Categoría: Otredad

La desaparición y asesinato de Abel, el otro lado del caso Marisol Figueroa

Texto: Itzel Urieta

Fotografía: Oscar Guerrero

Chilpancingo

 

Abel Hernández Barrera tenía 19 años cuando despareció, el 29 de agosto del 2022. Trabajaba en una tienda de conveniencia; quedó de verse con su novia después de cumplir su jornada laboral.

Ambos fueron al bar La Malquerida, ubicado en el andador Emiliano Zapata, en el centro de la ciudad de Chilpancingo.

De acuerdo con testigos de ese bar se los llevaron y ya no se supo más de ellos.

Tiempo después, la novia de Abel apareció.

Abel y su madre Rosario Barrera participaban de manera activa en el colectivo de búsqueda de personas desaparecidas María Herrera desde el 2018, cuando desapareció su hermano Daniel, de 10 años.

El 30 de agosto del 2022, la cabeza de Abel fue hallada en el interior de una hielera en una calle de la colonia Eduardo Neri, en la zona poniente de Chilpancingo.

La Fiscalía General del Estado (FGE) inició las investigaciones. El 4 de marzo detuvieron a seis hombres y a una mujer como presuntos responsables de la desaparición y asesinato de Abel.

El resto del cadáver de Abel lo hallaron en una casa ubicada en una calle de la colonia Nicolás Bravo.

En primer plano, Gema Antúnez, presidenta del Colectivo Familiares en Búsqueda María Herrera y en segundo plano, un familiar de Abel Hernández Barrera, en conferencia de prensa hoy  en las instalaciones del SNRP de Chilpancingo.

La presidenta del Colectivo Familiares en Búsqueda María Herrera, Gema Antúnez Flores, en coferencia de prensa esta mañana, exigió a las auroridades que se aplique la ley y se castigue a los responsables.

Una de las personas detenidas por la desaparición y asesinato de Abel es Marisol Figueroa Núñez, hija de la activista por el caso Ayotzinapa, Marisela Núñez Trujillo, a quien se le conoce como la Tía Marchas.

Nuñez Trujillo, más reciente, ha realizado protestas en la capital para exigir la liberación de su hija a quien, según ella, fue torturada por los agentes de la Policía Ministerial.

Antúnez Flores llamó a asociaciones y organizaciones feministas a que no intervengan para que el caso sea aclarado. «Yo quiero creer en la justicia de Guerrero, les pido que se investigue y que si ellas son inocentes también tengan el tiempo de poner las pruebas de que son inocentes», comentó.

Este martes, la jueza de control, Yolanda Mora Silva, le dictó prisión preventiva a Marisol y a los otros seis de sus presuntos cómplices y dio de plazo 90 días para complementar las investigaciones y para el desahogo de más pruebas.

«Nosotros sólo estamos pidiendo justicia y no señalamos a nadie, somos respetuosos de lo que determinen las autoridades», agregó Antúnez Flores.

Integrantes del Colectivo Familiares en Búsqueda María Herrera de Chilpancingo durante una marcha por el andador Zapata el 30 de agosto pasado.

El largo camino hacia una vida nueva de una niña que no quiso ser mamá

A sus 13 años, Martina tuvo que irse de su pueblo, junto a su familia, para refundar su vida. Lo hizo después de quedar en embarazo, producto de una violación, y de decidir abortar para salvar su salud mental y física.

Texto: Rodrigo Soberanes / La Marea de México*

 

Martina no volvió a su pueblo, en Veracruz, México, de donde tuvo que salir para buscar interrumpir un embarazo, producto de una violación, que ponía en riesgo su vida. Tenía 13 años. En los Servicios de Salud le negaron la atención que necesitaba y se vio forzada a desplazarse, lejos de su casa.

“Tememos por la integridad de mi hija, que alguien la moleste, que sea señalada porque como es un lugar tan pequeño, se supo lo que había pasado. Todo tiene secuelas, nos queda temor a la sociedad”, contó Eli Martínez, mamá de Martina.

Son originarias de Teocelo, Veracruz, un estado donde fue aprobada una reforma en junio de 2021 que despenaliza el aborto durante el primer trimestre de embarazo y elimina el plazo en los casos de víctimas de violencia sexual, como sería cualquier niña con diagnóstico de embarazo.

Pero, como evidencian las cifras, aún no hay garantías para que las niñas víctimas de violencia sexual accedan a un aborto seguro y gratuito y esto significa que siguen expuestas a vivir la realidad de Martina y su familia.

De acuerdo con la Dirección General de Salud de Veracruz, 699 niñas, de entre 10 y 14 años, parieron en 2021. El 53 por ciento de ellas tuvo su primera consulta en alguna institución pública durante el primer trimestre de embarazo. Estaban a tiempo de ser atendidas de manera segura, pero por alguna razón, cientos de ellas siguieron con ese embarazo. En ese año el total de interrupciones realizadas por los Servicios de Salud fue de seis. Las demás niñas, o viven obligadas a ser mamás, o buscaron la interrupción por su cuenta fuera de Veracruz, como Martina.

En 2022, el año siguiente de la reforma, el panorama no cambió. De hecho, la cifra llegó a 747 casos de niñas que tuvieron que parir. De ellas, 376 fueron a su primera consulta dentro del primer trimestre de embarazo. El total de interrupciones en los servicios de salud en este año fue de seis también.

Es decir, en dos años y en el contexto de la despenalización del aborto, el Estado habría negado o hecho caso omiso a la restitución de los derechos de 1,446 niñas, que viven obligadas a ser mamás, sin contar las que resolvieron abortar por fuera del sistema de salud, que son casos que no entran en las cifras oficiales.

Todas son víctimas de agresión sexual porque son menores de edad, niñas como Martina, y no puede considerarse que sus relaciones sexuales sean consentidas. Así lo determinó la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en un fallo emitido en septiembre de 2021.

El primer trimestre del embarazo es cuando las condiciones son más favorables para que las niñas puedan someterse a la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE). La mayoría de las víctimas han logrado acudir al Estado durante ese término.

“Es muy preocupante porque esos números son de partos, de nacimientos que tuvieron su primera consulta en un momento importante donde hay menos riesgo”, dijo Adriana Fuentes Manzo, abogada de Equifonía, la organización que representó a Martina y la ayudó a interrumpir su embarazo lejos de Veracruz.

Con o sin reforma, el Estado no ha garantizado los derechos de las niñas que están dentro de esas cifras, salvo las 12 que sí fueron atendidas en 2021 y 2022. Se trata de un problema de salud pública que no solo se vive en Veracruz, o en los 31 estados más de México.

Las maternidades forzadas en niñas son una epidemia silenciosa que está golpeando fuertemente a la región. América Latina y el Caribe es la única región del mundo en donde los partos de niñas menores de 14 años siguen aumentando, como ha documentado el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE).

Se habla de que son embarazos que ponen en riesgo la vida porque, por ejemplo, una niña que queda en embarazo tiene cuatro veces más riesgo de presentar complicaciones que una mujer adulta. La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha establecido que de dos millones de niñas menores de 15 años que paren en el mundo, 70.000 de ellas mueren durante el embarazo, por algo tan sencillo como que el suelo pélvico no está preparado para llevar el embarazo y hay mayor riesgo de preeclampsia, que aumenta el riesgo de muerte.

Además, esta realidad tiene impactos más profundos. Un gran número de niñas del continente, a quienes se les ha forzado a mantener embarazos producto de violaciones, ha considerado quitarse la vida y algunas lo han hecho, porque no ven futuro posible.

Martina no quiere ir al colegio

Martina estudiaba la secundaria, pero un día no quiso volver al colegio. No quería nada. “La niña tuvo miedo de hablar con nosotros, no nos contó lo que estaba pasando”. Así fue hasta que presentó desmayos y la llevaron a una clínica donde les dieron la noticia. Entonces contó todo. Su agresor fue un tío que tenía 20 años.

“Nos comentó cómo sucedieron las cosas. Fue algo muy duro, muy difícil. No sabíamos qué hacer, mi esposo estaba muy alterado, yo en shock. Fue algo increíble”, narró Eli Martínez.

Denunciaron al agresor y eso les valió el rechazo de la familia. Se desbarataron acuerdos que tenían sobre su casa y la perdieron. Se les empezó a derrumbar todo lo que habían construido.

A Martina le negaron la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) dos veces. La primera porque el director de la clínica de Teocelo les recomendó que debía parir (se encontraba en la semana 15 del embarazo) y al mismo tiempo se negó a que se le atendiera, lo que puso en riesgo su vida.

“Hablamos con el director del Centro de Salud, pero no nos dio el apoyo. Nos decían que aquí no estaba permitido, que era un riesgo para mi hija y que lo más recomendable era seguir con el embarazo. De la Fiscalía vinieron a hablar con el director para apoyar la razón del riesgo para la salud (de seguir con el embarazo). Aun así, no nos quisieron apoyar”, dijo la mamá de Martina.

Las enfermeras que habían hecho el ultrasonido se acercaron por su cuenta a la familia y les dieron el contacto de Equifonía. Esa circunstancia fortuita definió el rumbo de la vida de Martina y su familia. Siguieron adelante con acompañamiento. La Fiscalía General de Justicia de Veracruz, que ya había iniciado una carpeta de investigación por la denuncia de violación, condujo a Martina al Hospital de Especialidades Médicas, que está en Xalapa, la capital de Veracruz.

En ese momento, el equipo de Equifonía pensaba que solo daría una asesoría a la familia, pero las cosas se complicaron. Llegó la segunda negativa: un doctor del Centro de Especialidades Médicas de Xalapa (capital de Veracruz) se declaró objetor de conciencia en un Comité de Bioética en el cual se decidió que Martina debía ser mamá, pese a que su vida estaba en riesgo.

Eso fue antes de la reforma, pero para entonces ya existían bases legales para que el Estado garantizara los derechos de esta niña de 13 años embarazada por un violador. Como la Norma 046 —que ya estaba vigente— y señala el derecho de las víctimas de violencia sexual y la Ley General y otras leyes estatales de víctimas que contemplan el aborto como un servicio de restitución de derechos, con lo cual podrían haber hecho una “interpretación amplia” en favor de la víctima.

El embarazo de Martina superaba las 12 semanas y los doctores decidieron no intervenir. “Volvieron a hacer lo mismo (que el primer doctor), no hicieron una interpretación amplia que podrían haber hecho para salvaguardar los derechos de la niña”, agregó la abogada Fuentes Manzo.

El hospital entregó un documento a Equifonía donde les informó que no podía realizar la interrupción porque tenía 15 semanas de embarazo. La representación legal de Martina esperaba que, si los sistemas de salud pública no podían dar solución, la enviaran a una instancia específica donde sí se pudiera. Pero tampoco sucedió.

“Esas sesiones médicas deberían ser a favor de ellas, garantizando su derecho a la salud. Son niñas víctimas de violencia sexual que no saben que están embarazadas y cuando se enteran superan las semanas. Martina es un caso concreto”, dijo la abogada Adriana Fuentes.

Para ella, la reforma penal de Veracruz “ha sido un logro” pero los Servicios de Salud no van a la par de ese logro, como lo muestran las cifras de 2021 y 2022. “Es la brecha de implementación lo que está fallando”, cree.

 Martina no quiere ser mamá

Durante el proceso, Martina, su mamá y su papá enfrentaron otro tipo de trabas, situaciones propiciadas desde los sistemas de salud que apuntaban a disuadirlos de su decisión. Las dudas acechaban a la familia. El papá, que en ese momento no tenía trabajo, “se entregó a la voluntad de Dios” y se resignó a que su hija continuara el embarazo. La mamá pugnó por seguir el proceso de interrupción.

Su caso es común, incluso, después de la despenalización del aborto en Veracruz. La mayoría de partos en niñas violentadas son precedidos de consultas durante el primer mes de embarazo. Los datos de los partos de niñas apuntan a que esas primeras consultas no están orientadas a restituirles sus derechos y a guiarlas a un aborto seguro y gratuito.

De hecho, en noviembre de 2021, con la reforma penal ya en vigor, esa organización recibió otro caso de una joven de 16 años que sufrió una violación en la calle y quedó embarazada. No conocía al agresor. Acudió a ellas y pidió que la canalizaran directamente a la Ciudad de México porque no quería que los Sistemas de Salud de Veracruz intentaran disuadirla.

“Dijo que desconfía de las instituciones, que no quiere que se le someta a Aborto Seguro porque después de las 20 semanas de gestación da la opción de dar en adopción, pese a que las mujeres ya tienen muy clara su decisión de abortar. Dar una consejería de adopción revictimiza. Eso es lo se busca evitar”, dijo Manzo.

Tenía 26 semanas de gestación y en Veracruz “no están capacitados en servicios de salud” para tomar un caso así. Es decir, no están capacitados para aplicar la reforma que despenalizó el aborto, como sucede en todo el continente latinoamericano, donde hay alguna ley parcial o total a favor de esta interrupción, en especial cuando se supera el primer trimestre de gestación.

 Rehacer la vida

“El acompañamiento nos abrió puertas, gracias a ellas conocimos lo que es la IVE y tomamos esa opción por mi hija, porque era muy chiquita y corría un riesgo de perder la vida por su corta edad, entonces sin pensarlo, optamos por esa opción”, narró Eli Martínez.

El caso fue derivado a Fondo María, que hizo un estudio socioeconómico y un plan para atenderlas: alquiler de vehículos, hospedajes, alimentación. Así inició un proceso que culminó con Martina sana.

Martina, su mamá y su papá no volvieron a vivir a Teocelo, un pueblo colonial, poblado por comerciantes, caficultores y artesanos, ubicado en una de las serranías de la zona centro de Veracruz. Intentaron volver, creyeron que podían retomar la vida como estaba antes, pero no pudieron y se fueron por esa carretera llena de curvas trazadas en bordes de acantilados que comunica con Xalapa.

—¿Cómo está Martina?

—Se recuperó bien, su cuerpo reaccionó bien, es una niña sana. Emocionalmente sí le afectó. Decidimos cambiar de residencia precisamente por la integridad de mi hija”.

—¿Hoy temen de algo?

—Temor a agresiones físicas, no. Pero sí tememos por la integridad de mi hija. Que alguien la moleste, por ejemplo, pero ella es muy valiente y madura y está sabiendo llevar las cosas muy bien. La metimos a terapias, hace deporte, tratamos de que siempre esté en actividades.

—¿Cómo es su vida ahora?

—Está tomando las cosas con calma, está en el último semestre de “prepa”, quiere tomar una carrera de medicina. Alejarnos le sentó muy bien.

—¿Tienen acompañamiento del Estado?

—Una beca para que estudie.

—¿Cómo va la familia?

—Tratamos de pasarla lo mejor que podamos porque sabemos que días pueden estar mal, días pueden estar bien. La experiencia que vivimos nos cambió la vida.

Martina se ve contenta cuando visita Teocelo, al menos eso cree su mamá. Hoy es una chica alta, de 18 años, que reconoce, con esa firmeza suya, a las personas que sí la ayudaron dentro de su comunidad. Está agradecida, “las recuerda mucho”. Pero se va. Siempre se va. Su vida está reconstruida lejos, en algún lugar del centro de México.

 

*#HablemosDelAborto es una conversación digital y periodística, entre México y Colombia,  que lucha en contra de la penalización social del aborto en América Latina y los efectos que deja en las mujeres, hombres trans y personas no binarias. Fue organizada por Mutante, en alianza con El Espectador en Colombia, y en colaboración con Lado B, Página 3, Istmo Press, Revista Espejo, Amapola Periodismo Transgresor, La Marea y Pie de Página, de México. Tuvo el apoyo del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE). Si busca más información, le invitamos a conversar en las redes sociales de los medios aliados.

Guerrero sin protocolos para practicar el aborto a casi un año de su despenalización

Colectivas ofrecen el acompañamiento a mujeres que deciden abortar, una responsabilidad de las instituciones

Texto: Margena de la O

Ilustración: Saúl Estrada

Chilpancingo

 

“En Guerrero puedes acceder a un aborto en los servicios de salud o desde casa”, es la frase que tiene fijada en su perfil de Facebook la Red Guerrerense por los Derechos de las Mujeres. La organización que aglutina diversos grupos de activistas ofrece asesoría y acompañamiento a las mujeres que desean abortar antes de las 12 semanas a través de tres números de teléfono.

El acompañamiento ofrecido por las activistas es relevante porque aun cuando en Guerrero las diputadas y los diputados locales despenalizaron el aborto desde el 17 de mayo del 2022, las instituciones de salud pública carecen de un protocolo para ofrecer el servicio.

Lo que sigue pendiente en Guerrero y en gran parte de México, es “la despenalización social” en relación al aborto, plantea la coordinadora de la Red, Ana Grabiela Candela Garzón, cuando explica la importancia y necesidad del acompañamiento que ofrece la colectiva.

Desde 14 de julio pasado, cuando comenzaron a brindar información y asesoría, hasta el cierre del 2022, habían acompañado a más de 100 mujeres que tomaron la decisión de abortar, informó Janiseli Renata González Moreno, otra de las integrantes de la Red pendiente del acompañamiento.

Lo iniciaron de manera pública en un contexto importante de reconocimiento de los derechos de las mujeres de Guerrero a decidir sobre sus cuerpos. Las diputadas y los diputados locales despenalizaron el aborto en “cumplimento también a la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y respuesta a la Alerta de Violencia contra las Mujeres por Agravio Comparado en Guerrero”, de acuerdo con lo que difundió el Congreso local el día de la aprobación.

La segunda alerta de género para Guerrero fue decretada el 5 de junio del 2020, por el agravio cometido contra las mujeres víctimas de abuso sexual a quienes les negaron el derecho de abortar establecido en el Código Penal Federal.

El Observatorio de Violencias contra las Mujeres Guerrero, una de las organizaciones de esta Red, la solicitó y después gestionó, mediante un cabildeo con diputadas de la bancada de Morena, la iniciativa, después ley, que quitó todos los candados jurídicos en Guerrero al aborto, informó la coordinadora, Viridiana Gutiérrez Sotelo.

Guerrero se convirtió en el noveno estado en despenalizar el aborto de las 32 entidades en el país. En total, 11 estados han despenalizado parcial o total el aborto en México hasta este momento. En el estado es legal antes de las 12 semanas.

A esta despenalización de aborto le suceden otras reformas secundarias, como ajustes a la Ley de Salud, para establecer el protocolo que garantice un servicio de salud de calidad.

La incitativa de modificación ya está en el Congreso local, pero aun falta la discusión al interior de la Comisión de Salud, y que sea tratada y votada en pleno por las diputadas y los diputados.

Gutiérrez Sotelo tiene la claridad que aun con estos pendientes no existe impedimento legal para que las mujeres tenga garantizado el derecho de abortar, porque se los garantiza el marco jurídico federal y local.

En este punto también coincide que María Luisa Garfias Marín, una activista feminista por los derechos de las mujeres que abrió brecha en Guerrero, al exponer que negar el aborto a un mujer en Guerrero no sólo es privarla de un servicio médico, “es violentar derechos humanos”, agrega quien ahora es integrante de la Red Guerrerense por los Derechos de las Mujeres.

Apremia porque las instituciones de salud pública en Guerrero construyan de manera urgente el protocolo de atención médica para las mujeres que deseen abortar.

“Como no hay una garantía de una atención de calidad y de calidez por eso se sigue dando el acompañamiento, porque se les han negado los servicios y, entonces, por eso las mujeres buscan a las colectivas para que les den el acompañamiento”, analiza Garfias Marín.

El acompañamiento que ofrece la Red privilegia y comprende el contexto de las mujeres. Candela Garzón expuso que llevan años haciéndolo, desde antes de la despenalización, amparadas en los lineamientos de la Organización Mundial de Salud.

La Red tiene disponibles tres números de teléfono celular para orientar a las mujeres que desean abortar, ya sea por llamada o mensajes: 7621057057 para la zona Norte, y 7472194211 y 7442576612 para el resto del estado o de cualquier otro lugar. Porque a estos números, dice la coordinadora, han llamado mujeres de otras partes de México, y hasta de Guatemala y El Salvador.

González Moreno mencionó al principio que la Red respalda el aborto autogestivo o aborto en casas, aun cuando su lucha más fuerte sea con toda una narrativa social y moral que le ha impregnado muchos tabúes.

A partir de este punto están los detalles del procedimiento que la Red Guerrerense por los Derechos de las Mujeres emplea para acompañar.

Primero conversan con las mujeres que se acercan con dudas y, después, intentan saber su contexto: edad, lugar de origen, si han tenido hijos o no, si se aplicaron alguna prueba y cuál fue o si hubo algún ultrasonido, si están o no con pareja y otros tantos datos que broten de una charla cálida, comprensiva.

La coordinadora de la Red aclara que el importante el contexto porque existe el prejuicio de que las mujeres que más abortan son jóvenes, solas casi como un prejuicio de irresponsabilidad, cuando no es un patrón. Les ha tocado acompañar a madres, con parejas estables o de muchos años.

Después les proporcionan la información asociada con el derecho de las mujeres abortar y la garantía que tienen de servicios médicos en instituciones de salud pública, porque es importante “devolverles al Estado su responsabilidad” en el tema, puntualiza Candela Garzón.

La Organización Mundial de la Salud avala medicamentos para la interrupción del embarazo de manera segura, efectiva y no invasiva, el misoprostol o el régimen combinado de mifepristona y misoprostol, con las dosis reglamentadas para la ingesta. Esta información la comparten las activistas para que las mujeres sepan que un aborto no siempre es un proceso quirúrgico e invasivo.

De tal manera que cuando las mujeres decidan acudir a un centro, clínica u hospital de salud pública sepan que el legrado no es la primera ni única opción.

Las integrantes de la Red creen que ahí radica el problema en los servicios de salud. “Cuando nosotras hacemos el acompañamiento lo que seguimos viendo es que a pesar de que tienen la información de que el aborto puede ser con medicamento o con procedimientos menos invasivos para el cuerpo de las mujeres, siguen privilegiando el legrado como una forma común de hacerlo, y eso es sumamente violento para las chicas”, explica Gutiérrez Sotelo, también integrante de la Red.

La penalización social es lo que más pesa en las mujeres; acudir a un hospital o clínica les resulta impensable. Muchas de las mujeres que han pedido información o acompañamiento a la Red, incluso hacen su primer contacto por mensajes, para guardar lo más posible su identidad, cuenta Candela Garzón.

Entonces, es cuando brindan el acompañamiento para un aborto autogestivo o aborto en casa.

Las activistas monitorean a las mujeres que lo dicen desde el horario de la toma de los medicamentos, las dosis que deben ingerir hasta sus síntomas, que pueden variar: cólicos, dolor abdominal, sangrado vaginal, sensación de vómito, algunas de diarrea. El cierre de esta fase es cuando las mujeres dejan de sangrar, es decir, terminan su proceso de aborto.

La fase final del monitoreo es al mes siguiente, cuando la mujeres recuperan su menstruación, pero no todas continúan hasta este punto.

“En la mayoría los casos son exitosos, sino es que todos, por una u otra situación, nada de gravedad, terminan el procedimiento, y al mes algunas nos cuentan ya me bajó, me sentí bien o algunas simplemente ya no más, desaparecen; también parte del acompañamiento no es saturarlas, ellas necesitan un espacio y lo sabemos”, dice Candela Garzón.

Pero lo que siempre ocurre es que las mujeres les recomiendan con otras.

En la misma Red hay colectivas que acompañan a mujeres de sus entornos para el proceso de aborto, como la Red Feminista de Acapulco Revolución Violeta, asentada en el puerto, o las integrantes de la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos en Mexico (ddeser), a través de Marea Verde, establecidas en Tlapa, a quienes también las han contactado mujeres de otras regiones o estados.

Lo cierto es que todas estas campañas y servicios que brindan las colectivas son un responsabilidad de Estado, que las instituciones aún no asumen.

 

La Red Guerrerense por los Derechos de las Mujeres acompañó de manera política el caso de Aurelia García Cruceño, la mujer nahua que estuvo encarcelada por una emergencia obstétrica, en plena discusión por la despenalización total del aborto en Guerrero.

La Comisión Nacional de Búsqueda calcula que tomará nueve años implementar su programa

La comisión finalmente hizo público su Programa Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas. Estima que se requieren cuatro fases distribuidas en nueve años para implementar acciones, desde la preparación hasta la evaluación de resultados.

Texto: Marcela Nochebuena / Animal Político 

Fotografía: Oscar Guerrero / Archivo

 

El Programa Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas y No Localizadas (PNBP), que la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) adeudaba desde 2018, propone nueve ejes de intervención principalmente relacionados con la regionalización, las herramientas tecnológicas y el enfoque masivo para la identificación de personas desaparecidas, y plantea que sean implementados en un plazo de nueve años.

Ante el diagnóstico de un contexto amplio y heterogéneo, víctimas en situación de vulnerabilidad, la crisis forense y el escenario de desaparición como las principales problemáticas asociadas al fenómeno de desaparición de personas en México, que suman más de 112 mil, la CNB calcula que se requieren cuatro fases de implementación para las medidas que propone: un año de preparación, del segundo al tercero para la ejecución de líneas de acción y fortalecimiento institucional, del cuarto al sexto para la atención e intervención centrada en personas, y del séptimo al noveno para evaluar la intervención y los resultados.

Además de la dimensión de la problemática por la cifra de personas desaparecidas y la crisis forense, la CNB reconoce como problemas específicos la falta de debida diligencia en la atención oportuna a desapariciones; la falta de coordinación interinstitucional efectiva para dar respuesta inmediata; la debilidad institucional de instancias de búsqueda, investigación y servicios forenses; la ausencia de mecanismos y procedimientos efectivos para rendición de cuentas, y la ineficiencia de la persecución penal para garantizar la no repetición.

En el aspecto sociohistórico, el documento identifica dos momentos críticos: el primero, conocido como “guerra sucia” —entre 1964 y 1985—, donde se utilizó la desaparición como un medio para disolver a la oposición política, y el segundo, la ola de violencia derivada de la estrategia de la “guerra contra el narcotráfico”, iniciado en 2006 y con impactos hasta la fecha. A este último corresponde el 83% de las desapariciones concentradas en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO).

De la misma manera, aclara que aunque prevalece un alto número de desapariciones en el país, los distintos registros y bases de datos reflejan discrepancias con la realidad actual. Hasta el momento, según el registro oficial, 112 mil 287 personas continúan desaparecidas o no localizadas. El 74.46% son hombres y el 24.87% mujeres, más un 0.67% que no está determinado.

El programa reconoce que hay sectores de la población que son afectados de manera diferenciada, debido a la desigualdad, la discriminación estructural, el sexismo y el racismo, entre otros factores. En tanto, el Estado de México, Jalisco, Tamaulipas, Guanajuato y Nuevo León se destacan con registros por arriba de las 12 mil personas desaparecidas o no localizadas. En 21 estados, los hombres desaparecen en mayor proporción; sin embargo, en 11 la desaparición de mujeres es más elevada, lo cual puede agudizarse por otras violencias de género asociadas.

Respecto de la crisis forense, el documento revela que apenas el 4.5% del presupuesto de las instituciones de procuración de justicia se dirige a los servicios periciales y médicos forenses. A esto se suma la carencia de registros útiles para la identificación de personas localizadas sin vida. En el caso de cinco estados, sus instituciones de procuración de justicia no destinan ni el 1% del presupuesto a estos servicios: Coahuila, Jalisco, Nuevo León, Quintana Roo y Tlaxcala.

Los objetivos a un plazo de nuevo años

Según el documento publicado por la CNB, el propósito principal del programa, si se cumplen las acciones y los objetivos estratégicos que plantea, es que en México las víctimas de desaparición, no localización y sus familias reciban una respuesta adecuada, inmediata y efectiva del Estado para garantizar la búsqueda, localización e identificación, así como el acceso a la justicia y la verdad.

Entre sus objetivos principales plantea homologar y garantizar el intercambio, la disponibilidad y la consistencia de los datos relativos a personas desaparecidas o no localizadas. Por otro lado, pretende que el PNBP siente las bases para que las acciones del Programa Nacional de Exhumaciones e Identificación Forense se desarrollen en condiciones de menor rezago.

Esto se logrará —se plantea— mediante las líneas de acción encaminadas a la recolección de registros de ADN de familiares de personas desaparecidas, así como a sumar a la despresurización de los espacios de servicios periciales y procuración de justicia que tienen recursos limitados e insuficientes para la identificación de personas sin vida, dentro de los que pueden estar personas desaparecidas, principalmente mediante la coordinación con el Centro Nacional de Identificación Humana (CNIH).

El programa subraya que está pendiente el Programa Nacional de Exhumaciones e Identificación Forense (PNEIF), a cargo de la FGR, de acuerdo con la Ley General en la materia, que debería identificar aquellos cadáveres inhumados sin identidad, a través de exhumaciones planificadas, programadas y controladas, así como la recuperación y el análisis de indicios que permitan establecer una hipótesis de identidad y, en su caso, la notificación y entrega a sus familias.

Por ello, plantea que las acciones de identificación con enfoque masivo que lleva a cabo el CNIH, de personas fallecidas que se encuentran en instancias forenses, fosas comunes y sitios de inhumación clandestina, tendrán el propósito de apoyar a las instituciones de procuración de justicia en los procesos de identificación que requieren de disciplinas forenses para facilitar las condiciones para que se ponga en marcha el programa de exhumaciones.

En su implementación, el PNBP determina que prevé la participación de las familias de personas desaparecidas o no localizadas, así como de otros actores de la sociedad, que, asegura el documento, han sido parte de la política nacional de búsqueda de personas desaparecidas.

 

Este texto fue elaborado por el equipo de Animal Político y lo reproducimos con su autorización.

Analizará Congreso iniciativa que tipifica terapias que forzan conversión sexual

Texto: Itzel Urieta

Fotografía: Amílcar Juárez (Archivo)

15 de marzo del 2023

Chilpancingo

 

Al Congreso del estado llegó una iniciativa para tipificar como delito en el Código Penal del Estado de Guerrero las terapias de conversión, concebidas para cambiar por la fuerza la orientación sexual de una persona.

Con esta iniciativa pretenden que cualquier persona que la realice o promueva sea castigada con cárcel.

De acuerdo con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidad para los Derechos Humanos, el término terapias de conversión abarca intervenciones que tienen por finalidad cambiar la orientación sexual de una persona o su identidad de género.

“Sus promotores afirman que estas terapias pueden transformar a las personas gays, lesbianas o bisexuales en heterosexuales, y a las personas trans o de género diverso/diferente a cisgénero, lo que significa que la identidad de género corresponde al sexo asignado al nacer”.

Durante la sesión de ayer, la Mesa Directiva del Congreso local notificó al pleno que la gobernadora Evelyn Salgado Pineda envió un paquete de iniciativas y adiciones a diversas leyes estatales, una de ellas para tipificar como delito las terapias de conversión.

La Mesa Directiva no dio lectura a la iniciativa, sólo informó que al momento de recibirlas, el pasado 10 de marzo, fueron turnadas a comisiones.

La diputada y secretaria de la Comisión de Justicia, la morenista Beatriz Mojica Morga, dijo en entrevista que todavía desconocía los términos de la iniciativa, porque aún no les hacían llegar el texto de la propuesta.

El activista por los derechos de las poblaciones LGBTI+, Efraín de Jesús Arroyo, dijo que los colectivos desconocen los términos de la propuesta de reforma, pero la consideró importante para sus derechos.

«Realmente nadie del colectivo tenía conocimiento de esta iniciativa, pero nos da mucho gusto que se esté presentando. Vamos a estar pendientes para ver cómo va», mencionó en entrevista.

Expuso que aún cuando de manera pública se desconozcan casos de personas o lugares en los que se realizan terapias de conversión, no es muestra de inexistencia.

«Sí existen, la mayoría de estos casos suceden en las familias conservadores y lo primero que hacen (es) obligarlos a trabajar en un lugar rudo o meterlos a algunas iglesias o alguna religión, donde empiezan estas terapias y a curarlos supuestamente, y es algo triste y lamentable», mencionó de Jesús Arroyo.

En un informe de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos definen tres tipos principales de terapias de conversión.

La primera es la intervención psicoterapéutica, basada en la creencia de que la diversidad sexual o de género tiene su origen en una crianza o experiencia anormal. La segunda son las prácticas médicas, basadas en la teoría que considera que la diversidad sexual o de género es una disfunción biológica inherente. La tercera que son las intervenciones basadas en la fe, que actúan bajo la premisa de que hay algo «intrínsecamente maligno» en la orientación o identidad de género diversas.

Algunos de los abusos de los que tiene registro la ONU van desde los físicos, psicológicos y sexuales, así como la electrocución, la medicación forzada, el aislamiento, el confinamiento, las injurias y la humillación para tratar de obtener la conversión.

Desde hace varios años, a nivel nacional e internacional hay un movimiento para tipificar como delito dichas terapias, incluso la ONU ya emitió una recomendación a nivel internacional para evitar este tipo de tratamientos.

Aspectos de la marcha del orgullo en Chilpancingo ocurrida el pasado  junio del 2022. Foto: Amílcar Juárez (Archivo Amapola)

 

Aurelia, la indígena que pasó 1.140 días presa por una emergencia obstétrica

Tras el acompañamiento político y jurídico que recibió de varias organizaciones de mujeres y derechos humanos en Guerrero, recuperó su libertad en diciembre de 2022. Un caso que destapó el racismo y la misoginia de la justicia, en plena discusión sobre la despenalización del aborto en este estado, al suroeste de México. Detalles desconocidos de su vida y proceso.

 Texto: Margena de la O 

Ilustración: Alejandra Balaguera

 

El dolor es intenso y va del abdomen bajo a la zona lumbar. La tumba a la cama. Un torrente precipitado baja por su útero, con la fuerza de un alud. Con el sangrado, expulsa una masa corporal que desconocía. Está asustada y débil. Nadie más está en casa. Ni sus primos, ni su tía. Camina hasta la cocina y con un cuchillo común corta el cordón umbilical como puede. Deja el pequeño cuerpo sin vida en una caja de zapatos. Se desvanece. Es 1 de octubre de 2019.

Aurelia García Cruceño llegó a la casa de su tía Lucía Palazin, en Iguala, hace cuatro meses. Ella aceptó recibirla a cambio de que le ayudara en las tareas domésticas: limpiar la casa y preparar las comidas. Aurelia no hablaba español, pero deseaba por encima de todo salir de su pueblo, Xochicalco, una comunidad nahua de Chilapa, de 360 habitantes, en el estado Guerrero, al sureste de México. Tiene 19 años, nunca había estado embarazada. Mide menos de metro y medio. Su lengua materna es el náhuatl. Estudió hasta la Secundaria. Su intención era escapar del último hombre que la agredió sexualmente, una autoridad comunitaria de su pueblo.

De niña fue violentada sexualmente por un hombre de su círculo familiar. Siempre escuchó que a las mujeres que quedaban embarazadas antes del matrimonio las quemaban vivas. Cuando sospechó que ese era su caso, pidió orientación en la Casa de Salud, pero se la negaron. Entonces, tomó todos los tés y brebajes que le dijeron para estos posibles casos; olvidó lo sucedido, recogió sus cosas y salió de su pueblo.

Esa noche del 1 de octubre de 2019, en Iguala, Aurelia se desangraba cuando llegaron sus familiares a casa. Sus signos vitales eran muy débiles, según el paramédico Jason Muñoz, que la vio a media noche. Por eso pidieron una ambulancia y la llevaron al Hospital General Dr. Jorge Soberón Acevedo. Sus familiares no salían de su sorpresa. Días atrás, Aurelia solo tenía cólicos menstruales y la tía le dio unas pastillas antiinflamatorias para aliviar el dolor. Le dijo que si seguía con el dolor irían a un hospital. ¿De dónde pudo salir ese pequeño cuerpo si Aurelia era tan delgada?, se preguntaron.

En la madrugada del 2 de octubre de 2019, cuando Aurelia retomó la conciencia, se vio esposada a la cama hospitalaria. No entendía nada. Seguía un poco anestesiada del legrado que le hicieron para retirar los residuos de la placenta en el útero. El personal del hospital llamó a los agentes de la Fiscalía General del Estado (FGE) y trasladaron a una cárcel mixta a los dos días (4 de octubre) sin que le dieran el alta del hospital. La acusaron, supuestamente, de matar a su hijo, de cerca de ocho meses de gestación, y la condenaron, el 8 de julio de 2021, a trece años y cuatro meses de reclusión.

Aurelia narró a la abogada Verónica Garzón Bonetti, con mucha dificultad, los hechos que recordó de esa noche y madrugada que le cambiaron la vida, durante un acompañamiento psicológico y jurídico de preparación para enfrentar el delito que le endilgaban: homicidio en razón de parentesco.

El encierro

 El cuarto es pequeño. La voz de Aurelia es casi inaudible. Se le ve triste. Se encorva y baja la mirada para musitar alguna palabra. Es 4 de marzo de 2022. Las activistas de la Red Guerrerense por los Derechos de las Mujeres, una colectiva integrada por diversas organizaciones de mujeres de Guerrero, visitan a Aurelia por primera vez en el Centro de Readaptación Social de Iguala. Desde ese día, no la dejaron sola. La acompañaron en la intimidad del penal y dieron a conocer su caso en la opinión pública.

A la par, las abogadas del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democráticos (IMDHD), Ximena Ugarte y Verónica Garzón Bonetti, decidieron llevar su defensa en el terreno legal. Lucía, la tía de Aurelia, buscó a Garzón Bonetti por su reconocida lucha por los derechos humanos de las mujeres.

En esos encuentros, que se extendieron durante todo el 2022, Aurelia les contó de a poco, como las pausadas gotas de un proceso de destilación, que extrañaba mucho a su mamá y a su papá, Agustina Cruceño y Alberto García. Les dijo que anhelaba, algún día, poder construirles una casa. Con el poco español que había aprendido, narró que adentro de la cárcel solía escuchar la radio, que veía algunas series de televisión, y que compartía celda con una mujer que tenía un niño pequeño con el que jugaba a menudo y con otra, que era mayor que ella. Explicó que trabajaba en un puesto de aguas frescas dentro del penal, pero que su deseo era estudiar y convertirse en maestra. También, que adentro estaba Mayra Onofre, recluida por el mismo delito, homicidio en razón de parentesco.

Los primeros abogados que tuvo Aurelia la llevaron a aceptar un proceso penal abreviado. Es decir, un proceso que termina de manera anticipada con una sentencia condenatoria. Por eso, cuando las abogadas Ximena Ugarte y Verónica Garzón tomaron el caso, apelaron la sentencia y pidieron a la justicia que le permitiera a Aurelia defender su inocencia en un juicio oral. El 17 de enero de 2022, la magistrada Indalecia Pacheco León les dio la razón, revirtió la sentencia condenatoria y repuso el procedimiento judicial, por las graves violaciones a los derechos humanos que identificó en el procedimiento.

Para el IMDHD, la magistrada reconoció que Aurelia “fue juzgada por un sistema jurídico al que ella no pertenece y cuyas reglas no comprende. Y en el camino, además, sufrió discriminación por ser mujer, por ser indígena, por ser migrante y por encontrarse en situación de pobreza”. Para ese momento, además, Aurelia ya había pasado presa dos años y dos meses. Por eso, las abogadas pidieron al juzgado que le permitiera enfrentar el proceso en libertad, ya que había superado el tiempo máximo de reclusión preventiva (dos años) que establece la Constitución Política Mexicana, no tenía antecedentes penales y no representaba ningún riesgo para la sociedad.

En cambio, estar privada de su libertad sí podía ser peligroso para ella, porque estaba en un centro penitenciario mixto, donde no era efectiva la separación entre hombres y mujeres, y existía un riesgo muy alto de que Aurelia volviera a vivir una agresión sexual. La audiencia para revocar la medida carcelaria se dio el 20 de julio del 2022. La jueza encargada del caso, Mariela Alfaro Zapata, negó la propuesta y aseveró que Aurelia sí era un peligro social, por el crimen que se le endilgaba y porque “si es tan pobre como dicen —les dijo a las abogadas—, ¿quién va a garantizar que va a poder pagar su transporte para venir acá?”.

Según la defensa de Aurelia, para ese momento ya era claro que la jueza culpaba de forma anticipada a Aurelia y daba por cierta la teoría de la Fiscalía General del Estado. Entre otras supuestas pruebas, la Fiscalía tenía una declaración ministerial de la tía de Aurelia en la que decía que la señora había denunciado a su sobrina. Pero después se descubrió que se trató de una declaración que Lucía Palazin dio en español, sin abogado ni intérprete, porque su idioma natal también es el náhuatl. Los servidores públicos ministeriales la escribieron y le pidieron a la tía que la firmara. Ella confió y lo hizo sin leer el documento. Así lo manifestó ella misma en la audiencia, ante la jueza Alfaro Zapata.

Las abogadas de Aurelia sostuvieron que la tía solo recibió órdenes del personal de la Fiscalía, como cuando le pidieron que condujera a unos policías ministeriales a su casa para hacer diligencias después del parto fortuito de Aurelia. Lucía creyó que eso era parte del procedimiento. La defensa también demostró que el dictamen forense del feto que presentó la Fiscalía era inconsistente porque no probaba que las lesiones que tenía fueran posteriores a la emergencia obstétrica que tuvo Aurelia. También dijeron que la prueba que utilizó esta entidad, para aseverar que el feto nació con vida, estaba revaluada por la comunidad científica, por su alto margen de error en esa interpretación.

En la hipótesis de la Fiscalía nunca fueron importantes los abusos sexuales que padeció Aurelia desde la infancia, ni la violencia sicológica y falta de oportunidades que tuvo a lo largo de su vida, ni la última agresión sexual por la que quedó embarazada en 2019, ni la falta de asistencia y orientación médica para interrumpir ese embarazo en semanas tempranas al ser un caso de violación, como establecía para esa fecha el Código Penal Federal.

Durante el juicio oral, los comentarios de la jueza demostraron, rápidamente, de qué lado estaba: «cómo una mujer no va a saber que está embarazada», dijo una vez, «obviamente era su bebé», soltó en otro momento. El juicio corrió al tiempo que los medios de comunicación, estatales y nacionales, informaban lo que pasaba.

La estrategia mediática y política la abanderó la Red Guerrerense por los Derechos de las Mujeres. El caso resonó, incluso, en la conferencia matutina del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, en el Palacio Nacional de Ciudad de México. “Tenemos buena relación con el Poder Judicial. Cuando hay estos temas se escucha nuestro planteamiento”, dijo López Obrador, en favor de Aurelia.

La última audiencia del juicio oral de Aurelia fue el 20 de diciembre del 2022. Al final, la jueza Alfaro Zapata dictó su libertad porque, según ella, la Fiscalía no reunió suficientes pruebas para determinar que las lesiones que tenía el feto fueran provocadas por Aurelia. Un tecnicismo jurídico que, según sus abogadas, estuvo lejos de reconocer los derechos vulnerados de esta joven nahua y la importancia de que el Poder Judicial se actualice y garantice una justicia con perspectiva intercultural y de género en casos similares. Casos como el de Mayra Onofre, a quien Aurelia conoció en la cárcel de Iguala y sigue privada de su libertad.

La misma Aurelia tiene pocas certezas después de su liberación, porque la Fiscalía General del Estado, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y la Procuraduría de Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (que depende del Sistema para el Desarrollo Integral de las Familias en Guerrero) apelaron la sentencia absolutoria de Aurelia. Sus argumentos para pedir que la condenen la invisibilizan como víctima de una cadena de violencias y refuerzan que su vida importa menos que el feto que expulsó.

La imagen corresponde al día en que Aurelia fue liberada. Foto: Red Guerrerense por los Derechos de las Mujeres.

*  *  *

 La historia de Aurelia permitió entender por qué muchas mujeres como ella no accedían a un aborto seguro en Guerrero, aun cuando fueran víctimas de abuso sexual. El Código Penal del Estado de Guerrero establecía que el acceso a este servicio médico se permitiría en casos de agresión sexual, pero solo hasta que un agente del Ministerio Público o un juez lo autorizara. Es decir, las mujeres víctimas tenían que someterse al escrutinio de un servidor público para acceder a un derecho que ya garantizaba la Legislación Federal.

En la práctica, las mujeres buscaban ayuda en los centros de Salud Pública y les negaban la atención, como le pasó a Aurelia. Las integrantes del Observatorio de Violencias contra las Mujeres de Guerrero ya tenían documentado el problema cuando hicieron público el caso de Aurelia.

La coordinadora del Observatorio, Viridiana Gutiérrez Sotelo, detectó decenas de casos de mujeres, entre los 13 y 16 años, a quienes se les impidió abortar, aun cuando sufrieron agresiones sexuales siendo menores de edad.

Por esa razón, las integrantes del Observatorio pidieron que la Secretaría de la Gobernación de Guerrero decretara una segunda alerta de género que subsanara el problema. La Secretaría la aceptó el 5 de junio de 2020 y pidió al Poder Ejecutivo de Guerrero que cumpliera con 14 medidas reparadoras para que esa situación no se repitiera más.

A la fecha, de las catorce medidas solicitadas, solo ha cumplido una, y más por la incidencia política que realizaron las colectivas feministas: el 17 de mayo de 2022, el Congreso de Guerrero despenalizó totalmente el aborto antes de las 12 semanas de gestación. El parlamento argumentó que fue una respuesta a la alerta de género mencionada. Guerrero fue el noveno estado en hacerlo, de los 32 que existen en México. En total, once estados han despenalizado parcial o totalmente el aborto en este país.

Sin embargo, aun con la despenalización, en Guerrero todavía no hay garantías para acceder a abortos seguros y gratuitos, porque siguen pendientes algunas reformas a las leyes de Salud y al Código Penal del Estado. Las activistas feministas Jesica Estévez Ojendiz y Lourdes Juárez Díaz creen que aún falta un largo camino legislativo y constitucional, además, de la necesaria capacitación y formación del personal médico.

La libertad

 Es 20 de diciembre de 2022. Son las 9:20 de la noche. Aurelia camina hacia la entrada del Palacio Judicial de Iguala, acompañada de su madre y padre. Cruza las rejas de la fachada. Está libre. Sonríe. Se lleva la palma de la mano a la boca. La baja y vuelve a sonreír. Los ojos le brillan. Las mujeres que la esperan desde la tarde le expresan su apoyo con un grito de guerra: “¡Aurelia, hermana, aquí está tu manada!”. La mayoría son integrantes de la Red Guerrerense por los Derechos de las Mujeres.

Varios reporteros la aguardan. Horas antes, Aurelia le había dicho a las abogadas y a las activistas que no hablaría con nadie. “Muchas gracias por apoyarme, por defenderme y estar con mis papás. Me sentía triste por ellos, ya los quería ver, pero me hice fuerte para salir adelante”, le dice al primero que le acerca un micrófono, ante la sorpresa de la comitiva.

La emoción le cimbra el pecho. Respira agitada. “Me siento muy feliz, no lo puedo creer. Me siento muy feliz”, suelta cuando otra reportera le pregunta cómo se siente. A otros les dice que, ahora en libertad, quiere estudiar y cumplir su sueño de ser maestra. Ana Grabiela Candela Garzón, la coordinadora de la Red, la escucha y la desconoce. No es la misma Aurelia que conoció el 4 de marzo del 2022 en el penal de Iguala, pero está feliz de ver a la nueva Aurelia.

*  *  *

Tan pronto recuperó su libertad, Aurelia, ahora, con 23 años, tuvo que irse, junto a su madre y padre, a trabajar como jornalera en los campos agrícolas del norte del país. Su sueño de ser maestra sigue aplazado.

 

#HablemosDelAborto es una conversación digital y periodística, entre México y Colombia,  que lucha en contra de la penalización social del aborto en América Latina y los efectos que deja en las mujeres, hombres trans y personas no binarias. Fue organizada por Mutante, en alianza con El Espectador en Colombia, y en colaboración con Lado B, Página 3, Istmo Press, Revista Espejo, Amapola Periodismo Transgresor, La Marea y Pie de Página, de México. Tuvo el apoyo del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE). Si busca más información, le invitamos a conversar en las redes sociales de los medios aliados.

Por el delito de homicidio dictan prisión preventiva a Marisol, hija de activista

Texto: Itzel Urieta

Fotografía: José Luis de La Cruz / Archivo

Chilpancingo

 

En una audiencia que duró varias horas, la jueza de control, Yolanda Mora Silva, dictó prisión preventiva por el delito de homicidio a Marisol Figueroa Núñez, hija de la activista Marisela Núñez Trujillo.

Figueroa Núñez permanecerá detenida tres meses, tiempo en que desahogarán más pruebas por el delito que se le imputa.

Entrevistada vía telefónica, Núñez Trujillo denunció que la Fiscalía General del Estado (FGE), a través de pruebas y declaraciones falsas, pretenden culpar a su hija de participar en actividades delictivas asociada a grupos criminales que operan en la zona.

Marisol Figueroa fue detenida el 2 de marzo por policías ministeriales en el centro de Chilpancingo; la detención fue ejecutada sin una orden judicial, la subieron a una camioneta oficial y se la llevaron, denunció la madre.

Estuvo desaparecida cinco días, tiempo en el que los policías ministeriales la llevaron a una casa donde había una excavación de fosas clandestinas, en el que hallaron a un hombre decapitado.

«Querían que mi hija (Marisol) culpara a un hombre, conocido como El Gordo Mata, de ser el que decapitó al cadáver, pero ella no sabe nada ni tiene nada que ver con esas personas», mencionó Núñez Trujillo, quien es conocida por participar en las protestas en reclamo de la aparición con vida de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

Al negarse, Marisol fue trasladada a los separos de la FGE, donde estuvo incomunicada hasta que su madre la halló y comenzó el procedimiento para su liberación inmediata.

«Entro (a los separos) y veo que está golpeada y me dijo que la dieron en la cara con un arma, le quitaron todas su pertenencias y la querían acusar primero de venta de drogas, luego de agredir a una policía ministerial y, luego, de ser parte de un grupo criminal», contó Núñez Trujillo.

Al no comprobarle ninguna de esas acusaciones, dijo, sólo pagaron una fianza y liberaron a Marisol, «pero ya íbamos en la salida de la Fiscalía cuando nos detienen y nos dicen que tiene una orden de aprehensión, que la van a detener y le van a leer sus derechos».

La activista dijo que ella les respondió: «Qué derechos va a tener, si aquí se los están violando todos».

Expuso que pretenden implicar a su hija en un delito que ocurrió en agosto del 2022, sostenido en declaraciones falsas y en señalamientos de testigos que no tienen nombres en la carpeta de investigación.

Marisol es acusada de estar con un grupo de personas que en agosto de 2022 salieron de un bar de la calle Valerio Trujano, en el centro de Chilpancingo, con una hielera que cargaba una mujer, en la que transportaban una cabeza humana que, se supone, un testigo vio que se les cayó y rodó la cabeza.

La persona que contó la supuesta escena de la hielera, de acuerdo con Núñez Trujillo, habría reconocido a ese grupo de personas como ladrones de autos, porque el testigo es ojalatero y a él, aparentemente, le llevaban a reparar los autos.

«Pero en la carpeta de investigación ese testigo no tiene nombre, no tiene nada, y eso se lo hice saber al nuestro abogado de oficio», contó la madre.

Existe otra declaración, dijo, de una menor de edad, también sin nombre, que aseguraba que vio la hielera y a un grupo de personas que «actuaban de manera sospechosa».

Por ambas declaraciones, denunció la activista, están detenidas o juzgadas otras nueve personas.

La madre de Marisol contó que la jueza que lleva el caso determinó una prorroga de tres meses para recabar más pruebas y emitir un fallo. Agregó que tiene esperanza de que su hija salga en libertad.

 

En remolques reciben clases provisionales alumnos de la primaria Rafael Ramírez 

Texto: José Miguel Sánchez

Fotografía: Oscar Guerrero

Chilpancingo

 

Más de 200 alumnos reciben clases desde octubre del 2021 en remolques como aulas provisionales por donde se filtra el sol, porque el gobierno del estado no les garantiza la reconstrucción de su plantel afectado por fenómenos naturales desde el 2013.

El plantel presentó daños de humedad derivado del huracán Ingrid y la tormenta tropical Manuel, y desde entonces los directivos fueron advertidos del riesgo que implicaba impartir clases en el inmueble, ubicado en la colonia San Rafael, al norte de Chilpancingo.

Con los sismos de 2017 y 2019 su situación se agravó, hubo desprendimiento de ladera y el inmueble presentó cuarteaduras que aumentó el riesgo de seguir ahí.

Hasta el 2020, la Escuela Primaria Rafael Ramírez tuvo una matrícula de 400 alumnos, porque las clases fueron virtuales dado el confinamiento por la pandemia de Covid-19.

Para la reactivación del formato presencial, después de que fueron levantadas las medidas sanitarias, las alumnas y los alumnos no tenían dónde asistir.

La solución que halló la Secretaría de Educación Guerrero (SEG) fue improvisar seis aulas en bases de camiones de carga en desuso, instaladas en una cancha de futbol rápido, en un rincón del Centro Deportivo de la colonia Galeana, también ubicado al norte de la Ciudad.

Las madres y los padres de familia decidieron cambiar a sus hijos de escuela y la matrícula se redujo a la mitad; los que se quedaron, desde el 20 de octubre del 2021, comenzaron a recibir clases en el espacio improvisado, donde también han adaptado algunas lonas para espacios de clases.

«Al mediodía sufrimos mucho por el calor», mencionó una alumna de la escuela que cursa el sexto año.

La estudiante dijo que se siente insegura por las instalaciones. «A veces no quiero venir porque me siento incómoda”, agregó.

Para ingresar a las aulas móviles tienen que subir cinco escalones metálicos, porque no están al nivel del piso. Las aulas están en los remolques, es decir, una plataforma sobre llantas.

Para proteger o dar algo de seguridad a la escuela improvisada, el personal colocó una malla alrededor de las aulas,  pero resulta insuficiente.

En el plantel provisional tampoco hay baños. Las niñas y los niños cruzan todo el deportivo; salen del espacio delimitado de las aulas y caminan un tramo hasta llegar a los baños públicos de las canchas.

Es travesía pone en riesgo a los alumnos porque no es un espacio vigilado. «Ya por eso los padres decidieron venir a hacer guardias para cuidar a sus hijos y estar pendientes de las salidas al baño y del perímetro de la escuela», mencionó un maestro del plantel, Miguel Ángel Ventura Ramos.

Después de varios meses de protestas por parte de maestros y madres y padres de familia, y de varias reuniones con funcionarios municipales lograron que el Ayuntamiento de Chilpancingo les donara un predio para la construcción de la primaria.

Hoy en una reunión el síndico procurador, Andrei Marmolejo Valle, comprometió a la administración municipal a donarles un predio propiedad del municipio conocido como La Bloquera, un espacio abandonado desde hace varios años, está ubicado frente al aeropuerto de Chilpancingo, al norte de la capital.

Ventura Ramos denunció que aún falta el compromiso del gobierno estatal para comenzar los trabajos de construcción.

«El ayuntamiento se deslindó y dijo que ya cumplió, que ahora tendremos que sentarnos con la SEG y el IGIFE (Instituto Guerrerense para la Infraestructura Física Educativa) para que nos garanticen que lo más pronto posible comience la construcción», dijo Ventura Ramos.

«Nosotros queremos que así como la gobernadora (Evelyn Salgado Pineda) y la alcaldesa (Norma Otilia Hernández Martínez) diario suben en sus redes que están en las comunidades, así vengan y nos digan ya mañana colocamos la primera piedra para la escuela que, finalmente, es para la educación, no es para nosotros», agregó.

Hasta esta tarde la SEG y el IGIFE siguen sin acercarse a los directivos del plantel, denunció el mismo personal que comenzó movilizaciones el 20 de enero pasado en reclamo de la construcción del plantel.

El director del plantel, David Catalán Pérez, informó que mañana llevará un oficio al IGIFE para comenzar la solicitud de construcción, «porque ahora sí ya tenemos terreno».

Exigen liberación de Marisol Figueroa, joven detenida de manera extrajudicial

Texto: Itzel Urieta

Fotografía: Oscar Guerrero

Chilpancingo

 

Durante la audiencia para determinar la situación jurídica de la joven Marisol Figueroa Núñez, detenida de manera extra judicial por policías ministeriales el pasado 2 de marzo, activistas feministas y defensoras de derechos humanos protestaron afuera de Ciudad Judicial para exigir su liberación.

En el mitin, ocurrido en la entrada principal de Ciudad Judicial, en Chilpancingo, al que asistieron integrantes de diversas asociaciones feministas, exigieron la liberación inmediata de Marisol, por considerar que le fueron violados sus derechos humanos y la presunción de inocencia.

«Exigimos que se cumpla el protocolo de Estambul, la compañera fue torturada, fue levantada extrajudicialmente y debe ser liberada de inmediato porque fue violado todo procedimiento en su detención», dijo la activista feminista Aracely Osorio, madre de Lesvy Berlín Rivera Osorio, víctima de feminicidio.

Las activistas mencionaron que durante su detención fueron violados diversos procedimientos y derechos humanos.

Además explicaron que no había motivo para que la Policía Ministerial detuviera a Marisol, y mucho menos imputarle el delito de homicidio, como la está acusando la Fiscalía General del Estado (FGE).

«Sin ningún motivo, los agentes de la Policía Ministerial subieron a Marisol a una camioneta, le dieron vueltas durante un tiempo, la torturaron, y le pegaron con un arma larga en la cara», mencionó Aracely Osorio.

Al mitin asistió una representación del Frente de la Glorieta de las Mujeres que Luchan, encabezado por Aracely Osorio, y presentaron un documento dirigido a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, así como a la fiscal general del estado, Sandra Luz Valdovinos Salmerón, donde les explican el caso y por qué debería ser liberada.

Otro documento fue entregado a Edgardo Mendoza Falcón, secretario del Poder Judicial, en donde exigen la liberación de Marisol y sostienen que ella es inocente, por lo que piden que se actué con justicia y se le aplique el protocolo de Estambúl, dado que ella, aseguraron, fue golpeada y torturada.

Marisol Figueroa fue detenida el 2 de marzo por policías ministeriales en el centro de Chilpancingo; la detención fue ejecutada sin una orden judicial, la subieron a una camioneta oficial y se la llevaron, de acuerdo con un comunicado emitido por la colectiva feminista Antimonumental.

Estuvo desaparecida cinco días, tiempo en el que los policías ministeriales la llevaron a una casa donde había una excavación de fosas clandestinas y fue hallado el cadáver de un hombre decapitado.

A Marisol le ordenaron que señalara a una persona como responsable del asesinato, a lo que se negó y fue trasladada a los separos de la FGE.

Marisol es hija de Marisela Núñez Trujillo, activista que apoya el movimiento por la aparición con vida de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa.

La tarde de este lunes se realizó una audiencia en Ciudad Judicial para determinar la situación jurídica de Marisol.

La audiencia estaba programada para las cuatro de la tarde, pero se retrasó dos horas ante la negativa de las autoridades judiciales de comenzarla por la manifestación y el mitin a la entrada.

En un momento de receso de la audiencia, Marisela, madre de Marisol, salió y soltó: «aún no hay nada. No querían iniciar por la protesta, pero ya pude ver a mi hija».

Al mitin se unió un grupo de unos 30 estudiantes de Ayotzinapa.

Después la madre de Marisol regresó a la audiencia, y las manifestantes mostraron su apoyo con consignas: «¡No estás sola! «No estás sola!».

 

 

Sin seguro médico, viáticos y pagos atrasados laboran los trabajadores de contrato del Bienestar 

Texto: José Miguel Sánchez 

Fotografía:

13 de marzo del 2023

Chilpancingo 

 

 

Trabajadores de la delegación del programa de becas Benito Juárez en Guerrero trabajan sin seguro de vida, viáticos insuficientes y vehículos en mal estado, lo denunciaron ellos durante una protesta hoy para exigir que les garantizaran sus derechos labores.

Los trabajadores llevan más de un mes en paro para exigir vehículos nuevos para trabajar, porque, explicaron, los que tienen están en malas condiciones y ponen en riesgo su vida porque deben ir a las comunidades a realizar los pagos de las becas.

También piden un seguro de vida porque todo el tiempo están en campo y en comunidades alejadas, muchas de ellas violentas, denunció la representante de los trabajadores, Felícitas Martínez Guzmán.

«Por el paro que comenzó el pasado 7 de febrero ya fueron despedidos cinco compañeros, por los que ahora pedimos su reinstalación», mencionó Martínez Guzmán.

También piden la destitución del coordinador del programa en la capital, Clemente Gerardo López Román y del delegado federal, Iván Hernández Díaz.

Martínez Guzmán agregó que ellos como trabajadores de contrato cobran un salario mensual de 8,000 pesos y viáticos de 200 pesos, «lo cual es insuficiente, porque los Servidores de la Nación cobran 14,000 mensuales».

«Cada trabajador es contratado por dos meses para laborar en la Coordinación, no contamos con las prestaciones de ley como el derecho a la basificación, seguro de vida, médico y respeto el horario laboral de ocho horas», denunció.

Por dichas irregularidades, los trabajadores marcharon esta tarde para exigir al delegado Hernández Díaz les resuelva sus demandas.

La marcha fue respaldada por integrantes de la Asamblea Popular de los Pueblos de Guerrero (APPG) que encabeza Nicolás Chávez Adame, asesor de la Secretaría General de Gobierno.

La movilización de unos 100 manifestantes inició en el parque Margarita Maza de Juárez, al norte de Chilpancingo; hicieron una parada en la Coordinación del Programa Becas Benito Juárez, sobre la avenida Insurgentes.

Ahí, los manifestantes quemaron un monigote del delegado del programa, Clemente Gerardo López Román.

Posteriormente avanzaron hacía el sur con dirección a las oficinas centrales de la Secretaría del Bienestar, delegación Guerrero.

En la secretaría quemaron dos monigotes, uno con el rostro de Hernández Díaz y otro con el de López Román.

Durante la marcha llevaron un ataúd en representación de la la muerte del joven y trabajador de contrato del Bienestar, Palemón García Ávila.

El movimiento de los trabajadores comenzó el pasado 7 de febrero, porque cinco trabajadores que regresaban de una entrega de apoyos, a bordo de una camioneta de la institución, en la carretera federal Iguala-Teloloapan, a la altura del poblado de Ahuehuepan, sufrieron una volcadura.

De los cinco que viajaban, cuatro resultaron lesionados y uno de ellos, García Ávila, falleció y hasta la fecha los directores del Bienestar, tanto a nivel estatal y federal, no pagan la indemnización ni gastos funerales a la familia.

Tampoco cubrieron los gastos médicos de los otros cuatro heridos en el accidente, de acuerdo con Martínez Guzmán.

Durante la marcha, los inconformes exigieron un alto a la represión y discriminación contra los trabajadores por parte de los funcionarios federales, así como la reinstalación de sus compañeros, a quienes les retuvieron el salario por manifestarse por exigir prestaciones laborales y justicia laboral.

A más de un mes de comenzar el paro laboral, Martínez Guzmán denunció que ninguna autoridad ni federal ni estatal les resuelve.

 

Trifulca a golpes entre padres y madres por la disputa de la dirección de una escuela

Texto: José Miguel Sánchez

Fotografía: Oscar Guerrero

Chilpancingo

 

Padres y madres de familia de la Escuela Primaria Ignacio Manuel Altamirano, en la colonia PRD, se confrontaron a golpes y de manera verbal esta mañana afuera del plantel para exigir que no se reinstale a la directora, Iris Aparicio Villa, por malos tratos a los alumnos y presuntos desvíos de recursos.

Fueron dos grupos de padres y madres los que se manifestaron, unos a favor y otros en contra de la reinstalación de Aparicio Villa.

Un primer grupo de padres y madres, acompañados por maestros de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación Guerrero (CETEG), desde la seis de mañana tomaron las instalaciones de la primaria.

Este grupo está en contra de que Aparicio Villa vuelva al cargo como directora del plantel, porque «en septiembre del año pasado fue destituida por exigencia de nosotros (madres y padres de familia) por diversas irregularidades, entre ellas, malos tratos a los alumnos, a la planta docente y por mal manejo de los recursos», mencionó Mariel Sánchez, madre de familia.

Por la toma del plantel 400 alumnos no tuvieron clases.

Después de las diez de la mañana llegó un segundo grupo de padres de familia, que eran acompañados por Aparicio Villa.

Los primeros inconformes acusaron a Aparicio Villa de «déspota, malos tratos y de desvíos de recursos del programa La escuela nuestra», por lo que exigieron a la Secretaría de Educación Guerrero (SEG) su destitución en septiembre de 2022.

El segundo grupo, es decir, el que apoya a Aparicio Villa, dijeron que sólo eran calumnias, porque sus hijos siempre tuvieron buenos tratos.

Por más de 15 minutos ambos grupos se confrontaron de palabra y algunos a manotazos y empujones.

Finalmente se suspendieron clases en la primaria. Llegó personal de la Secretaría de Educación Guerrero (SEG) para entablar una mesa de diálogo con ambas partes.

Yaret Bello Nájera, la actual directora de la escuela, aseguró que Iris Aparicio Villa presume que ella ya tiene el aval del senador morenista Félix Salgado Macedonio para regresar al cargo.

Recordó que en julio del 2022, durante la clausura de fin de cursos de la escuela, Aparicio Villa, quien todavía era directora de la escuela, llevó como invitado especial a Salgado Macedonio.

En septiembre del 2022 fue destituida por diversas irregularidades.

«Nosotros le pedimos a la gobernadora su intervención para que resuelva este conflicto», pidió Bello Nájera.

Después del pleito llegó una patrulla de la Policía Estatal.

La ex directora, acusada por sus opositores de haber llevado a un grupo de choque para golpearlos, les dijo a los agentes que la querían privarla de su libertad.

Ciudad de México: 15 años de la despenalización del aborto entre el derecho y el privilegio

¿Qué hay detrás de la disminución en las interrupciones legales del embarazo (ILE) en esta capital? Detrás, también están las enormes barreras que persisten para acceder a este derecho: burocráticas, de desinformación, de recursos humanos y de dinero.

Texto: Mely Arellano y Daniela Rea / Lado B y Pie de Página de México

Diana tiene 35 años, una hija y un embarazo de 10 semanas. Una mañana de invierno del 2022 acudió a la clínica pública México-España, ubicada en la delegación Miguel Hidalgo, para interrumpir ese embarazo. Sabe que en la Ciudad de México el aborto está despenalizado, así que buscó en internet el procedimiento, los lugares y los requisitos.

La mañana que acudió a la clínica era la décima en la fila. Antes de ella había una joven que venía de Querétaro acompañada de su mamá; y una chica con uniforme de secundaria acompañada de dos amigos con el mismo uniforme, entre otras mujeres. A las 7 de la mañana ya eran unas 30 personas y para las 8, cuando entregaron las fichas, la mitad se tuvo que ir a su casa por no alcanzar turno.

Cuando la trabajadora social le revisó sus documentos le dijo que le faltaba una prueba de sangre. “Eso no está en los requisitos de internet”, espetó, “pero se necesitan y sin ellos no puedes entrar”, le respondió la mujer. Ni hablar. Diana regresó a casa con su ficha y su embarazo.

Al día siguiente decidió no volver a intentarlo ahí, porque no le darían permiso en el trabajo y no quería exponerse a más incertidumbre en un proceso ya de por sí complicado. Terminó yendo a una clínica particular donde pagó 3,500 pesos (unos US$ 193) por el procedimiento de aspiración sin anestesia. Hubiera elegido no sentir el dolor que sintió, pero no tenía los 2,500 pesos adicionales para ello.

Después de luchar 50 años por la despenalización del aborto y lograrlo desde hace 15, en la Ciudad de México el aborto es legal hasta las 12 semanas de gestación, pero el acceso a este derecho enfrenta muchas barreras: de información, de recursos materiales y humanos, administrativas y de clase.

Citlali es una joven del Estado de México. Cruzó la frontera invisible con la Ciudad de México para realizarse un aborto. Llegó a una de las clínicas públicas en el norte de la ciudad y, además de que la trabajadora social la quería disuadir de hacerse el procedimiento, le quiso cobrar 3,000 pesos. Citlali no sabía que tiene derecho a un aborto legal, seguro y gratuito, solo había escuchado que podía abortar sin el riesgo de ser llevada a la cárcel.

Abortar en la Ciudad de México y la forma en cómo lo hacemos es una cuestión de privilegio.

Caída estrepitosa

Desde el año 2007 que se aprobó la Interrupción Legal del Embarazo (ILE), el gobierno local ha practicado 256 mil 665 procedimientos, el 85% a través de medicamento y el resto por AMEU (aspiración manual uterina). Sin embargo, desde el 2014 la cantidad de procedimientos ha disminuido.

¿Qué significa esta disminución de los servicios brindados por el Estado? Para activistas, es un reflejo de la falta de accesibilidad al derecho, para la Secretaría de Salud local es más bien una estabilización de casos, luego de un repunte por la disminución de abortos considerados “clandestinos”, sumado al confinamiento pandémico.

Y si bien el confinamiento complicó el traslado y el acceso de las mujeres a procedimientos en instituciones públicas, y fueron otras mujeres, las acompañantas, las que solventaron esa ausencia del Estado, eso no explica la caída sostenida desde 2014.

Colas, fichas, gasas y papel de baño

Si una mujer quiere interrumpir su embarazo en la Ciudad de México, en los servicios gratuitos del Estado, tiene que llamar al ILETEL (555132-0909) o acceder a internet y buscar las clínicas y los horarios en que se ofrece el servicio.

Uno de los primeros resultados de la búsqueda es la página oficial de la Secretaría de Salud (Ssa). Ahí leerá que no puede ir a cualquier clínica, pues solo se ofrece en siete unidades médicas y ocho hospitales; que el horario inicia a las 8:00 am, pero en la práctica sabrá que tiene que hacer fila a las 6:00 am para alcanzar una de las 20 fichas que se reparten. Si no alcanza, deberá intentarlo al día siguiente, con las complicaciones que ello implica: volver a pedir permiso en el trabajo, volver a encargar a lxs hijxs y volver a gastar dinero en el transporte público.

En la capital del país, el acceso a la interrupción legal del embarazo público no es una garantía. Esta es una de las principales quejas que hacen usuarias, acompañantas y organizaciones de defensa a los derechos humanos.

Daniela Medina, integrante de Marías Acompañantes, dice: “Antes pensaba que el principal obstáculo eran las leyes y la falta de gratuidad, o sea, que las mujeres no accedían a abortos seguros porque solo estaba garantizado en CDMX, pero el hecho de que ya sea legal en otros estados me ha cambiado la visión. Ahora creo que el problema, más bien, es la falta de información y los estigmas que hay alrededor (…) Casi todas las feministas sabemos cómo usar el misoprostol y que abortar es nuestro derecho, pero lo sabemos nosotras. Hay muchísimas mujeres fuera de nuestros círculos que no lo saben, que creen que conseguir ‘miso’ es difícil e ilegal, incluso tenemos muchos casos donde acuden a médicos que les recetan procedimientos incompletos o erróneos porque, aunque son médicos, no están actualizados en el tema, no conocen el uso del ‘miso’, por negocio o simplemente porque anteponen su supuesta ética a la salud y deseos de la paciente”.

Stephanie Lomelí, coordinadora de Fondo María, asegura que “en efecto, hay todavía muchas personas, incluso en la Ciudad de México, que no saben que se puede acceder a un aborto en las clínicas públicas”.

En la página de internet se establece que los requisitos para acceder a la ILE son:

  • Identificación oficial, en original y copia.
  • La Clave Única de Registro de Población (CURP), un código de identidad de 18 caracteres utilizado para identificar a residentes y ciudadanos mexicanos.
  • Comprobante de domicilio en original y copia (último recibo de predial, luz, agua, gas, televisión paga, teléfono fijo o servicio de internet).
  • Cédula de Gratuidad (residentes de la Ciudad de México).
  • Se recomienda acudir con un acompañante con identificación oficial en original y copia.

Pero en la práctica cotidiana, las mujeres señalan que se les exige también prueba de sangre, la recomendación de acompañante se vuelve obligación y se les piden insumos como gasas, papel de baño o cloro porque la clínica pública no tiene recursos económicos para ello.

Incluso en algunos casos, mujeres han testimoniado el cobro por el servicio que debería ser gratuito, como el caso de Citlali, la joven del Estado de México a quien una trabajadora social quiso cobrarle 3,000 pesos por un procedimiento en un hospital público. Su testimonio fue recogido por Lurel Cedeño Peña en su tesis doctoral “La experiencia narrada del aborto en mujeres mexicanas: entre el estigma y el empoderamiento”.

Desde 2007, cuando se despenalizó el aborto en CDMX, al mes de febrero de 2023, la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México ha armado 16 expedientes de queja vinculados a la presunta violación a los derechos a la salud y de las mujeres, relacionados con la ILE. En los casos registrados se observa que:

  • En 10 de los 16 expedientes, se manifestó que hubo obstrucción o restricciones por parte del personal médico para poder realizar el procedimiento.
  • En todos los casos se declaró que recibieron malos tratos por parte del personal que atiende en los hospitales.
  • La mitad de las personas peticionarias o agraviadas denunciaron que fue necesario acudir a más de un hospital para conseguir la atención.
  • En solo uno de los casos, la autoridad señalada como responsable no fue la Secretaría de Salud, sino personal de la Fiscalía especializada.
  • En uno se refiere a que el procedimiento del ILE no fue correctamente practicado y se puso en riesgo la salud de la paciente.
  • En tres casos solicitaron requisitos adicionales, como análisis clínicos, testigos o estudios clínicos pagados de manera particular.

“El servicio funcionaría si hubiera conciencia de las barreras para llegar al aborto y se actuara para combatirlas”, dice Maricarmen Teolli, acompañanta. “Por ejemplo, solo por referirnos a las barreras económicas: tener saldo en el teléfono para hacer una llamada en busca de información, llegar, regresar, pagar pruebas de sangre, los insumos que piden… Muchas veces el que una mujer ejerza su autonomía depende de tener 100 pesos de saldo en el celular”.

Actualmente, solo en dos lugares, el Centro de Salud Dr. Juan Duque de Estrada y la Clínica de Salud Reproductiva Beatriz Velasco de Alemán, ambas ubicadas en la alcaldía Venustiano Carranza, cerca del centro de la ciudad, dan atención ampliada e incluso los fines de semana.

“Eso es muy importante porque hay quienes no tienen la posibilidad de acudir entre semana”, porque tienen que pedir permiso en su trabajo, dice Stephanie Lomelí, coordinadora de Fondo María, y agrega que para que una mujer pueda ir a pedir el servicio a las 6 de la mañana debe echar mano de muchas herramientas y redes de apoyo: el ejercicio del derecho a abortar es un tema de justicia sexual y reproductiva.

Del total de interrupciones legales del embarazo que realiza el gobierno local, el 68.7% son a mujeres que radican en la Ciudad de México y el resto a otros estados del país, siendo los principales: Estado de México (con el 87.5% del total de procedimientos a foráneas), Hidalgo y Puebla.

Y si bien Patricia López, acompañanta de la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos en México (Ddeser), reconoce que una buena práctica es la prioridad que dan a las mujeres foráneas para atenderlas el mismo día, mediante el procedimiento de AMEU, para las que sí radican en CDMX no hay suficiente atención.

Lo ideal, propone Stephanie Lomelí, es que el servicio de ILE se proveyera en cualquier centro de salud, clínica u hospital de la ciudad, y no que se limitara a unos cuantos, como sucede actualmente.

En ello coincide Mara Zaragoza, subdirectora de fortalecimiento de la organización Ipas Latinoamérica, que lucha por el acceso a abortos seguros: “si bien no estamos diciendo que desaparezcan las clínicas de ILE, nos parece que hoy por hoy cualquier mujer debería poder llegar a una clínica, decir que lo necesita y obtener el servicio con la misma calidad”.

En experiencia de las acompañantas, los servicios públicos también deberían mejorar la publicidad y atención para que sea cálida, clara, sin estigmas y sin presión para llevarse un método anticonceptivo.

La falta de información pública sobre este derecho ha dado pie a que en la entrada de las clínicas haya personas anti-derechos que, disfrazados de médicos y enfermeras, desinformen y coopten a las usuarias para obstaculizar el acceso al aborto. Mujeres que, según la titular de la Administración del Seguro Social (Ssa), Olivia López, inhiben la interrupción del embarazo con información falsa, e “incluso a mujeres que no están embarazadas les realizan el ultrasonido y proyectan imágenes de fetos que no existen en su vientre”.

Adolescentes y su derecho a la justicia reproductiva

El documento “Aborto Legal, Seguro y Gratuito en la Ciudad de México, 2007-2021. Tendencias a 15 años de su despenalización y provisión pública”, realizado por el gobierno de la CDMX, señala que se ha reducido más el número de ILE entre niñas y adolescentes, que entre las mujeres adultas, aunque no refiere razones. Y señala también que en alcaldías menos urbanas, como Milpa Alta, la probabilidad de embarazo infantil es muy elevada, y muy reducida la probabilidad de que las niñas accedan a la interrupción.

El Comité de Expertas de Belém Do Pará señala sobre los embarazos infantiles que “todo embarazo en una niña menor de 14 años debe considerarse no consentido y, por tanto, producto de violencia sexual”.

De acuerdo con la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim), en la CDMX se registraron 635 violaciones sexuales contra niñas de 1 a 17 años, solo de 2019 a 2021, es decir, una cada dos días. Aunque seguramente son más, porque como señala la directora de esta organización, Tania Ramírez, “hay un subregistro de estos casos”.

En caso de una violación, la Norma Oficial Mexicana 046 establece que se puede acceder a una Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE)  incluso sin denuncia judicial de por medio, y no hay un límite de semanas gestacionales para llevar a cabo el procedimiento.

Sin embargo, el número de IVE es muy bajo. Por ejemplo, en ese mismo periodo en el que hubo 635 violaciones sexuales contra niñas (2019-2021), solo se registraron 116 IVE en mujeres en general, aunque de acuerdo con las autoridades, eso se debe a que muchas prefieren acceder a la ILE para evitar cuestionamientos.

Pero si ese es el caso, ¿cómo van a saber las adolescentes que pueden acceder a un aborto si no hay campañas de difusión?, cuestiona Stephanie Lomelí, coordinadora de Fondo María: “Vemos a veces campañas que hablan de la vacunación o de otro tipo de servicios, y pues ILE nunca está presente”.

Las cinco alcaldías con mayor índice de fecundidad en adolescentes son Tláhuac, Xochimilco, Magdalena Contreras, Milpa Alta y Cuajimalpa.  De acuerdo con un análisis realizado por Verónica Esparza, coordinadora de Investigación en el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), en Milpa Alta y Cuajimalpa hay menos información, menos presupuesto y, por lo tanto, menos posibilidades de acceso a una ILE. Lo cual tiene un impacto en la vida presente y futura de esas adolescentes.

Al respecto, Oliva López Arellano, secretaria de Salud de la CDMX explica que es necesario mucho equipamiento para llevar el servicio a las alcaldías más alejadas, por lo que se concentran en prevenir el embarazo, mediante campañas sobre el derecho a la salud sexual y reproductiva y el acceso a métodos anticonceptivos en escuelas de educación media y media superior.

Uno de los requisitos para que las adolescentes puedan acceder a una ILE o una IVE es que vayan acompañadas por su padre, madre o tuto, lo cual, de acuerdo con acompañantas, complica el acceso por el estigma que hay alrededor del embarazo adolescente.

La criminalización permanece

La falta de información sobre el aborto afecta también a las mujeres adultas que viven en las zonas menos urbanas, “como Tláhuac, Milpa Alta, Xochimilco, donde todavía hay mucho estigma”, dice Patricia López, acompañanta de Ddeser. En su experiencia, en esas zonas “todavía hay muchos mitos y estereotipos al respecto, como que un aborto es culpa de la mujer”.

A la falta de información se suma el hecho de que el aborto sigue siendo un delito contemplado en el Código Penal: “mientras eso continúe, las mujeres seguirán teniendo temor de solicitar o buscar servicios, porque están preocupadas de sí su caso cuadra o no en un marco legal”, dice Mara Zaragoza, de Ipas Latinoamérica.

Se trata de un temor fundado: la CDMX es la entidad donde hubo más Carpetas de Investigación (CDI) por aborto en el año 2022 en todo el país: 192 personas fueron denunciadas por ese delito, una denuncia cada dos días.

También en el acumulado de 2015 a 2022, la capital del país quedó en primer lugar con 945 denuncias.

Que el aborto siga como delito en el Código Penal hace también que el personal de salud sienta riesgos, “y esa incertidumbre legal, lo único que trae como resultado es mayor rechazo, falta de atención y negación de servicios, que ponen en juego lo que se supone que es lo más importante: la salud y bienestar de las mujeres”, agrega Mara Zaragoza.

Abortar en clínicas privadas

Mientras el aborto siga siendo más un privilegio que un derecho, las mujeres optarán por interrumpir sus embarazos con acompañantas, pero también en clínicas privadas, donde tampoco hay garantía de una atención sin prejuicios o incluso a un precio justo. Además, los hospitales privados no están obligados a informar a la autoridad sobre el número de servicios de ILE o IVE que dan.

Este relato lo comparte Daniela Medina, integrante de Marías Acompañantes, quien acompañó a una amiga a realizarse una ILE en una clínica privada en el año 2012.

“Acompañé a una amiga que en ese entonces tenía 21 años y tenía 10 semanas de gestación. Somos de Toluca, así que tuvimos que trasladarnos en bus primero, llegar a (la estación) Observatorio y de ahí a la clínica que estaba por la estación Indios Verdes. Cuando llegamos le empezaron a cuestionar por su salud, que si tenía un TAC, que si no estaba alimentándose bien para que no se le notara, frente a todas las demás pacientes. La persona que estaba en el mostrador era un hombre y le hizo un interrogatorio extenso. Ella pidió ver el ultrasonido y la ginecóloga le dijo que si quería verlo era porque no estaba segura y ella no podía perder el tiempo, tenía muchas pacientes. Mi amiga quería de alguna forma despedirse del embrión. Luego le dijo que tenía 13 semanas y media y que, por eso, el costo era más alto y tenía que ser otro proceso. Mi amiga quería un AMEU y le dijeron que sí, pero además la forzaron a pagar más y a tomar una dosis de ‘miso’. Mi amiga comenzó con mucho dolor, escalofrío y náusea, síntomas fuertes del ‘miso’ y estaba muy asustada. El encargado del mostrador le gritó y la maltrató. Llegamos a la clínica a las 9:30 a. m. más o menos y la atendieron cerca de las cuatro o cinco de la tarde, pero a mí me dieron informes hasta las seis. No la anestesiaron, sintió todo y la ‘gineco’ la regañaba por moverse, por respirar profundo. Después la dejaron una hora esperando, semidesnuda, leyendo sobre anticonceptivos. Le volvieron a hacer un ultrasonido para que viera que el útero estaba vacío. Por días tuvo dolor y después, una infección”.

Julia Escalante, activista por los derechos sexuales y reproductivos, realizó una investigación sobre el servicio de ILE en clínicas privadas y encontró —con excepciones— que hay lugares donde hacen trabajar al personal médico 10 horas seguidas, con poco tiempo de descanso por lo que no dan consejerías ni explican las señales de alarma. Lo cual implica un riesgo para las usuarias; además de que se les exige practicar y vender los procedimientos y métodos anticonceptivos más costosos. Encontró también una alta fluctuación de personal en las clínicas.

Escalante registró el caso de una mujer que tenía un embarazo ectópico y la aspiración mal practicada terminó en una perforación. Días después del procedimiento ella llamó a la clínica para decir que tenía dolor, le dijeron que era normal. “Terminó en un hospital con una infección y una cirugía que costó 70,000 pesos (unos US$ 3.785)”.

Otra experiencia que acompañó Daniela Medina sucedió en otra clínica privada, en la colonia Roma:

“Mi acompañada tenía 20 años y 8 semanas, ella quería abortar con ‘miso’. Le dijeron que no podía usar medicamentos porque tenía más de 12 semanas y tenía que ser forzosamente con AMEU (que salía mucho más caro, que con medicamentos). Le hicieron firmar una especie de deslinde de responsabilidades si se ponía mal en Toluca. Yo aún no sabía cómo funcionaba el ‘miso’ y pues creímos en lo que decía la ‘gineco’. En ese momento yo tenía unos 2 años acompañando, no conocía muchas clínicas y no tenía tan presente el concepto de violencia ginecológica ni de derechos que tengo hoy”.

Para Daniela, estas experiencias que acompañó son ejemplo de cómo se sigue castigando a las mujeres por decidir y cómo se lucran de nuestro desconocimiento. “En las clínicas privadas es común que intenten cobrarles de más a las mujeres, que aumenten el precio por cada semana de gestación. En casi todas las clínicas dicen que hay acompañamiento psicológico, que es libre de estigmas, pero esa vez parecía todo lo contrario”.

 

#HablemosDelAborto es una conversación digital y periodística, entre México y Colombia,  que lucha en contra de la penalización social del aborto en América Latina y los efectos que deja en las mujeres, hombres trans y personas no binarias. Fue organizada por Mutante, en alianza con El Espectador en Colombia, y en colaboración con Lado B, Página 3, Istmo Press, Revista Espejo, Amapola Periodismo Transgresor, La Marea y Pie de Página, de México. Tuvo el apoyo del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE). Si busca más información, le invitamos a conversar en las redes sociales de los medios aliados.

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