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Caso Ayotzinapa: Segob confirma que el Ejército tuvo conocimiento “en tiempo real” de la desaparición de los 43 normalistas

El contenido de los 18 folios tiene que ver con intervenciones de comunicaciones; informe de actividades delictivas de grupos organizados; enfrentamientos; detonaciones de arma de fuego: hechos de violencia cometidos en contra de los estudiantes, así como su posible destino.

Texto: Manu Ureste

Fotografía: Animal Político

18 de octubre 2023

La Comisión de la Verdad del Caso Ayotzinapa de la Secretaría de Gobernación publicó la tarde del martes documentos y extractos de comunicaciones que confirman que el Ejército mexicano tuvo conocimiento “en tiempo real” de la desaparición de los 43 normalistas en septiembre de 2014, así como de los delincuentes que estaban implicados y los grupos delictivos a los que pertenecían. Incluso, tuvo reportes de los posibles lugares a los que los pudieron haber llevado.

Lo anterior forma parte de los 18 folios que la Comisión encontró en sus archivos con información elaborada por el Centro Regional de Fusión de Inteligencia (CRFI) de Iguala, del Ejército mexicano.

Este 26 de septiembre se cumplieron 9 años de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. | Foto: Cuartoscuro

Caso Ayotzinapa: ¿Qué dicen los 18 nuevos documentos?

Esos 18 folios son parte de los 868 folios que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) denunció que existen, antes de abandonar el país, y que no les fueron entregados por los militares, pese a que pueden contener información clave sobre los jóvenes desaparecidos y sobre cuál fue el grado de participación del Ejército y de las autoridades mexicanas en el suceso.

Como publicó Animal Político, de esos 868 folios, la Sedena solo había reconocido la existencia de cinco que entregó, lo que generó la inconformidad de los padres y la exigencia ante el presidente Andrés Manuel López Obrador para que se les brindara toda la documentación por parte de los militares. De hecho, durante la marcha por los 9 años del caso del pasado 27 de septiembre, los padres acusaron directamente al presidente de estar del lado de los militares y no de las víctimas.

Ahora, luego de que el mandatario pidiera públicamente que se rastreara toda la información, la Segob, a través del subsecretario Alejandro Encinas, anunció que encontró en los archivos de la Comisión de la Verdad 18 folios de la Sedena y extractos de conversaciones que, básicamente, vienen a corroborar varios de los puntos que la Comisión ya expuso en su segundo informe del caso, que publicó el pasado 27 de septiembre.

A 9 años de la desaparición de los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, Ángel Aguirre no enfrenta consecuencias penales, pero ha tenido consecuencias políticas. Foto: Cuartoscuro

Entre los que se encuentra que el Ejército tuvo conocimiento “en tiempo real” de lo sucedido con los 43 normalistas. En concreto, la Comisión señala en un ‘adendum’ a ese Segundo Informe cinco puntos clave:

1. Que la Sedena tenía identificados y hacía seguimiento con anterioridad de los hechos de Iguala “a diferentes objetivos prioritarios que eran parte de los grupos delictivos”.

2. Que se acredita la existencia de los Órganos de Búsqueda de Información (OBI).

3. Que se confirma que desde al menos el año 2009, Julio ‘N’, estudiante desaparecido “inicia su relación laboral con el Ejército y realizaba funciones de OBI”. Es decir, que se encontraba ‘infiltrado’ entre los estudiantes.

4. Que “se reitera que todas las autoridades estaban enteradas de lo que estaba sucediendo” los días de los hechos, 26 y 27 de septiembre de 2014.

5. Y que se confirma que “el Ejército tuvo conocimiento de lo que estaba sucediendo y acredita que los objetivos que estaban siendo investigados con anterioridad a los hechos contaban con información en tiempo real sobre los posibles destinos de los estudiantes desaparecidos, así como de las personas implicadas, su relación con autoridades ministeriales y lugares donde posiblemente se resguardaron”.

De los 18 folios encontrados por la Comisión, 6 están fechados antes de los hechos de Iguala, 4 están fechados durante los hechos, y 8 están fechados después de los hechos.

En esos folios se detalla, por ejemplo, 196 extractos de conversaciones y temas relacionados con hechos violentos en contra de los estudiantes la noche en la que desaparecieron; comunicaciones presumiblemente entre miembros de la delincuencia organizada, autoridades y sujetos de interés; seguimiento a miembros de la delincuencia organizada; pugnas por el territorio, y referencias a sitios donde se buscó a los 43 estudiantes.

Tanto la publicación del Segundo Informe del caso, el pasado 27 de septiembre, en el que, entre otros puntos, se señala que el exfiscal Tomás Zerón admitió que el Gobierno de Peña Nieto construyó la ‘verdad histórica’, como la publicación de este nuevo adendum con información del Ejército, fue considerado por los padres de los normalistas como un paso adelante en darles la razón de que el Ejército, en efecto, tiene más documentación e información del caso que la entregada inicialmente, aunque consideraron que esto no es suficiente, pues la exigencia es que se entreguen hasta 868 folios. Y, hasta ahora, solo se han revelado 18.

El pasado 28 de septiembre, los padres de los normalistas levantaron el plantón que habían instalado frente al Campo Militar número 1 de la Ciudad de México, el cual habían instalado para presionar al Ejército mexicano para que entregara toda la documentación del caso Iguala.

“Finalmente aceptan que el Ejército mexicano tiene información en sus archivos, y hoy hubo un mandato presidencial para que esa información sea buscada y entregada a las autoridades que están investigando. Esto reafirma y nos da la razón de que en los archivos militares existe información relacionada con el paradero de nuestros estudiantes”, dijo el abogado de los normalistas Vidulfo Rosales, el pasado 28 de septiembre.

Caso Ayotzinapa

En las últimas semanas, los familiares de los 43 normalistas desaparecidos en 2014 han denunciado que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador no está cumpliendo su promesa respecto a la resolución del caso. Incluso, han denunciado que en su segundo informe, nuevamente criminalizan a los estudiantes.

“En el informe del secretario de la Defensa Nacional no hay nada, no da respuesta, ni el presidente ni él dan respuesta a la información que solicitaron padres de familia de manera muy puntual, vuelve a referir que ya fueron integrados y hace un recuento de los archivos analizados, pero eso ya lo sabemos”, dijo Vidulfo Rosales, abogado de los familiares de los estudiantes.

Las madres y padres de los 43 encabezaron la marcha por los 9 años de la desaparición de sus hijos. | Foto: Cuartoscuro

En su último informe del caso Ayotzinapa, el GIEI señaló que el Ejército y la Marina negaron información u ocultaron hechos, a pesar del compromiso del gobierno de López Obrador de garantizar apertura en las investigaciones sobre la desaparición de los 43 normalistas.

“La apertura de archivos ordenados por el presidente de México proporcionó mucha información relevante para el esclarecimiento, pero llegado un momento crucial, la negación de nuevo de otra parte de la documentación existente por parte de la Sedena ha supuesto un nuevo obstáculo”, señaló el equipo del GIEI en México.

Este texto fue realizado por Animal Político.

9 años de Ayotzinapa: familiares marchan y gritan frente a Palacio su desilusión con el gobierno de AMLO por “obstaculizar” investigación

Familiares y cientos de participantes en marcha por Ayotzinapa expresaron en el Zócalo su desilusión con el gobierno de AMLO por «obstaculizar» la investigación para esclarecer la desaparición de los 43 normalistas ocurrida hace nueve años.

Texto y Foto: Animal Político

27 de septiembre 2023

Tras la marcha de este martes por el caso Ayotzinapa, familiares de los 43 estudiantes normalistas expresaron frente a Palacio Nacional su desilusión del gobierno de Andrés Manuel López Obrador por considerar que obstaculiza la investigación para esclarecer la desaparición en 2014 de los jóvenes en Guerrero.

“Depositamos esperanza en este gobierno porque de verdad creíamos que habría un cambio y que realmente sabríamos qué pasó. Pero cuál fue la desilusión. Nos llevaron cinco años por el camino fácil. Y ahora quieren que aceptemos una narrativa que no tiene fundamentos”, dijo en el Zócalo Mario, familiar de los jóvenes desaparecidos.

Alrededor de cinco mil personas -según datos de la autoridad capitalina- participaron este martes en la marcha por el caso Ayotzinapa para exigir justicia por la desaparición hace nueve años de 43 normalistas en Guerrero.

Una manifestación multitudinaria como las que se realizaban en los primeros años de ocurrida la desaparación, pero ahora con la exigencia al gobierno de López Obrador de entregar toda la información del caso y de que no proteja al Ejército.

“No somos necios como el señor presidente, sabemos leer, no hace falta que el presidente nos diga que leamos. Estamos molestos porque no puede ser que no nos entreguen toda la documentación del caso. Este gobierno ahora quiere una segunda verdad histórica”, expresó una madre de los estudiantes desaparecidos durante los discursos en el Zócalo.

Hacia las 19:00 horas comenzaron a llegar los primeros participantes en esta manifestación al Zócalo de Ciudad de México, punto final de esta protesta.

Ahí, familiares agregaron que AMLO no quiere reconocer que el Ejército sabe a dónde se llevaron a los normalistas.

“No hay nadie más que sepa a dónde se los llevaron que el ejército mexicano. Que no lo quiera reconocer (AMLO) y jugar al desprestigio, es otra cosa. Hay pruebas de cómo se movió el ejército ese día”, dijo Mario.

Emiliano Navarrete, otro de los participantes que tomó el micrófono, lamentó que López Obrador dificulte a las familias el camino para llegar a esclarecer el caso Ayotzinapa.

“No estamos por caer en el juego del presidente. Lamentamos mucho su postura, porque nos hace difícil llegar a esclarecer el caso.

“El presidente no quiere aceptar el trabajo del GIEI, pero nosotros queremos saber dónde se llevaron a nuestros hijos. Porque el gobierno sigue siendo hoy los principales obstaculizadores de la verdad y la justicia”, añadió Navarrete.

Además, dijeron que el gobierno federal se ha puesto del lado de los militares y no de las víctimas, que ha ocultado información y eso “es criminal”.

“Hasta hoy no hay pruebas contundentes del paradero de los 43 y eso nos obliga a seguir exigiendo verdad y justicia y a seguir luchando. Y no nos van a acallar con desprestigio, amenazadas ni descalificación. Aquí vamos a seguir y vamos a mantener el plantón en el símbolo de la desaparición, que es el ejército mexicano”, dijo Vidulfo Rosales.

El paso de los contigentes transcurrió de manera pacífica, sin presencia de policías, sólo agentes de tránsito.

Únicamente algunos de los participantes realizaron pintas en fachadas por las calles donde pasa la columna de la manifestación.

En las vallas metálicas colocadas para resguardar el Palacio Nacional, participantes pintaron la frase “Fue el Ejército”.

Cuando se mencionó el nombre de Omar García Harfuch, aspirante a la candidatura por la jefatura de Ciudad de México y exsecretario de Seguridad en la capital, algunos de los asistentes gritaron “asesino”.

Manifestantes pintaron las vallas que resguardaban el Palacio Nacional con mensajes como “Narcoestado militar”. Foto: Manu Ureste

De acuerdo con las autoridades capitalinas, en la marcha por Ayotzinapa 2023 participaron alrededor de cinco mil personas y el saldo fue blanco.

“Con una afluencia de 5 mil personas se llevó a cabo de manera pacífica y con saldo blanco, la marcha a 9 años de los hechos de Ayotzinapa. El @GobCDMX garantizó el derecho a la libre manifestación en todo momento, salvaguardando la integrad de los manifestantes”, reportó en X Ricardo Ruiz Suárez, secretario de Gobierno capitalino.

Durante la concentración en el Zócalo, manifestantes lanzaron objetos que provocaron un par de explosiones, sin que se reportaran lesionados.

La marcha por el caso Ayotzinapa comenzó alrededor de las 16:00 horas de este martes en el Ángel de la Independencia, donde los contigentes se dieron cita para exigir justicia por los 43 estudiantes desaparacidos hace nueve años.

En el lugar se observó la presencia de múltiples contigentes para comenzar la marcha por Paseo de la Reforma.

“Ayotzinapa vive, la lucha sigue y sigue”, entonaron algunos de los participantes que se dirigen al Zócalo de CDMX.

Los manifestantes llegaron a bordo de autobuses, incluidos los padres de los estudiantes desaparecidos. Incluso, ya con la marcha iniciada, arribaron al menos otros 10 camiones con más participantes.

“Vivos se los llevaron, vivos los queremos. 26 de septiembre no se olvida”, gritaba otro contigente a su paso por Reforma.

Esta marcha ocurre un día después de una reunión entre los padres de los jóvenes desaparecidos con autoridades del gobierno federal.

Este 26 de septiembre se conmemora la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Foto: Manu Ureste

Los padres de los normalistas exigieron que el Ejército entregue toda la información relativa al caso Ayotzinapa.

Por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que haría pública toda la información sobre el caso. Esta tarde, la Presidencia publicó en su sitio web un documento titulado “Caso Ayotzinapa: narrativa de hechos de acuerdo con la investigación realizada” para consulta del público en general.

Manifestantes señalan la participación de militares en el caso Ayotzinapa. Foto: Manu Ureste

Durante la marcha, algunos de los participantes realizaron pintas en fachadas y algunos monumentos con consignas y exigencias a las autoridades.

“Ejército asesino”, escribieron algunos.

A su paso, algunos manifestantes realizaron pintas de consignas en fachadas de los alrededores. Foto: Manu Ureste

Mientras que las autoridades movilizaron a un grupo de policías por la calle de Bucareli, cerca de Reforma.

Policías son movilizados en la calle de Bucareli. Foto: Nayeli Roldán

Mujeres expresan consignas en la marcha por los nueve años de la desaparición de 43 normalistas en Ayotzinapa. Foto: Manu Ureste

La instrucción: Cómo el gobierno dinamitó la investigación del caso Ayotzinapa

Desde una ciudad de Estados Unidos, Omar Gómez Trejo, extitular de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa, detalla cómo una “decisión de Estado” hizo posible cancelar en 2022 las órdenes de aprehensión contra 16 militares y armar en 24 horas la carpeta que permitió judicializar al exprocurador general Jesús Murillo Karam, el autor de la “verdad histórica”.

Texto: Jhon Gibler / Quinto Elemento Lab

Fotografía: Quinto Elemento Lab

26 de septiembre 2023

Un mes después, el entonces procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, llamó al jefe de la OACNUDH en México y le ofreció un viaje en helicóptero para observar el basurero de Cocula, donde, decía, fueron encontrados dos estudiantes. Para esa tarea designaron a Gómez Trejo y a su misma compañera de la ONU.

Fueron a sus casas por una muda de ropa y luego a la Procuraduría General de la República (PGR). Subieron al helicóptero y los llevaron a un campo de fútbol de la localidad, que había sido convertido en base de operaciones de la PGR y la Secretaría de Marina (Semar).

Ahí les pidieron esperar al “jefe”, que resultó ser Tomás Zerón de Lucio, director de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR, quien ordenó llevarlos al basurero.

“Y entonces nos suben a una camioneta donde había dos hombres armados con ametralladoras. […] Íbamos todos apretados”. Ya en el lugar, “los ministerios públicos nos empiezan a explicar; al fondo veíamos como trabajaban los peritos. Nosotros nos quedamos en la parte alta”. Las explicaciones no eran claras: “No entendía absolutamente nada”, dice.

Tres meses después, el 27 de enero de 2015, Gómez Trejo estaba sentado en una fondita comiendo con dos colegas de la ONU. En la televisión transmitían la conferencia de prensa de Murillo Karam y Zerón, en la que presentaron la “verdad histórica” de lo ocurrido en Iguala, basada en videos de tres supuestas confesiones.

Las investigaciones permitían concluir, según el procurador, que los 43 estudiantes fueron asesinados e incinerados en el basurero de Cocula por miembros de Guerreros Unidos, que después metieron los restos de sus huesos calcinados en bolsas de plástico que arrojaron al río San Juan.

Un colega que tenía mucha experiencia documentando casos de tortura, al observar los videos de los detenidos dijo: “Mira, esa gente se ve bien madreada”.

Imagen del basurero de Cocula tomada por Omar Gómez Trejo cuando lo visitó en octubre de 2014. En ese tiempo, el gobierno de Peña Nieto quiso convertirlo en escenario del crimen de los estudiantes.

Para esa tarea designaron a Gómez Trejo y a su misma compañera de la ONU. Fueron a sus casas por una muda de ropa y luego a la Procuraduría General de la República (PGR). Subieron al helicóptero y los llevaron a un campo de fútbol de la localidad, que había sido convertido en base de operaciones de la PGR y la Secretaría de Marina (Semar).

Ya en el lugar, “los ministerios públicos nos empiezan a explicar; al fondo veíamos como trabajaban los peritos. Nosotros nos quedamos en la parte alta”. Las explicaciones no eran claras: “No entendía absolutamente nada”, dice.

Un colega que tenía mucha experiencia documentando casos de tortura, al observar los videos de los detenidos dijo: “Mira, esa gente se ve bien madreada”.

Mientras el Estado construía su supuesta verdad, llegaba a México el GIEI. Gómez Trejo conocía a dos de sus integrantes: la fiscal guatemalteca Claudia Paz y Paz y el abogado colombiano Alejandro Valencia.

Fue este último quien lo buscó para decirle que necesitaban contratar a alguien en México para ayudarlos, y le preguntó si le interesaba.

“Sí, claro”, respondió. Después tuvo una entrevista con otro miembro del grupo, el médico vasco Carlos Beristain, que le pidió integrarse de inmediato. Desde ese día fue el secretario técnico del GIEI.

el gobierno ya había infectado los celulares de los miembros del GIEI, de Gómez Trejo, de periodistas y de abogados de las familias de los 43 estudiantes desaparecidos con el programa israelí de espionaje Pegasus.

“Sí, me dio miedo”, me dice cuando le pregunto sobre ese tiempo. “Porque hubo gente que después me enteré que trabajaba con Tomas Zerón que se me acercaba. Y de pronto hubo un día en que llegaron a mi casa: ‘Ah, ¿qué pasó, jefe? ¿Aquí vive?’. Y ahí sí yo entendí que había que tomar distancia. Entonces tuve que salir de México para evitar, este… pues cualquier cosa. O sea, esa gente de verdad era poderosa en ese momento”.

El gobierno se negó a renovar el acuerdo con el GIEI, sacando al grupo de expertos del caso y del país en abril de 2016, días después de la presentación de su segundo informe. Gómez Trejo salió de México con el abogado chileno e integrante del GIEI Francisco Cox en un vuelo a Santiago de Chile. Llevó dos maletas. “Fue duro,” dice. “Había una culpa, ¿no? ¿Por qué tengo que irme de México? Lo hicimos bien. Fue un buen trabajo”. De Chile viajó a Guatemala, luego a Washington y después a Nueva York, donde vivió un mes en un hostal, deambulando por las calles de Manhattan hasta que la ONU le ofreció trabajo nuevamente en la OACNUDH, pero esta vez en Honduras.

En ese momento, Juan Orlando Hernández –que actualmente enfrenta cargos de narcotráfico en Estados Unidos— era el presidente. Durante su gobierno, Honduras se había convertido en el país más mortífero para las y los defensores del territorio y del medio ambiente. El 3 de marzo de 2016, un comando al servicio de un exmilitar y empresario mató a la defensora indígena Berta Cáceres en su casa. A Gómez Trejo le tocó investigar su asesinato.

El reportaje completo está en Quinto Elemento Lab

“La lucha sigue”: así luce la Normal de Ayotzinapa, nueve años después de la desaparición de los 43

A nueve años de la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa, los estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos mantienen espíritu de lucha y acompañan la exigencia de los padres y las madres para conocer el paradero de los jóvenes

Texto: Emiliano Tizapa Lucena

Fotografía: Oscar Guerrero

25 de septiembre 2023

En la víspera de cumplirse nueve años de los ataques y desaparición de 43 estudiantes, sus actuales compañeros de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, aún recriminan al gobierno federal de Andrés Manuel López Obrador que está lejos de esclarecer el crimen a pesar de que desde que inició su mandato fue uno de sus compromisos.

Tras la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre de 2014, Ayotzinapa quedó marcada por la desaparición forzada de los 43 estudiantes. Algunas cosas cambiaron físicamente en la Normal Rural, por ejemplo, la barda perimetral que los aisló en cierto grado de su conexión con los campesinos de Tixtla.

Sin embargo, la escuela mantiene su espíritu de lucha reflejada en los murales de los edificios de las aulas y dormitorios, en los que se observa desde estudiantes víctimas que fueron asesinados por fuerzas policiacas en distintos momentos, hasta los retratos de las madres y padres de los 43, así como los símbolos de movimientos civiles armados guerrerenses.

En un recorrido por la Normal Rural, guiado por dos alumnos de primer ingreso, fue posible constatar que permanece vigente el culto a Genaro Vázquez Rojas y Lucio Cabañas Barrientos o estandartes internacionales de la Revolución, como El Che Guevara.

De la institución, y por sus calles angostas, algunas empedradas, entran y salen jóvenes a bordo de motocicletas; otros lavan su ropa en pequeños lavaderos, y unos más se escuchan a lo lejos ensayar en la banda de guerra.

En la cancha de basquetbol continúan los 43 pupitres con las fotografías de los jóvenes desaparecidos que fueron colocados desde aquel 2014. Frente a ellas hay una mesa sobre la que descansan algunas fotografías de normalistas caídos junto a veladoras.

La solemnidad de la escena contrasta con su contexto, una escuela en la que se siguen impartiendo clases y debatiendo ideas en aulas comunes y corrientes.

Pupitres colocados en la Normal Rural Raúl Isidro Burgos para recordar a los 43 estudiantes de Ayotzinapa.

Los estudiantes primerizos, comisionados para el recorrido, portan unas sandalias de cuero cruzadas, muy típicas de la región, y lucen el cabello corto. Uno de ellos es originario de Tixtla, del barrio de El Fortín, la cabecera municipal, y confiesa que, a pesar de que es primo de uno de los 43 estudiantes desaparecidos, él decidió estudiar en la misma escuela.

Los dos jóvenes presumen que por la temporada han sembrado maíz en la normal y flor de cempasúchil, que cosecharán en la celebración de Día de Muertos; también relatan que cuidan de varios puercos, que se producen para la alimentación en la escuela.

En una de las aulas, un normalista de segundo grado -conocido como Jaguar– pinta junto con otros estudiantes las mantas para las distintas actividades de la jornada nacional por la presentación con vida de sus compañeros. Este año serán 30 mantas con diversos mensajes.

Jaguar en realidad se llama Carlos, tiene 21 años, es originario de la comunidad de Zotoltitlán, del municipio de Mártir de Cuilapan.

Cuenta que llegó a Ayotzinapa por su primo, quien también fue de la generación de los 43 estudiantes desaparecidos, y él lo motivó a estudiar para maestro rural, porque, además, le dijo que aquí hallaría apoyo para expresarse mediante la pintura, que es lo que realmente le apasiona. Confía que esa actividad le ayude, después, a sacar adelante a su familia.

Imagen de la Normal Rural a nueve años de los ataques y desaparición de 43 estudiantes de Ayotzinapa. Foto: Oscar Guerrero Ramírez/ AMAPOLA PERIODISMO

Las actividades en la Normal Rural transcurren a marchas forzadas, porque se acerca un 26 de septiembre más, y con ello las jornadas de lucha para exigir la presentación con vida de sus 43 compañeros.

Antes del recorrido, uno de los normalistas del comité estudiantil que organiza las actividades para esta jornada, narra la historia y vida de Ayotzinapa, en cuatro episodios.

El primero es que los estudiantes saben que la escuela fue creada en marzo de 1926, ubicada en sus inicios en el centro de la cabecera municipal de Tixtla, cuando aún no era una normal, pero sí un internado para formar maestros.

Ayotzinapa fue el resultado de la unión de una Central Regional con una Central Agrícola, esta última encargada de formar agrónomos; por ello fue fundada bajo los dos conceptos, porque también comenzaron a educar a maestros rurales.

El primer nombre que tuvo la Normal Rural fue Conrado Abundio, y también fue conocida como Vicente Guerrero. Después cambió a su actual ubicación en lo que es la hacienda de Ayotzinapa, a las afueras de la pequeña ciudad de Tixtla, que en náhuatl significa “lugar de tortugas”.

Luego fue llamada Raúl Isidro Burgos, nombre del que los estudiantes consideran sigue siendo el mejor director que ha tenido la institución, recordado por ser un gran gestor y apoyar a los jóvenes.

Ayotzinapa también es conocida por el paso en sus aulas de Lucio Cabañas Barrientos, maestro rural que, tras la represión en un mitin de padres de familia, el 18 de mayo de 1967, por policías judiciales, que dejó cinco muertos en la cabecera municipal de Atoyac de Álvarez, se internó en la sierra y fundó el Partido de los Pobres y la Brigada Campesina de Ajusticiamiento, que se inmortalizó en el país como un movimiento guerrillero.

Cabañas Barrientos ha dejado impregnado su paso en cada estudiante de generaciones posteriores, y es reflejado en diferentes murales de la escuela, además se convirtió en un símbolo para los docentes en formación: “Aquí en la normal se nos enseña a que todo esto debe ser encaminado a beneficio del pueblo, donde nosotros vamos a trabajar más adelante”.

La educación en Ayotzinapa continúa, según los jóvenes, basándose en cinco ejes: académico, político, cultural, deportivo y los módulos de producción. Con ello, los futuros profesores son encaminados para trabajar en las comunidades rurales.

Este es un contenido exclusivo de Amapola periodismo para Animal Político.

El texto completo está en Animal Político

Madres y padres de los 43 exigen a AMLO que el Ejercito entregue información clave sobre Ayotzinapa; realizarán plantón en la FGR

A seis días de cumplirse nueve años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, sus familiares se reunión con López Obrador y anunciaron un plantón.

Texto: Animal Político

Fotografía: Tlachinollan

20 de septiembre 2023

Las madres y los padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa se reunieron este miércoles con el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), a seis días de cumplirse nueve años de la desaparición de los estudiantes en Iguala, Guerrero.

Emiliano Navarrete, padre de uno de los normalistas, dijo que durante el encuentro le insistieron al presidente que necesitan que el Ejército y la Marina entreguen la documentación que le negó al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).

“Sabemos que el presidente protege mucho a las Fuerzas Armadas, pero vamos a seguir insistiendo”, declaró al salir de la reunión.

Los familiares anunciaron que desde mañana, a las 11 am., harán un plantón en las instalaciones de la FGR para continuar con su demanda.

Ejército y Marina negaron al GIEI información del caso Ayotzinapa

En su último informe del caso Ayotzinapa, el GIEI señaló que el Ejército y la Marina negaron información u ocultaron hechos, a pesar del compromiso del gobierno de López Obrador de garantizar apertura en las investigaciones sobre la desaparición de los 43 normalistas.

El GIEI, que depende de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y que llegó en 2015 a investigar la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa a manos del crimen organizado, en contubernio con diversas autoridades policiacas y militares en septiembre de 2014, denunció en su sexto y último informe que la Sedena mintió en múltiples ocasiones ante el requerimiento de información clave.

Los familiares de los jóvenes ingresaron a Palacio Nacional portando imágenes y fotos de sus hijos desaparecidos, todos estudiantes de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos.

Los acompañó el abogado Vidulfo Rosales y Santiago Aguirre, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez.

Madres y padres de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa durante la conferencia de prensa en la Ciudad de México después de la salida del GIEI. Foto: Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan.

AMLO asegura que se entregará la información del caso Ayotzinapa

Por la mañana, el mandatario aseguró que se entregará completa la información sobre el caso Ayotzinapa, con el objetivo de esclarecer los hechos y dar castigo a los responsables del crimen.

López Obrador descartó que haya un rompimiento en la relación con los familiares de los desaparecidos y dijo que están en su derecho de manifestarse.

Normalistas de Ayotzinapa toman caseta de la Autopista del Sol para protestar por los 43 desaparecidos

Texto: Margena de la O

Fotografía: Oscar Guerrero

Chilpancingo

17 de septiembre del 2023

Estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, estuvieron concentrados por unas dos horas en la caseta de Palo Blanco en la Autopista del Sol, donde dieron el libre paso a los usuarios, como parte de su jornada de acciones por los nueve años de la desaparición de sus 43 compañeros ocurrida en Iguala, en reclamo del esclarecimiento del caso por el que expertos independientes señalan al Ejército.

Hasta la caseta también llegaron policías estatales con equipo antmotín, quienes todo el tiempo estuvieron a la expectativa de cualquier acción de los normalistas. Permanecieron junto a los muchachos cuando hicieron el mitin en las cajas de cobro.

Los estudiantes arribaron a la caseta en autobuses alrededor de la una de la tarde y se desplegaron por todas los accesos de cobro de la caseta para dar el paso libre a los automovilistas.

Primero se creyó que los normalistas estarían en un punto sobre la autopista conocido como Parador del Marqués, lugar ubicado al sur de la ciudad, donde se unen las carreteras libre y de cuota hacia Acapulco, pero siguieron hasta la caseta.

En el mitin político en Palo Blanco, los estudiantes informaron que la razón de sus acciones eran por la falta de resultados en la investigación de la desaparición de sus compañeros.

Reclamaron a los policías presentes el papel que juegan de contener y, muchas veces de reprimir, sus protestas y no de detener a delincuentes reales.

Los normalistas sostuvieron su discurso contra el Ejército, institución que, denunciaron, tiene responsabilidad directa en la desaparición de sus 43 compañeros, pero que sigue sin ser tocada por el gobierno federal, además de la indiferencia de las autoridades locales.

“Tenemos una conciencia que nos motiva a salir a exigir justicia, porque este acto no se puede quedar impune (…), y mientras tanto, allá en el zócalo capitalino, trayendo bandas, grupos, haciendo multitud, se les olvida que nos deben 43, y en lugar de estar haciendo fiestas deberían estar trabajando”, comentó uno de los estudiantes.

La jornada de acciones por los nueve años la comenzaron los normalistas el martes 12 de septiembre y el jueves 14 se manifestaron en 35 Zona Militar, donde lazaron petardos en protesta por la presunta responsabilidad de los militares en la noche de Iguala. Esa acción los militares la respondieron con gases lacrimógenos que llegaron hasta una escuela primaria de la colonia del PRI, ubicada a unos metros, y provocaron reacciones a las niñas y niños del plantel.

“Por qué la Sedena (Secretaría de la Defensa Nacional) no quiere soltar archivos importantes, porque sabe que estuvieron implicados en ello”, dijo otro de los estudiantes.

Los estudiantes se retiraron de la caseta poco después de las tres de la tarde.

CNDH pide información sobre el trabajo realizado por el GIEI en el caso Ayotzinapa, pero omite señalar al Ejército

La CNDH solicitó revisar el trabajo del GIEI para continuar con la investigación del caso Ayotzinapa tras su salida de México

Texto: Animal Político

Fotografía: David Juárez (Archivo Amapola)

27 de julio del 2023

Chilpancingo

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) solicitó información del trabajo realizado por elGrupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), pero omitió señalar al Ejército como un actor implicado en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

Mientras que más de cien organizaciones respaldaron el informe de los expertos del GIEI, Carlos Beristain y Ángela Buitrago, quienes señalaron obstáculos por parte del Ejército mexicano para avanzar en la investigación.

En un comunicado, la CNDH dijo que “existen actuaciones pendientes que son trascendentes para la investigación” por parte de la Comisión Presidencia para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa (CoVAJ).

La comisión solicitó las constancias de las actuaciones realizadas por el GIEI durante su estancia en el país y aquellas derivadas de su trabajo que sirvan para esclarecer lo sucedido con los 43 normalistas desaparecidos.

Sin embargo, la CNDH omitió mencionar al Ejército, a quien los expertos independientes responsabilizan por el ocultamiento sistemático de información del caso Ayotzinapa, uno de los motivos del GIEI para dejar la investigación.

Autoridades analizan informe del GIEI

El subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación (Segob), Alejandro Encinas, dijo que el Gobierno federal y una unidad de investigación del caso Ayotzinapa analizan el sexto informe del GIEI así como sus 30 recomendaciones.

De acuerdo con la dependencia, estas medidas recomendadas son sobre la investigación exhaustiva, completa y seria; la unificación de las averiguaciones, así como en labores de búsqueda, justicia y reparación con las víctimas.

“La instrucción del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, es ir al fondo de las investigaciones, por lo que continúan las búsquedas en la zona, y ratificó que se cumplirá el compromiso de saber dónde están los estudiantes y resolver el caso como asunto de Estado”, señaló la dependencia en un comunicado.

Organizaciones sociales respaldan trabajo del GIEI sobre caso Ayotzinapa

Aunque la CNDH omitió mencionar al Ejército, organizaciones sociales también publicaron un comunicado para mostrar su respaldo a los expertos del GIEI y su solidaridad con los padres y las madres de los 43 normalistas.

Destacaron que Carlos Beristain y Ángela Buitrago hablaron de la existencia de información generada por el Estado, principalmente la Sedena y la Marina, que contienen datos sobre el paradero de los estudiantes que no fueron entregados.

“Respaldamos los hallazgos presentados en este último informe y lamentamos que el GIEI deba salir del país por falta de condiciones para avanzar en su investigación. Dichos hallazgos muestran cómo ha habido un ocultamiento sistemático de información que explica el papel de las corporaciones de seguridad la noche del 26 de septiembre de 2014 en Iguala”, señalaron.

Las organizaciones acusaron que la opacidad y la manipulación de información hacen inviable la colaboración del GIEI con el Estado mexicano para el esclarecimiento del caso y desestima el trabajo de los expertos.

Aseguraron que la voluntad política de las instituciones “queda corta” frente al poder castrense en México.

Además, señalaron que el último informe del GIEI muestra la innegable implicación del Ejército y la Marina en la desaparición de los jóvenes y en hechos posteriores para ocultar la verdad.

Finalmente, hicieron un eco del llamado de las madres y los padres de los 43 normalistas desaparecidos de su exigencia de una reunión con el presidente AMLO para que responda a las evidencias presentadas por los expertos, con una propuesta clara para remover los obstáculos de acceso a la información y no mantener el caso impune.

GIEI acusa ocultamiento de información y obstáculos del Ejército

El pasado 25 de julio, los integrantes del GIEI, Carlos Beristain y Ángela Buitrago, acusaron un ocultamiento sistemático de información y obstáculos que están impidiendo llegar a la verdad del caso Ayotzinapa, por parte de la Sedena y la Marina.

“No hemos podido dar todas las respuestas a los familiares de los 43 jóvenes desaparecidos de Ayotzinapa porque no hemos tenido acceso a toda la información existente por parte de las autoridades. Y para nosotros no hay condiciones para seguir. ¿Qué íbamos a hacer? ¿Con qué información íbamos a trabajar? Se necesita información para llegar a la verdad y a la justicia”, refirieron.

Carlos Beristain aseguró, contrario a lo dicho por AMLO, que el acceso a la información ha sido parcial, y parte de esa información se ha ocultado por la Sedena, factores que impiden una investigación efectiva.

Sobre la noche del 26 de septiembre de 2014, reiteraron como en sus anteriores informes, que “el músculo del Estado” estuvo presente en los hechos de Iguala, “que actuaron y no protegieron a los jóvenes y que sabían lo que pasó”.

Con este informe, el GIEI dio por finalizada su investigación sobre la desaparición en septiembre de 2014 de los 43 normalistas de Ayotzinapa y dieron por concluida su estancia en el país.

Activistas, estudiantes y organizaciones sociales marcharon en Chilpancingo el 12 de diciembre del 2021 por dos normalistas asesinados en la Autopista del Sol en 2011. Foto: David Juárez (Archivo Amapola).

Este texto es propiedad de Animal Político y lo reproducimos con su autorización. Puedes leer el original en este enlace.

AMLO le queda a deber al caso Ayotzinapa, dicen organizaciones sociales en mitin para exigir justicia

Texto: José Miguel Sánchez

Fotografía: Óscar Guerrero

26 de mayo del 2023

Chilpancingo

Estudiantes de la Escuela Normal Rural Raul Isidro Brugos, de Ayotzinapa, reprocharon que el presidente Andrés Manuel López Obrador quedó a deber sobre las investigaciones y el esclarecimiento de la desaparición de los 43 estudiantes normalistas en la ciudad de Iguala hace más de ocho años.

«A casi nueve años de la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, no se ve un compromiso claro del actual gobierno para resolverlo», mencionó un estudiante de Ayotzinapa durante un mitin.

Hoy 26 de mayo se cumplieron ocho años y ochos meses de que elementos de seguridad de Iguala, del Ejército, policías estatales y grupos del crimen organizado desaparecieron a 43 estudiantes de Ayotzinapa en la ciudad de Iguala.

Como cada mes, un grupo de estudiantes realizaron un mitin en el antimonumento a los 43, ubicado en el monumento a Las Banderas, al sur de Chilpancingo.

Los estudiantes mencionaron que están muy lejos de acceder a la justicia. «Aún faltan que muchos implicados sean juzgados, empezando por los militares y el que ordenó todo eso, que fue el alcalde José Luis Abarca, que ya fue sentenciado pero no por la desaparición de nuestros compañeros», mencionó el estudiante.

Los estudiantes fueron acompañados por otras organizaciones sociales y sindicales, quienes coincidieron en que el actual gobierno tiene temas pendientes en el acceso a la justicia.

El representante del Sindicato Único de Trabajadores del Cobach (Sutcobah), Adao Toribio Ortega, dijo que el presidente López Obrador «le está fallando al pueblo y le queda a deber mucho en este caso».

Otro de los oradores, representante de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación (CETEG), Mario Alberto Urióstegui, dijo que la cuarta transformación «es igual de represor que los anteriores y que no le interesa el respeto a los derechos humanos».

Los oradores llamaron a las organizaciones sociales de izquierda a cerrar filas y articular el movimiento social ante política de represión que tomo actual gobierno estatal.

«No sólo hacen falta los 43 jóvenes normalistas, sino los más de 100,000 desaparecidos en el país», mencionó un representante del Colectivo de familiares de desaparecidos Lupita Rodríguez Narciso.

El mitin comenzó a la 11:40 de la mañana y culminó a las 12:30, después de realizar el conteo de los 43 los manifestantes se retiraron y liberaron la circulación en la avenida Lázaro Cárdenas que mantuvieron cerrada durante el mitin.

A la una de la tarde la circulación quedó libre en su totalidad.

Se cumplen 100 meses de la desaparición de los 43 sin hallazgos, reprochan activistas

Texto: José Miguel Sánchez
Fotografía: Oscar Guerrero
26 de septiembre del 2023
Chilpancingo

Al cumplirse 100 meses de la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, organizaciones sociales, sindicatos y colectivos de personas desaparecidas exigieron al presidente Andrés Manuel López Obrador y a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda resultados para dar con el paradero de los estudiantes.

Los 100 meses son equivalente a ocho años y cuatro meses de la desaparición de los muchachos sin que exista información contundente de lo que ocurrió lea noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre del 2014 en Iguala.

En el mitin, ocurrido en el Antimonumento a los 43, ubicado en el Monumento a Las Banderas, estuvieron ausentes los estudiantes de Ayotzinapa; una comisión se dirige a la Ciudad de México junto las madres y padres de los normalistas desaparecidos, donde realizarán otro mitin.

Otra comisión de estudiantes acompañó a la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación Guerrero (CETEG) al homenaje que le realizaron al maestro Mario Zamora Maldonado, quien fue asesinado el año pasado durante un ataque armado a una base de la Unión de Pueblos Organizados del Estado de Guerrero (UPOEG) en Buena Vista de la Salud, asentada en la zona rural Chilpancingo, organización armada de la que formaba parte como autodefensa.

Al mediodía de este jueves, minutos después de las once de la mañana, los manifestantes se concentraron en el Antimonumento a los 43, bloquearon la avenida Lázaro Cárdenas, sentido norte-sur, ubicada a un costado del lugar.

El mitin fue encabezado por el Colectivo de Familiares de Personas Desaparecidas Lupita Rodríguez Narciso, y asistieron representantes de la CETEG, del Sindicato Único de Trabajadores del Colegio de Bachilleres (Sutcobach) y del Comité de Solidaridad con el 60.

Los manifestantes exigieron la aparición con vida de los 43 estudiantes desaparecidos, además de otras demandas de las organizaciones presentes.

Durante el mitin, Carlos David Molina Rodríguez, representante del colectivo Lupita Rodríguez, mencionó que las cifras de desaparecidos a nivel nacional es de 107,000 personas y en el estado de Guerrero, han contabilizado a 3,790. Puntualizó que aun cuando las cifras son altas tampoco reflejan la realidad.

Roberta Campos Adame, del Comité de Solidaridad con el Movimiento de 1960, reprochó al gobierno de la morenista Evelyn Salgado Pineda por no actuar para disminuir la violencia en la entidad.

“Para qué es un santuario, pero de la impunidad y de la violencia”, mencionó.

Recriminaron que al cumplirse 100 meses no haya ningún avance en las investigaciones y que el presidente Andrés Manuel López Obrador no cumpliera con su palabra de solucionar el caso Ayotzinapa.

Al término del mitin los manifestantes realizaron el pase de lista a los 43. Después desbloquearon la vía y se retiraron.

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Periodismo, antropología y arte, diferentes formas de explicar el caso Ayotzinapa

Texto: José Miguel Sánchez

Fotografía: Amílcar Juárez (Archivo)

2 de diciembre del 2022

Desde el periodismo, la antropología y el arte se ha intentado explicar y entender la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, ocurrida hace ocho años en la ciudad de Iguala, coincidieron especialistas durante la Octava Conferencia Bi-nacional Transfronteriza, realizada en El Cajón, California.

Durante el panel Ayotzinapa: impunidad y crimen de Estado, organizado por el Colegio Cuyamaca de San Diego, California, la noche de este 1 de diciembre, una periodista, una antropóloga y un artista plástico, todos guerrerenses –los dos últimos originarios de Tixtla, municipio donde esta asentada la Normal Rural de Ayotzinapa–contaron su experiencia y su visión acerca del caso.

Cada uno expuso cómo reaccionó después de los hechos sucedidos en Iguala la noche del 26 de septiembre del 2014, donde desaparecieron los 43 estudiantes normalistas.

La actividad ocurrió en dos formatos de manera simultánea, uno presencial y otro virtual. De manera presencial estuvieron en el Colegio Cuyamaca, en San Diego, California los académicos y organizadores, entre ellos Manuel Mancilla Gómez, y el artista plástico invitado, Javier Lara, originario de Tixtla, y de manera virtual (o en conexión remota), la periodista Margena de la O Vargas y la antropóloga Rosa Icela Robles Jiménez.

También estuvo unos minutos conectado Clemente Rodríguez, padre de Christian Alfonso Rodríguez Telumbre, uno de los 43 estudiantes desaparecidos, pero salió de la sala por problemas de conectividad.

La periodista, quien es cofundadora de Amapola, periodismo transgresor, explicó cómo muchos periodistas locales, de Guerrero, cubrieron desde el primer momento los hechos en Iguala.

Dijo que desde que fundaron Amapola, periodismo transgresor (mayo de 2019), el equipo decidió en la mesa editorial hacer del caso Ayotzinapa un tema vigente en sus contenidos hasta que éste fuera resuelto y se llegara a la verdad.

En una primera etapa, dijo, decidieron que cada 26 de septiembre existiera un contenido especial sobre Ayotzinapa, lo cual se cumplió y posteriormente buscaron profundizar más en el tema.

«Decidimos como medio convertirnos en una base de información sustancial, es decir, crear memoria a través de nuestros contenidos y que dieran cuenta para la investigación formal».

Uno de los contenidos principales de Amapola, periodismo transgresor, en relación al caso de los 43 normalistas desaparecidos, se llama Ayotzinapa. Vivir Infiltrado, el cual reúne una serie de testimonios de estudiantes desde la fundación de la normal hasta años después de lo ocurrido el 26 de septiembre del 2014 en Iguala.

«Llegamos a una hipótesis muy puntal de que el caso Ayotzinapa tenía que ver con la infiltración de agentes del Estado, de grupos de poderes fácticos de Guerrero, en la Normal justamente por ser una escuela diferente al resto donde los estudiantes se plantan como reflexivos a su contexto social», mencionó De la O Vargas.

A través de los contenidos sobre Ayotzinapa, Amapola, periodismo transgresor pretende abonar «a la verdad real de lo que pasó con los 43 normalistas de Ayotzinapa».

En su intervención, la antropóloga Rosa Icela Robles Jiménez, integrante del Centro de Estudios sobre infancias y juventudes en Guerrero (Ceijgro), habló desde una perspectiva académica el impacto que generó en las redes sociales el caso Ayotzinapa y los elemento que permitieron que los sucesos trascendieran a nivel internacional.

También habló sobre el contexto social y político en el que surgió la Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, entonces lo que ocurrió con los muchachos desaparecidos, “no es un hecho aislado, es consecuencia de un Estado que ha reprimido a los movimientos sociales y sectores específicos de la sociedad».

La condición de la Normal Rural de Ayotzinapa, dijo, donde estudian hijos de campesinos, indígenas y grupos vulnerables se convierten en un objetivo del Estado.

Para Robles Jiménez el caso Ayotzinapa está en la impunidad debido a un pasado histórico que no termina de sanar y que también está en la impunidad: la llamada “guerra sucia” que sucedió durante los setentas.

Este periodo, de acuerdo con varios autores, dejó un número desconocido de muertos y desaparecidos en México. La cifra que maneja la Organización de las Naciones Unidas (ONU) relacionadas con crímenes de Estado durante las décadas de 1960 a 1980 asciende a 374 personas.

«Cuando las desapariciones y los crímenes a los derechos humanos que sucedieron durante la guerra sucia no son castigadas y no hay un acceso a la justicia, todo esto hace que se permita repetir el evento», mencionó Robles Jiménez.

Sobre el impacto en las redes sociales, Robles Jiménez concluyó que el papel de los medios de comunicación digitales, sobre todo los independientes que apuestan por narrativas distintas a las del Estado, generan una realidad alterna.

Otro punto que Robles Jiménez señaló fue el papel de la conectividad, a través del internet, en otras partes del mundo, la cual «genera una indignación colectiva», detonada por ver a las madres y padres de los 43 normalistas desaparecidos en Iguala la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre del 2014 en ese proceso doloroso donde buscan a sus hijos, con el rostro de sus hijos al frente.

«Pero lo que indignó más a la gente y que circuló mucho en redes sociales fue el rostro del estudiante desollado, Julio César Mondragón Fontes, por el nivel de violencia ejercido».

En apoyo a las madres y padres de los 43 normalistas desaparecidos, dijo, se generó un simbolismo en torno al movimiento para exigir justicia y la aparición con vida, expresado en marchas, performance, expresiones artísticas, documentales y monumentos.

Todos estos materiales, expuso, se convirtieron en un imaginario colectivo sobre el caso Ayotzinapa que nos recuerda «que aún sigue pendiente».

En el tema artístico, Javier Lara Díaz, artista plástico originario de Tixtla, municipio donde se ubica la Normal de Ayotzinapa, contó las aportaciones que su gremio realizaron al movimiento para exigir justicia y la aparición con vida de los 43 estudiantes.

La ciudad de Tixtla es conocida en la región Centro de Guerrero por ser un espacio de artes y tradiciones, Lara Díaz recordó que él junto con un grupo de pintores locales apoyaron a realizar las primeras mantas y carteles de protesta sobre el caso.

«A nosotros, como personas que nos dedicamos al arte, buscamos representar problemas sociales a través de la estética, lo que consideramos una arma muy fuerte para crear conciencia y memoria en las personas», mencionó.

En el gremio artístico de Tixtla, comentó Lara Díaz, el caso Ayotzinapa tiene relevancia porque conocen a las madres y padres de los 43 estudiantes desaparecidos.

Recordó que el conoció a Bernabé Campos Santos, padre del estudiante desaparecido José Ángel Campos Cantor, quien falleció el año pasado «con la esperanza de encontrar a su hijo”.

Fue así cómo tres áreas o disciplinas del conocimiento convergieron es un mismo tema y propósito.

En la imagen, estudiantes de Ayotzinapa protestan en el Antimonumento a los 43 normalistas desaparecidos, ubicado en Chilpancingo, durante un mitin el 26 de enero del 2022. Foto: Amílcar Juárez (Archivo)

Marchan normalistas y activistas contra el Ejército y por la justicia pendiente al caso de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa

Reprochan espionaje del aparato de gobierno contra defensores de derechos humanos y víctimas

Texto: José Miguel Sánchez

Fotografía:Oscar Guerrero

Chilpancingo

Normalistas del estado y miembros organizaciones sociales marcharon en Chilpancingo para exigir un alto a la criminalización de los luchadores sociales y la aparición con vida de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa.

La protesta se da en el marco de un mes de acciones por los más de ocho años de la desaparición de los 43 normalistas de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa. La marcha comenzó al norte de la ciudad, en la estatua de Nicolás Bravo, conocida popularmente como el caballito, y avanzó con dirección al sur por el centro de la ciudad.

Durante la marcha, el abogado de las madres y padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa e integrante del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Vidulfo Rosales Sierra, habló sobre lo que consideró hostigamiento y criminalización contra las organizaciones sociales y contra sus integrantes.

«Seguimos pidiendo al presidente (Andrés Manuel López Obrador) que se investigue a las fuerzas armadas y se abstenga al Ejército de realizar investigaciones encubiertas contra las organizaciones sociales, porque sus funciones son otras, es la seguridad nacional y no el espionaje», mencionó.

Agregó que en la reunión que tuvieron con López Obrado acordaton que habrá una revisión de las órdenes de aprehensión que la Fiscalía General de la República (FGR) no ha ejecutado contra elementos del Ejército por su presunta responsabilidad en los hechos de hace ocho años en la ciudad de Iguala.

Sobre la designación del nuevo fiscal especial del Caso Ayotzinapa, Rosales Sierra mencionó que López Obrador podría designar a un nuevo fiscal a propuesta de los padres y madres de los 43.

Después de la renuncia del Fiscal Omar Gómez Trejo por supuestas diferencias con el titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero, el gobierno de López Obrador lo sustituyó por Rosendo Gómez Piedra.

La marcha, en la que participaba al menos 500 personas de distintas organizaciones sociales, hizo una parada en el Antimonumento a los 43, ubicado en el Monumento a las Banderas, al sur de la capital.

Entre las organizaciones asistentes estuvieron el Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa la Parota (CECOP), el Colectivo de Familiares Desaparecidos Lupita Rodríguez Narciso, un grupo de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), el Centro de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón, Tlachinollan y el Sindicato Único de Trabajadores de Bachilleres del Estado e Guerrero (Sutcobach).

Además de estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, y de la Normal Pública Estatal Adolfo Viguri Viguri.

En el antimonumento los manifestantes realizaron un pase de lista por los 43 normalistas desaparecidos; se sumó un contingente numeroso de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación Guerrero (CETEG).

El contingente, ya con al menos 800 personas, avanzó con dirección al Palacio de Gobierno, antes hicieron una parada en el Congreso local, donde los estudiantes de Ayotzinapa realizaron pintas.

Desde ahí la marcha siguió sobre la Autopista del Sol hasta llegar a Palacio de Gobierno.

En la entrada de Palacio de Gobierno los manifestantes realizaron un mitin político donde cada una de las organizaciones sociales fijó postura y reclamó verdad y justicia.

La primera participación fue la lectura de un comunicado donde condenaron el espionaje y hostigamiento que realiza el Ejército a las organizaciones sociales.

«Es criminal que el Ejército nos hostige y por el contrario sea omiso con los grupos criminales que matan y asesinan a plena luz del día», dijo uno de los activistas.

Intervino Joaquina García Velázquez, madre del normalista desaparecido Martín Getsemany Sánchez García, y agradeció a todas las organizaciones presentes por el apoyo a la exigencia de justicia y aparición con vida de los normalistas.

«Un mes más de estar presente, exigiendo la aparición con vida de nuestros hijos y no vamos a parar en nuestra lucha para exigir la verdad, el gobierno quiso entregarnos un mensaje de que el caso estaba cerrado pero como madres no nos vamos a detener para saber la verdad.

Durante la participación de la CETEG, el secretario general, Héctor Torres Solano, comentó que hoy comenzaron una jornada de lucha de 72 horas en contra de las elecciones del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).

Durante la participación de Torres Solano, un grupo de maestros de la CETEG quemó un paquete de boletas electorales de la elección ocurrida ayer en el que ellos llaman el sindicato charro.

Marco Antonio Suastegui Muñoz, representante del CECOP, exigió la aparición con vida de su hermano, Vicente Suastegui Muñoz, y acusó al gobierno anterior de Héctor Astudillo Flores de ser es el responsable de la desaparición, pero también acusó de omisión al actual de la morenista Evelyn Salgado Pineda.

«Una noche lluviosa del cinco de agosto de 2021 se llevaron a mi hermano Vicente y hasta la fecha sigue desaparecido, y en aquel momento dije que fue una venganza del chacal de Héctor Astudillo y lo sigo sosteniendo».

El Centro Morelos habló sobre la militarización del gobierno federal y acusó al Ejército de ser el responsable de que existan familias desplazadas por la violencia.

Además pidieron una audiencia con Salgado Pineda porque, dijeron, a un año de que tomo el cargo no hay ningún acercamiento.

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Texto: Jesús Guerrero

Fotografía: Óscar Guerrero

Chilpancingo

Ante las presiones que hay en los más altos niveles del gobierno federal que originó la renuncia del fiscal del Caso Ayotzinapa, Omar Gómez Trejo, hay el riesgo que los integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) abandone las investigaciones, advirtió el director ejecutivo del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Abel Barrera Hernández.

«Todo apunta que el GIEI ya no va a continuar con las investigaciones porque además de que no se han atendido sus informes el gobierno federal no ha renovado el acuerdo internacional con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pese a que así lo han solicitado los padres y madres de los 43 normalistas», dijo Barrera Hernández.

El 6 de mayo del 2020, la CIDH firmó un acuerdo internacional con el gobierno mexicano para la reinstalación del GIEI con el propósito de coadyuvar con las investigaciones para la búsqueda de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

En el 2015, durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, el GIEI inició sus investigaciones y determinó que los 43 normalistas de Ayotzinapa no habían sido quemados en el basurero de Cocula como lo estableció en su verdad histórica el entonces procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, quien actualmente está preso por diversos delitos derivados de este caso.

«Desde hace meses los padres y madres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos han insistido con el gobierno federal para que renueve el convenio al GIEI, pero hasta el momento no hay ninguna respuesta», dijo Barrera.

Este jueves 29, integrantes del GIEI ofrecerán una conferencia de prensa en la Ciudad de México en la que darán a conocer un informe del caso Ayotzinapa.

«Todo apunta que el GIEI ya no va a continuar porque no hay condiciones y por las situaciones que hay sobre el Ejército que se ha empoderado más», afirmó Barrera.

Mencionó que ahora la narrativa del Ejército es la de reinvidicarse como defensores de los derechos humanos y colocar a quienes lo critican como adversarios.

«Eso en nada ayuda porque el Ejército ahora va a descalificar al GIEI no dándole el respeto y por eso vislumbramos que el grupo de expertos independientes van a iniciar la retirada de México», dijo Barrera.

El activista y director de Tlachinollan estuvo aquí en Chilpancingo en donde participó en un foro de las XII Jornadas con el tema Peritaje Antropológico en donde habló acerca del riesgo de que se desmantele la Comisión de la Verdad y Acceso a la Justicia en el Caso Ayotzinapa.

«Hay el riesgo de que se desmantele este proceso de justicia transicional que se creo en México a través del mecanismo de la comisión de la verdad del caso Ayotzinapa», dijo el antropólogo en el auditorio de Cultura del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).

Durante su intervención, Barrera Hernández contó que la renuncia del fiscal del caso Ayotzinapa Omar Gómez Trejo se debió a las presiones que hubo de parte del Ejército porque en las investigaciones que realizó de los hechos del 26 y 27 de septiembre del 2014 en Iguala determinó la presunta responsabilidad de mandos militares.

Entrevistado al concluir su participación en el foro, Barrera consideró que la salida del GIEI y la renuncia del fiscal de la Comisión de la Verdad, Omar Gómez, forma parte del desmantelamiento de este mecanismo de justicia transicional que se puso en marcha en diciembre del 2018 en el inicio del gobierno de Andrés Manuel López Obrador a petición de los padres y madres de los 43.

«Además desde hace tiempo hemos visto que en el gobierno federal no hay el interés de renovar ese acuerdo de que permanezcan los integrantes del GIEI pese a que había ese compromiso», dijo Barrera.

Mencionó que ya había ese acuerdo para que se firmara pero este se estancó luego de que el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas dio el informe del caso en agosto pasado, donde señala al Ejército como responsable de los sucesos de Iguala.

«Se van a ir (los expertos internacionales) porque ven que no hay las condiciones políticas no son las mismas y además el curso que está tomando esta embestida es lo que no les va a permitir asegurar un trabajo dentro de la Fiscalía o el Ejército», dijo Barrera.

El activista señaló que una de los motivos de que podría originar el desmantelamiento de la Comisión de la Verdad del caso Ayotzinapa es el apoyo que el gobierno da al Ejército en las investigaciones para buscar la justicia.

La semana pasada, la FGR dio a conocer el desistimiento de las órdenes de aprehensión en contra de 16 militares y cinco autoridades civiles, entre ellos, el ex procurador de Guerrero, Iñaky Blanco Cabrera y la ex presidenta del Poder Judicial, Lambertina Galeana Marín.

«También hay una descalificación en las redes sociales hacia Vidulfo Rosales Sierra (asesor de los familiares de los 43) y eso preocupa mucho porque se está criminalizando a los defensores por el hecho de que están denunciando los abusos de los militares», afirmó Barrera Hernández.

Los ataques que hay en contra de Rosales Sierra a través de las redes sociales se originaron a raíz de que el presidente López Obrador arremetió contra éste en las conferencias mañaneras.