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Chilpancingo mantiene sin cambios el relleno sanitario en Matlalapa aun con la oposición del Cabildo de Eduardo Neri

Ediles del municipio vecino pidieron la intervención del Congreso del estado por lo que sería un riesgo de contaminación en sus mantos acuíferos. Gustavo Alarcón Herrera ataja que Chilpancingo es el dueño del predio del relleno sanitario, donde están invertidos 15 millones de pesos

Texto y Foto: Margena de la O

Chilpancingo

Miércoles 7 de mayo del 2025

El alcalde de Chilpancingo, Gustavo Alarcón Herrera, expuso que su gobierno no ha cambiado ningún plan del relleno sanitario de Matlalapa, aun cuando el Cabildo de Eduardo Neri expuso su oposición de manera oficial al pedir la intervención del Congreso del estado para que sean analizadas otras alternativas que no pongan en riesgo la contaminación de mantos acuíferos que surten de agua a comunidades del municipio.

“No ha cambiado en nada, ese proyecto ya trae más de tres años de evolución, ya tiene toda la infraestructura y los permisos de protección al medio ambiente”, comentó en entrevista por teléfono el alcalde de la capital del estado.

Además, recordó, Chilpancingo es el dueño de ese predio de Matlalapa, comunidad que pertenece a Tixtla.

El alcalde infirmó que en el relleno sanitario, el cual declaró listo hace unas semanas, representa en estos momentos una inversión de unos 15 millones de pesos. Aclaró que es un proyecto que heredó y, después de analizarlo, consideró viable realizar. “No es un proyecto que esté contaminando al medio ambiente”, agregó.

Durante la sesión de ayer martes, el pleno del Congreso local fue notificado del oficio dirigido por los ocho miembros del Cabildo de Eduardo Neri, encabezado por la alcaldesa Sara Salinas Bravo. En el documento disponible en la Garceta Parlamentaria del portal oficial del Congreso local, los ediles exponen, además de su inquietud por el riesgo de daños ambientales, ciertas “preocupaciones técnicas especificas” en la construcción de relleno sanitario, una de ellas, “la deficiente calidad de los materiales utilizados en la construcción del vaso”.

El plan de Chilpancingo es depositar las más de 400 toleradas que son generadas de manera diaria en la ciudad en este nuevo relleno sanitario. El gobierno municipal insiste en que con este proyecto comenzarán a tratar los desechos que recolectan, porque incluye la infraestructura para hacerlo, a diferencia del tiradero a cielo abierto donde todavía depositan la basura.

La infraestructura de ese relleno sanitario está ubicado en terrenos de Matlalapa, que pertenece a Tixtla; el acceso está al margen de la carretera de cuota que va de Chilpancingo a la cabecera de ese municipio. El terreno también colinda con comunidades de Eduardo Neri, lo que justifica la oposición del Cabildo.

Esta imagen del vaso del relleno sanitario fue hecha durante la visita del 19 de marzo pasado, donde el grupo de habitantes opositores al proyecto recibió la visita de un ingeniero que evaluó los materiales usados y manifestó algunas dudas sobre su calidad. Foto: Margena de la O/Archivo.

Los antecedentes exponen que fue planteado como un proyecto intermunicipal para Tixtla, Eduardo Neri y Chilpancingo, pero con prioridad para la capital del estado, porque fue la administración municipal de su momento que compró a particulares el terreno.

Este proyecto arrancó en el periodo del exalcalde Mario Moreno Arcos (2012-2015), pero no avanzó porque siempre hubo oposición.

El exalcalde Marco Antonio Leyva Mena (2015-2018) lo retomó y lo amplió; hablaba de crear también una planta de separación de residuos sólidos, un rastro, una central de abastos y un parque, pero el Cabildo de Tixtla, en ese entonces encabezado por el alcalde Hossein Nabor Guillén, se opuso a la realización del relleno sanitario por una falta de certezas en la no contaminación al ecosistema, incluidos los mantos acuíferos, según la documentación de medios de documentación de medios de comunicación.

Ante la falta de avance, Chilpancingo comenzó a operar el basurero a cielo abierto del Huiteco, ubicado en una localidad del municipio con el mismo nombre, que ya está saturado después de ocho años de funcionamiento. Estaba previsto para tres años, de acuerdo con lo que reportaron en su momento autoridades municipales. Comenzó a operar en 2017, después que fue clausurado el basurero municipal de La Cinca, ubicado al sur de la ciudad de Chilpancingo.

La postura actual del Cabildo de Eduardo Neri, asumida en su momento por Tixtla, los pone en concordancia con un grupo de habitantes de Matlalapa y de Zumpango, cabecera de Eduardo Neri, que insisten en la no operación del proyecto por el riesgo de contaminación.

El miércoles 19 de marzo pasado, algunos de ellos guiaron un recorrido por el perímetro del relleno sanitario, en el que también estuvo un ingeniero con experiencia en la calidad de los materiales para la construcción del relleno sanitario, quien después de pruebas rápidas dudó de la aptitud de los elementos usados. Aquí hay más detalles del recorrido y de otros antecedentes del proyecto.

El grupo de inconformes mantienen su postura en contra de la operación del relleno sanitario. “No estamos de acuerdo con el relleno sanitario ahí donde está. Tienen que buscar otro espacio donde no estén dañando los mantos friáticos”, comentó en entrevista Antonio Colín Ramírez, habitante de Matlalapa. En la comunidad hay habitantes a favor y en contra.

El alcalde y los opositores al proyecto mencionaron en que el próximo 13 de mayo tienen reunión con servidores públicos del gobierno del estado, la segunda de estas últimas semanas, para discutir la operación del relleno sanitario, pero ninguno cede en su posición. Alarcón Herrera, por ejemplo, mencionó que comenzarían operaciones en cuanto el gobierno del estado les indique.

Impunidad letal: 99 por ciento de los ataques a defensores ambientales en México quedan sin castigo

De acuerdo con CEMDA y Global Witness, la impunidad en crímenes contra defensores ambientales roza el 99 por ciento, un porcentaje que coincide con las 25 agresiones letales registradas en 2024, donde solo en 4 casos hubo participación directa del Estado, sin que se reportaran detenciones

Texto: Laura Buconi / Pie de Página

Foto: Tlachinollan

Ciudad de México

El Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), en su informe anual sobre la situación de las personas y comunidades defensoras de derechos humanos ambientales, revela estadísticas alarmantes, con agresiones letales a defensores, sobre todo originarios de comunidades indígenas y miembros de asociaciones civiles.

El informe llega unos días después de que Marco Antonio Suástegui Muñoz, líder del CECOP que durante 22 años impidió la construcción de la presa La Parota en Guerrero, muriera tras ser baleado el 18 de abril en Acapulco. Como reportó Amapola, el Centro de Defensa de los Derechos Humanos Tlachinollan exigió justicia para este defensor ambiental, quien ya había sufrido prisión política y la desaparición de su hermano. Su lucha frenó el proyecto, pero la violencia lo alcanzó.

¿Cuál es el panorama al que se enfrentan los defensores del territorio en México? Estos son los últimos datos.

Agresiones impunes a defensores del territorio

Itzel Arteaga, gerente de derechos humanos del CEMDA, relata que durante 2024 se documentaron 94 eventos de agresión (momentos en que ocurren los ataques) y 236 agresiones específicas. Dentro de un mismo evento pueden ocurrir diversas agresiones. En 2024, el CEMDA documentó 25 agresiones letales, que incluyen homicidios y ejecuciones extrajudiciales. Veinticinco defensores ambientales perdieron la vida: 21 por homicidios y cuatro por ejecuciones extrajudiciales. La diferencia metodológica es que la ejecución extrajudicial es cometida u ordenada por agentes del Estado. Es decir, hubo participación de alguna autoridad.

«Si bien hubo disminución en eventos y agresiones específicas, las letales aumentaron considerablemente durante 2024», puntualiza Arteaga.

Los estados con más eventos de agresión en 2024 son: Oaxaca (15), Chiapas, Michoacán y Puebla (9 cada uno), y Veracruz (8). En estos cinco estados se concentra el 53.1 por ciento de los casos documentados.

La criminalización es una de las formas más comunes de agresión contra defensores y funciona como mecanismo para obstaculizar su labor.

El CEMDA identificó que las principales víctimas en 2024 fueron miembros de comunidades indígenas o agrarias (43 eventos, 45.7 por ciento del total). Arteaga señala: «Debe identificarse como foco rojo para el Estado, pues no es la primera vez que documentamos este patrón». El segundo grupo más afectado fueron integrantes de organizaciones civiles (21 eventos, 22.3 por ciento).

Los principales agresores fueron: el Estado (participación en 62 eventos, 65.9 por ciento), empresas (25 eventos, 26.5 por ciento) y delincuencia organizada (17 eventos, 18 por ciento). Arteaga aclara que frecuentemente actúan en conjunto: un mismo evento puede involucrar a múltiples perpetradores.

Comparado con 2023, aumentó significativamente la participación estatal (de 49.5 por ciento a 65.9 por ciento) y empresarial (de 15.4 por ciento a 26.5 por ciento), mientras disminuyó la de grupos criminales (de 29.6 por ciento a 18 por ciento).

Laura Furones, de Global Witness, alerta sobre la impunidad:

«Lo común en estos casos es que los atacantes nunca sean condenados, juzgados ni identificados. Esto no solo revela fallas judiciales, sino que incentiva más violencia. Atacar a un defensor sale barato: es improbable que el agresor enfrente consecuencias».

Sobre las defensoras mujeres, añade:

«Sufren todos los tipos de violencia que sus colegas hombres, más violencia de género y de liderazgo. Muchas veces sus propios contextos les niegan el derecho a ser líderes, las cuestionan por ‘abandonar’ labores domésticas y el cuidado de hijos. La complejidad es mayor».

Desplazamientos forzados aumentan 358 por ciento en Chiapas

Los datos del CEMDA coinciden con el informe Chiapas: en la espiral de la violencia armada y criminal del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba), que describe «una verdadera crisis humanitaria y sus impactos en la población civil».

Carlos Ogaz, representante de Frayba, explica:

«Vivimos violencia en medio del negacionismo de la administración anterior y el espectáculo mediático del gobierno actual. Las fuerzas armadas, minería, megaproyectos, crimen organizado, desapariciones, desplazamientos forzados y violencia contra pueblos indígenas conforman esta crisis».

El expresidente, señala Ogaz, «decía que Chiapas no era prioritario porque otros estados tenían más homicidios».

Según el Departamento de Seguridad de Estados Unidos, en México hay 386,000 desplazados internos, 90 por ciento originarios de Chiapas y Oaxaca. Las causas incluyen crimen organizado, grupos paramilitares, agentes estatales, proyectos de desarrollo (minería, tala ilegal, extracción de hidrocarburos, construcción, turismo), conflictos territoriales, cambio climático y desastres naturales.

En Chiapas, el desplazamiento forzado existe desde los años 60, pero entre 2019-2023 aumentó 358 por ciento. La edad más frecuente de mujeres desaparecidas es 15 años; 45 por ciento de desaparecidos son menores. Entre 2023 y junio de 2024, Frayba registró 15,780 desplazados en tres zonas (Altos, Norte y Selva), cifra equivalente al total de 2010-2022.

Dora Roblero, directora de Frayba, denuncia:

«Los desplazados que regresan deben pagar multas de 100 mil pesos, impuestas por actores armados con complicidad gubernamental. Mientras las autoridades promueven una imagen falsa de normalidad turística, los pueblos viven una guerra silenciada».

Economía del crimen

Entre diciembre 2023 y junio 2024, Frayba identificó 257 hechos violentos en Chiapas: 138 con asesinatos (muchos con torturas, desmembramientos y narcomensajes) y 73 enfrentamientos.

Citlali Hernández, de Indigenous Peoples Rights International, explica:

«Esta violencia criminal proviene de grupos paramilitares formados durante la contrainsurgencia zapatista. Al no haber transición a la paz, mutaron y ahora se alían con cárteles».

El informe también documenta silenciamiento de defensores y periodistas: «La aparente disminución de agresiones se debe más al aumento de autocensura que a mejoras reales».

Santiago Aguirre, del Centro Prodh, advierte: «El paramilitarismo fue creación del Estado mexicano. Si el gobierno actual no actúa según las recomendaciones de la Corte Interamericana, se vuelve cómplice. En Chiapas, ya es indistinguible la violencia criminal de la estatal».

Política pública de protección

Gustavo Alanís, director del CEMDA, afirma:

«Falta una política pública integral para proteger a defensores ambientales. Urge fortalecer los mecanismos existentes».

Los expertos coinciden en que México debe implementar efectivamente el Acuerdo de Escazú (sobre acceso a información, participación y justicia ambiental), cuyo artículo 9 protege específicamente a defensores.

«Debe garantizárseles un entorno seguro para su labor», enfatiza Alanís.

Roblero concluye con esperanza: «A pesar de todo, las comunidades se organizan. Siguen creyendo posible construir vida digna y paz. Este informe es también un grito de resistencia».

Este texto es original de Pie de Página, un medio de la Alianza de Medios de Periodistas de a Pie, de la cual formamos parte, y es reproducido con su autorización. Aquí la publicación original.

Llegan ejidatarios de Carrizalillo al primer mes de plantón sin recibir propuesta de Equinox Gold por uso de sus tierras

Ninguna autoridad estatal o federal ha intervenido para que la compañía minera salde cuentas con el ejido donde han explotado oro por 20 años. De no seguir extrayendo minerales del ejido, Equinox Gold debe cumplir con un proceso de cierre

Texto y Foto: Margena de la O

Chilpancingo

Jueves 1 de mayo del 2025

Los habitantes de Carrizalillo, Eduardo Neri, cumplieron su primer mes en plantón en el camino hacia la comunidad para impedir que la empresa Equinox Gold siguiera con la operación minera, debido a que venció el contrato que mantenían, y siguen sin recibir una nueva oferta por la renta de tierras o un plan de cierre definitivo de las operaciones de extracción de minerales.

En todo este tiempo, además, ningún representante de los gobiernos estatal y federal ha intervenido para que ocurra algún acuerdo entre ambas partes, de acuerdo con el Comisariado Ejidal de Carrizalillo.

Los ejidatarios no han tenido contacto con la empresa hace varias semanas, desde antes del 30 de marzo que venció el último contrato para la extracción de los minerales del ejido de Carrizalillo.

De hecho, contaron los autoridades ejidales, tenían prevista una reunión antes de que concluyera ese mes en la Secretaría de Gobernación en la Ciudad de México, para hacerle una contrapropuesta a Equinox Gold para la firma de un nuevo convenio por la explotación de minerales en el ejido, pero los ejidatarios ya no llegaron, se regresaron del camino, porque les avisaron que los representantes de la empresa ya no llegarían.

Equinox Gold, de acuerdo con la versión de los ejidatarios y organizaciones que les dan acompañamiento, ha condicionado seguir en el ejido solo si el nuevo convenio es firmado por un porcentaje mucho menor al anterior. Según los comunicados que ha publicado el ejido, les proponían hasta un 60 por ciento menos en comparación al último convenio.

Las autoridades ejidales de Carrizalillo informaron que en la propuesta que presentarían (la contrapospuesta) contemplaban aceptar hasta un 40 por ciento menos por la renta de sus tierras en comparación con el último contrato, debido a que la empresa ha expuesto que las casi 1,400 hectáreas que ocupa del ejido ya no les son tan rentables como antes.

Fue entonces que llegó el 30 de marzo, vencimiento del último contrato, sin ningún nuevo acuerdo de arrendamiento. Desde el primer minuto del pasado martes 1 de abril, los ejidatarios ya tenían un plantón en la primera caseta visible de la empresa sobre el camino hacia el pueblo para impedir cualquier trabajo de la compañía. Ahí están desde entonces.

https://amapolaperiodismo.com/wp-content/uploads/2025/04/WhatsApp-Video-2025-04-02-at-08.03.47-1.mp4?_=1

Este video corresponde al 1 de abril pasado, día en que los ejidatarios comenzaron su plantón en el camino hacia pueblo.

Ayer 30 de abril cumplieron el primer mes de movimiento y en una comunicación por teléfono, los ejidatarios informaron que no hay ningún avance, la empresa no les ha buscado para negociar ninguno de los escenarios, un nuevo convenio o el cierre.

La empresa, de mantenerse en la postura de no renovar el contrato de arrendamiento de tierras para la explotación de minerales, deberían cumplir con el proceso de cierre, establecido en todos los convenios y en las leyes.

El cierre incluye un proceso para el retiro de la infraestructura utilizada para la extracción de minerales a cielo abierto y, sobre todo, el saneamiento de las tierras explotadas. En parte de las hectáreas rentadas la empresa realizaba el proceso de separación del minera de las rocas, que son los patios de lixiviados, donde utilizaban elementos tóxicos y dañinos para la salud, como el cianuro.

Este proceso, según la asesoría que han recibido los ejidatarios, puede llevar años, en los cuales la empresa debe continuar cubriendo un pago por el uso de las tierras.

Pero a un mes del movimiento siguen sin tener contacto con los empresarios para acordar este proceso. Tampoco, dijeron, ningún servidor público del gobierno estatal o federal les ha contactado para hacer cumplir a la empresa.

Destrozan normalistas de Ayotzinapa caseta de Autopista del Sol en reclamo de justicia por crimen del líder del Cecop

Texto: Amapola Periodismo

Foto: Alex Ortiz /AHORA Guerrero

Chilpancingo

Miércoles 30 de abril del 2025

Como una reacción de protesta por el asesinato del vocero del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parato (Cecop), Marco Antonio Suástegui Muñoz, estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, destrozaron la caseta Palo Blanco de la Autopista del Sol.

Este es el segundo día de protestas en Chilpancingo de parte de los estudiantes normalistas en reclamo de justicia del crimen del activista ambientalista que encabezó por casi 22 años, hasta el día de su muerte, el viernes 25 de abril pasado, un movimiento en contra de la construcción de la hidroeléctrica La Parota que empujaba la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en los Bienes Comunales de Cacahuatepec, zona rural de Acapulco.

Poco antes de las 10 de la mañana, varias decenas de normalistas llegaron en autobuses hasta la caseta de Palo Blanco y unos minutos después comenzaron a destrozar las cabinas de cobro en ambos sentidos.

Durante varios minutos lanzaron piedras y explosivos en las diferentes cabinas hasta lograrlo, mientras gritaban consignas para exponer su inconformidad. “¡Ni con tanquse ni metrallas, Ayotzi no se calla!”, fue una de las consignas que corearon al par que sonaban las detonaciones de los explosivos. Tampoco olvidaron sus propias exigencias, porque cerraron la acción de protesta después de gritar desde el uno al 43, en alusión a la desaparición de sus compañeros hace más de 10 años.

Así quedaron las cabinas de cobro de la caseta de Palo Blanco después de acción de protesta de los normalistas de Ayotzinapa. Foto: Alex Ortiz.

Los estudiantes dejaron en claro este reclamo por el asesinato del líder del Cecop al repartir unos también unos textos entre los automovilistas que cruzaban por la caseta, mediante el cual hacían un llamado a los gobiernos estatal y federal de una investigación que permita saber quién o quiénes fueron los responsables del crimen del vocero de la Cecop.

Hasta el lugar de la protesta llegaron elementos de la Guardia Nacional pero estuvieron alejados algunos metros.

Suástegui Muñoz fue atacado a balazos el viernes 18 de abril pasado en uno de los accesos de la playa Icacos, de Acapulco, donde era prestador de servicios, rentaba motos acuáticas. Al octavo día del ataque murió en un hospital privado del puerto donde era atendido.

Al conocerse la muerte del dirigente social que enfrentó varios situaciones en los casi 22 años del movimiento contra la construcción de La Parota, como cuatro encarcelamientos y la desaparición de su hermano Vicente Suástegui Muñoz, quien también formó parte del movimiento, de quien aún se desconoce su paradero, ha habido muchas reacciones de las organizaciones sociales estatales, nacionales e internacionales, con el reclamo de justicia. La Organización de los Derechos Humanos Derechos Humanos (ONU-DH) y Amnistía Internacional condenaron su muerte y exigieron a la Fiscalía General del Estado (FGE) una investigación “pronto, exhaustiva y eficaz”.

Ayer, los normalistas de Ayotzinapa realizaron su primera protesta y bloquearon de manera parcial la Autopista del Sol, al altura del punto conocido como El Parador del Marquez, al sur de la ciudad. Impidieron el paso de los automovilistas en un carril de cada sentido de la carretera de cuota por alrededor de un hora y media.

La actividad terminó con un mitin político en el lugar, donde condenaron también el crimen del dirigente social.

¿Quién cuida a quien nos cuida?: 3 de cada 4 policías municipales no tienen un salario digno y menos del 70 por ciento de prestaciones básicas

Solo uno de cada cuatro policías municipales en México gana más de 16,000 pesos al mes, menos del 70 por ciento tiene prestaciones básicas y entre el 19.3 por ciento y 52.5 por ciento cuenta con cobertura de seguridad social, de acuerdo con un diagnóstico de México Evalúa

Texto: Andro Aguilar /Animal Político

Ilustraciones e Infografías: Animal Político

Ciudad de México

Miércoles 23 de abril del 2025

Domitilio es ayudante de albañil, de plomero y de electricista. También dedica 84 horas en promedio a la semana a cuidar a los habitantes de Villa Nicolás Romero, como policía municipal.

Por esta última labor gana 3,800 pesos quincenales, poco menos de los 4,182 establecidos como sueldo mínimo por las autoridades. Quizá la diferencia, dice, es porque le descuentan 250 pesos para que pague su propio seguro de vida.

“Uno llega a trabajar, nos encomendamos a Dios y adelante. Ha habido compañeros que han asesinado, que han chocado, que los han atropellado. Al final del día te acostumbras a vivir con este tipo de trabajo”, relata en entrevista.

El caso de Domitilio —cuyo nombre fue cambiado para evitarle represalias— es una constante en México, donde la precariedad laboral prevalece para los policías municipales, que son las corporaciones de seguridad más próximas a la ciudadanía.

Menos del 70 por ciento de los elementos cuenta con las prestaciones básicas establecidas en la Constitución —como aguinaldo, vacaciones y prima vacacional—. Y entre el 19.3 por ciento y 52.5 por ciento cuenta con cobertura de seguridad social efectiva, lo que implica que hasta 80.7 por ciento podría carecer de la misma.

Solo una minoría recibe otros apoyos como asistencias psicológica y legal, vales de despensa o becas escolares.

Esas malas condiciones laborales dificultan su reclutamiento. Así lo demuestran las cifras del Inegi, que reflejan un decremento de elementos a nivel nacional en las cifras más recientes.

En 2022, la cifra reportada ante Inegi era de 173,407 elementos, el número más bajo desde 2010, lo que equivale a 1.4 policías por cada mil habitantes. Una cantidad que no alcanza el estándar mínimo de 1.8 policías por cada mil habitantes recomendado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

La organización México Evalúa realizó un diagnóstico de esas condiciones de precariedad y estableció una propuesta para revertirlo. En el documento “Policía desprotegida: Ruta para su dignificación laboral”, la organización confirma que la mayoría de los policías municipales en México no percibe una retribución justa.

Policías municipales en México, sin salarios dignos

Pese a que el Sistema Nacional de Seguridad Pública estima que el ingreso necesario para que los elementos y sus familias puedan llevar una vida digna es de 16 mil 688 pesos mensuales —antes de bonos—, solo uno de cada cuatro elementos rebasaba esos ingresos.

De acuerdo con el Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México 2023, 9.6 por ciento ganaba menos de 5,000 pesos al mes en 2022 e incluso 2.2 por ciento de los policías municipales trabajaba sin recibir pago.

Asimismo, 27.3 por ciento de los elementos recibía entre 5,000 y 10,000 pesos mensuales; 30 por ciento ganaba entre 10,000 y 15,000 pesos y 20.8 por ciento ganaba entre 15,000 y 20,000 pesos. Solo un pequeño porcentaje, el 5.4 por ciento, percibía entre 20,000 y 25,000 pesos, y apenas el 2.6 por ciento de los policías obtenía salarios superiores a 25,000 pesos.

Con turnos laborales de 24 horas seguidas y 24 horas de descanso, el trabajo no solo está mal pagado, sino que absorbe la mayor parte de su tiempo.

Prestaciones insuficientes para policías municipales en México

Pese a que las prestaciones como el aguinaldo, las vacaciones pagadas y la prima vacacional deben ser un derecho entre los policías municipales con base en la Constitución, no aplica en todos los casos. Si bien el aguinaldo es la prestación más común, con un 90.8 por ciento de los policías que lo recibe, solo 79.9 por ciento tiene acceso a vacaciones pagadas y 69.4 por ciento cuenta con prima vacacional.

Para que un policía cuente con seguridad social debe estar afiliado al Instituto Mexicano de Seguridad Social (IMSS), al Instituto de Seguridad Social y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) o a una institución local. Así, México Evalúa concluyó que entre 19.3 por ciento y 52.5 por ciento de los elementos de seguridad municipal tiene acceso a algún esquema de seguridad social.

Además, son pocos los policías que tienen acceso a servicios y prestaciones de seguridad social. Esta situación contraviene el mandato constitucional y el artículo 2 de la Ley de Seguridad Social, que busca garantizar el derecho a la salud, la asistencia médica, la protección de los medios de subsistencia y que el Estado garantice la provisión de una pensión.

De acuerdo con el Inegi, los policías afiliados a algún tipo de seguridad social se distribuyen así: 26.3 por ciento está afiliado al IMSS y 5.3 por ciento al ISSSTE, lo que les proporciona una cobertura integral de salud y prestaciones de retiro; 19.7 por ciento tiene seguridad social proporcionada por una institución de su entidad federativa, que generalmente ofrece servicios similares a los del IMSS, aunque la calidad puede variar según el estado; 15.1 por ciento de los policías reciben servicios de seguridad social a través de otras instituciones, generalmente gestionadas directamente por los municipios. De ese 52.5 por ciento, solo 45,185, es decir 26 por ciento del total, tienen acceso a prestaciones de retiro o jubilación.

Los créditos para la vivienda solo están disponibles para 7.6 por ciento de los policías municipales. Esa situación les genera que permanezcan atrapados en un ciclo de pobreza patrimonial.

Casi la mitad de los policías municipales no tiene un seguro de vida, lo que deja en desamparo a sus familias. Y apenas uno de cada cuatro (25.7 por ciento) tiene apoyo psicológico. Por lo que muchos enfrentan solos las secuelas emocionales y mentales de su trabajo. Además, solo 28.8 por ciento de los elementos cuenta con asesoría jurídica.

Los vales o bonos de despensa son accesibles para solo 27.6 por ciento del personal. Solo 11.9 por ciento de los policías municipales cuenta con acceso a créditos personales y 5.3 por ciento con apoyo para la vivienda. La mayoría de los policías no percibe las herramientas para mejorar su calidad de vida y la de sus familias.

Financiamiento de municipios para sus policías y ruta a seguir

Los municipios en México tienen dificultades para financiar a su policía principalmente por falta de ingresos propios.

El financiamiento de la seguridad es responsabilidad de los tres niveles de gobierno, pero la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública asigna a los municipios la responsabilidad de financiar las prestaciones laborales de sus policías. Los municipios, sin embargo, carecen de recursos suficientes por falta de ingresos, por una organización deficiente del gasto o por déficit de capacidades.

Entre 2012 y 2022, 72.3 por ciento de los ingresos totales de los municipios provinieron de la Federación y gobiernos estatales, es decir, 440 mil 266 millones de pesos. Lo que recaudaron los gobiernos municipales (27.7 por ciento de los ingresos totales) representó 168 mil 159 millones de pesos.

La legislación federal no precisa qué prestaciones debe incluir el esquema complementario de seguridad social, por lo que cada entidad y municipio lo definen y resuelven. Por este motivo, hay corporaciones policiales con más prestaciones laborales que otras.

La organización destaca que entre los factores que limitan el potencial de elementos policiacos influye por un lado la falta de presupuesto, tanto local como federal —derivado de la militarización de la seguridad pública a partir de la participación de Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional—. Además de la precariedad laboral que dificulta que los policías hagan una carrera.

El artículo 123 de la Constitución Mexicana establece que las prestaciones mínimas que debe tener todo trabajador del Estado son sueldo, aguinaldo, vacaciones, prima vacacional, días de descanso y jornadas laborales definidas. Además de la seguridad social con jubilación, cobertura de accidentes y enfermedad, licencia de maternidad, derecho a asistencia médica para familiares y créditos a la vivienda. Además, de otras prestaciones que serían definidas por cada gobierno local.

Para su investigación, México Evalúa contempló esas prestaciones de ley y de seguridad y estableció el estándar que deben tener las policías municipales.

Además de explicar el marco normativo de las prestaciones laborales de la policía y evidenciar cuál es el acceso en cada corporación, la investigación de México Evalúa analiza la capacidad financiera de los gobiernos locales para mejorar ese panorama.

La organización desarrolló recomendaciones para apoyar a los policías municipales y los propios municipios que incluyen reformas a leyes federales y estatales, mejor acceso a fondos federales y estatales, así como a información, investigaciones y a estadísticas, además de asesoría técnica y colaboraciones entre el sector privado y la sociedad civil.

Mientras tanto, en los municipios, los policías se han acostumbrado a estar desprotegidos y a ser vulnerables en un entorno donde enfrentan riesgos constantes, como Domitilio.

–¿Vale la pena ser policía municipal?, se le pregunta.

–No vale la pena como tal. Pero lo más valioso que te puede llevar aquí es el agradecimiento de la gente y eso es lo bonito, cuando la gente te agradece. No vale la pena el trabajo, no vale la pena que arriesgues tu vida, pero al final del día no tienes otra oportunidad de trabajar. Al paso del tiempo te vas acostumbrando.

Este texto es reproducido con la autorización de Animal Político, medio aliado de Amapola Periodismo. Aquí puede consultar su versión original.

Perros y gatos podrían extinguir algunas especies simplemente porque actúan por instinto

La fauna silvestre enfrenta varios tipos de peligros cuando estas mascotas están libres en ambientes tanto urbanos como rurales. Experta en Ciencias Biológicas comparte sugerencias para su cuidado, con el propósito de evitar la pérdida de especies en otros ecosistemas

Texto: Alberto Ramírez

Foto: Archivo Amapola

Chilpancingo

Domingo 13 de abril del 2025

Los perros y gatos que no están resguardados dentro del domicilio de sus familias humanas podrían hacer daño a la fauna silvestre. Los gatos, por ejemplo, son excelentes cazadores, y los perros también podrían ser responsables de la extinción de ciertas especies porque actúan por instinto.

Marisol Castro Torreblanca, experta en Ciencias Biológicas, egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), compartió que los gatos son cazadores natos, es decir, que aun cuando estén bien alimentados, cazan por instinto a lagartijas, serpientes y mamíferos pequeños.

La fauna silvestre enfrenta varios tipos de peligros cuando los perros y gatos están libres en ambientes urbanos o rurales.

Castro Torreblanca explicó las diferencias entre los gatos o perros domésticos, aquéllos que tienen familia humana y casa, pero también pueden andar sueltos o en la calle, y los gatos y perros ferales, que nunca tuvieron contacto humano y los ven como una amenaza.

Los gatos domésticos y ferales son más peligrosos para la fauna silvestre que los perros. “Un solo gato puede matar cientos de animales al año. Si sumas los millones de gatos domésticos y ferales que hay, el impacto es enorme”, mencionó.

En el mundo, compartió, los gatos están implicados en la extinción de al menos 63 especies de vertebrados.

Los perros pueden cazar ciervos, zorros, aves, reptiles, entre otros animales. En otros casos solo los persiguen hasta agotarlos.

Gatita del albergue rescatada de la basura.

Especies en peligro de extinción como tortugas o aves playeras son vulnerables al acoso o ataques de los perros. En ecosistemas cerrados, como islas, la fauna nativa y endémica, como aves marinas que anidan en el suelo, reptiles y mamíferos pequeños se han extinguido por la introducción de gatos domésticos.

La persecución o presencia de los perros en hábitats de animales silvestres implica un peligro porque provocan que abandonen sus nidos o madrigueras, que cambien su ruta de alimentación, porque evitan ciertas zonas y eso, a su vez, afecta la reproducción, alimentación y desplazamiento de la fauna silvestre. Podría ocasionar, incluso, la pérdida de especies en un ecosistema determinado.

“Hay muchos efectos en cascada en las interacciones en los ecosistemas que se pierden y con ello el equilibrio y el funcionamiento, y si esto ocurre en los bosques, los seres humanos que dependemos de todos los servicios, como el alimento, el agua, las medicinas, el vestido y el oxígeno, no tendremos futuro”, agregó.

Además, los perros y gatos pueden transferir, tanto a especies silvestres como a humanos, enfermedades como la rabia, parvovirus o moquillos.

¿Qué hacer si tengo un gato o un perro en casa?

La maestra en Ciencias Biológicas hizo una serie de recomendaciones para las personas que tienen gatos o perros en sus hogares.

La primera es evitar que estén libres en zonas naturales o bosques.

También comentó que es muy importante esterilizarles para evitar la reproducción descontrolada y así reducir la población en las calles. La esterilización también les ayuda a tener mejor salud y comportamiento.

No abandonar a los animales en la calle, es preferible buscar apoyo en algún refugio o redes de adopción.

Es importante adoptar mascotas con responsabilidad, porque toda especie de animales necesita atención y cuidados.

Mucha gente cree, mencionó, que alimentar a animales de la calle es una buena opción, sin embargo ocasiona varias situaciones, como propiciar una mayor reproducción hasta fomentar conflictos entre los animales por acaparar los alimentos.

Sugirió a la población que tiene gatos y perros en casa informarse porque muchos no saben que los gatos cazan aves o que los perros asustan a especies nativas.

También apoyar campañas de control de poblaciones ferales, como de esterilización, y participar en proyectos para restaurar ecosistemas y proteger especies amenazadas.

Hallan muerto en carretera de Mártir de Cuilapan a exalcalde de Zitlala

Con éste, es el segundo caso de un ex alcalde asesinado durante esta semana los cuales, a su vez, forman parte de una lista de nueve personas muertas halladas en circunstancias similares en estos días, es decir, en barrancos, en lo que parecen accidentes

Texto: Margena de la O

Foto: Facebook Roberto Zapoteco Castro

Chilpancingo

Viernes 11 de abril del 2025

A orilla de un camino de Mártir de Cuilapan, municipio de la zona Centro del estado, esta mañana fue hallado el cadáver del exalcalde de Zitlala, Roberto Zapoteco Castro, junto al de otra persona, de acuerdo a unos reportes policiacos.

Los preliminares de este hallazgo indican que el cadáver del exalcalde y otras persona fueron ubicados en un paraje conocido como El Aguacate, localizado entre las comunidades de Zotoltitlán y La Esperanza, dos pueblos de Mártir de Cuilapan. En esos reportes también hablan de un accidente vehicular, pero nunca ofrecen detalles del incidente, razón por la que no queda claro la causa de muerte.

Zapoteco Castro fue alcalde durante el periodo 2015-2018 de Zitlala, uno de los municipios que de manera oficial forma parte de la zona Centro del estado pero, a su vez, es parte de una subregión conocida como la Montaña baja de Guerrero, donde hay importante población nahua. La Montaña baja es de referencia pública durante los últimos años por temas de inseguridad y violencia criminal.

El diciembre del 2020, Zapoteco Castro sobrevivió a un atentado armado, ocurrido en las inmediaciones de la comunidad de Pochahuizco, que pertenece a Zitlala. En esa ocasión fue herido en el brazo.

Cuando se exponen que han ocurrido otros hallazgos en circunstancias similares se trae a cuenta que apenas el martes por la noche fue reportado el hallazgo de una camioneta al fondo de un barranco de la carretera Ocotito-Tlahuizapa, de Chilpancingo, con cadáveres dentro.

Hasta el día siguiente que fueron rescatados, se supo que eran tres, uno era el del exalcalde de Heliodoro Castillo, José Concepción Hernández Solano, el de su padre y el de un colaborador. La causa de muerte que reportaron fuentes policiacas son golpes. De manera oficial las autoridades estatales no informaron del caso ni hablaron de las razones de las muertes.

Hernández Solano además es ubicado como fundador del Consejo Supremo de Pueblos del Filo Mayor (CSPFM) y hasta unos días se había desempeñado como secretario de Desarrollo Rural de Chilpancingo, pero renunció.

Tomó el puesto todavía por designación del exalcalde asesinado, Alejandro Arcos Catalán, y el alcalde Gustavo Alarcón Herrera lo mantuvo. El gobierno municipal de Chilpancingo colgó una esquela en sus redes sociales oficiales para dar el pésame a la familia del ex funcionario municipal.

Un día antes, el lunes 7 de abril por la mañana fue reportado el hallazgo de una de una camioneta Nissan X-Trail color rojo al fondo de un barranco sobre la carretera federal México-Acapulco, en el tramo carretero Palo Blanco-Acahuizotla, con cadáveres dentro. Desde un principio hubo la sospecha que se trataban de los cadáveres de tres conductores del transporte público de diferentes rutas de Chilpancingo reportados como desaparecidos desde el viernes anterior.

Más tarde fue confirmado, eran ellos, pero había una cuarta víctima.

Todos estos casos tienen la coincidencia del hallazgo en un contexto de aparentes accidentes carreteros.

Denuncian habitantes de la Sierra que policías y militares pisaron y salieron de pueblos donde hubo enfrentamientos armados

Consecuencia de los hechos de este miércoles en Yextla e Izotepec las clases están suspendidas hasta después del próximo periodo vacacional. La versión de los habitantes de Yextla es que quienes ingresaron a su pueblo incendiaron una vivienda y se llevaron por la fuerza a unas personas. El gobierno estatal había ofrecido vigilancia permanente

Texto: Margena de la O

Foto: Oficial y Especial

Chilpancingo

Jueves 10 de abril del 2025

Aun cuando el gobierno del estado dio a conocer la implementación de una operación policiaca y militar permanente en los pueblos de la Sierra donde ayer por la mañana hubo enfrentamientos a balazos entre civiles, pobladores de Yextla, municipio de Leonardo Bravo, informaron que los elementos solo llegaron, vieron parte de los daños y se retiraron.

Consecuencia de los hechos de ayer, los habitantes de este pueblo tomaron medidas y los directivos de las escuelas decidieron suspender las clases y adelantar el periodo vacacional que empieza este fin de semana, ante el riesgo de que vuelvan a ocurrir balaceras. Cuando ocurrieron los hechos, entre nueve y 10 de la mañana, las niñas, niños y adolescentes estaban en los planteles. En el pueblo hay escuelas desde nivel básico hasta bachillerato.

Mediante un video difundido en las redes sociales, los pobladores de Yextla reportaron ayer parte de la balacera en su pueblo. En poco más de un minuto que dura ese video se escuchan balazos tupidos y se ve una calle solitaria ensombrecida por una nube de humo, como si algo estuviese quemándose.

Aunado a este video se supo que las balaceras comenzaron en Izotepec, una localidad que pertenece al municipio de Heliodoro Castillo, que pega con Yextla. La Sierra de Guerrero, formada por las montañas más altas del estado, funciona como una sola región, independiente de los límites territoriales de algunos municipios.

La versión de los habitantes de Yextla es que, en efecto, los enfrentamientos armados habrían comenzado una hora antes en Izotepec, y que siguieron en su pueblo, donde incendiaron una vivienda. Esa era la razón del humo negro del video.

En la imagen se puede observar la vivienda que fue baleada e incendiada en la comunidad de Yextla, donde este miércoles 9 de abril del 2025 ingresaron personas armadas. Foto: Especial.

Quienes ingresaron a Yextla, dijeron, se llevaron a unos habitantes del pueblo, con quienes tendría una diferencia en términos criminales. Eso ha generado que otros habitantes, familiares de quienes se llevaron por la fuerza, se desplazaran de la comunidad.

Después de que ayer (miércoles) fuera público la balacera o enfrentamiento en estos pueblos, el gobierno del estado, sin ofrecer una versión oficial de que ocurrió, difundió un comunicado a nombre de la Secretaría de Seguridad Pública estatal, donde daban a conocer operaciones de seguridad y vigilancia en Yextla e Izotepec por parte del Ejército, la Guardia Nacional y la Policía Estatal.

Además informaron que serían acciones permanentes. “La Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Guerrero informa que estas acciones se mantendrán de manera permanente en la región, en estrecha coordinación con las fuerzas federales, con el firme compromiso de salvaguardar la integridad de las y los guerrerenses”, es uno de los fragmentos del comunicado.

Junto al comunicado solo publicaron fotografías de su camino hacia la Sierra, nunca de su permanencia en los pueblos donde ocurrieron los hechos.

Los habitantes de Yextla informaron que “el gobierno”, como es que identifican la presencia policial y militar, solo llegó al pueblo, revisó la vivienda incendiada y se retiró.

El compromiso público del gobierno estatal, según el texto difundido por la secretaría, es salvaguardar la integridad de los habitantes, pero los habitantes lo pusieron en duda.

Sentencian a exalcalde de Iguala a 20 años por ordenar homicidio del síndico de su Cabildo

Carvajal Salgado era sobrino del actual senador morenista Félix Salgado Macedonio. Estaba en funciones cuando lo mataron frente a su casa de la calle Zaragoza, en el centro de esa ciudad

Texto: Margena de la O

Foto: Internet

Chilpancingo

Lunes 7 de abril del 2025

El exalcalde de Iguala, José Luis Abarca Velázquez, quien está preso después del caso Ayotzinapa, fue sentenciado a 20 años de prisión por el asesinato de quien fuera el síndico durante su administración, Justino Carvajal Salgado, ocurrido el 8 de marzo del 2013, informó la Fiscalía General del Estado (FGE).

Carvajal Salgado era sobrino del actual senador morenista Félix Salgado Macedonio y, por ende, primo de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda.

Estaba en funciones como síndico cuando lo mataron frente a su casa de la calle Zaragoza, en el centro de Iguala, es decir, que era compañero de Cabildo del exalcalde de ese municipio de la zona Norte del estado, además compartían la misma militancia partidista; ambos eran perredistas.

“Mediante una intensiva investigación que permitió recabar pruebas contundentes, la FGE logró establecer la participación del sentenciado en los hechos ocurridos el día 8 de marzo de 2013, en la calle Zaragoza de la colonia Centro. José “N” fue acusado de dar la instrucción para privar de la vida a la víctima, quien se desempeñaba en ese momento como síndico municipal”, es un fragmento del comunicado donde la Fiscalía da a conocer sobre la sentencia dictada por un juez después de su investigación.

Además de la condena de 20 años de prisión, el imputado debe de pagar por la reparación del daño.

Abarca Velázquez está preso desde el caso Ayotzinapa, ocurrido durante la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre del 2014 en Iguala. La desaparición de los 43 y el asesinato de otros tres estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, puso al descubierto las relaciones entre los servidores públicos municipales, incluidas sus estructuras operativas como Tránsito y Seguridad Pública, y actores criminales que operaban en la ciudad.

Consecuencia de esto, el exalcalde fue detenido, pero su permanencia en reclusión desde entonces no es propiamente por el caso de los normalistas, se debe al secuestro de los dirigentes sociales de la Unidad Popular de Iguala, entre ellos Arturo Hernández Cardona, quien fue asesinado en mayo del 2013.

Poco antes ocurrió el asesinato del síndico, el cual habría ordenado el exalcalde, según lo expuesto esta noche.

Desde el asesinato del síndico, de acuerdo con los registros en la prensa local, Abarca Velázquez fue señalado de alguna implicación en el caso de su compañero de Cabildo. Casi 12 años después, la investigación oficial establece que así fue.

En Sinaloa, el crimen organizado caza a jóvenes con falsas ofertas de trabajo

El caso de Teuchitlán refleja la grave falta de oportunidades en México, donde los jóvenes, al buscar mejorar sus vidas, se convierten en víctimas de fraudes, trata, reclutamiento forzado y privación de la libertad.

Texto: Scarlett Nordahl / Revista Espejo

Foto: Redes

Culiacán, Sinaloa

Lunes 31 de Marzo del 2025

En México hay 31 millones de jóvenes entre 15 y 29 años. De estos, casi la mitad, alrededor de 15.9 millones, están empleados, pero con un ingreso promedio de tan solo 33.8 pesos por hora, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Esta realidad económica crea el escenario perfecto para que organizaciones criminales exploten la vulnerabilidad de esta población, engañando, reclutando y privando de libertad a muchos jóvenes que buscan una vida mejor.

El caso de Teuchitlán, Jalisco, ha puesto en evidencia la grave situación que enfrentan muchos jóvenes en México. Como relata Alejandra Martínez Carrizales, miembro del colectivo Por las Voces Sin Justicia y quien busca a su hermano, Ismael Alejandro Martínez Carrizales, desde el 12 de julio de 2020.

“Muchos jóvenes van buscando trabajo con la esperanza de mejorar su vida, intentando cumplir sus sueños, pero terminan siendo reclutados por el crimen organizado”, comentó.

Martínez señaló que el caso de Teuchitlán debe servir como advertencia para no caer en ofertas de trabajo que parecen demasiado buenas para ser verdad.

El colectivo Por las Voces Sin Justicia también subraya la importancia de que las autoridades, especialmente la Fiscalía General del Estado, reconozcan que una persona privada de su libertad podría ser víctima de diversos crímenes, incluido el reclutamiento forzado por el crimen organizado.

“Volvemos a lo mismo, siempre se criminaliza y revictimiza a los desaparecidos, aseguraron que andaban en algo o podían andar en algo, pero la realidad es esa, mira a todos esos jóvenes que con engaños fueron a ese rancho o muchos otros lugares con la promesa de trabajar, sin saber que era para el crimen organizado. Eso quiere decir que no todos andan mal, algunos solo querían cumplir sus sueños de salir adelante”, subrayó la buscadora.

Durante la conferencia mañanera del 24 de marzo, Omar Hamid García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, abordó el caso de Jose Gregorio “N”, un operador del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) vinculado al Campo Izaguirre. García Harfuch reconoció que este individuo se encargaba del reclutamiento de personas, utilizando principalmente redes sociales para ofrecer falsas oportunidades laborales. Entre las ofertas que promovía se incluían vacantes de vigilantes de seguridad con sueldos que iban de 4 mil a 12 mil pesos semanales.

Los interesados, tras contactar a los reclutadores, eran citados en diversas centrales de autobuses y, desde allí, trasladados al Rancho Izaguirre en Teuchitlán, Jalisco. Allí, los nuevos reclutas eran adiestrados en el uso de armas de fuego y acondicionamiento físico. Durante este proceso, se les retiraban los teléfonos celulares y permanecían incomunicados por un periodo de hasta un mes, dependiendo de su comportamiento. Después de este tiempo, se les asignaba un puesto dentro de la estructura del crimen organizado.

El Gobierno de México también reconoció que aquellos que se negaban a participar en las actividades delictivas o intentaban escapar eran asesinados o sometidos a torturas. Además, a través del Área de Investigación y Patrullaje Cibernético, se descubrió que existen al menos 39 perfiles en diversas plataformas dedicados al reclutamiento de personas para estos fines.

Óscar Loza Ochoa, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Sinaloa (CEDH), advierte que, aunque no haya denuncias formales sobre reclutamiento forzado o trata de personas, siempre existe lo que se conoce como la “cifra negra”.

“He conocido casos, no en esta comisión, pero como activista he recibido informes. Un caso fue el de una joven que fue engañada para viajar a Durango, donde fue localizada por el Ejército junto con otras tres jóvenes. Era un caso de trata, y las iban a prostituir”, comentó Loza Ochoa, quien subraya la importancia de atender incluso un solo caso, ya que detrás de cada uno podría haber muchos más sin denuncia.

El defensor de derechos humanos también explicó que la falta de denuncias podría deberse al desconocimiento sobre el tema o a la confusión con otros delitos, como el secuestro o el secuestro virtual. Sin embargo, destacó que la existencia de incluso un solo caso de trata es alarmante, especialmente en lugares turísticos como Mazatlán y Vallarta, que, según él, podrían estar siendo utilizados para actividades de explotación sexual.

Cifras oficiales y víctimas vulnerables

El Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública (SESESP) reporta que desde 2010 se han abierto 69 carpetas de investigación relacionadas con trata de personas en Sinaloa. Estas investigaciones involucran a 177 víctimas, de las cuales 77 son mujeres y 92 hombres, con ocho personas cuya identidad de género aún no ha sido determinada.

De las mujeres, el grupo más vulnerable son las menores de edad, con 41 casos registrados. Esto refleja una clara tendencia hacia el tráfico de personas, especialmente en el contexto de la explotación sexual.

Priscila Salas Espinoza, activista y miembro del colectivo No se metan con nuestras hijas, sostiene que la trata de personas es el segundo negocios ilegal más rentable a nivel mundial. Mientras que los hombres son principalmente víctimas de trabajos forzados, las mujeres son explotadas sexualmente. Sin embargo, la falta de protocolos adecuados y la incapacidad de las autoridades para investigar estos delitos profundizan el problema.

“Les cuesta mucho trabajo de delincuentes que son y no quieren visibilizarlo y no quieren hablar de ello. No quieren saber la verdad. La trata es un delito muy complejo y yo creo que la Fiscalía no tiene la capacidad y como no tiene la capacidad para investigar delitos de genero, no hay unidades de contexto, no hay gente especializada, no tienen la capacidad ni humana, ni institucional o tecnológica o el presupuesto para que eso suceda”, denunció Salas.

Salas Espinoza también subraya la relación entre los casos de desapariciones de mujeres y la trata de personas. Asegura que muchas veces, las desapariciones no son reportadas adecuadamente como casos de trata, lo que impide su investigación correcta.

“Si caes en una red de trata, en 90 horas desapareces. La única manera de que la Interpol te busque es a través de una ficha oficial de búsqueda. Parece que hay un hoyo negro en este estado en donde desaparecen niñas, adolescentes y mujeres y nadie sabe nada, nadie sabe qué pasó”, explicó.

Otro problema que Salas señala es el uso de ofertas de trabajo falsas a través de redes sociales y otros medios, donde se engaña a jóvenes con promesas de empleo en el extranjero, solo para ser explotados sexualmente o en trabajos forzados.

“Las ofertas de empleo falsas son una de las maneras más comunes en las que los jóvenes son engañados. Prometen sueldos altos y pocas horas de trabajo, así como facilidades en los tramites para que te vayas a otro lado. incluso te pueden ofrecer una beca o una capacitación. Hay recursos porque es un negocio ilegal rentable, entonces hay como moverte para que termines siendo víctima de trata”, agregó.

A través de los años, este colectivo indentifico en casos de mujeres que fueron localizadas y regresaron con sus familias, tres rutas principales que salen desde Sinaloa para ser explotadas en otros estados: Jalisco, Oaxaca y Sonora.

La respuesta del gobierno: La responsabilidad cae en la sociedad

A pesar de los llamados de los colectivos de búsqueda y los activistas, el gobierno estatal ha minimizado el problema.

Feliciano Castro Meléndrez, secretario de Gobierno en Sinaloa, aseguró que, hasta el momento, no tienen información sobre casos de reclutamiento forzado en la entidad, aunque reconoció que algunos sectores de la sociedad han expresado preocupaciones.

“Afortunadamente, no hemos tenido casos de este tipo en Sinaloa, pero es importante que las familias y la sociedad se mantengan alerta y no caigan en ofertas de trabajo sospechosas”, afirmó.

El también vocero oficial del Gobierno de Sinaloa recomendó a los jóvenes a “interactuar” en sus hogares, comentar y preguntarse si una oferta de trabajo es demasiado buena para ser real, con el fin de evitar que caigan en estafas o sean víctimas de este tipo de delito.

Este es un texto de Espejo, que forma parte de la Alianza de Medios de Periodistas de a Pie, de la cual somos integrantes. Aquí puedes consultar el trabajo original.

Oceanida, el equipo mexicano que cruzará a remo el Atlántico por la protección del ecosistema marino

Cuatro atletas mexicanas buscarán cruzar por primera vez el océano Atlántico en remo y lo harán para apoyar dos causas importantes como la protección y regeneración de los ecosistemas marinos y la igualdad de oportunidades para niñas y mujeres.

Texto: Verónica Santamaría / Animal Político

Foto: Gregory Allen

Chilpancingo

Domingo 30 de marzo, 2025

Cuatro remeras mexicanas se alistan para cruzar juntas el océano Atlántico por una buena causa: llevar un poderoso mensaje a través del mar por la protección y regeneración de los ecosistemas. Las atletas también navegarán por la lucha por la igualdad de oportunidades para mujeres y niñas en México.

Se trata de Eugenia Mendez, Andrea Gutierrez, Ana Lucía Valencia y Lucila Muriel, quienes enfocadas en diferentes profesiones como fotografía marina, biología marina, navegación y consultoría ambiental, decidieron embarcarse en esta aventura por una de las dos grandes regiones marinas que rodea el territorio mexicano.

Juntas formaron el primer equipo mexicano de remo en cruzar el océano Atlántico remando y lo harán bajo el nombre de Oceanida. Su participación es parte del cruce Atlántico que organiza Atlantic Campaigns.

El equipo de Oceanida. Foto: Gregory Allen.

Andrea Gutiérrez explica en entrevista para Animal MX que Oceanida trabaja para salir a remar por el océano el próximo 12 de diciembre de 2025.

Adentrarse en este reto nace de un arranque de aventura inspirado y motivado por Eugenia Mendez, quien, con dos cruces Atlánticos y un total de 20 mil millas náuticas recorridas, inició la búsqueda de un grupo de mujeres para atravesar en equipo el océano.

“Es así como ella da con un documental de un grupo de mujeres que cruzan el Pacífico llegando hasta Australia desde San Francisco. Fue así como dijo: ‘Ah, okay, esto sí es posible’”, señala Gutiérrez.

¿Cómo será el cruce en remo?

El cruce por el océano Atlántico lo organiza la empresa española Atlantic Campaigns, ubicada en San Sebastián de La Gomera, España.

Este evento de remo es anual y lo lleva a cabo la organización World’s Toughest Row desde el año 2012.

Las cuatro atletas cruzarán 4 mil 800 kilómetros juntas. El punto de partida será en La Gomera, Islas Canarias, España, y llegarán 55 días después, aproximadamente, al puerto de Antigua y Barbuda, en el Caribe.

Oceanida es un equipo en el que sus integrantes comparten una conexión diferente y cercana con el mar, esta característica que les permitió empalmar este objetivo compartido.

“El mar es algo que nos une a todas, independientemente del contexto del que viene cada quien. Cada una tiene una relación muy íntima con el mar, en particular, desde lugares muy diferentes (…) y el remo es algo muy interesante porque, en realidad, ninguna de nosotras había remado como tal, antes. Entonces es un deporte nuevo que estamos adquiriendo”, relata en entrevista Eugenia Mendez.

El remo es un deporte que ninguna de sus integrantes practicó antes de este reto, sin embargo, no fue un tarea para ellas, quienes al decidir ser parte de esta aventura comenzaron a investigar, estudiar y prepararse para cruzar un océano juntas.

“El remo es algo muy mágico que llegó para nosotras y que tenía que suceder para nosotras. Pensándolo, un poco más filosóficamente, este tema de remar en conjunto es una metáfora muy bonita que se utiliza mucho entre mujeres porque remamos juntas hacia un objetivo mismo y a través de un océano”, resalta Eugenia.

Oceanida será el primer equipo mexicano en cruzar el Atlántico en remo. Foto: Gregory Allen

“Remamos juntas”

Para prepararse para este reto de 55 días, las atletas no solo se han conocido y entrenado durante años, sino que para cumplir este objetivo se lo plantearon como un proyecto que las ha enseñado a derribar obstáculos.

Eugenia Mendez explica que lanzarse a remar juntas sin saber nada de este deporte las motivó a aventurarse.

“Mi objetivo no es ser atleta de remo, sino cruzar el océano y si para eso tengo que aprender este deporte nuevo que es remar y remar en conjunto con cuatro mujeres, lo vamos a hacer y eso es en lo que ha consistido el proyecto en los últimos tres años”, añade.

Pasión y motivación son dos sentimientos que han mantenido unidas a las cuatro integrantes de Oceanida, quienes se han preparado física, emocional, mental y espiritualmente durante sus entrenamientos en estos años.

Este reto “no tiene que ser perfecto”, cuenta Eugenia, ya que el objetivo es cruzar y cruzar seguras y mientras ese objetivo que tienen como equipo se logre, es lo importante.

“Parte de la misión y propósito de este cruce en general es un tema de mujeres. No necesariamente tenemos que ser las número uno pero sí podemos hacer lo que queramos hacer y eso es parte del sueño que partimos como equipo”, agrega.

¿Cómo se preparan para remar por el océano?

Andrea Gutierrez, quien desempeñará el ‘rol de oficial de navegación y seguridad a bordo’, comenta que el reto de remar es entender que este deporte se desarrolla a la velocidad del humano, es decir, no hay motor, no hay vela, es el cuerpo propio.

“Es el moverse de un lugar a otro. Es tú te llevas a ti misma y a tu equipo del punto A al punto B, y lo haces a tu tiempo, seguras y una palada a la vez”, explico.

El entrenamiento que recibe el equipo ha sido muy integral, ya que no solo atienden el estado físico de sus integrantes, sino también la salud mental y psicoemocional al tratarse de un viaje de mucha resistencia mental.

“Entrenamos en el gimnasio, entrenamos en el agua (…) pero también somos cuatro cabezas que piensan y sienten distinto. Entonces, lo más importante y fuerte allá afuera, además del reto físico, va a ser cómo manejamos nuestras emociones, cómo manejamos la comunicación entre nosotras y cómo resolvemos los problemas”, explica Eugenia Mendez.

La asignación de roles dentro de la embarcación permitirá delegar las actividades que cada una realizará antes y durante el reto.

Además del entrenamiento físico, las atletas toman terapia psicológica una vez a la semana o una vez al mes. Incluso, asisten a talleres de comunicación asertiva, ya que la forma en cómo interactúa el equipo a bordo será muy importante durante la convivencia juntas.

Otro de los aprendizajes que adquirieron previo a su salida al mar son talleres de respiración que les permiten crear estrategias de calma individual por si algún evento ansioso se presenta.

“Hemos buscado talleres de respiración y cómo buscar formas de calamar y encontrar ese centro porque cada una tiene que conseguir esa estrategia porque al final todas somos una red de apoyo”, explica Eugenia.

Finalmente, dentro del entrenamiento está la parte teórica relacionada a la náutica. Ahí aprenden más del comportamiento del viento, del mar y cómo utilizar esas condiciones a su favor.

Incluso cómo resanar la embarcación y qué hacer en caso de tener algún contratiempo o accidente que requiera alguna reparación en la nave.

Las mexicanas tardarán 55 días en cruzar el Atlántico. Foto: Gregory Allen.

Reman por la protección del ecosistema marino

En nueve meses las cuatro integrantes de Oceanida saldrán a su viaje para llevar, además, un fuerte mensaje sobre la protección y regeneración de los ecosistemas marinos en México.

El reto va acompañado de la campaña de recaudación de fondos inspirada en que cada mujer tiene un océano que cruzar.

Para lograrlo tienen como meta recaudar 150 mil pesos que destinarán directamente a dos causas comunitarias. Por una lado, al Fondo Guadalupe Musalem, que es una organización no gubernamental mexicana que brinda educación a niñas indígenas y afromexicanas de la zona rural de Oaxaca.

La segunda causa es para apoyar a las Sirenas de Natividad, un grupo de cinco buceadoras mexicanas en una pequeña isla pesquera de Baja California Sur. Ellas se certificaron como buceadoras para monitorear los ecosistemas marinos y ayudar a su protección.

Para apoyar esta hazaña, solo tienes que ingresar a la plataforma de GoFundMe y dirigirte a la campaña First Latinamerican team to row across the Atlantic Ocean y donar la cantidad que gustes.

Al cierre de esta nota, la campaña ha recaudado 37 mil 045 pesos en la plataforma.

Andrea Gutierrez resalta que pese a los retos que han afrontado en estos casi cuatro años en que comenzaron a prepararse, ya ven cerca el día uno de este proyecto.

Oceanida es el primer equipo mexicano en lograr entrar a este reto, pero también un ejemplo del camino que juntas tuvieron que crear ya que, se han enfrentado a investigar procesos, enfrentarse a gente de empresas gigantescas, procesos burocráticos, todo esto por primera vez.

“Han habido todas las emociones encontradas: frustraciones, tristeza, enojo, felicidad y es parte de esto. El reto no es solamente cruzar el Atlántico sino llegar a donde hemos llegado y ese proceso es lo que se disfruta”, finaliza Andrea.

“Somos amenazadas, somos perseguidas por buscar”: madres buscadoras enfrentan riesgos, criminalización y discursos revictimizantes

Las madres buscadoras enfrentan constantes riesgos de seguridad. En los últimos 15 años, 28 personas dedicadas a la búsqueda han sido asesinadas o desaparecidas. Además, la difusión de discursos que las desacreditan, revictimizan y criminalizan aumenta su vulnerabilidad.

Texto: Marcela Nochebuena / Animal Político

Foto: Facebook Madres Buscadoras de Guerrero

Chilpancingo

Viernes 28 de Marzo del 2025

Mientras los riesgos de seguridad para las madres y familias buscadoras persisten en un escenario en el que se han visto obligadas a asumir una labor que compete al Estado, colectivos, organizaciones e investigadores alertan sobre los riesgos de desacreditarlas y criminalizarlas, en un contexto en el que las amenazas y asesinatos hacia ellas van en aumento.

De acuerdo con datos recabados por la organización Artículo 19, entre 2010 y marzo de 2025 se han detectado 24 casos de personas buscadoras asesinadas y cuatro desaparecidas. Los estados que registran la mayor cantidad de estos hechos son Guanajuato, con ocho casos, Michoacán y Sonora –tres en cada uno–, y Sinaloa, Veracruz y Jalisco –dos cada uno–. En este último, a principios de mes se dio el hallazgo del Rancho Izaguirre en el municipio de Teuchitlán.

A esas entidades les siguen Baja California, Chihuahua, Puebla, Zacatecas, Morelos, Hidalgo y Guerrero, uno por cada una. Raymundo Sandoval, de la Plataforma por la Paz y la Justicia, destaca que a un año de la audiencia temática sobre protección a personas buscadoras en México, —solicitada originalmente por un asesinato—, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos modificó la protección para mujeres buscadoras. Sin embargo, no se atendió la petición de crear un mecanismo específico de supervisión.

Abrieron la consulta para enviar insumos y varias organizaciones enviamos información, incluido el componente de protección. Entonces exhortamos a la Comisión a que le dé continuidad a la elaboración de un informe sobre desapariciones en México, y a que incluya especialmente un componente sobre protección”, apunta Sandoval en entrevista.

El activista recuerda que el año pasado, el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México (MNDM) presentó un diagnóstico donde se incluye una tipología, incluso sobre perpetradores, y recomendaciones que no han sido retomadas por el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas –que tampoco ha elaborado un diagnóstico propio– ni han tenido la suficiente difusión, una de las cuales tiene que ver con la creación de un mecanismo específico para la atención de las madres buscadoras.

En el documento, el Movimiento identifica las siguientes agresiones y violaciones a derechos humanos contra las familias y colectivos: agresiones físicas, amenazas, ataques al patrimonio, hostigamiento e intimidación, allanamiento, criminalización, ataques armados, desaparición forzada y a manos de particulares, y agresiones letales.

A estas se añaden acciones para la obtención ilegal de información, inteligencia, vigilancia y seguimientos; estigmatización y deslegitimación: delitos contra el honor y la imagen pública de las personas buscadoras; vulneración y exposición de datos personales e información sensible, así como agresiones en el entorno digital y mediático.

“13 amenazas de muerte solo por buscar”

María Isabel Cruz Bernal es madre de Reyes Yosimar García Cruz, quien desapareció el 26 de enero de 2017 en Culiacán, Sinaloa. Fundadora de Sabuesas Guerreras en la entidad y parte de la comisión de seguridad del MNDM, asegura que en estos ocho años se ha vuelto investigadora, policía, rastreadora y todóloga, pero es muy enfática en el hecho de que ha sido obligada.

“Las madres buscadoras necesitamos un poco de seguridad, porque estamos en peligro cada que salimos a una búsqueda; yo soy una de ellas, tengo 13 amenazas de muerte solo por buscar. La comisión de seguridad se hizo con ese fin: saber qué necesitan las madres buscadoras para tener protección”, señala.

En su caminar, dice María Isabel, “somos amenazadas, somos criminalizadas, somos perseguidas, somos señaladas”. Por eso, era momento de tomar una decisión y hacer un análisis de lo que sucedía en la capital y otros lugares de la República Mexicana, porque ante contextos diferentes, las amenazas también lo son.

Para ella, los discursos que buscan desacreditar a las madres buscadoras, especialmente en el contexto del hallazgo de Teuchitlán, son preocupantes y de miedo, porque los señalamientos vienen de las grandes autoridades que deberían protegerlas. Además, en ocasiones termina dándosele veracidad a la delincuencia organizada y desacreditando a las madres.

“Estamos en constante peligro y podemos ser cazadas como unas criminales, porque ahora las que quieren que nos veamos mal somos nosotras, como que estamos criminalizando a los delincuentes, porque ahora somos nosotras quienes sembramos cuerpos, hacemos y tenemos un montón de evidencias, y eso no se vale, porque lo único que buscamos es a nuestros hijos. No estamos señalando a nadie; sin embargo, nos da bastante miedo ser perseguidas por la delincuencia y ahora por el gobierno”, sostiene.

La intención del Movimiento es que el diagnóstico de seguridad siga siendo presentado en cada uno de los estados de la República para que sus gobiernos conozcan el análisis de riesgo y puedan adaptarlo para generar medidas de protección, y no revictimización o criminalización.

“El desprestigio hacia nosotras, las madres buscadoras, es por un trabajo, una chamba, que no nos corresponde hacer, ¿estamos de acuerdo? Es algo que nosotras no pedimos, lo vuelvo a repetir; entonces si ellos no quieren que nosotros andemos metiendo las narices donde no debemos, pues que hagan su chamba, que hagan su trabajo”, remarca.

Andrea Horcasitas, investigadora del Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana, agrega que la seguridad no debe pensarse solo en términos de ataques físicos, sino de integridad completa. Por ejemplo, en las búsquedas muchas veces no hay acompañamiento médico para casos de accidente, además de la complejidad de la entrada a territorios o polígonos que están controlados por grupos del crimen organizado.

“Tenemos que empezar a pensar en seguridad no solo en las actividades de campo, sino en la vida cotidiana, porque el rastreo de personas buscadoras que han sido asesinadas, desaparecidas, violentadas, torturadas, ha sido fuera de las labores de búsqueda, muchas de ellas incluso en sus negocios o en sus casas. Ahí está el foco rojo de la seguridad”, indica.

Uno de los temas vinculados es la criminalización, apunta, como se ha visto a partir del hallazgo de Jalisco: “Al criminalizarlas, al revictimizarlas, lo que estás garantizando es justificar un poco el que les pase algo, y ese también es un tema de seguridad del que no estamos hablando suficiente. Tenemos que empezar a pensar la seguridad de las familias que buscan de manera más amplia y más integral”.

Un clima de revictimización y criminalización

Desde los primeros días que siguieron al hallazgo del Rancho Izaguirre, en Teuchitlán, Jalisco, pese a que en los hechos se han reiterado discursos de respeto a las madres buscadoras y solidaridad con las víctimas, diversas comunicaciones oficiales y no oficiales han apuntado a desacreditar –la mayoría de las veces sin decirlo de manera explícita–, revictimizar o criminalizar al colectivo Guerreros Buscadores, así como a otros grupos o mamás.

En uno de sus primeros comunicados, la fiscalía estatal se adelantó a aclarar que sí había calcinación de cuerpos, pero no dentro de hornos. Luego, en otro texto le dio estatus de presunción a una carta hallada en el rancho, hizo mención a que los sellos de aseguramiento ya estaban rotos “de acuerdo con integrantes del colectivo”, destacó que se estaba ante una modalidad “que no había sido utilizada por el grupo criminal” y aclaró que “la existencia de un artículo personal en el sitio no representa que quien lo utilizaba esté sin vida”.

Para el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, el hecho de insinuar de manera velada que las familias generan mentiras sobre la existencia de hornos crematorios —discurso que luego se ha replicado en distintos niveles de gobierno— representa una respuesta preocupante por parte de las autoridades.

Luego, durante la vigilia que se llevó a cabo en el Zócalo capitalino el sábado 15 de marzo, un grupo de personas insistió durante varias horas en confrontar verbalmente a la policía, utilizando la causa y consignas de los colectivos, sin reparar en ningún momento en la petición de las madres en torno a que esa actividad no era parte de su convocatoria. El lunes siguiente, durante su conferencia mañanera, la presidenta de la República lo atribuyó a una campaña en su contra.

Señaló que el tema se tocaría después, “porque si no, después dicen que no hay sensibilidad y que estamos hablando de la campaña”, pero volvió al punto de que el grupo de Palacio era distinto. “¿Quiénes son y todo? Pues ya corresponde hacer las revisiones”, agregó. Acto seguido, mencionó a grupos de la oposición, “calderonistas, muchos de ellos, que, de manera hipócrita, ahora resulta que están dolidos por la situación de desaparición, cuando en realidad son parte de una campaña en contra del gobierno”.

Más adelante, durante las preguntas, igualmente puso en duda los dichos sobre los hallazgos, sin señalar a nadie en particular: “También, ¿qué encontraron en el predio?, que también es muy importante, la verdad sobre… Porque se han dicho muchas cosas y tiene que haber evidencia científica, no es solamente lo que se diga. ¿Qué se encontró en el predio?”.

Unos días después, en redes sociales se hizo viral un video presuntamente atribuido a integrantes del crimen organizado –sin que se haya confirmado–, donde se desacredita a las madres buscadoras en tono amenazante. La voz protagonista menciona que las madres están “respaldadas por no sé quién”. Información de dudosa procedencia, no encontraron nada, mentiras, historias inventadas y sin fundamentos son otras palabras utilizadas. “Somos el pueblo, servimos al pueblo y estamos con el pueblo”, concluye el discurso.

Por separado, Ceci Flores, fundadora del colectivo Madres Buscadoras de Sonora, acusó el 19 de marzo que desde días atrás, campañas que buscaban ponerle su rostro a una causa que no le pertenece a ella, sino a las miles de madres que tienen un desaparecido, querían desacreditarla para evadir la realidad que le duele a todo un país. Se refería a diversas cuentas anónimas que hicieron publicaciones reiteradas sobre las actividades de uno de sus hijos desaparecidos. “Estamos bajo amenaza”, subrayó.

Por otro lado, la Plataforma por la Paz y la Justicia en Guanajuato señala que es especialmente preocupante la referencia del fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, en torno a una pretendida apertura a la participación de las familias, pero ciñiéndolas al modelo de investigación penal que tiene sus propias reglas y procedimientos para víctimas que aportan información, y es muy restrictivo.

“Ambas fiscalías utilizaron políticamente a los colectivos de búsqueda restringiendo su participación y deslegitimándoles, y qué decir de la revictimización que vivieron el día 20. La nueva revictimización es del secretario de Seguridad que ahora pareciera que les da la razón, pero sin hablar específicamente del aporte de los colectivos de búsqueda, especialmente el de Guerreros Buscadores de Jalisco. No hay un reconocimiento de su papel en el hallazgo y hay una pugna por la narrativa entre la Fiscalía General de la República, la de Jalisco y ahora la Secretaría de Seguridad”, afirma Sandoval.

Horcasitas señala adicionalmente que asistimos a discursos de un Estado que se justifica a sí mismo por sus omisiones y falta de atención. Además, la criminalización es la forma ideal de mantener la impunidad, porque permite justificar la falta de búsqueda y de investigación, así como dejar solas a las familias al apuntar que las personas desaparecidas “en algo andaban” o son criminales.

“Todas las personas tienen derecho a ser buscadas, independientemente de las causas, pero además, es una narrativa que cimentó bien Felipe Calderón, y que la verdad sigue más vigente que nunca, que permite al Estado ser indolente, no llevar a cabo acciones concretas de búsqueda, criminalizar, estamos viendo un poco también con lo del Rancho Izaguirre, a las víctimas que se encuentran ahí, y por ende, por añadidura, por extensión, a sus familias; la criminalización es la médula ósea detrás del abandono estatal de las familias”, subraya.