Suspenden la sesión del Congreso local para festejar el cumpleaños de una legisladora
Texto: Itzel Urieta
Fotografía: Oscar Guerrero
Chilpancingo
Las diputadas y diputados suspendieron la sesión para festejar el cumpleaños de la diputada morenista Jessica Ivette Alejo Rayo en el Congreso local.
“Esta presidencia informa al pleno que se van a declarar 30 minutos de receso”, dijo la presidenta de la mesa directiva, Yanelly Hernádez Martínez.
Algunos legisladores desconocían por qué el receso, después se enteraron que habrían de partir pastel por el cumpleaños de la diputada, quien cumplió años ayer.
La sesión transcurría con normalidad, en el punto tres del orden del día. Después de la participación del diputado Marco Tulio Sánchez Alarcón, quien presentó un dictamen para reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley de Acuicultura y Pesca Sustentable del estado, la presidenta de la mesa directiva declaró el receso.
Los legisladores se trasladaron a la sala de juntas José Francisco Ruiz Massieu, donde partieron un pastel a la diputada y convivieron. El receso en realidad se prolongó hasta los 50 minutos.
Al reanudar la sesión, los diputados culminaron con sus participaciones del punto tres.
En el punto cuatro estaban previstas cinco participaciones de las cuales sólo se realizaron dos, de la diputada Claudia Sierra Pérez, en relación al 15 de mayo, Día del Maestro, y la del diputado Andrés Guevara Cárdenas, quien habló sobre el reparto de utilidades, derecho constitucional de los trabajadores, y después la sesión terminó.
Resulta que al reactivar la sesión, de los 33 diputados y diputadas que estaban al inicio, al final sólo quedaron 16. “En virtud de no contar con el quorum se declara concluida esta sesión”, mencionó Hernández Martínez.
Proponen parlamento para poblaciones LGBTI+
La diputada perredista Jennyfer García Lucena presentó durante la sesión un punto de acuerdo para crear el Parlamento incluyente de personas de la diversidad sexual del estado de Guerrero.
De ser aprobado, este parlamento lo organizará el Congreso del estado junto a otras instituciones como el Instituto Electoral de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero (Iepcgro).
Durante su participación García Lucena explicó que es importante darle voz a los integrantes de las poblaciones LGBTI+ para conocer sus inquietudes, problemáticas, preocupaciones y propuestas.
“Es urgente llevar a cabo reformas legales y políticas para garantizar justicia y protección a las personas de estas comunidades y con ello procurar un estado de Guerrero respetuoso de derechos y garantías para todos y todas, donde la vida y formas de amar no sea motivo de discriminación u odio”, mencionó.
Este parlamento contaría con la participación de 46 integrantes de las poblaciones LGBTI+ de todo el estado, quienes serán elegidos mediante una convocatoria.
“Espero contar con el apoyo de quienes ostentan estos espacios”, agregó.
Colectivos de las poblaciones LGBTI+ estuvieron presentes durante la participación de García Lucena.
Llegaron con pancartas en las que se leían: “Exigimos el primer parlamento LGBT en el Congreso del estado”, “Mi voz tiene que ser escuchada”.
El punto de acuerdo fue turnado a la Junta de Coordinación Política (Jucopo). De aprobarse, Guerrero se convertiría en el quinto estado en organizar un parlamento para personas de las poblaciones LGBTI+, después de Ciudad de México, Oaxaca, Monterrey y Jalisco.
En la sesión de hoy en el Congreso local un grupo de diputados pidieron la renuncia del Jefe de la Oficina de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, Jesús Eugenio Urióstegui García, por haber participado en un acto de campaña de la candidata de la coalición Hagamos Historia al gobierno del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, el pasado 11 de mayo.
“¿Qué hacía el Jefe de la Oficina del Ejecutivo en un evento de campaña en un día hábil?”, dijo en tribuna el legislador priista Héctor Apreza Patrón, quien abrió el debate sobre este tema.
“Se podrían argumentar muchas cosas, que pidió permiso y que acudió con sus propios recursos, pero aquí el asunto es tener la confianza ciudadana y requiere la transparencia”, agregó.
El diputado del PRI recordó que este lunes el propio presidente Andrés Manuel López Obrador condenó que los gobiernos estatales utilicen recursos públicos para las campañas electorales.
Contó que fue el mismo funcionario estatal el que publicó en las redes sociales su fotografía en un acto de campaña en el municipio de Villa Guerrero, México.
El legislador morenista Alfredo Sánchez Esquivel dijo que si hay servidores públicos del gobierno estatal que quieren andar en campaña que renuncien.
Mencionó que de manera personal no comparte lo que hizo el funcionario del gobierno del estado. “Si él (Jesús Urióstegui) tiene un proyecto personal y quiere andar en campaña que lo haga pero con sus propios recursos”, expuso.
Cuestionó que muchos funcionarios del gabinete estatal no estén preocupados por resolver los problemas de Guerrero y les ocupen otras preocupaciones.
“Guerrero no tiene espacio para funcionarios temporaleros o de oportunidad; la gobernadora sí es de tiempo completo y por eso tiene todo nuestro respeto”, dijo.
El legislador perredista Ociel Hugar García Trujillo recordó que existe una tesis jurisprudencial de que ningún funcionario puede participar en actos de campaña en horas hábiles, porque eso es un delito.
“Ese funcionario (Jesús Urióstegui) debería de ser más responsable y abstenerse de realizar esos hechos tan penosos y lamentables”, comentó el diputado.
El legislador morenista Joaquín Badillo Escamilla entró al debate para defender al funcionario estatal y acusó a sus compañeros diputados de “generar una polémica y estar mal informados”.
Mencionó que la nota publicada en el periódico Reforma que da cuenta que Jesús Urióstegui participa en un acto de campaña de la candidata de Morena a gobernadora en el Estado de México “tiene tintes políticos”.
“Sabemos que partidos políticos están detrás de esto”, mencionó.
Amapola, periodismo transgresor también público esta información del funcionario estatal.
Después el diputado morenista leyó un documento, supuestamente suscrito por el Jefe de la Oficina, Jesús Urióstegui, con fecha 9 de mayo de este año, a través del cual le presenta su renuncia a la gobernadora.
En respuesta a lo expuesto por el morenista Badillo Escamilla, el priista Héctor Apreza Patrón dijo que en la página oficial del gobierno de Guerrero aparece Jesús Urióstegui como Jefe de la Oficina de la gobernadora. “Yo me atengo a lo oficial y aquí está la página del gobierno”, dijo.
Así fue como quedó planteado el tema el tribuna.
El diputado priista Héctor Apreza Patrón denunció en tribuna la participación del Jefe de la Oficina de la gobernadora Evelyn Salgado, Jesús Urióstegui, en un acto de campaña de la candidata morenista al gobierno del Estado de México, Delfina Gómez.
En día laborable, el Jefe de la Oficina de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, Jesús Eugenio Urióstegui García, acudió el pasado jueves 11 de mayo a un acto de campaña de la candidata a la gubernatura del Estado de México de la alianza Juntos Haremos Historia, Delfina Gómez Álvarez.
En un acto proselitista que se realizó en el municipio de Villa Guerrero, que colinda con Guerrero, Urióstegui es acompañado de un grupo de sus allegados echándole porras a la abanderada morenista.
En un video que se difundió en las redes sociales, se ve al funcionario del gobierno estatal saludar a Gómez Álvarez, a quien la abraza, le dice algunas palabras y le entrega un sombrero típico de la región de Tierra Caliente guerrerense.
La candidata de Morena también abraza a Urióstegui García y en forma breve intercambian palabras. Luego el funcionario de la administración de Evelyn Salgado, le pide a la gente que lo acompaña que le tomen unas fotografías al lado de Gómez Álvarez.
Fuentes del gobierno estatal dijeron que Urióstegui García no solicitó permiso sin goce de sueldo para ausentarse de sus labores este jueves.
Urióstegui García, quien es gente cercana a la gobernadora y a su papá, el senador Félix Salgado Macedonio, es uno de los principales organizadores de las asambleas donde se promueve la precandidatura presidencial de la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo.
Apenas el pasado domingo 7 de mayo, Urióstegui García encabezó una asamblea en Chilapa en donde hubo un pronunciamiento a favor de Sheinbaum.
En este acto político que encabezó Urióstegui también estuvieron otros funcionarios del gobierno estatal, entre ellos el subsecretario de Educación, Marco Antonio Marbán; el director de Asuntos Agrarios, Gustavo Miranda; el director de Actividades Cívicas, David Loma, y la subdirectora del Instituto de Adultos Mayores, Diana Itzel Hernández.
Urióstegui García, quien en las elecciones del 2024 busca una candidatura a una diputación por Morena, fue coordinador de asesores del subsecretario de Gobernación, Ricardo Peralta.
En el 2021, él y su ex jefe Ricardo Peralta fungieron como operadores de la campaña de Evelyn Salgado Pineda.
Después del triunfo electoral de Salgado Pineda, Urióstegui fue designado como su Jefe de Oficina y en este 2023 ejerce un presupuesto de 33 millones 95 mil pesos.
Las funciones operativas que tiene la Jefatura de Oficina es realizar y coordinar las tareas operativas del titular del Ejecutivo Estatal y darle seguimiento a los acuerdos, de manera coordinada con los distintos organismos gubernamentales, así como canalizar la demanda social.
Hasta este domingo, el gobierno estatal no ha emitido ninguna versión sobre la participación de este alto funcionario en los actos de campaña en el Estado de México en horas hábiles.
En el 2017, Astudillo también participó en actos del PRI
Durante la campaña electoral para la gubernatura en el Estado de México en el 2017, el entonces gobernador de Guerrero, el priista Héctor Astudillo Flores participó en algunos actos de campaña del abanderado de su partido, Alfredo del Mazo, quien ganó la contienda en aquella ocasión.
Esa vez hubo operadores priistas guerrerenses que estuvieron en algunos municipios del Estado de México para apoyar a Del Mazo que se enfrentó a la morenista Gómez Álvarez, quien nuevamente compite en este 2023 contra la priista Alejandra del Moral.
Las encuestas que han publicado varias empresas arrojan que a 18 días para las elecciones la delantera la lleva la ex titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Delfina Gómez Álvarez.
Durante un acto de campaña de la candidata morenista al gobierno del Estado de México, Delfina Gómez, el jefe de la Oficina de la gobenadora Evelyn Salgado Pineda, Jesús Urióstegui García, acude a saludar y a entregar un regalo a la candidata. Foto: Fotograma
La demolición y reconstrucción del edificio de la biblioteca del Congreso local, y la instalación de un tablero electrónico en el pleno son dos de las obras realizadas por la administración del Poder Legilslativo en los últimos años que están rodeadas de irregularidades porque, aun con el gasto millonario, en el caso del tablero, por ejemplo, no es usado por los diputados.
En noviembre del 2018, tiempos de la pasada legislatura, el entonces presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso local, Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros, anunció la compra e instalación en el pleno de un tablero electrónico, además de 46 tabletas y lectores de huellas que, en teoría, facilitarían las labores legislativas.
«El 24 de noviembre de 2018 el Congreso local lanzó la primera Licitación Pública Nacional para la instalación y adquisición del Tablero Electrónico, en que participaron cinco empresas y el fallo de adjudicación fue el 11 de diciembre por un monto de 7.1 millones de pesos», se lee en un boletín que fue difundido por la dirección de Comunicación Social del Congreso.
Con la designación de Sandoval Ballesteros como delegado del Bienestar en Guerrero, su cargo en el Congreso local fue ocupado por el morenista Antonio Helguera Jiménez, quien finalmente compró e instaló los nuevos aparatos en el salón se sesiones.
Los 7 millones 100 mil pesos gastados en el tablero, las tabletas y los lectores de huellas fueron para registrar las asistencias y las votaciones de los diputados, pero después de dos sesiones, nunca más los volvieron a utilizar.
Helguera Jiménez justificó la compra millonaria y dijo que con la instalación de un sistema moderno se transparentaría el voto de los diputados y se reduciría el uso de papel, porque ahí registrarían asistencia, votarían y tendrían acceso a todos los documentos necesarios para las sesiones, como el orden del día, puntos de acuerdo e iniciativas.
“Todo esto tiene el propósito de eficientar y mejorar la labor parlamentaria, y es también una herramienta que fortalece la transparencia respecto al sentido de las votaciones que se desarrollen”, dijo Helguera Jiménez durante un inauguración de la pantalla.
Las tabletas las instalaron en la curul de cada diputado.
Todo este equipo de tecnología fue presentado por Helguera Jiménez el 25 de marzo del 2019; dijo además que ahorrarían millones de pesos en papelería.
Después de la presentación hubo dos intentos de utilizar el tablero, pero la Mesa Directiva terminó por contar los votos de manera directa.
Los diputados volvieron a realizar el pase lista de manera normal, sin tecnología; desde su curul gritan presente y los integrantes de la Mesa Directiva los anota; para las votaciones es igual.
Las tabletas y los lectores de huellas fueron retirados después de varias amenazas de protestas por parte de maestros y estudiantes y, desde entonces, siguen sin colocarlas.
Lo único que quedó fue el enorme tablero electrónico que ahora sirve como pantalla donde sólo proyectan el logo del Congreso local.
Con la llegada de la 63 legislatura, en septiembre del 2021, las cosas no cambiaron, nunca volvieron a ocupar el tablero.
«Las tablets deben estar en algún rincón del Congreso, seguramente», mencionó una fuente del Congreso local, quien aseguró que dicho tablero sólo fue un capricho de los entonces diputados Helguera Jiménez y Sandoval Ballesteros, porque en un congreso pequeño como el de Guerrero no hace falta contar votos o pasar lista de manera electrónica.
«Es funcional en el Congreso federal que son 500 diputados, ahí si no puedes contarlos de uno por uno, aquí son 46 y siempre viene la mitad, no hay ningún problema en eso», mencionó la fuente.
El diputado que compró el tablero finalmente fue reeligido y nadie, ni sus compañeros y ni la oposición, le cuestionaron la compra.
La biblioteca sin terminar
Después de pasar por la compra innecesaria de un tablero electrónico llegamos a inicios del 2022, el entonces presidente de la Jucopo, el morenista Alfredo Sánchez Esquivel, ordenó demoler la Biblioteca Siervo de la Nación, ubicada en la fachada principal del Congreso .
La biblioteca fue demolida sin sustento técnico y sin el consenso de los diputados.
De acuerdo con declaraciones públicas que los diputados de los diferentes grupos parlamentarios hicieron en diversos medios de comunicación, Sánchez Esquivel jamás les informó que demolerían la biblioteca.
En su cuenta de facebook la diputada priista Gabriela Bernal Reséndiz cuestionó la demolición de la biblioteca.
«¿Quién autorizó la destrucción de la Biblioteca Siervo de la Nación del Congreso del estado de Guerrero? ¿Cuánto costará? ¿Qué empresa está realizando la obra? ¿Cuál es el proyecto que se tiene para este espacio?», escribió Bernal Reséndiz el 11 de enero del 2022.
De acuerdo con lo documentado por Amapola, periodismo transgresor, los dictámenes de Protección Civil establecían que el edificio que albergaba la Biblioteca Siervo de la Nación sólo presentaba fisuras y que requerían una remodelación, no una demolición.
Aun así el edificio fue demolido y después de cuatro meses de trabajos, la obra fue detenida por otros siete meses.
Sánchez Esquivel argumentó que se acabó el recurso presupuestado para continuar.
En septiembre del 2022, a Sánchez Esquivel lo removieron de la Jucopo y su lugar lo asumió la también morenista Yoloczin Domínguez Serna, quien junto con la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, el 22 de diciembre siguiente dieron un segundo banderazo a la obra.
Ahí explicó la secretaria de Obras Públicas del gobierno estatal, Irene Jimémez Montiel, que en la primera etapa de demolición invirtieron 10 millones de pesos y en esta segunda de reconstrucción se invertirían otros 20 millones.
En declaraciones posteriores, Irene Montiel dijo que aun con esta segunda etapa, no terminarían la obra; necesitaría una tercera etapa para los acabados y el equipamiento del edificio. Para esa tercera etapa aún no hay un presupuesto asignado.
En entrevista, Domínguez Serna dijo que en los próximos días se reunirán con Jiménez Montiel para hablar sobre la tercera etapa «y por fin concluir la Biblioteca».
La demolición de la Biblioteca llegó hasta la Auditoria Superior de la Federación (ASE), en donde está un expediente por daño patrimonial contra el Congreso de Guerrero.
Domínguez Serna explicó que la irregularidad radica en que los diputados aprobaron un presupuesto para remodelación, «mas no para demolición», por lo que la ASE investiga quién ordenó y ejecutó dicho recurso.
«Ellos (la ASE) están haciendo su trabajo, ellos son el ente fiscalizador y en su momento dictaminarán el tema de la demolición y tendrá que recaer la responsabilidad en quien tenga que caer», agregó la diputada.
Con los 7 millones de la pantalla y los otros 30 de la demolición y reconstrucción de la Biblioteca, el Congreso de Guerrero ya gastó 37 millones de pesos en dos cosas que no se ocupan y que no eran necesarias.
Las reformas recién aprobadas a la Ley General de Salud buscan poner el foco de la salud pública en la atención primaria, dicen en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ¿Qué implicaciones tiene este cambio? En entrevista, el investigador Gustavo Leal nos da algunas pistas
Texto: Alejandro Ruiz / Pie de Página
Foto: José Luis de la Cruz (Archivo Amapola)
11 de mayo del 2023
Ciudad de México
La cobertura universal de salud es un tema pendiente en México desde hace décadas y una promesa del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien ha ofrecido tener un sistema de salud «de primer mundo» al final de su administración.
Las reformas de la Ley General de Salud, propuestas por el gobierno federal y aprobadas por el Senado el pasado 29 de abril, y que incluyen la desaparición del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) son, para muchos, un reconocimiento de hecho del fracaso de la política de salud. Las autoridades, en cambio, defienden la desaparición del Insabi —creado al inicio esta administración en sustitución del Seguro Popular— y su traspaso al IMSS para evitar la duplicidad de funciones y como parte de una apuesta por la medicina preventiva.
¿Cuál es la historia detrás de esta propuesta? ¿Qué implicaciones tiene? En entrevista, Gustavo Leal, investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana y quien ha dedicado sus estudios a las políticas de salud pública en el país, desglosa los principales riesgos de esta apuesta.
Insabi: el rescate de la salud pública
En enero de 2020, el gobierno de López Obrador decretó la creación del Insabi para sustituir el Seguro Popular, un organismo creado en 2003, durante el sexenio de Vicente Fox, y que prevaleció hasta los últimos días del gobierno de Enrique Peña Nieto.
La decisión fue polémica y desató las críticas de la oposición, que pronto auguró el fracaso de este nuevo sistema de cobertura de salud.
En la práctica, los fines de ambas figuras eran los mismos: dotar de acceso a la salud pública a la población que no contaba con seguridad social en el país. En el fondo, los dos proyectos contraponían intereses distintos: la privatización de la salud pública, o el rescate de ésta.
«La sustitución del Seguro Popular es uno de los pasos más afortunados que dio la administración de López Obrador desde el principio. El Seguro Popular lo que realmente puso sobre la mesa fue el primer proyecto para vincular los servicios de salud de México al modelo asegurador de los Estados Unidos», dice Gustavo Leal.
Acelerar la federalización
El problema de fondo, resalta el investigador, era la federalización de la salud pública. Es decir, la concentración de la atención de salud en organismos e instituciones federales.
El Insabi era el inicio de una estrategia a largo plazo para cumplir este fin. Sin embargo, a pocos meses de su creación, el instituto enfrentó una coyuntura que puso a prueba su capacidad de operación: la pandemia de covid-19.
Este hecho, resalta el investigador, obligó al gobierno mexicano a acelerar los planes de federalización. También lo orilló a modificar la estrategia y tiempos para su consolidación.
«La modificación a la Ley General de Salud en 2019 contempló una primera estrategia para incorporar a la población sin seguridad social, sobre todo a los esquemas de salud. Como se cruzó la pandemia, esto implicó que el gobierno mexicano implementara en ese momento una universalidad de facto, o de hecho. Pusieron a operar todas las instituciones al servicio de atender la pandemia”, comenta el especialista.
Ante la falta de infraestructura provocada por décadas de abandono de los sistemas de salud pública, el gobierno federal concentró toda la atención en la institución con mayor capacidad para hacerle frente a la pandemia: el Instituto Mexicano del Seguro Social. Entonces, las funciones originales del Insabi fueron absorbidas por el IMSS. La necesidad del instituto quedó rebasada por la pandemia y se tuvo que diseñar un nuevo esquema para alcanzar el objetivo inicial de la estrategia de seguridad pública, que era la federalización, explica Leal.
«Lo que teníamos era una ruina»
En mayo de 2022, el presidente López Obrador instruyó al titular del IMSS, Zoé Robledo, echar a andar un nuevo organismo público descentralizado. El objetivo era atender a la población que no tuviera seguridad social.
El resultado fue la creación del IMSS-Bienestar. Este organismo retomaba los lineamientos generales de un programa creado en 1978. López Obrador conoció este programa durante su gestión a cargo del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas en Tabasco.
«(López Obrador) había visto en los años 80 ese programa. A él lo impresionó mucho, se le conoció como plan Chontalpa. Él, con ese plan, vio que la segunda oportunidad para cumplir con esta idea era utilizar la estructura del programa IMSS-Bienestar”, explica Leal.
Sin embargo, lo que quedaba de ese programa eran, en palabras del especialista, era “un montón de ruinas”.
“El programa nació en 1978 y fue muy exitoso. Inclusive, por ejemplo, cuando venían las esposas de presidentes, o de primeros ministros, las llevaba a ver ese programa. Incluso hubo primeras damas europeas que trataron de trasplantarlo porque era un programa muy en el espíritu de la declaración de Alma Ata para la atención general de salud. El programa era de avanzada, y México encontró muy buen financiamiento para ejecutarlo. A la vez tenía al IMSS con su gran sombra, como un muy buen caldo de cultivo. Pero después de (Ernesto) Zedillo y con el paso de los panistas –12 años de Vicente Fox y Felipe Calderón– y Peña Nieto, medicalizaron completamente el programa. Entonces, lo que el IMSS de la 4T recibe es una caricatura del programa del IMSS-Bienestar”.
Además, las nociones iniciales que vieron nacer al programa del IMSS Bienestar resultaban inadecuadas para el reto que se le encomendó a Zoé Robledo.
Es cierto que el IMSS es un árbol frondoso que da muy buena sombra. Eso permitió que este programa del 78 tuviera un resultado muy positivo. Pero es un programa para áreas rurales dispersas. Lo que se está ofreciendo ahorita es dar atención médica a áreas urbanas y semiurbanas. Es decir, todo el universo que no cubre lo que conocemos como la derechohabiencia tradicional del IMSS, del ISSSTE, del ISSFAM o de los institutos estatales. Al dar ese paso, el presidente, desde mi punto de visa, no estaba del todo actualizado sobre la situación de ese modelo”, detalla Leal.
El modelo que siguió a aquel programa se llamó MAIS (Modelo de Atención Integral a la Salud), y consistía, básicamente, en una estrategia de salud apoyada en las comunidades. Pero tampoco era suficiente para las nuevas exigencias.
«Zoé Robledo asumió el encargo presidencial y o que el modelo era viable. Eso no es exacto. El modelo estaba completamente en ruinas. Las administraciones panistas, que fueron realmente lamentables, lo fueron medicalizando. Es decir: le pegaron a la esencia del programa, que era que la comunidad se organizara, levantara diagnósticos de salud, generara voluntarios de la salud, parteras y médicos tradicionales, y con eso generar un primer equilibrio entre la prevención y la cura. Además, era un programa que estaba pagado con recursos federales, y no tomaba las instalaciones del IMSS ordinario, sino que tenía sus propias instalaciones: una gran cantidad de unidades médicas rurales (UMR). Pero, cuando llegó la Cuarta Transformación, lo que teníamos de eso era una ruina”.
Y añade:
“Zoé Robledo, o no entendió, o no quiso entender, pero desde el principio dijo que este modelo serviría para proyectar el nuevo encargo presidencial. Gran error: no sirve. Tanto así que empezaron a diseñar otro modelo que dieron a conocer después de que se constituyo el Organismo Público Descentralizado IMSS-Bienestar. El programa original se mantiene, pero hicieron una institución nueva con un nuevo modelo que se llama Modelo de Atención a la Salud IMSS- Bienestar (MAIS-B). Ese modelo es ecléctico y tiene muchos más elementos de salud colectiva y de prevención general que de atención primaria a la salud. Por tanto, a pesar de que es nuevo y obligatorio para todos los estados (aún para los que no se adhieran al proceso de federalización de la salud), tampoco da para el tamaño del encargo presidencial”.
Estos elementos, dice Leal, han sido desestimados en el debate público. Hoy, cuando se aborda el tema de la salud pública, lo que escuchamos son críticas y descalificaciones que añoran el Seguro Popular, o aplausos ensordecidos que no analizan críticamente las políticas de salud.
Para el investigador, ninguna de estas dos posturas abona a la discusión pública.
«Hay una porra gratuita diciendo ‘está muy bien’, o hay una descalificación inmediata diciendo ‘eso solo confirma el fracaso de la 4T’. Las dos posiciones están faltándose a algo fundamental: el análisis específico de la política de salud”.
El Seguro Popular y la privatización
En 2003, el surgimiento del Seguro Popular impulsado por el entonces secretario de salud, Julio Frenk Mora, encendió las alertas de académicos y especialistas que, como Leal, habían dado seguimiento a las políticas de Salud Pública en México. Para muchos de ellos, este nuevo organismo representaba un paso adelante para la privatización del sector salud.
«El Seguro Popular es un modelo para meter al sector asegurador a la salud, como son las Afores en pensiones. Estaba lleno de fallas por ser un diseño de escritorio. El equipo que hizo esta propuesta desconocía y desconoce buena parte de la realidad nacional en materia sanitaria. Todo su conocimiento es de cifras y datos de cubículo. Además, contaron en su momento con la penosa ayuda del PRI, que les facilitó que se votara esto en cámaras. Esto fue en 2004, cuando se leía a todas luces que ese modelo no tenía pies ni cabeza”, dice Leal.
La historia de la privatización, recuerda el investigador, inició un sexenio antes, en el gobierno de Ernesto Zedillo. Con la creación de las Instituciones del Seguro Especializadas en Salud (ISES) buscaron captar la derechohabiencia del IMSS. Su intención era empezar a atenderla en la lógica del sector asegurador. El proyecto no funcionó, pero el siguiente gobierno, de Vicente Fox, se reviró con el Seguro Popular.
«Los documentos que iluminan más esta propuesta están al final de peñismo. Ahí lo que se promovió era el siguiente modelo: tú ibas a utilizar el gasto per capita del Seguro Popular, como un pie para comprar un seguro privado. Entonces, el dinero que te iba a dar el Estado era como el primer nivel, y luego tú, según tu nivel económico, ibas poniendo un poquito más, fortaleciendo la parte privada del seguro, que tiene una falla de origen”.
Entre 2015 a 2017, la tecnocracia de la Secretaría de Hacienda mandó en el sector salud, explica Leal. «(El exsecretario de Hacienda y excandidato presidencial) José Antonio Mead era un fanático de estas visiones. Eso es lo que ellos querían pero nunca se materializó. Peña recibía los documentos, pero el equipo económico nunca tomó una carta para decir: empezamos. Tanto así que la secretaria Mercedes Juan fue destituida por el doctor Narro. Ese hombre ya no insistió en los últimos dos años del peñismo por ese camino”.
«Junto con eso —sigue Leal—, como ha señalado López Obrador, se fortaleció descaradamente el esquema de las Asociaciones Público-Privadas. Incluso en sus intervenciones de Mead como secretario de Hacienda en la Cámara de Diputados, eran en el sentido de que íbamos a caminar siempre de lado de las Asociaciones Público-Privadas. Fueron minando la estructura clínica del ISSSTE y del IMSS de manera descarada. Mucho más la del ISSSTE, donde casi se podría decir que la lograron tocar mortalmente. En el caso del IMSS, por su propio tamaño, estructura e implante territorial, fue mucho más complicado”.
El gobierno de López Obrador ”ha podido meter una política de contención frente a ese intento”, dice Leal, pero ”todavía no vemos que esa política de contención se traduzca en una política realmente para instaurar un nuevo régimen sanitario”.
Sin embargo, los rezagos de la privatización en el sector salud fueron evidentes. A la par de contener estas políticas neoliberales y hacerle frente a los estragos en la salud provocados por la pandemia, la nueva administración no ha logrado consolidar un modelo de transición que realmente permita asegurar la cobertura total en salud.
¿Un proyecto transexenal?
Para Leal, la desaparición del Seguro Popular fue un acierto para frenar la privatización. Y la extinción del Insabi es una medida necesaria para caminar a una estrategia de federalización de la salud pública. Sin embargo, los pendientes para transitar a otro régimen sanitario siguen siendo muchos.
Aunque la política de contención ha servido hasta ahora, todavía prevalece en el sistema de salud pública resquicios de la corrupción. También, señala, hay una atención desigual.
La prioridad de Andrés Manuel López Obrador, de primero los pobres, en el caso del sector salud se tradujo en un resultado desigual. Sí introdujo esta política de federalización de otorgar servicios de salud a la población sin seguridad social, pero en materia de la calidad de los servicios y de la profundidad de la prestación para la población con seguridad social no ha habido una mejora significativa. Sigue habiendo un problema de desabasto estructural, sigue habiendo tiempos de espera muy grandes, y sigue habiendo grandes dificultades de resolutividad médico-clínica”.
Además, la atención a los derechos laborales del personal de salud sigue siendo un tema sin resolverse dentro de esta nueva política.
«El capítulo laboral mexicano no está bien resuelto en este Organismo Público Descentralizado, porque los mandaron al apartado B del artículo 123 constitucional. Ahí evidentemente había un problema de costos, si los hubieran mandado al apartado A, hubiera sido sensiblemente un gasto más grande para el gobierno, pero también es cierto que eso hubiera dado una premiación mínima al equipo de salud que va a atender ahora este proceso de federalización”, refiere Leal.
Los desafíos, a cuatro años de gobierno y ya con una sucesión presidencial en ciernes, requieren de un proyecto transexenal. ”Aventar hacia adelante la consolidación de lo que consideras un verdadero cambio”.
Pero la política de salud pública en México, su futuro, dependerá mucho de la sucesión presidencial.
Los impactos de la pandemia
El reto no es menor, pues las fallas en el diseño del IMSS-Bienestar para atender a poblaciones urbanas y semiurbanas serán una tarea que la próxima administración tendrá que asumir con cautela.
Ese no es un modelo rural como el que tuvo éxito en el programa original IMSS-Bienestar, sino que este es un modelo básicamente con una población afectada, además, por el impacto de la pandemia. Los padecimientos crónico degenerativos están complejizados, el perfil de salud está mucho más dificultado (que al inicio de esta administración). Y quien llegue va a tener que atender eso. ¿Con qué equipos de salud? ¿y con qué modelo?”
Los resultados presentados por el gobierno hasta ahora, no dan pistas de que esta política de salud estén caminando en ese sentido, dice el investigador.
“Zoé Robledo ha organizado una forma de presentar el problema en la que te está cumpliendo con la oferta, podríamos decir, curativa. Esto nadie puede negarlo como un avance. Dice (Robledo): tenemos muchísimos atendidos, la recuperación de muchos quirófanos, hemos estado pintando el desabasto que está siendo atendido desde los centros. Sin lugar a dudas ves que hay un esfuerzo nuevo, pero está enfocado principalmente a la atención, falta atender la parte médico curativa. Esta manera de presentar confirma que el desafío tiene más profundidad”, reflexiona Leal.
Y hay otros ángulos en la producción del servicio de atención médica. Por ejemplo: la calidad de las intervenciones que se están dando o las reglas de atención humanitaria médico-paciente.
«El encargo presidencial es oportuno y es muy correcto. La manera de instrumentarlo nos obliga a hacer un análisis. Lo que no se ve es que esté preservando lo que realmente le daría a la estrategia de López Obrador un cambio del régimen sanitario. ¿Qué sería eso? Que fortaleciera realmente la atención primaria a la salud. ¿Qué quiere decir esto? Que trabajara hasta que hubiera menos enfermedad. Este es el punto central. Eso es complejo. Es un enorme desafío”.
Cambiar el estilo de vida
Gustavo Leal concluye que se necesita un modelo que opere sobre los estilos de vida.
“Eso es lo difícil. Cambiar un estilo de vida que te determina la enfermedad. Entender el concepto de salud como un estado de bienestar en que tú estás en tu comunidad, en tu localidad, con todo lo que te determina, esa atención primaria para la salud. El buen vivir, ese es realmente tu estado de salud. Ese te mantiene no enfermo, pero necesitas un estilo de vida”, insiste.
«Ahí es donde está el problema, porque estamos bombardeados por todos los estilos de vida de la cultura consumista que tenemos. Y ya vimos como la pandemia proyectó costosamente hacia el futuro toda la crisis de obesidad, los infartos, los cáncer. Este universo tan complejo tiene que ver con el estilo de vida. Es lo que implica un cambio de régimen sanitario. Y eso tarda”.
Un elemento del Ejército resguarda el hospital del IMSS Chilpancingo durante la pandemia de Covid-19, en 2020. Foto: José Luis de la Cruz (Archivo Amapola).
Este texto es propiedad de Pie de Página y lo reproducimos como parte la Alianza de Medios de la Red de Periodistas de a Pie. Puedes leer el original en este enlace.
Por: Arturo de Dios Palma, Emiliano Tizapa Lucena y Jesús Guerrero.
Este lunes, Javier Saldaña Almazán comenzó su tercera campaña a la rectoría de la Universidad Autónoma de Guerrero (Uagro).
Es innecesario que la haga, desde hace mucho el resultado es conocido por todos, y si no, echemos una miradita al pasado inmediato. Exacto, acertaron: Saldaña es una máquina electoral, las dos anteriores las ganó, que decimos la ganó, arrasó y avasalló. Y este 25 de mayo ocurrirá lo mismo.
No se crean nada. Saldaña no es una máquina electoral, y menos arrasa. Como en esta ocasión, en las otras dos fue candidato de “unidad”. Y tampoco se crean eso de la “unidad”.
Saldaña no compite, copta. No une, intimidad y amedrenta. Se impone. Y la mayoría de los universitarios han preferido simular. Prefieren replegarse al rector “emérito” antes de exigir una elección libre, informada y democrática.
Por ejemplo, el 5 de mayo, Saldaña solicitó ante la Comisión Electoral de la Uagro su registro como candidato a la rectoría. Se hicieron tres marchas para acompañarlo en las que participaron miles de profesores, estudiantes y administrativos.
También solicitaron su registro otros dos universitarios pero casi nadie se dio cuenta, y no fue fortuito, ahorita les contamos a qué se debió.
Saldaña presumió, con inserciones pagadas en los medios de comunicación, que 20,000 universitarios lo acompañaron a solicitar su registro.
Fue un acto innecesario. ¿Para qué mostrar el músculo si ya sabía que iba ser el candidato único? ¿Para meterle miedo a los otros dos que solicitaron el registro? ¿Para mostrar que los universitarios sí lo quieren? ¿Para soñar con una futura candidatura a la gubernatura? ¿Para qué?
Todo fue una simulación. Y los universitarios lo saben perfectamente. La mayoría participó porque en los dos rectorados anteriores, Saldaña los benefició, tal vez, con la basificación, una recategorización, tiempo completo, con el ingreso a la universidad de un hijo, nuera, esposa o esposo, más salario o más privilegios.
Ahora por ejemplo, los que son directores de las escuelas en cuanto dejan el cargo de inmediato tienen su tiempo completo, sin importar la categoría o la antigüedad. Esa prerrogativa se la entregó porque sabe que los directores tienen el pulso y control en las escuelas. Son sus operadores.
Y a los que aún no se benefician, participaron con la esperanza de hacerlo.
Y, por supuesto, también hubo otros que asistieron por la presión que ejercieron los directores de las escuelas.
“Maestro, ya tengo su lugar en la urvan para ir a la marcha, no falte, recuerde que van a pasar lista para saber quién apoya y quién no”, le dijo un director a un profesor, según nos contó.
El mensaje traducido: ‘Si no apoya se cierran las puertas’.
El día de la marcha, muchos estudiantes, sin ningún reparo, decían: “estamos acá porque el profesor fulano nos prometió un punto” o “que nos va a pasar en su clase”. Incluso algunos después de que les pasaron lista, huyeron a almorzar o recorrer la capital.
Casi nadie asistió porque de verdad piense que Saldaña es el idóneo para dirigir a la Uagro. Casi todos asistieron por intereses personales, de grupo o por temor.
¡Así quien no junta 20,000 personas!
La marcha de 5 de mayo mostró la forma de hacer política de Saldaña. ¿Y cuál es esa forma? La más añeja, la más anquilosada. Como en la prehistoria de la política en México, acarreó a cientos de profesores y estudiantes. Decenas de camiones urbanos, sobre todo de Acapulco, entorpecieron el tráfico en Chilpancingo. Repartieron tortas con refresco, jugos y aguas. Se mostró la peor herencia de los priistas: el corporativismo y el clientelismo.
Ese día, la Uagro se asemejó más al PRI que a una Universidad-Pueblo de la que tanto evocan.
Paréntesis: ¿Cómo creen que terminó la marcha? Como en tiempos de elección a cargos públicos, con el clásico chayote. Reporteros, fotógrafos y creadores de páginas de Facebook –muchos que no sabemos ni de dónde salieron– se formaron al inicio de una escalera para subir al primer piso de la rectoría.
Ahí estaban formados todos esperando hasta que llegaron los encargados de Comunicación Social de la Uagro, y comenzaron a subir en grupos a los reporteros, primero los de Chilpancingo, fue la instrucción. A unos les ganó la ansiedad por no quedar fuera de esa antigua costumbre y casi dan el portazo.
Estos mismos reporteros hicieron vacío al registro de los otros dos aspirantes a rector: Silvia Alemán Mundo y Jorge Luis Urióstegui Train, así como a la marcha contra Saldaña del Frente por la Educación, la Democracia y la Insitucionalidad Guerrerense (FREG) que realizaron el sábado. ¿Acaso ese apoyito a los reporteros, fotógrafos y pagineros hizo eco para hacer vacío a los otros dos registros y a la marcha? Fin del paréntesis.
Seguimos, pero nadie debe extrañarse, ese ha sido el tenor de la Uagro en los tiempos de Saldaña. No tiene otra forma de hacer política.
La marcha, según las pancartas, no sólo fue para acompañar a Saldaña a solicitar su registro, también para defender la autonomía de la Uagro. No es broma, así como lo escuchas. No seríamos capaces de bromear con semejante cosa.
Esa exigencia fue cinismo puro. Si alguien no ha defendido la autonomía sino todo lo contrario, la ha entregado, ese es precisamente Javier Saldaña. En sus dos rectorados, convirtió a la Uagro en un brazo propagandístico, de acarreo y porras del gobierno en turno. Convirtió a la Universidad en la sumisión.
Hasta ahora, la Uagro de Saldaña no ha sido capaz de exigir justicia por algunos de los universitarios asesinados en este proceso de violencia que vive Guerrero. Ha guardado un silencio profundo, por no decirlo cómplice. ¿Entonces de qué paz hablan? ¿Cuándo Saldaña ha exigido paz para la Sierra, para Chilpancingo o para Guerrero?
Recuerdan cuando el gobierno de Guerrero era del PRI, Saldaña era priista y la Universidad también. Utilizó a la Universidad como su moneda de cambio, cuando el priista Héctor Astudillo Flores era el gobernador, la Universidad estuvo al servicio del PRI, incluso, en el pasado proceso electoral, los universitarios apoyaron a Mario Moreno Arcos.
En abril de 2021, cuando arrancó su campaña por la alcaldía de Acapulco el priista, Ricardo Taja Ramírez, acompañado del entonces candidato a gobernador, Mario Moreno Arcos, la Universidad en su página oficial de Facebook transmitió 16 minutos de su acto en el puerto, del cual rápidamente se arrepintieron y eliminaron el video.
Antes, Saldaña ya había utilizado a la Universidad en su intención de convertirse en candidato del PRI a gobernador, por eso la reelección.
Esa relación no fue en vano, en 2016, Astudillo Flores, propuso ante el Congreso de Estado reformar la Ley Orgánica de la Uagro. La reforma llevaba una intención muy clara: que Saldaña se pudiera reelegir y así fue.
El 8 de marzo de ese año, el Congreso local aprobó una reforma a la Ley Orgánica de la Universidad. La enmienda tenía un artículo en especial: el que le abrió la puerta a Saldaña para la reelección.
A la reforma la llamaron Ley Saldaña, porque él mismo la operó, pero, sobre todo, porque le dio ventaja sobre cualquier otro oponente. En el artículo 10, fracción II inciso C del Reglamento Electoral de la Universidad está el mayor candado para cualquiera que, en ese momento y ahora, quiera competir contra Saldaña: “Acreditar el reconocimiento y aval de 40 consejeros universitarios o los consejeros académicos de al menos 20 unidades académicas o 150 consejeros académicos”.
Esa misma reforma, le sirvió para que se convierta por tercera vez en candidato único. La Comisión Electoral de la Uagro rechazó el registro de Silvia Alemán y Jorge Luis Uriostegui, y ¿por qué creen? Sí, porque no cumplieron con el artículo 10 del Reglamento Electoral.
En 2018, con el triunfo de la presidencia de la República de Andrés Manuel López Obrador, se pensó que Morena no iba a protegerlo. Pero sí. Saldaña pactó con el clan de los Salgado, con la gobernadora, la morenista Evelyn Salgado Pineda y su papá, el senador Félix Salgado Macedonio, y ahí está de nuevo como candidato único y casi, casi rector.
Ahora en muchos de los eventos de la gobernadora, ahí están los universitarios echando porras. Halagando a la mandataria.
Sí, pactó con los que prometieron transformar la vida pública y ahora, paradójicamente, son el principal apoyo para la consolidación del cacicazgo de Saldaña en la Uagro.
Hace unas semanas, la alcaldesa de Chilpancingo, la morenista Norma Otilia Hernández Martínez, le entregó la presea conmemorativa a los hermanos Bravo. ¿Por qué? ¿Qué mérito tiene Saldaña para recibir una presea? A la vista ninguno. Pero es parte de los favores de Morena. La presea es una forma de legitimar el cacicazgo de Saldaña. No es otra cosa.
Reiteramos: ¿Por qué Saldaña tiene sometida a la Universidad? ¿Por qué los universitarios permitieron que la universidad perdiera su talante de lucha, su esencia de Universidad-Pueblo? ¿Dónde están los guerrilleros que se refugiaron en la Universidad? ¿Por qué casi nadie se atreve a cuestionar a Saldaña, a contradecirlo? ¿De plano no hay otros liderazgos?
Y una más: ¿Por qué en Morena lo recibieron? ¿Por qué la gobernadora y su papá, lo apoyan? ¿Qué les ofreció Saldaña? O ¿Qué le deben los Salgado a Saldaña?
Porque hay que recordarlo, cuando el jefe del clan de los Salgado recibió su constancia de senador electo dijo: “No puede ser que haya un pueblo pobre con un gobernante rico, ni puede ser que haya una Universidad pobre, donde se rechazan a los jóvenes estudiantes, con un rector rico, tampoco se puede”.
No eran amigos, pero ahora son inseparables.
Saldaña será rector y, sobre todo, los estudiantes se quedarán sin la posibilidad, por cuarta ocasión, de elegir a su rector. Habrá votaciones el 25 de mayo, unos votaran por Javier, otros por Saldaña y el resto por Almazán. Pero al final sólo servirá para legitimar lo que ex rector ya impuso.
No habrá debate, no se discutirá el rumbo de la Universidad, será una sola visión la que predomine. La que domine. La que mande. Un cacicazgo en una universidad debería ser impensable, porque es el espacio por naturaleza donde convergen (o deberían) todos los pensamientos posibles. ¿La unidad sirve para algo o más bien a quién le conviene la supuesta unidad?
Ojalá que sean los estudiantes los que den la cara por la Universidad, que rechacen asistir a las urnas a cambio de un punto, que resistan las presiones y que logren, con su abstención, hacerse escuchar.
Posdata: Ya que habrá campaña, sería bueno que alguien le exija rendir cuentas. ¿Quién la pagará? Y ¿Cuánto costará todo el montaje? Porque cada año, siempre el rector pide recursos extraordinarios para pagar aguinaldos, bonos, apoyos y becas, sí esas que tanto promete Saldaña.
Chirrionazo: El pasado 4 de mayo, un día después del Día Mundial de la Libertad de Prensa, el director de Comunicación Social del gobiero del estado y sobrino de Ángel Aguirre Rivero, René Possetl Aguirre, continuó con su campaña de posicionamiento en los medios, pues, en algunos diarios publicaron “Reconoce René Posselt labor de los periodistas”.
Si algo ha hecho René es no ayudar a los periodistas, su política de comunicación ha consistido en colocar en un bunker a la gobernadora ante la críticas de la prensa, en limitar las preguntas a Evelyn Salgado, y en lo que va de su gobierno no ha dado ninguna conferencia presencial para aceptar preguntas libres, sino solo las que están negociadas. ¡Vaya libertad de prensa!
Colaboración especial en Amapola periodismo de sus brothers, sus panas, hermanos, su sangre y su clicka: Arturo de Dios Palma, Emiliano Tizapa Lucena y Jesús Guerrero Salgado. Aquí nos pueden enviar sus comentarios y chismecitos: eltlacololcolumna@gmail.com
Tlacolol es una columna satírica que cuestiona los hechos y dichos de lo que acontece en Guerrero. La opinión vertida en esta columna es responsabilidad de sus autores. Agradecemos el espacio a Amapola Periodismo por respetar la libertad de expresión y no censurar nuestras opiniones e interpretaciones
Violencia contra las mujeres, violencia política de género, mujeres indígenas, acciones para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y el acceso al aborto fueron los temas principales que se abordaron en el Parlamento de Mujeres Guerrerenses 2023 realzado por el Congreso local.
Participaron 46 mujeres de colectivas, académicas, investigadoras y de la sociedad civil de los 81 municipios del estado de Guerrero, quienes fueron electas mediante una convocatoria que consistió en presentar una propuesta de iniciativa de ley, investigación o propuesta de reforma que pudieran ser integradas a la agenda legislativa.
Algunas de las propuestas fueron, reformar la Ley 553 de acceso a una vida libre de violencia.
“Falta una ley de salud mental para atender a mujeres víctimas de violencia, en Guerrero no se cuenta con una ley de salud mental. Se solicita que las mujeres víctimas tengan acceso gratuito en las instituciones de salud mental”, mencionó la parlamentarista Evelin Morales Silvestre.
Las parlamentaristas de las siete regiones coincidieron y propusieron en varias ocasiones temas como el de otorgar más ayuda a las mujeres con discapacidad, la conclusión de reformas pendientes sobre paridad de género, presupuesto con perspectiva de género, derechos de las mujeres y espacios libres de violencia.
En lo que coincidieron la mayoría de las parlamentaristas fue en la solicitud al Congreso local de reformas la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, “para cuidar el derecho a la vida y la seguridad de las mujeres, niñas y adolescentes que diariamente sufren agresiones en los espacios públicos y en el mismo seno familiar”, dijo en tribuna la parlamentarista Zitlali Guadalupe Nava Rivera.
La parlamentarista María Estrella Leal Ortuño pidió se apruebe “lo antes posible” la Ley 3 de 3 para que ninguna persona deudora de pensión alimenticia, agresora sexual o que cometió violencia familiar pueda tener un cargo de elección popular o un empleo en los tres órdenes de gobierno.
Otro propuesta realizada por la parlamentarista Diana Cecilia Jiménez Carrasco fue que se revisen los logros y pendientes respecto a la Agenda 20-30 sobre igualdad de las mujeres en la vida política, pública, económica y social.
Plantearon la necesidad de reformar la Ley de Trabajo de los Servidores Públicos del Estado, la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y la Ley de Salud, todas del estado de Guerrero, para que las mujeres que sufren dismenorrea (afección menstrual que produce calambres y dolor frecuentes) se les otorgue suspensión de dos días con goce de sueldo.
Otra propuesta fue que se adicione la fracción I del artículo 1 de la Ley 817 de Personas con Discapacidad, “a efecto de garantizar la inclusión de mujeres y niñas con discapacidad y que en el Consejo Consultivo y el Consejo Estatal de Discapacidad sean integradas mujeres”, mencionó la parlamentarista Sara García Valladares
Uno de los grandes temas que abordaron por varias parlamentaristas fue el de los derechos de las mujeres indígenas y afromexicanas, por lo que Alondra Iturbide Ortiz se pronunció por reformar la Constitución Política del Estado “para que a partir de los 18 años las mujeres puedan participar en los procesos de elección popular, y que el Congreso, en coordinación con la Secretaría de Salud, generen acciones para que los hospitales y centros de salud cuenten con intérpretes, además de incorporar a médicos que dominen las lenguas originarias, y dotarlos de equipamiento y medicinas para un mejor servicio”, mencionó en tribuna.
En materia educativa plantearon reformas a la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para que la Secretaría de Educación incluya en los planes y programas de estudio el derecho de las mujeres, las adolescentes y las niñas una vida libre de violencia, que coadyuve a generar un sistema educativo de calidad e incluyente.
También una propuesta para sancionar a los medios de comunicación que aborden los temas de feminicidio “con fines amarillistas y muestren los cuerpos de las mujeres y niñas que han sido violentadas o asesinadas”, además de impartir cursos de sensibilización a ministerios públicos y periodistas que trabajen con familiares de las víctimas, propuso Brianda Cruz Segura.
De tres candidatos que se registraron para contender por la rectoría de la Universidad Autónoma de Guerrero (Uagro), la Comisión Electoral sólo aprobó la candidatura del dos veces rector, Javier Saldaña Almazán, quien va por su tercer periodo al frente de la máxima casa de estudios.
La noche de ayer, la Comisión Electoral de la Uagro notificó a los aspirantes a la rectoría, y posibles contrincantes del ex rector, Silvia Alemán Mundo y Jorge Luis Urióstegui Trani, que su solicitud de registro no fue aprobado por acuerdo de los nueve integrantes de la Comisión.
Dicha Comisión sólo aprobó el registro para el dos veces rector y autonombrado maestro emerito, Javier Saldaña Almazán.
Con estas resoluciones, Saldaña Almazán irá como candidato único a la rectoría de la Uagro; igual que en sus otras dos contiendas pasadas.
Con el inminente triunfo de Saldaña Almazán, para el periodo 2023-2027, el ex rector acumularía 12 años en el poder de la máxima casa de estudios de la entidad.
Su primer periodo fue de 2013 a 2017, y aunque en la Ley Orgánica de la Universidad estaba prohibida la reelección, el Consejo Universitario logró reformarla para que fuera contemplada y beneficiar a Saldaña Almazán.
En dicha reforma también agregaron un requisito para quien quisiera ser candidato, el cual era tener la aprobación de 40 consejeros universitarios que avalarán de manera previa la candidatura del aspirante.
Este requisito fue el que no logró cumplir Alemán Mundo ni Urióstegui Trani.
Fue así que “al haber cumplido con los requisitos generales y específicos del artículo 30 de la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de Guerrero No. 178” Saldaña Almazán será por tercera ocasión el candidato único y, por lo tanto, próximo rector de la Uagro.
Con esto la Comisión Electoral entregó oficialmente la constancia de candidato a rector a Saldaña Almazán, quien es acusado en distintos medios de comunicación de corrupción y enriquecimiento ilícito durante sus dos administraciones al frente de la Uagro.
También es señalado por parte de grupos disidentes interior de la Universidad de privatizarla y «acabar con democracia».
El rectorado oficial de Saldaña Almazán comenzará el próximo mes de septiembre.
El día de ayer, un grupo de universitarios disidentes y en contra de la candidatura de Saldaña Almazán, marchó por el centro de la ciudad para exigir «la democratización de la Uagro».
Unos quinientos integrantes del Frente por la Democracia y la Institucionalidad Guerrerense (FREG) marcharon para exigir transparencia en el proceso electoral que se permitiera la participación de Alemán Mundo y Urióstegui Trani.
La marcha salió a las once de la mañana del monumento a Nicolás Bravo, recorrió la avenida Insurgentes y culminó en la Alameda Granados Maldonado, donde realizaron un mitin y una asamblea para determinar sus acciones.
El contigente era encabezado por Alemán Mundo, Urióstegui Trani y el ex diputado federal de Morena, Rubén Cayetano García.
Los manifestantes señalaron que están en contra de «la dictadura» dentro de la Uagro y mencionaron que harán un frente de egresados para rescatar a la Universidad.
De manera consecutiva, Saldaña Almazán ya fue rector en los periodos 2013-2017 y 2017-2021,
Texto: José Miguel Sánchez
Fotografía: Óscar Guerrero
5 de mayo del 2023
Chilpancingo
Este mediodía, el ex rector Javier Saldaña Almazán se registró otra vez, por tercera ocasión, como candidato para contender por la Rectoría de la Universidad Autónoma de Guerrero (Uagro); de ganar acumularía 12 años en el poder de la máxima casa de estudios del estado.
El registro ocurrió con estudiantes acarreados de todo el estado, con la promesa de sus maestros de punto adicionales y otras promesas. Y el grueso de los docentes y administrativos, también a cambio de promesas, como puestos en la administración central, horas, bases, tiempos completos.
A muchos de esos trabajadores universitario se les vio repartir tortas, jugos y refrescos a los alumnos durante la marcha.
El contingente que transitó por las principales calles de la ciudad, encabezada por Saldaña Almazán, hasta llegar a Rectoría, fue definida como una movilización «para defender la autonomía universitaria», aunque su razón de ser fue completamente partidista.
Las consignas que gritó el contingente siempre fueron a favor de Saldaña Almazán, ninguna por la autonomía.
La movilización comenzó frente a las instalaciones de las preparatorias número uno y nueve, donde una gran cantidad de estudiantes, con uniformes, salieron en marcha con dirección al sur de la ciudad.
El contingente avanzó con música de banda, personajes en zancos, batucadas y botargas; era una fiesta.
Hizo una parada en Ciudad Universitaria para sumar otro contingente de escuelas de Acapulco, Costa Chica, Costa Grande y Tierra Caliente.
Al final, hubo quienes calcularon unos 5,000 asistentes, pero las cuentas oficiales de Saldaña Almazán difundieron que fueron más de 15,000.
En las entradas de Rectoría un grupo de académicos repartían tortas y jugos a los estudiantes que llegaba, y les daban una gorra y una playera blanca con las letras JSA, iniciales de Javier Saldaña Almazán, y con el slogan de su nueva candidatura Lo mejor está por venir.
El registro oficial de Saldaña Almazán como candidato ante la Comisión Electoral ocurrió alrededor de las once de la mañana y, posteriormente, entre matracas, globos, música y más tortas el llamado maestro emérito dio un discurso a sus seguidores.
Dijo que era tiempo de las mujeres, pero la aplastante candidatura de la Rectoría de la Uagro es para él. Sólo puso como ejemplo a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, “a quien le mando un gran abrazo y saludo y decirle que siempre tendrá nuestro apoyo”. Desde tiempos previos al movimiento electoral por la gubernatura, se le vio junto los Salgado con el ex rector.
Desde el balcón del edifico principal de Rectoría observaron el acto después del registro personajes universitarios, desde el actual rector José Alfredo Romero Olea, el ex gobernador interino, Rogelio Ortega Martínez; la directora del Museo Universitario José Juárez y esposa del rector actual, Anabela Latabán Campos.
Afuera del edificio de la Rectoría, una veintena de camiones urbanos de Acapulco, urvans y autobuses de otros municipios, llenaron el área.
También fue utilizado transporte oficial de la Universidad para el traslado de estudiantes.
Por la marcha, en las avenidas Benito Juárez, Miguel Alemán, Lázaro Cárdenas y José Francisco Ruiz Massieu hubo un gran congestionamiento vehicular.
Durante la marcha, los estudiantes, muchos de ellos menores de edad, aun bajo el sol parecía que disfrutaban la movilización.
“Pues, nos dijeron que nos iban a subir un punto si veníamos y, aquí estamos, aunque nos dieron el día por ser 5 de mayo nos dijeron que teníamos que venir”, mencionó un estudiante.
“Yo vengo porque nos dieron transporte, nos cancelaron clases y si anotábamos nos podían subir un punto”, agregó otra alumna proveniente de Acapulco.
Después de registro de hoy, la campaña inicia oficialmente el día lunes 8 de mayo y concluye el lunes 22; las elecciones se realizarán el día 25 de mayo.
“Hicieron todo bien rápido porque saben que van a ganar”, mencionó un maestro.
Si Saldaña Almazán llega a la Rectoría de la Uagro por tercera ocasión cumpliría 12 años al frente de la institución.
Hasta ahora sólo se sabe que la académica Silvia Alemán Mundo, ex candidata a la alcaldía de Chilpancingo, se registró también como candidata. Pero quien tiene toda la estructura a su favor es Saldaña Almazán; quedó expuesto hoy.
Saldaña Almazán, el rector eterno
De manera consecutiva, Saldaña Almazán ya fue rector en los periodos 2013-2017 y 2017-2021, aunque la reelección estaba prohibida por la Ley Orgánica de la Uagro; en 2017 el Consejo Universitario aprobó la reelección directa.
Concluido su segundo periodo, en 2021 y tras contagiarse de Covid-19, Saldaña Almazán deja el puesto y pospone las elecciones; queda como interino quien era el secretario general de la Uagro.
Las elecciones se atrasaron dos años, por lo que los directores permanecen ocho años en sus puestos, aunque en la Ley dicta que deben ser tres años y, de acuerdo con una fuente universitaria, para no dividir el voto por Saldaña Almazán, se optó por posponer otro año las elecciones de directores, tiempo en el que ha permanecido, Romero Olea, su allegado.
El presidente afirmó que si tienen pruebas de corrupción por contratos otorgados a amigos de su hijo Andrés, “que vayan a la fiscalía”.
Texto: Animal Político
Fotografía: Facebook Andrés Manuel López Obrador
El presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó la investigación que documenta los contratos, por más de 100 millones de pesos, que recibieron los amigos de Andrés López Beltrán de parte del gobierno federal; afirmó que sus hijos no son corruptos y que no hay conflicto de interés.
Al ser cuestionado sobre el reportaje presentado por el sitio Latinus, afirmó que sí tienen pruebas de corrupción, que vayan a la fiscalía.
“Loret saca un reportaje de que mis hijos están haciendo negocios, cosa que es rotundamente falso, que es parte del periodismo que él ejerce porque en realidad es un mercenario que pertenece al hampa del periodismo, no pasa nada porque no es cierto; especialista de montaje, y si tiene pruebas de corrupción, que vaya a la fiscalía”, dijo.
Afirmó que algunos sí son amigos de su hijo, pero que no es nada el monto: “Sí algunos, pero hagan la cuenta y vean el reportaje no es nada, es una desesperación, es calumnia”, comentó.
Durante la conferencia matutina, señalo que los contratos existen, pero que sus hijos no tienen que nada que ver.
“Pues sí, deben de existir (los contratos), pero mis hijos no tienen nada que ver, mis hijos no son corruptos, nada que ver con Loret de Mola”, comentó.
¿Hay conflicto de interés?, se le cuestionó a López Obrador, a lo que afirmó:
“Nada, nada, nada, no hay ningún problema. Que porque el primo, del amigo, de la hermana que es amiga de Andrés, ¿y? Nada”, dijo.
López Obrador criticó al periodista Carlos Loret de Mola, quien presentó en su programa en Latinus el reportaje titulado “Los negocios de los amigos de Andy en el gobierno federal”.
Señaló que ha pedido a sus hijos aguantar y no caer en provocación.
Los contratos que recibieron los amigos del hijo de AMLO
Latinus documentó que amigos de Andy, hijo del mandatario, recibieron contratos por más de 100 millones de pesos de parte del gobierno federal, a través de una red de empresas que simulan competencia.
El trabajo señala que dichos contratos fueron otorgados por Comisión Nacional del Agua (Conagua) para el parque ecológico que se construye en los terrenos de lo que sería el aeropuerto de Texcoco, que el mandatario clausuró por supuesta corrupción.
Además de otro otorgados por la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, en cinco de sus obras y son los que construyen el nuevo Archivo General Agrario.
El subejercicio de recursos reportado en el informe trimestral de Hacienda se da mientras hospitales públicos registran falta de insumos y la vacunación de niñas y niños está en niveles bajos.
Texto: Nayeli Roldán / Animal Político
Fotografía: José Luis de la Cruz (Archivo)
3 de mayo del 2023
Entre enero y marzo de este año, el IMSS, el ISSSTE y la Secretaría de Salud federal tenían presupuesto aprobado para comprar materiales y suministros, realizar inversión en hospitales estatales y para el programa de vacunación, pero no han gastado 40 mil 468 millones de pesos, de acuerdo con datos del primer informe trimestral de la Secretaría de Hacienda (SHCP).
Esto significa que las instituciones que atienden a la mayor parte de la población afiliada a servicios de salud no cuentan con los materiales y suministros necesarios para la atención hospitalaria que preveían necesitar y, por tanto, comprar en los primeros meses de 2023.
Esto ocurre meses después de que el proceso de compra de medicamentos y materiales de curación sufriera retrasos debido a las fallas que presentó la nueva versión de Compranet, la plataforma mediante la que el gobierno debe realizar todas las adquisiciones y que fue relanzada a inicio de año.
Solo en enero hubo dos momentos de retraso. El 17 de enero, al extender el plazo para que los posibles participantes pudieran enviar sus cotizaciones, y el 27 de enero, cuando se debía publicar a los ganadores, pero esto se hizo hasta el 31 de enero.
Las empresas ganadoras tenían que hacer los contratos y después realizar la logística de entrega de un volumen significativo, pues se trata del proceso de compra más grande en el año, con 280 millones de piezas y un máximo de 700 millones de piezas de las 639 claves de medicamentos y materiales de curación que deberán surtir durante todo 2023 en nueve instituciones, incluyendo al IMSS y al ISSSTE.
Eso significó que los insumos que se requerían para 2023 no se habían comprado ni se encontraban en los hospitales al menos al terminar enero.
De acuerdo con el informe de Hacienda, el IMSS no había gastado 25 mil 577 millones de pesos, lo que representa 10% de lo presupuestado para los primeros tres meses del año, dinero que estaba destinado a materiales y suministros, pago de pensiones, servicios generales y servicios personales.
Así se indica en el apartado “Variación del gasto programable respecto al presupuesto aprobado” del primer informe trimestral de Hacienda.
En el ISSSTE, explica el informe, no se han gastado 13 mil 108 millones de pesos previstos para las “erogaciones en servicios generales, materiales y suministros, servicios personales, e inversión física”, lo que significa 9.6% del presupuesto para este trimestre.
Mientras tanto, la Secretaría de Salud no ha gastado mil 711 millones de pesos de presupuesto para el Programa Fortalecimiento de los Servicios Estatales de Salud y del programa de vacunación, según se informó en el reporte de Hacienda.
Esto ocurre cuando México atraviesa el peor nivel de vacunación de los últimos 18 años, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2018-2019. Los datos revelaron que solo 18.5% de menores de un año de edad cuenta con su esquema completo de vacunación, es decir, ocho de cada 10 no están protegidos contra enfermedades para las que ya existen vacunas.
El Hospital General de Chilpancingo tomado por los trabajadores que exigían el pago del FEGAC, el pasado 21 de septiembre del 2021. Foto: Jose Luis de la Cruz (Archivo Amapola)
¿A quién protegen los alcaldes de la Tierra Caliente?
Por: Arturo de Dios Palma, Emiliano Tizapa Lucena y Jesús Guerrero.
La reunión del 27 de abril en las instalaciones del 34 Batallón de Infantería del Ejército en Ciudad Altamirano entre la gobernadora, la morenista Evelyn Salgado Pineda, con alcaldes y diputados de las regiones de Tierra Caliente y Norte, fue todo un desencuentro. Se dieron con todo.
El único asunto a tratar en la reunión fue la seguridad, pero para los ediles y legisladores y no para la ciudadanía de estas regiones que han vivido azotados por la violencia e inseguridad desde hace por lo menos 10 años. La organización criminal la Familia Michoacana es la ley en esa región con la complicidad del poder político y económico.
¿A caso una organización criminal se puede empoderar tanto sin el apoyo institucional? ¿Sin la protección de un gobierno o del mismo Ejército? No, sin la ayuda institucional serían imposible.
Es de dominio público que la organización criminal que dirigen los hermanos José Alfredo y Jhonny Hurtado Olascoaga tienen de aliados a ocho de los nueve municipios. Zirándaro, es la excepción porque está aliado con el Cártel Jalisco Nueva Generación, con quien la FM mantiene una tregua.
Es decir, la FM lleva mano en los pactos con los alcaldes y diputados locales en ocho municipios. Eso le permite controlar los precios de los productos básicos, hidrocarburos, transporte, medicinas, ferreterías. Controlan, pues, la economía de la región.
La reunión con Salgado Pineda se originó por un escrito con fecha 8 de abril que le enviaron 11 ediles (ocho de Tierra Caliente y tres de la Zona Norte), dos diputadas y un diputado local, así como un legislador federal, en el que aseguraron recibir amenazas de muerte de la organización criminal de Los Tlacos, rival de la FM.
«Fue una reunión áspera y caótica», contó una fuente consultada.
Fue la diputada del distrito 17 de Coyuca de Catalán, la perredista Elzy Camacho Pineda, la que encaró con más rudeza a la mandataria estatal.
«Yo no llegué con el apoyo de un grupo, yo llegué con el apoyo del pueblo», le reviró en tono enojado la gobernadora a Camacho Pineda, quien es hija de Eli Camacho Goicochea, un ex alcalde de Coyuca de Catalán y ex legislador local del PRD, durante el gobierno de Zeferino Torreblanca Galindo.
Camacho Goicochea fue asesinado a balazos por un grupo armado de la FM en mayo de 2017 cuando era asesor del gobierno de Héctor Astudillo Flores, sin que hasta el momento se sepa el motivo.
Pues, bien, el jueves 27 fueron casi tres horas de intensó diálogo que terminó sin acuerdos, aunque la mandataria estatal propuso un nuevo encuentro, pero no les dijo a sus interlocutores la fecha ni el lugar.
Salgado Pineda junto con los secretarios de Gobierno, Ludwing Marcial Reynoso Núñez; el de Seguridad Pública, Evelio Méndez Gómez y la fiscal de hierro, la coronel del Ejército Sandra Luz Valdovinos Salmerón, se salieron y abordaron un helicóptero militar que los condujo de retorno a Chilpancingo.
Obvio ese desplante que les hizo la gobernadora molestó a los ediles y legisladores, así como a la cúpula de la FM.
Un día después, el viernes 28, un grupo de ediles que estuvieron con la gobernadora se reunieron en Ciudad Altamirano.
Y ese mismo día, personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) acompañado por elementos del Ejército y Guardia Nacional realizaron un cateo en una bodega en la colonia Tierra Blanca, en Ciudad Altamirano.
En esa bodega y en otros inmuebles decomisaron al menos diez vehículos, entre ellas una camioneta Hummer y un automóvil Lamborghini con reporte de robo, que tienen un costo de más de un millón de pesos. Los lugares donde fueron aseguradas las unidades son personas cercanas a uno de los Hurtado Olascoaga.
Los vehículos asegurados ya fueron trasladados a un corralón de la FGE, ubicado en la comunidad de Petaquillas, a 20 minutos de Chilpancingo.
Resulta más extraño que días antes, el 22 de abril, en esa misma bodega de la colonia Tierra Blanca la FGE, Policía Estatal, Ejército y Guardia Nacional realizaron un cateo en el que hallaron 30 vehículos, pero ninguna unidad fue asegurada. «Nos retiramos sin ninguna novedad», fue el parte policiaco que dio a conocer ese día la SSP.
Durante la operación coordinada por la FGE, transportistas cerraron la carretera federal durante hora y media en dos puntos, en Poliutla y en Ciudad Altamirano.
Pero el viernes 28 de abril, las cosas fueron diferentes. Los alcaldes y diputados tenían doble enojo: la falta de respuesta por parte de la gobernadora y las supuestas arbitrariedades que, según ellos, estaba cometiendo la FGE, realizando detenciones y cateos en casas.
Los mismos ediles operaron en forma inmediata el estrangulamiento de la carretera federal Ciudad Altamirano-Iguala, desde Arcelia hasta Riva Palacio, en la frontera de Michoacán.
También cerraron las carreteras que conducen a Tlalchapa y Ajuchitlán del Progreso.
La historia de estos bloqueos ya se sabe. Los transportistas y ciudadanos son obligados a participar en las protestas. Detrás de estas acciones está la FM.
No obstante, en el gobierno de la morenista Evelyn Salgado Pineda, hay otra historia rara y dos hechos que generan sospechosismo de los alcances de este grupo delictivo en el gobierno estatal.
El 21 de enero de este año, policías estatales, Guardia Nacional y Ejército desalojaron a autodefensas identificados con Los Tlacos en el municipio de Apaxtla de Castrejón, donde llegaron en noviembre del 2022 para frenar a otros autodefensas de la Tecampanera de Teloloapan, vinculadas a la organización criminal de La Bandera.
En ese desalojo del 21 de enero, fueron detenidos ocho autodefensas en Apaxtla y en lugar de que las fuerzas de seguridad los llevaran a rendir su declaración ministerial al distrito judicial de Teloloapan, los llevaron a Coyuca de Catalán.
Tras negociaciones con el gobierno, los ocho detenidos fueron liberados, pero en vez de regresarlos a Apaxtla, los policías estatales los llevaron al poblado Riva Palacio, municipio de San Lucas, en Michoacán, que está bajo control de la FM.
Desde entonces los ocho autodefensas siguen desaparecidos y su líder, Salvador Alanís, aseguró que la Policía Estatal los entregó a la Familia Michoacana.
El 28 de marzo, en otra operación de la Policía Estatal en la comunidad de El Parotal del municipio de Petatlán, supuestamente se enfrentaron a balazos con pobladores. El saldo de estos hechos fue de cinco personas muertas, entre ellas el director de la Unidad de Fuerzas Especiales, Jaime Téllez Ruiz, dos policías y dos civiles.
Videos difundidos por habitantes de El Parotal, se ve cómo los agentes que tienen sometidos confiesan que los individuos que murieron en el supuesto enfrentamiento pertenecían a la Familia Michoacana.
Es decir, estos dos hombres de la FM, se unieron al convoy de los agentes estatales. Hasta el momento, el gobierno de Salgado Pineda no ha aclarado este grave hecho y el jefe que ordenó este despliegue en esa comunidad serrana, Irving Jiménez Sánchez, sigue en el cargo.
Esto no es nuevo, con el priísta Héctor Astudillo Flores también había la sospecha de que a la FM se le protegía institucionalmente.
En mayo de 2017, una magna operación efectuada por la Policía Estatal desalojó a supuestos policías comunitarios identificados con el grupo del crimen organizado de Los Tequileros, que dirigía Raybel Jacobo de Almonte, y que tenía bajo su control San Miguel Totolapan y Ajuchitlán del Progreso, donde realizaba secuestros masivos de personas y efectuaba cobros de piso. O sea era la competencia delictiva a los líderes de la FM, José Alfredo y Jhonny Hurtado.
Los gobiernos federal y estatal desmantelaron a la organización de Los Tequileros. En julio del 2018, se dio a conocer que Raybel Jacobo había muerto en un enfrentamiento a balazos en una comunidad del municipio de Heliodoro Castillo.
El gobierno de Astudillo y el entonces presidente, Enrique Peña Nieto, dejaron intacto el poderío de la Familia Michoacana, ahora con los morenistas Andrés Manuel López Obrador y Evelyn Salgado Pineda aún no hay quien frene a esta organización.
«Los bloqueos que hubo en Tierra Caliente es una demostración de fuerza de la Familia Michoacana para darle un mensaje al gobierno que aquí con ellos nadie se mete», dijo un ex funcionario originario de Tierra Caliente.
La tarde del lunes, terminaron los bloqueos carreteros en Tierra Caliente. Y como si no hubiera pasado nada, la gobernadora y los ediles y diputados hicieron las paces. ¿Será verdad?
Esta situación no sólo evidenció los nexos políticos de la FM, si aún hay dudas, pregúntese: ¿Por qué estos alcaldes y diputados sólo denunciaron a Los Tlacos, rivales de la FM? ¿Por qué no denunciaron también a la FM para liberar a su población de la carestía impuesta, del cobro de piso y de los secuestros? ¿Por qué la Fiscalía parece actuar muy diferente al gobierno del estado? ¿Por qué la gobernadora no ordenó desalojar estos bloqueos de inmediato como lo hace en la Autopista del Sol, en Chilpancingo? ¿Por qué la alcaldesa morenista de Zirándaro, Tania Pecheco Duarte, no firmó el documento?
Al gobierno del estado nos debe más explicaciones, luego de que sólo en un boletín de la Vocería de la Coordinación para la Construcción de la Paz, sostuvo que “grupos ligados a la delincuencia organizada gestaron bloqueos a diversas vías de comunicación de la región de Tierra Caliente con la finalidad de inhibir los operativos desplegados en la zona”.
Tras eso, quién deberá también dar explicaciones es el presidente estatal de Morena, Jacinto González Varona, porque en esos bloqueos en los que el propio gobierno señala que son impulsados por el crimen organizado participa la alcaldesa morenista de Tlalchapa, Tania Mora Eguiluz.
Documento con fecha ocho de abril firmado por alcaldes y diputados que le hicieron llegar a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda. Los representantes populares piden apoyo ante las amenazas que reciben del grupo del crimen organizado de Los Tlacos.
CHIRRIONAZO.- Ya se cumplieron más de cuatro meses de que reiniciaron los trabajos de la construcción de la biblioteca del Congreso local y la presidenta de la Junta de Coordinación Política, Yoloczin Domínguez Serna, no informa del resultado de las transas, perdón, irregularidades que detectó la propia Auditoría Superior de la Federación (ASF). Y es que la legisladora morenista está más entretenida en promocionarse en Acapulco para suceder a Abelina López Rodríguez que dedicarse realmente a su trabajo.
Colaboración especial en Amapola periodismo de sus brothers, sus panas, hermanos, su sangre y su clicka: Arturo de Dios Palma, Emiliano Tizapa Lucena y Jesús Guerrero Salgado. Aquí nos pueden enviar sus comentarios y chismecitos: eltlacololcolumna@gmail.com
Tlacolol es una columna satírica que cuestiona los hechos y dichos de lo que acontece en Guerrero. La opinión vertida en esta columna es responsabilidad de sus autores. Agradecemos el espacio a Amapola Periodismo por respetar la libertad de expresión y no censurar nuestras opiniones e interpretaciones
