El miedo paraliza a periodistas guerrerenses por la desaparición de tres comunicadores

Texto: Amapola periodismo 

Fotografía: Oscar Guerrero 

10 de enero del 2023 

Chilpancingo 

 

Tres comunicadores están desaparecidos en Guerrero desde finales de diciembre del 2022. Se trata del periodista Jesús Pintor Alegre y de los administradores de una página de Facebook, Fernando Moreno Villegas y Alan García Aguilar, desaparecidos en la región de Tierra Caliente.

Aunque la información está confirmada, el miedo a las reacciones de los líderes del grupo del crimen organizado que probablemente los privó de su libertad, la Familia Michoacana (FM), impidió mayores reacciones del gremio para exigir su búsqueda.

Información incierta, porque no se tiene una fuente que diga cuándo y cómo desaparecieron, da cuenta de que probablemente estén desaparecidos desde el 26 o 27 de diciembre. Se desconoce si los tres comunicadores desaparecieron el mismo día o en momentos y lugares diferentes.

Esta mañana, un grupo de periodistas en la capital leyeron un documento con un posicionamiento del gremio de Guerrero. Pero pidieron cautela de parte de los medios de información que hicieron la cobertura para que la actividad no resultara contraproducente ante la incertidumbre del destino de los comunicadores.  Las familias y amigos de los comunicadores permanecen en silencio porque temen que cualquier cosa que digan afecte la integridad de los tres desaparecidos.

En este contexto, la única institución que se pronunció fue la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero (CDHEG), organismo que mediante un comunicado exigió a las autoridades la aparición con vida de los periodistas.

La noticia de la desaparición se hizo pública hasta el lunes 9 de enero, porque Fernando Moreno y Alan García, administradores de la página de Facebook Escenario Calentano, fueron exhibidos en un video en el que aparecen encadenados.

En ese video no aparece ni se menciona nada del tercer periodista desaparecido, Jesús Pintor Alegre, quien fue uno de los reporteros fundadores del medio La Jornada Guerrero, medio que lo contrató y envió a esa región de Guerrero como su corresponsal, quien se quedó allá desde el año 2007.

Pintor es escritor y trabajaba para otros medios locales y nacionales. Realizaba su labor periodística básicamente en el municipio de Coyuca de Catalán, desde donde se movilizaba a otros municipios de la región calentana.

En la página Escenario Calentano, que cuenta con 48,000 seguidores, se publicó el video en el que aparecen encadenados los administradores Fernando Moreno Villegas y Alan García Aguilar, quien subió la información es ajeno al medio, pues advierte de manera sórdida el hecho de publicar el material desde la misma página.

«Para que vean que tarde o temprano damos con los culeros y para que vean que es cierto vamos a publicar desde su página este video”, se lee en descripción del video.

En el video, Fernando Moreno Villegas dice que está “pagando las consecuencias” por sus publicaciones “en contra de estas personas y de diferentes personas de la región de Tierra Caliente del Estado de México, Michoacán y Guerrero”, sin precisar a quienes se refiere.

Por su parte, Alan García Aguilar indica que abrió la página hace cinco años y que él fue su creador.

El paradero de Pintor Alegre sigue sin conocerse.

Escenario Calentano es una página de Facebook en la que, desde su creación, habla sobre los nexos entre los políticos de Tierra Caliente y los grupos del crimen organizado que operan en la región. Es una fanpage cuyo centro de operación es el municipio de Ciudad Altamirano, la ciudad principal de esa región.

 

Periodistas en Chilpancingo durante la lectura del documento afuera de las instalaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) y del Palacio de Gobierno estatal.

La CDHEG, la única institución oficial que se pronunció al respecto de la desaparición de los tres comunicadores, lo hizo con mucha cautela. Menciona solamente que dará seguimiento al caso, «a fin de que se garantice la seguridad de los comunicadores Jesús Pintor Alegre, Fernando Moreno Villegas y Alan García Aguilar y se logre su pronta localización».

También periodistas de Chilpancingo leyeron un documento afuera de las instalaciones de la delegación estatal de la Fiscalía General de la República (FGR) en el que exigen al gobierno la búsqueda de los tres periodistas.

Los periodistas, en grupos, entregaron de manera física el documento en la delegación estatal de la Fiscalía General del Estado (FGR), la sede del Ejecutivo estatal (Palacio de Gobierno) y la CDHEG para exigir a las autoridades estatales respuestas y acciones para dar con el paradero de sus compañeros.

“Exigimos a las autoridades correspondientes que inicien los trabajos encaminados a establecer la localización de Jesús Pintor, Fernando y Alan, en atención a las responsabilidades que les imponen la Constitución General de la República y la Constitución Política del Estado”, se lee en el texto que también algunos reporteros leyeron de manera pública afuera de los edificios institucionales.

En el documento, los periodistas guerrerenses mencional la publicación del video, reconocen la labor y trayectoria de Jesús Pintor Alegre como periodista, y hacen evidente también el silencio de la familia de quienes están retenidos por el temor de que algo les ocurra.

En el escrito, los manifestantes aseguran que en los últimos 20 años han sido asesinados al menos 21 periodistas en Guerrero, además actualmente hay comunicadores con desplazamiento forzado en las regiones de Costa Grande, Tierra Caliente, Zona Norte y la Montaña baja.

El documento que va dirigido al presidente Andrés Manuel López Obrador, a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda y a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).


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Texto: José Miguel Sánchez

Fotografía: Oscar Guerrero 

Chilpancingo

 

En un conversatorio realizado en las instalaciones de la Delegación XVII del Sindicato Nacional de Redactores de la Prensa (SNRP) periodistas del estado expusieron la falta de seguridad para ejercer el periodismo y las malas condiciones laborales en que se desempeña esta labor.

El conversatorio se realizó como parte del 84 aniversario del SNRP y participaron los periodistas Jesús Guerrero, Zacarías Cervantes, Sergio Ocampo, Ricardo Infante Padilla y Karina Tejada, ésta última apadrinó la exposición fotográficas Mirada colectiva.

“Hay que ser valiente para ser periodista y criticar a este gobierno”, mencionó durante su participación Infante Padilla, periodista que fue corresponsal de guerra en Nicaragua durante la revolución sandinista en los años ochenta.

Infante Padilla mencionó el riesgo que hay en la prensa por criticar al actual gobierno federal y estatal debido a que “se crearon fanáticos que no aceptan lo que está mal”.

También hablaron de su experiencia en el periodismo y los retos que hay en la actualidad en la labor.

Situaciones como ser críticos al gobierno en turno divide las opiniones y la sociedad cataloga a los medios y periodistas como reaccionarios, “cuando la realidad es que desde siempre hemos caminado en la izquierda, mucho más que aquellos que nos critican”, dijo Infante Padilla.

Por su parte, Jesús Guerrero, fundador de Amapola. Periodismo transgresor y corresponsal del diario Reforma habló sobre la situación actual de los periodistas y el control que hay desde el gobierno del estado para impedir que la gobernadora sea entrevistada.

“Nos meten a un corral, incluso en espacios públicos limitando nuestro trabajo como reporteros”, mencionó.

Sergio Ocampo, fundador de Radio Universidad y corresponsal de La Jornada, habló sobre la importancia de legislar una ley de comunicación social para garantizar que el dinero oficial que ingresa a los medios de comunicación sea transparente y utilizado en mejorar las condiciones laborales de los periodistas; darles seguridad social, vivienda y mejores salarios.

El secretario general del SNRP, Luis Blancas, declaró que dicha conmemoración es para reflexionar sobre la situación de la prensa en Guerrero.

Destacó el llamado a las autoridades a garantizar el trabajo y la seguridad de los periodistas, a las organizaciones sociales les pidió respetar a los periodistas en su expresión y que ayuden en su protección.

Además del conversatorio se realizó una exposición fotográfica titulada Mirada colectiva, donde exhibieron más de 20 fotografías sobre temas de pobreza, violencia, manifestaciones y agresiones a periodistas en Guerrero. En esa exposición participaron fotoperiodistas de Chilpancingo.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sedena compró software espía en 2019; desde ese año, teléfonos de al menos 3 periodistas y defensores de DH fueron infectados

En 2019, la Sedena compró un sistema de monitoreo a Comercializadora Antsua, representante en México de NSO Group, dueña del software Pegasus. En este sexenio, al menos tres personas han tenido infecciones espía, según lo documenta una investigación de R3D, Animal Político, Proceso y Aristegui Noticias.


Texto: Nayeli Roldán / Animal Político

Ilustración: Andrea Paredes

 

El Ejército mexicano compró, en 2019, un programa para el “servicio de monitoreo remoto de información” que se usa para intervenir los teléfonos celulares, a pesar de las declaraciones presidenciales en sentido contrario. Documentos oficiales confirman que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) hizo esa contratación con la empresa Comercializadora Antsua, SA de CV, representante en México de la empresa NSO Group, dueña del software de espionaje Pegasus.

Ese mismo año, los teléfonos de al menos tres personas fueron intervenidos con Pegasus para monitorear llamadas y mensajes: un periodista de Animal Político; Raymundo Ramos, defensor de derechos humanos en Tamaulipas, y el periodista y escritor Ricardo Raphael, como pudo comprobar Citizen Lab, de la Universidad de Toronto, luego de hacer un análisis forense a sus equipos.

En los tres casos, la intervención ilegal a los teléfonos ocurrió cuando los afectados investigaban temas relacionados con presuntas violaciones a derechos humanos cometidas por las Fuerzas Armadas.

Quien los espió pudo acceder a todo el contenido en el equipo: contraseñas, archivos, fotografías, correo electrónico, contactos, aplicaciones de mensajería, incluso encriptadas. También, activar el micrófono y la cámara para monitorear toda la actividad cerca del teléfono, así como acceder a conversaciones de mensajería realizadas previamente al ataque.

Esta investigación periodística realizada en conjunto por Animal Político, la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D), Proceso y Aristegui Noticias comprueba, por primera vez, que el espionaje a través de la infección del sistema Pegasus ha continuado durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

En 2017, durante la administración de Enrique Peña Nieto, la investigación Gobierno Espía hizo público el espionaje en contra de activistas y personas defensoras de derechos humanos sin que hasta el momento la Fiscalía General de la República (FGR) haya encontrado a los responsables.

John Scott, experto de Citizen Lab, advierte que actualmente “existe al menos un operador de Pegasus en México, y podría haber otros, pero la pregunta es ¿quién es este cliente?”. Explica, además, que el sistema es mucho más sofisticado porque ya no requiere que el usuario interactúe con un link, sino que puede usarse de forma remota y aprovechando las vulnerabilidades de aplicaciones de mensajería —como ocurrió con WhatsApp— o del sistema Apple para realizar la infección.

Shalev Hulio, director de NSO Group, ha hecho declaraciones bajo juramento ante cortes de Estados Unidos en las que ha asegurado que su empresa solo vende el software Pegasus a gobiernos para que realicen investigación sobre delitos graves o terrorismo.

Incluso, la exportación y el otorgamiento de licencias del sistema se encuentran bajo el control del gobierno israelí a través de la Agencia de Control de las Exportaciones de Defensa (DECA, por sus siglas en inglés). Y para la venta del software en cada país, NSO Group designa a empresas como sus representantes para que los gobiernos puedan comprar el sistema a través de ellas.

Sobre este caso, este lunes 3 de octubre las víctimas del espionaje presentarán ante la FGR una denuncia penal contra quien resulte responsable, con el apoyo legal de las organizaciones R3D y Artículo 19.

El grupo de medios que hizo esta investigación envió cuestionarios para solicitar posturas respecto del tema a la Presidencia, la Sedena, NSO Group y la empresa Comercializadora Antsua, pero en ningún caso hubo respuesta.

Las pruebas

Los periodistas y defensores de derechos humanos espiados durante el sexenio pasado interpusieron una denuncia penal ante la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión (Feadle) en 2017, y aunque la investigación prácticamente no avanzó durante dos años, Artículo 19 presentó en 2019 una segunda denuncia con base en un testigo protegido que rindió declaración ante la fiscalía y aportó información que dio pie a nuevas diligencias.

Entre ellas, el cateo a KBH Tracken, la empresa que encabeza la red de compañías que vendieron el software Pegasus a instancias del gobierno mexicano. Ahí se localizaron computadoras, dispositivos y documentación con logos de la Sedena, como se aprecia en el registro fotográfico del cateo.

Entre la documentación estaba la carta firmada por el director de NSO Group, Shalev Hulio, en enero de 2018. En ella, informó que la empresa Air Cap, SA de CV —mediante la cual la Procuraduría General de la República (PGR) había hecho un contrato de renovación de licencia de Pegasus—, dejaría de ser representante de su empresa y a partir de marzo de ese año. Ya lo sería Comercializadora Antsua.

En otro documento, la compañía israelí notificó que Comercializadora Anstua era la “autorizada para representar de forma exclusiva a NSO Group ante la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) hasta el 31 de diciembre de 2019”, es decir, la dependencia podría realizar la compra con dicha empresa, dice la carta firmada por Niv Ovadia Leibovitch y Evan Forte, ejecutivos de la compañía.

La información de ambos documentos fue obtenida por fuentes que tuvieron acceso a la carpeta de investigación y que la entregaron para esta investigación a condición de reservar sus nombres.

Ahora también se sabe que la Sedena concretó la compra del software con Comercializadora Antsua el 12 de abril de 2019, como consta en el oficio número SGE-3335, enviado por la sección “Guerra Electrónica” de la Dirección General de Transmisiones de la Sedena, en la que informa del pago y cumplimiento del servicio.

El oficio —clasificado como “secreto”— se refiere al contrato DN-10 SAIT-1075/P/2019 para el “servicio de monitoreo remoto de información fincado a la empresa ‘Comercializadora Antsua, SA de CV’”, cuyo servicio tuvo una vigencia del 1 al 30 de junio de 2019.

El documento se encuentra en un mail con el asunto “oficios mortales”, que forma parte de los millones de archivos de la Sedena obtenidos por el grupo de hacktivistas Guacamaya, que otorgó acceso a dicha información a los medios participantes en esta investigación.

La comunicación daba cuenta de la realización del servicio, pues estaban enlistados los documentos derivados del procedimiento “factura original No. 197 debidamente legalizada (segundo pago); oficio de aceptación No. 1910-4950 de fecha 15  de julio de 2019, en original emitido por el usuario final, en el cual se informa que el servicio fue recibido del 1 al 30 de junio del 2019”.

Entre los documentos obtenidos por Guacamaya también está la información referente a la garantía por 12 millones de pesos que la empresa Fianzas y Cauciones Atlas, SA, otorgó a Comercializadora Antsua por dicho contrato, requisito solicitado en la administración pública para concretar la contratación.

Ocho meses después de que la Sedena firmara este contrato, el presidente López Obrador aseguró en su conferencia del 6 de noviembre de 2019 que su gobierno ya no destinaba recursos para adquirir software de espionaje: “Nosotros no hemos comprado equipos para escuchas, entre otras cosas por la corrupción que significaba comprar todos estos equipos a precios elevadísimos a empresas extranjeras, sistemas de espionaje, se gastaba muchísimo dinero”.

En reiteradas ocasiones también ha declarado que ya no había espionaje: “En el caso nuestro decidimos no espiar a nadie, había esa práctica de espiar a opositores, y hemos dado instrucciones de que no haya espionaje, porque era muy vergonzoso eso, además de que son prácticas ilegales, inmorales. Nosotros la padecimos, padecimos mucho de eso”.

La Sedena mantuvo oculto este contrato pese a peticiones por distintos medios.

Los periodistas participantes en esta investigación solicitaron vía transparencia los contratos que hubiesen hecho con Comercializadora Antsua la Sedena, la Marina, la Guardia Nacional, el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), la Policía Federal y la PGR (hoy FGR), pero en todos los casos respondieron que no habían realizado ninguno.

Incluso, la Sedena también negó información a la Auditoría Superior de la Federación (ASF), como da cuenta un correo enviado por la institución —localizado también en la información del grupo Guacamaya—, en la que reitera la solicitud para que la dependencia le entregara los contratos y pagos realizados a Comercializadora Antsua en 2019 y 2020, y que le había hecho previamente como parte del proceso de auditoría aplicada a la secretaría.

“Cabe señalar que en las 3 reuniones realizadas con el personal de la se indicó la forma en la que se requería la información y se precisó que en caso de no poder enviarla, se tenía opción de ponerla a disposición para que el equipo auditor la revisara en el sitio”, dice el correo del 1 de septiembre de 2021.

El caso Animal Político

El periodista de Animal Político, cuyo nombre se mantiene a reserva por motivos de seguridad, realizaba una investigación periodística sobre violaciones a derechos humanos presuntamente cometidas por militares en una zona conflictiva del país en 2021, cuando su teléfono fue infectado.

Daniel Moreno, director de Animal Político, advierte que, con la infección en el teléfono de uno de sus periodistas, quien realizó el espionaje tuvo acceso no solo a esa información, sino a todo el medio, porque durante la pandemia la comunicación entre todo el equipo se concentró a través del teléfono. Además, en las reuniones entre periodistas todos hablan de los reportajes que estén trabajando: “Esto hace que espiar un solo teléfono vulnere a toda la redacción”.

“Primero: no hay ninguna razón legal para que este periodista hubiera sido espiado. Segundo: el trabajo periodístico implica establecer conversaciones con fuentes de información que se ven en automático amenazadas cuando un teléfono está intervenido. Y además, siempre abre la posibilidad de amenazas o de presiones a medios y al propio periodista, de limitar derecho a la información y libertad de prensa por los riesgos que conlleva investigar. Se trata de un atentado a muchas cosas”.

El espionaje es aún más preocupante en un país considerado mortífero para la prensa, pues, solo en los primeros ocho meses de este año, 15 periodistas han sido asesinados, y que suman a los 150 contabilizados desde el 2000. También se tiene evidencia de que Cecilio Pineda, reportero de Guerrero asesinado en 2017, había sido espiado con Pegasus.

Por eso, Moreno insiste: “Este espionaje lo que hace es vulnerar aún más la inseguridad en la que vivimos periodistas y defensores (…) Los periodistas necesitamos tener la tranquilidad de que podemos ejercer nuestra labor sin la presión de que nos estén espiando ilegalmente y que nos estén espiando en un país donde las garantías para ejercer el periodismo son francamente limitadas. Porque al atentar contra el derecho a la información y contra la libertad de expresión, no se afecta al periodista y al medio, nos afecta a todos”.

Tras la denuncia penal que interpondrán las víctimas, la FGR tiene de nuevo en su responsabilidad encontrar a los responsables. “Ellos son quienes nos deben de decir quién fue. Lo que al menos tenemos que exigir es que la investigación se concluya y nos digan quién espió, qué dependencia lo hizo, bajo qué criterio, cuánto costó, por qué lo hizo de manera ilegal, a quiénes más está espiando”, asegura Moreno.

Culpan al Ejército

Raymundo Ramos ha sido defensor de derechos humanos desde hace 25 años y víctima de espionaje desde el sexenio pasado. De acuerdo con el análisis forense de Citizen Lab, su celular fue infectado en tres fechas: alrededor del 28 de agosto, el 2 y el 3 de septiembre de 2020.

Apenas cuatro días antes del primer ataque, el periódico El Universal reveló que, tras un enfrentamiento con presuntos integrantes del crimen organizado el 3 de julio de 2020, militares ordenaron matar a un sobreviviente, y puso en evidencia que en el actual gobierno las Fuerzas Armadas continuaban cometiendo violaciones a derechos humanos, pese al discurso contrario del presidente López Obrador.

El Comité Estatal de Derechos Humanos de Nuevo Laredo (CEDHNL) continuó documentando ese caso a raíz de las quejas interpuestas en contra de los militares por parte de familiares de los civiles asesinados, quienes se presume eran víctimas de secuestro. Por ello es que Ramos participó en las denuncias públicas en medios de comunicación y tuvo reuniones con funcionarios de la Secretaría de Gobernación, en la Oficina del Alto Comisionado de la ONU.

En esas fechas, también realizaba actividades relacionadas con otros casos de violaciones a derechos humanos ocurridas previamente: la desaparición de 47 personasdurante un operativo especial realizado entre enero y junio de 2018 por parte de la Marina y la ejecución extrajudicial de ocho personas en Nuevo Laredo durante un operativo de la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas, el grupo de inteligencia y el Ejército, en 2019.

Por eso, dice, “no me queda ninguna duda de que no solamente la inteligencia militar y la inteligencia naval están atentas a mi trabajo y a la defensa que hacemos de las víctimas”. Incluso, también ha sido víctima de campañas de desprestigio en publicaciones que lo acusan de vínculos con grupos criminales.

Si bien ha “aprendido” a vivir con los riesgos, en este momento dice tener elementos para sospechar de la existencia de una relación entre las Fuerzas Armadas y grupos criminales, que podrían aprovechar para hacerle daño. “Puedo ser víctima de un atentado por parte del crimen organizado, pero actuando bajo órdenes del Ejército o la Marina para ellos quedar libres de toda sospecha”.

Hago responsable al Ejército, a la Marina, de lo que pueda pasarle a mi familia, a mis colaboradores, a mí, en estos momentos de crisis, de fortalecimiento de las Fuerzas Armadas por encima de las instituciones y de debilidad presidencial (…) De ser el comandante supremo de las Fuerzas Armadas, el presidente ha quedado evidenciado como defensor de oficio de las Fuerzas Armadas ”, advierte Ramos.

El periodista y escritor Ricardo Raphael fue espiado a través de la infección de su teléfono celular en tres fechas de 2019 y una en 2020, además de que tuvo otros ataques detectados en 2016 en el análisis forense de Citizen Lab. Sus columnas publicadas en 2020 incluyeron la cobertura de la violencia y desapariciones forzadas en Tamaulipas, el proceso judicial del exsecretario de la Defensa Salvador Cienfuegos y el caso Ayotzinapa.

La fecha de infección del 7 de noviembre de 2019 coincide casi exactamente con el inicio de la ronda de entrevistas por su libro Hijo de la guerra, en el que aborda el origen de Los Zetas, un grupo conformado por desertores del Ejército y que nació prácticamente como fuerza paramilitar. Ahí incluye la entrevista que hizo a Galdino Mellado Cruz, quien se presenta como uno de los fundadores de la organización.

“El libro es una crítica a las decisiones que se han tomado a posterior, donde el Ejército ha tratado de ocultar esta historia y, algo peor, presentarse como la solución frente a un problema que el propio Ejército echó a andar”, explica el escritor.

Por eso, “sí alcanzo a entender por qué se me habría espiado con este malware. Tiene coherencia la hipótesis de que la única instancia que en este momento tiene en su poder Pegasus es el Ejército o alguna de las instancias dirigidas por militares (…) Ubico y señalo directamente como responsables de este espionaje a esas autoridades y quiero suponer que el presidente ha sido engañado y que no se le ha informado de que nos están espiando”.

Poco después de esa infección, su hijo menor de edad recibió un mensaje en teléfono preguntando por su padre y por su abuelo. Luego se publicó en Twitter un audio manipulado derivado de una llamada telefónica que había tenido con Salvador Leyva Morelos Zaragoza, funcionario del Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP), en la que hablaron de los casos de Israel Vallarta Cisneros y de Juana Hilda González Lomelí, condenada a 78 años de prisión por el secuestro de Hugo Alberto Wallace Miranda.

Dicho audio fue utilizado por Isabel Miranda de Wallace para demandar a Ricardo Raphael, acusándolo de pertenecer a una organización criminal y de sobornar al presidente de la Suprema Corte, Arturo Zaldívar.

Esto, dice Raphael, demuestra que Miranda de Wallace “utilizó contactos dentro del Ejército, le facilitaron esta grabación (…) Y si se la entregan a esta señora, ¿a quién más no se lo habrán entregado? ¿En manos de quién más estarán mis cuentas bancarias, mis operaciones, mis hábitos de consumo, los datos de mis redes familiares y amistosas, los datos de mis fuentes? ¿Quiénes son los verdaderos clientes de la agenda militar que ordenó estas intercepciones y luego las repartió?”.

Con todas estas pruebas, Ricardo Raphael considera que “el presidente tiene que llamar a cuentas a la cúpula militar que nos ha venido propinando estas limitantes propias de un Estado autoritario, militarizado, de control militar”.

En casos previos se ha confirmado que la Sedena es una de las instituciones que han utilizado Pegasus.

Apenas este 29 de septiembre, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que investiga la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, informó que la Sedena operaba el Comando Regional de Inteligencia Zona Norte Iguala, dentro del 27 Batallón de Infantería —pese a que la institución había negado su existencia— y donde utilizaba el software Pegasus para seguimiento e interceptación telefónica.

Mientras tanto, la investigación periodística Pegasus Proyect documentó que gobiernos de 10 países utilizaron Pegasus para espiar a periodistas, defensores de derechos humanos y opositores políticos. En México, la Sedena, el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen, hoy CNI) y la extinta Agencia de Investigación Criminal usaron el software durante el sexenio de Enrique Peña Nieto —entre 2016 y 2017—, y las primeras dos lo hicieron sin orden judicial de por medio.

En dicha investigación se hizo el análisis de miles de datos de potenciales víctimas a espiar en cada país. En el caso de México, estaban personas relacionadas con la investigación de la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa como Vidulfo Rosales, abogado de madres y padres, y el entonces fiscal de Guerrero, Miguel Ángel Godínez Muñoz.

También estaban opositores como Alejandro Moreno, entonces gobernador de Campeche y ahora dirigente del PRI, cuyas conversaciones presuntamente obtenidas por espionaje han sido publicadas por la actual gobernadora de Campeche, Layda Sansores, de Morena. Igualmente, otros gobernadores de aquel momento, como Jaime Rodríguez, de Nuevo León; Javier Corral, de Chihuahua; Graco Ramírez, de Morelos, y Omar Fayad, de Hidalgo, entre otros.

Este trabajo fue publicado por el equipo de Pie de Página y lo reproducimos como parte de la Alianza de Medios de la Red de Periodistas de a Pie. 

 

Familiares del periodista Fredid Román exigen justicia

Texto: José Miguel Sánchez

Fotografía: Oscar Guerrero

Buenavista de la Salud

 

Familiares del periodista Fredid Román Román, asesinado a balazos el día de ayer en Chilpancingo, exigieron a las autoridades justicia y que les brinde medidas de seguridad.

Un familiar de Román Román, quién pidió se omitiera su nombre, habló de la falta de seguridad en esta comunidad a 30 minutos de Chilpancingo.

«El único mensaje que le puedo dar y le puedo pedir a las autoridades es que se haga justicia, que lo que le pasó a Román Román no quedé impune».

Román Román era originario de Oxtotitlán, municipio de Teloloapan, en la zona Norte del estado, pero vivía en Buenavista de la Salud, en la zona rural de Chilpancingo, una población asediada por la violencia.

Sobre el tema de la seguridad, el familiar de Román Román mencionó que desde enero pasado se vive un situación grave en torno a la inseguridad.

«Toda la población está atemorizada, ya uno no puede salir, aquí la gente no tiene vida porque están en sus casas con el temor de que suceda algún ataque u otra cosa», afirmó.

El familiar también dijo que la estrategia de seguridad en la zona está mal enfocada.

«Todos los policías están en El Ocotito, se planea hacer el cuartel de policías en El Ocotito, pero los ataques y la violencia son aquí en Buenavista», dijo.

El hijo de Román Román fue asesinado el 1 de julio en la localidad de Ocotito y era distribuidor de pollo en la zona.

Durante el mes de julio fueron asesinadas personas dedicadas a esa actividad, derivado de un conflicto entre integrantes de grupos del crimen organizado.

«Vivir en este pueblo no es vivir, vivir con miedo no se le puede llamar vivir», expuso el familiar del fundador del diario La Realidad.

Una de las líneas de investigación acerca del asesinato de Román Román será la de la actividad de su hijo, informó está tarde el vicefiscal de Investigación, Ramón Celaya Gamboa.

El cuerpo de Román Román es velado en esta comunidad y el día de mañana será sepultado.

Se observó en los alrededores de la casa donde es velado el cadáver del periodista dos patrullas de la policía estatal.

También elementos del Ejército recorrieron por las calles de la localidad.

«Lo único que pido al gobierno es de que se haga justicia y que esto no quede impune» , dijo el familiar del periodista.

Contó que desde que en esa zona aumentó la violencia, Román Román no manejaba su automóvil por la carretera libre Chilpancingo-Acapulco sino por la Autopista del Sol.

«Viajaba cada semana a Chilpancingo, no sé porque le pasó esto, era una persona buena», externó el familiar.

Al inicio de este 2022, un grupo armado atacó a balazos la comandancia de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), en Buenavista de la Salud, con un saldo de cuatro policías comunitarios asesinados, entre ellos su comandante, el profesor Mario Zamora.

Desde entonces, la violencia en esta zona conocida como el Valle del Ocotito está imparable a pesar de la presencia de las fuerzas federales y estatales.

Román Román vivía precisamente a menos de dos cuadras de la comandancia de la UPOEG.

 

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Marchan por asesinato de periodista, exigen justicia

Texto: José Miguel Sánchez y Jesús Guerrero

Fotografía: Oscar Guerrero 

Chilpancingo

 

Con una marcha en las calles de Chilpancingo, periodistas exigen a los gobiernos federal y estatal el esclareciniento y castigo a los asesinos del fundador del diario La Realidad, Fredid Román Román.

Los comunicadores se dirigen hacia las instalaciones de la Fiscalía General del Estado (FGE), en donde realizarán un mitin.

En las pancartas que llevan los periodistas se leen las exigencias de alto a los asesinatos contra este gremio en Guerrero y en todo el país.

Román Román fue asesinado a balazos ayer lunes en la tarde cuando salía de las oficinas del diario que el fundó ubicado en la calle Prolongación Valerio Trujano, en la colonia Progreso, a dos cuadras de las instalaciones de la 35 Zona Militar, a pocas cuadras del centro de esta capital del estado.

Román Román, quien escribía una columna que publicaba en las redes sociales, se subía a un automóvil Mazda color rojo, cuando fue acribillado a tiros por dos individuos que se desplazaban en una motocicleta en sentido contrario de la calle.

La FGE informó que el pasado 1 de julio en la comunidad de El Ocotito, del municipio de Chilpancingo, el hijo de Román Román fue asesinado a balazos.

El cadáver del periodista fue entregado a sus familiares y es velado en su domicilio en la comunidad de Buenavista de la Salud, del municipio de Chilpancingo y mañana miércoles será sepultado.

En la marcha, los periodistas exigen a la Fiscalía General del Estado realizar su trabajo.

“Ya basta de asesinatos de periodistas, le exigimos al gobierno garantías para ejercer nuestra labor”, dijo en un mitin en la plaza de la Libertad de Expresión, José Luis González, director del semanario No Que No.

El contingente de los manifestantes se dirige a la FGE.

 

 

 

 

 

 

El periodismo es un actor en el conflicto: Xavier Giró

Texto y fotografía: Luis Daniel Nava

1 de agosto de 2022

 

El conflicto revela cosas que no funcionan en la sociedad por lo tanto nuestro relato, como seres humanos antes que periodistas, debe ser a favor de una solución justa y sin violencia, plantea el investigador catalán Xavier Giró.

El periodismo de paz, explica, puede favorecer que los conflictos no evolucionen a un estallido de violencia, que discutan sus causas y posibles soluciones.

“El periodismo se convierte en un actor y hay que asumirlo responsablemente sin panfletos y sin entregarnos ciegamente a ninguna de sus partes”, plantea.

Estos son algunos postulados que ha desarrollado desde hace 30 años como periodista, investigador y profesor Francesc Xavier Giró Martí (Barcelona, 1955).

A propósito de su reciente visita al país, este reportero le preguntó acerca del concepto periodismo de paz en conflictos que instruyó en la Universidad Autónoma de Barcelona y que expuso en el Foro de Periodismo y Construcción de Paz celebrado en la Ciudad de México.

Conflicto desigual

–¿Qué significa “periodismo de paz”?

El periodismo siempre tiene repercusión sobre la sociedad y los conflictos sociales. El conflicto es la materia prima del periodismo.

De él se revelan cosas que no funcionan en la sociedad y eso permite que avance.

Muchos de esos conflictos no son entre partes iguales y empiezan porque la parte con menos poder está explotada, oprimida, marginada.

Nuestro relato como seres humanos antes que periodistas no es neutral, sino que tendrá repercusión a favor de uno o de los otros. A favor de una solución justa e injusta.

Con esa premisa tenemos una obligación moral o política de trabajar para que ese conflicto se solucione de la forma mas justa posible, y para que vaya hacía allá, que no haya violencia.

Si hay violencia en lugar de discutir de los salarios, de la tierra que nos quitan o de la tala de arboles, lo que vamos a discutir es cómo defendernos de la violencia, atacando al otro o pagando con nuestra vida.

Podemos favorecer que los conflictos no evolucionen hacía un estallido de violencia sino que sigan en la lucha, discutir el problema.

El investigador noruego Johan Galtun, citado en el artículo académico de María Isabel Hernández “El periodismo de paz como paradigma de comunicación para el cambio social” (2012), desarrolló el modelo de estudio “el triangulo de las violencias”.

El modelo identifica tres violencias en los conflictos: la física que causa daños visibles (atentados, asesinatos, agresiones, torturas, etcétera); la estructural que impide satisfacer necesidades básicas (desigualdad, racismo, pobreza, esclavitud, etc.) y la cultural relacionada con aspectos simbólicos como religión, cultura, lengua, arte y ciencias.

Para Giró, citado en el mismo estudio, la aplicación del triangulo en conflictos de distintos países y regiones permitió observar una sobre representación de la violencia directa y una escasa atención a las violencias estructural y cultural.

Toma de partido

–¿En ese sentido podría quedar rebasado el periodista neutral, objetivo?

Son dos falacias, dos creencias falsas. Cuando uno dice  ‘Aquí hay tres muertos ‘, no solo está informando el hecho sino el contexto. Aunque no lo escriba hay un contexto de conocimiento.

Es decir ‘Aquí ha pasado esto y no debería haber pasado’. Es una toma de partido.

Cuando hablamos de una vulneración de un derecho humano o un derecho justo, estamos diciendo que ese derecho no se debería haber vulnerado.

El periodismo no es objetivo en la medida en que tomamos partido por una idea, una forma de entender la vida, con los derechos de la gente.

No es neutral, porque tomamos partido a favor de las personas que han visto vulnerado sus derechos.

La filosofía engañosa de la objetividad y la neutralidad tiene dos géneros privilegiados, la noticia y el reportaje.

En la noticia con las seis preguntas (quién, qué, cuándo, dónde, por qué y cómo), el “por qué” implica una explicación más allá de la inmediata.

En el reportaje el esquema canónico del periodismo dice que escucha las fuentes de los dos lados con un trato equilibrado.

Pero no solo tienes que consignar lo que dice uno o el otro, tienes que decir quién miente y quién no, o quién exagera, si son los dos, son los dos. Quién reivindica algo que es justo, implícita o explícitamente.

Sin panfletos

–¿Ese postulado lleva al concepto de periodista transformador? ¿Es consecuencia?

El periodismo es una esfera mas de la vida y no puede rehuir a sus responsabilidades. Tampoco puede esconder la cabeza bajo el ala de la neutralidad y objetividad.

Tenemos que asumir que el periodismo se convierte en un actor en el conflicto. Lo que hace influye y hay que asumirlo en todas sus dimensiones, responsablemente, sin hacer panfletos, sin entregarnos ciegamente a ninguna de las partes.

Estamos en el sentido justo de los conflictos, en contra de las marginaciones, de las opresiones, tenemos que estar ahí.

Es una definición ideológica pero la hace todo mundo. Humildemente reconocemos que la hacemos. Hay gente que no lo hace y es cómplice de la opresión.

Pensar la información

–Hay un campo de trabajo en México por la violación sistemática de los derechos humanos, ¿qué recomienda a los periodistas en estos contextos violentos?

Parte de tu pregunta dice ‘vivimos en un contexto de violación de derechos humanos’. Eso ya implica una posición pero después hay que hacer algo más.

Pensar estratégicamente nuestra información, no somos seres aislados en la sociedad, incidimos en el conflicto y eso va a provocar una reacción.

Cuando denunciamos una vulneración de los derechos también decimos quién lo ha hecho y eso es de facto un ataque a ese grupo o esas personas, a esos intereses, por lo tanto es de esperar que ellos se revuelvan contra nosotros.

No podemos andar denunciando violaciones de derechos humanos sin calcular cuál va a ser la reacción o la repercusión.

Si hemos estudiado bien la situación y prevemos que la publicación de la vulneración de un derecho va a provocar que un pequeño grupo salga a la calle y sea reprimido con una nueva masacre debemos pensar si seguir o esperar.

Esperar el momento para que la protesta sea fuerte y no sea reprimida o que vayamos reuniendo elementos para que nuestra acción de denuncia no caiga en el vacío o en una situación peor.

Tenemos que pensar nuestra política informativa de forma coherente y estratégica para tener los mejores resultados, para luchar contra esa vulneración de derechos.

Foro Periodismo y paz

La entrevista se realizó un día después del Foro Periodismo y Construcción de Paz en México en la capital del país. Xavi Giró aún no sistematizaba los apuntes de los participantes y las charlas con periodistas de regiones.

Aunque lo sabía, dice, acudir al foro le dio una visión más realista de su dimensión.

Plantea que la impunidad de los crímenes de periodistas retroalimenta la existencia de más, pero que ese no es el origen.

La causa está en distintos niveles, en la corrupción que nace del dominio, el  abuso de poder donde nace un conflicto.

Tenemos que trabajar periodísticamente sin dejar de denunciar la impunidad, pero armonizando con la lucha por cambiar la sociedad, por transformarla.

Muchos jóvenes acaban en grupos del crimen por necesidad o forzados. Ellos no se plantean grandes teorías, sino plantean ‘de esto puedo vivir y nadie me da otra alternativa’.

La batalla es bestial pero al menos reconozcámosla, no nos engañemos con batallas puntuales y si es larga armémonos de paciencia. Con nuestro trabajo periodístico vayamos reforzando los elementos de la sociedad que empujan esos cambios.

«En el país más letal, a los periodistas no los escuchan»: Oscar Martínez

Martínez es director de El Faro, el primer diario digital de América Latina


Texto: Luis Daniel Nava

Fotografía: Kau Sirenio

 

A Oscar Martínez le sorprende que México sea el país más letal para la prensa en el mundo y que a los periodistas nadie los escuche. Es, dice, como si estuvieran en el fondo del mar.

Oscar Martínez (San Salvador, 1983) es jefe de redacción de El Faro y autor de libros como Los migrantes no importan (2010) y Los muertos y el periodista (2021). Recibió los premios de Derechos Humanos de la Universidad José Simeón Cañas, en El Salvador, y el Internacional a la Libertad de Prensa del Comité para la Protección de los Periodistas.

Durante cinco años, Oscar Martínez recorrió el camino de abusos y vejaciones de los migrantes de Centroamérica en el país, desde Chiapas hasta Baja California. Ahí presenció cómo la complicidad entre poderes económicos y políticos con grupos del crimen organizado silenció zonas completas.

A 10 años de esa estadía, a Oscar Martínez le frustra que la situación continúe intacta. En ese tiempo, del 2011 al 2022, en México asesinaron 98 periodistas, entre ellos, 10 mujeres.

La impunidad, considera, es sinónimo de la inacción judicial del Estado mexicano aunado a un discurso incisivo del presidente de México contra el gremio.

El periodista participó el mes pasado en el foro Periodismo y Construcción de Paz en México, celebrado en la capital del país.

Nada cambia

—¿Cómo percibes el periodismo en México y las zonas de silencio creadas en muchas regiones del país?

Lo que más me sorprende y frustra al venir a México a eventos donde hablamos de periodismo, es que siento que nada cambia.

Cuando viví aquí entre 2005 y 2010, y cubrí la región viajando con los migrantes, las quejas eran las mismas y los problemas eran exactamente los mismos.

Las zonas de silencio eran muy parecidas, en Tamaulipas no podías decir nada. Recuerdo estar en Nuevo Laredo: masacraron a seis personas, las dejaron frente a una estación de la policía un domingo. El titular del lunes fue: ‘Cura oficia misa ante 300 feligreses’.

Lo que me parece extraño es que ustedes (los periodistas) están en el fondo del mar y parece que nadie les oye. Siguen matando periodistas, siguen los mismos problemas y sigue sin haber una reacción judicial de parte del Estado que sea eficiente. Lo veo con mucha frustración”.

Cambio de gobierno en 2018

Para el cronista el cambio de gobierno en México no ha detenido las agresiones contra periodistas ni ha abatido la impunidad en más del 90 por ciento de los crímenes.

Definitivamente no ha sido la solución. Este año han asesinado a muchos periodistas mexicanos. La cuota de impunidad ha sido brutal ha disminuido un par de puntos miserables, es decir, la falta de solución a los crímenes de periodistas sigue siendo brutal, abismal.

En lo que va de 2022, de acuerdo con las organizaciones Articulo 19 y Reporteros Sin Fronteras, 12 periodistas fueron asesinados.

Oscar Martínez ve otro elemento, no menos poderoso, contra la labor de los periodistas: el discurso del Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador y el uso de las conferencias de prensa conocidas para atacar a medios de comunicación.

No creo que sea la respuesta ni discursiva ni real. Es decir, no creo que sea el discurso que necesita un país como México donde matan a periodistas. Ni real, porque no creo que esa reducción en la tasa de impunidad sea suficiente, ni deseable, ni mínimamente plausible.

Me parece que hay una realidad pétrea, no cambia. Aquí están jodidos como han estado jodidos siempre.

Continuar sin corromperse

–¿En esta realidad que observas, qué recomiendas a los periodistas que están en las regiones, cómo seguir con salarios miserables, en un clima adverso de violencia y de estigmatización del gobierno?

Es bien difícil bajo esas circunstancias. Lo que se me ocurre… el oficio de periodista es injusto, nadie viene y te regala nada y eso lo saben muy bien, y lo que te ofrecen son miserias. La única posibilidad mínima que existe de continuar con la carrera honestamente, sin corromperse, es obtener una información que llegue a interesarle a medios que puedan financiarla, que puedan pagarla, tener algo que ofrecer informativamente.

No debería ser así, pero entonces reunan la mejor información que puedan y traten de hacerla trascender con medios que la paguen mejor.

Es diferente llegar ante un editor en la capital del estado y en la capital del país con una idea que llegar con una historia.

Tal vez esa es la puerta para empezar a hacerlo, tal vez esa es la puerta para que algo necesario ocurra.

Que los periodistas locales cuenten lo que ocurre

El escritor pone énfasis en que los periodistas de región sean los que cuenten al país la realidad que se vive en sus regiones y no los que salen de la capital del país, entran a la región y regresan.

Pero para eso hay que tener una enorme historia. Se que es injusto, no es justo exigirle que sino tienes una gran historia te van a seguir pagando una miseria pero es lo que hay, viejo. Al final en este oficio uno se construye solo o a uno lo destruyen entre varios.

Acercarse a las víctimas con honestidad

En Los migrantes que no importan, Martínez entrecruza historias de personajes que en su camino a Estados Unidos no solo se convierten en víctimas, sino que ya eran víctimas de una estructura social y económica que las obligó a huir.

–¿Cómo contar la historia sin estigmatizar, sin revictimizar las personas?

Hay dos cosas básicas en el periodismo para acercarte a historias violentas. La primera hacerlo con honestidad. Le explicas a las personas lo que vas a escribir: que son víctimas de una circunstancia, como también a los victimarios.

Un periodista honesto le dice de forma cruda a las fuentes lo que va hacer y lo que eso puede generar.

Por ejemplo, un periodista que vaya por ahí ofreciendo que le va a salvar la vida a la gente es un mentiroso, quien sea así de mentiroso muy posiblemente va a revictimizar a personas a las que engañó.

Y en segundo lugar, si te vas a acercar a una realidad violenta, es necesario que seas honesto con vos mismo y te hayas preparado.

Es injusto llegar con una señora migrante, por ejemplo, y decirle ‘cuénteme lo que quiera’, ‘¿de qué tren viene?’.

Debes de saber en qué tren viajan, tenés que hacer tu trabajo y prepararte para ganarte mínimamente el derecho de acercarte a esa persona y hacer dos, tres o cuatro preguntas.

Realidades violentas, autoritarias

Una de las partes más complicadas de contar una historia en contextos de violencia, dice Oscar Martínez, es encontrar una fuente que no tenga miedo de hablar, la manera de construir un artículo solo con la fuente off the record y encontrar información oficial donde el gobierno la oculta.

En general hacer periodismo es bien difícil en estas realidades autoritarias, en estas realidades violentas donde a veces el crimen organizado controla a quien querrás.

El editor del primer periódico digital en Latinoamerica anota otra reflexión acerca de trabajar en realidades violentas y regresa al punto de frustración:

A mi me resulta muy difícil el impacto que estas historias profundas y terribles generan en sociedades cínicas como las nuestras. A veces siento que uno construye historias probadas, graves, dramáticas, urgentes y ¡noo paasa nada!, ¡absolutamente nada! Esa decepción posterior a la publicación es algo con lo que se me complica mucho lidiar.

 

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Desaparecer en pandemia: otras formas de narrar la violencia

La pandemia por covid-19 modificó las formas en las que se expresa el crimen en nuestro país; la urgencia de narrar estos cambios, orilló a que un grupo de periodistas y artistas apostaran a nuevas narrativas para visibilizar las secuelas de esa otra enfermedad que nos atraviesa desde hace décadas: la violencia


Texto: Alejandro Ruiz / Pie de Página

Fotografía: Cortesía Patricia Mayorga

19 de mayo de 2022

Ciudad de México 

¿Cómo se comportó la violencia durante la pandemia? ¿En qué cambió? ¿Cómo la hemos narrado? Fueron las preguntas que se hicieron un grupo de periodistas, acompañados de artistas, organizaciones, y el colectivo Técnicas Rudas hace un año.

El resultado: Desaparecer en pandemiaun sitio en el que se albergan una serie de investigaciones en formato multimedia; donde, además de la desaparición forzada, se abordan problemáticas como el desplazamiento, la reactivación de las redes de trata de personas y las nuevas formas de reclutamiento de jóvenes por el crimen organizado.

“Tuvimos diálogos con muchas organizaciones para hacer este trabajo”, explicó en entrevista Patricia Mayorga, periodista chihuahuense y coordinadora del área de libertad de expresión de la Red de Periodistas de a Pie.

La red PdP es una organización de periodistas en activo que este viernes 20 cumple 15 años de trabajar en la defensa del periodismo independiente y ético en México, con un enfoque preventivo y asentado en el periodismo de las distintas regiones del país. Por ese trabajo ha recibido diversos reconocimientos internacionales.

Mayorga, quien tuvo que exiliarse varios años fuera de México después del asesinato de Miroslava Breach, es especialista en temas de violencia al norte del país, y, en conjunto con integrantes de Raíchali Elefante Blanco, participó en algunas de las investigaciones que se presentan en el sitio.

«Coincidimos en que era necesario que durante la pandemia no se quitara el foco de estos temas; que se evidenciara que los grupos criminales se reorganizaron durante la pandemia”, añadió la periodista.

Con historias que van desde Chihuahua a Tamaulipas, incluyendo testimonios de personas en Oaxaca, Michoacán y Zacatecas; Desaparecer en pandemia presenta una realidad vigente en nuestro país: la violencia no se ha ido.

Las historias

Los territorios desde donde se narran las historias no son cualquier lugar. En estos lugares la violencia ha sido constante, y sus efectos devastadores.

Desde la frontera en Ciudad Juárez; cruzando por la Sierra Tarahumara y las carreteras de Nuevo Laredo y Monterrey; la criminalidad se ha actualizado. Lo mismo en el terreno, que en la virtualidad.

Patricia Mayorga lo constata. Ella participó, como lo hizo años atrás, en la investigación que pone en evidencia los escombros de la violencia que se vuelven a levantar durante la pandemia en Juárez.

“En Ciudad Juárez se están reabriendo bares y hoteles clandestinos que se habían clausurado en la época de la violencia, sobre todo en la época del megajuicio (2015) (…). Quienes están trabajando en estas zonas nos advirtieron esto; nos alertaron que había mucho movimiento de trata”, refiere.

Asimismo, junto a Raúl Pérez de Raíchali, Mayorga analizó los efectos de la tala clandestina en la Sierra Tarahumara de Chihuahua; entre ellos: el desplazamiento forzado.

“Se incrementó la tala clandestina e ilegal en la sierra. La Semarnat reconoce lavado de dinero a partir de esto; es un foco rojo”.

De igual forma, otro punto que se analizó fue el reclutamiento de jóvenes por parte del crimen organizado. Ahí, integrantes de Técnicas Rudas auxiliaron al equipo de periodistas para contactar a las víctimas directas e indirectas. Recuperar sus testimonios que, como todo durante la pandemia, pusieron al centro la virtualización de la criminalidad.

Como Mayorga, el periodista Carlos Manuel Juárez de Elefante Blanco recorrió las carreteras de Nuevo Laredo y Monterrey; donde decenas de personas han desaparecido a manos de grupos del crimen organizado.

Tanto Patricia como Manuel han sido víctimas de lo que narran. Ambos han sido desplazados por su labor periodística. Ambos están en un proceso de retorno. Ambos buscan seguir ejerciendo su labor.

“Carlos Manuel y yo estamos en retorno de desplazamiento; este proyecto también es una estrategia para seguir dando cobertura a los temas que queremos cubrir en nuestros estados”, explica Mayorga.

Reinventar las narrativas para seguir contando historias

La violencia contra quien narra las violencias es común en nuestro país; y muchas veces implica callar por seguridad. Esto lo saben bien Patricia y Carlos Manuel; así como cientos de periodistas en México.

Parte de los aprendizajes que obtuvieron durante este trabajo, cuenta Mayorga, fue la adquisición de protocolos de seguridad, así como técnicas de coordinación y comunicación “que muchas veces no tenemos como periodistas”.

Estas enseñanzas las brindó Técnicas Rudas; quienes en todo momento acompañaron al equipo de investigadoras e investigadores para que su labor no implicara riesgos.

«El gran aprendizaje es que teníamos que estar en una plataforma segura, monitoreándonos, reportándonos, ordenando. Eso da cierta fortaleza a la hora de hacer periodismo, en el caso de nosotros que estamos como retornados y no sabemos dónde estamos pisando, fue una cosa de certidumbre. En el periodismo nos cuesta aplicar estos protocolos”, relata Mayorga.

Del mismo modo, enfatiza Patricia, “nos enseñaron a usar otras técnicas para contar las historias, usar nuevas narrativas; muchas veces estamos acostumbrados a escribir textos largos, y con estas nuevas técnicas podemos llegar a más gente”.

“Había mucha libertad para expresar emociones e irlas acomodando junto con los creativos; ellos también supieron captar esas otras partes que tuvimos en las reuniones de trabajo”, señala.

La metodología de Técnicas Rudas no es nueva; son varios los proyectos que esta organización ha coordinado con periodistas para narrar temas complejos y dolorosos; pero sobre todo, necesarios de visibilizar.

En compañía del equipo de periodistas, artistas visuales, sonoros y diseñadores dieron forma a un espacio multiplataforma que, de manera interactiva, acompañan los textos con música, videos e imágenes que ponen a relieve realidades complejas.

“Es una forma de hacer periodismo; para no salir tan solos y no arriesgarnos tanto. Otra estrategia de hacer periodismo y llegar a otros públicos”, reflexiona Patricia.

Ziumi Juárez Gámez; Arturo Muñoz Rodríguez el Carcará y Fer Fierro Zago fueron los artistas que participaron en el proyecto; así como un equipo de programadores y colaborades invitados.

Patricia Mayorga concluye que, pese a la importancia de sus investigaciones, este proyecto “no esta descubriendo el hilo negro, ni la forma de presentarlo o investigarlo, pero es otro aporte. Un esfuerzo de darle otros enfoques de multimedia a temas tan complejos”.

El proyecto completo lo puedes consultar en la página desaparecerenpandemia.org; ahí se mostrará un menú interactivo donde las investigaciones periodísticas se combinan con música, videos, ilustraciones y animaciones.

 

Este texto es propiedad de Pie de Página y lo reproducimos como parte de la Alianza de Medios de la Red de Periodistas de a Pie. Puedes leer el original en este enlace.  

 

“Yo soy el que sigue”: el periodista Luis Enrique Ramírez Ramos, asesinado en Sinaloa, había denunciado amenazas

El comunicador, cuyo cuerpo fue encontrado en Culiacán, tuvo que huir de Sinaloa en 2011 tras recibir amenazas. Aunque volvió a su estado, siguió sintiéndose en riesgo y ayer se convirtió en el noveno periodista asesinado en México en 2022.


 

Texto: Manu Ureste / Animal Político 

Fotografía: Internet

6 de mayo de 2022

 

“Yo soy el que sigue”. Desde hace casi siete años, el periodista sinaloense Luis Enrique Ramírez Ramos, de 59 años, denunciaba que su vida corría peligro por ejercer su profesión.

“Yo siento el peligro inminente de que soy el que sigue, porque hay un patrón en cuatro asesinatos recientes en el que yo encajo”, dijo en noviembre de 2015 en una entrevista con MVS Radio, luego de que en 2011 huyera de Sinaloa tras recibir amenazas y tuviera que refugiarse temporalmente en la Ciudad de México. Ahí, tuvo el apoyo de la organización Artículo 19, pues en aquel entonces no existía el Mecanismo de Protección a Periodistas de la Secretaría de Gobernación (Segob).

Este jueves, la Fiscalía General de Sinaloa confirmó que su cuerpo fue encontrado a las 10:40 de la mañana al borde de una carretera, en mitad de la maleza crecida junto a un taller, próxima a la colonia El Ranchito, al sur de Culiacán. El periodista tenía varios golpes en la cabeza causados con un objeto contundente, que le provocaron la muerte. Días antes, había sido privado de su libertad en una zona cercana a su domicilio en la colonia Los Pinos de Culiacán, según informó el portal Fuentes Fidedignas, del que Ramírez era fundador.

El periodista sinaloense tenía casi 40 años de trayectoria. Además de fundar Fuentes Fidedignas, colaboró con agencias de noticias y medios como El Debate, donde en la actualidad publicaba una columna de opinión. Además, era autor de dos libros, La muela del juicio y La ingobernable, y fue galardonado por su trabajo periodístico en 14 ocasiones, según publicó ayer El Debate.

En la entrevista que dio para MVS Radio en 2015, aseguró que él no escribía sobre “narco”, como tampoco lo hacía Humberto Millán, periodista sinaloense director del medio digital A Discusión, quien también fue asesinado en 2011, el año en que salió huyendo de su estado para refugiarse en la capital mexicana.

“Yo no escribo del narco; yo no hablo ni mal ni bien del narco. Humberto tampoco y mira, no fue suficiente para seguir haciendo su trabajo y, sobre todo, para conservar su vida”, dijo.

“Y es lo que pasa, Humberto Millán y yo solo escribimos de políticos, y ahora resulta que tampoco vamos a escribir de los políticos. ¿Entonces de qué vamos a escribir los comunicadores sinaloenses?”, cuestionaba Ramírez en esa plática con el periodista Luis Cárdenas, en la que sin entrar en detalles señaló al entonces gobernador Mario López Valdez, a quien calificó de “intolerante a la crítica”.

“Hay una situación de riesgo inminente para quienes incomodamos a los políticos. Esa es la situación”, recalcó el comunicador en 2015, casi siete años antes de que fuera encontrado muerto en una carretera de terracería al sur de la capital de su estado.

No estaba en el mecanismo

Leopoldo Maldonado, director de la oficina en México de la organización defensora de la libertad de expresión Artículo 19, explicó en entrevista que, en efecto, en 2011 se brindó protección al periodista sinaloense luego de que recibió amenazas.

“Cuando aún no existía el mecanismo federal de protección, Artículo 19 gestionó su desplazamiento, su salida de Sinaloa, por amenazas que recibió, al parecer, de grupos políticos, como él mismo denunciaría años después en esa entrevista con MVS”, dijo Maldonado.

“Estuvo bajo refugio durante un mes y medio, aproximadamente. Y ahora, 11 años después, nos enteramos de la trágica noticia de su muerte. Exigimos a las autoridades que hagan una investigación a fondo”, añadió.

El diario estadounidense Los Angeles Times hizo eco ayer de la muerte del periodista, en una nota para la que entrevistó a Francisco Chiquete, reportero en Culiacán.

“Luis Enrique era un periodista muy profesional, muy capaz”, dijo Chiquete, que si bien hizo mención de que el periodista había denunciado amenazas en 2015, en la actualidad señaló desconocer si había recibido nuevos ataques.

El Mecanismo de Protección a Periodistas de la Secretaría de Gobernación dijo a Animal Político que Ramírez no formaba parte de esta instancia, a pesar de las amenazas recibidas años atrás.

“El mismo Luis Enrique apuntó en 2015 hacia los políticos. Aunque ahora, a la distancia, habrá que analizar con mucho cuidado si hubo en todo este tiempo nuevos elementos de riesgo, o si hubo agresiones o amenazas más inmediatas”, consideró Leopoldo Maldonado.

“Lo que nos queda claro es que hace 11 años, cuando no existía ningún mecanismo, Luis Enrique logró sobrevivir a las amenazas. Y ahora que existe un mecanismo… pues no vemos que se haya reducido el riesgo para los periodistas”, apuntó el activista. Agregó que, a pesar de que 2022 aún no llega a la mitad, ya se registraron nueve asesinatos de comunicadores en México, mientras que en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador ya van 34 homicidios de periodistas.

“Este último suceso lo que nos confirma es que estamos ante una de las peores espirales de violencia contra la prensa y los medios de comunicación de la que se tenga registro en México”, recalcó el director de Artículo 19.

La tarde de ayer jueves, la fiscal de Sinaloa, Sara Bruna Quiñónez, prometió que la fiscalía no descartará ninguna línea de investigación en el homicidio.

“Se citará a quien sea necesario para las indagatorias, aunque esto represente llamar a actores de la vida política del estado”, aseguró la fiscal.

El lugar más mortífero para la prensa

Ante la creciente espiral de violencia en contra de periodistas y medios, el pasado 10 de marzo el Parlamento Europeo aprobó por mayoría una resolución para pedir al gobierno de López Obrador que garantice la protección y creación de un entorno seguro para comunicadores y defensores de los derechos humanos.

La Eurocámara destacó: “México es, desde hace mucho tiempo, el lugar más peligroso y mortífero para los periodistas fuera de una zona oficial de guerra”.

Este pronunciamiento desató una respuesta del presidente mexicano, quien descalificó a los eurodiputados llamándoles “borregos” que se oponen a su administración.

“Estos señores legisladores europeos, muy conservadores, con mentalidad colonialista, aprueban una resolución condenando al gobierno de México”, criticó el mandatario en la conferencia de prensa matutina del 11 de marzo.

Posteriormente, en un comunicado oficial, el gobierno mexicano acusó al Parlamento Europeo de tener “manía injerencista disfrazada de buenas intenciones”.

Poco antes de la postura de la Eurocámara, el 23 de febrero pasado, el gobierno de Estados Unidos mostró, a través de Antony Blinken, secretario de Estado, su “preocupación” por las amenazas y agresiones en contra de la prensa en México. Estas mismas declaraciones también fueron descalificadas por el presidente López Obrador, quien dijo que Blinken estaba “mal informado” o actuaba “de mala fe”.

Este texto es propiedad de Animal Político y lo reproducimos con su autorización. Puedes leer el original en este enlace. 

Estancada, la investigación de los asesinatos de periodistas en Tijuana

Aunque en las últimas semanas se ha presentado información sobre el caso de Lourdes Maldonado, el asesinato de la periodista tijuanense sigue sin esclarecerse; en contraparte, el caso de Margarito, el fotorreportero asesinado un mes atrás, parece estar en el olvido institucional


Texto: Alejandro Ruiz / Pie de Página

Fotografía: María Ruiz

18 de febrero de 2022

 

Este jueves, durante la conferencia matutina del presidente López Obrador, la secretaria de Seguridad Pública, Rosa Icela Rodríguez, informó sobre los avances en la investigación de los asesinatos de los periodistas Lourdes Maldonado y Margarito Martínez. La información, sin embargo, sigue sin ofrecer claridad sobre el móvil de ambos asesinatos. Asimismo no hay indicios sobre la autoría intelectual de los crímenes.

Este jueves, el subsecretario de seguridad Ricardo Mejía explicó la metodología que llevó a las detenciones de los tres presuntos asesinos de la periodista, quienes hoy se encuentran vinculados a proceso. De igual forma ahondó en otros casos de periodistas asesinados en el país.

Además, afirmó que existe otro sujeto que puede resultar clave para develar la autoría intelectual del crimen.

Ante esto, periodistas de Tijuana han expresado sus dudas respecto a los alcances de las investigaciones que realizan el gobierno federal y las autoridades locales desde el 25 de enero, pues no ha habido una línea de investigación clara para esclarecer los homicidios.

La prioridad gubernamental, señalan, se ha centrado en el caso de Lourdes Maldonado, y no en el de Margarito Martínez. El motivo, intuyen, es el interés que tiene la federación para proteger la imagen del exgobernador Jaime Bonilla, quien tenía un conflicto laboral con la periodista tijuanense.

Federación insiste en no adelantar juicios contra Bonilla

El 26 de marzo de 2019, la periodista Lourdes Maldonado se presentó en la conferencia matutina del presidente López Obrador. Fue a pedir apoyo ante un litigio laboral que sostenía con una empresa del ahora exgobernador de Baja California, Jaime Bonilla. Durante su intervención, Maldonado dijo temer por su vida.

“Vengo aquí a pedir ese apoyo, esa justicia; y lo hago porque se trata de un personaje fuerte en política que no pretende pagarme ni mucho menos”, expresó en aquél entonces. Años después, y unos días antes de su asesinato, Maldonado informó que ganó un juicio laboral contra el exgobernador.

Estos antecedentes hicieron que la opinión pública centrara sus ojos sobre Jaime Bonilla. El contexto lo justificaba y, mínimamente, ameritaba investigar a profundidad esta relación; pues además de esto, la periodista se encontraba bajo el mecanismo estatal de protección a periodistas y defensores de derechos humanos.

Pese a esto, en las investigaciones que coordina una fiscalía especial de Baja California (en coordinación con el gobierno federal), el nombre del exgobernador no ha resonado.

Inclusive, un día después del asesinato de Lourdes, el presidente declaró que, respecto a la probable responsabilidad de Jaime Bonilla, no se hicieran “juicios sumarios, tener confianza en que no se protege a nadie, ya no son los tiempos de antes, ayer lo dije: no somos iguales”.

Este jueves, la titular de la SSP repitió el mensaje:

“No escatimaremos recursos y garantizaremos que no se intente inculpar a personas inocentes, o se intenten construir casos ficticios. Aunque esto pueda llevar más tiempo, trabajaremos sin pausa, con profesionalismo y compromiso. Detendremos a los verdaderos responsables”.

Rosa Icela Rodríguez.

Por su parte, el presidente López Obrador dijo que “no hay nada que apunte a que este asesinato haya tenido vinculación con una diferencia de carácter laboral que tenía la difunta con el gobernador Bonilla”.

Y demandó a los medios de comunicación que no utilizara “estos lamentables hechos con propósito politiqueros”, pues para el presidente, en este caso, “ni siquiera se puede hablar de política”.

No obstante, y aunque los presuntos autores materiales del asesinato de Lourdes ya están bajo proceso, en el caso de Margarito Martínez la justica ha tardado en llegar ya que, desde su muerte, aún no hay información sobre las investigaciones que se realizan para esclarecer su asesinato.

Móvil difuso

Aunque el pasado 9 de febrero la federación dio a conocer la detención de tres sujetos identificados como los presuntos asesinos de Lourdes Maldonado


; hasta el día de hoy el móvil del homicidio no se ha resuelto. Inclusive, la detención de estos hombres, inicialmente, fue por el delito de narcomenudeo, y no por homicidio. Su identificación deviene de la revisión de los videos por parte del cuerpo especial de investigación.

En el caso de Margarito Martínez, no hubo tal “golpe de suerte”.

El 19 de enero, la Fiscalía de Baja California informó la detención de Ángel N., presunto homicida de Margarito. Sin embargo, al igual que con Lourdes, el motivo por el que resguardaron a este sujeto fue por narcomenudeo. Días después, Ángel N. quedó en libertad.

Estas detenciones parecen indicar que en ambos asesinatos estuvo involucrado el crimen organizado. Esto, por la relación que existe entre los sujetos detenidos con el tráfico de drogas. Sin embargo, para algunos reporteros de Tijuana esto no explica nada, pues en la ciudad fronteriza es difícil separar a las organizaciones criminales de cualquier hecho violento; es decir, las problemáticas allá se moldean a partir de esto.

Versión federal

La versión del gobierno federal gira en torno a que, en los dos casos, se presume la participación de grupos delincuenciales. No dicen más, lo que se sabe es mínimo debido a una reserva en la información pública sobre las audiencias (en el caso de Lourdes), o las líneas de investigación (en el caso de Margarito).

Respecto a la opacidad en la información (específicamente en el caso de Lourdes Maldonado), Rosa Icela Rodríguez afirmó que “no se ha hecho una audiencia pública por el riesgo de uno de los testigos, especialmente. Entonces, más adelante se dará a conocer exactamente cuáles fueron las medidas que se tomaron, pero hoy es por el riesgo de un testigo”.

Y añadió que esto “no significa una medida discrecional del Ministerio Público (de Baja California). Nosotros (la Federación) estamos de acuerdo con esa medida”.

Pese a esto, los dos casos tienen similitudes: ambos periodistas se encontraban bajo la protección del mecanismo estatal; así como la forma en que fueron asesinados. Un solo disparo, a la cabeza, en ambos casos.

Asimismo, el asesinato de los dos periodistas ha hecho que la indignación al interior del gremio crezca, por lo que su muerte, así como la de otros periodistas y comunicadores, ha generado una serie de protestas en distintos estados de la república.

El solitario clamor de los periodistas en Palacio Nacional

Un reportero llamó a no hacer preguntas en la conferencia del presidente López Obrador en solidaridad con las protestas por los ataques a periodistas. Es la segunda iniciativa en menos de un mes para reclamar justicia en el marco de esa conferencia. La discusión, más que en los dichos del presidente y Carlos Loret, debe estar en lo que ocurre en las regiones locales, advierte la periodista Jade Ramírez


Texto y fotografía: Arturo Contreras Camero / Pie de Página

17 de febrero del 2022

Ciudad de México

 

El mensaje fue claro y contundente, pero la reacción del mismo gremio fue pobre. Durante la conferencia matutina de este miércoles, un reportero intentó hacer un llamado a la reflexión y a la protesta por las condiciones de seguridad para periodistas en el país. Aunque tal vez pidió demasiado a sus compañeros.

Desde antes de que iniciara la conferencia, el compañero, de quien reservamos el nombre, empezó a hablar con los reporteros que se reunían en los Patios Marianos, la zona donde los periodistas aguardan para entrar a la conferencia del presidente.

“Estamos planeando no hacerle preguntas al presidente en esta conferencia, en solidaridad a las protestas de los compañeros ayer en Cámara de Diputados”, comentaba a los que llegaban al patio.

“¿Y los demás están de acuerdo?”, era la pregunta obligada. El reportero respondió que ya había hablado con varios, pero no con los reporteros de canales informativos en redes sociales. Él se mostraba optimista, confiaba que los compañeros responderían a su llamado.

Inició la conferencia. El presidente anunció que sería más breve de lo normal. Como todos los miércoles, Elizabeth García Vilchis hizo observaciones sobre lo que ella califica como mentiras de la prensa. Inmediatamente después arrancó la sesión de preguntas.

La esperanza de que nadie, ningún reportero, levantara la mano para reclamar la palabra, se rompió casi de inmediato. Una mano al aire, dos, tres… todos los reporteros querían participar. Colocar una pregunta en los oídos del presidente es como el fin último de asistir a la conferencia. Las primeras preguntas las formuló Nancy Flores, de la revista Contralínea.

Después tocó el turno al reportero de la protesta. Tomó el micrófono. “Con todo respeto, decirle que este día no le queremos formular preguntas en solidaridad con estas acciones que hizo el gremio periodístico en el Poder Legislativo el día de ayer, queremos replicarlo. Si así deciden el resto de los compañeros que están aquí presentes, adelante; si no, también están en su derecho”, dijo de cara al presidente, sin mencionar  su nombre ni el medio al que representa.

“Nos queremos abstener, presidente, de hacerle preguntas, porque los principales asesinos de nosotros son servidores públicos y esa información la tiene el mecanismo (de protección a periodistas). Por eso también estamos convocando a un encuentro nacional de periodistas en San Cristóbal de las Casas para el 5 de marzo, que usted dijo que Alejandro Encinas (subsecretario de Derechos Humanos) estaría presente”.

La respuesta del presidente fue corta: “Yo estoy de acuerdo con lo que planteas de que hay que manifestarse y nuestro respeto, además es nuestra responsabilidad cuidar la vida de los periodistas y de todos los mexicanos, y lo vamos a seguir haciendo. Nada más lo único que debe de considerarse es que nosotros no mandamos a aniquilar a nadie, a nadie, o sea, ya no es el Estado, como era antes, el violador por excelencia de los derechos humanos”.

Después, López Obrador siguió hablando. Cuando terminó, ningún periodista se detuvo.Todos volvieron a alzar la mano para tomar la palabra, para ver si, de casualidad, el presidente tomaba otra pregunta. No hubo más; no por la protesta, sino porque al presidente se le hacía tarde para terminar la conferencia; López Obrador dio la vuelta y dejó el salón.

La protesta imposible

Esta no es la primera vez que un reportero o un grupo de reporteros busca alzar la voz ante el sentimiento de vulnerabilidad que deja el asesinato de un colega. Sin embargo, hacerlo en el que se ha convertido en uno de los escenarios informativos más importantes del país, la conferencia del presidente, parece rayar en la osadía.

Tres días después del 23 de enero, cuando asesinaron a la periodista tijuanense Lourdes Maldonado, el gremio estaba indignado, pero pobremente organizado. Así como hoy un reportero buscó a organizar a los asistentes, a los pocos días del asesinato de Lourdes, otro grupo de reporteros, principalmente fotógrafos, buscaron organizar una acción de protesta al interior de la conferencia.

El resultado no fue muy distinto al de este miércoles. Después de muchas pláticas, propuestas y chats de whatsapp, ninguna acción se llevó a cabo. Acaso uno de los principales frenos es la responsabilidad de representar a un medio. En esa ocasión, la solicitud de anonimidad y el miedo a las represalias al interior de las empresas, o desde la organización de la conferencia, neutralizaron las ideas de una protesta simbólica.

Ese mismo freno se hizo presente este miércoles 16 de febrero. Después de terminada la conferencia, una vez que había salido el presidente del salón de la conferencia, otro compañero se levantó. Se dirigió al compañero de la iniciativa de no formular preguntas. Le compartió un par de palabras al oído y ambos asintieron. Tras ello volteó hacia los presentes y pidió un minuto de silencio en honor a los colegas asesinados.

Al principio ninguno de los reporteros y camarógrafos supimos cómo reaccionar. Todos nos mirábamos unos a otros mientras, sin pensarlo, se formaba un círculo lleno de cámaras de televisión y celulares. Así, sin saber quién era la noticia y quiénes los reporteros, viéndonos unos a otros y apuntándonos con cámaras desde todos los ángulos y en todas direcciones para no dejar de reportar la noticia, pasamos un minuto en silencio, custodiados por la politización y lo que parece más una falta de empatía. Extraviados.

«El foco tiene que estar en lo que pasa en las regiones»

Jade Ramírez Cuevas, integrante del Consejo Directivo de la red de Periodistas de a Pie, asegura que centrar el discurso en los dichos del presidente desvía la conversación de lo que realmente está poniendo en riesgo a los periodistas. El foco, dice, tiene que estar en lo que está pasando en las regiones. La conversación no tendría que ser sobre Carlos Loret, sino sobre “la entrevista con el gobernador de Oaxaca, con el presidente municipal de Salina Cruz, que nos expliquen por qué hay un hermano del agente municipal involucrado, quiénes son las mafias que están operando ahí”, destaca.

La periodista recuerda que las condiciones de riesgo y de vulnerabilidad vienen desde otros sexenios. Lo que realmente pone en fragilidad a los perdiodistas, señala, es que el entramado político de justicia y derechos humanos no está haciendo lo que les toca, incluidas las fiscalías y las comisiones de derechos humanos.

“Que se particularice esta conversación en Carlos Loret, del cual se ha probado que cae en prácticas cero éticas, muestra que sí hay una desconexión de lo que está pasando en la realidad. Lo que tendría que preocuparnos es dónde, en lo cotidiano, en lo cortito, en lo local, en las regiones, se compromete la seguridad de los periodistas. Lo acabamos de ver con el caso de Heber López: es desde la presidencia municipal. Esa es la fragilidad de la que tendríamos que estar hablando en México, no de lo que diga el presidente todos los días, porque eso deslava la conversación, la desvía y queda en una conversación de cúpula, de la Ciudad de México. Para el análisis serio donde quedan comprometidas las vidas de periodistas, no aporta mucho».

           Jade Ramírez.

 

Así, tendríamos que estar hablando en la sobremesa no de Carlos Loret sino de cómo apoyar al periodismo independiente.

«Setenta u 80 por ciento de los asesinatos se dan en el contexto de Heber: periodismo hiperlocal, temas coyunturales en las regiones, mafias en las regiones y narcopolítica. No hay mucho para donde irnos».

Este trabajo fue elaborado por el equipo de Pie de Página y lo reproducimos como parte de la Alianza de Medios de la Red de Periodistas de a Pie.

Las zonas silenciadas para la prensa se han ampliado hasta llegar a entidades desérticas: Marco Antonio Coronel

El periodista actual debe enfocarse y capacitarse para convertirse en omnicanal. Significa que maneje todos los canales físicos y digitales, con herramientas y lenguaje propio de cada formato, que se pierda esa falsa o vieja idea de que los periodistas somos especializados en radio, televisión o prensa escrita


 

Texto y fotografías: Luis Daniel Nava

Chilapa

12 de febrero del 2022

 

El Mecanismo de Protección a Periodistas del gobierno federal es la última fase de un periodista antes de que lo maten. Si en el país se previniera, procurara y aplicara la justicia además de que se garantizara la libertad de prensa, el mecanismo no debería de existir, considera el reportero Marco Antonio Coronel.

En una entrevista al término de un taller que impartió a reporteros en Chilapa, Coronel, un periodista de investigación enfocado en televisión, consideró sobre las zonas silenciadas, donde ya no se permite hacer periodismo, que han escalado.

“Antes se hablaban de zonas silenciadas, hoy de regiones silenciadas, incluso estados silenciados y eso es sumamente grave. Antes estaba muy focalizado en un municipio, dos, pero ahora en municipios que forman regiones.

En lo laboral propone un nuevo modelo de periodístico: el omnicanal. En el surgimiento de fusiones de grandes empresas, como el más reciente entre Televisa y Univisión y en un futuro con emporios como Google, recomienda, el periodista debe capacitarse en el manejo de canales físicos y digitales, así como en el uso del lenguaje de televisión, en línea y redes sociales, cuya fusión concreta el neologismo: omnicanal.

Marco Coronel es periodista de En Punto, el noticiero estelar de Televisa. Cubre temas de seguridad, crimen organizado y justicia, ha sido profesor de la Universidad Iberoamericana.

El curso que impartió se enfocaba en estrategias y formatos para generar contenidos en redes sociales y televisión.

— En la transición de los medios análogos a las redes y plataformas digitales, ¿cuál es el perfil del periodista ahora? ¿Hacía donde vamos?

—Debe enfocarse y capacitarse para convertirse en una especie de periodista omnicanal. Significa que maneje todos los canales físicos y digitales, con herramientas y lenguaje propio de cada formato, que se pierda esa falsa o vieja idea de que los periodistas somos especializados en radio, televisión o prensa escrita. Eso quedó atrás, no sólo por el surgimiento de las redes. Lo que vamos a ver de los nuevos canales es que se van a fusionar con otros grandes medios fusionándose a su vez con emporios gigantes como es Google.

La fusión de medios, refuerza Coronel, obliga a los periodistas a percibirse como omnicanales capaces de manejar canales y lenguaje fusionado a televisión, on line y redes sociales sin perder el foco o la esencia de la historia de una pieza periodística. Es lo que va a demandar el mercado, agrega.

—¿A un periodista con sueldos precarios y altas cargas de trabajo en Guerrero le da para poder manejar diferentes formatos y capacitarse? ¿Dónde queda la calidad de la información?

–El manejo de lenguajes, tecnologías y herramientas no está peleado con la calidad. La concepción de periodista omnicanal genera frustración porque es más trabajo y casi siempre con el mismo sueldo.

Tal vez no lo dimensionamos, pero el conocimiento y la capacitación de un periodista omnicanal le abrirá oportunidades laborales.

—¿La capacitación la deben dar las empresas a sus reporteros?

— Es un reto para el periodista, pero más para los medios de comunicación, los que no capaciten a sus periodistas para este concepto no van a tener resultados positivos, solamente van a tener contenidos y esta idea de tener más presencia sólo para ganar mas clientes o ingresos es una idea errónea.

Se tiene que capacitar al periodista para que sus contenidos se presenten de forma adecuada y tengan mayor impacto, por ende, fidelidad del público, que es lo que va a dar a las empresas y a los periodistas mejores rendimientos e ingresos.

 

Estados silenciados

 

Para Marco Antonio Coronel, que ha cubierto temas de narcotráfico en Guerrero y Michoacán, las zonas silenciadas para la prensa se han ampliado hasta llegar a entidades desérticas, donde no se puede hacer periodismo sin que la vida peligre.

“Por ejemplo en Guerrero, la Tierra Caliente es una zona silenciada y esa región abarca el Estado de México y Michoacán. Son zonas cada vez más complicadas de trabajar, con muchos riesgos y al final silenciadas por los grupos criminales”.

En enero de 2018, Marco Antonio Coronel recibió una amenaza de un supuesto grupo criminal luego de la publicación de un reportaje donde policías municipales de Chilpancingo y civiles participan en la desaparición de un joven. Por este hecho el reportero está en el Mecanismo de Protección a Periodistas y Defensores de Derechos Humanos del gobierno federal.

—¿No hay Estado de Derecho en México, el nuevo gobierno de Andrés Manuel López Obrador no está cumpliendo con su promesa de brindar seguridad? ¿Cuál es tu lectura de que las agresiones y asesinatos de periodista en el país no cesan?

—No sólo está cumpliendo, no está entendiendo el problema. Alejandro Encinas (subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación), después del asesinato de Lourdes Maldonado en Tijuana, Baja California, declaró que iba analizar modificaciones para el plan de protección de periodistas y defensores de derechos humanos. Esa declaración lo desnuda a él y al gobierno.

“Si cree que cambiando medidas en este esquema es la solución de los asesinatos, amenazas e intimidaciones a colegas del gremio está totalmente fuera de lugar. Lo desnuda como un ignorante y como parte de un Estado al que no le importa”.

Consideró que modificar lo que para nosotros como periodistas es el último recurso para poder seguir sobreviviendo y ejercer esta labor que es el Mecanismo no cambiará la realidad.

“Es decir, el Mecanismo es la ultima fase antes de que nos maten, el mecanismo en teoría no debería existir”.

Suelta algunos datos, como que el 90 o 95 por ciento de los asesinatos, intimidaciones y amenazas a periodistas están impunes en esta administración y la pasada.

“¿Creen que el Mecanismo va a solucionar un problema que de raíz surge de la no impartición y no procuración de justicia, de la no prevención de los delitos?”, se cuestiona. Dice que el mecanismo no existiría como no existe en otros países donde hay libertad de prensa.

–¿Es un mecanismo de reacción?

“Es un mecanismo de tardía reacción, soy parte del mecanismo como un periodista amenazado en mi caso se atendió oportuna y rápidamente, pero conozco periodistas que llevan años pidiendo esto y que en esa zona de espera es donde mueren”.

Dejar constancia

 

El periodista recomendó al gremio que trabaja en zonas de riesgo dejar constancia de amenazas, intimidaciones y agresiones en organizaciones de atención a periodistas, si es que no confían en las autoridades.

“El día de mañana que pueda ocurrir un hecho en su contra, que se explique el entorno de la agresión, demostrar que no es un hecho aislado ni súbito, sino que se perpetró poco a poco con mas presión”, dijo.

Además, agregó, antes de realizar una cobertura, los reporteros deben estudiar las condiciones para entrar a una zona de conflicto e investigar los riesgos posibles para tener soluciones.

En caso de un retén, recomienda: “decir quiénes somos, de dónde venimos, para qué se va a entrar” y si incluso se tiene que pedir permiso a los grupos criminales hacerlo para no poner en riesgo la vida.

“Decir yo vengo a esto, pero sino quieres no entro, no hay problema, me retiro. Finalmente son zonas silenciadas porque ellos dominan”.

También pidió formar un canal de comunicación para que una persona externa monitoree al periodista durante una cobertura para conocer sus rutas y tiempo en campo, así como usar herramientas como Google maps para seguir en vivo el trayecto.

“Si notan que es tarde y el periodista está fuera de la ruta que pactó, se prenden los focos rojos y se hacen primeros contactos para una reacción inmediata. Los primeros minutos en una desaparición son momentos importantes”.

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