Matar a nadie, un memorial de periodistas incluyente
A un año de haber lanzado el memorial periodístico mataranadie.com, Reporteras en Guardia considera oportuno precisar el criterio que utilizamos para integrar los casos de mujeres y hombres víctimas de asesinato y desaparición en México.
Nuestro colectivo independiente trabaja con la definición de “periodista” que hace la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas (LPPDDHyP), publicada en el Diario Oficial de la Federación en 2012. “Periodistas”, de acuerdo a esta ley, son “las personas físicas, así como medios de comunicación y difusión públicos, comunitarios, privados, independientes, universitarios, experimentales o de cualquier otra índole cuyo trabajo consiste en recabar, generar, procesar, editar, comentar, opinar, difundir, publicar o proveer información, a través de cualquier medio de difusión y comunicación que puede ser impreso, radioeléctrico, digital o imagen”.
Asumimos que esta definición incomoda a quienes no consideran que un comunicador indígena de una Radio Comunitaria o un “youtubero” o “bloguero” con perfil informativo merecen ser llamados “periodistas” . Puede disgustar también a quienes formalmente han cursado una licenciatura o más grados académicos periodísticos para profesionalizarse. Lo comprendemos.
La definición de la LPPDDHyP, en la que también se sustenta el Mecanismo de Protección Integral de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, se creó en un contexto donde la perspectiva de derechos humanos es ineludible.
El informe México 2018 realizado por Relatorías Especiales para Libertad de Expresión de la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) señala su preocupación por las definiciones “restrictivas” del término. “Un enfoque acotado de la definición de ‘periodistas’ podría excluirlos de protecciones o de las estadísticas relativas a los ataques contra periodistas”, advierte.
En Reporteras en Guardia optamos por la definición amplia de “periodista” para construir mataranadie.com. Nuestra aportación es hacerlo con una mirada incluyente, con perspectiva de género e indígena, abierta a las expresiones comunicacionales emergentes, y evitando posiciones centralistas, urbanas y clasistas.
En nuestro memorial integramos los casos de víctimas de ataques a la libertad de expresión pero también incluimos los casos de las distintas violencias suscitadas en el país: la delincuencial, la económica, la feminicida, la que tiene que ver con la defensa del territorio y la de Estado.
Estimamos que la ausencia de cualquier colega, independientemente del tipo de violencia que sufrió, es un golpe al gremio periodístico y al derecho a la información de la sociedad.
Cuando el crimen ha sido contra alguien que tiene una trayectoria controvertida hemos escuchado denostaciones, unas comprobadas y otras no, de que la víctima era “chayotero” u “oreja” criminal. Esto nos hizo plantearnos: “¿Integramos a los supuestos ‘chayoteros’ y ‘orejas’ al memorial o no?”.
Consideramos que no nos corresponde juzgar el comportamiento ético de las víctimas, pero sí reportear sus luces y sombras. Criminalizar a la persona asesinada o desparecida, con o sin pruebas, ayuda a invisibilizar la violencia y nos limitaría saber por qué hay quienes deciden adoptar prácticas poco éticas. Reportear sus perfiles nos muestra cómo el poder político y económico y las mafias criminales han modificado las dinámicas de producción de información en determinados puntos del país, y cómo con ese fin se crean medios de difusión con intereses oscuros.
En Reporteras en Guardia estamos convencidas que las víctimas mortales que hemos registrado en nuestra base de datos no son cifras abstractas. Para nosotras cada caso representa una historia humana y reveladora de las diversas condiciones en las que se ejerce el periodismo en México.
Mataranadie.com cumple un año en un momento en el que los medios de comunicación viven un punto de inflexión histórico que se ha traducido en cientos de despidos y una mayor precarización del gremio. De igual forma llegamos al primer aniversario constatando el incremento de la violencia contra el gremio bajo el gobierno de la 4T.
Mataranadie.com es para Reporteras en Guardia, integrado por un centenar de reporteras del país, la forma de exigir justicia en cada uno de los casos, y de conjurar al olvido.
Agosto de 2019
Este trabajo fue elaborado por el equipo de Reporteras en Guardia y lo reproducimos con su autorización
Sin diálogo con las autoridades y con mujeres tildadas de provocadoras por la jefa de Gobierno de la ciudad. Así terminó la marcha de mujeres que demandaron a las autoridades que resuelvan el caso de una joven de 17 años que denunció que fue abusada sexualmente por cuatro policías de Azcapotzalco
En la calle los gritos no cesan. “¡No nos cuidan, nos violan!”, corean cientos de mujeres jóvenes enardecidas afuera de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México. En la recepción del edificio, un puñado de mujeres pinta los emblemas de la dependencia con aerosol. Algunas lanzan latas de pintura. Un cristal truena. Luego otro. Poco a poco la puerta de vidrio del edificio queda en añicos sobre el suelo.
Afuera, las jóvenes no dejan de gritar y exigir justicia. Hace una semana, una joven de 17 años denunció que fue abusada sexualmente por cuatro policías de la alcaldía de Azcapotzalco, quienes están bajo resguardo del área de Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y podrían volver pronto a sus actividades en las calles.
Frente a la PGJDF mujeres exigen acciones contra la violencia sexual y la impunidad que alimentan las autoridades en la Ciudad de México
Instantes después, una de las manifestantes toma el megáfono y a todo pulmón grita: “¡Nos dicen que estamos locas!”. Bajo sus pies, el vidrio roto cruje. “Pues sí, estamos bien pinches locas. ¡Porque nos están matando!”. Sus palabras resumen la euforia que marcó la manifestación.
“¿Creen que esto es agresión? Nosotras rompemos sus cristales y pintamos sus paredes porque cuando venimos a denunciar a este edificio, donde nos deberíamos sentir cobijadas, también nos sentimos agredidas”, dice en el Megáfono.
La muchacha, con jeans de batalla y botas negras, cuenta la revictimización que sufre cualquier mujer al intentar levantar una denuncia por violencia sexual en estas instalaciones. “¡Nos preguntan que si conocemos el nombre del agresor, o si es un taxi, si conocemos las placas!”, se queja.
Las agresiones a las instalaciones fueron la respuesta de las manifestantes ante la negativa de la Procuraduría de mandar un grupo de personas a hablar con las manifestantes.
Afuera, en la calle, Araceli Osorio toma la palabra. En cuanto empieza hablar todas las muchachas la escuchan. Araceli es mamá de Lesvy Berlín, quien murió estrangulada por su novio en Ciudad Universitaria en 2017. Desde entonces, Araceli no dejó de luchar por justicia. La Procuraduría le tuvo que ofrecer una disculpa pública por sus omisiones en la investigación del caso.
La manifestación fue una propuesta por Colectivas Feministas de la Ciudad de México ante la falta de acciones contra los policías que abusaron sexualmente de una adolescente. “No nos cuidan, nos violan” pintaron en la puerta de la PGJDF antes de romperla.
“El día de hoy, lo que acaban de ver es un sinónimo de hartazgo. Esto que está pasando, tiene que ver con el hartazgo que hay de las mujeres. Porque todos los días las noticias son las mismas. Mujeres violadas, mujeres asesinadas. Mujeres que no cuentan con el apoyo de ninguna autoridad”.
Después, Araceli pregunta si se debe formar una comitiva para entrar a una mesa de diálogo. Inmediatamente las protestantes se organizan y un pequeño grupo se apresta a entrar. Entre ellas va también Norma Trujillo, activista de las Madres de Juárez. Su hija, como muchas otras, salió un día de la maquila y no regresó.
Pasan los minutos, y el grupo de diálogo aún espera en los torniquetes de entrada al Búnker, como llaman a las instalaciones de la Procuraduría capitalina. Después de más tiempo, baja una funcionaria.
– ¿Traen su pliego petitorio?- pregunta.
– No, porque no había uno, lo tenemos en palabras, hablado- responde Norma.
– Entonces no lo traen…
Momentos después, se da la vuelta y se va. Desaparece entre las filas de agentes judiciales, musculosos hombres vestidos todos de negro y con cara de pocos amigos que resguardan la entrada al Búnker, por si acaso otra muchachita quiere volver a entrar a hacer desmanes. Nadie vuelve a bajar.
Antes de irse, la funcionaria deja un mensaje a las manifestantes: la Procuraduría pretende abrir una carpeta de investigación en contra de las responsables de vandalizar la recepción de sus instalaciones.
Como respuesta, Norma le pide ponderar el valor jurídico de una vida contra el de unas puertas de vidrio. Después de todo, esta protesta es por la pobre actuación de la propia Procuraduría en el caso, y por las agresiones y omisiones que los propios funcionarios cometen de forma sistemática en contra de víctimas de violencia sexual.
El caso
La semana pasada se dio a conocer el caso de una chica de 17 años había sido abordada por policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana cuando regresaba de una fiesta. Cuando estuvo a punto de llegar a su casa, los cuatro policías la detuvieron y le dijeron que ellos la llevaban. La joven se negó, y siguió caminando hasta que los policías la alcanzaron, la subieron a la patrulla y abusaron de ella.
Después de la noticia, las autoridades se apuraron a dar declaraciones. La jefa de Gobierno dijo que se había cesado a los cuatro elementos y que ya se investigaba su responsabilidad en los actos. Sin embargo, Jesús Orta, secretario de Seguridad, había asegurado que ninguno de los policías había dejado sus labores.
Días después, un trabajador de la Procuraduría filtró partes del expediente a la prensa, que difundió información delicada sobre la víctima. Esto causó que la joven decidiera no ratificar su denuncia y se abriera la posibilidad de que no haya sanción para los presuntos responsables.
Violaciones, perseguidas ¿por oficio?
La marcha partió desde fuera del edificio de la Secretaría d Seguridad Ciudadana, donde el titular Jesús Orta recibió un puñado de diamantina rosa mientras daba declaraciones a la prensa.
Entre las mujeres que se dieron cita en esa sede previo a la marcha está Rosa María Cabrera Lotfes. Ella formó parte del Congreso Constituyente que redactó la Constitución de la Ciudad de México. A diferencia de muchas de las presentes, su rostro no presume la misma juventud. Todo lo contrario.
“Yo estoy aquí no por un asunto de edad, sino por un asunto de seguridad y derechos”, dice. “Antaño ésta era la ciudad de los derechos por los que luchamos, y ahora todo está en el suelo”, lamenta.
“Nosotras logramos que la Constitución fuera la gran carta de Derechos Humanos, en la que se garantizaban todos los derechos. Pero con lo que vemos que hacen las autoridades nos preguntamos ¿en manos de quién estamos?”.
Cabrera Loftes explica que hace un par de años, cuando se discutió la Constitución de la ciudad, se logró hacer que las violaciones se investigaran por oficio, sin necesidad de que hubiera una denuncia. Sin embargo, asegura que los legisladores encontraron una forma de echarla a perder. Ahora, si bien la investigación inicia por oficio, necesita de la confirmación por parte de la víctima. Sin esa ratificación, la sentencia no procede.
“La ley habla de: justiciabilidad y accesibilidad. Pero eso no pasa. Ellos (los policías) saben muy bien qué policías andan a qué hora y en qué rondín. ¿Cómo es que no se hace justicia?”.
De la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México a la Procuraduría General de Justicia, pasando por Insurgentes y avenida Chapultepec, colectivas feministas marcharon gritando consignas contra la violencia machista.
‘Son provocaciones‘
Una hora después de que terminara la protesta la jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum salió a dar un mensaje ante medios de comunicación. Aseguró de forma insistente que su gobierno no caería en ninguna provocación.
“Esto es una provocación. Querían que el gobierno utilizara métodos violentos, igual que las que ellos utilizaron y nosotros por ningún motivo vamos a caer en provocaciones. Claro que va a haber carpetas de investigación por lo que ocurrió particularmente en la Procuraduría y ya será la propia instancia, la propia institución quien haga las investigaciones y que resuelva”, dijo sobre los hechos. “No son protestas, son provocaciones”.
Sobre el caso, aseguró que no se fabricarían culpables. Por lo que se continuaría con la investigación. Durante la marcha, uno de los cánticos de las colectivas hacía alusión precisamente a esa frase de la jefa de Gobierno, que ha repetido en otras ocasiones: “No fabricamos culpables, fabricamos violadores”.
Para esclarecer las investigaciones por la violación de la menor, Sheinbaum Pardo aseguró que pediría ayuda a la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad, para que sea una entidad externa que pueda ver el caso también.
Este trabajo fue elaborado por el equipo de Pie de Página y lo reproducimos como parte de la Alianza de Medios de la Red de Periodistas de a Pie
Ya sabemos, Javier Duarte utilizó un burdo mecanismo para desviar recursos públicos: le entregó contratos a empresas que no existían y que no daban los servicios para los que eran contratadas. El dinero, en realidad, terminaba en el bolsillo de los funcionarios.
Por eso está en la cárcel.
Pero el exgobernador de Veracruz no inventó este procedimiento.
El gobierno federal, a través de 11 dependencias, lo ha utilizado una y otra vez para desviar miles de millones de pesos. Solo al revisar las Cuentas Públicas 2013 y 2014, por ejemplo, Animal Político y Mexicanos contra la Corrupción e Impunidad (MCCI) detectaron contratos ilegales por 7 mil 670 millones de pesos y de este dinero no se sabe dónde quedaron 3 mil 433 millones.
Los 7 mil 670 millones de pesos le fueron entregados a 186 empresas, pero 128 de ellas no debían recibir recursos públicos, porque no tienen ni la infraestructura ni personalidad jurídica para dar los servicios para los que fueron contratadas, o simplemente porque no existen.
La Secretaría de Desarrollo Social, con Rosario Robles como titular; el Banco Nacional de Obras, con Alfredo del Mazo al frente, y Petróleos Mexicanos —en la gestión de Emilio Lozoya— son las tres principales dependencias responsables de este mecanismo que el auditor superior de la federación, Juan Manuel Portal, no duda en calificar como un fraude millonario.
Este fraude, eso sí, es más sofisticado del que usó Javier Duarte.
La diferencia radica en que aquí el gobierno no entrega los contratos directamente a las empresas, sino que primero los da a ocho universidades públicas y éstas lo dan después a las empresas. Sólo por triangular los recursos, las universidades cobraron mil millones de pesos de “comisión”, aunque no hayan dado ningún servicio.
Este primer paso ya había sido detectado por la Auditoría Superior de la Federación e incluso lo había calificado de ilegal.
Animal Político y MCCI decidieron seguir la pista del dinero y revisar qué hacían las universidades con esos montos y cuáles eran las empresas seleccionadas para estos “trabajos”.
Luego de reportear en seis estados, revisar miles de documentos, y visitar decenas de supuestos domicilios, la investigación concluye y prueba que 3 mil 433 millones de pesos se entregaron a empresas fantasma y cuyos socios viven en barriadas. Mil millones de pesos más fueron la comisión para las universidades y el resto sirvió para, supuestamente, contratar servicios. En muchos casos, no hay evidencia documental de que estos hayan existido.
Estas son las pruebas y los testimonios de este fraude millonario.
Conoce las pruebas y los testimonios de este fraude millonario en: Animal Político
Este trabajo fue elaborado por el equipo de Animal Político y Mexicanos Contra la Corrupción y lo reproducimos con su autorización.
La noche previa a asesinato, Miguel Medina participó en un taller de teatro en la casa de Cultura, donde contó que quería ser modelo. Los forenses descartaron la violación contra el joven originario de Acayucan, pero su muerte a pedradas conmocionó a su familia, que reclama justicia. La comunidad LGBTQI+ contabiliza 16 crímenes de odio en Veracruz
Texto: Ignacio Carvajal y María Ruíz / Pie de Página Foto: Tomada del Facebook de Mike Kardashians
12 de agosto del 2019
Veracruz
Miguel Medina Lara abrió su corazón ante un grupo de chicos que participaban en un taller de teatro en la Casa de Cultura de Acayucan sin saber que horas después sería asesinado. El joven de 21 años mostró uno de sus tesoros más preciados: una libreta de dibujo que conserva desde la primaria.
Cuando le tocó su turno ante el grupo del taller “El Teatro como Posibilidad”, impartido por su primo, Alex Lara, explicó que sus dibujos lo empujaban a buscar sus sueños: convertirse en actor, trabajar en alguna compañía de teatro, montar una obra, o ser modelo andrógino.
“Lo sentí libre. Su voz resonaba en el espacio cuando lo contaba (y nosotros los actores sabemos que cuando una voz resuena así es porque es libre, porque está llena de verdad y pasión). Él estaba feliz de mostrárnosla y muy feliz de que otros chicos mostraran también cosas especiales”, contó Alex Lara.
Lara estudia en la Ciudad de México, pero es originario de Acayucan, y asegura que Mike estaba interesado en seguir sus pasos, con los ánimos firmes por trascender y aprovechar toda su sensibilidad.
Carlos Atilano Lara, otro familiar, define a Mike como un ser humano que encontraba inspiración en cada momento y acto de la vida. Incluso, si corría el aire o caía la hoja de un árbol, era la oportunidad para mostrar sus mejores cualidades para modelar en pasarelas imaginarias.
Alex Lara jura que cuando andaba así por las calles llamaba la atención:
“Él salía para trabajar, se ponía un audífono, se ponía otro y la pasarela comenzaba: tenía tantas calles que caminar y cada una de ellas se volvía una pasarela… su propia pasarela”, dice.
“Nunca se subió a una pasarela oficial pero para él, barrer el patio creaba un nuevo universo en el que cada paso se volvía un paso de modelaje y cada hoja caída del árbol en el patio se volvía un detalle con el que posar, siempre mientras sonaba la música que a él le gustaba, siempre el pop a todo volumen en su casa. Los vecinos le gritaban: ‘Migueeeeell, bájale a tu música que no se oye’, y él posaba’”
Mike Kardashians, como le conocían en redes sociales, se integró al grupo del taller por invitación su primo, quien se sumó al proyecto movido por el interés de darle algo al pueblo donde nació, después de haber aprendido un poco sobre actuación teatral en las aulas de la Escuela Nacional de Artes Teatrales.
Serían tres días de aprendizaje. El primer día, Mike lo pasó interesado en lo que se iba a mostrar en la casa de cultura. El segundo, a todos les tocó llevar un objeto con significado especial. Fue cuando Mike llevó sus dibujos.
Al tercer día ya no llegó.
Miguel Ángel Medina fue asesinado a golpes de piedras el viernes 8 de agosto. Su cuerpo fue localizado en el cementerio Gregorio Vidal Alor, en Acayucan, un día después de que su familia lo reportara como desaparecido.
En Veracruz, uno de cada tres crímenes de odio
Antes de Miguel Medinal, en lo que va del año fueron asesinadas en Veracruz 15 integrantes de la comunidad LGBTQI+, según datos de Jazz Bustamante Hernández, integrante del Observatorio Nacional contra Crímenes de Odio y del colectivo Soy Humano A.C.
La organización comenzó un registro estadístico en 2012 pero la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz se rehusa a reconocer las cifras en la entidad que ocupa el tercer lugar con mayor número de crímenes de odio en el país, dice la activista.
“El caso de Armando Ladrón de Guevara de 23 años es muy similar al de Medina. Ambos golpeados y asesinados con brutal violencia. El caso de Guadalupe López en el municipio de Emiliano Zapata, también: una mujer transgénero lapidada y un chico gay lapidado, y ambos torturados. Hasta pareciese que no son casos aislados. Es un tema que tiene que atenderse ya y los tres poderes de gobierno no pueden hacer caso omiso”.
Guadalupe López fue reportada desaparecida a principios de julio de este año. El viernes 5 de ese mes salió a trabajar pero no regresó. El 7 de julio encontraron su cuerpo en el cementerio de Pancho Nuevo, Emiliano Zapata, con signos de tortura y golpes en la cabeza.
Como Guadalupe López y Miguel Medina, a Armando Ladrón Guevara, de 23 años, lo asesinaron y torturaron en marzo, en el municipio de Cosamaloapan.
Jazz Bustamante resalta que estos crímenes cumplen con los agravantes del artículo 144 constitucional del Código Penal de Veracruz que dan las características de ser crímenes de odio por cometerse con saña, alevosía y abuso sexual.
“Cuatro causales agravantes en la cual la Fiscalía del Estado debería investigar el caso como un crimen por orientación sexual porque Mike era muy visible en cuanto a su orientación sexual. Sus redes sociales estaban plagadas con la bandera multicolor, porque iba a eventos, a foros y a marchas y se exponía orgulloso de ser una persona de la diversidad sexual.
“El hecho de que la Fiscalía dice que se está investigando como primero, segundo y tercer grado, entonces, no está aplicando la ley como es debida y sigue demostrando la ineptitud por parte de ellos y esto nos lleva obviamente a un problema estructural”.
Bustamante denuncia que no existe coordinación entre las autoridades ni hay un esfuerzo por trabajar con la sociedad civil. Y lo que más frustra a la activista es que a pesar del logro de la modificación del artículo 144 del Código Penal de Veracruz para incluir como causales agravantes aquellos que asesinan por la religión de una persona, el color de su piel, su orientación sexual o identidad de género, la modificación no se aplica.
Según datos del Observatorio Nacional de Crímenes de Odio contra personas LGBTen lo que va el 2019 suman 42 asesinatos en México; la primera cifra con la que cuenta el observatorio es de 10 crímenes de odio en 2014. La activista Jazz Bustamante relaciona el crecimiento de estos crímenes con los discursos de odio que organizaciones disfrazan de razones religiosas:
“Nos preocupa toda esta construcción social y cultural en lo cotidiano que están incitando grupos de odio de ultraderecha y grupos fascistas disfrazados de grupos religiosos o de asociaciones civiles que dicen que la homosexualidad es una enfermedad y que se van a ir al infierno. Ese discurso que pudiese no parecer dañino está causando graves estragos en Veracruz”, advierte.
Los esfuerzos por conseguir derechos vienen desde tiempo atrás, incluso el año pasado el comisionado de la Organización de las Naciones Unidas, Jan Jarab, hizo un señalamiento al estado de Veracruz para cesen y se investiguen los casos de crímenes de odio, pero la fiscalía que sigue siendo la misma de entonces no reacciona, no hay detenidos por ningún crimen, ni siquiera órdenes de aprehensión en casos donde hay sospechosos, señala la activista.
Los ánimos están bajos, Bustamante señala que llevan muchas acciones y pocos resultados.
“¿Cuántos comunicados, marchas, reformas necesitamos hacer para que el gobierno entienda que esto es un problema estructural pero que también en el país? Porque es algo que lamentablemente está ocurriendo en todo el país”.
“Ya hemos hecho muchas cosas, hemos convocado muchas marchas cada que asesinan a alguien pero no trascienden. Logramos que se modifique el Código Penal pero no existe aplicabilidad por parte de la Fiscalía. Existe mucha apatía dentro de la población e incluso existe miedo. La gente ya no quiere ir a la marcha a exigir justicia porque vamos y vamos, vamos a mesas de trabajo en el Congreso, en las oficinas del ejecutivo y no trasciende, y no hay justicia y no hay… y entonces dices, ¿qué más podemos hacer?” cuestiona la activista.
Mike y las pasarelas: el mundo fue su escenario
La libreta que Mike Medina llevó al taller de teatro mostraba muchas épocas de su vida. Ahí, contó a sus compañeros, comenzó a copiar la técnica de su papá, quien de niño le mostraba los trazos básicos para crear figuras y lo fue interesando en las artes visuales.
“Esta rama del arte era una pasión para él: el dibujo, la pintura, la creación y combinación de cosas que él ya conocía y de las cuales formaba cosas completamente nuevas”, cuenta Alex Lara.
Después de comenzar a estudiar Teatro y fue jalando poco a poco a Mike, quien incluso, se fue a vivir a la Ciudad de México.
“Me di cuenta que implicaba demasiado de las artes plásticas, del diseño de vestuario, del diseño de un espacio y yo recordé que desde niño él era fan de todo eso, así que lo invité al teatro, comencé a inmiscuirlo tanto como él se dejaba en el arte teatral, en la parte del diseño, y le comenzó a gustar y un día decidió hacer examen en la ENAT, pero no lo pasó. “Fue entendible porque literalmente estaba comenzando a entender todo eso como arte y no sólo como un pasatiempo. El arte renueva, concilia, sana, y él había entrado en ese proceso”, explica su”.
Mike tuvo que regresar a Acayucan por cuestiones diversas, entre ellas, trabajo. Logró meterse al programa Jóvenes Emprendedores del gobierno de la República, y consiguió empleo en una papelería.
Estaba decidido a prepararse más, ahorrar dinero e intentar de nuevo el examen de la ENAT. Las palabras de Alex Lara le daban vigor pues le había comentado que podría participar en otro proyecto en 2020, solo era una promesa, pero suficiente para recargarle los ánimos.
“Decía que quería hacer el examen y quedarse. Que ya había visto cómo eran los exámenes y cómo se movía ahí todo y que creía que si le echaba ganas esta vez lograría entrar”.
Él encontró el amor al teatro -retoma Alex Lara- en la parte escenográfica, en el diseño de vestuario, en el diseño de escenografía, que al final era lo que él hacía, dibujar, pintar, diseñar
El último día que le vieron, fue cuando Mike Medina llegó al taller de teatro de su primo armado de su libreta de dibujos, al día siguiente tendría que llegar con otro objeto relacionado a su libreta. Pero no llegó. Su cadáver aparecíó entre lápidas del panteón municipal de Acayucan, el mismo donde resultó sepultado el domingo por la tarde.
Su familia lo llevó a sepultar en un cortejo fúnebre que durante el camino fue coreando demandas de “justicia, justicia, ni uno más”.
Lejos del machismo, de los estereotipo y tabúes alrededor de quienes no eligen la sexualidad de nacimiento, sus seres queridos piden que se busque al responsable y que se trate el caso como un crimen de odio, y no algo tradicionalmente pasional.
En las demandas de justicia, alzaron la voz contra el alcalde de Acayucan, Cuitláhuac Condado Escamilla, quien no ha dicho ni una palabra sobre el brutal homicidio.
Este texto fue elaborado por el equipo de Pie de Página y lo reproducimos como parte de la Alianza de Medios de la Red de Periodistas de a Pie
El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) registró 2,414 asesinatos sólo en julio en todo el país. Un promedio de 78 homicidios diarios. En Guerrero, de acuerdo a casos difundidos por los medios de comunicación, hubo 148 víctimas de homicidio doloso en este mismo mes. Aun cuando el número de víctimas ahora es menor en comparación con el año pasado, todavía asesinan a cinco personas en promedio al día.
Texto: Vania Pigeonutt
Foto: Carlos Carbajal
13 de agosto del 2019
Chilpancingo
El estilista José Eduardo Serafín Campos fue asesinado a navajazos un 8 de julio. Diecisiete días después, a Sandy, una mujer transgénero y una niña de tres años de edad, junto a su abuela de 51 años las mataron en hechos distintos.
A José Eduardo sus amigos le decían Lalo, el apodo más común; Katy, Katerin o Gorda. Era muy querido entre los estilistas en Chilpancingo, quienes este año han sufrido la pérdida de otros colegas asesinados con crueldad, uno de ellos “El Ferrari”, Manuel Castro, a principios de abril.
Al otro día del asesinato brotó en Facebook la consternación. Amigos, otros estilistas y clientes, exigieron justicia.
El cadáver de Lalo fue encontrado en su departamento. Vivía en la colonia Moctezuma, al poniente de la capital, por el viejo libramiento a Tixtla. Tenía golpes y puñaladas. Su homicidio fue reportado al número de emergencias 911. Los primeros peritajes indicaron que lo torturaron, porque las heridas tenían distintos niveles de profundidad. En los mensajes dedicados a Lalo vía Facebook, sus amigos lo recuerdan sonriente, cariñoso, escandaloso, divertido. En sus fotos Lalo está acicalado.
Llegó a Chilpancingo en 2009 de Zihuatanejo, Costa Grande, de donde era originario, para desarrollarse como estilista. Acababa de cumplir 30 años. Varios de sus clientes de la estética que tenía poco de haber montado en el centro de la ciudad, lamentaron la saña con la que lo mataron. Lo dejaron irreconocible.
Al igual que a El Ferrari, lo hicieron sufrir. El cadáver de este hombre de 45 años lo dejaron enterrado en el jardín de su casa.
El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) registró 2,414 asesinatos sólo en julio en todo el país. Un promedio de 78 homicidios diarios. En Guerrero, de acuerdo a casos difundidos por los medios de comunicación, hubo 148 víctimas de homicidio doloso en este mismo mes. Aun cuando el número de víctimas ahora es menor en comparación con el año pasado, todavía asesinan a cinco personas en promedio al día.
Amapola Periodismo desglosó con diversas fuentes los homicidios. Separamos del total de víctimas, los crímenes de odio: casos como los de Lalo y Manuel, ambos homosexuales asesinados con brutalidad, por su orientación sexual y su identidad de género, a la fecha han ocurrido cinco; y las mujeres, donde organizaciones como la Asociación Guerrerense contra la Violencia hacia las Mujeres alertan un aumento de crímenes.
Este año han ocurrido hasta julio, según conteos periodísticos, 85 asesinatos de mujeres, la mayoría en Acapulco y Chilpancingo. Sólo en julio ocurrieron 15 casos.
Dos de ellos ocurrieron el 25 de julio, alrededor de las siete y media de la noche en la colonia CNOP, al oriente de la capital. Personas armadas dispararon contra una mujer de 51 años que vendía chicharrones por la celebración de Santiago Apóstol; su nieta de tres años, sentada enseguida, fue herida durante el ataque y murió horas después en el hospital.
Dos días antes del doble feminicidio de la colonia CNOP, el 23 de julio, el gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo Flores, quiso quitarles peso a los homicidios. «No vivimos en un paraíso», dijo a reporteros. Si bien, el gobierno federal reporta una disminución del 30 por ciento en el número de casos, se incrementó la cifra de sectores afectados y en formas de violentar a las víctimas.
Al otro día, el 24 julio, fue encontrado el cadáver del vicepresidente de la Cámara Nacional del Comercio (Canaco) en Chilpancingo, Jorge Ochoa Parra, y se reportó la desaparición del coordinador operativo de la Policía Municipal de Chilpancingo, Edson Omar Cruz Peláez. Cinco policías de esa corporación fueron presentados como testigos para declarar al respecto, por su presunta participación. El proceso sigue, pero los policías lo llevan en libertad.
No es la primera vez que se vincula a la Policía con casos de desaparición y asesinato. En diciembre del 2017 policías municipales de Chilpancingo fueron acusados del asesinato de dos jóvenes y la desaparición de uno, de un total de siete jóvenes que corrieron esa suerte.
De acuerdo al SESNSP hasta junio han ocurrido 30 secuestros. El secuestro del empresario conmocionó a la opinión pública. Pioquinto Damián Huato, presidente de la Canaco en Chilpancingo, difundió el video que captaron las cámaras del negocio de venta de accesorios para mascotas, propiedad de Ochoa Parra.
A la una y media de la tarde del martes 23 de julio dos hombres armados llegan al negocio de Ochoa. Uno saluda.
–Buenas –dice.
Los empleados y Jorge Ochoa responden al saludo. Los dos hombres sacan las armas que traen enfundadas entre la pretina del pantalón.
–¡Carnal aguanta, yo no he hecho nada! – arguye el empresario.
–Nos vas a acompañar camarada –le ordena un armado.
–Te juro que yo no he hecho nada…
En el video de 43 segundos se observa cómo se llevan al empresario. Damián contó a los reporteros que sí pidieron un rescate de 500 mil pesos, pero el empresario apareció a las cinco de la mañana del 24 de julio.
Sobre los carriles norte a sur de la lateral del bulevar Vicente Guerrero a la altura de la colonia José López Portillo fue hallado el cuerpo de Jorge Ochoa, muerto con un impacto de arma en la cabeza y envuelto en una lona. Estaba completamente golpeado. Ochoa se había salvado de un ataque 20 meses atrás, en diciembre de 2017, cuando intentaron matarlo a balazos, mientras manejaba sobre la avenida Benito Juárez.
En el caso del coordinador de la Policía, Edson Omar Cruz Peláez, es una incógnita. Sigue desaparecido. La Fiscalía General del Estado (FGE) detuvo a tres policías por su probable participación, y otros tres declararon, incluido el encargado de despacho en la Secretaría de Seguridad Pública, Fabricio Bautista Romero.
Los policías estaban comisionados como escoltas de Cruz Peláez. Declararon y luego fueron liberados, aunque sigue el proceso judicial. Por el momento seguirán cobrando sus salarios hasta que se aclaren los hechos y no haya una sentencia condenatoria.
En las regiones también ocurrieron hechos violentos. La noche del lunes 22 asesinaron a tiros al presidente de la Asociación de Hoteleros de Zihuatanejo, Luciano Pineda Quiroz. El empresario circulaba por una avenida del centro de ese puerto. Con su muerte sumaron 24 homicidios en el estado del viernes 19 al martes 23.
Alrededor de las nueve de la noche, el empresario circulaba en compañía de su esposa sobre la avenida José María Morelos y Pavón, cuando dos personas a bordo de una motocicleta, le dispararon. El cuerpo de Pineda Quiroz, también militante del Partido de la Revolución Democrática (PRD), quedó dentro de su camioneta, frente a la escuela normal privada Bertha Von Glumer.
Su esposa resultó herida de un tiro. La llevaron a un hospital de Zihuatanejo. El fiscal general, Jorge Zuriel de los Santos Barrilla, limitó su declaración a confirmar que ya abrieron una carpeta de investigación sobre el caso. La pista a seguir es su función como propietario de un hotel. Pineda había aspirado a dirigir el PRD en Zihuatanejo, se encargó del Registro Civil en 2018 y aún participaba activamente en su partido.
Los amigos de Lalo aún colocan mensajes en su muro de Facebook para recordarlo. Uno de ellos escribió que solía gritarle “Katerine” y que él sólo le contestaba: ¡escandaloso! También comentarios sobre sus primeros clientes, sus primeras experiencias. O de los colores que usaba en el cabello, el último un rubio intenso.
El antropólogoRicardo Locia, quien lleva un recuento de los crímenes de odio en Guerrero, desglosa sus datos y conceptos.
Dice que durante el año han ocurrido cinco homicidios contra las poblaciones Lésbico, Gay, Bisexual,Travesti,Transexual, Transgénero, Intersexual, Queer, Asexual (LGBTTTIQA).
“El término de crimen de odio es algo muy actual que muy pocos autores lo han desarrollado y estudiado. Un crimen de odio se efectúa por ser distinto y no sólo tiene que ver con la orientación sexual y el género sino también con el origen étnico, la religión, la edad, el estatus socioeconómico”, define.
El odio se centra en la tortura y en la masificación del instrumento con el cual se ejerce violencia. Sea una piedra, una herramienta, solamente, detalla.
Luego considera: “no podemos exigir casándonos mientras nos sigan matando. Muchos y muchas hemos exigido que antes de que pida el matrimonio igualitario se tiene que pedir que se tipifique el crimen de odio, que sea un agravante en los códigos penales”.
Si hay impunidad en todos los casos, dice Locia, es porque no se visibilizan y no hay nada construido legalmente pese a que la Constitución en el artículo 1 dice que no habrá discriminación por orientación. En Guerrero en 2006 se aprobó la Ley antidiscriminación gracias al activista Quetzalcóatl Leija; esa ley no se hace valer. Leija fue asesinado a pedradas en pleno centro de Chilpancingo.
En el análisis de Locia la violencia en el país se normalizó. “Nos debe de atañer a todos, están matando a mujeres, a hombres, sea su condición económica la que tengan, sea la identidad de género que tengan, están matando a personas. Siempre que hablo de estos temas hago alusión a un poema: no preguntes nunca por quién replican las campanas, porque replican por ti. La humanidad no está aislada todos formamos parte de ella”.
En una foto que colgó de perfil en una de sus redes sociales, Lalo posa con la conductora y actriz Andrea Legarreta. En los comentarios de esa fotografía sus amigos lo felicitan por haber salido en el programa que conduce la actriz. En esa imagen sus ojos brillan.
En plena temporada vacacional, pegando en los puertos, desde el viernes 19 ocurrieron varios homicidios en Acapulco, Zihuatanejo, Atoyac, Tlapa y Apango. En cinco días sólo en Acapulco ocurrieron 19 asesinatos, fue el municipio con la mayor incidencia.
Cinco de las víctimas de este conteo son las del bar Mr. Bar. El domingo 21 por la mañana, dos hombres entraron al lugar en la costera Miguel Alemán, uno sacó una pistola sostenida en la pretina del pantalón y disparó contra los clientes. Segundos antes el otro se alejó del perímetro.
El agresor disparó a los clientes de una mesa y después alrededor. Cinco personas murieron y seis más quedaron heridas.
De los 19 asesinatos ocurridos en Acapulco, el viernes fueron ocho; el sábado, dos; uno de ellos un médico cirujano que mataron en la colonia Hogar Moderno; y el domingo, siete, cinco de ellos son los del Mr. Bar.
En la región de la Montaña ocurrieron otros asesinatos. El 15 de julio el ex director de la Policía Preventiva de Huamuxtitlán y un repartidor de agua murieron al quedar en medio de una balacera. El 24 de julio un policía comunitario fue hallado asesinado, después de que lo secuestraron.
En la revisión en medios impresos del estado, se detectó cómo se extendió la violencia a varios municipios en distintas regiones en el estado y las formas de violencia perpetradas contra las víctimas.
“En julio en Acapulco hubo 64 homicidios, en Chilapa 18, en Chilpancingo 16, en Zihuatanejo ocho, en Coyuca de Benítez cinco, en Ayutla, Petatlán, Atoyac y Cualac tres, en Ometepec, Mártir de Cuilapan, Huamuxtitlán y Taxco dos, en Huitzuco, Coyuca de Catalán, San Jerónimo, Hueycantenango, Pilcaya, Azoyú, Zitlala, Acatepec, Tlapa, Eduardo Neri (Zumpango), Cocula, Cuajinicuilapa, Tixtla y Olinalá un homicidio”, desglosa el periódico El Suren su edición del 2 de agosto.
También en el recuento detalla que la mayoría de las víctimas fueron asesinadas a balazos, algunas fueron desmembradas, calcinadas, embolsadas, decapitadas o sólo fueron halladas sus cabezas, asfixiadas o encontradas en fosas clandestinas.
A estos homicidios sumamos dos ocurridos en la región de la Montaña que no fueron reportados en medios de comunicación, uno en Xochihuehuetlán y otro por arma blanca en Cochoapa El Grande, en la zona mixteca guerrerense.
La mayoría de las carpetas de investigación, según el SESNSP, se abrieron en Acapulco, Chilpancingo, Chilapa, Zihuatanejo y Taxco, municipios que cuentan con estrategias que incluye a la Guardia Nacional. Acapulco encabeza la lista de asesinatos con casi un 50 por ciento de casos (45.89 por ciento).
Este trabajo fue elaborado por el equipo de Amapola. Periodismo transgresor. Se autoriza su reproducción siempre y cuando se cite claramente al autor.
El centro de derechos humanos cumple 25 años en los caminos para acceder a la justicia. Trabaja ahí, con los pueblos de la Montaña de Guerrero, que tienen las mayores tasas de pobreza, y también de donde han salido memorables luchadores sociales: Montaña llena eres de esperanza
Texto: Vania Pigeonutt
Fotografía: Andalusia Knoll Soloff
11 de agusto del 2019
Tlapa, Guerrero
Epifanio Álvarez Carbajal, padre de Jorge Álvarez Nava, uno de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, habló con estruendo. A casi cinco años de la desaparición forzada de su hijo, le dijo al subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, “¡Ya no queremos que nos digan: estamos trabajando, ¡como padres queremos ver algo!”.
El conteo resonó casi de inmediato. “Los pelones”, como les dicen en la Normal Rural de Ayotzinapa a los del primer año —los 43 que fueron desaparecidos en 2014 también lo eran—, gritaron hasta descomponer sus rostros sobrios y solemnes: ¡1,2, 3…43! El público del segundo día del 25 aniversario del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, los siguió hasta gritar justicia.
Los asistentes se encontraban de pie. Vinieron en su mayoría de los cuatro pueblos originarios que habitan los 19 municipios de la Montaña: Ñu Savi (mixteco), Me´phaa (tlapaneco), Ñomdaa (amuzgo) y náhuatl—. Todos respaldaron al padre que confesó lo horrible que es escuchar en las víctimas una línea de tiempo de represión y terror de las últimas seis décadas, sufrida por los más pobres de Guerrero.
Minutos antes, en el salón Marsil, a pocas cuadras del centro de Tlapa, Encinas se comprometió a encontrar la verdad de lo que ocurrió la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre en Iguala. Caiga quien caiga. Varios nombraron al funcionario, su última esperanza.
Los múltiples colores del papel picado con el logotipo de Tlachinollan, las flores de cempasúchil, rosas y flores en arreglos al centro de lugar, dieron una vista alegre a las caras adoloridas por la desaparición, la impunidad y el olvido.
Tlachinollan se fundó como centro de Derechos Humanos un 6 de junio de 1994, cuatro años antes de la masacre de El Charco, en Ayutla. Aquel día militares dispararon a quemarropa a 10 campesinos y a un estudiante de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
Tlachinollan dio respaldó a las víctimas de El Charco. Y también ha documentado violaciones tumultuarias, como las de las indígenas Valentina Rosendo e Inés Fernández, cuyas sentencias siguen sin cumplirse al 100 %, pese a que el Estado mexicano ya les pidió disculpas públicas y admitió la culpabilidad de sus soldados.
Todas las luchas de la Montaña
En el foro “Palabras de vida, caminos de esperanza” con el que empezó la conmemoración, confluyeron varias luchas: familiares de desaparecidos en Guerrero, víctimas de desplazamiento forzado interno, de diversas masacres ocurridas en los últimos 60 años. Desde la “Guerra sucia” de los años 70 hasta Ayotzinapa. Pasado y presente hermanados en la tragedia. Voces contundentes sufriendo aún esa represión.
Emiliano Navarrete es padre del normalista desaparecido José Ángel Navarrete. El contó el viernes 9 en la casa católica: “eso no es vida, uno camina como sin alma, porque nos espera la familia y no sabemos qué decirles al llegar otra vez sin nada, pero tenemos que ser fuertes porque nuestros hijos nos necesitan”.
“A mi hija embarazada la asesinaron, a la más pequeña la hirieron. No le deseo a nadie lo que yo sufro. El gobernador dijo que no era cierto. Quiero justicia”, dijo con voz entrecortada Ángela Salgado García, desplazada de Leonardo Bravo (Chichihualco), quien espera que el presidente Andrés Manuel López Obrador y su Guardia Nacional, los regrese a sus pueblos, donde dejaron sus animales, sus milpas y todos sus recuerdos.
En el encuentro del 25 aniversario de Tlachinollan participaron decenas víctimas, pero también diversas organizaciones nacionales e internacionales, como el Alto Comisionado de las Naciones Unidas, escuchando a la par de cientos de hombres y mujeres, que vinieron desde caminos serpenteados, de difícil acceso como Cochoapa El Grande, Metlatonoc, Xalpatlahuac, donde además de justicia también les falta comida.
Agravios de la Guerra Sucia
Eustolia Castro Ramírez, viuda de uno de los campesinos masacrados por el Ejército en El Charco, Ayutla el 7 de junio de 1998, dejó en claro que esos dolores con nada se quitan. A lo que coincidió Norma Mesino, de la Organización Campesina de la Sierra del Sur, quien enterró a su hermana Rocío, y con micrófono en mano exigió férreamente justicia por los asesinados del vado de Aguas Blancas, en tiempos del cacique ex gobernador, Rubén Figueroa Alcocer. Recordó al gobierno la deuda histórica que tiene.
Ese pasado llegó de la voz de Karla Nogueda Radilla, hija de Tita Radilla, quien ha dedicado toda su vida a encontrar justicia por la desaparición de su papá, Rosendo Radilla Pacheco, un cantante de corridos, cuyo defecto consistió en incluir en sus letras al guerrillero Lucio Cabañas, también originario de su municipio, Atoyac de Álvarez, en la Costa Grande guerrerense.
Ella pidió a las familias de desaparecidos, a Jan Jarab, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas, al Comisión Nacional de Derechos Humanos, continuar con la búsqueda.
Eloy Cisneros recordó que fue la masacre de los copreros, un 20 agosto de 1967, cuando mil campesinos se manifestaron y “nuestros compañeros decidieron defender sus derechos, fueron acribillados por francotiradores, se confirmó el asesinato de más de 30 copreros”. Este hecho, motivó a Lucio Cabañas a emprender una guerrilla.
La radiografía de un Guerrero bronco y reprimido parecía interminable e inacabada. Horas y horas de testimonios, pusieron de forma contundente la exigencia primordial del antropólogo, Abel Barrera, quien ha llevado de la mano a Tlachinollan en estos 25 años. Hace falta un siguiente paso: encontrar un mecanismo de no repetición. El pasado sirve para prevenir atrocidades futuras, pero sin verdad y justicia, no habrá otra etapa.
La Montaña roja, dijo en varios puntos de la celebración Barrera Hernández. Y es que aquí, en los pueblos con las mayores tasas de pobreza, desnutrición, falta de acceso a servicios básicos, se centra la dignidad de México. Acá, la Montaña guerrerense ha parido a luchadores históricos como el profesor Othón Salazar.
Esperanzas para Ayotzinapa
Después de presenciar el sincretismo religioso, velas blancas y copales, un ritual prehispánico que antecedió la misa católica de celebración, los panelistas del foro hablaron de los caminos para acceder a la justicia.
Atentos estaban además de Jarab, Claudia Paz y Paz integrante de la comisión de Seguimiento del caso Ayotzinapa, el ex integrante del Comité contra la Desaparición Forzada, Rainer Huhle y medio centenar de organizaciones y defensores de derechos humanos.
Ante ellos, en un presídium que tuvo como invitados principales a los padres de los 43 normalistas desaparecidos.
A la basura, “verdad histórica”
Encinas explicó lo que desde hace ocho meses que inició la comisión de seguimiento han desenmascarado: no existió tal verdad histórica que el ex procurador de Enrique Peña Nieto, Jesús Murillo Karam, aseguró con vehemencia. Y abrió la posibilidad de que funcionarios como él, Tomás Zerón, de la Agencia de Investigación Criminal y otros lleguen a la cárcel por encubrir lo que pasó hace casi cinco años.
“El análisis de todas las llamadas telefónicas que se celebraron en los seis primeros días después de la tragedia, donde después de revisar más de 84 millones de llamadas telefónicas fuimos depurando la información para tener claramente establecido hoy la red, reveló cómo se comportaron los grupos delictivos esa noche y cómo se hizo la operación: el proceso de desaparición de los muchachos”, recontó.
Dijo que eso les permite desmentir las versiones que los estudiantes tuvieron comunicación con cuerpos policiacos. No hubo ninguna. Como demostrar que la presencia de las autoridades y los elementos de Cocula fue absolutamente marginal y no: no se movieron hacia esa región del estado de Guerrero, como aseguró la administración pasada.
Resistencias presentes
Lo increíble es que siguen enfrentando resistencias del pasado. Por ejemplo, explica Encinas, Carlos Gómez Arrieta, exsecretario de Seguridad Pública de Michoacán, está amparado. Ello, pese a las pruebas científicas de que torturó a los supuestos responsables materiales de la desaparición de los 43 y el asesinato de seis personas, entre ellos, tres estudiantes. No pueden tomarle declaraciones por ahora.
“Desde dentro empieza a haber restricciones que se han estado remontando afortunadamente con el nombramiento del fiscal para el caso Ayotzinapa, se están rompiendo esas barreras. Esto da cuenta de que el viejo régimen sigue vivito y coleando y que todavía vamos a necesitar, no solamente una mayor energía de la comisión para enfrentar estas resistencias, sino también vamos a necesitar el respaldo social”. Así lo pidió el subsecretario a la gente y a los defensores que lo escuchaban atentos.
“En la comisión hemos sostenido reuniones con el ex gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, con el ex procurador de Guerrero, Iñaki Blanco Cabrera, hemos sostenido reuniones con el secretario de la Defensa nacional. Y todos los miembros de la Sedena. Hemos entrado en las instalaciones del 27 Batallón de infantería Iguala, tenemos hoy a disposición de la Comisión y Fiscalía especial del caso Ayotzinapa, a todos los elementos del 27 Batallón que estuvieron esos días en Iguala para que rindan su declaración ministerial”.
Jarab se atrevió a decir que la esperanza misma se encarna en Encinas, e insistió en que es necesario que el gobierno federal identifique a los cientos de cuerpos que siguen sin familia en las salas frías de los Servicios Médicos Forenses del país, que ya no tienen espacio para un cuerpo más.
Encinas aseguró que, aunque han descubierto 15 líneas de investigación, hay una posibilidad de enjuiciar a ex funcionarios, pese a los cinco años de distancia, cientos de pruebas desaparecidas, la búsqueda seguirá siendo con vida. Porque si resuelven el caso Ayotzinapa, darán esperanza a los más de 40 mil desaparecidos en el país.
La fuerza del Estado
Para Raymundo Díaz Taboada, director del Comité Contra la Tortura y la Impunidad, las prácticas de desaparición se han perfeccionado. Sostiene que en el pasado tuvo la infortuna de empezar con desapariciones selectivas, que ahora son masivas. El Estado sigue implementando el terror, como herramienta para disuadir exigencias justas.
Cerca suyo se encontraba el dirigente del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la presa La Parota (Cecop), Marco Antonio Suástegui Muñoz. Sabe bien de lo que habla su paisano. Acaba de salir de su tercer encarcelamiento. Marco dice que le rompieron el estómago a patadas y por eso fue operado. Lo encarcelaron por un problema con un gravillero, pero lo cierto, insiste, es que su problema con el Estado radica en oponerse a la presa La Parota.
Marco tiene que ser operado nuevamente de la columna, porque lo torturaron. Siempre se ha aferrado a sus tierras, en su amado Cacahuatepec, Acapulco. En ese mismo puerto donde hombres armados quemaron su patrimonio: tres lanchas con motor y unas sombrillas que su familia había rentado durante los últimos 30 años.
Aprovechó la presencia de Encinas. Le entregó un documento donde le narró con detalle cómo hace unos días, pese a que él demostró que no es ni asesino ni responsable de algún delito, llegaron elementos de la Marina a su campo de maíz. Le rompieron cercas. Invadieron su terreno, por ser él, dice: y nadie hace nada al respecto.
En los dos días de conmemoración desfilaron los comuneros del Ejido de Carrizalillo, que ahora padecen la invasión de mineras por el oro y sus tierras están contaminadas. También, mujeres indígenas guerreras, que han soportado las prisiones injustas de sus esposos. Y por supuesto, los miembros de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC): el único sistema alternativo de justicia, que tiene marco legal que operan en la Costa Chica y Montaña desde hace 24 años. Y lo hace en gran medida, gracias a Tlachinollan.
Flor roja
Abel Barrera habló de su 25 informe titulado “Montaña llena eres de esperanza”. Son 415 hojas, con una portada que lleva una flor roja, parecida a la amapola que se cultiva gracias a la pobreza en esta región. Ahí delineó las atrocidades presentes: feminicidios en aumento, asesinatos masivos; desapariciones constantes.
El informe tiene un apartado llamado cifras de la muerte. Tlachinollan tomó del informe del Institute for Economics and Peace del 2019, varios datos. México tuvo un retroceso de 4.9 % y su deterioro se materializó en 22 estados. Esto se debe al recrudecimiento de la tasa de homicidios que se elevó 14 %. Considera que es una cifra escandalosa que llega a 27 muertes por cada 100 mil habitantes, o más de 34 mil víctimas.
Ese informe ubica a Baja California como el estado menos pacífico de México, seguido de Guerrero, Colima, Quintana Roo y Chihuahua. Tlachinollan tomando como base recuentos de El Sur, un periódico de Guerrero, dice que se tiene un registro de 2 mil 472 asesinatos correspondientes al 2018, por otra parte en los primero cinco meses de 2019 se registraron 748 personas asesinadas, que arrojan un promedio de 5 homicidios diarios, lo cual coloca a Guerrero en uno de los más violentos del país.
En Guerrero la tasa de homicidios se eleva hasta un 69%. La tasa más alta la tiene Zihuatanejo, seguido de Acapulco. “Esta violencia ha propiciado impactos directos en las economías. En la región de la Montaña, desde septiembre de 2018 a junio de 2019, registran un registro de 86 casos de homicidio, Tlapa el número uno con 29 asesinatos.
Los collares de flores de cempasúchil bordados por mujeres indígenas, dieron la penúltima escena. Mantas de manos de luchadores sociales y de gente que apoya estos movimientos salieron a una marcha que concluyó con los festejos del 25 aniversario. Enfrente del ayuntamiento de Tlapa, resonaron cientos de voces exigiendo justicia. Demandaron alto a la represión, a la militarización. Los machetes de los líderes del Cecop tocaron el piso. Y las voces de Epiafino, Cristina, Mario, Hilda, Emiliano, Calixta, madres y padres de los 43, depositaron ante la ciudadanía impávida, sus esperanzas.
Este trabajo fue elaborado por el equipo de Pie de Página y lo reproducimos como parte de la Alianza de Medios de la Red de Periodistas de a Pie.
Texto: Vania Pigeonutt
Fotos: Lenin Mosso 9 de agosto del 2019
Tlapa de Comonfort
El Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, cumplió un cuarto de siglo. En 25 años han defendido diversas luchas históricas que resonaron a través de sus víctimas y defensores. En el foro: “Palabras de vida, caminos de esperanza”, confluyeron varias luchas, familiares de desaparecidos, víctimas de desplazamiento forzado interno, y de diversas masacres ocurridas en los últimos 50 años.
En el foro que se lleva a cabo este 9 y 10 de agosto en la Casa Católica de Tlapa, Abel Barrera Hernández, director de Tlachinollan, recordó que la impunidad prevaleciente hermana las luchas del pasado con el presente.
Juntos, los padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, exigieron justicia con Karla Nogueda Radilla, nieta del compositor de corridos, Rosendo Radilla, desaparecido en la llamada “Guerra sucia” de los 70´s.
Durante el primer día se llevaron a cabo cuatro paneles. “De la guerra sucia a la trágica noche de Iguala; el continuum de la violencia y la impunidad en Guerrero”, el primero. En este, Norma Mesino, de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS), recordó el caso de su hermana Rocío Mesino, asesinada brutalmente en Atoyac. Eustolia Castro, sobreviviente de la masacre de El Charco, Ayutla, recordó que esta matanza sigue en la impunidad: allí fueron asesinados por soldados 11 personas, entre ellos un estudiante.
En los paneles, los activistas, víctimas y defensores hablaron de la represión política, las violaciones a los derechos humanos, la militarización y los saldos del supuesto combate de los grupos criminales iniciado por el ex presidente Felipe Calderón.
La señora Guadalupe Narciso, quien busca a su hijo Josué Molina Rodríguez– desde hace cuatro años desaparecido–, contó su testimonio, como otras madres, padres, hermanos y familiares de desaparecidos, torturados y asesinados. Con una voz estruendosa, reclamó al gobierno: “¡Ya párele de esta masacre, no podemos seguir así!”.
Narró que: “nos ha engañado, revictimizado, y nadie ha hecho justicia”. Le reclamó al gobernador, Héctor Astudillo Flores, su inacción. Dijo que seguirá con el Colectivo de familiares de personas desaparecidas de Chilpancingo, el cual encabeza, exigiendo que sus familiares sean devueltos, que se hagan los análisis correspondientes de ADN a los cuerpos.
“Porque mis nietos me lo exigen, porque cada día que salgo, les digo: voy a buscar a tu padre, pórtense bien, para que le den cuentas cuando regrese. ¡Cada que regreso no tengo nada que decirles!”, dijo con la voz potente y entrecortada.
Asistieron otros colectivos de familias de desaparecidos y desplazados forzados. Como Víctor Erasmo Gasparillo, del Colectivo de familiares de personas desaparecidas de Zitlala, y gente de Leonardo Bravo (Chichihualco) que, desde noviembre de 2018, exigen a las autoridades regresar a sus casas, tomadas por civiles armados.
Convivieron en la misma sala, Valentina Rosendo e Inés Fernández, indígenas que lograron el perdón del estado mexicano, tras haber sido víctimas de violación tumultuaria, junto a personal de la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y su representante, Jan Jarab, entre otros.
Para el sábado, esperan la presencia de Alejandro Encinas, el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, quien dará la conferencia: ¿Cómo implementar acciones eficaces para que la justicia llegue?, con quien las víctimas de desaparición y desplazamiento forzados, los que exigen justicia por familiares asesinados y sus propios defensores, tienen resoluciones pendientes de la federación.
Este trabajo fue elaborado por el equipo de Amapola. Periodismo transgresor. Se autoriza su reproducción siempre y cuando se cite claramente al autor.
En las playas de las costas del Caribe y Golfo de México la erosión costera se acelera cada vez más. El nivel del océano sube cada día. La destrucción avanza. El problema es grave; pero no hay ninguna acción gubernamental coordinada que haga frente a este escenario.
En Tabasco y Campeche hay costas sin playa, carreteras, faros y hasta escuelas y camposantos bajo el mar. En Yucatán, hay casas de playa cuyas paredes reciben el impacto del oleaje. En Cancún, Quintana Roo, algunos hoteles cuentan con apenas 20 metros de arena entre la alberca y el océano.
Todo lo anterior se debe a la erosión costera y el avance del mar.
Entre mayo y julio de 2019, realizamos un recorrido por estos cuatro estados profundamente afectados por la erosión costera. Reunimos testimonios e imágenes que fueron contrastadas con otras documentaciones de los últimos diez años. Y localizamos puntos ciegos de impactos recientes, aún no evaluados.
En este reportaje, víctimas dan cuenta de la incertidumbre en la que viven ante los avances erosión, y por otra parte, científicos ventilan datos sobre los impactos recientes de este fenómeno, pero dicen ser desoídos.
En la Barra de Tupilco, hay tramos de carretera donde la distancia entre el mar y la laguna El Ostión, es de 72 metros. Foto en dron: Carlos de la Cruz.
De la erosión nadie se salva
Este es un fenómeno que lo mismo ha impactado zonas poblacionales, puertos de pescadores y de la industria petrolera, que infraestructura hotelera, sin prevención alguna.
“Estamos en el límite”, advierte Lourdes Badillo, una ambientalista que se confiesa cansada de luchar no sólo contra las autoridades, sino contra empresarios e, incluso, pescadores que en las costas de Campeche realizan acciones que pueden acelerar la erosión costera.
La erosión costera, como consecuencia del cambio climático, fue advertida desde el Quinto Reporte de Evaluación de 2013. Desde aquel entonces, el Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC) concluyó que el calentamiento del planeta es inequívoco.
Entre los fenómenos del cambio climático, sobresalen el calentamiento de la atmósfera y los océanos, la reducción de las superficies cubiertas con hielo y nieve, y también el aumento del nivel del mar, registrado desde los años cincuenta del siglo pasado.
Un problema ignorado
México presume haber instrumentado el Programa Especial de Cambio Climático (2014-2018) en el Gobierno Federal e incluso en algunos estados, como Tabasco. Sin embargo, no se instrumentan acciones preventivas, ni a nivel federal o local. Sólo medidas reactivas.
Por ejemplo, el Gobierno actual, el de Andrés Manuel López Obrador, no ha presentado programa especial alguno. Sólo ha respondido a la contingencia del sargazo en las playas del Caribe, con el envío de la Marina.
Según el documento, “una consecuencia asociada con el aumento de la temperatura de los mares y el deshielo de los casquetes polares, debido al calentamiento global, es la elevación del nivel medio del mar y la exacerbación de los procesos de erosión en las costas arenosas”.
Esta situación, añade, da origen a la “degradación de importantes ecosistemas costeros, como manglares y humedales, dunas y playas, además de afectaciones a la infraestructura costera, viviendas, carreteras, muelles, puertos, puentes, etc., siendo mucho mayor el efecto tanto en zonas bajas costeras como en islas”.
Costa de Tabasco: lagunas en peligro
A pesar de que el peligro de la erosión costera se trata muy brevemente en la Sexta Comunicación sobre Cambio Climático, el texto sí advierte que la vulnerabilidad radica tanto por el avance del mar hacia cuerpos lagunares, como por el tipo de suelo.
Tabasco y Campeche tienen ecosistemas muy frágiles con delgadas divisiones continentales que apenas separan el mar de lagunas. En el primero de esos estados, la laguna La Redonda sólo está dividida del mar por 40 metros de tierra. La Barra de Tupilco, cuenta con 72 metros. Y en Campeche, sobresale Sabancuy, con menos de 150 metros.
El comunicado advierte: “En México, un estudio de vulnerabilidad realizado en la costa del estado de Tabasco, encontró que los sitios con mayor vulnerabilidad por inundación se encuentran frente a los sistemas lagunares costeros más importantes del estado: Carmen-Pajonal Machona y Mecoacán”.
Y añade: “otro estudio encontró que la zona costera de Tabasco y Campeche presenta una extrema vulnerabilidad geomorfológica con posible inundación ante el ascenso del nivel del mar”.
Este trabajo fue realizado por el equipo de Pie de Página en alianza con Connectas con el apoyo del Programa Regional de Seguridad Energética y Cambio Climático en América Latina de la fundación Konrad Adenauer (EKLA-KAS).
La violación sistemática del derecho al acceso al agua potable, desde hace dos años, en contra de habitantes de San Pedro y San Pablo Ayutla, Mixe, podría tipificarse como tortura.Desde hace 370 días, sus vecinos del municipio de Tamazulapam del Espíritu Santo se apoderaron de los veneros que abastecía el líquido a más de tres mil personas, por un presunto conflicto agrario.
La situación ha desencadenado que el grado de conflictividad se incremente entre ambas poblaciones, pero también que los derechos a la educación, salud y una vida libre de violencia para las mujeres no se respete, concluyeron integrantes de la Misión Civil de Observación de la Zona Mixe.
Durante los días 5,6 y 7 de agosto, activistas que integran la Red de Organizaciones de Derechos Humanos, conformada por 87 organizaciones en 23 Estados; realizaron una inspección a ambos municipios.
Entrevistas, reuniones de trabajo con autoridades municipales, estatales y demás dieron como resultado omisiones que han vulnerado de manera sistemática los derechos humanos de niños, niñas, mujeres y adultos mayores de ambas comunidades.
Aunque el problema podría tipificarse como el delito de tortura, integrantes de los colectivos y organizaciones consideraron que es necesario continuar con la investigación y el análisis para su consideración.
“Ante un contexto de gran urgencia, la comunidad de Ayutla no ha contado con agua durante más de dos años. La Misión buscó entrevistas con las personas del conflicto agrario que de acuerdo a las declaraciones públicas del gobierno estatal es la causa principal de falta de obras públicas para conectar el agua”.
“Sin embargo, en las reuniones realizadas con autoridades civiles y tradicionales con ambas comunidades pudimos constatar que existe un manejo parcial por parte de la Secretaría General de Gobierno y la Comisión Estatal del Agua, con acuerdos verbales que no cuentan con un respaldo documental, así como los procesos de atención y solución del conflicto”, concluyeron.
Las y los integrantes de la Misión, manifestaron su preocupación ante la omisión del gobierno toda vez que el conflicto ha derivado otros problemas como la falta de acceso al a salud y educación.
Ante la falta del líquido en los cuatro tanques de abastecimiento, habitantes de Ayutla han recolectado el agua pluvial, por lo que esto ha derivado en enfermedades gastrointestinales e infecciones en las vías urinarias.
“La falta de agua ha provocado que la atención medica no sea la correcta, pero además se vulnera el derecho a la educación debido a que no se les garantiza que los baños se encuentren limpios”, dijeron tras dejar a un lado el tema del crimen organizado, el cual presuntamente es el centro de la problemática.
Los testimonios de las mujeres son de gran desesperación, pero se manifestaron por la paz y por la vía legal, señaló la Misión.
Este trabajo fue elaborado por el equipo de Página 3 y lo reproducimos como parte de la Alianza de Medios de la Red de Periodistas de a Pie.
Este perfil fue elaborado por Reporteras en Guardia, un colectivo independiente y sin filiación política conformado por más de 100 periodistas, editoras y realizadoras de 24 estados de México y de su capital, entre ellos Guerrero, con la finalidad de realizar las historias de las y los periodistas asesinados y desaparecidos del año 2000 mil al 2019.
Monterrey, 1978-Ciudad Benito Juárez, 2014
Asesinada con arma blanca. Un sentenciado.
Aunque su mayor miedo eran los asaltantes, Marlén Valdez Gracia enfrentó al que sería su asesino: Julio César Gutiérrez, El Chucky, cuando perseguía a su vecina Gabriela Márquez para robarle el celular.
Marlén dio refugio a la joven en su casa pero no logró evitar que entrara el Chucky, un adicto a los solventes de 21 años. Cuando lo encaró, la apuñaló en el cuello y huyó. Denise, vecina también de la colonia Real de San José, en Ciudad Benito Juárez, llamó a emergencias. Luego contaría extrañada que la ambulancia municipal tardó casi 30 minutos en llegar, que los paramédicos llevaban uniforme de policías, y que aunque Marlén se desangraba, no hicieron nada para detener la hemorragia.
A cinco minutos estaba la Unidad de Medicina Familiar 20 del IMSS, pero optaron por llevarla a la Clínica Virginia, en Cadereyta, a más de 15 minutos. Marlén ingresó al hospital sin signos vitales.
“A mí no se me hubiera muerto”, asegura Miguel Óscar Pérez, su jefe de información en el semanario La Última Palabra de Cadereyta, donde Marlén trabajaba desde hacía cuatro años.
Llegó al lugar del ataque cuando la ambulancia ya había partido. No puede olvidar ese 20 de agosto de 2014, la sangre en la banqueta, una muerte que considera absurda.
Define a Marlén como una reportera hiperactiva, rebelde, severa en sus cuestionamientos a los funcionarios. “Casi de todo hacía notas; teníamos que dejar fuera mucho de su material”.
Lo mismo podía narrar, frente a la cámara, la historia del clásico corrido Laurita Garza que escribir un reportaje sobre corrupción. Un mes antes de su asesinato denunció que el cabildo de Juárez había adjudicado irregularmente un contrato por 32.2 millones de pesos a Ralmica Constructora para obras de repavimentación que no se habían realizado. Señalaba como responsables a funcionarios del alcalde panista Rodolfo Ambriz.
Marlén escribía también sobre su equipo de béisbol favorito, Los Sultanes de Monterrrey, para el diario El Regio, y era cronista de los juegos de la liga municipal de San Nicolás de los Garza.
En 2011 fundó en su casa el proyecto “Sueños de Niños”, con el que becaba a estudiantes y entregaba despensas o materiales médicos a personas de escasos recursos. Conseguía apoyos con funcionarios municipales y entre sus amigos.
Gabriela García trabajó junto a Marlén en el semanario La Espiga de Santa Catarina. Recuerda que era perseverante, franca y de carácter fuerte. “Tenía sus metas muy fijas: ‘me quiero ir de viaje a esta parte, quiero sacar esta nota’”, cuenta sobre su amiga.
Marlén era la mayor de dos hermanos. Gloria, su madre, no quería que fuera periodista. “En mi rancho dicen que por estudiar eso te piden los jefes algo más”, le advertía.
Cursó primero una carrera técnica de comercio, por petición de Gloria, y después se inscribió en la Universidad Metropolitana de Monterrey para estudiar periodismo. Antes de terminar la carrera en 2005, inició sus prácticas profesionales como locutora en una estación de radio, luego trabajó un tiempo para TV Azteca.
Era soltera, con casa propia, pero dormía todos los días con su mamá. A veces, Gloria viajaba hasta hora y media en transporte público para no dejarla sola. “Tenía mucho miedo a los rateros”, recuerda entre lágrimas.
Un año después del crimen, El Chucky fue declarado inimputable por considerar que la droga que consumía le produjo esquizofrenia. Se le sentenció a 20 años de tratamiento psiquiátrico en el Cereso de Cadereyta.
Gabriela y Marlén dejaban el miedo atrás en sus coberturas: “¡Si nos toca nos toca!”, decían. Todo cambió con el asesinato: “¿Con qué seguridad te puedes mover si terminan matando a una mujer que defiende a otra?”.
Las organizaciones de libertad de expresión tenemos que escuchar a los periodistas de los estados y profundizar en el análisis de los asesinatos. Estamos obligadas a ello. No podemos seguir con la misma narrativa de los últimos 10 años, como si no hubiéramos aprendido nada, dice en entrevista Jade Ramírez Cuevas Villanueva, coordinadora de libertad de expresión de la Red de Periodistas de a Pie.
Este mensaje no será popular, pero hay que decirlo, dice Jade Ramírez Cuevas, coordinadora de Libertad de Expresión de la Red de Periodistas de a Pie: tenemos que subir los estándares de la documentación para hablar de periodistas asesinados.
“No se trata de decir cuales son buenos y malos periodistas, sino de diferenciar cuáles situaciones se derivan del trabajo periodístico y cuáles pueden derivarse de otras actividades de riesgo. Documentar cada caso, con los nodos de los estados, con el contexto de la agresión y el mapeo de los medios y sus intereses. Desagregar las estadísticas a partir de lo que se está viviendo en los estados. Sabemos que no hay investigaciones de las autoridades y si nosotros tampoco nos metemos a documentar no vamos a salir del circuito de impunidad”, dice.
Las organizaciones de defensa de la libertad de expresión y los propios periodistas, insiste, “no abonamos nada generalizando las historias, por el contrario, eso sólo acrecenta una estadística que ya no nos interpela y tampoco a la sociedad. Y peor aún, no ayuda al entendimiento de lo que está pasando”.
Sabe de lo que habla. Antes de integrarse a la dirección colectiva de Periodistas de a Pie, ella misma recibió varias amenazas de muerte –primero por su cobertura de la oposición a la presa del Zapotillo y luego por su defensa de periodistas y defensores–; fue beneficiaria del Mecanismo Federal de Protección a defensores y periodistas y formó parte de la primera Junta de Gobierno del Consejo Ciudadano del mecanismo, al que renunció con una carta muy dura sobre su inutilidad y la forma en la que puso en mayor riesgo.
En el área que coordina desde 2015 ha gestionado innumerables formas de apoyo a periodistas. Muchos la consideran radical, poco tolerante a los acuerdos con autoridades, el “ala dura” de la red de periodistas de a pie, la que nos regaña por no usar medidas estrictas de protocolos y la que nos interpela sin miramientos cuando bajamos la guardia.
Ahora, con la misma franqueza que la caracteriza, reclama la “visión chilanga” que prevalece en la defensa periodistas. “Las organizaciones deben escuchar a los colegas de los estados antes de lanzarse a reclamar nada”.
Hablamos largo rato, vía telefónica desde Jalisco, donde vive. Le pregunto por qué la red de Periodistas de a Pie no considera en sus estadísticas de asesinatos de periodistas a Rogelio Barragán y Édgar Nava, ocurridos hace unos días y que han sido considerados por la prensa nacional dentro de un trío de periodistas asesinados en México en una semana (el otro es Celestino Ruiz, en Veracruz) y condenados incluso por la ONU.
De botepronto responde: “porque estamos escuchando lo que nos dicen los compas de los estados. Porque preguntamos, indagamos, y no hay indicios de que sea por una actividad periodística”.
Insiste: “Checa la página de Amapola y de APEG (Asociación de Periodistas del Estado de Guerrero), que es lo mejor del periodismo de Guerrero, y dime si hicieron notas sobre el asesinato de Rogelio Barragán. No las hicieron ¿por qué? Por lo mismo que la red no lo incluye en la lista de periodistas asesinados: porque en la región no se le identifica como periodista, sino como un empresario que abrió un portal que daba información, por los motivos que quieras, ligada a un grupo criminal y que incluso puso en riesgo a otros periodistas”.
En el caso de Edgar Nava, asesinado en Zihuatanejo, aclara que la Red no lo contabiliza porque, aunque administraba un portal, no era periodista activo hace años. “Era funcionario, es decir, fue periodista y dejó de serlo hace años para irse al gobierno. Eso no le quita gravedad al asesinato, pero no podemos considerarlo en el mismo rango de un periodista activo”.
No es el caso de Celestino Ruiz, asesinado en Veracruz el mismo día, y quien “independientemente de las prácticas buenas o malas que tuviera en el ejercicio del periodismo, hay evidencias de que estaba amenazado por ese trabajo periodístico”.
— ¿Por qué para Periodistas de a Pie es importante la diferenciación?
— Primero, porque la red no tiene un mandato de defensa de libertad de expresión en general, sino defensa del periodismo con estándares de calidad y ética. Pero principalmente porque no podemos seguir con el discurso de hace 10 años, cuando no teníamos ninguna idea ni experiencia acumulada de lo que pasaba en el país con las agresiones a periodistas. En un principio se metía a todos porque no los conocíamos. Pero ahora ya las conocemos. Hemos creado nodos, exploramos todas las vías y aprendimos que esa generalización tampoco nos ayuda a tener claridad en el diagnóstico. Nos están matando, sí, eso lo sabemos hace 10 años, pero ¿por qué? ¿Qué falta? ¿Cuáles los diagnósticos regionales? Es decir, necesitamos una lectura más fina y eso es algo que los periodistas tenemos que hacer porque las autoridades no lo van a hacer, no les interesa.
— ¿No les interesa o no pueden?
— No les interesa. No es su agenda prioritaria la garantía de derechos a periodistas. Eso no hay que ser ningún genio para verlo. Pero tampoco hay un esfuerzo mayor de organizaciones y periodistas por hacer esa lectura fina. La exigencia se concentra en el discurso del presidente y está claro que su construcción sobre el periodismo y medios se basa en sus experiencias propias. Pero reducirlo a eso tampoco sirve para entender.
Pocas veces se exige a los legisladores o a los gobiernos locales. No hemos escuchado nada del Fondo de apoyo para periodistas en Guerrero, por ejemplo, que ha sido usado políticamente para darle a los periodistas las prestaciones que los dueños no les dan. Tampoco escuchamos nada sobre el papel de los medios ni de los intereses de los propietarios, que muchas veces ponen en riesgo a sus reporteros. Entonces, hay que empezar a ponernos más serios en la documentación y no ponérsela fácil a los grupos que se apropian de una cifra inflada cuando antes no le importaba lo que nos pasaba y toman la bandera de los asesinatos de periodistas como botín político, porque esa es la otra cosa: ¿cuánto, como organización o como colectivo, nos sirve generalizar e inflar las agresiones?”
— ¿Cuáles son los criterios de PdP para incluir un caso en sus listados de periodistas asesinados o desaparecidos? ¿Cómo lo definen?
— El principal criterio es que su actividad central sea el periodismo. Lo primero que hacemos es recolectar una serie de información contextual con los nodos en los estados. Lo que nos dicen los que están ahí, en la zona y en el terreno. En las regiones todos sabemos quién es quién. Los periodistas más cercanos a la realidad de los estados saben perfectamente que en una conferencia con 20 personas hay diez que no hacen función de periodistas, que son enviados por grupos políticos o criminales a espiar y a vigilar a los que quieren ser críticos. En estas épocas es un blanco fácil travestirse de periodista, ponerse una credencial aunque tu actividad central sea otra, y mal haríamos nosotros si no hacemos una separación.
Una cosa muy distinta es que abras una página de Facebook o un blog y desde ahí documentar actos de corrupción y violaciones a derechos humanos, como muchos comunicadores comunitarios, o el propio Moisés Sánchez, por ejemplo, que manejaba un taxi para financiar su periódico, y que incluso fue candidato y trató de organizar una policía comunitaria, pero no tenía un cargo público. El problema con Édgar Nava es que tenía una doble actividad como servidor público y estaba a cargo de una dirección controvertida que es la de inspección y reglamentos.
Pero más allá de los casos específicos, que algunos son muy difíciles de diseccionar, el criterio general es que no tenga cargos públicos. Porque veamos ¿cuántos trabajadores de los medios brincaron en los últimos años del periodismo a oficinas de comunicación? Lamentablemente por una precariedad laboral muchos terminaron haciéndolo, y no los vamos a juzgar por eso, pero un periodista no puede seguir siendo periodista cuando tiene un cargo público.
— Hoy en un programa traté de explicar esto y me dijeron que es una posición poco solidaria con el gremio…
— Creo que el primer gesto de solidaridad debe estar con los nodos locales. Lo primero que tenemos que hacer es preguntar a los que están ahí, en terreno, cotejar sus datos para la documentación y sumarnos a los criterios de los propios colectivos que en estos años han ido aprendiendo a documentar y que pueden hacer una indagación más rápida. Para la red ese ha sido el principio fundamental: si los que están en terreno nos dicen necesitamos apoyo pues vamos a la manifestación, pero si nos dicen no, aguas, pues aguas, porque apoyar a quienes ahí mismo están usando la bandera del periodismo para atacar a otros periodistas críticos y eso pone en riesgo al periodismo más crítico de cada región, es muy irresponsable. Y aquí, insisto, para nosotros la referencia de buen periodismo son los colegas de la APEG y de Amapola.
Desde mi propia condición regional te puedo decir que a los periodistas que estamos en los estados nos incomoda mucho que, conociendo cómo están las circunstancias en lo local y las dificilísimas condiciones en las que trabajamos, desde la capital se considere periodista a quien no lo es, porque nos desmotiva.
— Pero, ¿dónde está el punto medio? ¿Cómo evitamos caer en la misma criminalización que hacen las autoridades?
— El derecho a la libertad de expresión no es privativo de los periodistas, pero el trabajo profesional sí le da un perfil a un periodista. No tomar perfiles de las personas que sufren agresiones provoca, por decirlo de un modo, una innecesaria confusión.
Es cierto que el discurso de las autoridades siempre va a ser que, o ‘estaban metidos en algo’ o que fue un asunto personal. Pero a diferencia de hace años, cuando no teníamos forma de saberlo porque no nos conocíamos entre nosotros, ahora si hay redes conformadas, nodos en los estados, formas de verificar rápidamente cual puede ser el origen de la agresión. Y entonces lo que hay que hacer es preguntar, como periodistas que somos, y sobre eso definir. Y eso sirve para desmontar incluso el discurso de las autoridades, porque tienes información mucho más robusta y verificada.
Insisto: en las regiones se ubica muy bien que hay ciertos medios que sirven a intereses que no son del interés público. Y eso también tenemos que decirlo, porque negarlo no sólo no nos ayuda a entender, sino que pone en riesgo a los periodistas críticos. Es increíble que en estos diagnósticos no se esté hablando más duramente de la responsabilidad de los medios y en cambio, se concentre toda la reflexión en el discurso presidencial, que ciertamente no ayuda, pero no puede ser esa la única explicación. Los expresidentes no tenían ese discurso y también mataron a muchos periodistas.
Lo que toca entonces es hacer un marcaje y una diferenciación. No es una descalificación a priori, sino una separación a partir del diagnóstico del mapa regional. La red PdP ha ido focalizando y dándole la palabra a los que tienen más información, que son los periodistas de las regiones. También hemos ido avanzado en la definición de criterios porque no nos servía de nada meter en el mismo paquete a personas que usan la fachada de los medios de comunicación para tener prácticas que han hecho mucho daño, como la de los “orejas” (enviados de gobiernos o grupos delictivos a infiltrarse en conferencias y manifestaciones como si fueran periodistas). Creo que después de 11 años estamos obligados a elevar el nivel de análisis, más allá de decir: ‘otro periodista asesinado’. Porque cada vez se vuelve más complejo el acceso a la justicia y a la verdad.
Este trabajo fue elaborado por el equipo de Pie de Página y lo reproducimos como parte de la Alianza de Medios de la Red de Periodistas de a Pie.
“Quería que trabajemos las 24 horas y tener sueldo normal, cuando antes trabajábamos 24 horas, pero de 5 de la tarde a 8 de mañana nos pagaban 40 pesos la hora. Pero él de plano nos quitó los incentivos, las prestaciones. O sea, nos quitó de plano todo, y quería que trabajemos las 24 horas del día. Y le dijimos que no, que no se puede, que ya nos acostumbramos (a lo anterior). Ustedes nos acostumbraron, no nosotros”.
“(El doctor nos dijo) “No los vamos a liquidar”. (Y respondimos) “si no nos liquida aquí, nos va a liquidar en otro lugar”, (a lo que respondió) “¿Crees que me vas a amenazar, si ustedes son de pueblo? Pinches pueblerinos estos. De su pueblo nunca van a salir”.
De acuerdo con el estudio “Por mi raza hablará la desigualdad. El impacto de las características étnico-raciales en la desigualdad de oportunidades en México“, presentado este martes 6 de junio, cuando se hace referencia a una historia de racismo y discriminación se podría pensar que se trata de injusticias que ocurrieron en el pasado y que ya se superaron.
La realidad es que la discriminación del pasado tiene efectos persistentes en la actualidad, resalta el estudio elaborado por los investigadores de El Colegio de México Patricio Solís, Virginia Lorenzo Holm y Braulio Güémez, en una colaboración con Oxfam México.
“Una de las manifestaciones materiales más evidentes de lo anterior es que, independientemente de lo que ocurra a lo largo de sus vidas, las personas que pertenecen a grupos étnico-raciales discriminados nacen y crecen en familias con mayores desventajas socioeconómicas. Esto sin duda es resultado de las privaciones sociales acumuladas por generaciones”.
Y más allá de la acumulación originaria de desventajas, las prácticas de discriminación prevalecen en la actualidad. “Existen múltiples ejemplos cotidianos de despojo territorial, maltrato, segregación, trabas institucionales, y expresiones públicas de desprecio hacia las personas pertenecientes a pueblos indígenas, afrodescendientes, o con tono oscuro de piel u otros rasgos físicos que las vinculan socialmente a los orígenes indígenas”, indica el informe.
Además de enfrentarse a la discriminación a lo largo de su vida, las personas pertenecientes a grupos étnicos discriminados o con rasgos físicos socialmente vinculados a ellos inician sus vidas en una situación de desventaja social, producto de la acumulación histórica de privaciones. Con base en los datos del Módulo de Movilidad Social Intergeneracional 2016 (MMSI), levantado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) en 2017 como parte de la Encuesta Nacional de Hogares, los investigadores encontraron que esta desventaja se expresa a través de las condiciones de mayor adversidad social de sus familias de origen, en indicadores como la escolaridad de los padres, su posición ocupacional, y la disponibilidad de recursos económicos.
Resultado por nivel de escolaridad
El estudio documentó que entre las personas hablantes de lenguas indígenas, 43.2% no completaron la primaria frente a 18.8% de aquellas con padres hablantes y 11.5% de las no hablantes. En contraste, solo 6.2% de las personas hablantes de lengua indígena alcanzaron estudios superiores frente a 23.1% de las personas no hablantes.
En tanto, las personas con padres hablantes de lenguas indígenas se ubicaron en una posición más cercana al conjunto nacional en términos de su nivel de escolaridad, “lo cual sugiere que el factor clave de la discriminación educativa que enfrentan las personas pertenecientes a pueblos indígenas podría no ser su vínculo por ancestría (que se comparte entre hablantes e hijos de hablantes que ya no hablan la lengua), sino que su lengua materna sea una lengua indígena”.
Con respecto al tono de piel, se observa también cierto gradiente de desigualdad en el nivel de escolaridad, pero destaca que las mayores desventajas las enfrentan las personas en la categoría de tonos oscuros: 21.4% no logró terminar la escuela primaria, frente a 14.7% en la población total. Solo 11.7% llegó a la universidad, es decir, casi la mitad que el 20.8% para el conjunto de la población.
Las brechas entre grupos tienden a acentuarse en la medida en la que se incrementa el nivel educativo, de acuerdo con el informe. Así, en el acceso a la educación superior se observan mayores desigualdades. De nuevo, el grupo con mayores ventajas es el de mestizos y blancos, con 25.5% de personas que logran estudios superiores. Las personas negras o mulatas únicamente llegan a la educación superior en 12.4%, y las indígenas en 8.5%.
Al comparar los niveles educativos, según el Índice de Orígenes Sociales (IOS), el estudio indica que si bien los efectos de las características étnico-raciales son importantes, las circunstancias socioeconómicas de la familia de origen tienen un efecto mucho mayor. De las personas ubicadas en el cuartil inferior del IOS, 34.5% no logró terminar la primaria y otro 24.2% solo terminó este nivel educativo. Este porcentaje se reduce sustancialmente a mayores niveles del IOS, hasta alcanzar solo 4.0% en el cuartil superior. En contraste, apenas 2.7% de las personas con orígenes socioeconómicos familiares de mayor desventaja tuvo oportunidad de realizar estudios superiores, frente a 53.5% de quienes provenían del cuartil con mayores privilegios.
En el caso de las mujeres, quienes tienen padres hablantes presentan un riesgo 70% mayor de no terminar la primaria, y las que hablan lenguas indígenas 370% mayor. Esta enorme brecha de desventaja en perjuicio de las mujeres hablantes de lenguas indígenas mantiene significancia estadística, incluso después de controlar las condiciones socioeconómicas familiares y territoriales de origen. El riesgo relativo de no concluir la primaria es 176% mayor.
https://youtu.be/ORAp6Ex3PRA
Resultado por ocupación
La distribución de las personas hablantes de lenguas indígenas refleja una clara desventaja en las posiciones ocupacionales de destino: 55.2% eran trabajadoras de baja calificación, mientras que solo 7.4% se ocuparon como empleadoras o en las posiciones directivas, profesionales y técnicas de la clase de servicios, indica el informe. En tanto, las personas con padres hablantes de lenguas indígenas y no hablantes muestran una distribución muy parecida a las de la población en su conjunto. Ello sugiere que en esta dimensión el único grupo que enfrenta desventajas sustantivas son las personas que hablan lenguas indígenas.
En contraste, únicamente 18.8% de las personas mestizas o blancas tuvo como destino las ocupaciones manuales de menor calificación, porcentaje que incrementa a 40.5% entre las personas indígenas y a 31.7% entre las personas negras y mulatas.
Los investigadores también observaron diferencias importantes en el destino ocupacional según el tono de piel. La proporción que alcanza las posiciones de mayor jerarquía es 13.9% entre quienes tienen tonos de piel oscuros; se incrementa a 21% entre las personas de tonos morenos, y alcanza 26.5% entre las de tonos claros. Es decir, una diferencia de aproximadamente dos a uno entre las distintas tonalidades de piel, a favor de quienes tienen tonos más claros.
Estas diferencias se reproducen entre los trabajadores no manuales de rutina (las personas empleadas en tareas administrativas de oficina y comercio), y tienen un sentido inverso en las ocupaciones manuales de baja calificación: mientras que 31.3% de las personas de tonos oscuros alcanzaron estas posiciones, solo 21.3% de las de tonos claros lo hicieron.
Y tal como ocurrió con los resultados educativos, las brechas asociadas con los orígenes socioeconómicos familiares son considerablemente mayores que las identificadas entre las características étnico-raciales. Mientras que solo 5% de las personas del cuartil inferior del IOS logra ocupaciones como empleadores o en la clase de servicios, 45.6% de los del cuartil superior lo hace. En contraste, 48.5% de las personas en el cuartil inferior del IOS se sitúa en las posiciones de menor jerarquía, frente a solo 5.2% de las del cuartil superior.
Resultado por destino económico
En este rubro, el estudio encontró que la identificación lingüística es el rasgo en el que se manifiestan mayores niveles de desigualdad: entre más familiaridad tienen las personas con las lenguas indígenas, menor es su probabilidad de hacerse de ventajas económicas.
Entre quienes hablan lenguas indígenas, más de la mitad (63.9%) pertenece al quintil económico más bajo, mientras que solo 2.9% se ubica en el más alto. En contraste, el porcentaje de personas ubicadas en el quintil más bajo disminuye a 31.3% entre las personas cuyos padres hablan lenguas indígenas, y a 15.2% para los no hablantes. Por otro lado, el porcentaje de personas ubicadas en el quintil más alto aumenta a 11.8% entre las personas cuyos padres hablan alguna lengua indígena y 22.3% para las no hablantes; es decir, 5 y 11 veces más, respectivamente, con relación a las personas hablantes de lenguas indígenas.
En cuanto a la autoadscripción étnico-racial, también encontraron contrastes importantes. Mientras la población que se identifica como mestiza o blanca se distribuye de forma relativamente homogénea entre los quintiles, con cierta tendencia hacia los dos más altos, 417% de la población indígena se concentra en el quintil más bajo de riqueza. Aunque en menor medida, las personas negras o mulatas también concentran en este quintil a una alta proporción de su población (31.4%). Las distancias son particularmente contrastantes cuando se observa el porcentaje de personas en el quintil más alto: 24.4% de personas mestizas o blancas, frente a apenas 6.2% de las personas indígenas y 9.5% de las personas negras o multas.
De modo análogo a los efectos observados del tono de piel sobre los resultados ocupacionales, el informe resalta que cuanto más clara sea la tonalidad, mayor es el porcentaje de personas en una situación privilegiada. Así, cerca de la mitad de quienes tienen tonos morenos o claros (48.7% y 45.7%, respectivamente) se encuentran en los dos quintiles más altos de riqueza. En contraste, solo 24.0% de quienes tienen tonos de piel oscuros se ubica en estos dos quintiles.
Cómo nivelar el terreno de las oportunidades
Para los autores del estudio, la doble cara de la discriminación (el acumulado histórico de desventajas y la práctica persistente) debe tomarse en cuenta para formular políticas públicas destinadas a combatir la desigualdad y la pobreza asociadas con las características étnico-raciales.
“A cada una de estas dos caras corresponde un frente específico de políticas públicas. Por una parte, es necesario desarrollar medidas compensatorias o de acción afirmativa que permitan revertir las desventajas históricas que han experimentado los pueblos indígenas y afrodescendientes, desventajas que también se extienden a quienes, sin necesariamente autoadscribirse a estos grupos, comparten con ellos vínculos de ancestría o pertenencia comunitaria. Es decir, para nivelar el terreno de las oportunidades, es necesario revertir la acumulación originaria de desventajas sociales asociada a la discriminación étnico-racial del pasado”.
Y para poder instrumentar políticas compensatorias, el Estado mexicano se enfrenta al reto de “encontrar formas apropiadas, aceptables social y políticamente, de definir a las poblaciones destinatarias de acciones afirmativas” y combatir simultáneamente la persistencia de las prácticas discriminatorias.
“Las políticas compensatorias son insuficientes si no se avanza simultáneamente en el combate del segundo mecanismo de generación de desigualdades: la persistencia de prácticas discriminatorias. Incluso si se logra revertir la acumulación originaria de desventajas, la persistencia de prácticas discriminatorias generaría nuevas desigualdades en los destinos sociales de las personas, lo cual reactivaría el círculo vicioso entre desigualdad de condición y desigualdad de oportunidades en las siguientes generaciones. Por ello, es necesario desarrollar una política antidiscriminatoria y antirracista más agresiva, que identifique y combata las prácticas de discriminación que todavía prevalecen en distintos ámbitos de la vida social, incluidas, de manera destacada, aquellas que tienen mayores efectos en la desigualdad de oportunidades educativas, laborales y económicas”, concluye el estudio.
El testimonio publicado en este texto se extrajo del levantamiento de grupos focales y entrevistas a profundidad realizadas en la Ciudad de México, Monterrey, Oaxaca y Mérida, así como los municipios de Oxkutzcab, Teabo y Valladolid en la zona sur de Yucatán, y forma parte del proyecto de investigación “Discriminación étnico-racial en México”, dirigido por Patricio Solís.
Este trabajo fue elaborado por el equipo de Animal Político y lo reproducimos con su autorización.