Lo que dijo hace unos días el presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) del estado, Raymundo Casarrubias Vázquez, de que el ex gobernador Ángel Aguirre Rivero lo apadrinó para que el Congreso de Guerrero lo designara como magistrado en 2013 develó la falta de autonomía que desde siempre ha imperado en el Poder Judicial, donde, además, la corrupción galopa libre como el viento.
Vale la pena recordar aquellos tiempos en el que el ex priísta, perredista, ¿y ahora morenista?, fue ungido.
Es que Casarrubias Vázquez era magistrado de la tercera sala penal regional de la Ciudad Judicial de Iguala cuando ocurrió la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa en 2014.
En ese momento la presidenta del Poder Judicial era Lambertina Galeana Marín, otra incondicional de Aguirre y por supuesto del entonces secretario general de Gobierno, Jesús Martínez Garnelo, quien era magistrado con licencia y que en 2001 fue inhabilitado por el Congreso local por haber dejado libre a un secuestrador, aunque tres años después la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó su reinstalación.
La magistrada Galeana Marín, hoy en retiro, figura en la lista de los implicados penalmente por el caso de los 43, por la desaparición de los videos que capturaron cámaras de seguridad la noche del 26 de septiembre cuando policías e integrantes de Guerreros Unidos bajaron de un autobús a 20 estudiantes a quienes se llevaron en varias camionetas.
Según la investigación que hizo el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), y que tiene en sus manos la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa, estos videos fueron grabados por las cámaras que tienen las instalaciones de Ciudad Judicial.
La pregunta es ¿acaso Casarrubias Vázquez no sabía nada de esos videos? Lo más seguro es que sí, aunque cuando le preguntaron en septiembre de este año afirmó que el TSJ ya no tenía nada que aportar a la investigación porque los videos se perdieron.
Pero bueno, como premio a su silencio, Casarrubias Vázquez contó con el aval del clan de los Salgado, la gobernadora Evelyn Salgado Pineda y el influencer y senador, Félix Salgado Macedonio, para que las y los magistrados lo designaran como presidente del Poder Judicial y obviamente del Consejo de la Judicatura en noviembre del 2021.
El recomendado del polémico jurista, Eduardo López Betancourt, ahora está plenamente empoderado del Poder Judicial, pues manda a sus compañeros y compañeras magistrados y seguramente maneja a su antojo el dinero del Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia.
Abogados de Chilpancingo, como Carlos Marx Barbosa Guzmán, aseguran que parte de los recursos de ese Fondo Auxiliar siempre ha servido para que los magistrados se lo repartan como bono navideño, aparte de otras canonjías que reciben periódicamente.
Desde hace años, se ha pugnado porque el Congreso local reforme al Poder Judicial de Guerrero, donde siempre se ha manejo nada claro el presupuesto, existe nepotismo y corrupción con la complacencia de los titulares de los poderes Ejecutivo y Legislativo.
Si con la llegada al gobierno estatal de la Cuarta Transformación, la sociedad civil pensaba que en el Poder Judicial las cosas iban a cambiar, efectivamente, se equivocaron.
Los magistrados seguirán teniendo el privilegio de permanecer en el cargo cuatro años y luego una reeleción, es decir, ocho años más, o sea 12 años seguidos como verdaderos caciques.
Por eso Casarrubias Vázquez resultó todo un vivillo. Primero se congració con el perredista-priísta Ángel Aguirre Rivero para que el Congreso lo designara magistrado. Luego en el 2017, con la propuesta del priísta gobernador, Héctor Astudillo Flores, los diputados locales lo reeligieron ocho años.
En el caso del ex gober Astudillo vale la pena hacer un paréntesis. Y es que en el 2021, ya casi de salida, el mandamás actual del PRI estatal, designó como magistrados del Poder Judicial y de Justicia Administrativa a sus amigos y compañeros de partido: Luis Camacho Mancilla, Ignacio Javier Murguía y el ex presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Ramón Navarrete Magdaleno como magistrados regionales de justicia administrativa.
También a Benjamín Gallegos Segura, otro cuate de Astudillo y que su único mérito es que durante varias legislaturas locales fue el Oficial Mayor del Congreso, fue nombrado magistrado de una sala penal regional.
Además, Gallegos Segura cobró notoriedad a nivel nacional cuando en la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador, el subsecretario de Seguridad Pública, Ricardo Mejía Berdeja, lo acusó de haber ordenado la liberación del presunto narcotraficante Edilberto Bravo Barragán, alías «El Gavilán», porque supuestamente no había pruebas de su culpabilidad en un secuestro.
Y si como nosotros creían que no era el único caso, le acertaron. Al menos otros dos casos de funcionarios del Poder Judicial fueron exhibidos en la mañanera del presidente por Mejía Berdeja, por aplicar mal la justicia en Guerrero, o aplicar la (in) justicia que están acostumbrados.
Por cierto, como buen político de la vieja guardia, Raymundo Casarrubias logró que la gobernadora Evelyn Salgado Pineda le autorizara mayores recursos para el pago de un retroactivo salarial a los trabajadores. Y es que el empoderado magistrado amenazó a los Salgado con hacerse menso si los trabajadores paraban labores en los 18 distritos judiciales de Guerrero, lo que generaría un caos legal.
Pues así, los inexpertos Salgado doblaron las manitas por no decir otra cosa que sonaría a albur. Así va de mal en peor la justicia en Guerrero. Totalmente ciega.
Casarrubias Vázquez, quien siempre luce un bigote muy bien recortadito, de lente obscuro y guayabera blanca, sus inicios se remontan a su carrera política perdedora de Chilapa, de donde es originario.
En Chilapa, político de medio pelo, prepotente ya desde aquel entonces, en 2008 ya aspiraba a convertirse en un cacique, aunque perdió la elección contra el priísta, Sergio Dolores Flores, quien fue asesinado en 2020.
También su hermano, en la eleccion 2012, Jorge Casarrubias Vázquez, compitió por la presidencia municipal de Chilapa, quien corrió con la misma suerte y perdió.
Ya cuando la cosa quemaba en Chilapa, en 2015, con la irrupción de hombres armados que duró siete días, Jorge Casarrubias intentó nuevamente ganar la alcaldía, pero como venía la cosa, decidió negociar ser candidato a diputado local, lo que también la perdió.
El sueño frustrado de los Casarrubias Vázquez por gobernar Chilapa tomó otro rumbo ya con Aguirre Rivero, quien por apoyar su campaña le dio el espaldarazo en los inicios de su cacicazgo dentro del sistema de justicia del estado.
Chirrionazo. Resulta que uno de los catrincitos del gobierno de la familia Salgado, Jesús Urióstegui amenazó e intimidó a la compañera reportera Alina Navarrete luego de que esta le tomó unas fotografías durante una reunión que tuvo el Jefe de la Oficina de la gobernadora con jóvenes morenistas que promueven a la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, para la candidatura presidencial. Es el colmo que además de violadores de las reglas electorales, violenten la libertad de información y expresión. Con esos asesores ya sabemos por qué las malas decisiones de Evelyn.
Colaboración especial en Amapola periodismo de sus brothers, sus panas, hermanos, su sangre y su clicka: Jesús Guerrero Salgado, Arturo de Dios Palma y Emiliano Tizapa Lucena.
*Tlacolol es una columna satírica que cuestiona los hechos y dichos de lo que acontece en Guerrero. La opinión vertida en esta columna es responsabilidad de sus autores. Agradecemos el espacio a Amapola Periodismo por respetar la libertad de expresión y no censurar nuestras opiniones e interpretaciones.
