Familias nahuas de Montaña baja otra vez en medio de un acoso criminal que lleva años en operaciones con un crecimiento que incluye las operaciones políticas y administrativas en una región de evidentes carencias en servicios públicos
Texto: Margena de la O y Beatriz García
Foto: Especial y Oficial
Chilpancingo
Miércoles 13 de mayo del 2026
Sobre uno de los caminos agrestes de Alcozacán, Chilapa, que evidencia más que un contexto rural, caminan en surco mujeres, hombres, niñas y niños con algunas bolsas, bultos y costales en las que llevarían sus pertenencias. Son alrededor de las dos y media de la tarde del 11 de mayo, según narra la voz de un hombre en uno de los videos que fueron virales en las redes sociales sobre el momento en que huían de la comunidad. No era la primera vez, era su segundo, tercer o cuarto desplazamiento involuntario en los últimos cinco días, según del pueblo que fueran originarios.
Alcozacán es uno de los pueblos nahuas de Chilapa, municipio de una subregión denominada como Montaña baja, creada por lugares de las regiones Centro y Montaña de Guerrero, con índices altos de marginación. Antes le suceden, en orden descendente, Acahuehuetlán, Xicotlán y Tula. Del últimos de estos tres pueblos, a una hora de distancia de Alcozacán, sus habitantes fueron los primeros en huir de manera forzada el pasado 6 de mayo, por las balas y los explosivos que les lazaban con drones gente de Los Ardillos, de acuerdo con el Consejo Indígena Popular de Guerrero Emiliano Zapata (Cipog-EZ). Los Ardillos son un grupo criminal que tiene presencia en esta región.
Los habitantes de Tula huyeron y llegaron a Xicotlán, pero los criminales los siguieron y alcanzaron en Acahuehuetlán, donde después los acorralaron, y avanzaron hasta Alcozacán, considerada una de las comunidades nahuas centrales donde se estableció la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Pueblos Fundadores (CRAC-PF) desde 2014.
El sistema de seguridad y justicia comunitaria comenzó en 16 pueblos nahuas de Chilapa y José Joaquín de Herrera, básicamente para protegerse de Los Ardillos. En la actualidad, gran parte de esta comunidades tienen relación con la Cipog-EZ, quienes llevan años con el dedo en el renglón de que las comunidades son acosadas por este grupo criminal. Un mapa construido por el actual gobierno del estado también indica la presencia de Los Ardillos en Montaña baja, entre otras tantas evidencias.
Cuando oyeron otra vez los balazos en Alcozacán, la desesperación colmó a propios y extraños. Algunos salieron sin camino claro –porque tampoco es fácil desplazarse por la región– y otros grabaron videos para pedir ayuda, que son los que circulan por las redes sociales y mediante los cuales exponen la situación de una zona que también vive en marginación y con falta de servicios.
En uno de los videos, un hombre, rodeado por mujeres y niñas y niños que lloran, lee desde su teléfono un texto, donde dice que al mediodía de ese 11 de mayo, Los Ardillos entraron a Alcozacán; pedía que los ayudaran para salvarse de esa persecución: “Estamos solos bajo las balas y las bombas”. Entre el llanto de las mujeres y de las niñas y los niños, y la voz de quien lee el texto se escucharon un par de balazos.
La Secretaría de Gobernación del gobierno mexicano difundió que son 120 las personas desplazadas y seis lesionados por estos hechos en zona nahua, pero el líder del Cipog-EZ, Jesús Plácido Galindo, informó que son 1,345 en total.
De acuerdo a los reportes policiacos en la carretera Chilapa-Tlapa fueron localizados cuatro cadáveres en el contexto de estos hechos.
La intervención institucional ocurrió hasta este martes 12, que servidores públicos estatales y federales, encabezados por el subsecretario de Desarrollo Político y Social en el estado, Francisco Rodríguez Cisneros y el secretario de Seguridad Pública Estatal, Daniel Ledesma Osuna subieron a Alcozacán y Coatzingo, pueblos vecinos, con todo una operación policiaca integrada por 1,290 elementos que, al final, se asentó en puntos diferentes de la zona, con puestos de vigilancia, para resguardarlos.
La presidenta Claudia Sheimbaun anunció esa mañana que la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, estaría en Guerrero atendiendo el conflicto, pero en el punto de negociación no estuvo.
“En la zona fueron desplegados 690 elementos del Ejército Mexicano, con 80 vehículos; 400 elementos de la Guardia Nacional en 50 vehículos; y 200 elementos de la Policía Estatal, con 34 unidades, así como cinco helicópteros, además de ambulancias y personal médico”, es un fragmento del comunicado que difundió la Secretaría de Gobernación sobre la operación policiaca en Montaña baja.
Uno de estos lugares donde se ven la presencia de policías y militares, es el crucero del Jagüey, un punto que esta sobre la carretera regional Chilapa-José Joaquín de Herrera, que dirige a diferentes sitios donde tienen control Los Ardillos, como comunidades de Quechultenango, municipio de donde son originarios los hermanos Ortega Jiménez, quienes lo lideran y operan.
Solo hasta este punto llegó Rodríguez Cisneros el lunes pasado que intentó cruzar a los pueblos acechados, porque una guardia asociada a Los Ardillos, se lo impidió. Sí, le negaron el paso al servidor público.
Los habitantes desplazados en diálogo con autoridades, esperando una solución al conflicto armado de la región: Foto: OficialActores políticos y criminales, entre una delgada línea
Desde el punto de la retención del lunes, documentó la prensa local, que el subsecretario estatal dijo que era importante que el gobierno municipal se incorporara al diálogo con los habitantes de las comunidades desplazadas. Era un llamado evidente para la alcaldesa del municipio, Mercedes Carballo Chino, para cumplir con parte de sus funciones, pero hasta ahora no se sabe de ninguna mediación de su parte.
Tampoco es que sea extraño, porque desde la elección pasada en que fue postulada por la alianza PRI-PAN-PRD, quedó expuesto su vínculo familiar con Celso Ortega Jiménez, el líder de Los Ardillos. Son cuñados, según la información documentada por periodistas en el contexto de la votación, lo que es conocido y asumido en Chilapa y expuesto con recurrencia por el líder del Cipog-EZ.
Los hermanos Ortega Jiménez son quienes coordinan el grupo criminal de Los Ardillos, pero no es su único espacio con injerencia, también lo hacen en el terreno político-partidista con libertad.
Bernardo Ortega Jiménez ha sido diputado local por el distrito 24, con sede en Tixtla, un municipio vecino a Chilapa, en cuatro ocasiones (2021-2024, 2018-2021, 2012-2015, 2005-2008), y antes fue alcalde de Quechultenango (2002-2005). El exdiputado se ha deslindado de sus hermanos cada vez que los señalamientos le llegan, en particular en el contexto de procesos electorales, pero su zona política coincide con la zona de influencia criminal de sus hermanos.
Tuvo cargos en momentos cruciales, en le periodo del 2012-2015 fue presidente de la Comisión de Gobierno, la principal representación en el Congreso local. En 2015, en Chilapa, sus habitantes vivieron un año complicado: en mayo irrumpió a la cabecera municipal un grupo armado vinculado a Los Ardillos, episodio que fue documentado por periodistas como el momento en que este grupo armado comenzó a expulsar a Los Rojos de la región para ampliarse. Ahora su influencia, según el mapeo institucional, incluye a Tixtla y una parte de Chilpancingo.
Jorge Iván Ortega Jiménez, hijo de Bernardo Ortega Jiménez, es el actual diputado (2024-2027) por el distrito 24, de Tixtla.
Estos datos no son relevantes por los servidores públicos cuando intenta explicar lo que ocurre en la zona nahua de Montaña baja. El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, vuelve a reducir el tema a grupos criminales, al exponer que el conflicto “sí se deriva de dos grupos criminales, que son Los Ardillos y Los Tlacos”, pero que había pobladores que no tenían nada que ver con ellos.
El constante asedio, una forma de vivir
Visitar o salir de las comunidades nahuas de Chilapa no es solo un tema de deseo, porque llevan 12 años cercadas por sus propias guardias armadas, para mirar desde lejos a quien intente sorprenderlos. Son las guardias de la CRAC-PF que se mantienen como la resistencia más férrea a la violencia del crimen organizado en la región.
En Ayahualtempa, una de estas comunidades de la zona nahua que pertenece a José Joaquín de Herrera, bordeada por la carretera regional que conecta al municipio con Chilapa, el ingreso está restringido. Desde abajo, porque la carretera la convirtió en un agujero, como si fuera un cráter, se ve todo el borde del camino, de tal manera que es fácil mirar a quién sale pero, sobre todo, a quién intenta entrar.
Los guardias comunitarios tienen cercados los accesos del pueblo y mantienen una vigilancia permanente desde una torre que construyeron en los puntos más altos, porque hombres armados han intentado filtrarse o cazarlos desde lejos.
Las consecuencias de vivir en medio del fuego cruzado llevaron a los habitantes a tomar rutas alternas. De acuerdo con testimonios recabados en la zona evitan pasar por localidades ganadas por Los Ardillos, como el Jagüey. Para llegar a la cabecera municipal de Chilapa toman rutas de terracería para no transitar por la carretera Chilapa-José Joaquín de Herrera.
Aún con las medidas de seguridad comunitaria en estas comunidades nahuas –como Tula, Acahuehuetlán, Xicotlán, Alcozacán, Zacapexco, Rincón de Chautla, Buenavista, Tepozonalco, Xochitempa, entre otras–, el asedio les alcanzó y los desplazó ahora. “Nosotros cómo vamos a pelear con un cartel grande que tiene controlados 14 municipios y, pues, son ex militares”, dice Sixto Mendoza, habitante de Alcozacán y promotor del Consejo Indígena.
Un habitante muerto, parte de los resultados de los ataques a los pueblos adheridos a la CRAC-PF durante estos días. Foto: Ángel GaleanaSalir de las comunidades todavía es un tema de vida o muerte
El bullicio y el movimiento del tianguis tradicional de Chilapa del 13 de agosto del 2023 parecía normal, como cualquier domingo. En la gasolinera está Esteban Xochitempa, de 40 años y su hijo Juan, de 16 años, oriundos de Xochitempa, una localidad de la zona nahua; esperaban su turno para cargar combustible a su camioneta. De la nada, unos hombres armados llegaron y les dispararon a quemarropa. Los asesinaron.
Esteban Xochitempa y su hijo eran integrantes de la CRAC-PF y del Cipog-Ez. Los asesinatos y desapariciones de pobladores de años anteceden el desplazamiento forzado de estos días.
Una de las exigencias del Cipog-EZ, que sus miembros volvieron a plantear en el encuentro de este martes con las autoridades, de acuerdo con Sixto Mendoza, es que les construyan un banco del Bienestar en la comunidad y un hospital regional, porque los asesinan cuando bajan a cobrar un programa social o intentan ir al médico. “Si vamos al municipio de Chilapa estamos siendo desaparecidos o asesinados. Ahí nos espera el grupo criminal”, comenta.
En estos años de organización de las comunidades, la Montaña baja acumula una serie de hechos cruentos y violentos.
Una documentación solo de los casos más extremos lleva a julio del 2019, cuando Juana Hernández Ambrosio y Alberta Matías Rendón, originarias de Zacapexco, fueron degolladas. Los cadáveres de las mujeres los hallaron en Chilapa, luego de que hombres armados se las llevaran de la localidad del Carrizal.
El 17 de enero del 2020, 10 hombres nahuas, entre ellos un adolescente de 15 años, trabajadores del grupo musical Sensación musical, originarios de Alcozacán, fueron emboscados y quemados en la entrada de la comunidad de Mexcalcingo, otro pueblo de Chilapa. El grupo musical fue contratado para amenizar en la fiesta patronal de Tlayelpan, ubicado a tres horas de su localidad; las víctimas transportaban los instrumentos y el equipo de sonido.
Desde ese entonces los habitantes de Mexcalcingo evitan pasar por Alcozacán y viceversa, porque la deuda sigue pendiente.
La necesidad de llamar la atención ante los ataques armados, que no son recientes, llevó a habitantes de la zona y miembros de la CRAC-PF a presentar de manera mediática el entrenamiento de niños y niñas para sumarlos a la seguridad comunitaria.
A los seis días del asesinato de los diez músicos, integrantes de la CRAC-PF presentaron a 19 niños como policías comunitarios, al considerar que debían aprender a defenderse pronto. Fue el 10 de abril del 2021, en el aniversario 102 del asesinato del general Emiliano Zapata, en Ayahualtempa; 14 niños y una niña estaban uniformados con playera verde olivo que usan los policías comunitarios y con escopetas.
Las imágenes de ese momento escalaron en un plano internacional y solo así, la asistencia gubernamental momentánea les llegó. No sería la primera vez que lo harían, presentaron niñas y niños como policías comunitarios antes, mediante un video grabado en Alcozacán, pero sin armas, y también después, en enero del 2024, cuando sumaron a otros 20 menores armados.
En el contexto del actual desplazamiento, el promotor del Cipog-EZ en Alcozacán insiste en que enfrentarse con Los Ardillos es muy desigual, porque el grupo criminal está mejor equipado, aún así, comenta, las guardias comunitarias hacen una función en la zona nahua de Montaña baja que deberían garantizarles las autoridades mexicanas.
Habitantes de las colunidades desplazadas, en espera de una solución a su conflicto. Foto: especial
