La Comisión Interamericana de Derechos Humanos presentó en Casa ITESO Madero el Informe sobre Desapariciones en México, un documento que analiza la crisis de más de 130 mil personas desaparecidas en el país. El texto reúne testimonios de familias buscadoras, datos oficiales y observaciones sobre impunidad, crisis forense y fallas en los procesos de búsqueda e investigación.
Por Vanessa Briseño / @nevervb
Guadalajara
14 de mayo del 2026
En las instalaciones de Casa ITESO Madero, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó su más reciente Informe sobre Desapariciones en México. Este documento ofrece un análisis profundo de la crisis que atraviesa el país, integrando testimonios de víctimas, datos oficiales y una serie de recomendaciones estratégicas para el Estado mexicano.
El panel estuvo conformado por Marcos del Rosario Rodríguez, director del Departamento de Estudios Sociopolíticos y Jurídicos del ITESO; Luis Enrique González Araiza, director del Centro Universitario por la Dignidad y la Justicia Francisco Suárez (CUDJ); además de Tania Reneaum Panszi secretaria ejecutiva del CIDH y Andrea Pochak, comisionada y relatora para México de la CIDH.
Durante la apertura, Marcos del Rosario Rodríguez enfatizó que el evento trascendía lo académico para centrarse en una realidad urgente. “Estamos aquí porque México vive una de las crisis humanitarias más graves de su historia”, advirtió el académico al referirse al fenómeno de la desaparición de personas.
Al respecto, señaló que el Registro Nacional reporta más de 128 mil personas desaparecidas, cifra que se suma a los 70 mil cuerpos sin identificar que permanecen bajo resguardo oficial. Del Rosario recordó que Jalisco es, lamentablemente, una de las entidades federativas que encabeza esta estadística a nivel nacional.
En su intervención, detalló que el informe expone fallas estructurales en la investigación penal, una evidente emergencia forense y la falta de coordinación entre instituciones. Asimismo, resaltó que el texto insiste en la necesidad de consolidar procesos de memoria y garantizar que el Estado asuma su deber de búsqueda sin delegarlo en las familias.
Tania Renaum Panszi, explicó que la obra es fruto de un diálogo directo con colectivos de búsqueda en todo el país. Entre 2021 y 2024, la Comisión organizó múltiples audiencias para escuchar de primera mano las exigencias de justicia y las dificultades en el acceso a la verdad.
Según Tania, la elaboración de este informe específico fue una petición directa de las organizaciones civiles en 2023. El objetivo primordial fue visibilizar la realidad de las familias buscadoras y documentar cómo la crisis impacta de manera diferenciada a los distintos sectores de la sociedad.
La funcionaria precisó que la CIDH tiene la misión de documentar estas violaciones para construir una memoria regional. En este sentido, el informe sistematiza casi dos décadas de hallazgos previos e incorpora la experiencia técnica obtenida por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) en el caso Ayotzinapa.
La metodología incluyó el análisis de fuentes primarias, cuestionarios estatales y pronunciamientos oficiales. “Nuestra labor requiere escuchar todas las posturas, incluyendo la respuesta del Estado”, afirmó al detallar el rigor técnico del documento.
Para robustecer el análisis, se recibieron aportaciones de 18 organizaciones civiles y se recopilaron 50 testimonios directos entre 2023 y 2025. Este proceso de escucha permitió retratar con mayor fidelidad la magnitud del problema y las carencias del sistema judicial.
El periodo de estudio se centró entre 2018 y 2025, etapa en la que se crearon organismos clave como la Comisión Nacional de Búsqueda. Tras un proceso de revisión y comentarios por parte del gobierno federal, la versión final fue aprobada por el organismo internacional en febrero de 2026.
Andrea Pochak, comisionada y relatora para México, calificó el fenómeno como “generalizado e indiscriminado”. Advirtió que la situación mexicana es una excepción preocupante en el continente debido al volumen de desapariciones que ocurren dentro de un sistema democrático formal.
Andrea aclaró que el informe no es solo descriptivo, sino que tiene un propósito político: impulsar cambios reales en las políticas públicas. “Buscamos incidir directamente para transformar esta realidad”, señaló al explicar la intención de las recomendaciones enviadas a las autoridades.
Según Tania, la elaboración de este informe específico fue una petición directa de las organizaciones civiles en 2023. El objetivo primordial fue visibilizar la realidad de las familias buscadoras y documentar cómo la crisis impacta de manera diferenciada a los distintos sectores de la sociedad.
La funcionaria precisó que la CIDH tiene la misión de documentar estas violaciones para construir una memoria regional. En este sentido, el informe sistematiza casi dos décadas de hallazgos previos e incorpora la experiencia técnica obtenida por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) en el caso Ayotzinapa.
La metodología incluyó el análisis de fuentes primarias, cuestionarios estatales y pronunciamientos oficiales. “Nuestra labor requiere escuchar todas las posturas, incluyendo la respuesta del Estado”, afirmó al detallar el rigor técnico del documento.
Para robustecer el análisis, se recibieron aportaciones de 18 organizaciones civiles y se recopilaron 50 testimonios directos entre 2023 y 2025. Este proceso de escucha permitió retratar con mayor fidelidad la magnitud del problema y las carencias del sistema judicial.
El periodo de estudio se centró entre 2018 y 2025, etapa en la que se crearon organismos clave como la Comisión Nacional de Búsqueda. Tras un proceso de revisión y comentarios por parte del gobierno federal, la versión final fue aprobada por el organismo internacional en febrero de 2026.
Andrea Pochak, comisionada y relatora para México, calificó el fenómeno como “generalizado e indiscriminado”. Advirtió que la situación mexicana es una excepción preocupante en el continente debido al volumen de desapariciones que ocurren dentro de un sistema democrático formal.
Andrea aclaró que el informe no es solo descriptivo, sino que tiene un propósito político: impulsar cambios reales en las políticas públicas. “Buscamos incidir directamente para transformar esta realidad”, señaló al explicar la intención de las recomendaciones enviadas a las autoridades.
Este es un texto original de Zona Docs, un medio independiente de Territorial-Alianza de Medios, de la cual formamos parte, y lo reproducimos con su autorización
