Jerónimo, sobreviviente de Aguas Blancas, cumplió su sentencia este sábado 10 de diciembre del 2022, con una condena de veinte años en prisión, con graves violaciones al debido proceso jurídico, pero una nueva condena le impide la libertad
Texto y fotografia: Amílcar Juárez
El sol radiante ilumina medio rostro de Jerónimo Hernández Refugio, quien viste una camisa azul clara y pantalón de mezclilla. Es de estatura mediana y cabello corto. Sus ojos grandes y redondos miran fijamente. Su sonrisa es cubierta por un cubrebocas gastado, color azul.
Nos separa una malla rectangular. Jerónimo Hernández está en los locutorios del Centro de Readaptación Social (Cereso), de Chilpancingo.
En veinte años, Jerónimo no ha tenido contacto con la opinión pública. Piensa que es momento para aclarar varias cosas.
Jerónimo es de la Costa Grande de Guerrero. Desde su juventud, vio la necesidad de luchar por mejores condiciones. Su herencia campesina le hacía conocer las desigualdades económicas y sociales que vive la población de su región, por eso se integró a las filas de la naciente Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS), nacida en Tepetixtla, municipio de Atoyac, en la región de la Costa Grande.
El 28 de junio 1996, la caravana de campesinos tomarían los palacios municipales de Tecpan y Atoyac, en demanda de la presentación con vida de Gilberto Romero Vázquez, integrante de la OCSS, víctima de desaparición forzada, pero fueron emboscados en un retén de la entonces Policía Motorizada y Judicial, las balas de los agentes acabaron con la vida de 17 campesinos en el vado de Aguas Blancas. Hubo varios heridos.
Jerónimo sobrevivió a la masacre, desde entonces, junto con otros integrantes de la organización fueron perseguidos por denunciar los hechos y acusar directamente al gobernador de ese entonces, Rubén Figueroa Alcocer, de ser el responsable; varios sobrevivientes fueron desplazados hasta el norte del país.
En 2002, Jerónimo fue detenido en Coyuca de Benítez, tenía 26 años; los delitos imputados fueron secuestro y posesión de arma de fuego los dos de índole federal. Lo trasladaron al Penal de las Cruces, de Acapulco, donde permaneció ocho años.
La primera sentencia, desde su detención, fue en el 2011, cometiéndose una grave violación al debido proceso.
Al igual que él, dos de sus compañeros desplazados y que trabajaban como jornaleros agrícolas en el valle de San Quintín, Baja California, fueron detenidos por la entonces Agencia Federal de inteligencia (AFI), coordinada a nivel nacional por Genaro García Luna, detenido en diciembre de 2019 por supuestos vínculos con un grupo del crimen organizado, denominados por el Estado como carteles del narcotráfico.
La primera sentencia contra Jerónimo fue de 20 años, por el delito de secuestro. Jerónimo niega haber cometido dicho delito y refiere que se trata de una vendetta en represión por su lucha incansable.
“yo pertenecí a la Organización Campesina de la Sierra del Sur, sobreviví a la masacre de Aguas Blancas y en aquel entonces más que nada fuimos perseguidos por la represalia del gobierno del estado y mi detención fue por la situación política porque el delito de secuestro yo no lo cometí”.
“En 2011 recibí la primera sentencia a 20 años de prisión, pero como nunca se presentó el agraviado, el magistrado me revoca la sentencia, y la última sentencia la tuve en 2017, fue la sentencia definitiva”.
Una estrategia de la prisiones según el filósofo Michel Foucoult es desligar al prisionero de su ámbito (lugar de origen, familia, amigos, base de apoyo) y en Hernández Refugio no fue la excepción, el cambio de reclusión comenzó de Acapulco a Taxco de Alarcón, de ahí a Chilpancingo, luego a Durango, después a Chiapas y con el apoyo del Comité por la Libertad de los Presos Políticos del Estado de Guerrero, pudo ser movido a su entidad federativa al centro de reclusión de la capital, a Chilpancingo.
La situación económica es mala, pues al estar en prisión por casi veinte años ha hecho estragos irreparables, desde hace un año no ha podido ver a su esposa ni a ninguno de sus cinco hijos, pues el traslado implica tarifas económicas que no son fáciles de sufragar.
“Cuando caigo en prisión, no tuve ningún apoyo, ni respaldo de la organización a la que pertenecía. Fui abandonado. Hasta la actualidad, en veinte años, ahorita lo andan haciendo, pero no sé en qué términos. Ellos publican que me están apoyando, que me están ayudando, cuando no es así, al contrario, llevo veinte años preso y para que el licenciado lleve mi defensa me han pedido dinero a mí, a mi familia, cosa que no tengo”.
La OCSS propuso para su defensa al licenciado Hegel Mariano, defensor de derechos humanos y consejero electoral.
Jerónimo cumplió su sentencia este sábado 10 de diciembre del 2022, con una condena de veinte años en prisión, con graves violaciones al debido proceso jurídico, pero una nueva condena le impide la libertad.
Nueva sentencia
Jerónimo se reacomoda el cubrebocas que poco protege su nariz, y explica que el día 6 de diciembre fue llamado por una jueza.
“Ayer estuve con la jueza de ejecución, la licenciada Maritza Jiménez Santiago, yo estaba confiado que se me iba tomar en cuenta la prisión preventiva, pero no se respetó, eso porque el licenciado no se dio el tiempo o no tuvo, más que nada, ese interés de hacer el escrito y llevarlo ante el juez para pedir la simultaneidad de las penas para que éstas corrieran juntas pero no lo hizo, porque él dice que no le notificaron a tiempo, pero para mí es como una burla, un abandono porque yo soy su defendido de él y el mi licenciado y por cualquier cosa él debe estar pendiente de mi situación jurídica”.
La pena a que refiere Jerónimo es la de portación de arma de fuego, que no es tomada en cuenta en estos veinte años y le sentencia a tres años más tras las rejas.
Por momentos, mientras habla, parece desesperado, angustiado, pero luego recobra la calma con un esbozo de sonrisa que se adivina bajo el traslucido cubrebocas y comenta que tiene cuatro días hábiles para apelar, pero por lo que ha escuchado, su defensor ha aceptado la sentencia. Él no está de acuerdo.
Veinte años en la cárcel no son fáciles, dice, por que la situación dentro es muy dura. Hay trabajo, pero es mal pagado.
Jerónimo también quiere deslindarse de la organización a la que pertenecía.
“En vez de que ellos me estén ayudando, al contrario, están perjudicando mi salida. ¿Por qué? Porque el licenciado tuvo el tiempo de hacer ese escrito donde él iba pedir la simultaneidad de la pena y no lo hizo, no sé porque no lo hizo. Yo le hice el comentario que debería meter el escrito cuanto antes y no lo hizo”.
Jerónimo reconoce que la organización a la que pertenece ha hecho manifestaciones para exigir su libertad, pero en el ámbito legal no hacen nada.
“Una vez se comunicaron conmigo y me propusieron a un defensor para mi caso. Bajaron un recurso para solventar los gastos pero a mí me siguieron pidiendo recursos, entonces, no comprendo qué pasó”.
Como un mantra repite la misma frase: “Voy a seguir luchando por mi libertad”.
En estos cuatro días hábiles, cuenta, interpondrá una revocación de representante jurídico y pedirá a la defensoría pública se le asigne a un abogado de oficio.
En el cambio de abogado existe una temporalidad de días con los que ganará tiempo para pedir su expediente judicial pues no cuenta con él.
Pedirá que se tome en cuenta el tiempo de la prisión preventiva, además, que el proceso estuvo viciado desde un principio, que jamás declaró ninguna víctima del supuesto delito de secuestro.
En varias ocasiones, Jerónimo pidió un careo con su denunciante, pero nunca sucedió. Las autoridades dijeron que no lo pudieron localizar.
En México la fabricación de culpables es una realidad que llena las cárceles del país. Litigios como los casos Wallas o Cassez Vallarta son la prueba irrefutable de un sistema de justicia caduco.
Jerónimo espera reunirse con su esposa y sus cinco hijos que ve muy poco. Sólo lo visitan dos veces al año, por la falta de recursos. A su mamá y papá no los ha visto en casi un cuarto de siglo. Espera que el destino no le haga otra mala jugada, pues su mamá y papá ya tienen más de noventa años, han superado con creces el promedio de vida de la población mexicana.
La ruta marcada ahora es que lo más pronto la jueza tome en cuenta la apelación y los años de prisión preventiva en la simultaneidad de penas, aunque el fiscal le ha comentado que no se puede dar la simultaneidad de las penas, pero en las largas horas que pasa leyendo la Constitución, halló sustentos jurídicos de que sí es posible obtener la libertad inmediata, aunque él sabe que su situación es política, porque no existe un delito que haya cometido.
Cuando se le pregunta que es lo primero que hará cuando salga de prisión su rostro gesticula un pequeño rasgo de sonrisa tímida y dice: “seguir en la lucha, no hay de otra”.
Veinte años en prisión no son fáciles. El encierro, la preocupación, angustia y desesperación han pasado factura. Jerónimo tiene varias enfermedades crónico degenerativas, la pandemia de la Covid-19 lo colocó entre la población vulnerable.
Jerónimo ya no es el joven dirigente de 26 años que entro a prisión por un delito que, argumenta, fue fabricado y además vinculado al Ejército Popular Revolucionario (EPR).
Lo que es evidente, es que veinte años tras las rejas no han menguado el espíritu cálido, rebelde y justo de Jerónimo.
Fue decisión de la jueza, revira abogado
Entrevistado vía telefónica, Mariano Ramírez aseguró que el tema de la simultaneidad de las pruebas fueron entregadas a tiempo y que la decisión de que Jerónimo continuara en prisión fue de la jueza.
El oficio de simultaneidad fue un documento para pedir que la sentencia de cuatro años por portación de arma de fuego se le tomara en cuenta a Jerónimo junto con la sentencia de 20 años por secuestro.
Pero, al no ser tomado en cuenta el oficio, Jerónimo fue sentenciado de nuevo a otros cuatro años de prisión, por lo que seguiría en prisión hasta 2025. De haberlo considerado pudo ser liberado el pasado 10 de diciembre.
En la entrevista, Jerónimo habló sobre el oficio de simultaneidad. Mariano Ramírez, en una consulta aparte, dijo que sí presentó el oficio en audiencia y en presencia de Jerónimo.
“No es sólo lo que yo digo, si no que fue alegado y argumentado en audiencia, y Jerónimo estuvo presente y él se adhirió a lo que yo dije en esa audiencia, pero finalmente la juez tiene su propio criterio y nosotros no lo compartimos», mencionó.
Mariano Ramírez mencionó que dicha determinación no es definitiva, hay un recurso de apelación para que el cómputo de la sentencia sea tomada en cuenta tal como lo propuso la defensa de Jerónimo.
Es decir, pueden determinar que los cuatro años de prisión agregados a su sentencia sean contados en los 20 años que ya cumplió en prisión y sería liberado.
Ahora será la sala penal la que determine la procedencia del recurso de apelación, en caso de no resultar favorable para Jerónimo, explicó el abogado, recurrirían a un juicio de amparo.
“Tenemos que agotar todos los recursos legales y no quedarnos de brazos cruzados hasta el 2025”.
Lo que sucedió, agregó, fue que las dos sentencias de Jerónimo no fueron apeladas a tiempo en 2018, cuando le dictaron la sentencia, debido a inconsistencias en el proceso.
«Lo que sucedió fue que Jerónimo estaba preso en el penal federal de Durango y su proceso era en Acapulco y, obviamente, él nunca tuvo comunicación con su defensor, y las notificaciones le llegaron por correo y, pues, nunca pudo platicar con su defensa y la defensa nunca apeló, y él tampoco apeló”.
Sobre los cuatro años adicionales de sentencia a Jerónimo, aclaró Mariano Ramírez que ya existía la sentencia, pero el director del reclusorio no la presentó, y eso es lo que se busca objetivar.
“Nosotros esperamos que la ahora la Sala Penal valoré lo que nosotros argumentamos”, agregó. (Con información de José Miguel Sánchez).
