Los peritos y la mamá de Ayelín, Flora Marcelo Rojas, recorrieron la vereda donde fue la última vez que caminó la niña y que se presume en esa zona fue privada de su libertad
Texto: Jesús Guerrero
Fotografía: Oscar Guerrero
9 de febrero del 2022
Chilpancingo
Por tercer día consecutivo, peritos de las fiscalías General de la República (FGR) y del Estado (FGE) realizaron la búsqueda de los huesitos de la niña Ayelín que fue hallada mutilada en octubre del 2020 pero que en esa ocasión todos sus restos no fueron recuperados.
Esta vez, los peritos y la mamá de Ayelín, Flora Marcelo Rojas, recorrieron la vereda donde fue la última vez que caminó la niña y que se presume en esa zona fue privada de su libertad por sus victimarios.
Esto fue en la colonia La Candelaria, en una de las zonas más empobrecidas de Tixtla.
Desde este lunes, peritos forenses acompañados por perros que son adiestrados para localizar a personas fallecidas y la mamá de Ayelín, recorrieron la zona para hallar los 89 huesitos de la niña de 13 años que quedaron en ese lugar.
A los peritos de la Fiscalía de Guerrero que en octubre del 2020, después de la desaparición de Ayelín, no pudieron recuperar los 89 huesitos de la niña.
La niña desapareció el 15 de octubre del 2020 y después de cuatro días de búsqueda por parte de peritos de la Fiscalía del Estado fue hallada mutilada pero no fueron recogidos todos sus restos.
Doña Flora Marcelo Rojas quien después de que su hija fue sepultada se desplazó de su comunidad por haber recibido amenazas realizó protestas en la Ciudad de México para exigir castigo a los responsables y la localización de los demás restos de su niña.
Se informó en esa ocasión que el 15 de octubre la niña recibió una llamada telefónica de su madre quien le dijo que la esperaría en su negocio de material de reciclaje ubicado en la colonia Santa Cruz que estaba ubicado a un costado de la carretera federal Tixtla-Chilapa.
La niña se dirigió caminando por una vereda de la barranca de la Candelaria para reunirse en el sitio donde la esperaba su mamá pero nunca llegó.
Ese mismo día 15 de octubre, doña Flora Marcelo acompañada por sus familiares y vecinos realizaron la búsqueda de Ayelín.
Fue hasta el 19 de octubre cuando peritos de la Fiscalía del estado localizaron mutilada a la niña.
En estos dos días de búsqueda de los demás restos de la niña, fueron hallados varios huesitos pero que se podrá determinar si pertenecen a Ayelín después de que se realicen los estudios de ADN.
Por el homicidio de la menor de 13 años, desde el 25 de octubre del 2020 hay cuatro hombres bajo proceso judicial.
Doña Flora Marcelo, señala que debido a la pandemia por el Covid-19, el proceso judicial en contra de los presuntos responsables del asesinato de su hija, va muy lento.
Mañana jueves a las diez de la mañana, se realizará una protesta en las calles de Tixtla para exigir castigo a los responsables del asesinato de la niña.
Roberta Campos participó junto con Rosario Ibarra de Piedra y Tita Radilla en la lucha para exigir la presentación con vida de los desaparecidos de la guerra sucia, también en cientos de movilizaciones por diferentes exigencias de justicia, la más reciente: la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa
Texto: José Miguel Sánchez
Fotografía: Óscar Guerrero y José Miguel Sánchez
9 de febrero del 2022
Chilpancingo
Roberta Campos Adame, activista y trabajadora jubilada de la Universidad Autónoma de Guerrero (Uagro), de 65 años, inició el día martes a las doce de la tarde una huelga de hambre, en demanda de que Rectoría reintegre 150,000 pesos de retiro, el que ocurrió hace seis años, cuando cumplió 40 años de servicio.
Después de doce horas y por cuestiones de salud y seguridad, Roberta Campos, decidió levantar la huelga que tenía fuera de la oficina del rector.
En el 2016, Roberta Campos, trabajadora de la Librería Universitaria, centro de trabajo ubicado en el edificio docente de la máxima casa de estudios, solicitó su retiro. Ingresó a trabajar a la universidad en 1976, cuando tenía 18 años.
Desde los 18, Roberta Campos participó en los movimientos sociales de la década de los setenta, fundó la Preparatoria 9 Ernesto Che Guevera.
“Yo estuve cuando era Preparatoria Popular Ernesto Che Guevera, fui consejera universitaria y desde ahí aprobamos la Preparatoria con el número nueve”, recuerda.
Desde esa época lucha por reivindicar la historia del movimiento del sesenta, a través de investigación académica y su activismo a favor de las causas sociales.
Roberta Campos participó junto con Rosario Ibarra de Piedra y Tita Radilla en la lucha para exigir la presentación con vida de los desaparecidos de la Guerra Sucia.
Fue parte de los trabajadores universitarios que resistió en 1984 la falta de recurso económico, en ese entonces el gobernador Raymundo Abarca Alarcón dejó sin presupuesto a la Uagro, por lo cual los administrativos y docentes trabajaron sin salario por un año.
“Salíamos a botear, vendíamos gelatinas, comida todo para poder salvar a la Universidad”, rememora.
En los últimos años se ha sumado a las luchas de los estudiantes rechazados de la Uagro a quienes acompañó en marchas, bloqueos y una huelga de hambre cuando el rector de la máxima casa de estudios era Ascencio Villegas Arrizón, entre 2010 y 2012.
También acompañó la lucha de las madres y padres de 43 los estudiantes desaparecidos de la Normal de Ayotzinapa.
Retiro sin pago
Cuando cumplió 40 años de servicio, Roberta Campos inició los trámites de su retiro para recibir la liquidación de ley. Renunció a su trabajo el 20 de agosto del 2016, fecha en la que el rector en ese entonces, Javier Saldaña Almazán, la comisionó a realizar una investigación sobre el movimiento de 1960, mientras llegaba su retiro.
Ayer Roberta Campos contó en el pasillo del edificio principal de Rectoría, lugar donde se instaló en huelga de hambre, que por esa comisión, la Uagro le pagó hasta diciembre del 2016, y cuando recibió el oficio sobre su retiro, el área administrativa le retuvo 150 mil pesos, que era la suma de lo que recibió entre agosto y diciembre de ese año.
Se inconformó por la retención ilegal de su retiro. Cuenta que Rectoría le aseguró que el Instituto de Seguridad Social al Servicio de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) devolvería ese recurso, pero la institución no asumió esa responsabilidad.
Desde 2017, Roberta Campos tramitó en la Uagro la devolución de esos 150,000 pesos que nunca le devolvieron.
Cuando anunció la huelga de hambre para que finalmente Rectoría le reintegre ese dinero, le dijeron que legalmente ya había prescrito.
Roberta Campos denunció que un funcionario de esta administración se acercó a ella cuando supo de su huelga de hambre y le ofreció pagarle los 150,000 pesos si desistía de su denuncia colectiva con cerca de 700 trabajadores jubilados que demandan a la Uagro el pago del cien por ciento del salario que tenían en activo.
“Jamás voy a renunciar a mis derechos laborales, por eso me instalé en esta huelga de hambre”.
Desde el primer momento que instaló su movimiento, la huelguista recibió la solidaridad de otros jubilados y pensionados de la Uagro.
Por su participación en diferentes movimientos sociales, Roberta Campos recibió el respaldo de varios luchadores sociales, como Diana Hernández Hernández, hija de Ranferi Hernández Acevedo, asesinado en octubre del 2017.
La hija del luchador social acompañó a Roberta Campos en la casa de campaña que instaló en el pasillo del edificio principal de Rectoría, afuera la oficina del rector José Alfredo Romero Olea.
Alrededor de las cuatro de la tarde, un médico enviado por la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Guerrero (CEDHG) checó los signos vitales de Roberta Campos, quien tenía presión arterial alta.
La decisión de finalizar su huelga ayer por la noche fue tomada por decisiones de seguridad y salud, comentó que al estar acompañar por sus hijos y nietos teme por ellos.
Hay una mesa de diálogo con funcionarios de Rectoría para darle seguimiento a su asunto.
Hace un año la comunidad indígena Ndee de Chihuahua solicitó al gobierno federal su reconocimiento; conocidos como apaches, estos habitantes resurgen para contar su historia
Texto: Iván Gómez Cruz / La Verdad
Fotografía: La Verdad
9 de febrero de 2022
Martín Cristóbal Rojas Guevara es descendiente de la comunidad Ndee, N´nee, Ndé, perteneciente a la etnia a la que coloquialmente se le conoce como apache, una comunidad indígena que, asegura, ha existido en lo que hoy es el estado de Chihuahua desde antes que llegaran los españoles al continente americano.
“Los libros de historia oficial siempre marcan a nuestro pueblo como un pueblo invasor y siempre le dan un origen más al norte, y que llegamos a esta tierra invadiendo o siendo desplazados por otras tribus, pero la verdad es que nuestro pueblo siempre ha estado presente en estas tierras”, afirma Martín Cristóbal, de 49 años, en entrevista para La Verdad.
En diciembre de 2021, la comunidad Ndee, N´nee, Ndé, envió una carta al presidente Andrés Manuel López Obrador, en la que solicitaban su intervención ante el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI), para que se les reconozca como pueblo originario, pues aseguran, cuentan con todas las pruebas para comprobar cómo se les ha invisibilizado de la historia. La petición aún no ha tenido respuesta.
“Buscamos reivindicación moral. Que se haga un estudio antropológico a fondo, que se revise la historia del país, que se conozca realmente la historia tal como es, y que se sepa que nuestro pueblo ha permanecido en estas tierras, en estos lugares”, señala Martín Cristóbal, respecto a la carta enviada al presidente.
La petición es respaldada por integrantes de la comunidad Chiricahua también perteneciente al pueblo Ndee, descendientes de la nación Ndee, N´nee, Ndé. Su representante es Martín Javier Tafoya Domínguez, comerciante de 52 años nacido en Ciudad Juárez.
Martín Javier Tafoya Domínguez y Martín Cristóbal Rojas Guevara, descendiente de la comunidad Ndee. Fotografía: Rey R. Jauregui
Al igual que Rojas Guevara, Martín Javier también busca el reconocimiento para los Ndee, tanto a nivel local, como estatal. Ambos comparten las mismas costumbres y la misma lucha de reivindicación moral y reconocimiento.
“Hay una petición que no se ha hecho formalmente, yo se lo hice llegar informal al presidente municipal Cruz Pérez Cuéllar, para que nos ayudará a declarar área natural protegida atrás de lo que es el Cerro Bola; ahí hay una planicie muy bonita. Tratamos de que se nos cediera, para cuidarla y reforestarla, y hacer un área natural igual en Samalayuca”, comentó Martín Javier, de 52 años.
A pesar de que sus comunidades se encuentran registradas ante la Comisión Estatal de Pueblos Indígenas (COEPI), tanto Tafoya Domínguez como Rojas Guevara expresan que no se les ha tomado en cuenta porque “oficialmente no existen”.
Jesús Vargas, director de la COEPI, ha declarado que para que ellos puedan reconocer que existe una comunidad indígena, es necesario que un grupo de personas se reúnan, compartan costumbres y que se autoadscriban a un grupo indígena.
“Sé que hay una lucha por lograr el reconocimiento de su comunidad, y que incluso sea reconocida como uno de los grupos originarios del estado de Chihuahua, junto con los rarámuris, pimas, guarijíos y los tepehuanos del norte”, dice Vargas.
El director de la COEPI también comenta que ha estado en una de las reuniones de los Ndee, en una ceremonia de agradecimiento por la cosecha durante noviembre, y menciona que, aunque ellos ya no se dedican a cosechar, todavía mantienen esa costumbre.
Los apaches se denominan a sí mismos “Ndeh”, “Ndee”, “N’de”, “Dišnë”, “Tišnde” o “Inde”, según la tribu a la que pertenecieran. Quiere decir “la gente”, “hombre” o “el pueblo”, de acuerdo con investigaciones como la realizada por el historiador Gorka Alonso.
Martín Cristóbal Rojas Guevara y Martín Javier Tafoya Domínguez se reconocen como Ndee por la herencia cultural de sus familias, quienes siempre les hablaron de su ascendencia.
“Mi madre pertenecía al clan Golgalné o gente de las planicies, y mi padre al clan Chihene o gente pintada de rojo”, comenta Rojas Guevara. En el caso de Martín Tafoya Domínguez, él dice que sus abuelos paternos de quien proviene la sangre Ndee.
Actualmente se tienen registradas 25 familias de la comunidad Ndee, N´nee, Ndé, comenta su representante, lo que equivale a 250 personas en el estado de Chihuahua.
Martín Tafoya declara que en la ciudad de Chihuahua se han contabilizado 15 familias, aunque todavía no han terminado con ese proceso. Estas cifras solo incluyen a la gente que tiene ascendencia Ndee y se han reconocido como tal.
Rojas destaca un factor que tienen en común todas las familias Ndee que han encontrado e investigado a través del tiempo: el antecedente de las contratas de sangre efectuadas en Chihuahua a partir de 1839.
En aquél entonces se ofrecían recompensas económicas por las vidas de las personas de su pueblo, con el fin de despojarlos de sus tierras, recorda.
“En 1880 1885 ya no se pagaba, pero no era penalizado. Tenemos ejemplos de 1930 a 1940 donde todavía se asesinaba a nuestra gente y no se castigaba como un delito de asesinato, era como un deporte, como la cacería”, explica Martín Cristóbal, y asegura tener las pruebas documentadas de aquellos crímenes perpetrados en Chihuahua y Sonora.
Marzo de 1930 Nacori Chico Sonora, Cabelleras de Apaches “Cazados” Fotografía del libro “los diarios apaches: un viaje de padre e hijo de Greenville Goodwin y Neil Goodwin
Fue precisamente por aquel exterminio que actualmente se ignora lo que ha ocurrido con su pueblo. Explica que, para los gobiernos del estado, invisibilizar toda aquella cultura fue la opción más viable ante el derramamiento de sangre y el despojo; a pesar de aquello, menciona que representan una cultura que “nunca se fue aquí, nunca desapareció”.
Mantener un bajo perfil se convirtió en la única alternativa a la que el pueblo Ndee pudo aferrarse para sobrevivir durante el siglo pasado y antepasado, pero aquello implicaba ocultar su lenguaje, su vestimenta y a practicar sus costumbres a puerta cerrada, en situaciones controladas dentro de círculos familiares, sin gente que no perteneciera a su etnia.
“Tenemos mucha población descendiente que perdió su identidad cultural, algunas personas lo conocen, otras conservaron únicamente algunos restos de su cultura”, agrega Martín Cristóbal.
Rojas y Tafoya mencionan que hasta 1930 en Estados Unidos, a las personas Ndee se les consideraba prisioneros de guerra, a diferencia de México, donde si se mantenían ocultos, podían casarse, formar familias, trabajar y estudiar.
Fue a partir de las décadas de 1970 y 1980 que las comunidades Ndee comenzaron a resurgir para contar su historia y volver a organizarse lentamente, comenta Rojas. “Creo que hemos avanzado bastante desde los años 80”.
Las redes sociales, explica Rojas Guevara, han jugado un papel fundamental para unificar las causas de distintas familias Ndee dispersas en Chihuahua. “Teníamos personas en Guerrero, Chihuahua, personas en Casas Grandes, personas en Juárez, donde cada uno tenía su lucha por separado”.
Martín Cristóbal relata que durante los últimos 7 años han logrado identificar una gran cantidad de personas que persiguen el mismo objetivo. Aunque fue entre el 2007 y 2008, años en los que fallecieron sus padres, cuando emprendió su búsqueda para conectar con más personas de ascendencia apache, y comenzó con la familia de su madre. Fue a través de ellos que se le dio reconocimiento en una comunidad Ndee en Arizona.
Luego de ser reconocido por sus parientes de lado materno, participó en varios foros de historia, a través de los cuales conoció más personas con las que compartía la misma herencia cultural, incluido al representante de la comunidad Chiricahua, su tocayo y amigo, Martín Javier Tafoya Domínguez.
Más allá de las peticiones aún sin respuesta hacia los representantes de los tres niveles de gobierno, Rojas Guevara y Tafoya Domínguez también se enfrentan constantemente a otros retos que tienen que ver con instituciones gubernamentales, con las que deben lidiar en su búsqueda de reconocimiento en la historia oficial de Chihuahua y México.
Algunos de las situaciones con las que los representantes Ndee deben tratar, son derivadas de malentendidos y del desconocimiento de su cultura. “Cuando nos acercamos a las oficinas de gobierno a solicitar reconocimiento o la apertura de espacios, nos quieren dar despensas, y nosotros no vamos a pedir despensas. A lo mejor hay gente de nuestro pueblo que si llegan a necesitar ese apoyo, pero no es lo que estamos buscando”, relata Martín Cristóbal.
“Cuando nos llegan a invitar a mostrar un poco nuestra cultura”, expresa Martín Cristóbal, “lo primero que hacen es preguntarnos por nuestras artesanías o qué comida vendemos. Nos quieren ver como las demás etnias”.
El representante Ndee considera que el asistencialismo que el gobierno ofrece a las tribus indígenas resulta incluso perjudicial para estas, porque para él y otros miembros de su comunidad, no son más que formas de sobornarlas ante “necesidades verdaderas”, como la inclusión y la educación.
En el estado de Chihuahua, oficialmente se reconocen 4 grupos originarios: los rarámuris, los pimas, los tepehuanes del norte y los guarijíos, y a pesar de que el pueblo de Martín Cristóbal se encuentra registrado ante la COEPI, todavía no se les reconoce como pueblo originario, y es ese el eje central de su lucha.
Martín Tafoya y Martín Cristóbal aseguran que no pararán hasta que el pueblo Ndee recupere lo que históricamente les corresponde, algo que es intangible, la cultura, la lengua, sus tradiciones, el reconocimiento y una disculpa por el exterminio al que fue sometido su pueblo en dos siglos distintos.
No buscan tierras, beneficio económico o puestos gubernamentales. Para ellos, como grupo indígena, ser reconocidos como grupo originario de Chihuahua es una cuestión de honor y de preservación cultural.
*Este trabajo fue realizado por LA VERDAD, que forma parte de la Alianza de Medios de la Red de Periodistas de a Pie. Aquí puedes consultar el original.
Exigiendo en la Fiscalía investigaciones, recorriendo cerros y veredas para buscar a sus seres queridos, así se encuentran las mujeres buscadoras en Guerrero: en Chilpancingo, Acapulco, Tlapa, Iguala y otros lugares madres, esposas, hijas, sobrinas o compañeras de las y los desaparecidos fundaron sus propios colectivos y gritan justicia
Texto: Beatriz García
Fotografia: Oscar Guerrero y Angie García
9 de febrero del 2022
Chilpancingo
En los últimos 11 años Gema Antúnez Flores ha sido aprendiz y maestra. Ha aprendido a buscar a su hijo junto a otras familias de víctimas de desaparición forzada, pero también ha enseñado la ruta que ella tuvo que trazar ante la poca o nula ayuda que recibe de las autoridades para realizar investigaciones y búsquedas en fosas clandestinas, sobre todo.
De acuerdo con el Comité de las Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada (CED), hasta el 26 de noviembre del año pasado, estaban registradas oficialmente 95 mil 121 personas desaparecidas en el país, a estas se suman los que los familiares no denuncian, muchas veces por temor.
México también vive una grave crisis con más de 52 mil cuerpos no identificados de personas fallecidas.
La desaparición en Guerrero está a la orden del día, en la prensa local y en las redes sociales se leen las denuncias de familiares, hijas, hijos, esposos o esposas que desaparecieron.
La omisión de las autoridades es constante ante estos hechos de desaparición. Los familiares de desaparecidos decidieron unirse, crear colectivos para reunir fuerza y salir a las calles a marchar, bloquear avenidas, hacer huelgas de hambre y presionar a las autoridades. Deciden hacer sus propias investigaciones, búsquedas en campo, aprenden a identificar lugares donde posiblemente haya algún cadáver enterrado.
Estas luchas burocráticas, recorriendo cerros y veredas las encabezan, principalmente mujeres: madres, esposas, hijas, sobrinas o compañeras de las y los desaparecidos.
En Guerrero hay colectivos de familiares de desaparecidos en diferentes partes del estado: el Colectivo Familiares en Búsqueda María Herrera, el Colectivo de Familiares de Desaparecidos y Asesinados del País Guadalupe Narciso, las madres y padres de los 43 normalistas desaparecidos, el Colectivo Siempre Vivos de la Montaña baja, el Colectivo Madres Igualtecas, Los Otros Desaparecidos de Iguala, Colectivo Luciérnaga de Tlapa, Familias de Acapulco en Busca de sus Desaparecidos A.C.
En la región centro el Colectivo de Familiares de Desaparecidos y Asesinados en Guerrero y el País, era liderado por Guadalupe Rodríguez Narciso –que actualmente lleva su nombre-, antes de que el 28 de agosto del año pasado muriera víctima de la Covid-19, sin encontrar a su hijo desaparecido en junio del 2014, Josué Molina.
Doña Lupita, como le nombraban de cariño fue un ícono y referente de la lucha y exigencia por sus desaparecidos en Guerrero, así la recuerda Gema Antúnez, que como ella dice, gracias a sus enseñanzas ahora también lidera otro colectivo, Familiares en Búsqueda María Herrera, e Ivón Álvarez Gil, integrante del ahora Colectivo de Familiares de Desaparecidos y Asesinados en Guerrero y el país Guadalupe Rodríguez Narciso.
La unión hace la fuerza: Gema Antúnez
El calvario de Gema Antúnez inició por la desaparición de su hijo, el próximo 27 de febrero cumple 12 años sin saber de él, Juan Sebastián García Antúnez. Gema no tiene ni el menor indicio de su paradero, porque ninguna autoridad le ha informado nada. Los chispazos de información que tiene los ha obtenido por sí sola, pero sin una versión verídica que indique su paradero.
A 12 años de la desaparición de Juan Sebastián García, que en ese entonces tenía 22 años, Gema Antúnez no camina sola, camina con familias de 69 desaparecidos que conforman el colectivo en Guerrero llamado María Herrera.
Juan Sebastián estaba feliz porque su negocio de hamburguesas, ubicado en la plaza comercial de la colonia Universal en Chilpancingo, tenía éxito. Recientemente acababa de abrir otro negocio por el bulevar. Estos eran sustento de él, su hijo de dos años y de su pareja.
Eran las 10 de la noche, recuerda Gema Antúnez, cuando a Juan Sebastián se le acabaron algunos insumos y fue a su casa a traerlos para continuar con la preparación de sus hamburguesas. Se fue del puesto junto a un menor de 14 años que le ayudaba en el negocio.
A un costado del río Huacapa, esquina con calle 18 de marzo, hombres armados lo interceptaron, lo golpearon y se lo llevaron, el niño que fue testigo y que después contó a la mujer, logró huir porque se aventó al cauce del río.
Gema Antúnez es madre soltera de Juan Sebastián y de otros dos hijos, se puso al frente para buscarlo, porque su nuera decidió irse con su bebé, no quiso saber más de la situación. Gema llora al recordar que desde ese entonces no sabe de su nieto, lo único que le quedó de su hijo.
La mujer interpuso la denuncia ante el Ministerio Público, pero le refutaron que su hijo seguramente estaba de fiesta, aunque sus hijos no toman, no fuman, no van a fiestas. Se sintió sola, sin apoyo. Acudió al penal de la capital, a los hospitales, al Servicio Médico Forense (Semefo), pero no encontró nada.
Luego pidió apoyo a la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Tampoco.
En este tiempo ha estado en tres colectivos, pero desistió de dos porque no le gustó la forma de trabajo, en ese tiempo conoció a Guadalupe Narciso, con quienes formaron en el 2016 el Colectivo de Familiares de Desaparecidos y Asesinados del Estado y el país.
Entonces las y los integrantes del colectivo protestaron, hicieron huelgas de hambre, pese a la diabetes de Gema Antúnez y de la propia Guadalupe Rodríguez.
La última huelga de hambre la hizo Gema Antúnez con sus compañeras y compañeros en la Ciudad de México. Durante 15 días lograron que las autoridades de la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Secretaría de Gobernación (Segob) les recibieran carpetas de investigación que se efectuaron en el estado para que se investigaran sus casos desde la federación.
En marzo del 2020, Gema Antúnez conformó el Colectivo María Herrera, pero no dejó de coordinarse con el colectivo de Guadalupe Narciso.
La organización ha sido importante para las familias que tienen un desaparecido, mencionó, porque allí depositan su fe y esperanza, hay empatía, se acompañan, confían en que hallarán a sus hijos, además de gestionar apoyo para las madres e hijos que se quedaron sin el sustento principal en casa.
Ivón Álvarez Gil y el legado de Lupita Narciso
Ivón Álvarez Gil es otra muestra de fortaleza para seguir en pie y en colectivo para buscar a su hermano Juan Álvarez Gil, que desapareció el 5 de julio del 2013 en Chilpancingo. Ellos son familiares de Guadalupe Rodríguez, quien les dejó grandes enseñanzas, compartió en entrevista.
Ivón coincidió con Gema Antúnez en la importancia de caminar en colectivo para unir fuerza y exigir a las autoridades ser escuchados, además de liderar las búsquedas de sus desaparecidos ante la inacción de las autoridades.
Juan Álvarez era policía ministerial y guardaespaldas y ese 5 de julio le dijo a su hermana que iría a un compromiso a Petaquillas, municipio de Chilpancingo, que regresaría a comer a las cinco de la tarde.
Supo que su hermano llegó a la casa de un conocido, donde había una fiesta, luego se ofreció a ir a comprar bebida, pese a que él no tomaba alcohol. Llegó al Oxxo en el Parador del Marqués y ahí hombres armados se lo llevaron. Es el recuento de hechos que investigó por su propia cuenta Ivón.
Cinco días después Juan la llamó, pero lo único que le dijo fue que tenía problemas, no dijo más. A su teléfono celular entraban las llamadas pero no respondía, después el celular ya estaba apagado. Dos semanas después hallaron su vehículo y desde ese entonces Ivón busca a su hermano, además de interponer la denuncia formal, pero no hay avances en la investigación.
Guadalupe Rodríguez la invitó a ser parte de su Colectivo y desde ese momento Ivón registró cada uno de los hallazgos de las cerca de 10 búsquedas que hicieron en campo y en fosas, lideradas por su organización, hallaron más de 200 cadáveres y restos óseos. Tres de ellos ya fueron entregados a sus familiares, compartió.
“Somos hermanos del pinche dolor que tenemos. Es un pinche coraje que tenemos, cada quien trae su pinche dolor contra el gobierno que nos está mintiendo. Debemos unirnos”, soltó entre llanto la mujer.
Ivón Álvarez ha sido amenazada para dejar de buscar a su hermano, pero en lugar de debilitarse se siente con más fortaleza para seguir y no dejar de buscar, una promesa que además le hizo a su madre, quien murió hace dos años si conocer el paradero de su hijo.
La hermana de Juan tampoco desiste a pesar de la diabetes que padece, es como si ella se autoimpusiera que no tiene el permiso de descansar, porque debe hallar a su hermano.
Enseñanza, lealtad y empatía entre hermanos del mismo dolor
Gema Antúnez tiene clara su misión al acompañar a decenas de familias que así como ella, buscan a sus desaparecidos, alzar la voz juntos y exigir a las autoridades respuestas de sus seres queridos y crear precedente de lo que se vive en el país.
“Desde el momento que nos desaparecen a un ser querido nuestra vida cambia totalmente, es como si nos dejaran huecas. Pueden suplir a un hermano, a un esposo, pero un hijo es como si te dejaran vacía”, replicó.
—¿En estos dos años qué ha ganado el colectivo María Herrera?
— No recursos económicos pero sí un prestigio de trabajo, de lealtad y no necesitan ser parte de María Herrera para yo brindar un apoyo. Hay compañeras que tiene colectivos en otras ciudades, por ejemplo
Iguala, Chilapa, Zitlala, Acapulco, donde existe la coordinación
Hace dos años que surgió el colectivo logró con sus compañeros seis búsquedas en campo —la última del martes al viernes pasado— en compañía de efectivos de la Guardia Nacional, Comisión Estatal de Búsqueda y peritos de la FGE.
En ocasiones, como en la última búsqueda que hicieron, no encuentran cadáveres o restos óseos, pero sí indicios de que ahí retuvieron a personas, sus objetos como credenciales, carteras, bolsas de mujer, zapatos, ropa.
En estos dos años han encontrado ocho cuerpos, dos incompletos y seis completos. Y de todos, la fiscalía, no ha entregado ninguna identificación genética, con la justificación de que no cuentan con dinero para hacer las confrontas.
Gema Antúnez no se rinde aun con su fractura de columna porque en una búsqueda cayó a una barranca. Desea que sus compañeras aprendan, por si un día falta sepan qué camino seguir para no quedarse calladas. Su motivo: Juan Sebastián. Gema mantiene la esperanza de encontrarlo.
Los familiares de los desaparecidos de la comunidad de Zacapexco responsabilizan al alcalde perredista de Atlixtac, Leonardo Muñoz Tapia y a su jefe de la policía
Texto: Jesús Guerrero
Fotografía: Oscar Guerrero y especial
8 de febrero del 2022
Chilpancingo
El Comité Contra las Desapariciones Forzadas de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) emitió una petición de acción urgente al gobierno mexicano para que sean localizados los policías comunitarios Pablo Hilario Morales y Samuel Hernández Sánchez, quienes presuntamente fueron privados de su libertad por policías del municipio de Atlixtac, en la región de la Montaña.
El Consejo Indígena y Popular de Guerrero Emiliano Zapata (CIPOEG-EZ), que aglutina a la Policía Comunitaria de comunidades del municipio de Chilapa, dio a conocer este comunicado en el que se establece una investigación exhaustiva, así como la identificación de los perpetradores de la desaparición forzada.
Durante una reunión que tuvieron los dirigentes de esta organización y de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias Pueblos Fundadores (CRAC-PF) en la comunidad de Alcozacán, del municipio de Chilapa, pidieron a las autoridades federales y estatales que acaten esta recomendación que emitió este lunes 7 de febrero la ONU.
El pasado 26 de febrero, el comandante Pablo Hilario Morales y el policía comunitario Samuel Hernández Sánchez viajaban en una motocicleta en la carretera Chilapa-Tlapa cuando fueron interceptados por agentes municipales de Atlixtac.
Los familiares de los desaparecidos de la comunidad de Zacapexco responsabilizan al alcalde perredista de Atlixtac, Leonardo Muñoz Tapia y a su jefe de la policía.
El primero de febrero circuló en redes sociales un video donde aparecen sometidos los dos policías comunitarios, Pablo Hilario Morales y Samuel Hernández, quienes acusan a los dirigentes de la Policía Comunitaria de la CRAC-PF, David Sánchez Luna y a su hermano Bernardino Sánchez Luna, de pertenecer al grupo delictivo de Los Rojos que dirige Zenén Nava.
Los dirigentes de la CRAC-PF y del CIPOE-EZ rechazaron tener vínculos con esa organización delictiva y pidieron a las autoridades que realicen una investigación para dar con el paradero de los integrantes de esa organización para que liberen a sus dos compañeros, quienes, aseguran, son obligados a realizar ese tipo de declaraciones.
«Desde nuestro surgimiento quedó claro que no formamos parte de ningún grupo delincuencial y hoy refrendamos nuestro compromiso de mantener la lucha por la vida y el territorio y nos deslindamos de cualquier pretensión de vincularnos con algún grupo criminal», dice la CIPOG-EZ.
Durante diciembre del 2021, la CRAC-PF denunció la desaparición de otros tres policías comunitarios. Se trata de Juan José Reyes Ventura, Marcelino Chino Mendoza y Juan Reyes, los dos primeros vecinos de la localidad de Ayahuatempa, municipio de José Joaquín Herrera, y el tercero de Alcozacán, Chilapa.
Los tres siguen desaparecidos aun cuando fuerzas federales y estatales han realizado dos búsquedas en esa zona donde supuestamente fueron privados de la libertad por un grupo armado.
El pasado 17 de enero, Rocelia Morales Guerrero, de la comunidad de Ayahualtempa, denunció que su hija de 26 años, Delfina Ramírez Morales, fue hallada muerta a balazos en un paraje del pueblo vecino de Temixco.
Denunció que su hija fue privada de su libertad por un grupo de policías municipales de José Joaquín Herrera cuando caminaba por el zócalo de Hueycantenango.
En esta zona de la Montaña Baja, la violencia arreció desde el 2020 después del asesinato de 10 músicos que fue perpetrado por integrantes de la organización delictiva de Los Ardillos, como consta en la investigación que realizó la Fiscalía General del Estado (FGE).
Piden a fiscal que investigue a Los Ardillos
Por segunda vez en una semana, la fiscal general Sandra Luz Valdovinos acudió a la comunidad de Alcozacán para pedirle a los habitantes de la zona que le otorguen un voto de confianza para seguir investigando las desapariciones y asesinatos que han ocurrido ahí.
Durante la Asamblea, en donde estuvieron viudas y huérfanos de personas asesinadas, Jesús Plácido Galindo, líder del CIPOG-EZ, le dijo a la fiscal que hay una complicidad entre las autoridades municipales de esa región con la organización delictiva de Los Ardillos. Expuso que desde 2019 han asesinado en 24 comunidades del municipio de Chilapa a 44 personas y a otras 15 las han desaparecido .
Un familiar de un desaparecido le reclamó a la fiscal que no han hecho nada para hacerles justicia aun cuando el gobierno tiene los instrumentos necesarios para detener a los integrantes de ese grupo delictivo (Los Ardillos).
En esta segunda visita que la fiscal hace a esta comunidad recibió varios reclamos de los familiares de los desaparecidos y asesinados.
Para este miércoles las trabajadoras realizarán una marcha por las calles de esta ciudad para pedir un diálogo con la alcaldesa Norma Otilia Hernández Martínez
Texto y fotografía: José Miguel Sánchez
8 de febrero del 2022
Chilpancingo
Un grupo de trabajadoras protestaron para exigir la destitución de la secretaria general del ayuntamiento de Chilpancingo, Xóchitl Heredia Barrientos, a quien acusan de abuso de poder y acoso laboral.
Las empleadas se manifestaron frente al ayuntamiento, donde denunciaron que la alcaldesa morenista Norma Otilia Hernández Martínez ya sabe de su inconformidad pero que sigue manteniendo en el cargo a la funcionaria.
La representante de la sección XIV del Sindicato Independiente de Trabajadores, Ofelia Monserrat Valenzo Aguilar, dijo que sus compañeras no pueden ir a desayunar o ir al baño para realizar sus necesidades fisiológicas porque de inmediato Heredia Barrientos las regaña.
Es la segunda vez que se manifiestan por el mismo motivo, pero les preocupa que no sean atendidas por la alcaldesa, dijo la líder del sindicato.
«Queremos que se vaya porque humilla en público a las compañeras, las ofende y les habla con groserías», expresó Valenzo Aguilar durante la protesta que realizaron sus compañeras afuera de la alcaldía capitalina.
Dijo que ya se entregaron tarjetas informativas a la alcaldesa.
Incluso la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Guerrero (CDHEG) ya emitió una recomendación a Hernández Martínez, pero no la ha acatado.
Para este miércoles las trabajadoras realizarán una marcha por las calles de esta ciudad para pedir un diálogo con la alcaldesa.
Un año cuatro meses después de su asesinato, a petición de su madre, 89 huesos de Ayelín son buscados
Texto: Jesús Guerrero
Fotografía: Oscar Guerrero
8 de febrero del 2022
Chilpancingo
Peritos de las Fiscalía General de la República (FGR) y de la Fiscalía General del Estado (FGE) participaron en el segundo día de búsqueda de huesos que no fueron recuperados de Ayelín, una niña de 13 años, que en octubre del 2020 fue hallado sus cadáver mutilada en una barranca ubicada entre las colonias la Candelaria y la 6 de noviembre, en la cabecera municipal de Tixtla.
Flora Marcelo Rojas, madre de la niña y que participó en esta jornada de la búsqueda junto con integrantes de colectivos de desaparecidos, informó que están rastreando 89 huesitos de su hija que no han sido recuperados.
La niña desapareció el 15 de octubre del 2020 y después de cuatro días de búsqueda por parte de peritos de la FGE fue hallada mutilada, pero no con todas las partes que le habían quitado por fragmentos. Faltaban huesos.
Flora Marcelo Rojas, quien después de que su hija fue sepultada se desplazó de su comunidad porque recibió amenazas de muerte ha realizado protestas en la Ciudad de México para exigir castigo a los responsables y la localización de los demás restos de su niña.
Derivado de los plantones y marchas que realizó la señora, las autoridades federales y estatales ordenaron que se realizara la diligencia de búsqueda de los 89 huesitos de la menor en una barranca cerca de donde ella vivía junto con su familia en Tixtla.
En esa ocasión, las autoridades informaron que el 15 de octubre a Ayelín la llamó su mamá y le dijo que la esperaría en su negocio de material de reciclaje, ubicado en la colonia Santa Cruz, a un costado de la carretera federal Tixtla-Chilapa. Ayelín fue caminando por una vereda de la barranca de la Candelaria para reunirse con su mamá, pero nunca llegó.
Ese mismo día 15 de octubre, Marcelo Rojas con familiares y vecinos realizaron la búsqueda de Ayelín.
Fue hasta el 19 de octubre cuando peritos de la FGE la localizaron.
En estos dos días de búsqueda de los demás restos de la niña fueron hallados varios huesitos que se podrá determinar si pertenecen a Ayelín después de que se realicen los estudios de ADN.
Por el homicidio de la menor de 13 años, desde el 25 de octubre del 2020 hay cuatro hombres bajo proceso judicial.
La madre de la niña expuso que debido a la pandemia por la Covid-19, el proceso judicial en contra de los presuntos responsables del asesinato de su hija va muy lento.
«La protesta que hicimos en la Ciudad de México es precisamente para que haya justicia, pero vemos que hasta el momento no la habido», dijo la mujer que junto con su familia vive fuera de Guerrero por las amenazas que sufrió después de la muerte de su niña.
Este miércoles (mañana) seguirán los trabajos de búsqueda y el jueves habrá una marcha en las calles de Tixtla para exigir justicia.
La colectiva Mujeres Visibles invita a mujeres, jóvenes, niñas y agrupaciones sociales de mujeres tonaltecas a participar en la convocatoria “Soy visible”, la cual tiene como propósito reconocer y nombrar a mujeres destacadas que residen en el municipio de Tonalá, Jalisco.
Texto: Aletse Torres Flores / ZonaDocs
7 de febrero de 2022
Mujeres Visibles es el nombre de la colectiva integrada por cuatro mujeres tonaltecas: Sonia, Natalie, Dalia y Arlette. Cada una, desde su trinchera, se unen para visibilizar a las mujeres del municipio de Tonalá desde lo que son, desde lo que aspiran y desde lo que aportan a la sociedad.
Por ello, el pasado 29 de enero lanzaron la convocatoria “Soy visible” en la que invitan a todas las mujeres, niñas, jóvenes y agrupaciones sociales de Tonalá a participar en alguna de sus 11 categorías:
Artesana visible.
Emprendedora visible.
Colectiva visible.
Originaria visible.
Diversa visible.
Niña visible.
Tastoana visible.
Creadora visible.
Científica visible
Profesionista o de oficio visible
Mujer visible.
Natalie indicó que cada una de las categorías fue pensada en las mujeres que integran sus círculos, pero también, en aquellas que no, con la intención de descubrir a todas las que “están fuera de sus ojos”. Así, la iniciativa pretende reconocer a las mujeres más destacadas de cada categoría.
Las integrantes de la colectiva explican que no se trata de una competencia, sino de un esfuerzo por dar visibilidad a todas las mujeres talentosas que habitan en esta ciudad y que deseen postularse para representar cada categoría.
En sus planes está que el evento se realice cada año para que todas las mujeres, jóvenes y niñas tonaltecas sean “visibles” a través de la convocatoria. Incluso, buscarán integrar nuevas categorías que sumen a nombrar a cada una de las distintas expresiones del ser mujer.
En ese sentido, Dalia manifiesta la importancia de tomar los espacios para nombrar a todas las mujeres diversas y exitosas, por ejemplo, a aquellas que defienden las tradiciones y a quienes están dentro del campo de la ciencia, porque “cada una a su manera representa una parte de Tonalá”.
Esperan que este evento haga crecer sus redes de apoyo y, a su vez, se logren generar espacios seguros y públicos que den cuenta del trabajo que diariamente realizan todas las mujeres en su ciudad.
En caso de que deseen participar o nominar a una “mujer visible” del municipio, se debe enviar un correo a: colectiva.mujeresvisibles@gmail.com anexando lo siguiente:
Nombre completo
Edad
Colonia
Teléfono personal y algún extra de localización.
Carta libre en donde expresen sus motivos para participar en alguna de las categorías. Anexar evidencias solicitadas según la categoría a participar.
Una breve semblanza de su desempeño e historia según su categoría.
La convocatoria cierra el 20 de febrero y el reconocimiento será entregado la ceremonia del día 5 de marzo, en el marco del Día Internacional de la Mujer y del 2do aniversario de la Colectiva Mujeres Visibles.
Durante enero hubo 87 muertos en Guerrero, entre estos al menos ocho feminicidios. El enfrentamiento de esta comunidad dejó oficialmente seis bajas y después en otro hecho ese mismo día de armados contra la policía, hubo heridos. Acapulco, Iguala y Chilpancingo, las ciudades con más sucesos violentos durante el primer mes del año
Texto: Vania Pigeonutt
Fotografía: Carlos Navarrete y Oscar Guerrero
8 de febrero del 2022
Chilpancingo
Una de las creencias de Buenavista de la Salud, una comunidad perteneciente al Valle del Ocotito, es el espanto–la pérdida de alma por una gran impresión –, por eso desde el 26 de enero, cuando decenas de hombres de una agrupación criminal irrumpieron a la base de su Policía Comunitaria y se enfrentaron con sus guardianes por casi dos horas enlutando a cuatro familias, el curandero del pueblo recibe en promedio a 10 personas cada día.
El señor contó a una vecina de Buenavista que después de la balacera atiende entre niños, adultos, jóvenes, incluso matrimonios con sus hijos, para curarse el espanto. No se da abasto. Para la gente del pueblo, muchos incluso decidieron irse, fue una gran impresión. Otra más. Desde 2017 su base de seguridad ciudadana ha intentado ser tomada por armados que pretenden usar a la comunidad como paso libre para sus actividades ilícitas.
Buenavista, junto con otros pueblos de ese corredor comunitario, en donde está el parque industrial de la zona ubicado en la carretera federal México-Acapulco, han soportado varias irrupciones armadas, de acuerdo a lo que reconoce la misma Fiscalía General del Estado (FGE), por parte de la agrupación criminal local Los Ardillos.
A inicios de marzo de 2018, los hombres armados atacaron con granadas y armas largas la misma base de la Policía Ciudadana de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), agrupación a la que la gente se adhirió en 2014, debido al aumento de secuestros, cobro de cuotas, extorsiones, homicidios, feminicidios y desapariciones.
Ha habido otros asesinatos y heridos resultado de estas irrupciones. El cambio social inmediato son los cierres de negocios y la suspensión de clases. Esta vez las clases son en línea en la mayoría de las escuelas, pero aún así la comunidad famosa por su manantial, parece desértica. Gente se fue dejando a sus animales. Otros se quedaron pero con miedo.
La gente habla de más de 10 muertos del saldo del 26, porque aunque aquí cuatro de sus policías perdieron la vida, entre ellos, el maestro Mario Zamora, comandante y miembro de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG), del lado de los armados también reportan bajas, pero aseguran que esos cadáveres fueron trasladados de regreso por esos mismos civiles con armas largas.
Frente a la comunidad de Acahuizotla, la FGE reportó otra confrontación entre los integrantes de un supuesto grupo criminal y policías del estado en el que murieron otros dos hombres. Tres policías estatales resultaron heridos tras esos acontecimientos más tres del sistema de seguridad de la UPOEG en Buenvista.
Una historia por tomar el control ataña
Hace cuatro años, Buenavista recibió otros ataques juntos, el 29 de enero y 21 de febrero del 2018, lo que orilló a las personas y autoridades educativas a suspender las clases, también en las comunidades de Mohoneras, El Ocotito, Cajelitos y Rincón de la Vía. Fueron 32 escuelas las que todavía hasta septiembre de ese año, no podían reanudar clases a falta de seguridad pública prometida por el ese entonces gobierno priista de Héctor Astudillo Flores.
Aunque estos ataques empezaron desde 2017, la gente no podría acostumbrarse nunca al sonido de las balas.
Esta historia de más de cinco años, tuvo otro episodio este 26 de enero, miércoles. Eran poco después de las 6 de la tarde cuando una familia que vivía casi frente a la base de la Upoeg, al pie de carretera de Buenavista, terminaba de comer. Primero oyeron como si hubieran encendido cohetes, aunque sus fiestas patronales quedan lejos, el Señor de la Salud, su santo patronal, no se festeja sino hasta marzo. Se les hizo raro.
“Se oía horrible, desde el balazo más leve hacía que vibraran las ventanas, imagínate las granadas que echaron. Fue muy feo. Como vivimos muy cerca, hasta pudimos escuchar las voces de los hombres, las cosas que se gritaban y cómo se coordinaban. –¡Dispárale! ¡Agáchate! – se gritaban. Supongo que a uno de ellos lo hirieron enseguida, porque clarito escuché que le dijo: –¡Súbetelo a la camioneta y llévatelo, que se nos va a ir!”.
La esposa de la familia narra que esta irrupción les agarró a todos desprevenidos, ni por qué habían presenciado las otras balaceras y esas habían sido incluso a las tres de la tarde, les pareció algo familiar. A esa hora los niños salen a jugar a la calle, hay albañiles, todo está muy transitado, por eso es que mucha gente vio cómo el grupo de al menos 50 hombres armados llegó y empezó a disparar desde diferentes ángulos. Incluso a gente en la calle.
“Escuchamos todo, clarito se oía como cortaban cartucho. Nos metimos al cuarto más protegido, pero las balas rebotaban en las paredes de la casa, y se escuchó como caían casquillos. Destendimos las camas y nos acomodamos para poner a nuestros niños ahí, los cuatro nos acomodamos mientras pasaba todo. Esta vez se escuchaba más, se oían las bombas o no sé que se lanzaban”, relata.
Narra que se escuchaban las camionetas quemando llanta a toda velocidad, se gritaban, se bajaban, subían. Todo eso les tocó oír. Debajo de las camas, no sólo esta familia, muchas más permanecieron porque les daba miedo que una bala hiciera que saltara un vidrio de la ventana y los hiriera. Ahí se metió la gente con sus pequeños. También los gatos y perros se escondieron.
“El más pequeño ni supo que pasó, pero el mayor ya está más consciente y nos preguntaba: —¿Qué está pasando, mamá?, ¿Qué es lo que está sonando? —como los teníamos abrazados y con los oídos tapados—. Mi bebé se acurrucó y se quedó dormido rápido, pero el mayor se puso nervioso y desesperado ya se quería salir; tenemos un gatito y no lo encontrábamos, esto lo puso más nervioso porque el gato no entró al cuarto con nosotros. Encontramos al gato cuando terminó todo, hasta las ocho de la noche. Se metió debajo del sillón, escondido”, cuenta.
Aunque toso duró como dos horas, asegura que se escuchaban disparos después de que terminaron con la acción en el cuartel, irrupción que cobró la vida de Mario. “Dicen que estuvieron hasta por la Autopista. Se oían muchas camionetas. Mínimo estuvimos hora y media encerrados debajo de las camas”.
La diferencia de que esta vez sí lograran matar a los principales líderes de su policía comunitaria, coinciden pobladores consultados vía telefónica por Amapola. Periodismo transgresor, fue que estaban comiendo. Los agarraron desprevenidos.
“Los agarraron a todos juntos. Se ponían afuerita, una mesa con sus sillas y ahí comían, según para vigilar también. Dicen que vieron a la camioneta que comenzó a disparar, que Mario entró a la base para sacar armas y salió disparando igual, pero estaban todos desprevenidos y ellos traían un montón de refuerzos”, explica.
Otro testigo considera una pieza clave al profesor Mario Zamora. Cuenta que “en la base estaban a lo mucho unos quince, y de los otros mínimo eran cuatro camionetas repletas de personas armadas, y todavía murieron más de los armados que de los comunitarios. Se escuchaba todo esto, se escuchaban sus gritos, no claramente, pero sí de como se estaban coordinando. De los armados murieron como seis”.
“Mario fue una pieza clave para nosotros como lugareños. Él siempre estuvo al pendiente de todo, buscaba la manera de llevar algo hacía el pueblo y la justicia. Él adentro del pueblo tenía ese objetivo, buscar justicia, que estaba siendo violentado por los grupos armados que se disputan las plazas de aquí”.
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Violencia en enero: feminicidios, asesinatos políticos, comunitarios y comerciantes
La violencia en Guerrero se concentró en tres regiones; la Centro, donde está Buenavista de la Salud, Acapulco-casi la mitad- y la zona Norte, que colinda con la región de la Tierra Caliente, principalmente en los municipios de Iguala y Taxco, donde además, comerciantes reportan un repunte de cobro de cuotas a partir de enero del 2022.
En Buenavista de la Salud casi ya no se ven comunitarios, según comentan vecinos, a partir del miércoles 26. Algunas comunidades de la Sierra de Chilpancingo, como El Fresno, Coacoyulillo y Azinyahualco, pretenden enviar refuerzos comunitarios para que el pueblo no se quede sin su propia seguridad. La Guardia Nacional, la policía estatal, incluso el Ejército dan rondines, pero no están de fijo.
De acuerdo al reporte mensual de muertos que realiza Amapola. Periodismo transgresor, en contraste con el análisis de El Sur, hubo 87 homicidios dolosos en Guerrero durante enero. Fueron asesinados políticos y mujeres. Varios hechos de violencia se concentran en municipios donde hay una policía civil confrontada con grupos delincuenciales.
Hubo en enero, un promedio de tres asesinatos cada día y aunque el 2021 cerró, según el Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública de la Secretaría de Gobernación con 1,165 homicidios el año, éste comenzó con un repunte de casi 20 muertos, a diferencia del último mes.
Fueron asesinadas al menos ocho mujeres. Una de ellas a mediados de enero, Delfina Ramírez Morales, de 26 años, madre de dos niños pequeños originaria de Ayahualtempa, municipio de José Joaquín Herrera, en cuya comunidad, también hay un grupo de policía comunitaria, este de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias – Policía Comunitaria (CRAC-PC) confrontado con un grupo delincuencial.
En Taxco a inicios de mes fue hallada asesinada, Janelle Millán Laguna, quien fue líder juvenil del Partido Acción Nacional (PAN). Las víctimas fueron asesinadas con armas de fuego, pero también asfixiadas y en algunos casos dejaron mensajes, provenientes supuestamente de grupos delictivos que operan en la entidad.
Otra víctima en la zona Centro, la segunda más violenta después de Acapulco, es el ex candidato a la alcaldía de Tixtla por el PRI, Saúl Nava Astudillo, quien ya había sido atentado y logrado escapar con vida de este primer hecho.
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En Buenavista los velorios se mantuvieron en muy bajo perfil. “Sobre Mario, no supimos cómo fue, ni si lo enterraron o cremaron, fue muy bajita la mano. Del señor que fue su tío (otro asesinado el 26), si supimos que hasta lo fueron a despedir ahí mismo en la base, pero igual, los velorios fueron muy rápidos, los enterraron al día siguiente. La gente no acompañó a los muertos, luego por el covid-19. Además, estaban todos con el miedo y susto”.
La gente de Buenavista mantiene vatios recuerdos. Esta zona del Valle del Ocotito es muy bonita. Este es un pueblo muy conocido por el manantial que tiene y lo agarran de balneario. Hace unos 10 años aún era un pueblo muy tranquilo donde todos tenían su rutina: los domingos iban a los tamales que vende la señora Mica, también por un chilate.
“Son tamales verdes, rojos, de puerco, pollo, de dulce y vende chilate. Es un negocio muy famoso por acá. Es de ley, ella es muy conocida en todo el Valle, incluso gente de Acapulco ha llegado a venir acá para comprar tamales y chilate. Desde que yo me acuerdo de que me llevaba mi abuela de pequeña, desde que yo tenía dos o tres años”, cuenta una vecina.
La gente extraña los días en los que podías caminar por los establos que están junto a la Autopista desde las seis de la mañana y no pasaba nada. Podían regresar de una fiesta a la medianoche o en la madrugada y no pasaba, todo estaba tranquilo, la gente se conoce. Todo cambió cuando comenzaron a llegar los grupos que se pelean por esta zona. Desde 2014 la gente no se siente absolutamente en paz.
Cuando Evelyn Salgado, gobernadora de Guerrero, habla de la prensa, de reporteros y del periodismo suele decir que respeta la libertad de expresión, el trabajo de los reporteros y que garantizará el ejercicio periodístico. Nada nuevo. Repite ese discurso que ya suena demasiado vacío en boca de los políticos.
Suele decir que respeta el oficio porque su papá, Félix Salgado Macedonio, fue “periodista” y recuerda los tiempos en que fundó y dirigió el diario Acción en Iguala. Me queda claro que lo que la gobernadora entiende por libertad de expresión y el ejercicio periodístico es a través de los referentes que tiene de su padre. Y hasta cierto punto es lógico.
Sin embargo, es importante precisar cuáles son los antecedentes de Félix como supuesto periodista. Consulté a algunos compañeros que lo conocieron como director del Acción. Unos lo recuerdan con reloj ostentoso, con cadena de oro y la camisa desabotonada. Otros lo evocan visitando dependencias en busca de un apoyo o un chayo.
Esos recuerdos no me parecen sólo anecdóticos, son la génesis de Félix como personaje público. De ahí se coló a la política y se convirtió en un popular diputado federal por haber vaciado un costal con boletas electorales en plena tribuna.
Después de eso, halló una forma más lucrativa de vivir: fue candidato dos veces a la gubernatura; diputado federal, senador, otra vez diputado hasta ganar la alcaldía de Acapulco. Gobernar lo mostró de cuerpo entero: en su gestión se consolidó la decadencia del puerto y con la violencia no metió ni las manos.
Luego de una mediocre gestión, se desterró como director de La Jornada Guerrero. Nada cambió. La misma línea de cuando dirigía Acción, “convenio mata nota”, la estableció como línea editorial. En la redacción ya tenían una respuesta para los reporteros que preguntaban por notas que no les publicaban: “llegó publicidad”, les decían. Así de simple.
Antes, desmanteló el diario, le quitó derechos laborales a los trabajadores, sobre todo, a los reporteros. Cada año ofrecía liquidaciones y a los que aceptaban les daba la posibilidad de continuar pero ahora por nota publicada, sin salario fijo, ni prestaciones, sin ningún vínculo formal que lo obligara a darle algún tipo de protección a los trabajadores. Con los años, en el periódico se estableció esa forma arcaica de hacer periodismo: un día sí y otro también la portada era para un político o gobernante. El convenio primero, la información, después.
En 2018, los pleitos internos en Morena lo revivieron y de la mejor manera: como candidato al Senado. Ganó. Armó su tercera candidatura a la gubernatura y todos sabemos cómo termina esa historia: Félix ejerciendo parte del poder desde las sombras y, otras veces, no tanto. El periódico se lo encargó a su hija Sol, quien continuó la línea editorial al pie de la letra.
A unos meses de que Evelyn se convirtiera en gobernadora, La Jornada Guerrero cerró sin ninguna explicación a su lectores. A los reporteros les dijeron que por un brote de Covid-19 en la redacción durante 15 días dejaría de circular. Eso fue mentira.
Días después apareció El Guerrero, un remedo de periódico, que la familia utiliza como su brazo propagandístico. Hasta ahora es un misterio cuánto dinero recibe del gobierno que encabeza Evelyn Salgado. Me surge una duda: ¿Habrá un alcalde, diputado o magistrado que le niegue un convenio publicitario a este periódico?
Si la gobernadora quiere entender la libertad de expresión y el ejercicio periodístico debería tomar otros ejemplos. El problema, me parece, es que ha asimilado tanto el de su padre que así quiere que se comporten todos, dóciles ante el poder: a unos les ofrece desayunos, chayotes, los apapacha y, en cambio, a los que la cuestionan, los prefiere lejos.⚅
Un mar de protestas en el aniversario luctuoso 50 del guerrillero confluyeron en una gran movilización donde participaron profesores de la CETEG, campesinos del CECOP, el Colectivo de Familiares de Desaparecidos y Asesinados Lupita Rodríguez, la Organización Indígena y Campesina, el Frente de Defensa Popular (FDP), un grupo de ambientalistas, entre otros ciudadanos que exigen justicia
Texto: Jesús Guerrero
Fotografías: Oscar Guerrero y Amílcar Juárez
02 de febrero del 2022
Chilpancingo
En el marco del 50 aniversario de la muerte del guerrillero Genaro Vázquez Rojas, militantes de organizaciones sociales, de colectivos de desaparecidos, padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa y maestros realizaron una marcha para protestar por la impunidad e injusticia que prevalece en Guerrero y en el país.
Con gritos de «vivos se los llevaron, vivos los queremos», los más de mil manifestantes iniciaron su recorrido en la estatua de Nicolás Bravo y terminaron con un mitin en el antimonumento de los 43 ubicado al sur de Chilpancingo.
Vidiulfo Rosales Sierra, abogado de los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos hace más de siete años en Iguala, dijo que las condiciones por las que Vázquez Rojas se levantó en armas son las mismas que existen en Guerrero y en el país.
«Hay impunidad, injusticia en este gobierno que según es de izquierda».
Señaló que desde la guerra sucia, período así llamado en la década de los setentas- en Guerrero hay cinco mil 300 desaparecidos y desde el 2006 a la fecha han sido asesinados 30 defensores de derechos humanos y periodistas.
Al referirse al gobierno estatal que encabeza la morenista Evelyn Salgado, el activista dijo que esta transición del poder no ha desterrado los viejos cacicazgos y prácticas políticas.
«Sigue la violencia, siguen los muertos y no hay respuesta para buscar a desaparecidos», señaló Rosales Sierra durante el mitin.
Vidiulfo nuevamente hizo alusión a la gobernadora Evelyn Salgado cuando dijo que hoy se pasean en «trajes típicos» en Palacio de Gobierno y se convoca a reuniones en las que finalmente no se resuelve nada.
Foto: Óscar Guerrero
En el contingente participaron profesores de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación del Estado de Guerrero (CETEG), campesinos del Consejo de Pueblos y Comunidades Opositores a la presa la Parota (CECOP), el Colectivo de Familiares de Desaparecidos y Asesinados Lupita Rodríguez, la Organización Indígena y Campesina, el Frente de Defensa Popular (FDP) y un grupo de ambientalistas, además de personas que exigen que en el Instituto de Cancerología de Acapulco se les aplique las sesiones de quimioterapias a niños que padecen cáncer.
Desde hace más de cien días en que la morenista Evelyn Salgado asumió el gobierno es la protesta más multitudinaria que se ha realizado este miércoles en esta capital para exigir solución a sus demandas.
Durante la marcha muchas de las personas que tienen un familiar desaparecido llevaban cárteles con la fotografía de las víctimas.
Mar de demandas
Los militantes del CECOP portaron una lona de vinil con la imagen de Vicente Suástegui Muñoz quien desde agosto del 2021 fue privado de su libertad por hombres armados presuntamente agentes judiciales estatales en la colonia Ciudad Renacimiento en Acapulco.
La marcha también fue para protestar por los actos de intimidación que el pasado viernes 28 de este mes sufrieron padres de los 43 normalistas desaparecidos por parte de la Guardia Nacional y la Policía Estatal que les impidieron el paso para tomar la caseta de Palo Blanco de la autopista del Sol en donde tenían planeado repartir volantes a los automovilistas y pedirles una cooperación de cien pesos.
Foto: Amílcar Juárez
Vidiulfo Rosales Sierra, advirtió que pese a las amenazas que ese día sufrieron los padres de los 43, van a seguir movilizándose e incluso tomar casetas de peaje de la autopista del Sol.
Denunció que este martes los padres que se dirigían en un autobús a Acapulco para participar en un foro fueron hostigados por elementos de la Guardia Nacional en la caseta de La Venta.
«Los padres se identificaron y pese a ello una patrulla de la Guardia Nacional los siguió hasta la zona urbana de Acapulco», dijo Rosales Sierra.
Rosales Sierra informó que estos hechos de persecución e intimidación por parte las fuerzas federales y estatales traen ya una línea del gobierno federal y el cambio de la relación con los padres de los 43.
Contó que este martes cuando se enteró de que los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa fueron perseguidos por la Guardia Nacional le marcó a su teléfono celular al secretario General de Gobierno, Ludwig Marcial Reynoso Núñez, pero nunca le contestó la llamada.
Rosales Sierra señaló que el cambio de relación hacia los padres de los 43 del gobierno federal que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador tiene que ver con una serie de fricciones que ha habido en las últimas reuniones que han tenido con él, con el Subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas.
Foto: Óscar Guerrero
«Con el mismo presidente (Andrés Manuel López) ha habido fricciones por el tema de la responsabilidad del Ejército Mexicano en los hechos de Iguala», aseveró.
En la última mesa de diálogo con el presidente y otros funcionarios que tienen que ver con el caso Ayotzinapa, los padres ponen el tema del Ejército Mexicano y eso causa incomodidad.
«Pero ahora si nos preocupa que estas restricciones que se impusieron en Guerrero de no permitir que se realicen protestas en las casetas sea un el inicio de acciones de endurecimiento del gobierno federal contra el movimiento», dijo Rosales.
El activista dijo que todavía no sabe la posición de los padres de los 43 si deciden romper el diálogo con el gobierno de López Obrador por las acciones de intimidación contra ellos por parte de la Guardia Nacional.
Durante el mitin, los manifestantes guardaron un minuto de silencio en memoria del guerrillero Genaro Vázquez Rojas quien el 2 de febrero de 1972 murió en un accidente carretero, según la versión oficial.
Aunque existe la versión extraoficial de que fue asesinado por el Ejército Mexicano.
Al término de la protesta autoridades escolares informaron a los profesores que 132 de ellos ya fueron aceptados en el Programa
Texto: Beatriz García
Fotografía: José Luis de la Cruz (Archivo)
01 de febrero del 2021
Chilpancigo
El profesor de la primaria Cuitláhuac, ubicada en El Conchero, municipio de Coyuca de Benítez José Martín García González, tiene 28 años de servicio, decidió participar en el Programa de Promoción Horizontal de la Unidad del Sistema para la Carrera de Maestros y Maestros (Usicamm), aunque obtuvo el mayor puntaje a nivel estatal en los exámenes que hizo, no pudo seguir en el proceso porque le argumentaron que es un maestro con plaza federal pero trabaja en una escuela estatal.
El Programa de Promoción Horizontal se trata de la obtención de incentivos integrado por niveles de estímulo, donde podrán participar de manera voluntaria el personal que en la educación básica realiza funciones docentes, de técnicos docentes, de asesoría técnica pedagógica, de dirección y de supervisión, y en este programa se contempla la posibilidad de que los participantes puedan incorporarse, promoverse o conservar el incentivo sin necesidad de cambiar de función, esto de acuerdo a la información emitida por el Gobierno de México.
El problema del profesor es similar al de 141 docentes del estado que juntos este martes bloquearon en la glorieta ubicada en la avenid Ruffo Figueroa, al sur de la ciudad, para exigir a las autoridades del estado les permitan terminar el proceso de la promoción.
Se supone que las autoridades enviaron un oficio a la federación para justificar el problema de los maestros federalizados y que trabajan en escuelas estatales y así concluir el proceso, pero desde el 17 de diciembre no les dan respuesta.
El docente de El Conchero inició su proceso en este programa en marzo del año pasado, se registró, entregó documentación e hizo los dos exámenes de conocimiento que le solicitaron. Obtuvo el mayor puntaje de los docentes de educación básica en el estado que hicieron estas evaluaciones.
En estos exámenes a los docentes les evalúan conocimientos, habilidades, aptitudes, estrategias, metodologías, lo que conocen de proyectos de trabajo, del programa de estudios y protocolos de seguridad.
Pero el resultado del examen, contó en entrevista, no fue suficiente para otorgarle los beneficios del Programa de Promoción Horizontal, la traba que le dieron es que así como él otros maestros tienen plaza de la federación y trabajan en una escuela estatal, cuando deberían estar en escuelas federales.
El maestro además de estar luchando por su reconocimiento en esta Promoción Horizontal se ocupa en dar clases a sus 28 alumnos de primer grado, en línea todavía, por la pandemia de la Covid-19.
“A mí me llena de orgullo estar en ese sentido, servir a mi escuela, a mi estado, pero yo creo que el estado no está viendo esa parte, no está viendo maestros que le estamos echando ganas”, expresó.
Los profesores exigieron una reunión con la gobernadora
El bloqueo de los docentes provocó que el trasporte público no pudiera acceder por esas calles y avenidas, pero esa era la intención de los manifestantes para tener la atención de las autoridades del estado.
La profesora Yesenia Luciano exigió una reunión con la gobernadora, Evelyn Salgado Pineda o con el Secretario de Educación, Marcial Rodríguez Saldaña, no con otros funcionarios.
Una comisión de profesores fue recibido por la titular de la Unidad Estatal del Sistema para la Carrera de Maestros y Maestras (Uesicamm), Lucila Rangel Santos.
La presión de la protesta dio resultados. La funcionaria informó a los profesores que 132 de ellos ya fueron aceptados en el Programa de Promoción Horizontal, mientras, el resto esperará información.
