Tlacolol – Asunto: Aguirre siente pasos en la azotea

Hace unos días detuvieron a Leonardo Vázquez Pérez, secretario de Seguridad Pública en el gobierno de Ángel Aguirre Rivero, lo que podría dar un giro en la investigación del caso Ayotzinapa.

¿Vázquez soltará la sopa? Nosotros creemos que quién sabe.

Lo cierto es que el viejo cacique Aguirre Rivero ya aplicó la de Pedro Infante -por eso de la película- ya que a través de su cuenta de facebook y en sus artículos que escribe en El Sur y Milenio, jura y perjura que es inocente.

¿Acaso tendrá la conciencia tranquila? Nosotros creemos, más bien, que Aguirre tiene miedo de que le den frescobote.

A lo mejor para estas fechas, el ex gobernador ya está buscando un buen abogado que lo defienda.

Nosotros le recomendamos que lo haga.

Para aquellos que -dudamos- haya quienes le compren su cuento, recordamos que en octubre del 2014, seis días después de la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, Aguirre Rivero ordenó a funcionarios de su gabinete y a trabajadores que se trasladaran a Iguala a buscar a los jóvenes.

Vestidos de blanco, decenas de burócratas estatales recorrieron las calles de Iguala entregando volantes a la ciudadanía, pidiendo información sobre los normalistas.

Esta búsqueda sólo fue parte del show que Aguirre y su sobrino Ernesto Aguirre, principal operador de su gobierno, montaron.

Para esas fechas, Aguirre y Ernesto ya sabían lo que había ocurrido con los 43 normalistas pero decidieron seguir con su estrategia de ocultar la verdad e incluso retardar la detención del alcalde perredista de Iguala, José Luis  Abarca Velázquez, uno de los responsables de esos hechos.

El lunes 29 de septiembre Abarca recibió llamada telefónica del entonces secretario general de Gobierno, Jesús Martínez Garnelo, a quien aseguró que no sabía lo que había ocurrido la noche del viernes 26 y la madrugada del sábado 27 de septiembre.Desde días antes de los hechos de Iguala, el gobierno de Aguirre sabía de las actividades de los normalistas porque los vigilaba -al igual que a todas las organizaciones sociales y a periodistas- a través de un equipo de espionaje al que llamaban «el perro».

El gobierno de Aguirre compró ese equipo a la empresa Hacking Team.

Durante el gobierno del priísta Héctor Astudillo Flores se confirmó que ese equipo de espionaje existía y que fue adquirido durante la administración de Aguirre, que además era usado para detectar supuestamente a miembros de las organizaciones delictivas.

Es decir, Aguirre se enteró en tiempo real de lo que ocurría en las calles de Iguala la noche del 26 de septiembre, pero no ordenó ninguna actuación para evitar el asesinato de tres estudiantes y de otras tres personas, además de la desaparición de los 43 y tampoco hizo nada para rescatarlos en las horas subsecuentes.

Aguirre se hizo maje, pues.

Como todos los viernes, Aguirre Rivero descansaba plácidamente en la residencia oficial de Casa Acapulco, en la zona exclusiva de Pichilingue y ese 26 de septiembre recibía vía telefónica lo que ocurría en Iguala.

Todo relajado, Aguirre permaneció ahí en esa residencia el resto de la noche.

El último informe que presentó el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas Rodríguez involucra a mandos del Ejército, de la Policía Federal, policías estatales y municipales, así como dos funcionarios del gobierno de Aguirre, Lambertina Galeana Marín, presidenta del Poder Judicial, por el ocultamiento de unos videos y al secretario de Seguridad Pública del estado, Leonardo Vázquez Pérez, detenido recientemente acusado de haber recibido sobornos millonarios del grupo del crimen organizado Guerreros Unidos.

La magistrada en retiro Galeana Marín ni siquiera ha recibido una notificación judicial.

En esta guerra mediática emprendida por Aguirre para desviar la atención arremetió contra el abogado de las madres y padres de los 43, Vidulfo Rosales Sierra, quien insiste que sí tiene responsabilidad en los hechos de Iguala.

El cacique de la Costa Chica asegura tener pruebas de que el activista se ha enriquecido y que un grupo de los padres y madres ya no le tienen confianza.

Pero no es la primera vez que Aguirre y Rosales tienen una confrontación.

En el 2011, después de que los normalistas Gabriel Echeverría de Jesús y Jorge Alexis Herrera fueron asesinados a balazos por policías estatales, ministeriales y policías federales de un desalojo en la Autopista del Sol para exigir becas y mejoras a su edificio escolar, Rosales Sierra con el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan solicitaron al Congreso de la Unión juicio político contra Aguirre.

Los legisladores frenaron la solicitud.

El caso sigue en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y en la denuncia se señala a Aguirre como responsable de los hechos del 12 de diciembre del 2011 en la Autopista.

Estas denuncias que interpuso Rosales Sierra originaron que recibiera amenazas de muerte y en el 2012 saliera del país en calidad de exiliado.

Otro de los argumentos de Aguirre para decir que es inocente es su deslinde del ex alcalde perredista de Iguala, José Luis Abarca Velázquez, quien junto con su esposa María de los Ángeles Pineda están en la cárcel por el caso Ayotzinapa y otros delitos.

¿Cómo deslindarse? Si desde que Aguirre asumió la gubernatura, en el 2011, se apropió del PRD imponiendo dirigentes y en el 2012, candidatos a alcaldes y a diputados locales. Las listas eran palomeadas en la residencia oficial de Casa Guerrero.

Abarca quien también pertenecía al grupo del ex secretario de Salud, Lázaro Mazón Alonso, fue avalado por Aguirre para la candidatura.

Tan controlado tenía Aguirre el PRD que creó su propia corriente política, Izquierda Progresista de Guerrero (IPG) que actualmente dirige su cuadro político, Alberto Catalán Bastida, quien también es presidente estatal de este partido.

Si Abarca Velázquez no era del grupo político de Aguirre por qué la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) no investigó al edil por el asesinato del líder de la Unión Popular Emiliano Zapata, Arturo Hernández Cardona, y otros dos integrantes de esta organización en mayo del 2013, un año antes de la desaparición de los 43 normalistas.

La Fiscalía General de la República (FGR) también ya sabía de los nexos de Abarca con Guerreros Unido, gracias a una denuncia de un ciudadano secuestrado por miembros de esta agrupación y policías municipales de Iguala.

Pero ni la FGR ni la PGE y Aguirre actuaron.

Chirrionazo. Evelyn Salgado y su papá el senador Félix Salgado Macedonio, quienes son activos promotores de la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, para la candidatura presidencial estuvieron en primera línea para recibir al secretario de Gobernación, Adán Augusto López, en su comparecencia ante los diputados locales a quienes les dijo las bondades de que el país siga militarizado, perdón, que el Ejército y la Guardia Nacional continué en las calles hasta el 2028.

Fue muy raro ese recibimiento ¿no? ¿Acaso el clan de los Salgado ya estará dando el chaquetazo? Bueno, en el caso de Félix, no sería raro. Hay que recordar que el papá de la gobernadora estuvo en el PRD y en el 2018 ya como senador por Morena, se afilió a este partido.

Al diputado que se le vio muy calladito en esa sesión del viernes fue al perredista, Bernardo Ortega Jiménez, quien desde que empezó esta 63 Legislatura se burla y les da duro a los morenistas, esta vez, frente a Augusto López estuvo con el pico cerrado, pues teniendo la oportunidad de ganar reflectores de los medios dándole duro al gobierno de Morena se quedó bien tranquilito. ¿Por qué será? Si alguno de ustedes tiene alguna idea recomendamos que se quede callado.

 

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