Durante la gestión de Alejandro Moreno, los malos manejos se dispararon, según auditorías federales. Solo se ha esclarecido el destino del 10% de los recursos observados.
Texto: Zedryk Raziel y Arturo Ángel / Animal Político
Fotografía: Facebook Alejandro Moreno
2 de mayo de 2022
A casi tres años de concluida su administración, las autoridades federales y de Campeche no han conseguido esclarecer el destino de más de 3 mil 800 millones de pesos de recursos federales que fueron transferidos a dicha entidad durante la administración del entonces gobernador y hoy presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas.
De acuerdo con datos de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), entre 2016 y 2018 (los tres años completos que gobernó Campeche) se identificaron irregularidades por un monto total de 4 mil 263 millones de pesos. De esa cantidad, hasta el corte del pasado 1 de junio, solo se habían encontrado pruebas para solventar el uso correcto de 412 millones de pesos.
Es decir, siguen sin esclarecerse ni devolverse más de 3 mil 851 millones de pesos de recursos públicos, esto es, el 90% del dinero observado.
Los datos de la ASF muestran claramente que justo en los tres años de administración del hoy presidente del PRI, el monto de los recursos mal manejados y no esclarecidos en la entidad se incrementó de forma exponencial.
Mientras que entre 2004 y 2015 los montos observados no superan los 70 millones de pesos anuales, para 2016 ascendieron a 122 millones, en 2017 rozaron los 300 millones de pesos; y en 2018 se dispararon hasta los 3 mil 430 millones de pesos.
El 2018 fue el último año completo que gobernó Moreno, ya que en 2019 pidió licencia para competir por la presidencia de su partido. En 2019 y 2020, las irregularidades volvieron a disminuir y no sobrepasan los 45 millones de pesos por año.
A través del área de comunicación social del CEN del PRI, Animal Político solicitó al dirigente partidista un posicionamiento respecto de las observaciones de la ASF sin aclarar, pero, hasta el cierre de esta edición, no se recibió respuesta alguna.
Aunque las observaciones hechas al gobierno de “Alito” (apodo con el que es conocido el priista) ya tienen cerca de cuatro años que fueron realizadas, hasta el momento no han sido solventadas. Pese a ello, y como ha sido característico en la gestión del auditor federal David Colmenares, la ASF amplió los periodos de investigación y solventación y, hasta el momento, no ha presentado denuncias penales por el posible desfalco en Campeche.
No obstante, la Fiscalía General de la República (FGR) ya integra formalmente una carpeta de investigación por posibles malos manejos de recursos federales de Moreno Cárdenas en su periodo como gobernador de Campeche.
La indagatoria, iniciada por delitos que incluyen posible enriquecimiento ilícito, peculado y otros hechos de corrupción, se inició a partir de un desglose enviado por la Fiscalía General de Campeche, tras la denuncia presentada por la administración de la actual gobernadora, la morenista Layda Sansores.
Ésta es la segunda ocasión que se indaga penalmente al hoy presidente nacional del PRI. En 2019, a raíz de una denuncia presentada por el también priista Ulises Ruiz, la FGR abrió una carpeta de investigación por la presunta adquisición irregular de inmuebles por parte de “Alito” entre 2012 y 2015, durante su periodo como diputado federal.
Recientemente, la gobernadora Sansores ha acusado púbicamente a Moreno Cárdenas de haber incurrido en presuntos hechos de corrupción. El martes, la morenista divulgó un audio en el que Moreno Cárdenas supuestamente planea un esquema de lavado de dinero mediante operaciones inmobiliarias simuladas.
Los desfalcos
De todo el dinero público cuyo destino no comprobó Moreno Cárdenas durante su administración, el 80% corresponde sólo a 2018, año de la elección presidencial.
Uno de los fondos federales más afectados fue el de Participaciones Federales a Entidades Federativas y Municipios, en el que la ASF detectó un ejercicio no justificado de 2 mil 941 millones de pesos.
En la auditoría 606-DE-GF, el órgano fiscalizador determinó, por ejemplo, que 16 instituciones de Campeche –varias secretarías del Ejecutivo estatal, pero también institutos de educación y universidades– no aportaron documentación comprobatoria del gasto de 458 millones de pesos.
La ASF también detectó 17 adjudicaciones por 39 millones de pesos en las que no se comprobó la recepción de los bienes o la prestación de los servicios contratados, entre los que se encuentran eventos artísticos, asesorías, impresiones de libros y mantenimiento de aeronaves.
Otro de los fondos federales cuyos recursos se ejercieron indebidamente en el gobierno de “Alito” fue el de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA), que tiene la finalidad de prestar servicio médico a la población que no cuenta con empleo formal o que no está incorporada en algún régimen de seguridad social, así como asegurar el abasto de medicamentos.
En la auditoría 603-DS-GF, la ASF determinó un monto de 339 millones de pesos cuyo destino no fue aclarado, una cuarta parte del total de recursos transferidos por la Federación a Campeche por concepto del FASSA.
Entre las irregularidades financieras detectadas se encuentra el hecho de que no existe documentación comprobatoria de erogaciones con cargo al capítulo 1000 (nómina); tampoco se cobraron penalizaciones a proveedores; y las que fueron cobradas fueron depositadas a cuentas no autorizadas.
Tampoco se retornaron a la Tesorería de la Federación (Tesofe) recursos del fondo que no fueron gastados; se hicieron pagos en exceso por concepto de sueldo a personal no calificado; se detectaron gastos de viáticos sin comprobar y se pagó a trabajadores del Seguro Popular con recursos del FASSA.
La ASF también encontró malos manejos del Programa Proyectos de Desarrollo Regional, cuyo objetivo es financiar proyectos en infraestructura, transporte, educación, salud, deporte y cultura tanto a nivel estatal como municipal.
En la auditoría 616-DS-GF, se detectó un posible daño al erario por 63.8 millones de pesos, que fueron pagados a cinco empresas por obras de construcción y remodelación de inmuebles que no se concluyeron.
Riqueza investigada
En julio de 2019, cuando ya había solicitado licencia al cargo de gobernador para contender por la dirigencia del PRI, Reforma dio a conocer que Moreno Cárdenas era dueño de una mansión en la capital del estado con valor de 46 millones de pesos, misma que construyó a lo largo de dos años en los que declaró ingresos de 5 millones de pesos anuales.
El diario documentó que “Alito” mintió en su declaración patrimonial, al afirmar que el valor de la propiedad era de 6 millones de pesos.
No es la única propiedad cuyo valor habría “maquillado” el ahora dirigente priista. En septiembre del mismo año, Reforma publicó que, según la denuncia presentada por Ulises Ruiz en la FGR, Moreno falseó el valor real de 15 inmuebles que adquirió en Campeche, los cuales fueron comprados con dinero en efectivo y cuya procedencia se desconoce.
En abril pasado, el Fiscal General de Campeche, Renato Sales, informó que se estaba integrando una carpeta de investigación contra el exgobernador por posible enriquecimiento ilícito en la adquisición de inmuebles.
El fiscal detalló que uno de los bienes es un polígono de 30 hectáreas que el priista compró en Champotón a un precio de medio centavo por metro cuadrado y el cual, supuestamente, donó a su madre.
En el audio divulgado el martes por Layda Sansores, Moreno se refiere a ese terreno como suyo.
Sales precisó que otras propiedades del dirigente priista que están bajo investigación son dos casas ubicadas en los fraccionamientos Campeche Hills y Country Club, así como un departamento en la Ciudad de México.
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