La mutilación de la verdad complica conocer qué pasó con los 43: GIEI

Ángela María Buitrago Ruíz, del GIEI, participó en el segundo día del Conversatorio La desaparición forzada en México en el escenario de la pandemia


 

Texto: Alina Navarrete

Fotografía: José Luis de la Cruz 

9 de septiembre del 2020

 

El Estado mexicano le debe justicia no sólo a los 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa desaparecidos, sino a todo el país y la multiplicidad de víctimas de desaparición, dijo la integrante del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), Ángela María Buitrago Ruiz.

 

La experta de origen colombiano participó en la cuarta mesa del conversatorio La desaparición forzada en México en el escenario de la pandemia, organizado por el Instituto de Investigaciones José María Luis Mora, la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM) y la Maestría en Ciencias Territorio y Sustentabilidad Social de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAGro), que se llevó a cabo de manera virtual este lunes y martes.

 

En la mesa ¿Un nuevo escenario para llegar a la verdad en el caso Ayotzinapa? moderada por la investigadora y académica, Evangelina Sánchez Serrano, también participó el abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Vidulfo Rosales Sierra, quien dijo que a casi seis años de los crímenes de Estado cometidos el 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, hay obstáculos en la Fiscalía General de la República (FGR) que impiden el avance de la investigación.

 

Buitrago Ruiz y Rosales Sierra expusieron que, debido a las irregularidades que las autoridades cometieron en los tres niveles de gobierno con el fin de cerrar el caso, se negaron 46 órdenes de aprehensión en contra de presuntos culpables y se descartaron 120 testimonios como pruebas, debido a que se comprobó que fueron obtenidos bajo tortura.

 

En el caso de las órdenes de aprehensión, Rosales Sierra señaló que el único proceso que se logró es el que actualmente está abierto en contra del ex titular de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la que fue la Procuraduría General de la República (PGR), Tomás Zerón De Lucio, que ya lleva tres meses estancado.

 

En el tema de las declaraciones, Buitrago Ruiz explicó que hay dos panoramas, “si lo que dijeron (los testigos) fue cierto, lo perdimos por el asunto de la tortura y si es cierto que fueron testimonios compuestos para obstaculizar el proceso, entonces estamos construyendo sobre algo deconstruido”.

 

Rosales Sierra resaltó que en el caso Ayotzinapa se perdieron datos, pruebas, elementos que pudieron incidir en el éxito de las investigaciones. Recordó que las familias de los 43 normalistas desaparecidos continúan exigiendo que se investiguen la telefonía de los jóvenes –antes, durante y después de los ataques–, la participación de la Policía Federal y el Ejército en los hechos, así como el trasiego de drogas entre Iguala y Chicago.

 

También llamó al Estado mexicano a que contribuya para que se resuelva el caso Ayotzinapa, que todas las instituciones involucradas en la investigación asuman su responsabilidad y que trabajen para llegar a la verdad y a la justicia.

 

Añadió que la “voluntad presidencial” para llegar a la justicia está expresada en la creación de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia en el Caso Ayotzinapa.

 

Buitrago Ruiz recordó que todas las recomendaciones emitidas por el GIEI “son obligatorias para el Estado Mexicano” y que el grupo regresó a participar en la investigación, gracias a la incidencia de las madres y padres de los normalistas desaparecidos, así como a la voluntad del Estado mexicano, la ONU y la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos.

 

Expresó que los integrantes del GIEI mantienen un criterio fundamental que es la autonomía y la independencia, aunque tienen un diálogo con las autoridades que ha permitido avanzar, pero también hay un deber moral y fundamental para la investigación, debido a que “se le negó a los padres la verdad, se les llevó por un camino que no era el correcto a sabiendas de que no era el correcto”.

 

Durante el proceso, los expertos han podido develar todos los procedimientos, en los que se encontraron con “patrones de ocultamiento, de deformación y de pérdida de la verdad en la investigación. "No es que ya no tengamos posibilidad de ya no acceder a la verdad es que se ha mutilado tantas veces la verdad, que ya es complejo el llegar a saber qué pasó (la noche de Iguala)”.

 

Puntualizó que el objetivo del GIEI “es decirles a los padres qué pasó con sus hijos, dónde están, a dónde fueron llevados, el GIEI tiene un solo objetivo que es el derecho al acceso a la justicia de las víctimas, que el Estado les ha negado durante los últimos años".

 

Dijo que los expertos lograron abrir un “núcleo de confianza” para poder obtener más información, en el que tuvieron la colaboración de testigos protegidos, que a su vez “obligan a mirar a otros actores que tienen que ser reconocidos por todas las instituciones como parte de la simulación y como parte de la investigación”.

 

A manera de conclusión, Buitrago Ruiz dijo que “la justicia no se puede entender sin que se involucren también los elementos de investigación con verdad, investigación con vida, pero también la posibilidad de la restitución de los derechos, de los bienes y libertades que han sido conculcados por el Estado, es decir eso nos obliga a seguir buscando (a los 43) en vida”.

 

Pero también “tiene que haber actos de beneficio para las víctimas”, pues las madres y los padres han tenido que desarraigarse, cambiar su vida y forzarse a exigir la verdad.

 

“La no repetición ya se incumplió cuando desaparecen permanentemente a los muchachos, cuando quisieron cerrar el caso”.

 

Señaló que el caso Ayotzinapa sirvió para identificar más de 300 cuerpos que han sido entregados a familias de migrantes, con lo que pudieron cerrar su ciclo de duelo.

 

“Ayotzinapa es el núcleo de evidencia de las permanentes desapariciones en México y de la violencia que genera una serie de cultura y subcultura que genera el narcotráfico y el crimen organizado”.

 

Aseguró que la justicia solamente se obtendrá cuando el Estado mexicano reconozca la situación de violencia, de abandono, en la que vive cada comunidad diariamente “tratando de permanecer intacta frente a los grupos de violencia” que mediante extorsión, “levante” y cobros de piso, pretenden apoderarse de las plazas.

 

“La justicia requiere una mirada en lo que es hoy la violencia y la desaparición en México, (…) la justicia no solamente se debe a 43, se debe a un país y se debe a una multiciplicidad de desaparecidos”, concluyó.

 

 

Nuevos actores en el escenario de Ayotzinapa

En la cuarta mesa del conversatorio, también participó el integrante del Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad, Raymundo Díaz Taboada, quien consideró que no hay un “nuevo escenario” en el caso Ayotzinapa, sino que “hay nuevos actores en el escenario del caso”.

 

Dijo que “las instituciones, desde los mandos medios hacia abajo permanecen igual, el poder del Ejército sigue intacto” pues la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) no ha abierto sus archivos, ni los militares han sido cuestionados sobre su participación en esta y otras desapariciones en Guerrero y México, “siguen torturando y ejerciendo violencia sin medida con una política de ‘gatillo fácil’”.

 

Ante este panorama, Díaz Taboada expresó “aún tengo mis dudas sobre si hubo un cambio de gobierno o ya se logró un cambio de régimen (…) Los resultados (de la investigación sobre el caso Ayotzinapa en la actualidad) son los que debimos ver en los primeros meses pero el Estado Mexicano se negó a realizarlos, hay una institucionalidad que no funciona”.

 

Por la mañana se llevó a cabo la tercera mesa “Morir por la pandemia, ser asesinado o desaparecer: ¿opciones del actual escenario mexicano?”, que moderó la investigadora Claudia Rangel Lozano y en la que participaron integrantes de colectivos de desaparecidos, como Mario Vergara Hernández, y de la Comisión Nacional de Búsqueda.

 

En este diálogo se expusieron los retos a los que se enfrentaron los familiares de las víctimas de desaparición durante el confinamiento como medida preventiva ante la pandemia y los cambios en la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV).

 

Las cuatro mesas del conversatorio que también se realizó in memoriam del arqueólogo Omar Arad Pérez Guzmán –quien comenzó a colaborar con el Equipo Mexicano de Antropología Forense (EMAF) en el 2017 y, lamentablemente, falleció el 19 de junio pasado –, están disponibles en la página de Facebook del Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora.