no se cometan más irregularidades en el caso.

 

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