Las causas de lo que ocurre en Chilapa y sus pueblos nahuas es simplificado por autoridades a que grupos criminales pelean territorio, colectivos de derechos humanos piden abrir el debate a la necesidad de desarraigar estructuras criminales y a atender un desamparo institucional histórico
Texto: Beatriz García
Foto: Margena de la O
Lunes 25 de mayo del 2026
Chilpancingo
El debate entre las autoridades federales, estatales y municipales sobre la violencia que ocurre en las comunidades de la Montaña baja, de manera particular la zona nahua de Chilapa, está centrada en repartir la culpa sobre quién o quiénes comenzaron los enfrentamientos y si estas pertenecen a los grupos criminales de Los Ardillos o Los Tlacos. Una narrativa que vuelve a dejar la responsabilidad en el plano criminal y deja en medio de la confrontación a hombres, mujeres, niños y niñas que viven en la marginalidad.
Sigue sin quedar claro cuál es el motivo de la violencia reciente que expulsó o desplazó a habitantes de sus comunidades. La situación en la región no es reciente, lleva más de dos décadas.
Al inicio habitantes de Acahuhuetlán, Alcozacán, Tula y Xicotlán denunciaron que estaban siendo atacados con armas de fuego y explosivos.
La Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Pueblos Fundadores (CRAC-PF) y la organización aliada Consejo Indígena Popular de Guerrero Emiliano Zapata (Cipog-EZ), que fueron los primeros en denunciar los ataques armados y los desplazamientos, señalaron de manera directa al grupo criminal de Los Ardillos como los agresores.
Después surgieron nuevas versiones sobre el conflicto armado en la región.
Habitantes de Xicotlán señalaron del ataque contra ellos en particular a integrantes del Cipog-EZ y de la CRAC-PF, de acuerdo a los testimonios recabados por este medio en la comunidad.
En medio de toda esta situación de violencia quedaron los habitantes.
Para entender el conflicto actual es indispensable revisar el año 2014, fecha en que nace la CRAC-PF en los municipios de Chilapa y José Joaquín de Herrera.
Este sistema de seguridad y justicia comunitaria indígena–son nahuas–surgió por la desatención institucional y en respuesta al avance del crimen organizado. En ese momento, las comunidades identificaron las operaciones de los grupos criminales Los Rojos, que fueron desplazados, y Los Ardillos, quienes permanecen, de acuerdo a fuentes oficiales, pero en ese momento apenas avanzaban en la región.
Hoy en día, la permanencia de esta estructura comunitaria, aun cuando existan señalamientos que cuestionan el propósito de su origen, tiene que ver con una necesidad de defender su autonomía territorial frente a la histórica incursión de Los Ardillos en el corredor que incluye a las comunidades de Alcozacán, Tula, Xicotlán y Acahuhuetlán, de acuerdo con lo que sostienen integrantes de este sistema de justicia de manera pública.
El sistema de la CRAC-PF nació en 1995 en diferentes municipios y comunidades del corredor Costa-Montaña, y después se amplió a otras partes del estado, como Montaña baja.
La Montaña baja conecta con otra zona más amplia que la zona nahua. Al norte, por ejemplo, con Zitlala y Ahucuotzingo, y al sur con José Joaquín de Herrera, Miochitlán, Quechultenango y Tixtla, y en todos estos sitios tendría influencia en grupo criminal de Los Ardillos, según la radiografía criminal hecha por este gobierno estatal.
Una mirada sobre Montaña baja desde los colectivos de derechos humanos
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Organismos como el Centro Regional de Defensa de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón (Centro Morelos) y el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan coinciden en que la población indígena de la Montaña baja vive en vilo debido a la pobreza extrema y a un histórico desamparo institucional.
Chilapa es uno de los tres municipios en Guerrero, seguido de Acpulco y Chilpancingo, con mayor número de personas en situación de pobreza; en esa entidad de los 125 mil 962 habitantes, 94 mil 778 viven en situación de pobreza, de acuerdo con información del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) 2022.
De acuerdo con el mismo CONEVAL, del total de la población de Chilapa, el 27.8% tiene rezago educativo, aproximadamente 34 mil habitantes.
La directora del Centro Morelos, Teodomira Rosales Sierra, explicó en entrevista que el Estado siempre ha buscado criminalizar a los pueblos de esta zona donde se gesta el conflicto, para evitar atender sus demandas.
Desvinculó a los pobladores de cualquier relación con grupos criminales. Los consideró atrapados en la violencia, además del que han padecido por décadas de analfabetismo e ignorancia, por la misma falta de cobertura de servicios.
Muchos de los habitantes incluso, consideró, no comprenden el motivo de los ataques en su contra.
La activista cree que la violencia en esta zona indígena no es nueva, es el resultado histórico de la pobreza, la discriminación, marginación y abandono institucional, que obliga a sus habitantes a migrar como jornaleros para subsistir
Recordó que hace unos días cuando habitantes fueron atacados, a Chilapa llegaban dos camiones de jornaleros que, prácticamente, regresaban a ver a sus familiares con el riesgo de ser asesinados.
«Hay una falta de educación histórica. Los grupos criminales se aprovechan de eso: los obligan a trabajar para ellos o los desplazan de sus hogares”, dijo Rosales Sierra.
Además, mencionó, los agresores probablemente provienen de otras regiones y no de las comunidades, pero son las mismas comunidades las que están en conflicto.
El despojo de tierras es otra constante. En los últimos dos años, el Centro Morelos recibió ocho quejas de habitantes afectados por personas ajenas a la localidad, sin embargo, la mayoría desistió de interponer denuncias formales por miedo a represalias.
Rosales Sierra insistió en que los habitantes de la zona nahua no son criminales, sino víctimas de sus circunstancias.
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El director del Centro de Derechos Humanos Tlachinollan, Abel Barrera Hernández, coincidió en que el conflicto en Chilapa deriva del control caciquil impuesto por el PRI durante décadas, ahora en alianza con el PRD.
Es bien sabido, dijo en una entrevista que dio a Aristegui Noticias, que la actual alcaldesa de Chilapa, Mercedes Carballo Chino, es cuñada de Celso Ortega Jiménez, a quien las autoridades mexicanas tienen identificado como el líder de Los Ardillos.
El defensor de derechos humanos explicó durante su intervención que estos gobiernos consideran a los indígenas como súbditos y objetos de asistencia social, no como sujetos políticos, lo que ha generado un profundo desprecio institucional.
Ante este panorama, añadió, las comunidades nahuas de Alcozacán, Tula, Xicotlán y Acahuhuetlán decidieron integrarse al sistema de justicia comunitario de la CRAC-PF para defender su autonomía y hacer frente a la incursión del grupo delictivo Los Ardillos.
A su juicio, la respuesta oficial en estos pueblos nahuas de Montaña baja no debe limitarse a blindar la zona con militares, sino a investigar y desmantelar las estructuras criminales arraigadas en la región.
Militates en la comunidad de Xicotlán, Chilapa, luego de los ataques hacia los habitantes. Foto: Margena de la O3
La omisión, negligencia e inacción de las instituciones del Estado mexicano ante los graves ataques de grupos criminales, son los hechos que han provocado el desplazamiento forzado de comunidades nahuas en la región de la Montaña baja de Guerrero, en el municipio de Chilapa de Álvarez, denunciaron integrantes de Víctimas de Desplazamiento Forzado, que la agrupan distintos colectivos distribuidos en todo el país, y organismos defensores de derechos humanos.
Esta denuncia la hicieron mediante un comunicado organizaciones como el Centro Morelos, Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, Centro de Derechos de las Víctimas de la Violencia Minerva Bello, Tlachinollan, Servicios y Asesorías para la Paz y Red de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos A.C.
En el escrito argumentaron que ante los ataques que vivieron las localidades de la Montaña baja, la respuesta oficial con efectivos de Ejército, la Guardia Nacional y la Policía Estatal es insuficiente, porque está limitada a despliegues reactivos, temporales, predominantemente militarizados que, aunque pueden contener momentáneamente algunos hechos de violencia, no atienden las causas estructurales del conflicto ni garantizan soluciones duraderas.
Hicieron hincapié en el abandono institucional, la fragmentación comunitaria y la ausencia de políticas preventivas y sostenidas.
Entre las exigencias que demandaron a los tres niveles de gobierno fueron garantías de seguridad e integridad física permanentes; atención humanitaria inmediata e integral con enfoque de género, edad y diversidad; atención a personas y comunidades desplazadas sin condicionamiento de la denuncia penal y criterios de evaluación y registro confidencial para un retorno seguro.
Una narrativa que impera
Las familias de las comunidades viven en la incertidumbre por temor a ataques criminales, y las autoridades se limitan a debatir qué grupo inició las agresiones, si Los Ardillos y Los Tlacos.
La primera versión pública, surgida el 6 de mayo, provino de los integrantes de la CRAC-PF y del Cipog-EZ. En ella, señalaron que los habitantes de varias localidades huían hacia Alcozacán debido a los ataques del grupo criminal Los Ardillos. Pese a las denuncias públicas, las autoridades no actuaron de inmediato.
El 12 de mayo, durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que el conflicto en las localidades de Chilapa se debía a una disputa territorial entre Los Tlacos y Los Ardillos.
Pero existe la otra versión de los habitantes de Xicotlán acerca de que los ataques vinieron desde Alcozacán, donde están los integrantes del Cipog-EZ.
La representante del Frente de Defensa Popular (FDP), Clemencia Guevara Tejedor, rechazó que los ataques empezaron el 6 de mayo, sino el 4, de parte de integrantes del Cipog-EZ. Señaló a la organización de atacar a la población de Zelocotitlán, municipio de Chilapa, una comunidad con la que las organizaciones tienen conflicto desde que los habitantes se negaron a incorporarse a la CRAC-PF y Cipog-EZ.
Guevara Tejedor infirmó que los habitantes pertenecen a la iglesia presbiteriana y no aprueban los conflictos, por eso se negaron a sumarse al sistema de justicia.
Agregó que el subsecretario de Desarrollo Político y Social, Francisco Rodríguez Cisneros, se comunicó con ella para decirle lo que estaba sucediendo en aquellas comunidades y que su respuesta fue:
“Yo no soy la autoridad, ustedes son los que tienen que resolver ese asunto, yo no voy a meter las manos, caiga quien caiga. Además, nosotros como organización no hemos pertenecido ni perteneceremos a un grupo, porque nuestro trabajo ha sido la gestión desde hace más de 20 años hemos trabajado la ruta, Chilapa, Atzacoaloya, Paraíso de Tepila hasta Hueycantenango”.
Dijo que su intención no es señalar que los habitantes pertenecen a una u otra organización criminal, porque esas son responsabilidades de las autoridades.
La influencia de Clemencia Guevara en la Montaña baja, incluido San Jerónimo Palantla, es desde hace 20 años. Ella es líder en Guerrero del Frente de Defensa Popular (FDP). Su agrupación está incorporada al Frente Popular Francisco Villa Siglo XXI, dirigido por su esposo, Efraín Torres. La organización gestiona ante las autoridades obras de salud, educación, servicios y Vivienda; además proyectos de electrificación, pero en los últimos años acompaña a las familias víctimas de asesinatos y desapariciones de habitantes de la zona. Toda esta trayectoria está documentada en la prensa.
La dirigente recordó que en la zona existen 60 órdenes de aprehensión en contra de los integrantes de las dos organizaciones por asesinato, pero que están detenidas. Lamentó que en otros años se intentó dialogar entre autoridades, defensores de derechos humanos, los pobladores y de su organización para que dejaran de confrontarse, y aunque se tomaron acuerdos no se cumplió.
Es real que durante estos días ha habido desplazamiento de habitantes, per el año pasado también hubo desplazamiento de habitantes de San Jerónimo Palantla hacia la cabecera municipal de Chilapa y las autoridades no atendieron la situación, reveló la dirigente del FDP.
Guevara Tejedor insistió en que es necesario que las autoridades y organismos de derechos humanos dialoguen con los habitantes de las diferentes comunidades y organizaciones para que dejen de tener conflictos entre ellos y pueda haber una reconstrucción del tejido social.
Durante estos días organismos de derechos humanos y autoridades acudieron a las comunidades de la Montaña baja que sufrieron los ataque para llevar víveres y ayuda. La dirigente lamentó que el apoyo no está llegando a todos y todas, como es el caso de los habitantes de San Jerónimo Palantla.
Las versiones de las autoridades sobre la violencia en la Montaña baja son contradictorias, y a eso le abonan las autoridades.
El miércoles pasado, el Ayuntamiento de Chilapa denunció un nuevo ataque armado en la comunidad Nuevo Amanecer y dijo que los operativos anunciados por autoridades estatales y federales no funcionan y nuevamente las autoridades municipales afirmaron que los disparos provenían de localidades controladas por el Cipog-EZ y la CRAC-PF.
Paradójicamente, estas dos organizaciones civiles son las que denuncian que Los Ardillos son los que generan la violencia en la zona con el presunto amparo del propio gobierno de Chilapa.
Al final, a Secretaría de Seguridad Pública del Estado desmintió a las autoridades municipales y aseguró que no había indicios de disparos en la zona. A excepción de ese comunicado en que señala a la dos organizaciones civiles, el Ayuntamiento de Chilapa y su estructura de gobierno no se han pronunciado lo que ocurre en su zona nahua.
Lo único que han ofrecido las autoridades a las comunidades atacadas es vigilancia policiaca y militar. También les llevaron por un día una brigada que incluyó servicios educativos, de salud, orientación jurídica, prevención del delito, programas sociales.
Para los pobladores de la región casi nada ha cambiado.
La imagen corresponde al momento de que habitantes de Xicotlán regresan a su comunidad. Foto: Margena de la O
