Migrar y deportaciones, la crisis que no frena ni la pandemia

Reportería y foto: María Ramírez Blanco

Producción / Diseño sonoro: Jade Ramírez y Perimetral.Press

 

 

La incertidumbre social al iniciar el confinamiento en Jalisco fue visible para los empleados formales, comercios, escuelas e industria. Pero el impacto poco retratado fue en la población migrante estacionada en Guadalajara, ciudad a la que llegan en espera de obtener el visado humanitario.

Migrantes ya establecidos en sus propios hogares y con empleo temporal, tuvieron que volver a los albergues para personas en tránsito porque fueron los primeros despedidos.

Paralelamente a este fenómeno, aunque se establecieron restricciones para viajes, a Guadalajara llegaron deportados extranjeros y retornados mexicanos, en vuelos comerciales desde Estados Unidos de Norteamérica, como medida “de prevención”, según el país vecino.

En este episodio relatamos lo que significa la COVID-19 para quienes están en tránsito, cómo los albergues en Guadalajara se desbordaron y cómo un solo sacerdote scalabrini auxilió a deportados a miles de kilómetros de su país de origen o ciudad de nacimiento.

 

* Este texto forma parte del  proyecto Covid y Desigualdad de la Red de Periodistas de a Pie elaborado en colaboración con DW Akademie, con el apoyo del Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo de Alemania (BMZ).

 

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¿No oyes ladrar los perros? Pequeñaseconomías en crisis

Reportería y foto: Rocío Salas Arreola, Susana Rodríguez Y Juan Carlos Salcido

Producción / Diseño sonoro: Jade Ramírez Y Perimetral.Press

Música original: Fabián Machuca

 

Al interior del Estado de Jalisco, México, en las ciudades medianas de alrededor de 172 mil habitantes, si existe la prosperidad económica es por la creación de campus de la Universidad de Guadalajara, pues los corredores industriales solo promueven la mano de obra barata.

A través de la educación pública se descentralizan servicios educativos a nivel bachillerato, licenciaturas y posgrados a tres o seis horas de la capital, Guadalajara, por lo que la movilidad académica se aproxima a un derecho más que un privilegio.

Jóvenes de pueblos o comunidades indígenas acceden a esa educación y ello genera un entramado de comercios que, paralizada la universidad por la pandemia, tuvieron que cerrar hasta extinguirse.

En este episodio relatamos cómo pequeños y medianos comercios, alrededor de los campus en Lagos de Moreno y Ocotlán, batallaron hasta la quiebra, pues no fueron rescatados por el Gobierno de Jalisco; también te contamos qué debió promover la administración del gobernador Enrique Alfaro Ramírez, más allá de solicitar un crédito por 1 mil 200 millones de pesos que sólo benefició a las cúpulas empresariales.

 

* Este texto forma parte del  proyecto Covid y Desigualdad de la Red de Periodistas de a Pie elaborado en colaboración con DW Akademie, con el apoyo del Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo de Alemania (BMZ).

 

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En pandemia ni se piensa ni se trabaja

Reportería: Susana Rodríguez De Alba

Producción / Diseño sonoro: Jade Ramírez y Perimetral.Press

Música Ooiginal: Fabián Machuca

El histórico rezago educativo en México se volvió un botón de muestra para hablar de inequidad y falta de acceso a la educación en condiciones dignas.

Al haberse cerrado los campus universitarios de la Universidad de Guadalajara en regiones al interior del Estado de Jalisco, estudiantes dejaron las licenciaturas en ciudades donde emigraron a adquirir competencias académicas, libertad, vivencias para el mundo laboral y un futuro que no los sometiera al autoempleo.

Pero la pandemia los hizo volver a comunidades pequeñas de donde salieron, aceptar empleos agrícolas y claudicar en la única oportunidad de romper la cadena de desventaja y pobreza. Brincar de la migración planeada, a la forzada.

En este episodio, además, te contamos la doble complejidad en alumnas indígenas y las primeras evidencias de la depresión masiva entre el alumnado a nivel licenciatura que llegó a ideas suicidas en la ciudad de Guadalajara.

 

* Este texto forma parte del  proyecto Covid y Desigualdad de la Red de Periodistas de a Pie elaborado en colaboración con DW Akademie, con el apoyo del Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo de Alemania (BMZ).

 

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Cuando la tragedia no es la misma: Pandemia y muerte en la comunidad migrante poblana en EU

Antes de la llegada de la COVID-19, la comunidad migrante en EU ya enfrentaba otra pandemia, una para la que no hay vacunas: la desigualdad. Entonces a la tragedia se le sumó la incertidumbre y a la marginación, el luto. Hace años, cuando Vicente, Guadalupe y Rosa cruzaron al norte en busca de una vida mejor, jamás pensaron en que su vulnerabilidad como migrantes les pondría tan cerca de la muerte


Texto: Ray Ricárdez / Lado B

Ilustración: Conejo Muerto

8 de febrero del 2022

 

Desaparición y retorno: Vicente

–Mi hermano ya llevaba años allá en Estados Unidos, cerca de 12 o 13 -cuenta Germán López Cruz desde el estado de Puebla-, todo estaba bien, él nunca dejó de llamar, estaba trabajando, siempre apoyó a mis papás económicamente, hablaba muy seguido, pero de hace un año o año y medio para acá, cambió todo.

Hace año y medio Vicente López Cruz, dedicado a la construcción, originario de Zacatlán, un municipio en la sierra norte de Puebla, perdió la vida en un hospital de Manhattan. A su muerte, le siguió su desaparición: su familia localizó sus restos hasta un año después, en una fosa común que los servicios de sanidad locales utilizaban para arrojar los cuerpos no identificados durante la pandemia.

Antes de la tragedia, conocidos de Vicente le contaron a su hermano Germán que él tenía un problema de salud debido a un accidente en el que se había golpeado la cabeza. Su familia no lo sabe bien, pero quizás por eso, a finales de marzo del 2020, se desmayó en la calle y Martín, otro de sus hermanos que también vivía en EU, lo llevó de emergencia al hospital.

A Vicente lo ingresaron al hospital Mount Sinai, ubicado en Queens, Nueva York, el 28 de marzo del 2020. Y esa fue la última vez que su hermano lo vio con vida.

–Perdimos comunicación con él -recuerda Germán.

Quisieron visitarlo en cuanto lo internaron, sin embargo, el personal médico les impedía el acceso argumentando las restricciones sanitarias por la pandemia. Tampoco les proporcionaban alguna información sobre su estado de salud. Y, poco después, el hospital ya no tenía reporte alguno del ingreso de Vicente.

“No hay ningún Vicente aquí”, le decían a su familia.

Entonces Martín emprendió su búsqueda, mientras su familia en Zacatlán hacía lo que podía para intentar dar con él a la distancia.

Martín recorrió las calles de Nueva York, sus hospitales, centros psiquiátricos, morgues y demás lugares donde pudiera existir la posibilidad de encontrarlo. No dejaba de recordar aquella tarde cuando lo acompañó en la ambulancia y lo vio ingresar en aquel hospital donde, de la nada, ya no sabían nada de él.

El tiempo pasaba y Vicente no aparecía. Ni desde Zacatlán, ni en Nueva York, sus amigos y familiares lograron obtener información. Incluso Germán viajó a Puebla para buscar ayuda del gobierno estatal, pero tampoco ahí le dieron apoyo.

“Los consulados están rebasados porque ni tienen el personal, no cuentan con el equipamiento, a veces las personas al frente de ellos no son sensibles con los problemas de las comunidades y además no tienen recursos económicos (…), ni la voluntad política para atender esta situación”, dice Arturo Villaseñor, coordinador de Puente Ciudadano en Puebla, una organización que atiende población en contexto de movilidad.

Martín seguía la búsqueda de su hermano hasta llevarse a sí mismo al límite. Sin trabajo, terminó con sus ahorros al grado de quedarse sin casa debido a que no pudo pagar la renta. A veces dejaba de comer y, cuando la vergüenza no le ganaba, se quedaba a dormir en casa de algún amigo. Desgastado y sin ánimos, luego de seis meses regresó a Zacatlán sin éxito.

Seguían sin saber de Vicente.

Hallazgo y retorno

Un año después, cuando Germán y sus hermanos estaban planeando viajar a los Estados Unidos para continuar la búsqueda, un amigo suyo les compartió una foto que había salido en una página de desaparecidos en Nueva York: era Vicente.

–Desafortunadamente sí era él; es como nos enteramos que ya había fallecido -lamenta Germán.

En más de una ocasión revisaron los registros del sistema forense en Nueva York y no encontraron información alguna de Vicente. Fue hasta que apareció su nombre en aquella publicación de personas desaparecidas, cuando por fin se mostraron también sus datos.

–Increíblemente en el papel, en el reporte, dice que venía del hospital Mount Sinai de Manhattan; sí tenía los datos, no sé por qué un año buscándolo y no nos dijeron nada -reprocha Germán.

A Vicente lo trasladaron del hospital Mount Sinai de Queens al Mount Sinai de Manhattan, donde, según el informe, finalmente falleció el 31 de marzo del 2020, por un derrame tras una lesión en la cabeza. Su cuerpo fue enviado a la morgue y finalmente a la fosa común en la isla Hart, destinada a las víctimas de coronavirus, aunque él no había muerto por eso.

–Algunos migrantes nos cuentan que muchos paisanos cayeron en la fosa común –advierte Arturo Villaseñor. Y dado que la estadística de muertes abarca solamente a cierta población, la que sí pudo ser contada e identificada, hubo personas que quedaron fuera de los registros y por ende sin identificar en estas fosas, ya que no tenían una familia que reclamara sus cuerpos, y ni siquiera un nombre tras su muerte.

Incluso, en su momento, Martín sí fue a solicitar información al hospital donde su hermano murió en Manhattan, sin embargo ahí también le dijeron que no existía registro alguno de Vicente.

–Nosotros no nos explicamos por qué, si salió de ese hospital, si sí tenían el nombre y el registro de todo, ¿por qué cuando hablamos nosotros o por qué cuando se buscó no nos dijeron que sí salía de ahí? Desde el primer día nos hubiéramos ahorrado toda esa búsqueda, toda esa preocupación -lamenta Germán.

Villaseñor explica que cuando fallece una persona migrante en EU se complica su localización por la falta de documentos de identidad oficiales, lo cual impide a su familia saber dónde y cómo está.

Repatriación de Vicente

Fue la familia de Vicente la que, mediante la adquisición de una deuda, asumió todos los gastos funerarios y de repatriación de sus restos. “Lo incineraron y lo trasladaron aquí a México”, cuenta Germán, pues a pesar de que la situación económica era difícil, no encontraron apoyos de ningún tipo. La funeraria cobró entre 7 y 8 mil dólares, y ni los gobiernos de México, del estado de Puebla o de Nueva York aportaron.

La repatriación de cuerpos ha sido en incertidumbre, es un proceso muy largo y costoso, que afectó a las familias en México, sobre todo en lo económico pero también en lo emocional.

Ángelo Cabrera, líder comunitario migrante en el Bronx, investigador en temas de movilidad y fundador de la organización Masa, recuerda casos de familias a las que les llegaron a cobrar entre 10 mil y 15 mil dólares por gastos funerarios, y no recibieron ningún apoyo de parte de las autoridades.

En el caso de Vicente, la repatriación fue lenta: sus cenizas llegaron a su natal Zacatlán tras haber transcurrido cuatro meses, sumándose así a otros casos de Puebla en los que se vivió un proceso largo y complejo.

–Era inaudito pedirle a alguien que hiciera todo ese proceso (de repatriación) cuando está lidiando con el dolor de la pérdida de un familiar -sentencia Cabrera.

Además, al momento de que la familia de Vicente analizó la posibilidad de buscar una indemnización por parte del hospital Mount Sinai, un abogado desde Nueva York les explicó que los hospitales, en tiempos de pandemia, estaban protegidos por el gobierno y por ende, deslindados de toda responsabilidad por las personas fallecidas.

Desempleo, crisis e incertidumbre: Guadalupe

Intubado y con escasos signos vitales, el esposo de Guadalupe, Eriberto Zurita, se despidió de ella a través de una videollamada desde el hospital donde estaba internado, el 6 de mayo del 2020, justo antes de morir a causa de un paro cardiaco resultado del desgaste que le ocasionó el coronavirus.

A su muerte, a ella le aguardaban más problemas: lidiar con los gastos funerarios, el cuidado de sus tres hijos, las deudas y el desempleo.

–Se enfermó, lo internaron por 20 días; de ahí, como tres días antes de que él falleciera le metieron el tubo, me avisaron que, lamentablemente, le había dado un paro -narra Guadalupe Ángel Benítez, originaria de San Felipe Ayutla, una comunidad en Izúcar de Matamoros, municipio ubicado en la entrada de la mixteca poblana.

–Cuando empezaron a llegar los contagios, empezó la tragedia -recuerda Luis Gallegos, especialista en estudios migratorios, que llegó a Nueva York para trabajar con las comunidades migrantes en marzo del 2020, cuando se cerró el tránsito de personas. –Entró el pánico muy acelerado dentro de la comunidad, pero empezó más cuando los contagios estaban mucho más fuertes y la gente empezó a morir.

La primera muerte por COVID-19 en la urbe se registró el 14 de marzo, pero el punto alto se alcanzó el 19 de abril, registrando mil 221 decesos. Hasta abril del 2021, el gobierno de Puebla había reportado la muerte de 660 poblanas y poblanos en EU a causa de COVID-19.

El esposo de Guadalupe era originario de Tepeacatzingo, Puebla, ubicado al suroeste del estado, en el municipio de San Juan Epatlán, caracterizado por la pobreza y vulnerabilidad en la que vive el 75 por ciento de sus habitantes, según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).

Eriberto enfermó a mediados de abril y tras no responder a los medicamentos, tuvieron que internarlo de emergencia. Y a pesar de que no estaban permitidas las visitas familiares debido a las restricciones sanitarias, cuando la situación se tornó más grave, permitieron que Guadalupe, sus hijas e hijo, de uno en uno, pasaran a verlo.

En el hospital les dijeron que buscarían “limpiarle los pulmones”, pero con la advertencia de que tal vez no sería suficiente.

Cuando su estado de salud pasó de grave a crítico, el hospital permitió que su hija e hijo mayores entraran a verlo. A pesar de que “su corazón ya latía despacito”, él podía escucharlos. Y así, vestidos con equipo de protección sanitaria pudieron entrar. Con ambos a su lado, Eriberto falleció.

Paralelamente, mientras la enfermedad desgastaba a su padre, su hijo empeoraba también a causa de esta. Guadalupe, también contagiada, tuvo que gestionar su recuperación. Ella recuerda que a su hijo “se le estaban tapando los pulmones”.

–Yo ya chillaba, yo estaba mal, ya no podía caminar, estaba yo sin comer por seis días, y aún así yo me lo llevé al hospital arrastrando; no sé cómo tuve fuerzas de ver a un hijo que se me está muriendo.

Vinieron las deudas

Viuda y sin papeles de residencia permanente -también conocida como green card-, Guadalupe no pudo acceder a los apoyos de asistencia económica del gobierno de Estados Unidos, de modo que atravesó el duelo en incertidumbre.

Y es que, de acuerdo con Ángelo Cabrera, durante la pandemia, tener un documento de identificación (como el pasaporte) se volvió crucial para acceder a servicios que daba el Estado tales como: salud, fondos de apoyo para trabajadores, apoyos de asistencia en la renta, apoyos para infancias, entre otros.

–Muchas de estas familias quedaron excluidas por la ineficiencia de la representación del gobierno mexicano a través de sus consulados aquí en Nueva York -dice el líder comunitario, pues muchas personas migrantes ingresan al país sin estos papeles y necesitan tramitarlos; pero en pandemia, tardaban mucho en entregarlos.

Desde antes de la pandemia ya se documentaba la precariedad laboral, la carencia de servicios y la falta de acceso a seguridad social y programas de asistencia en que viven las y los migrantes mexicanos en este país. Tan solo en 2017, 8 de cada 10 inmigrantes (principalmente de nacionalidad mexicana) carecía de un plan de pensión y no tenía acceso a servicios de salud a través de un seguro brindado por sus empleadores.

Y sin embargo, las y los migrantes sí pagan taxes (impuestos). Según datos de New American Economy, una organización bipartidista de investigación y defensa de la inmigración, consignados por Los Angeles Times, en 2018 los inmigrantes indocumentados pagaron aproximadamente $31.9 mil millones de dólares.

Con la enfermedad vino el desempleo, y lo primero que Guadalupe tuvo que enfrentar fueron los gastos funerarios, para los cuales la familia de Eriberto y sus amistades le prestaron dinero. En contraste, el gobierno mexicano en EU respondió con negativas.

–Mi hija con amistades, yo con amistades, juntamos (dinero) gracias a Dios, pero se siente bien feo que el propio consulado no me quiso ayudar sabiendo que yo soy mexicana, él es mexicano; no les estaba pidiendo para que yo comiera, les estaba pidiendo para su funeral – reclama. Ni el consulado, ni el gobierno de Puebla la ayudaron con el proceso administrativo y mucho menos con los gastos.

Al respecto el especialista en estudios migratorios Luis Gallegos, considera que no hubo una respuesta adecuada a las circunstancias por parte del gobierno mexicano: “cuando los paisanos empezaron a fallecer y a tener más complicaciones en su vida diaria no fueron apoyados por sus autoridades, por quienes los representan”.

Guadalupe estuvo alrededor de cuatro meses sin trabajo. Antes tenía empleos de limpieza en diferentes apartamentos, después, con la crisis sanitaria, le avisaron que no se presentara.

“Me afectó demasiado porque se me juntó la renta, la luz… se me juntó todo, como no te imaginas”. En el peor auge de la crisis, con las secuelas que le dejó el coronavirus, con las deudas encima y el duelo de su esposo, salía a buscar despensas regaladas por las organizaciones civiles para alimentar a su familia.

Hoy en día ha recuperado algunos de sus antiguos trabajos y pagado algunas deudas.

No más remesas y crisis familiar: Rosa y José juan

Cuando Rosa y José Juan no pudieron enviar dinero a México sintieron frustración. “No tenemos qué comer”, les decían por teléfono la madre y el padre de él. Entonces pedía prestado para mandar algo. De acuerdo con la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), 7 de cada 10 migrantes en el mundo dejaron de enviar remesas a causa de la pandemia.

Rosa Mota, originaria de Tehuacán, un municipio a 132 kilómetros de la capital poblana, lleva 17 años en el estado de Nueva Jersey viviendo con su hija y esposo. Actualmente funge como niñera, aunque antes de la pandemia se dedicaba a la limpieza de hogares pero, igual que 335 mil 430 inmigrantes mexicanos en EU entre diciembre del 2019 y diciembre del 2020, según cifras del Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos (CEMLA), perdió su empleo y con ello la oportunidad de enviar remesas a su familia en México.

–Mi hermano falleció y la mamá de mi nuera también (en México) -recuerda Rosa, a causa del virus-, fueron situaciones bien tristes y dolorosas, la verdad: no poder hacer nada, no poder ayudar. Me sentía bien mal.

Su esposo José Juan Montoya se dedicaba a la fabricación de colchones, pero también perdió el trabajo en la pandemia. Ambos quedaron sin sueldo, compensaciones o apoyos del gobierno para resistir la crisis sanitaria con su hija, Celeste.

–Somos inmigrantes, no gozamos de los mismos privilegios que los ciudadanos de aquí, de este país, ellos dejaron de trabajar, pero seguían recibiendo su cheque por desempleo, nosotros no -dice José Juan, quien también tuvo que experimentar la angustia de tener a un ser amado enfermo en México por COVID-19: su padre

En casa también enfermaron Rosa, José Juan y su hija. “Yo estuve tan enferma que tuve miedo, mucho miedo y más que nada por mi nena, porque ella me tiene a mí y a mi esposo”.

Ambos creen que en México existe la sensación de que las y los migrantes que viven en Estados Unidos “viven bien y no les falta nada”. Sin embargo, Rosa asegura que se vive en condiciones complicadas, rodeadas de discriminación y racismo.

–Quiero decirles que se borren esa idea de la cabeza de pensar que aquí los que venimos a este país a trabajar vivimos como reyes, no es cierto, nos rompemos el lomo para ganar un peso y para poder ayudarnos, que no piensen eso de que nosotros somos malos hijos, malos hermanos o malos padres (por no enviar remesas) -sentencia José Juan Montoya.

Resistir en comunidad

–Nueva York es una ciudad de muchísimos recursos, con una infraestructura de gobierno vasta y desarrollada, pero profundamente desigual; y durante la pandemia estas desigualdades se exacerbaron y la gente que vivía marginada económica, social y políticamente se vio sumamente afectada –dice por su parte Marco Castillo, presidente de la junta directiva de la Red de Pueblos Transnacionales, una organización migrante integrada principalmente por personas de origen poblano.

Cuando los gobiernos de México, Estados Unidos y Puebla fueron omisos para atender las necesidades de las y los migrantes, fue la generosidad de la comunidad la que les permitió salir adelante. Berenice Santiago, integrante activa de la Red de Pueblos Trasnacionales y migrante poblana, recuerda que a través de despensas, acompañamiento y entregas de bienes básicos pudieron ayudar a las familias que más lo necesitaban.

–Para nosotros hablar de la respuesta del gobierno mexicano para enfrentar el problema de COVID en Nueva York, y especialmente para brindar apoyo a los connacionales poblanos, fue fatal, fue un insulto -sentencia Cabrera, quien asegura que la representación mexicana actuó hasta que la comunidad empezó a ayudarse.

Rosa Mota lo veía como un compromiso moral, no “soltar la toalla” hasta que la gente saliera de la enfermedad. “Nos ayudamos de parte y parte, porque aquí así es, no hay de otra”.

–Durante la pandemia, las comunidades más devastadas por el COVID fueron las comunidades migrantes, porque ellos no tuvieron el lujo de quedarse en casa para resguardarse por su estatus migratorio, por las leyes anti inmigrantes, desde este proceso de desigualdad de quienes tienen acceso a la riqueza -concluye Cabrera.

 

* Este texto forma parte del  proyecto Covid y Desigualdad de la Red de Periodistas de a Pie elaborado en colaboración con DW Akademie, con el apoyo del Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo de Alemania (BMZ).

 

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Enseñar es resistir: Así fue la pandemia sin escuelas para las infancias rarámuri

Abandonadas por el gobierno, las comunidades urbanas rarámuri que migraron a la capital de Chihuahua en busca de una vida distinta, huyendo de la sequía, la presencia del crimen organizado, los proyectos extractivos y la muerte, se enfrentaron a preguntas sin respuestas sobre la educación de sus hijos e hijas, mientras su pesadilla sobre un bicho se hacía realidad


Texto: Óscar Rosales / Raichali noticias

Investigación: Óscar Rosales, Raúl Fernando Pérez, Jaime Armendáriz

Video y fotografía: Raúl Fernando Pérez

Traducción de entrevistas: Carlos Fierro

 

María escuchó atentamente a su cuñada. La recuerda muy inquieta, preocupada por un sueño, una pesadilla de esas que nadie quiere tener. “Decía que iban a morir muchos seres humanos, que iba a llegar una enfermedad muy grande”, relata María Luisa Chacarito y añade: “Decía que no se iba a terminar”.

Chacarito es lideresa rarámuri de Rinconada Los Nogales, una de las 18 comunidades indígenas urbanas de Chihuahua, capital del estado con el mismo nombre, en la frontera norte de México.

Era diciembre del 2019, un momento del año en que las familias indígenas, en su mayoría de la etnia rarámuri, están más atentas a la tempestad del crudo invierno, cuando las temperaturas en esta región empiezan a descender más allá de los cero grados centígrados, que a una enfermedad del otro lado del mundo.

Pero tan sólo tres meses después del 31 de diciembre, cuando se encendieron las alertas de la Organización Mundial de la Salud (OMS) tras la notificación del primer caso de COVID-19 en la ciudad de Wuhan, en China, la pesadilla comenzó a tomar forma.

El lunes 23 de marzo el gobierno mexicano comenzó la Jornada Nacional de Sana Distancia, nombre que se le daría a las políticas de confinamiento para contener la propagación del virus Sars-CoV-2, que causa la enfermedad COVID-19, después de que se registraron los primeros casos en el país.

Por esos días, un familiar de Chacarito volvió a soñar con la enfermedad. Era la cuarta vez que en la comunidad alguien soñaba con el virus.

Para la cultura rarámuri los sueños son muy importantes. Sus médicos tradicionales, owiruame en lengua rarámuri, curan a través de los sueños. Por eso decidieron realizar el Yúmare, su principal ceremonia tradicional, en la que danzan y cantan desde la noche hasta el amanecer. Ahí le pidieron a Onorúame, el dios rarámuri, que los protegiera de la enfermedad.

Ciertamente, los temores contenidos en aquellos sueños nocturnos fueron un indicio de lo que se venía. Las medidas del gobierno para contener el virus implicaron el cierre de muchos centros de trabajo, la cancelación de eventos masivos, el aislamiento en casa y la suspensión de clases en todas las escuelas.

Sin nadie en las aulas de clase y con niños y niñas sin poder salir de casa, las dudas se repetían en los padres y las madres de las comunidades: ¿Quién acompañaría a sus hijos e hijas mientras trabajan? ¿Cómo iban a aprender ahora sin maestros? ¿Perderían el ciclo escolar? ¿El gobierno ayudaría?

Las historias y testimonios de diez de estas 18 comunidades exponen cómo la Comisión Estatal para los Pueblos Indígenas de Chihuahua (COEPI), órgano de gobierno destinado a realizar y gestionar políticas públicas para los pueblos originarios, no cumplió en su totalidad con las funciones que le corresponden en el ámbito educativo formal en un momento de emergencia, como la pandemia por COVID-19.

Fue con ayuda de la sociedad civil, que las familias de las comunidades Pájaro Azul, Rinconada Los Nogales, Cerro de La Cruz, Díaz Infante, La Soledad, Gabriel Tepórame, Rubio, Napawika, El Oasis y la colonia Tarahumara, lograron atender a 350 niños, niñas y adolescentes durante el ciclo escolar, supliendo así muchas de las funciones de un Estado despreocupado por sus pueblos originarios.

La adversidad antes del bicho

Los pueblos rarámuri migran a la capital en busca de una vida distinta. Dejan su hogar en la sierra por diferentes razones: falta de empleo, la sequía, la tala inmoderada de sus bosques por parte de ejidatarios chabochis, desnutrición y, principalmente, la presencia del crimen organizado y los proyectos extractivos, como la minería, que atentan contra sus tierras y sus pobladores. Tan solo desde el 2013 hasta el 2021, han sido asesinadas 18 personas activistas y defensoras del territorio indígena en Chihuahua.

La vida para una persona indígena en la urbe chihuahuense nunca ha sido fácil. En Rinconada Los Nogales, distinta a la colonia vecina del mismo nombre, pero ocupada por personas no indígenas, es decir, mestizas -chabochi, como les dicen en lengua rarámuri-, no hay pavimento ni cancha de basquetbol, como sí hay en las comunidades Pájaro Azul o Gabriel Tepórame.

Muchas de las casas están hechas con materiales improvisados, como tablones, lonas y láminas, que poco protegen de los climas extremos que se viven en las planicies centrales de Chihuahua.

Ubicada al suroriente de la ciudad, Rinconada Los Nogales está asentada junto a los desechos industriales de la antigua fundidora Ávalos. Montañas de plomo, cadmio, arsénico y zinc, abandonadas a la intemperie desde 1997, forman parte del paisaje.

Esta, al igual que el resto de comunidades, son resultado del desplazamiento de miles de personas indígenas originarias de la Sierra Tarahumara, una cadena montañosa de bosques y valles que forma parte de la Sierra Madre Occidental, la cordillera más extensa de México.

Provienen de municipios como Bocoyna, Guachochi, Carichí y Guadalupe y Calvo. Su presencia permanente en la capital comenzó en la década de los 30’s, aunque hay historiadores y antropólogos, como Enrique Servín, abogado, políglota, activista, escritor, poeta y lingüista mexicano, destacado defensor y estudioso de las lenguas indígenas, que sostienen que en la ciudad siempre hubo personas rarámuri.

Sin embargo, la construcción de las comunidades no ocurrió sino hasta 1957, cuando la Misión Evangelística Mexicana levantó las primeras casas de adobe, sin servicios básicos, sólo techadas y con piso de tierra, en la comunidad que hoy se conoce como El Oasis, al suroeste de la ciudad.

Con el paso de los años, gracias a la filantropía chihuahuense, el apoyo de la sociedad civil, la iglesia y la extinta Coordinación Estatal de la Tarahumara (el organismo anterior a la COEPI, esta última creada en 2016), algunas comunidades pudieron mejorar un poco de su infraestructura.

Las comunidades indígenas en la capital se asemejan a pequeños fraccionamientos, ubicados dentro de una colonia mucho más grande, normalmente habitadas por chabochis.

En la comunidad Gabriel Tepórame, también al sur de la ciudad, las casas son de una o dos habitaciones y un baño. Están construidas de manera contigua, desde una vista aérea forman un rectángulo, y en el centro hay una amplia cancha de baloncesto.

En Pájaro Azul forman la misma figura, solo que su cancha se encuentra en la entrada de la comunidad y los caminos entre casas son de tierra. En las orillas de ese rectángulo, hay un comedor y una cocina comunitaria, donde se reúnen para hablar de los temas importantes para ellos.

Su organización interna replica la forma de gobierno de los pueblos en la Sierra Tarahumara. Cada una tiene tres gobernadores o gobernadoras (siríames, en lengua rarámuri), cuyo período dura tres años. Son quienes encabezan todas las reuniones, dan consejos y coordinan todos los asuntos de interés colectivo, como sus fiestas tradicionales.

Algunas comunidades en vez de gobernadores o gobernadoras, tienen líderes o lideresas, como es el caso de María Luisa Chacarito en Rinconada Los Nogales. Para que un medio de comunicación pueda entrar y documentar o reportear, debe pedir la autorización de dichas autoridades.

Es también a través de estas personas que las comunidades gestionan apoyos para mejorar la infraestructura de sus hogares o la calidad educativa de hijos e hijas. Sin embargo, la educación formal siempre ha sido una especie de privilegio para la mayoría.

En la comunidad Rinconada Los Nogales, de 15 niños que hay, solo 6 asisten a la escuela, es decir, menos de la mitad. María Luisa Chacarito explica que, para muchas familias, conseguir el dinero de la inscripción resulta muy complicado, sobre todo para las madres solteras (que son mayoría), aún con el descuento que les dan las escuelas públicas en la cuota de inscripción, que se cobra en muchas de ellas pese a que el artículo tercero de la Constitución Mexicana garantiza que la educación del Estado es gratuita.

La mayoría de las madres trabajan largas jornadas como empleadas domésticas, sin prestaciones laborales. En el mejor de los casos, por limpiar y atender una casa ganan de 200 a 300 pesos por día. Sin embargo, gastan hasta 50 pesos diarios sólo en transporte de traslado, en el que también invierten de 2 a 4 horas de su tiempo.

Por otro lado, los padres recurren a empleos distintos. “Ganan muy poco porque trabajan como jardineros o en la albañilería. Están cansados, algunos ya son muy mayores”, explica Chacarito.

Obtener trabajos mejor remunerados en la ciudad tampoco es fácil. La mayoría de los rarámuri desplazados a la capital de Chihuahua no tuvieron oportunidad de terminar la primaria o la secundaria, un requisito mínimo solicitado. Terminan en empleos que satisfacen a las urbes, alejadas de las necesidades de las comunidades donde vivían, abandonadas y estigmatizadas por los tres niveles de gobierno.

Su rezago educativo se explica por el trato que han recibido por parte del Estado, pues históricamente el gobierno mexicano ha visto a sus pueblos originarios como una cultura inferior. La falta de entendimiento de cómo se conectan con la naturaleza, su desinterés a la forma de aprendizaje de pueblos como el rarámuri y la imposición de sistemas de enseñanza no indígenas en la Sierra Tarahumara, les ha impedido avanzar como cultura en sus propios términos de progreso.

El contexto de la discriminación en México tampoco ayuda. Según la última Encuesta Nacional sobre Discriminación (ENADIS), realizada en 2017 por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el 15.9 por ciento de las personas indígenas mayores de 12 años no ha podido obtener un trabajo o un ascenso por pertenecer a esta población.

Los rarámuri pasaron de proteger los bosques de la Sierra Tarahumara, a cuidar el brillo del piso de las familias más privilegiadas de la capital de Chihuahua. De sembrar sus propios alimentos en el monte, a hacer las compras de otros en el supermercado.

La brecha de desigualdad entre mestizos e indígenas ya era bastante ancha.

Entonces, apareció un bicho: un gusano en las manos. Así es como se les describió a niños y niñas rarámuri el Sars-CoV-2, que causa la enfermedad COVID-19. La idea del gusano era simple, ayudaba a entender lo importante que era protegerse del virus y acatar las indicaciones de las autoridades sanitarias a nivel nacional: lavarse las manos, evitar el contacto físico y, principalmente, no salir de casa.

Para muchos estudiantes, el no salir de casa y poder tomar clases desde la distancia, fue sinónimo de comodidad. Para las familias indígenas de la mancha urbana significó incertidumbre.

La maestra esperanza

Guadalupe busca dónde sentarse. Se aleja muy poco de la mesa que está llena de hojas, libros y colores. El cuarto está repleto de sillas muy pequeñas y mesitas cuyas patas no pasan del medio metro. Decidida, se acomoda a un lado de la puerta por donde entra un cálido haz de luz. Observa el pequeño espacio vacío y, entre discretas y cálidas sonrisas que externa durante la entrevista, recuerda su labor ahí.

“Trabajamos ayudando a los niños para que no pierdan las ganas de ir a la escuela, ya que es muy importante estudiar, si no estudiamos, no aprendemos nada”, dice Guadalupe Espino, una joven rarámuri de la comunidad Pájaro Azul que, desde mayo del 2020, apoya y acompaña la realización de tareas de alrededor de 20 niños y niñas rarámuri de preescolar.

La maestra Lupita, como le dicen sus vecinos, nació en la ciudad de Chihuahua, pero sus padres son originarios de Norogachi, una comunidad ubicada en el municipio de Guachochi, al sur del estado, en la Sierra Tarahumara.

Contrario a lo que se pudiera creer, al no haberse criado en la sierra, su manejo del rarámuri es claro y fluido, debido a la educación de sus padres y la convivencia con sus vecinos de Pájaro Azul que siempre le hablaron en su lengua materna. Para ella, trabajar con niños y niñas después del cierre de escuelas es una oportunidad de recordar raíces, recuperar el idioma y conservar tradiciones.

“Les enseño a los niños en tarahumara y en español para que aprendan los dos idiomas, para que no pierdan nuestra forma de hablar. Es muy importante conservar nuestra lengua», señala.

Lupita forma parte de un proyecto educativo, deportivo y cultural para las comunidades indígenas urbanas que empezó en mayo del 2020 con la asociación civil Paz y Convivencia Ciudadana.

Lupita, la maestra encargada de niños y niñas en edad de preescolar. Además de ayudarles con el programa de la Secretaría de Educación Pública, también les enseña a leer y escribir en rarámuri.

Después del cierre de las escuelas a finales de marzo, la organización civil se acercó a Yolanda, Hilda y Guadalupe, las gobernadoras de Pájaro Azul y explicó sus intenciones para apoyar la educación de los infantes, previendo la situación que se avecinaba por la pandemia.

Las y los estudiantes comenzaron a recibir folletos y hojas de contenido realizado tanto por la Secretaría de Educación Pública (SEP) como por sus docentes y directivos de la escuela, con tareas y ejercicios. Este material era enviado, en su mayoría, mediante mensajería de WhatsApp.

La directora y las maestras de la escuela le hacían llegar esos materiales por semana a Guadalupe Espino, para que ella ayudara a niños y niñas a realizarlas. De esa manera, cada viernes, les devolvía los trabajos hechos y con eso la escuela calificaba a sus estudiantes.

Otras tres personas acompañaban a Guadalupe cubriendo otras necesidades formativas. Emma Martínez con atención psicológica para estudiantes y sus familias; Danelia Reyes generaba y realizaba actividades artísticas, y Jorge Girón, con clases de educación física. Esta dinámica de cuatro personas es la misma en el resto de comunidades donde tiene presencia el proyecto.

Ocasionalmente, se impartían aprendizajes distintos a lo común, como sencillas clases de guitarra y electrónica básica.

“Nuestra intención es que vean que hay oportunidades para salir adelante”, comparte Jorge Girón quien, además de ser profesor de educación física, es el coordinador del proyecto en Pájaro Azul.

“Muchas son madres solteras, o no cuentan con un trabajo establecido que les pueda brindar una guardería o son trabajadoras del hogar sin prestaciones”, añade Girón. Señala que, desde antes de la pandemia, los horarios laborales y las distancias no permitían que muchos niños y niñas de preescolar fueran a la escuela.

Madres y padres sintieron más tranquilidad al saber que sus hijos e hijas tenían una compañía formativa mientras trabajan.

El profesor ausencia

El proyecto Paz y Convivencia fue concebido como un programa de educación no formal, ya que no está apegado a los esquemas de enseñanza de la SEP. No siguen un sistema de calificaciones y busca “revalorizar la comunidad indígena, conservar sus tradiciones y conocimiento, y edificar su valor”, describe Paola Contreras, coordinadora del proyecto en la comunidad Cerro de La Cruz y Rinconada Los Nogales.

Este esfuerzo no empezó al mismo tiempo en las diez comunidades. El acercamiento con las gobernadoras de Pájaro Azul fue el primero y único que se dio en abril del 2020, debido a las limitaciones presupuestales de ese momento.

A pesar de conocer este proyecto desde el inicio y tener responsabilidades con las personas indígenas de Chihuahua, la COEPI, dirigida entonces por María Teresa Guerrero, no concretó ningún apoyo económico.

Según Luis Echeverría, presidente de Paz y Convivencia, la dependencia estatal argumentó una falta de presupuesto. Accedió a impartir cursos de pertinencia cultural para el equipo multidisciplinario que trabajaría en la comunidad, pero estos no se dieron ese año. Su excusa por ambas ausencias: la pandemia.

Tras varios intentos por conseguir el recurso, la organización civil concursó en una convocatoria emitida por la oficina estatal del Desarrollo Integral de la Familia (DIF). Fue ahí donde lograron obtener 260 mil pesos que se ejercieron a partir de mayo del 2020 en Pájaro Azul.

En noviembre de ese año, la sociedad civil logró replicar el proyecto en la comunidad Díaz Infante, utilizando parte del presupuesto del DIF. El objetivo era extenderse a todas las comunidades en la ciudad, pero sin el apoyo monetario de la COEPI, la tarea resultaba casi imposible. Además, después del 2020, no había ningún presupuesto asegurado para continuar el proyecto. Pero las cosas cambiaron antes de finalizar el año.

La COEPI se comprometió con la sociedad civil a otorgar el 30 por ciento necesario para continuar el proyecto en el 2021, según comentó Nidia Castillo, coordinadora general. Es decir, COEPI daría alrededor de 1 millón 404 mil pesos.

Después, Paz y Convivencia ingresó el proyecto a la Fundación del Empresariado Chihuahuense (FECHAC), donde les aprobaron 3 millones 254 mil pesos, el 70 por ciento faltante, según el informe de proyectos de enero del 2021 de la misma fundación.

Con el presupuesto total alcanzado, de 4 millones 659 mil pesos, había la posibilidad de extenderse a otras ocho comunidades. La asociación civil estaba tranquila y las familias de Pájaro Azul y Díaz Infante tendrían asegurado el apoyo educativo por otro año.

Sin embargo, esa esperanza cambió de un momento a otro.

Antes de comenzar el 2021, la COEPI avisó a Paz y Convivencia Ciudadana que no facilitaría ese casi millón y medio que había prometido. El pretexto, nuevamente, la pandemia. Tampoco hubo mucho éxito con solicitudes de apoyo realizadas al DIF estatal, la oficina de Desarrollo Social y la Secretaría de Educación.

Hasta ese momento, el órgano estatal de los pueblos indígenas tampoco había cumplido con su promesa de impartir cursos de sensibilización sobre la cultura indígena a las personas que integraban los equipos que apoyaban a las comunidades.

La preocupación llegó de nuevo. El compromiso por parte de la sociedad civil ya estaba hecho con las autoridades de otras siete comunidades. No querían “echarse para atrás”, expresa Nidia Castillo.

La COEPI, ahora a cargo de Enrique Alonso Rascón Carrillo, declaró que en su momento la dependencia proporcionó insumos de limpieza y transporte a visitas guiadas en museos, pero que el presupuesto para el resto de necesidades solo fue proporcionado por la FECHAC. Se solicitó un total y desglose de los gastos realizados por COEPI, pero no se recibió respuesta, argumentando que el proyecto aún no ha finalizado.

También señalaron que impartieron capacitaciones de pertinencia cultural indígena, pero estas no se dieron hasta 2021, un año después de lo prometido.

Sin embargo, las comunidades ni la sociedad civil “se echaron para atrás”. Todo el 2021 realizaron las actividades contempladas para el proyecto, pero con el 70 por ciento del presupuesto pensado originalmente.

Aprender en la carencia

La pintura blanca ya ha empezado a descarapelarse de la vieja puerta metálica del comedor comunitario de Pájaro Azul. Al cruzarla, se puede leer en una pared, con letras recortadas y de diversos colores: “Arte comunitario”. Bajo el mensaje, hay varias hojas con dibujos. En uno hay un caracol arrastrándose lentamente sobre un hongo verde con puntos. Parece moverse hacia la casa café del dibujo a su izquierda. Cerca de los lienzos, pegada en una columna de concreto, está una hoja sobre la que escribieron “Horario”. Va desde las once de la mañana hasta las dos de la tarde.

“Lo cambiamos para que no les dé ni frío ni calor”, explica Jorge Girón.

El área no puede utilizarse en un horario distinto al establecido. La infraestructura del lugar no resguarda lo suficiente para los constantes y drásticos cambios climáticos que registra la ciudad de Chihuahua en un solo día. La falta de ventanas los expone al sofocante calor del verano durante las tardes o a las heladas matutinas de otoño e invierno, y los fuertes vientos que sorprenden ocasionalmente a la capital pueden volar el techo de lámina que los cubre. Se ha solicitado apoyo para mejorar el espacio, pero la COEPI no ha mostrado interés.

Esa falta de atención de la COEPI se replicó en casi todas las dependencias e instituciones locales. Yolanda, Hilda y Guadalupe, gobernadoras de Pájaro Azul, explican que solo encontraron puertas cerradas. Las solicitudes que habían hecho para mejorar las áreas comunes de la comunidad, como la cancha o el comedor, quedaron en la incertidumbre. ¿La excusa? La misma, la pandemia.

“Queríamos amueblarlo o acondicionarlo para los niños”, explicaron las gobernadoras en torno al comedor comunitario. “Para ir a pedir apoyos también se nos decía que no saliéramos de nuestro hogar hasta que pasara el COVID”, señalan.

“Y ciertas cosas que faltaban en la comunidad, para nosotros empezar bien la gobernanza. Mejoras de agua, drenaje, alumbramiento”, agregan. Les decían que las oficinas estaban cerradas, aunque les recibieron los documentos. Las gobernadoras no sabían si alguna de estas peticiones procedería. Hasta el momento, siguen buscando ayuda.

Por otro lado, la operación al 70 por ciento de las capacidades presupuestales ha dificultado la tarea de Paz y Convivencia. De hecho, también repercute en los salarios de los equipos. Ninguno lo percibe al 100 por ciento.

“Nuestra intención sería integrar el comedor comunitario, que de perdida en la mañana ya hubiera un alimento para todos”, explica Jorge Girón, ya que han detectado a infantes que acuden a las actividades sin desayunar, un problema que se replica en las otras nueve comunidades.

Las familias han recibido donaciones que les permiten resarcir los efectos de ese recurso faltante de la COEPI. Alimentos como burritos y materiales escolares como cuadernos, lápices, mochilas e incluso zapatos, son cosas muy necesarias para cada comunidad.

“Teniendo el material básico, los niños pueden hacer una infinidad de cosas. Se facilita el aprendizaje”, señala el coordinador del proyecto en Pájaro Azul.

A la lista de carencias en medio de la pandemia, la maestra Lupita cree que se suma otro elemento: el idioma. Aunque Lupita tiene consigo algunos libros en rarámuri impresos por la SEP, ella afirma que este tipo de material no es común en las escuelas con alumnado indígena.

Según datos de la oficina de Servicios Educativos del Estado de Chihuahua (Seech), en el ciclo escolar de enero a junio del 2021, se imprimieron a nivel estatal, como apoyo a las labores de enseñanza de los docentes de educación indígena, casi 20 mil Cuadernos de Trabajo para niños y niñas indígenas. Pero en todo el estado, según datos de la misma dependencia, existen alrededor de 25 mil alumnos registrados.

Para compensar la falta de reproducción de contenidos educativos en rarámuri, la maestra pide a sus alumnos utilizar otros elementos para recordar sus raíces. “En ocasiones les digo que vengan vestidos con su ropa típica para que no se olviden de nuestras tradiciones, (nuestras) danzas, matachín y pascol”, refiere.

Pese al esfuerzo en conjunto entre familias y sociedad civil, desde su comienzo el proyecto tiene los días contados, pues finalizó el 15 de diciembre del año pasado.

Ahora, el reto vuelve a ser casi el mismo: obtener financiamiento. Paz y Convivencia ven probabilidades de que el FECHAC retome la propuesta de trabajo y puedan dar seguimiento a las comunidades a partir de febrero o marzo de este 2022, pero nuevamente con tan solo 70 por ciento de lo necesario. El otro 30 por ciento seguiría faltando y desde el año pasado, la COEPI no ha dado indicios de facilitar este recurso.

Aunque las gestiones y esfuerzos por conseguir el dinero están ahí, no hay certezas de nada.

Las tareas pendientes

Después de las elecciones a nivel estatal que ocurrieron durante junio del 2021, el mapa político en las dependencias gubernamentales de Chihuahua se ha reconfigurado.

La gobernadora electa María Eugenia Campos, del Partido Acción Nacional (PAN), considerado un grupo político de derecha conservadora, ha dejado a cargo del órgano de gobierno a Enrique Alonso Rascón Carrillo, un joven sin ningún tipo de experiencia sobre comunidades indígenas, pero con una larga trayectoria dentro del Partido Revolucionario Institucional (PRI), considerado de centro-izquierda.

La designación de Rascón al frente de la COEPI ha sido cuestionada por tener un conflicto de intereses, ya que es suplente en el Congreso de Chihuahua del diputado Omar Bazán Flores, quien tiene una demanda penal contra la comunidad rarámuri de Mogótavo, con la que busca desalojar al pueblo ubicado en la zona de Barrancas del Cobre, en el municipio de Urique.

Los habitantes de Mogótavo señalan que el despojo que busca cometer Bazán tiene intereses inmobiliarios, pues hablan de la construcción de complejos turísticos e incluso de campos de golf en su territorio.

Por lo tanto, comunidades indígenas y activistas piden la destitución de Rascón como titular de la COEPI. Aseguran que su nula experiencia con los pueblos originarios y su relación con el legislador Bazán pone en peligro a las comunidades y lo hacen indiferente a las necesidades de estas en cualquier región del estado.

Y aunque la falta de apoyo en términos educativos para las personas indígenas de la ciudad de Chihuahua no ocurrió durante la gestión de Rascón, sino de su antecesora María Teresa Guerrero, el exgobernador panista, Javier Corral el tema no ha sido retomado.

Por lo pronto, así como niños y niñas al final de un día de escuela, el Estado aún tiene tareas pendientes. Lo único seguro, tanto para las comunidades indígenas urbanas como para la sociedad civil, es la incertidumbre y la permanente desigualdad.

 

* Este texto forma parte del  proyecto Covid y Desigualdad de la Red de Periodistas de a Pie elaborado en colaboración con DW Akademie, con el apoyo del Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo de Alemania (BMZ).

 

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Baja demanda de vacunación en Guerrero un tema cultural y de difícil acceso a los puestos de vacunas

Guerrero, penúltimo lugar en vacunación ante cuarta ola de covid-19. Hasta este jueves, en el registro diario de contagios por la Covid-19 indica que hay un total de 3 mil 408 casos activos, y en las últimas 24 horas se registraron dos nuevos casos


Texto: Beatriz García

Foto: Lenin Mosso / Archivo

4 de febrero del 2021

Chilpancingo

 

En Guerrero la distribución de la vacuna contra la Covid-19 por parte de la federación sí se está efectuando, pero hay factores como los culturales y de distancia a los puntos de vacunación que impiden que la población se la aplique, motivo por el cuál la entidad ocupa el porcentaje más bajo de aplicación a nivel nacional, de acuerdo con el delegado federal.

Mientras que la doctora en Ciencias de la Universidad Autónoma de Guerrero (Uagro), Berenice Illades Aguiar, insistió que la vacunación es un elemento importante para ir frenando la pandemia, además de la responsabilidad de cada persona al siguir las medidas de sanidad impuestas por las autoridades de Salud.

El martes pasado en la conferencia de prensa matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López Gatell Ramírez, informó que Veracruz, Oaxaca, Guerrero y Chiapas tienen el menor número de población vacunada, apenas alcanzan la media nacional que es del 70 por ciento.

Para conocer los factores que está impidiendo que se eleve el número de personas vacunadas, se consultó al delegado federal en Guerrero.

El delegado aseguró que las vacunas que están llegando al estado son suficientes, pero hay otros factores que impiden que una parte de la población decida no aplicársela: el cultural y la lejanía de los puntos de vacunación a sus poblados.

Aseguró que se detectaron desde un inicio de la aplicación de las vacunas, que fue en febrero del año pasado, se han sumado a estrategias para dar solución.

En entrevista el delegado federal en Guerrero explicó que la llegada de las vacunas al estado siempre es por la disposición de vacunas que hay a nivel nacional y se distribuyen en función de las metas que hay en cada estado y del número de población que se tenga. En el caso de Guerrero hay 2.5 millones de habitantes mayores de 18 años en la entidad –población asignada para la vacunación-.

En Guerrero han recibido el esquema completo de vacunación aproximadamente un millón 400 mil personas mayores de 18 años, y con primera dosis cerca de los dos millones, de 2.5 millones que hay en total de este segmento poblacional, aseguró el funcionario.

Hasta este jueves, en el registro diario de contagios por la Covid-19, de la Secretaría de Salud del Estado, indica que hay un total de 3,408 casos activos, y en las últimas 24 horas se registraron dos nuevos casos.

Ante ese panorama, Hernández Díaz, dijo que el tema “bastante complejo” es la aceptación de vacunas en la población.

En regiones como Costa Grande y Región Norte, ejemplificó, la aceptación de la población es “bastante buena” arriba del 70 por ciento, pero en regiones como Costa Chica y Montaña disminuye de manera importante la aceptación.

Según el delegado este panorama mejoró.

“El primer recorrido en la Montaña que tuvimos hasta el 9 por ciento de aceptación, o menos. Ahora aunque ha mejorado, el 25 por ciento,, evidentemente, no hay suficiente”, especificó el funcionario federal.

Hernández Díaz expuso que después de observar la problemática para la aplicación de las vacunas se dio una coordinación entre el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) y la Secretaría de Asuntos Indígenas y Afromexicanos de Guerrero para concientizar en lenguas originarias sobre la importancia de la vacunación.

Aseguró que en localidades completas de la Montaña que decidieron no vacunarse, posteriormente se logró que habitantes sí se las aplicaran, aunque no todos aceptaron.

Además otro de los problemas que se está tratando de resolver son las distancias largas que hay de una localidad a los puntos de vacunación, como en el caso del punto de vacunación que había solamente en la cabecera municipal de Tlacoapa, entonces se determinó instalar otros puntos como en Totomixtlahuaca, y en Acatepec, se instaló también en Mexcaltepec y Yerbasanta.

La pandemia no termina, se debe seguir con las medidas sanitarias: Berenice Illades

La investigadora Illades Aguilar expuso que tan sólo en el Laboratorio de Diagnóstico e Investigación en Salud (Labdis) de la Uagro, las personas que acuden a hacerse una prueba Covid, los resultados, durante enero, en su mayoría fueron positivos; es decir, sigue una alza de contagios después de las vacaciones de diciembre.

Especificó que en el primer corte de enero, del 100 por ciento de quienes se hicieron una prueba, el 38 por ciento salió positivo, un segundo corte, el 19 de enero, de un total de quienes se hicieron la prueba un 44 por ciento resultó positivo y el 31 de enero, el último corte, del 100 por ciento, el 46 por ciento resultaron positivos. Entonces del total de personas que se hicieron una prueba en Labdis durante enero, el 80 por ciento fue positivo y la mayoría estaba vacunado.

Sobre la vacunación en el estado y este porcentaje bajo de vacunados que dijo López Gatell el martes, la doctora coincidió con el delegado federal en Guerrero, porque le consta que no ha sido por falta de campaña de información en la entidad que las personas no se quieran vacunar, que más bien hay lugares en que la población se resiste, y otro factor es la lejanía de puntos de vacunación a algunos poblados.

La catedrática insiste que la vacunación es importante, que eso hace la diferencia, que ciertamente la población se puede contagiar pero la mayoría podrá desarrollar síntomas más leves.

-¿Es probable que la pandemia este año disminuya su efecto?

– Es difícil decirlo, lo que si se está viendo es que ya a nivel global, a nivel del estado, las estadísticas que se encuentran indican que ya vamos en descenso, no muy fuerte, pero sí. Yo creo que esta ola si tardó un mes en subir, todo enero prácticamente, ya empieza la bajada, esperemos que a finales de febrero se comporte igual, eso no lo podemos saber- respondió.

Insistió que nadie asegura que pueda ocurrir una nueva ola de contagios en el estado y por ello es importante mantener las medidas sanitarias: uso de cubrebocas preferentemente KN95, lavado de manos, uso de gel antibacterial, ventilación en lugares aglomerados y sana distancia.

 

 

Ayudar en pandemia: Los rostros detrás de los refugios para migrantes en Ciudad Juárez

Desde que Ciudad Juárez se convirtió en un punto de concentración masiva de migrantes, cientos de personas se han sumado de manera voluntaria para atenderles, impartir clases a niños, niñas y adolescentes, empoderar a las mujeres, y dar atención médica en los albergues, enfrentando una crisis humanitaria que se agudizó con la pandemia. Estas son sus historias


Texto: Verónica Martínez / La verdad de Juárez

Fotografía: Rey R. Jauregui

4 de enero de 2022

 

Ciudad Juárez. Cruzar el área de oración y el comedor comunitario del templo El Buen Pastor, desde la puerta de entrada hasta el altar, era imposible; el piso estaba cubierto de colchonetas donde dormían decenas de migrantes, recuerda Martha Esquivel y narra cómo tuvieron que orillar los bancos de madera para abrir espacio, y recibir cada vez a más personas que llegaban de otros países.

“Recuerdo que podían llegar de día y de noche, en la madrugada, sin avisar, y nosotros los teníamos que aceptar”, dice Martha, de 59 años, voluntaria en la cocina del templo donde habilitaron el albergue El Buen Samaritano, que ha alimentado a miles de migrantes que llegaron para cruzar a Estados Unidos.

Aunque el lugar operaba como comedor desde el 2011, en octubre del 2018 recibió por primera vez a un grupo de cerca de 90 personas que agentes del Grupo Beta, encargados de auxiliar a migrantes en el país, llevaron hasta su puerta. A los pocos días ya eran más de 250; el refugio, atendido por el pastor Juan Fierro García y su esposa María Dolores, estaba abarrotado.

Desde entonces, las políticas migratorias de Estados Unidos convirtieron a Ciudad Juárez en uno de los puntos de concentración masiva de migrantes, principalmente de países centroamericanos, como Guatemala, El Salvador y Honduras, así como de estados del surponiente de México, como Michoacán y Guerrero, que llegan a esta frontera, colindante con El Paso, Texas, con la intención de cruzar a Estados Unidos.

La situación se agudizó por el flujo de personas migrantes retornadas desde Estados Unidos bajo el Protocolo de Protección a Migrantes (MPP), un programa iniciado por el gobierno de Donald Trump en enero de 2019 que obligó a solicitantes de asilo a esperar en México, y en marzo del 2020, con el inicio de la pandemia, por la orden de salud pública conocida como Título 42 impuesta por la misma administración estadounidense ante la expansión de la COVID-19, mediante la cual justificaron la expulsión de migrantes.

Tan sólo en 2021, en medio de la pandemia, las expulsiones de migrantes desde el otro lado de esta frontera aumentaron casi cuatro veces, lo que encendió la alerta de los albergues –operados en su mayoría por organizaciones civiles y religiosas– así como de las autoridades, quienes tuvieron que hacer frente a las dificultades para atender esta nueva oleada en medio de una contingencia de salud.

Cifras de la oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés) exhiben que 430 mil 457 personas han sido detenidas en el sector de El Paso, Texas, de octubre del 2018 a septiembre del 2021.

A partir del 2018 en los albergues comenzó a haber “una situación extraordinaria” por la llegada masiva de personas. Antes de eso daban servicio a un flujo de migrantes relativamente bajo, explica Rodolfo Rubio Salas, investigador social del Colegio de Chihuahua (Colech) y experto en materia migratoria.

Antes, quienes llegaban a los albergues eran principalmente personas mexicanas, en su mayoría deportadas por Estados Unidos, pero en 2018 empezaron a llegar a Ciudad Juárez ciudadanos de Cuba y de otros estados de México, que se habían desplazado desde otros puntos de la frontera al intentar solicitar asilo sin éxito.

Esta oleada de personas puso a esta comunidad en una situación inédita, al pasar de ser una ruta de migrantes a una sala de espera para miles.

La situación se complicó con la expansión del coronavirus en la ciudad, con albergues en condiciones de hacinamiento, algunos migrantes enfermos y sin dinero para comprar medicamentos.

Conforme iba escalando la magnitud del fenómeno migratorio, cientos de hombres y mujeres se sumaron, aun en medio de la pandemia, para hacer frente a una crisis humanitaria: registrando las llegadas de migrantes, cocinando cenas calientes, en la ampliación y construcción de edificios que no estaban preparados como albergues, convirtiendo áreas de oración de templos en dormitorios, con atención médica, psicológica o convirtiéndose en proveedores.

Detrás de la necesidad humanitaria que ha azotado a Ciudad Juárez, está el trabajo y los rostros de juarenses que les abrieron los brazos.

 

Una noche de noviembre, como en muchas ocasiones, Martha escuchó que tocaban el portón que da al patio del templo. Esta vez, ya sin espacio en el albergue, la voluntaria no podía dar acogida a más personas.

“Me dijeron: ‘Si tan siquiera nos dejaras entrar al patio estaríamos más seguros’”, cuenta Esquivel, pero tuvo que negarles la entrada. Sin embargo no podía dormir, pensaba en las personas que dejó a la intemperie.

“Déjalos pasar y nosotros les hacemos un lugar aquí”, le comentaron otros migrantes que se encontraban en el albergue. Las personas aún permanecían afuera, aferrándose al portón y temblando de frío. “Los pasé, pero cuando los miré me doy cuenta que venían cerca de 20 niños”. Los menores abrazados de sus padres y madres se ocultaban entre las chamarras y cobijas.

Esta situación visibilizó de una manera más contundente la realidad de movilidad humana en la frontera para los residentes juarenses, afirma Blanca Navarrete, directora de la organización Derechos Humanos Integrales en Acción (DHIA).

 

“Todo esto ha mantenido a Juárez en tres años consecutivos de una demanda de atención humanitaria permanente, que no habíamos visto más que en otras fronteras, como Tijuana”, advierte.

Eso detonó que organizaciones y colectivos, o personas en lo individual, buscaran la manera de apoyar de manera esporádica, afirma Blanca, “pero también hubo quienes se sumaron ya de forma continua en el trabajo humanitario a las personas en movilidad”.

Una de las razones que Navarrete considera el motor de esa acogida extraordinaria a los migrantes en los últimos tres años, es el origen de los habitantes de Ciudad Juárez: cerca del 40 por ciento son migrantes y llegaron principalmente de otros estados de México, con el objetivo de alcanzar territorio estadounidense o para quedarse trabajando en la industria maquiladora.

“Somos una comunidad conformada por muchas personas de muchos estados, entonces dar este acogimiento es reconocer la propia historia de la ciudad”.

***

José Uzueta, pastor de la iglesia evangelista Alabanzas al Rey, cuenta que a finales del 2018 el Consejo Estatal de Población llamó a una reunión para solicitar apoyo con la recepción de las personas migrantes.

“Aquí en el templo se quedaron muchos en colchonetas en el piso y fue así que empezamos a acogerlos, porque de otra forma estarían en la calle”, afirma.

Pastor José Unzueta

En un espacio que solía usarse como salón de eventos y posteriormente como el templo de la iglesia, acomodaron lateralmente decenas de colchonetas que iban desde la base del altar hasta la entrada. Los que no alcanzaron colchón se acomodaban en cobijas o en las bancas del templo.

Cuando se le hizo la misma solicitud al templo Solus Christus, el pastor Rodolfo Barraza consideró que no. Su hijo Andrés Barraza y otros voluntarios de la comunidad ya habían apoyado al gobierno estatal cocinando la cena para más de 600 migrantes, alojados provisionalmente en el Gimnasio del Colegio Bachilleres.

Pastor Rodolfo 

“Cuando me dicen que se quedaron 54 personas a la intemperie y esa noche estando bajo cero no sabía qué hacer”, dice Barraza. “Pensé en Santiago 4:17. Si sabes hacer algo bueno y no lo haces se te toma por pecado, entonces dije que sí.”

En marzo del 2019 llegó otro reto a la ciudad con la extensión del Protocolo de Protección a Migrantes a El Paso, que devolvió a miles de personas y familias a México para esperar el largo proceso de acudir a sus citas en las cortes estadounidenses y pedir asilo humanitario.

Bajo el esquema de MPP, el Instituto Nacional de Migración registró la devolución de 20 mil 649 migrantes por Ciudad Juárez hasta el 31 de marzo del 2020, según datos de una encuesta realizada por la Organización Mundial para las Migraciones.

“Fue en agosto del 2019 cuando realmente la cantidad de flujo migratorio ya había descendido en términos de la llegada, pero la gente seguía en la ciudad esperando una primera cita para formalizar la solicitud de asilo”, explica Rubio. Esos casos se iban juntando con aquellos que ya habían sido atendidos y que formaban parte de este programa conocido como “Quédate en México”. Estas largas esperas, de hasta dos años, impusieron la necesidad de más espacios humanitarios en Ciudad Juárez.

El alto flujo de movilidad humana se complicó aún más cuando en el 2020 inició la pandemia de COVID-19 y bajo órdenes de los Centros de Control y Prevención de Enfermedades, las autoridades estadounidenses empezaron a retornar a los solicitantes de asilo bajo el Título 42.

Solo en el año fiscal 2021, autoridades migratorias estadounidenses han retornado a 146 mil 463 personas bajo el esquema del Título 42, según datos registrados por CBP hasta el mes de septiembre. Una cantidad que supera a todas.

El Gimnasio Municipal Enrique ‘Kiki’ Romero, que se acondicionó como albergue temporal, abrió en abril de 2021 con el propósito de recibir a migrantes retornados bajo la orden de salud y por la necesidad de espacios en la ciudad, y hasta noviembre del año pasado había acogido a más de 5 mil 300 personas, dice el exdirector de Dirección de Derechos Humanos Rogelio Pinal, quien fue coordinador del refugio.

La pandemia, el otro reto

Para marzo del 2020, los flujos migratorios que llegan a Ciudad Juárez habían disminuido, pero aquellas personas que alcanzaron la frontera se encontraban con albergues limitados en aforo para prevenir el contagio del virus SARS-CoV-2 y tuvieron que adaptarse a los retos que trajo la pandemia.

Las personas que presentaban síntomas o eran casos confirmados de COVID-19 pasaban la cuarentena en un hotel que tenía como función ser un filtro. Los albergues solo aceptaban a personas que habían cumplido con su cuarentena en el hotel, y además acondicionaron sus propios filtros en sus instalaciones.

La pandemia supuso otras dificultades, principalmente por la ausencia de asociaciones civiles y organizaciones internacionales que redujeron sus visitas a los albergues.

“Todas las organizaciones dejaron de ir a los albergues por la pandemia”, cuenta Lucero de Alva, voluntaria que imparte talleres educativos en distintos albergues de la ciudad. “Yo me encomendé a Dios y me puse doble cubreboca, porque era cuando más se necesitaban estas actividades”.

Para Martha Esquivel, la pandemia también significó trabajo agregado en limpieza y en los registros de personas. Ahora todos debían pasar por una cuarentena de 14 días en una habitación separada del resto. “Yo iba toda cubierta, me encargué de tomarles la temperatura, hacerles preguntas de cómo se sentían, aparte de registrar las entradas al albergue”, explica Martha.

Martha Esquivel

Bajo órdenes del pastor Juan Fierro, las únicas personas que podían salir del albergue eran Martha y su esposo, por lo que se convirtieron en el único contacto de los migrantes al exterior durante el confinamiento. Esto agregó la responsabilidad de hacer viajes a las farmacias y supermercados para comprar lo que se necesitara. Pero además de limitar los recursos de personal, hubo escasez de productos como papel higiénico y fórmula para bebés, recuerda Martha, quien se refugiaba en su fe para seguir sirviendo en medio de una pandemia.

“Le decíamos al señor que era su trabajo y su obra la que estábamos haciendo, entonces le pedíamos que nos protegiera”, dice la voluntaria.

La oficina del ministerio de Movilidad Humana, ubicada en la Catedral de Nuestra Señora de Guadalupe, se cerró y muchos de los voluntarios se fueron, dijo la coordinadora Cristina Coronado. Había cerca de 180 a 200 familias que procuraban las oficinas para recoger despensas y con la falta de empleos que ocasionó la pandemia, gran parte de la población que atendían ya no podía pagar rentas, ni recibían remesas de sus familiares en Estados Unidos que también habían perdido sus empleos.

Aun con un equipo reducido, Coronado no pensó en dejar de servir y consideró que más que nunca las poblaciones especialmente vulnerables requerían ayuda. La voluntaria solicitó más fondos a la Diócesis y al Ministerio San Columbano para comprar equipo de protección personal y generar más despensas.

“Lo que hicimos fue llevar comida a las familias que teníamos ubicadas. Íbamos vestidos como astronautas, con trajes y caretas. Dejábamos la comida, llevábamos renta, recorríamos toda la ciudad llevando lo que la gente necesitaba”, narra Coronado, quien en ese entonces sólo tenía la ayuda de otra misionera y algunas mujeres migrantes.

El trabajo que hizo durante el 2020 la aisló de su familia, apenas llegaba a su casa para bañarse y dormir. Ella se consideraba un riesgo y muchas veces tuvo miedo de contagiarse. Todos los días que dejaba su casa oraba y al regresar oraba de nuevo, pero la pandemia les dejó enseñanzas, dice Coronado.

“Tengo mucho más confianza ante cualquier cosa o evento que se nos venga y que siempre habrá alguien dispuesto a dar los recursos. Nosotros ponemos nuestras caras, nuestras manos y nuestro trabajo.”

 

Flujos cambiantes

Además de que el flujo migratorio incrementó, también se presenció un cambio en la demografía de las personas migrantes que llegaban a Ciudad Juárez, señala Rubio, investigador del Colech.

Anteriormente eran hombres que buscaban cruzar la frontera, pero desde el 2018 eran en su mayoría familias expulsadas de sus lugares de origen por la violencia, que migraban para pedir asilo humanitario, un proceso tardado que implicaba una estancia más larga en los albergues. Entre más personas llegaban a solicitar asilo, las esperas se extendían.

Para diciembre del 2018, los albergues en la ciudad reportaban estar saturados y ya no aceptaban a más personas. En febrero del 2019, 11 iglesias evangelistas y católicas se acondicionaron para recibir al alto flujo migratorio en la ciudad.

Adaptarse al movimiento migratorio y asegurarse de brindar un acogimiento digno fue un reto para quienes se encargaban y hacían voluntariado en los albergues, que en un principio consideraron que la necesidad de ayuda humanitaria sería pasajera. No fue así.

Cuando Rodolfo y Lilia Barraza recibieron al primer grupo de migrantes, los acomodaron en el templo ubicado en la zona sur de la ciudad, en la calle Del Granjero. Fue el organismo estatal de COESPO quien les facilitó los colchones para acomodar a las más de 40 personas, pero en otras necesidades los pastores dependieron del apoyo de la comunidad de la iglesia.

“Nunca hubo planes de abrir un albergue para migrantes. Mi esposo, mi hijo y yo estábamos muy a gusto en la iglesia sirviendo al señor. Sabíamos que (los migrantes) estaban en el puente. Sí nos movió el corazón y queríamos ayudar, pero en sí nunca se nos ocurrió iniciar un albergue”.

La mujer consideraba que la necesidad humanitaria de dar acogimiento a los migrantes duraría solo unos meses, pero Solus Christus ya está cerca de cumplir su tercer año como un refugio para migrantes.

“Fue un alivio siempre tener algo que darles de comer”, dice Lilia.

 

 

 

NAVEGAR CON EL DOLOR HUMANO

José Uzueta estima que cerca de 350 migrantes han pasado por el albergue Alabanzas al Rey y, como pastor, muchos de ellos han confiado en él, al estar sentados frente al altar.

“Yo me sé la historia de casi todos. Cada una es diferente y cada una te impactará mucho”, dice Uzueta. El hombre asegura que es importante escucharlos para que puedan “descansar de ese dolor que han llevado”.

Atender a personas que llegan desde lejos, huyendo o en busca de una nueva vida es cansado, tanto físicamente con las tareas del día a día, como emocionalmente.

Es “navegar con el dolor humano”, afirma Blanca Navarrete, la directora de DHIA, quien se ha dedicado por años a la atención de grupos vulnerables, como son los migrantes.

“Hay un desgaste muy fuerte emocional y físico en las personas que ofrecen este trabajo. Para nosotros, finalmente, ellos son personas defensoras de la vida digna”, dice Navarrete.

Además de coordinar el funcionamiento del albergue y el pago de los servicios, muchos asumen la responsabilidad de dar protección a cientos de personas y asegurar su alimentación.

“Sí, es cansado”, reconoce Uzueta. “Pero en ese cansancio vas aprendiendo cómo sobrellevarlo y cómo llevar esas cargas para sentirte fortalecido al día siguiente”.

 

Navegar con el dolor humano

Ante el panorama, Alejandra Ortigoza, psicóloga experta en temas de violencia y que presta servicios en diversos albergues de Ciudad Juárez, considera que es importante cuidar la salud mental de las y los cuidadores de migrantes.

Las personas voluntarias deben estar conscientes de posibles síntomas, resultado del exceso de trabajo, que a menudo son muy sutiles, como el cansancio, la irritabilidad y la tensión física, dice Ortigoza. Con el tiempo estos síntomas pueden evolucionar a consecuencias médicas más graves como la fatiga crónica, dolores de cabeza, migrañas, gastritis y colitis… se puede llegar a la primera etapa del burnout o estrés crónico.

“Están viendo personas que tienen muchas necesidades diariamente. (El burnout) los conlleva a que los cuidadores presenten mecanismos de defensa que no son los más óptimos”, explica Ortigoza. Entre estos mecanismos se encuentra la despersonalización y el distanciamiento emocional que los lleva a no trabajar de la mejor manera.

Desde octubre del 2018, Martha Esquivel, voluntaria en el albergue El Buen Samaritano no había tomado un descanso. Esquivel permanecía 24 horas en el templo. Su rutina era despertar a las cuatro de la mañana y oraba antes de preparar el desayuno para cerca de 200 personas. También cocinaba comida y cena, y terminaba la limpieza y las labores hacia las ocho de la noche.

Su esposo Armando Guerrero también ayudaba con el mantenimiento del templo y a transportar alimentos, donaciones y en caso de ser necesario llevar a personas al hospital. Fue en mayo del 2021 que Esquivel y Guerrero decidieron al fin tomar un descanso.

“La verdad me sentía muy cansada”, dice Esquivel mientras recuerda que se apoyaba en la mesa de la cocina del templo por los calambres que sufría en las plantas de los pies.

Es importante que los cuidadores tengan una variedad de espacios y dinámicas para que no permanezcan completamente inmersos en las actividades de los albergues, dijo Arlene Woelfel, psicóloga en el Centro de Derechos Humanos Paso del Norte. Las personas voluntarias y encargadas de los albergues en su mayoría sirven en las iglesias y templos, y no solo permanecen en estos espacios de refugio para atender migrantes, sino también para cumplir su vocación religiosa.

“Pueden hacerlo continuamente por un año o dos, pero lo que a menudo pasa es que las personas trabajan de esta forma sin darse cuenta que sus niveles de tolerancia tienen límites,” dice Woelfel.

 

 

* Este texto forma parte del  proyecto Covid y Desigualdad de la Red de Periodistas de a Pie elaborado en colaboración con DW Akademie, con el apoyo del Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo de Alemania (BMZ).

Pandemia sin hospitales: en la población indígena de Oaxaca se triplicaron las muertes por COVID-19

La pandemia llegó a Oaxaca causando enfermedad y muerte como en todo el mundo, solo que en este estado, que desde hace 20 años encabeza los primeros lugares en rezago social, las comunidades indígenas se enfrentaron además a la indolente deuda histórica por la falta de hospitales, lo que triplicó el número de fallecimientos en esa población.


Texto: Nathalie Gómez, Diana Manzo, Paulina Ríos, Pedro Matías / Página 3

Ilustración: Conejo Muerto

3 de febrero de 2022

 

Cuando 48 de las y los 162 habitantes que viven en José López Portillo -o Chocomanatlán como también se le conoce a esta comunidad-, tuvieron dificultad para respirar, ojos enrojecidos por la fiebre y el cuerpo flagelado por dolores intensos en las articulaciones, pensaron en la muerte.

Era julio del 2021 y hasta entonces habían evitado que la COVID-19 llegara a este pueblo de la etnia zoque, enclavado a 1,053 metros de altitud en la serranía del llamado “pulmón de México”, el macizo selvático más grande del estado de Oaxaca.

Inicialmente pensaron que era dengue o chikungunya, desestimaron al virus Sars-CoV-2 dado el aislamiento natural de esta comunidad indígena separada por 146 km de Santa María Chimalapa, su cabecera municipal, y cerca de 400 km de la capital del estado, que se recorren en hasta 12 horas de agreste y sinuosa serranía.

Pero la pandemia sí les alcanzó en la tercera ola y para enfrentarla solo tenían yerbas, tés y paracetamol, si lograban conseguirlo.

 

El 26 de julio de 2021, los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO) calificaron de “emergencia sanitaria” el brote de COVID-19 que postró a una buena parte de la población de Chocomanatlán.

Aunque tienen una clínica de salud, ante una enfermedad “fuerte” que necesite hospitalización, corren el riesgo de morir en el camino, pues el hospital más cercano se encuentra a casi dos horas, en territorio del municipio de Cintalapa, en el estado sureño de Chiapas, dice Adrián León Corso, suplente del agente municipal de la comunidad.

Si deciden ir a un hospital de Oaxaca, entonces deben recorrer de seis a siete horas hasta Juchitán de Zaragoza, sorteando la lluvia o la niebla y el mal estado del camino.

Para salir lo piensan mucho porque además no hay transporte público, ni dinero suficiente para pagar el viaje:

“Para llegar a Cintalapa el camino es de terracería y en temporada de lluvias es cuando se descompone. Tenemos un arroyo que cuando llueve mucho no nos deja pasar. Solamente los que tienen moto logran pasar por un puentecito artesanal que tenemos”, explica León Corso.

Un viaje a Cintalapa en transporte particular cuesta entre mil 500 o mil 600 pesos, y solo incluye la ida. “Para llegar a Juchitán es peor porque son como 3 mil pesos, es el doble. Como ve, es muy caro salir de aquí. No hay para pagar tres mil o seis mil pesos para irse a curar, sin contar que hay que comprar medicamentos. Entonces, es más barato morirse aquí”.

Menos hospitales más muertes

Y es que en el estado de Oaxaca el camino al hospital puede ser un viaje a la muerte, pues muchas comunidades indígenas tienen que recorrer dos, seis o hasta 12 horas para llegar a un hospital, como sucede con los pueblos angpen y odepüt (zoques), ikoots (huaves), ayuujk (mixes), ñuu Savi (mixtecos) o los binnizá (zapotecos).

Es por ello, y por su propia orografía, que muchas comunidades prefirieron cerrar sus fronteras durante la pandemia.

La falta de acceso a la salud en este estado del suroeste del país es uno de los factores por los que desde el año 2000 a la fecha, Oaxaca se ha mantenido en los tres primeros lugares nacionales en rezago social, según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).

Y ahora en la pandemia, Oaxaca es primer lugar en número de casos positivos de COVID-19 en población indígena del país, con 4 mil 727 registros, de acuerdo con el reporte del Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedad Respiratoria Viral (SISVER), con fecha al 10 de noviembre de 2021

Esto significa que la población indígena en Oaxaca se ha muerto de COVID-19, tres veces más que la población general del estado, revela Paola María Sesia, doctora en Antropología Sociocultural con enfoque hacia Antropología Médica y profesora titular del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS), con base en un análisis de los datos disponibles en el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica (SINAVE).

Para Sesia, se trata de una de las gravísimas consecuencias del problema estructural de la falta de acceso a los servicios de salud para la población indígena.

Ejemplos de esta situación existen en todo el estado, donde hay 50 hospitales abandonados, algunos que incluso se inauguraron hasta dos veces para quedar después en el olvido, junto con las comunidades que más los necesitan.

Huajuapan espera espera y espera

, Huajuapan de León es un municipio de la Mixteca oaxaqueña, en el noroeste del estado, donde en lugar de un hospital hay montículos de tierra y una pequeña represa.

El prometido nuevo hospital reemplazaría al viejo, de nombre Pilar Sánchez Villavicencio, creado en 1982 y cuyas 30 camas son insuficientes, al grado de que han tenido que atender pacientes en los pasillos. 

Según la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), el sistema de salud debería contar con 4.7 camas por cada mil personas, por lo que el hospital de Huajuapan debería tener al menos 423 camas.

 

Este hospital abarca una población de 90 mil habitantes en un área de influencia de 198 mil personas de 54 comunidades, incluidas San Simón Zahuatlán y Santos Reyes Yucuná, dos de las cinco con mayor pobreza en el país, de acuerdo con el Coneval.

Tras cuatro colocaciones de “primera piedra”, el 5 de febrero del 2014 el gobierno estatal, entonces encabezado por Gabino Cué Monteagudo, iniciaría los trabajos de construcción del nuevo hospital con una inversión de 285 millones de pesos. Sin embargo eso no sucedió. 

En junio de 2015, el Ayuntamiento interpuso la controversia constitucional 38/2015 porque el hospital no se había construido, y el 24 de mayo de 2017 la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó al Gobierno de Oaxaca construir el hospital y le dio 18 meses para hacerlo. 

El actual gobernador, Alejandro Murat Hinojosa, ha dicho que se va a cumplir con esta resolución, pero no cuándo. Mientras tanto la Mixteca oaxaqueña sigue con un hospital que apenas pudo destinar cinco camas para el área COVID, que tan solo en los primeros 25 días de 2021 se saturó y había una lista de espera de más de 15 personas. No todas sobrevivieron.

“Se envió a pacientes a sus domicilios; vía telefónica se les monitoreaba y recetaba”, explica el personal médico. Hubo gente que se fue a clínicas y con doctores particulares, con las complicaciones de costo y distancia que ello representa. También hubo escasez de oxígeno.

Además, el hospital tuvo que funcionar con 60 por ciento del personal, pues el resto se confinó por padecer comorbilidades.

“Hubo un momento en el que ya no teníamos médicos para esa área y el personal se empezó a enfermar; la necesidad del hospital siempre ha estado, pero la pandemia vino a recrudecerla, porque los demás hospitales también estuvieron saturados; fue desesperante, vimos morir hasta a cinco integrantes de una familia, no todos se pudieron internar, unos no quisieron por temor y otros porque ya no teníamos espacio y no alcanzaron a llegar a otro hospital”, lamenta el personal médico.

 

 

La huella del abandono

La fotografía de cuatro integrantes de la familia Maldonado que enfermaron de coronavirus -acostados en su patio- tres de esas personas conectadas a un tanque de oxígeno, en Magdalena Tequisistlán, en la región del Istmo de Tehuantepec, al sureste del estado de Oaxaca, se viralizó en las redes sociales.

Agosto del 2021 fue letal para las familias de este municipio oaxaqueño donde habitan 6 mil personas. De acuerdo con un censo municipal, una de cada seis personas de Tequisistlán se contagió de COVID-19 y cursó la enfermedad en su hogar, con atención médica a distancia y tratamiento particular de hasta 100 mil pesos, debido a que desde hace 10 años el hospital está inconcluso.

Todo es silencio y vacío en el edificio, no hay personal médico, ni de enfermería y tampoco mobiliario. Fue inaugurado en dos ocasiones: la primera por el gobernador priista Ulises Ruiz Ortiz, y la segunda por Gabino Cué Monteagudo, emanado de una coalición de partidos de izquierda.

Es uno de los 50 hospitales abandonados en Oaxaca y 300 a nivel nacional, que el propio gobierno federal reconoce que necesitan rehabilitarse, construirse y equiparse.

A Magdalena Tequisistlán le conocen como “La llave del Istmo”, porque es el poblado que conecta al Istmo de Tehuantepec con la capital oaxaqueña; entre ambos lugares hay una distancia de poco más de 200 kilómetros que se recorren en unas tres horas y 40 minutos en auto.

Enfrentar la pandemia sin personal médico y por sus propios medios no fue nada sencillo para las familias. Una veintena de personas fallecieron en este municipio oaxaqueño donde el coronavirus visibilizó el abandono sanitario. 

“Nos da tristeza ver cómo se va desgastando el inmueble, costó mucho dinero para que no funcione”, lamentan habitantes que saben y denuncian que no tener un hospital concluido es una violación a su derecho a la salud.

Durante 15 meses, esta localidad istmeña de origen chontal estuvo sin contagios de COVID-19, pero con semáforo epidemiológico verde y una relajación de las medidas sanitarias en las elecciones del 6 de junio, cuando en Oaxaca eligieron un nuevo Congreso y 153 Ayuntamientos, todo cambió. 

Las personas enfermas vivieron una odisea. Los hospitales más cercanos en Tehuantepec y Salina Cruz -ubicados a 60 minutos de distancia-, estaban saturados; la única opción fue atenderse en casa.

Antonia, de 46 años de edad, estuvo conectada a un tanque de oxígeno durante 30 días. Ocupó cerca de 25 tanques para su rehabilitación; actualmente vive con secuelas. 

“Es lamentable que esta unidad médica esté abandonada, la construyeron e inauguraron en dos ocasiones y nunca funcionó porque no tiene equipo, es un cajón enorme y vacío, nos da mucho coraje que esté desgastándose por la irresponsabilidad de las autoridades en echarlo a funcionar. Pudo haber salvado muchas vidas”, dice el presidente municipal Roel Filio.

Es un derecho humano

A 98 kilómetros de Tequisistlán se localiza Unión Hidalgo. En este municipio zapoteca también hay un hospital del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para Trabajadores del Estado (ISSSTE) abandonado desde hace seis años.

La madrugada del 5 de enero del 2021, Juan, derechohabiente del ISSSTE de 60 años, murió de un paro respiratorio dentro de la ambulancia que lo trasladaba desde “Rancho Gubiña”, como se conoce a Unión Hidalgo, al Hospital Civil de Juchitán, localizado a 30 minutos de distancia; estaba contagiado de COVID-19. 

Rosa María, su esposa, está molesta. Cree que Juan pudo haber sobrevivido si el hospital funcionara: esos 30 minutos de distancia le costaron la vida. A nueve meses de su muerte exige su reapertura y funcionamiento como un derecho humano a la salud.

“Llevamos 19 meses viviendo una pandemia y la clínica del ISSSTE de Unión Hidalgo está cerrada, ¿cuántas vidas se hubieran salvado?, por eso exigimos su apertura”, expresa.

De acuerdo con los Servicios de Salud de Oaxaca, hasta el 9 de octubre de 2021 en Unión Hidalgo se habían registrado 147 casos confirmados y 27 defunciones, aunque la autoridad local reconoce un subregistro que triplicaría el número de contagios y decesos.

Un candado en el portón principal avisa que el hospital, inaugurado en 2006, está cerrado; desde el 2015 no opera por falta de equipo y personal. 

En este municipio habitan 14 mil 500 personas y solo existe una unidad básica de los Servicios de Salud de Oaxaca, donde las quejas por la falta de medicinas son una constante, por lo que un grupo de la sociedad civil impuso un amparo para exigir la apertura del hospital.

“El amparo firmado por aproximadamente una centena de ciudadanos ya tuvo eco y aunque el gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat Hinojosa, se ha negado a firmar, las autoridades de Salud estatal ya saben que hay una demanda que exige su funcionamiento”, advierte el abogado Edward Martín Regalado, promotor del recurso judicial ciudadano que fue admitido por el juez séptimo de distrito.

Martín Regalado refiere que por un lado las autoridades -a través del portal de transparencia- informaron que dicha unidad está en construcción y, por otro, el 13 de agosto pasado, sin avisar y en total discreción, el entonces director general del ISSSTE, Luis Antonio Ramírez Pineda, recorrió las instalaciones y admitió que desde hace tres años se abandonó, tras su construcción, pero se comprometió a equiparlo, aunque sin fecha para ello, y a su renuncia al cargo ocurrida el 30 de noviembre de 2021, no había aún cumplimiento del compromiso.

En el catálogo de clínicas del ISSSTE esta unidad aparece como abierta y en operación, por lo que, al menos en teoría, recibe un presupuesto anual que hasta el momento no se sabe ni de cuánto es, ni a dónde va a parar. Y aunque se preguntó, ninguna autoridad tuvo respuesta.

Según datos del mismo Instituto, obtenidos por transparencia, en el 2016 autorizaron 12.4 millones para reconstruirlo, pero a la fecha solo existe un cascarón  y en los primeros días de diciembre del 2021 apenas la estaba pintando.

“La información no coincide, entre ellos mismos se engañan y eso es lamentable, los ciudadanos de Unión Hidalgo lo que deseamos es que esta clínica brinde servicios a la salud, que dé medicinas, que atienda a la gente que lo requiera, es una urgencia”, reitera el abogado.

 

Se volvió costumbre

Tan solo la administración del gobernador priista Ulises Ruiz Ortiz (1 de diciembre de 2004 – 30 de noviembre de 2010) dejó 102 obras hospitalarias inconclusas, entre las que sobresalen dos hospitales de 60 camas, uno en Matías Romero y otro en Tlaxiaco.

Tampoco se concluyeron seis hospitales de 30 camas, entre ellos los de Santa María Huatulco y Pochutla en la región de la Costa; en Tehuantepec en la región del Istmo, y en su natal Chalcatongo, en la región de la Mixteca oaxaqueña.

De igual forma, esa administración no concluyó los Centros de Salud con Servicios Ampliados (Cessa) de Telixtlahuaca, Tlacolula, y Acatlán de Pérez Figueroa.

La administración de Gabino Cué Monteagudo (1 de diciembre de 2010 – 30 de noviembre de 2016), también fue señalada de no concluirlas.

Gabriela Velásquez Rosas, ex titular de los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO) en el gobierno de Alejandro Murat Hinojosa, afirmó que Cué dejó un sistema de salud colapsado y 175 obras inconclusas, de las cuales 75 estaban calificadas como obras prioritarias.

El 19 de agosto del 2021, el secretario de Salud de Oaxaca, Juan Carlos Márquez Heine, reconoció ante el Congreso del Estado que esa institución se encuentra en un proceso de reingeniería y saneamiento de salud, pero la realidad es que atraviesa una severa crisis financiera que apenas permite pagar sueldos.

A cinco años del gobierno del priista Alejandro Murat, su colaborador justificó la crisis que atraviesan los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO) por la deuda que le heredaron las administraciones de Ulises Ruiz y Gabino Cué, que supera los 9 mil 440 millones de pesos.

Problema estructural

Para Paola María Sesia, doctora en Antropología Sociocultural, una de las gravísimas consecuencias del problema estructural de la falta de acceso a los servicios de salud durante la pandemia de COVID-19 es el alto porcentaje de defunciones entre la población indígena.

La profesora titular del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS) región Pacífico Sur expuso que esa situación se presenta en todo el país, pero en Oaxaca se agrava porque es el estado con mayor población indígena del país.

“Entonces aquí estamos hablando de un problema estructural de falta de acceso a servicios, que es gravísimo porque estamos hablando de porcentajes de defunciones de la comunidad indígena que son más del doble que el resto de la población, y eso también sucede en Oaxaca”, puntualizó.

 

 

* Este texto forma parte del  proyecto Covid y Desigualdad de la Red de Periodistas de a Pie elaborado en colaboración con DW Akademie, con el apoyo del Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo de Alemania (BMZ).

Enfrenta una pandemia sin información: la experiencia tseltal del buen vivir

Sin información en lenguas indígenas sobre lo que estaba sucediendo y sin atención médica disponible, los pueblos indígenas en Chiapas, que suman 1.6 millones de personas, enfrentaron la pandemia aferrándose a su fe, a la medicina tradicional para paliar los síntomas de la COVID-19 y su filosofía del Lekil kuxlejal (buen vivir).


Texto e imágenes: Ángeles Mariscal / Chiapas Paralelo

Traducción: Pascuala Vázquez, Juan Gabriel

Edición de video: José Raúl Cruz Velazco

 

YO TENGO UNA PREGUNTA PARA USTED

Domingo García Moreno, un anciano de la región Chi’ch, escucha paciente las preguntas que le formulo, con ayuda de la traducción de Pascuala Vázquez Aguilar; me responde, pero a la primera oportunidad, revira: “yo tengo una pregunta para usted, ¿hay una cura para esta enfermedad (COVID-19)? ¿La inyección (vacuna) es una cura para esta enfermedad, o no lo es? ¿Cómo se crean las inyecciones?”.

Platicamos en la habitación que sirve como lugar de reunión de quienes conforman el gobierno comunitario (autónomo) en el municipio de Chilón. Por las ventanas se distinguen las montañas, árboles de más de 30 metros de altura en distintos tonos de verde que se extienden hasta donde alcanza la vista.

Para llegar acá, hay que recorrer 46 kilómetros desde la cabecera municipal de Ocosingo, en la zona norte del estado de Chiapas, entre impenetrables paisajes de selva.

Miles de indígenas sobrevivieron al COVID con sus propios recursos, con plantas medicinales que da la tierra

 

En los primeros meses después del inicio de los contagios en Chiapas, ninguna información sobre el virus SARS-CoV-2 o la COVID-19 llegó a este lugar donde más del 97 por ciento de la población habla la lengua indígena tseltal.

De hecho no hubo información suficiente en alguna de las cinco lenguas maternas -tseltal, tsotsil, zoque, ch´ol, tojolabal- que tres de cada diez personas hablan en el estado de Chiapas, al sur del país. Se creó un vacío de información que sigue impactando a poco más de 1.6 millones de habitantes de los pueblos indígenas originarios, incluyendo a Domingo García Moreno.

Domingo García Moreno tiene más dudas que certezas, ¿la vacuna evita que se enfermen de COVID?, es una pregunta que no tienen resuelta, porque a sus comunidades no ha llegado información en sus idiomas.

Fue hasta mediados de abril de 2020, mes y medio después de los primeros contagios en Chiapas, cuando la Secretaría de Salud difundió, en forma de orden, un único mensaje traducido al tseltal: Quédate en casa, “Ayan me ta ana ma xlok´at”.

A este mensaje le siguió un video en la plataforma Youtube, con imágenes y contextos urbanos donde se pedía a la población indígena lavarse las manos y mantener distancia entre personas. Sin embargo en Chiapas, en ese momento, sólo el 17 por ciento de la población tenía acceso a internet; en las zonas rurales e indígenas este porcentaje puede llegar a cero. El impacto de ese video se puede cuantificar: para el 1 de noviembre de 2021 únicamente registraba 233 reproducciones.

Después se colocaron anuncios en la página web de la Secretaría de Salud y otras dependencias de gobierno. En 2021 inició la campaña de vacunación, donde se hablaba del riesgo de muerte para quienes no se vacunaran; fueron mensajes difundidos en medios electrónicos, que giraron en torno al temor, y no a la explicación científica del origen y el por qué de la vacuna.

Por ello, a casi dos años del inicio de los contagios, las comunidades indígenas se siguen haciendo las mismas preguntas sobre las que no han recibido respuestas, ni siquiera parciales, por parte del gobierno mexicano: ¿qué es lo que hasta ahora se sabe del origen de la pandemia?, ¿cuáles han sido las afectaciones que han dejado los contagios?, ¿cómo se crearon las vacunas?, ¿las vacunas van a evitar que las personas enfermen, o mueran?, ¿cuándo acabará la pandemia?

Igual que en todo el mundo, la necesidad de saber es latente para las personas de la región Chi´ch, ubicada en la selva de Chiapas, “yo tengo una pregunta para usted”, es el planteamiento que recibo de Domingo García Moreno, de Antonio Vázquez Cruz, de Manuela Hernández Álvaro, y de otros indígenas tseltales de la zona.

Pascuala Vázquez Cruz tiene 65 años y es Cuidadora de la Madre Tierra, uno de los cargos más relevantes dentro de la cultura tseltal, y quiere saber “si esta enfermedad se va a acabar o no, porque a veces decimos que esta enfermedad fue creada, pero queremos saber si fue creada o no, porque no sabemos. Solo Dios sabe cómo vino esta enfermedad”, reflexiona para sí misma.

Pascuala Cruz tiene el cargo de Cuidadora de la Madre Tierra, su nieta y su hija heredarán su sabiduría para cuidar a la comunidad

AHÍ DONDE ENTRÓ LA DUDA

El vacío informativo fue ocupado por la desinformación, que incrementó la desconfianza hacia las autoridades y las vacunas anti COVID. Para finales de octubre de 2021, las cifras oficiales sobre el avance de la vacunación en Chiapas, en el distrito de Ocosingo, donde se encuentra la zona tseltal, indican que únicamente el 29 por ciento de la población se ha vacunado, en contraste con otras regiones de población mestiza donde se alcanza el 76 por ciento.

Manuela Hernández Álvaro se sienta en la entrada de la construcción que sirve de oficina al Movimiento en Defensa de la Vida y el Territorio (MODEVITE) en el poblado Centro Chi´ch, desde donde refiere que hubo un trato desigual de las autoridades hacia los pueblos indígenas.

“La información en la comunidad no hubo, yo me enteré de las vacunas por medio de la televisión, pero cuando la vacuna vino a la comunidad, ya había la información de que la vacuna sólo nos iba a matar”, dice en relación a rumores y noticias falsas que se extendieron en el estado transmitidos por mensajes de WhatsApp, que llegaron a los teléfonos celulares de algunos jóvenes que, a la primera oportunidad de conectarse a internet, revisaban sus redes sociales. Al regresar a la comunidad, esos jóvenes los difundían de boca en boca. Los mensajes con información falsa afirmaban que las personas morirían meses o semanas después de aplicarse la vacuna.

Manuela Hernández Álvaro es una curandera empírica a la que la población que enfermó, consultaba porque ella misma y sus hijos superaron la enfermedad

“Entonces es ahí donde entró la duda, las personas no creyeron y ya no hubo buena información sobre las vacunas. Desde mi punto de vista me puse a pensar que los que estaban vacunados se estaban muriendo, y los que no estaban vacunados también se morían; dije: qué caso tiene si me vacuno o no”, debate Manuela consigo misma mientras va cayendo la noche en las montañas.

Sucede que en las zonas rurales e indígenas la vacunación se empezó a aplicar en el mes de agosto del 2021, cuando se llegaron a acuerdos con la población para permitir la entrada de las brigadas, y coincidió con la llamada tercera ola de contagios en el estado, que sí impactó en las comunidades rurales e indígenas, por eso las personas de la región asociaron la vacunación con las muertes, explica Pascuala Vázquez Aguilar.

Jacinto Álvarez coincide: “desconocemos qué vacuna nos dan, hay temor de las personas cuando van al doctor, porque mucha gente dice que han matado con la vacunación. El temor que hay ahora es que el mes que pasó vinieron a vacunar a la gente y fue cuando muchos murieron; tenemos miedo y dudas de si se puede curar la enfermedad o no se puede curar, tenemos miedo, tenemos dudas; mucha gente recibió (la vacuna) y otras no, muchas gentes que recibieron andan preocupados, de si es para curar o es para matar”.

Antonio Vázquez Cruz, uno de los ancianos de la región, y padre de once hijos, analiza el trato desigual e impositivo de las autoridades hacia los pueblos indígenas, refiere versiones de que se les pretende obligar a vacunarse a quienes son beneficiarios de programas sociales, y habla de los meses en los que les impidieron salir de sus comunidades.

“De la información que da el gobierno no lo creo, porque a nosotros no nos permitieron salir, pero ellos seguían saliendo. Seguían haciendo sus planes y sus proyectos, seguían oprimiendo a los más pobres, y no nos permitían entrar a sus oficinas porque pensaban que uno era el que llevaba la enfermedad”.

 

Antonio Vázquez, sobreviviente del COVID, reivindica las prácticas agroecológicas y la alimentación orgánica, para mantener el cuerpo sano

UNA ENFERMEDAD QUE CAMINA LENTO

En el poblado Coquiteel, de la región tseltal Chi’ch, cada familia puede contar al menos un contagio, porque aun cuando no ha habido pruebas de confirmación, los síntomas fueron inconfundibles.

Domingo García Moreno, catequista y concejero, explica que durante el primer año de la pandemia, los contagios en la región tseltal no fueron significativos, lo que fomentó el escepticismo hacia la existencia misma del virus, “muchos no creyeron, pero hace dos meses fallecieron muchas personas, las personas afectadas son las que ya tenían edad y las enfermas como de azúcar (diabetes). En la región murieron muchas personas”.

A Manuela Hernández Álvaro se le enfermaron los hijos. “En un principio yo no lo creía, pero cuando mis hijos que están en Ocosingo les pegó la enfermedad, ya no tuve duda. Después me pegó a mí, lo viví en carne propia”. Para Manuela, esta es “una enfermedad que camina lento”.

A Pascuala Vázquez Cruz se le murió su hermana, luego se enfermó ella, y el contagio le vino acompañado de una depresión que la hizo abandonar por algunas semanas sus sembradíos de hierbas medicinales y sus cultivos de flores.

Mientras pone a secar las mazorcas de maíz negro que servirán para la próxima siembra, y revisa la olla de frijol que puso a cocer en el fogón de leña, explica que poco a poco se está reponiendo.

A unos metros de su casa, cinco de sus nietos juegan con unas llantas que colocan sobre la pendiente del camino de tierra, para ver cuál corre más rápido. Luego se encaminan a la pequeña cascada de aguas azul turquesa que se encuentra en la comunidad, se zambullen lanzándose desde la parte más alta, permanecen refrescándose algunos minutos, antes de continuar con las tareas que tienen asignadas.

En la cocina de la familia Álvaro se cocinaron muchos de los brebajes que la población tomó para curarse del COVID

Tomás Luna García y sus hermanos enfermaron, tuvo miedo en su corazón porque pensó que iba a morir. Ahora dice que no quiere salir de su comunidad

 

La pandemia fortaleció la soberanía alimentaria de las comunidades rurales e indígenas que tuvieron que recluirse.

Uno de ellos también enfermó de COVID-19, dice que tuvo miedo de morir, pero que ahora está muy contento porque la medicina que prepara su abuela lo ayudó a curarse. En la región Chi´ch de Bachajón, en Chilón, como en la mayor parte de las zonas indígenas donde no hay centros de salud cercanos, y los que hay cerraron durante los meses de mayor contagio, porque las autoridades sanitarias consideraron que estos lugares no estaban habilitados para tratar pacientes COVID, las personas aprendieron a atenderse usando su medicina tradicional.

En el interior de las instalaciones del gobierno comunitario del Centro Chi’ch instalaron una sala que sirve como aula, donde recibieron capacitación sobre el uso de la medicina tradicional, sobre las propiedades curativas de las plantas de la región. Prepararon, en una cocina adjunta, infusiones que les ayudaron a aliviar los síntomas.

A medida que la enfermedad avanzaba en la región, este proceso se repitió en cada una de las cocinas de los pobladores de la zona. También encontraron fortaleza en su espiritualidad y en su vida comunitaria.

HASTA LAS IGLESIAS NOS CERRARON

Jacinto Álvaro de Meza recuerda el día en que autoridades del gobierno enviaron a policías para obligarlos a cerrar la iglesia de Centro Chi´ch, ubicado a 46 kilómetros de la cabecera municipal de Ocosingo, en la zona selva de Chiapas.

En la región tseltal Chi´ch, como en muchas otras zonas indígenas del estado, la espiritualidad es el eje que da sentido a la vida comunitaria, porque en los centros religiosos del lugar, no sólo se ora, sino se discute y analiza su realidad tangible. Al pie de los altares donde se colocan imágenes católicas junto a símbolos de la cosmovisión maya, se toman acuerdos que alcanzan a la esfera política, social y organizativa.

La espiritualidad, señalan pobladores de la selva, su cuerpo más que cualquier medicina

La palabra pandemia la escucharon por primera vez en la región a principios de marzo de 2020 -cuando se da el primer contagio en el estado-, a través de las radios comunitarias. Se hablaba de un virus, de China, de contagios, de realidades incomprensibles en esta región donde no existe una palabra que sea la traducción de “enfermedad”; acá la salud es sinónimo de equilibrio entre el cuerpo físico y el espiritual.

El historiador y lingüista tseltal Miguel Silvano Jiménez, explica que desde el mundo occidental la enfermedad tiene un origen externo; en la cultura tseltal la enfermedad se asocia al desequilibrio, que puede venir de la pérdida del ch´ulel o el alma. Aquí la palabra enfermedad se traduce como “el corazón no está contento”.

Para la población tseltal el desequilibrio que provoca que el corazón no esté contento, que el cuerpo tenga síntomas físicos, es multifactorial, y para curar a la persona y llevarla de nuevo a su “lab” o centro, los rituales de sanación empiezan por la visita de la comunidad a la persona afectada, para rezar juntos a sus deidades.

Por ello, una de las primeras medidas que tomó la población, fue reunirse en las iglesias de cada uno de los poblados, para hablar de la noticia y hacer ayuno y oración. “Pedimos a la Madre Tierra y a Dios Padre protección”, señala Pascuala Vázquez Aguilar, una joven del poblado Coquiteel, designada concejala del gobierno comunitario.

“Hicimos el altar maya”, un círculo dividido en los cuatro puntos cardinales: donde sale el sol (la vida), donde se oculta (el inframundo), donde está el tiempo cálido, y donde está el tiempo frío, que es por donde entran las enfermedades, detalla Pascuala Vázquez Cruz, su tía, la Cuidadora de la Madre Tierra.

La población tseltal, que desciende de los mayas, destaca por la articulación que han logrado entre su ser individual, la vida comunitaria, el entorno que llaman Madre Tierra, y la conexión con su espiritualidad, que se refleja en un sincretismo de prácticas y ritualidades.

En la iglesia de Coquiteel, un pequeño poblado a 10 minutos del Centro Ch´ich, el altar maya se coloca enfrente de las imágenes religiosas y el altar católico. A este lugar, Pascuala Vázquez Cruz llevó las flores, el maíz, los frutos y las velas blancas, negras, rojas y amarillas con lo que formó el símbolo sagrado. Aquel día de marzo de 2020, ante el altar maya y las imágenes católicas, los indígenas oraron y ayunaron durante un día y una noche, pidiendo protección.

En las comunidades tseltales de la selva, la población nunca dejó de reunirse, y agradecer la vida con música

En el transcurso de los días siguientes, en la medida que el contagio por el virus del COVID-19 fue extendiéndose casi exclusivamente por las ciudades, el gobierno de Chiapas restringió el tránsito no sólo en los centros urbanos, sino en las comunidades rurales e indígenas, aun cuando en estos lugares los contagios durante las llamadas primera y segunda ola apenas alcanzaron al 0.5 por ciento de la población, según cifras de la Secretaría de Salud.

En Chiapas, a este sector de la población indígena tseltal, descendiente de los mayas, pertenecen más de 300 mil personas; son el más grande y representativo de la región selva.

El gobierno de Chiapas también ordenó cerrar los centros de reunión, entre ellos las iglesias, lo que significó un golpe para la población tseltal, porque para el campesino en general, y para el indígena en particular, es imposible afrontar los problemas de manera aislada, y con mucha frecuencia apelará a la pequeña comunidad, que le da una dimensión de respaldo, protección y fuerza, refiere el sociólogo Antonio Paoli Bolio, quien ha dedicado parte de su vida a conocer y entender la forma de vida tseltal.

“Gobierno no mandó gente a explicar (qué estaba pasando con la pandemia), sólo cerró todo, cerró las dependencias y no dejaron entrar. Gobierno nos hizo cerrar la casa, dijo que no podíamos movernos. Siete u ocho meses no salimos (de la comunidad). También ordenaron cerrar los templos con los policías; pero no explicó. Y no mandó medicamento con que se puede curar, si vas a la casa de salud, no hay doctor”, lamenta Jacinto Álvaro de Meza.

El cierre de los templos y la orden de no reunirse, para la población tseltal significó perder parte de sus ritualidades de sanación.

EL BUEN VIVIR

Petrona Aguilar Ruiz tiene 63 años y el cargo de “Reconciliadora”, que las comunidades tseltales asignan a las personas encargadas de resolver, mediante el diálogo y la conciliación, las diferencias que llegan a existir entre pobladores.

Las personas con el cargo de reconciliadores fomentan el lekil kuxlejal, que se traduce al español como el “buen vivir”, y que gira en torno a la integración armónica entre las personas y su espiritualidad, la comunidad y la naturaleza.

Más que un ideal, el lekil kuxlejal expresa sus valores, sus formas de apreciar la vida, la gente y las cosas, refiere Antonio Paoli Bolio en el libro “Autonomía, educación y lekil kuxlejal: aproximaciones a la sabiduría de los tseltales”.

En ese contexto, la pandemia, la enfermedad que trajo contagios masivos y muertes, significó un desequilibrio de su buen vivir, y una necesidad de afrontar y de entender lo que estaba pasando, en sus causas y escenarios futuros, pero desde su contexto tseltal.

Esta necesidad de entendimiento de acuerdo con su cosmovisión, encontró un vacío en el Estado mexicano, pero abrió paso a la revalorización de su forma de vida y sus saberes, donde se entrelazaron su espiritualidad, sus prácticas agroecológicas, su soberanía alimentaria y la práctica de la medicina tradicional.

No tuvieron suficiente acceso a centros de salud, pero sí infusiones de plantas que fortalecieron sus cuerpos ante los embates del COVID

Petrona asegura que el “estar bien del corazón”, el no tener conflictos y el estar en armonía con la naturaleza, es lo que ayuda a prevenir la enfermedad. “El respeto a la Madre Tierra nos protege de las enfermedades, porque la Madre Tierra, si la respetamos, la cuidamos, no la envenenamos (con agroquímicos), eso nos da una comida sana que fortalece nuestros cuerpos, y así es difícil que nos enfermemos si tenemos una conexión sana con la Madre Tierra”.

Su esposo, Antonio Vázquez, de 68 años, dice que lo que observó, es que quienes enfermaron de gravedad, fue porque “tenían el cuerpo debilitado, porque su alimentación ya está afectada por los químicos, los fertilizantes que le echan a la milpa; su alimentación ya estaba envenenada y su cuerpo estaba débil”.

Él y su esposa también se contagiaron, dice que sintieron que su pecho se oprimía al respirar. Para curarse, rescataron “lo que es nuestra medicina ancestral. Nuestros abuelos no tenían doctor y ellos buscaban cómo curarse con las plantas medicinales. Ahora que no hay médicos y no nos queda más que rescatar lo que nos enseñaron nuestros abuelos, preparamos nuestra planta con jengibre, ajo, cebolla roja, alcanfor…”.

“Pedimos a la Madre Tierra que nos diera las plantas medicinales para curarnos, y que nos siga dando su alimentación, maíz, frijol, café, para fortalecer nuestro cuerpo. Y le pedimos perdón porque hemos fallado de no cuidarla (…) cuidar los árboles, el agua, eso es lo que nos fortalece y hay que cuidarla mucho”.

Para la población tseltal, el lekil kuxlejal es también cuidar al cuerpo, alimentarlo y vincularlo con el mundo de la trascendencia, de tal modo que pueda tener la vida y espíritu buenos, refiere Paoli Bolio.

Jóvenes tseltales pensarían en aplicarse la vacuna antiCOVID, pero aseguran que salir de sus comunidades a los centros de vacunación implica un gasto que no pueden subsanar

En la cocina de Jacinto Álvarez de Meza se empezaron a preparar las infusiones de hierbas para las personas enfermas de COVID-19. Lo mismo en las viviendas de Pascuala Vázquez y Manuela Hernández. “Como la gente vio que me pegó a mí la enfermedad, se acercaba a preguntarme qué me curó, y si ya tenía preparada mi medicina, ya les compartía”, explica Manuela.

En las oficinas del gobierno comunitario del Centro Chi´ch dieron un paso más, y capacitaron a jóvenes para preparar las infusiones y aprender de la pandemia. “Gracias a la hermana Maricela y al médico Gerardo (quienes tienen programas de atención para comunidades indígenas), que estuvieron dando pláticas y talleres de cómo se puede prevenir la pandemia, muchos jóvenes se acercaron a aprender. Se buscó la manera de organizar y dar talleres para aprender a cómo preparar medicamentos para prevenir”.

Aprendieron sobre la pandemia, sobre otras enfermedades de la región, y sobre la medicina tradicional. “Valoramos que sí se puede prevenir, que si no hubiera venido eso (la pandemia), no hubiéramos caminado ese paso. Ahora ya tenemos salud comunitaria (…) está abierto este taller, esa plática para que todos conozcan que sí se puede hacer acercamiento para ver cómo podemos vivir más tranquilamente”.

 

Con la pandemia, la humanidad entró en crisis, pero al interior de las comunidades indígenas tuvieron al menos dos aprendizajes: el valor de curarse con lo que les da la tierra, y el cuidado de la salud comunitaria, que empieza por el autocuidado y se extiende hacia la conservación de la naturaleza. En estas regiones no es que no murieran por los contagios, sino que mantuvieron los medios de vida.

NOTA. En diversas ocasiones se solicitó una entrevista con el Secretario de Salud de Chiapas, para conocer cuál ha sido la estrategia de comunicación y atención que se ha implementado en las zonas indígenas, durante la pandemia; la respuesta del área de comunicación de la dependencia y del secretario José Manuel Cruz Castellanos, fue que se comunicarían más tarde. No lo han hecho.

 

* Este texto forma parte del  proyecto Covid y Desigualdad de la Red de Periodistas de a Pie elaborado en colaboración con DW Akademie, con el apoyo del Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo de Alemania (BMZ).

Ser mujer trans y migrante en pandemia: La historia de Yimel Alvarado

Se fue a Estados Unidos huyendo del odio. Allá logró ser libre y feliz, hasta que llegó la COVID-19. De acuerdo con la ONU, las personas migrantes de la diversidad sexual, como ella, enfrentaron discriminaciones entrecruzadas durante la pandemia que reveló, sobre todo, cuán invisibles pueden ser sus problemas y por lo tanto sus vidas, también del otro lado.


Texto: Beatriz García

Fotografía y video: Franyeli García

Ilustración: Conejo Muerto

31 de enero del 2022

 

Es la noche del 10 de marzo del 2020. El azul brillante de las luces se refleja en la mirada cansada de Yimel Alvarado. El color negro que delínea sus ojos, aun cuando le da mucha profundidad, acentúa su agotamiento.

Trae un vestido negro entallado que ella misma diseñó y cosió. Está en medio de una de sus imitaciones musicales más solicitadas en un bar de la avenida Roosevelt, del distrito de Queens, en Nueva York.

Ese mismo vestido ahora está dentro de una maleta en una habitación de la casa de su madre, en su natal Tlapa, municipio de la región Montaña en Guerrero, uno de los estados con mayores niveles de marginación, ubicado en el suroeste del país.

Yimel es una de las tantas personas de la comunidad LGBTI+ (Lésbico, Gay, Transgénero, Bisexual, Intersexual) que migró a Estados Unidos en busca de una vida mejor. Aunque tanto allá como en México, la población de la diversidad sexual suele ser invisible, porque en sus historias se configuran varias variables de desigualdad: homofobia, discriminación, odio y rechazo, entre otras.

Yimel se fue a Nueva York en septiembre de 1997. Al inicio, como migrante indocumentada, no tuvo opción y por un tiempo se dedicó al trabajo sexual, lo que la obligó a soportar ataques verbales y físicos bajo las vías elevadas del metro Jackson Heights, como lo documentó The New York Times en un texto sobre COVID-19 que tituló El Epicentro. Luego Yimel se unió con un grupo de amistades de la comunidad LGBTI+ y formó una familia con la que compartía departamento en Queens.

Ese 10 de marzo del 2020, Yimel dio su espectáculo en el Kings Bar de la avenida Roosevelt. Nadie se dio cuenta que no estaba bien, la pandemia todavía se sentía lejana a pesar de estar a la vuelta de la esquina, y Estados Unidos aún no decretaba el confinamiento por el virus SARS-CoV-2 que ya se expandía por el mundo.

Después de esa presentación Yimel regresó a casa y comenzó su martirio en silencio. Trató de aliviarse con tés caseros: pensó que sólo era una tos y un dolor de espalda que pasarían. Además, seis días después tendría otra presentación para la que debía recuperarse pronto.

Ella sabía que la COVID-19 se estaba propagando, pero creyó que su caso sólo era resultado del cansancio y lo asoció a que la noche previa se desveló mejorando su vestuario. Pero para el 13 de marzo seguían sus malestares: ahora le dolía la cabeza, se había intensificado el dolor de espalda y la tos se volvió tremenda.

Sin embargo no le cuenta a nadie de su familia, ni siquiera a su hermana Olivia Aldama Alvarado, que también vive en Queens. Sólo sus compañeros de departamento se dan cuenta que no está bien y le piden que vaya al médico, pero se niega.

Es la segunda vez desde que llegó a Estados Unidos que la pasa mal. La primera fue muy al principio, cuando debió prostituirse para sobrevivir. Pero las cosas que más le habían dolido en la vida, le ocurrieron antes de migrar, en Tlapa, 23 años atrás.

Libre como las mariposas

Es septiembre de 1997. El bullicio y la música de banda reinan en la colonia San Francisco, en Tlapa. Armando, sus hermanas, su mamá y su papá disfrutan de un jaripeo, un espectáculo que consiste en ver qué jinete se queda más tiempo sobre el lomo de un toro. Armando se aparta para reunirse con sus amigos, a quienes su padre llama “los putos”.

Sus hermanas se van, pero Armando se queda. Al verlo, su padre desenfunda la pistola y suelta varios tiros entre los pies de su hijo y sus amigos. Nadie resulta herido, pero Concepción, la madre de Armando, sabe que su esposo intentó matarlo. Ella y sus hermanas se llenan de miedo.

No es la primera vez que su padre lo agrede. Sucede con frecuencia desde que cumplió 15 años y comenzó a autopercibirse como una persona transexual. Una vez su padre le dio un cuchillo y le gritó: “¡Ten, mátate!”. En la región Montaña, como en muchas otras del país, aún hay muchos prejuicios contra personas con orientaciones e identidades sexuales distintas.

Después del jaripeo, Concepción, sus hijas y Armando duermen en casa de una comadre. Tienen miedo de que su esposo lo mate. Esa noche, Armando comenzó a idear su huida. Dos días después, al amanecer, él ya no está en Tlapa.

Hasta una semana más tarde, su madre y sus hermanas supieron que ya estaba en Estados Unidos. Lo que no les contó en ese momento es que durmió en la calle, hizo trabajo sexual y sufrió maltratos, que para llegar allá consiguió dinero que debía reunir y pagar pronto, y que tenía una meta clara: a partir de entonces sería Yimel Alvarado.

La otra realidad

Durante la pandemia de la COVID-19, las personas migrantes lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales pueden enfrentarse a discriminaciones entrecruzadas: tanto por ser migrantes, como por su identidad de género u orientación sexual, han advertido organismos como la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Lo cierto es que de la realidad de las personas migrantes de la comunidad LGBT durante la pandemia, poco se sabe. Al menos en México.

Por varios días este medio intentó tener comunicación con organizaciones estatales y nacionales de la diversidad sexual, tanto de México como de EU, para conocer cómo estaba viviendo esta población la pandemia, pero la única información disponible es la relacionada específicamente con crímenes por homofobia.

El representante de la organización local Orgullo Guerrero, Juan Carlos Salvador, dijo que quizás estaban siendo egoístas por no documentar lo que están viviendo sus compañeros y compañeras de la población LGBTI+ en pandemia, porque desconocen totalmente su situación.

De acuerdo con la ONU, las personas LGBTI+ pueden enfrentar discriminación y estigma cuando acceden a los servicios de salud, además de que en algunos países hay leyes en que penalizan las relaciones entre personas del mismo sexo y criminalizan a las personas trans.

Otras conductas sobre las que advierte este organismo son: estigmatización, discriminación, discursos de odio y ataques contra las personas LGBTI, así como obstáculos para acceder a trabajos y medios de vida, y vulnerabilidad ante violencia y explotación.

Además, debido a las diversas formas de discriminación social y económica que enfrentan las personas migrantes LGBTI+, es más probable que se vinculen en el sector informal y no tengan acceso a licencia por enfermedad remunerada ni a compensación por desempleo, detalla la organización.

La ONU precisa que las personas migrantes transgénero y no binarias son particularmente vulnerables a la explotación, debido a la discriminación laboral por su identidad de género o nacionalidad, lo cual abre una ventana para que los tratantes aprovechen esta vulnerabilidad y muchas veces busquen activamente víctimas trans y no binarias.

El vuelo de la mariposa

Yimel nació en Tlapa, en la Montaña de Guerrero, una de las regiones más pobres del país, el 14 de mayo de 1980.

Para llegar a la casa donde creció y vivió hasta la noche del jaripeo, se camina por la avenida Hidalgo hasta la colonia San Francisco. Es un extremo de la cabecera municipal, cerca de los cerros, donde abundan casas sencillas de concreto. En la puerta de una de esas casas cuelga un moño negro, símbolo de luto. Es la casa de Yimel.

Dentro, en el segundo piso, hay mariposas de cerámica de colores, con alas abiertas sobre una pared azul. Yimel quería ser como ellas: libre. Algunas de esas mariposas las compró ella misma en Estados Unidos, pero ahora adornan la casa de su madre, en su memoria.

Al cruzar la puerta de la entrada, lo primero que se percibe es el aroma de las lilis -como se conocen en esta región a las azucenas- que rodean una gran pintura de Yimel, donde luce una larga cabellera y está sonriendo; se ven sus labios carnosos y sus ojos perfectamente delineados.

Ariana desempolva el maletero donde guardan como un tesoro preciado los vestidos que confeccionó “La Gorda”, como se refiere cariñosamente a su hermana Yimel. Los saca uno por uno, son grandes y vistosos; Yimel era una mujer robusta de 1.90m de estatura.

La Gorda, cuenta su hermana, regresó a Tlapa después de cuatro años en EU, para ver a su familia. Para entonces su madre se había separado del padre, por las peleas constantes relacionadas con la identidad sexual de su hija.

Ella llegó sin los vestidos, las zapatillas y el maquillaje que usaba en Nueva York. Le contó a su madre y sus hermanas que por fin era libre y disfrutaba mucho su trabajo en los bares, principalmente en El Trío o en Kings Bar, donde imitaba a artistas como Paquita la del Barrio, Celia Cruz, Ana Gabriel, Rocío Durcal, Gloria Trevi y Jenny Rivera, con vestidos amplios, de olanes y llenos de brillos que ella misma se cosía.

“Me voy a beber y comer todo lo que pueda, después, cuando sienta que acabó ese tiempo, comenzaré a obtener bienes materiales”, dice la hermana que un día le dijo Yimel a su madre, de quien se hacía cargo y estaba pendiente por teléfono. Su madre construyó la mitad de su casa con el dinero que Yimel ganó en Queens.

Después de tres meses de estancia en Tlapa, regresó a Estado Unidos con los mismos riesgos de ser migrante indocumentada. Creyó que moriría en el desierto: se le acabó el agua, se deshidrató y estuvo a punto de beberse sus orines; sus pies se llenaron de llagas por todas las horas que caminó, pero logró cruzar. Y del otro lado, a diferencia de la primera vez, la esperaban sus amigos en el departamento, a quienes ella misma había ayudado de manera económica hasta que consiguieron trabajo.

Una sentencia que se cumple

Cuatro días después de su imitación más solicitada en el Kings Bar, Yimel se siente peor de salud. Entonces se comunica con su madre y sus hermanas que están en Tlapa para contarles. Les pide que recen por ella.

También habla con su hermana menor, quien vive en Queens. Cuando Olivia escucha su voz agitada y sin fuerza se va a verla. La encuentra dentro de su habitación tirada en la cama.

The New York Times reconstruyó ese día. Olivia llevó a Yimel al hospital: “Llaman un taxi. Pero el conductor, al sospechar que la mujer desplomada en las escaleras tiene el virus, se disculpa y se va. En un fugaz momento de claridad, Yimel dice: llama a una ambulancia”.

Yimel fue trasladada al Hospital Elmhurst, que ofrece atención, sobre todo, a quienes no tienen seguridad social en EU.

“En estos tiempos de pandemia, las personas transgénero encuentran aún más desafíos. La falta de seguro médico, la falta de capacidad para seguir las pautas de distanciamiento social y las pautas de cuarentena hacen que las personas LGBTI+ se enfrenten a una mayor probabilidad de exposición al COVID-19”, advirtió la ONU en un artículo publicado en octubre del 2020.

En Estados Unidos la situación es distinta que en México, asegura en entrevista la coordinadora de Desarrollo Institucional de Casa Arcoíris, un albergue para la comunidad LGBTI+ migrante en Tijuana, Sara Amelia Islas.

Allá las personas de la diversidad sexual tienen derecho a recibir atención médica, y hay organizaciones que velan por sus derechos, dice Islas, quien hace acompañamiento a migrantes LGBTI+ que llegan a la frontera de México con Estados Unidos, para cruzar a ese país mediante la figura de asilo.

Islas afirma que en EU, la comunidad migrante de la diversidad sexual recibe mejor atención de salud que en México, aun cuando sigue padeciendo discriminación, racismo y los crímenes de odio persisten.

En su opinión esto responde a que, en comparación con México, en Estados Unidos hay mayor apertura a la comunidad LGBTI+, porque hay políticas públicas y leyes que les protegen, aunque el grado de aceptación depende del estado, por ejemplo en San Francisco, Washington, Nueva York y California gozan de mejores condiciones y mayor presencia de colectivos que les apoyan.

Hace cuatro días Yimel cantaba en el Kings Bar y ahora está en el hospital debatiéndose entre la vida y la muerte.

El día que ingresó al hospital, los médicos le diagnosticaron neumonía. Después le informaron a Olivia que su hermana sería intubada, porque su respiración y oxigenación disminuía de manera acelerada.

Cuatro días después de que Yimel fue internada en el hospital se declaró la pandemia por la COVID-19 en Estados Unidos. Las autoridades obligaron al confinamiento, pero ella ya estaba en la cama de un hospital, en coma y con todos los síntomas que provoca el virus Sars-CoV-2.

A Olivia le dijeron que el país estaba en alerta y debían restringir las visitas en el hospital, sobre todo en el área en la que estaba Yimel, por lo que se retiró a su casa, pero varias veces al día marcaba por teléfono para saber de su hermana.

El 26 marzo por la noche, Olivia llamó nuevamente al hospital. Se sentía impaciente. La doctora en turno le dijo que Yimel seguía igual, que al menos no había empeorado y que podría considerarla estable. Eso le dio tranquilidad.

Pero, a la mañana siguiente, sonó el celular de Olivia, era una llamada del hospital: Yimel había muerto.

En octubre de 2021 Olivia todavía se resiste a creerlo. Ella cree que su hermana fue desconectada intencionalmente por el aumento de pacientes con COVID-19.

El calvario de las muertes de migrantes por covid-19

De acuerdo con la Secretaría de los Migrantes y Asuntos Internacionales (SIMAI) de Guerrero, el número de migrantes guerrerenses que fallecieron a causa de la COVID-19, tan sólo de marzo del 2020 al 13 de agosto de 2021 eran 451, aunque tampoco se conoce cuántos o cuántas pertenecían a la comunidad LGBTI+.

Desde el 2020, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan ha documentado los casos de migrantes muertos por la COVID-19 en esta región de la Montaña para repatriar sus cenizas, pero poco saben específicamente de muertes de migrantes LGBTI+.

En su último informe (2019-2020), Tlachinollan documentó los casos de 63 personas originarias de la Montaña alta fallecidas por COVID-19 en Estados Unidos, la mayoría en Nueva York.

Tlapa, el municipio de la región donde se concentra la actividad comercial de la Montaña alta de Guerrero, es el centro donde confluyen habitantes de pueblos mixtecos, tlapanecos, nahuas y mestizos. En las últimas cuatro décadas –como lo enuncia Tlachinollan en su informe de actividades– las y los jóvenes que emigran buscan asentarse en NY porque les significa ascender a otro nivel social.

De 63 personas fallecidas por el virus, Tlachinollan gestionó la repatriación de las cenizas de 27. El resto se quedó en ese país porque allá estaban sus familias, explicó el responsable del área de Migrantes y Jornaleros de esa organización, Paulino Rodríguez Reyes.

El costo de la incineración de los cuerpos era de 2 mil dólares, pero lograron que les disminuyeran el costo a mil dólares, pues la mayoría de migrantes sin documentos no recibieron apoyo de los gobiernos de Estados Unidos ni de México durante la pandemia, afirma Rodríguez Reyes.

De acuerdo con la Secretaría de los Migrantes y Asuntos Internacionales de Guerrero, en Estados Unidos hay un registro aproximado de 70 mil 474 migrantes guerrerenses viviendo en ese país, pero tampoco tienen una cifra de cuántas de estas personas pertenecen a la comunidad LGBTI+.

Los migrantes que viven en Nueva York pudieron acceder al sistema de salud, pero por temor de ser deportados o los dieran por muertos en los hospitales, mejor se quedaron en casa, agregó el defensor Paulino Rodríguez.

Yimel regresa a Tlapa

¿Cómo darle sepultura a la hermana y a la hija cuyo cadáver está en Estados Unidos? En Queens, Olivia y las amistades de Yimel se unieron para recuperar su cadáver. Debía ser rápido.

En Tlapa, Ariana tenía temor de que su hermana terminara en una fosa común o que les entregaran unas cenizas que no eran las de ella. En ese entonces había un fuerte rumor de que los cadáveres de migrantes indocumentados estaban siendo enviados a la fosa común.

Era urgente conseguir un crematorio. Recordaron que antes de dedicarse a cantar, Yimel trabajó en una funeraria. Se comunicaron con el dueño, quien accedió a cremar su cadáver de inmediato pero debían cubrir los gastos. Olivia acababa de recibir un ahorro y con eso pudo pagarlos.

Yimel ya no tuvo la oportunidad de recibir su documentación como estadounidense nacionalizada, que llevaba años tramitando, de haberla conseguido, habría logrado ser mujer de manera legal.

Las cenizas no llegaron pronto a Tlapa. El duelo de la familia en Guerrero se prolongó por seis meses, hasta que una comadre de Olivia viajó a México y con ella viajaron las cenizas de Yimel.

Es 5 de agosto del 2020. Una mujer sale del aeropuerto de la Ciudad de México, en sus manos lleva la caja de madera donde están las cenizas de Yimel, que enseguida entrega a Concepción y a Ariana, madre y hermana de Yimel. En cuanto Concepción las recibe, suelta el llanto.

Más tarde, en la entrada de la cabecera municipal de Tlapa, una caravana de amistades, familiares y conocidos de Yimel, la esperan. Hay muchas flores, música de viento, una muñeca gigante –a la que se le llama “mona” o “mojiganga”, hecha de papel y trapo, en cuyo interior, debajo de la falda, se introduce una persona para hacerla bailar, una costumbre típica de las festividades en la región– , que mueven al son de la música, globos y banderas arcoíris.

En su casa de la calle Hidalgo, en un altar con flores multicolores e imágenes religiosas colocan sus cenizas, que al final fueron depositadas en una nueva urna pintada a mano por artesanos de Olinalá, otro municipio de la región.

Con la llegada de Yimel a su casa lo mismo rezaron que bailaron al son de la banda de viento. Sus amigas se pusieron sus vestidos, los que cosió y bordó con esmero, y bebieron y rieron toda la tarde. Después, los restos fueron llevados al panteón municipal de Tlapa. Aunque el presagio de muerte de su padre se cumplió, Yimel logró su sueño y pudo ser libre.

 

* Este texto forma parte del  proyecto Covid y Desigualdad de la Red de Periodistas de a Pie elaborado en colaboración con DW Akademie, con el apoyo del Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo de Alemania (BMZ).

Vacuna Covid para niños: En qué países ya se aplica y de qué forma la aconseja la OMS

El desarrollo de vacunas contra COVID-19 sigue avanzando, y en varios países la vacunación en menores de 12 años ya es un hecho.


 

Texto: Samedi Aguirre / Animal Político

Fotografía:

28 de enero de 2022

 

El desarrollo de vacunas contra COVID-19 y la investigación al respecto sigue avanzando, y en varios países, como Estados Unidos, Canadá, Argentina, Cuba, Perú, El Salvador, Chile, Ecuador, Colombia, Holanda, Costa Rica, India, la vacunación en menores de 12 años ya es un hecho.

En México, en tanto, el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador ha sido reticente respecto a la vacunación a niñas y niños, solo abriendo hasta ahora el registro para que sí reciban las dosis aquellos que tengan entre 12 y 17, con alguna comorbilidad.

Uno de los argumentos del gobierno para no extender más la vacunación, incluso a niñas y niños sanos, es que tienen poco riesgo ante COVID y que primero deben darse las vacunas a otros grupos de edad, aunque hay voces e incluso se han presentado recursos judiciales en el país para que también comiencen a recibir también esa protección.

Cuando lo cuestionaron la mañana del 26 de enero, el presidente López Obrador negó que la OMS haya recomendado vacunar a personas de 5 a 11 años, aunque aceptó que revisaría el tema, para seguir lo que apunta el organismo internacional.

Justo cinco días antes, la Organización Mundial de la Salud (OMS) había actualizado sus recomendaciones, señalando los beneficios de vacunar a  niños sanos de entre 5 y 17 años  aunque también apuntando que primero se debería cubrir totalmente a los grupos de alta prioridad.

Es decir, antes de vacunar a niñas y niños sanos primero garantizar los esquemas y los refuerzos correspondientes a: las personas inmunodeprimidas y los trabajadores de salud, adultos con comorbilidades, las mujeres embarazadas, los maestros y otros trabajadores esenciales, “los grupos demográficos desfavorecidos con mayor riesgo de COVID-19 grave”, y las niñas, niños y adolescentes con comorbilidades.

Incluso la OMS refirió que “los países que han logrado una alta cobertura de vacunación en las poblaciones de alto riesgo deberían priorizar el reparto global de las vacunas contra la COVID-19 antes de vacunar a los niños y adolescentes sanos que tienen el menor riesgo de sufrir resultados graves”.

La Secretaría de Salud de México, en un comunicado, refirió al respecto que el Plan Nacional de Vacunación tiene “plasmadas” las recomendaciones de la OMS, y que sigue su ruta para priorizar las dosis, ubicando a niñas, niños y adolescentes sanos en el grupo de menor prioridad.

Carlos Sandoval, investigador del Centro de Biotecnología de la UNAM, explicó a Animal Político que hasta ahora la única vacuna para niños autorizada por la OMS es la de Pfizer.

Sin embargo, países como China e India ya autorizaron la vacunación pediátrica en su población con otros tipos de vacunas contra COVID-19.

Los niños también se enferman

Al inicio de la pandemia falsamente se creía que si había alguien a quien no le afectaba la COVID era a los jóvenes, niños y niñas, pero con el avance de las investigaciones y el desarrollo de la pandemia en todas las poblaciones hoy se sabe que cualquier persona, sin importar su edad, puede enfermar y morir de COVID-19.

“Si bien los niños parecen presentar un cuadro menos severo de la infección no son inmunes a la infección. Se van a infectar y se pueden llegar a convertir en un reservorio, permitiendo que personas con un riesgo mayor se contagien”, dice el doctor Carlos Sandoval.

De hecho, en las primeras dos semanas del 2022 los casos de infecciones confirmadas en menores de edad se quintuplicaron en México, con relación a las cifras reportadas apenas a principios de diciembre.

Entre el 1 y el 16 de enero, se registraron 3 mil 609 casos de COVID-19 en menores de edad y 12 de ellos fallecieron, según un reporte del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA). El mismo sistema, desde el inicio de la pandemia, había registrado un total de 837 defunciones de niñas y niños.

Al respecto Juan Martín Pérez García, Coordinador de la organización Tejiendo Redes Infancia en América Latina y el Caribe, señala que hay que tener claro que se trata de un subregistro, pues no se aplican pruebas diagnósticas a todos los menores de edad.

La letalidad de la COVID-19 en niños y niñas se conoce desde el inicio de la pandemia, cuando investigadores del Instituto Mexicano del Seguro Social, de la Universidad Autónoma del Estado de México y de la Secretaría de Salud publicaron en la Gaceta Médica de México un estudio en donde encontraron que “Los niños con COVID 19 tienen alta mortalidad en México, por lo que en ellos se debe procurar evitar la neumonía, especialmente en los menores de cuatro años, con riesgo cardiovascular o inmunosupresión”.

Por ello, la ONU destaca que “aunque la COVID-19 grave es poco frecuente en los niños, se produce ocasionalmente, y la vacunación de los niños tiene el beneficio adicional de minimizar la interrupción de su educación, mejorando así su bienestar general”.

Los niños y niñas, refirió también Pérez García, son personas con derechos y no se les debería dar un trato desigual para recibir la dosis, porque incluso podrían vulnerarse algunas de sus garantías constitucionales.

La primera, dice, es el derecho a la no discriminación “porque el plan de vacunación para COVID es universal, así está publicado en el Diario Oficial de la Federación y el mismo Cofepris ya aprobó la vacuna para mayores de 12 años de Pfizer, entonces al no aplicarla se está dando un trato desigual sin ningún tipo de fundamento”.

En segundo termino dice que no vacunar a los niños y niñas aunque la vacuna ya se aprobó para su rango de edad, también es una violación al derecho a la salud “porque no tiene nadie porqué padecer el Covid, infectarse y tener secuelas en su vida”.

“Están vacunando a los maestros para un regreso seguro a clases, y no a los niños y la pregunta es ¿los niños no son personas?”, cuestiona Pérez García.

Vacunación pediátrica no es igual a la vacuna de adultos

Cuando comenzó la vacunación en población adulta, muchas personas se preguntaron por qué no se incluía a los menores de edad en los planes de vacunación. Para empezar, las recomendaciones internacionales siempre han seguido la ruta marcada por la OMS, en donde se da prioridad a grupos vulnerables como adultos mayores y personas con alguna comorbilidad.

Pero también es importante considerar que no se le puede poner exactamente la misma vacuna a una persona de 60 que a otra de 8 años. El doctor Sandoval explicó que esto se debe no sólo al tamaño y peso, sino también a la madurez del sistema inmunológico.

“Normalmente hay una dosis que se administra en personas mayores de 11 años y una versión pediátrica que tiene una dosis más pequeña”, explicó.

Por lo que aunque algunas vacunas ya se aprobaron para ser administradas en población adulta, ahora se requiere que cada vacuna cumpla con los requisitos y evaluaciones de seguridad y eficacia, para población pediátrica.

Pfizer es la primer vacuna pediátrica aprobada por la OMS

La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) autorizó el pasado 19 de diciembre el uso de emergencia de la vacuna de Pfizer en personas de 5 a 17 años.

Recientemente, el Grupo de Asesoramiento Estratégico de Expertos en Inmunización (SAGE) de la OMS señaló que la vacuna de Pfizer-BioNTech (BNT162b2) contra el COVID-19 es segura para su uso en niños y niñas mayores de 5 años, pero con un ajuste en la dosis:  30 microgramos para adultos y 10 microgramos para niños.

Esto lo determinaron luego de revisar los resultados de  ensayos de fase 3 en niños de 12 a 15 años y de 5 a 11 años. Ambos mostraron resultados favorables en cuanto a respuesta inmune y seguridad.

La OMS también señala que a los menores de 17 años con comorbilidades se les debe ofrecer la vacuna, junto con otros grupos de alto riesgo.

Cabe señalar que aún no se ha determinado la necesidad y el momento de las dosis de refuerzo para niños de 5 a 11 años.

En México,  la Cofepris aprobó su usó en adolescentes de 12 a 17 años, pero el gobierno Federal sólo ha abierto el registro para que se vacunen mayores de 15 años, o personas de entre 12 y 17 años con alguna comorbilidad.

Respecto a la seguridad de la vacuna, el doctor Carlos Sandoval señaló que hasta ahora las pruebas realizadas con la vacuna de Pfizer indican que la seguridad y los riesgos son los mismos en adultos como en la población pediátrica.

“Y si hablamos de la población adulta que ha recibido la vacuna sí hay reportes de efectos secundarios pero son muy pocos, estamos hablando de uno en millones de dosis administradas, mientras que el riesgo de complicación por COVID es más elevado, entonces la vacuna implica menos riesgo”, señaló.

De acuerdo con el Sistema de notificación de eventos adversos de vacunas (VAERS) de Estados Unidos, entre el 3 de noviembre y el 19 de diciembre de 2021, VAERS recibió y procesó 4,249 informes de eventos adversos para niños de 5 a 11 años que recibieron la vacuna Pfizer-BioNTech COVID-19; de los cuales 97.6 % no fueron graves. Esto tras la aplicación de 8.7 millones de dosis.

Las reacciones notificadas con mayor frecuencia después de cualquiera de las dosis fueron dolor en el lugar de la inyección, fatiga y dolor de cabeza; mientras que la fiebre se notificó con más frecuencia después de la segunda dosis.

Otras vacunas pediátricas contra COVID

Aunque Pfizer es la única vacuna para niños autorizada por la OMS y por la Cofepris para ser administrada en población menor de edad; ya se han completado estudios y autorizado otras vacunas en el mundo.

En China, por ejemplo, se completaron ensayos en personas mayores de 3 años para las vacunas CoronaVac de Sinovac y BBIBP-CorV de Sinopharm, por esa razón el gobierno de China autorizó su aplicación en dicha población a finales de 2021.

En Argentina, la Administración Nacional de Alimentos, Medicamentos y Tecnología Médica también autorizó el uso de emergencia de la vacuna Sinopharm en niños de entre 3 y 11 años en octubre pasado.

Covarxina, una vacuna desarrollada por Bharat, fue aprobada en India para personas de 12 a 17 años; mientras que en Cuba la vacunación contra COVID a menores de edad comenzó desde septiembre pasado, gracias a la vacuna Soberana.

Mientras tanto, en México,  grupos de padres de familia han tenido que recurrir a amparos para lograr la inoculación en sus hijos sin que se tenga una cifra exacta de esto.

Además, asociaciones como Save the children hacen un llamado para exigir al gobierno federal  que incluya a niñas y niños desde los 5 años en los esquemas de vacunación contra COVID-19, sin condicionar su aplicación a la existencia de comorbilidades.

 

Casos de COVID-19 se quintuplican en niños y adolescentes

Los pediatras refieren que atienden hasta 10 consultas cada tarde por casos ya confirmados o sospechosos


 

Texto: Andrea Vega / Animal Político

Fotografía:

25 de enero de 2022

 

En las dos primeras semanas de enero de 2022, entre el 1 y el 16 de este mes, se registraron 3 mil 609 casos de COVID-19 en menores de edad, confirmados por resultado positivo a la prueba; mientras que en la primera quincena de diciembre de 2021 se contabilizaron 668; es decir, de un mes a otro, en el mismo periodo, los casos se quintuplicaron.

Esto de acuerdo con el reporte del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), integrado con información de la base de datos de la Secretaría de Salud federal sobre casos de COVID-19 en México.

Los casos registrados en la primera quincena de este enero de 2022 incluso son el doble de todos los que se contabilizaron en todo el mes de diciembre, cuando hubo mil 412. De los casos confirmados entre el 1 y el 16 de enero, 627 fueron en niños de 0 a 5 años; mil 058, en menores de 6 a 11 años y mil 924, en adolescentes de 12 a 17 años.

En cuanto a las defunciones en niños y adolescentes con casos confirmados de COVID, entre el 1 y el 16 de enero de 2022 se han registrado tres, mientras que en todo diciembre de 2021 se contabilizaron 12 y en noviembre, 22. Esto porque los especialistas concuerdan en que aunque los casos se han disparado, son menos graves.

Cada tarde entre semana, en su consultorio privado, el pediatra infectólogo Sarbelio Moreno atiende entre siete y 10 consultas por COVID en menores de edad, los sábados la cuenta pueda llegar a 30, en esta cuarta ola de contagios en México, impulsada por la variante ómicron.

A su consultorio particular, donde solo labora por las tardes, llegan los menores ya con la prueba positiva o con síntomas. Lo usual es que los padres también estén enfermos. “Hay muchísimos casos en niños y adolescentes, lo mismo que en el resto de la población, pero no son casos graves. De todos los pacientes que he visto en mi consultorio, solo a uno lo tuve que enviar a hospitalización y se le dio de alta al día siguiente”, señala el médico.

Moreno afirma que sí se ve una diferencia entre las olas de contagios anteriores y los de esta variante, que, hasta donde se sabe, parece afectar las vías respiratorias altas (los bronquios, la faringe, la laringe), más que los pulmones y otros órganos”, dice Sarbelio Moreno.

Por eso, agrega el pediatra, “los niños refieren que sienten como vidrios en la garganta, y sí, es algo muy molesto, pero no se compara con que se te acabe el aire y no puedas respirar, como pasaba con las variantes anteriores”.

Coincide con él, Rodolfo Jiménez también pediatra infectólogo del Hospital Infantil Privado, quien asegura que hasta el 70% de los pacientes que está recibiendo en su consultorio llegan por COVID o por sospecha de tenerlo pero, en efecto, la mayoría de los casos no son graves.

Los menores de 18 años que pueden desarrollar cuadros menos leves, coinciden los especialistas, son aquellos con comorbilidades o alguna enfermedad previa.

Sarbelio Moreno, quien por las mañanas labora en uno de los hospitales públicos más importantes del país especializados en pediatría, afirma que ahí hay niños ingresados con COVID, pero son pequeños que padecen leucemia o alguna condición que los hace vulnerables, o bien que ingresaron por apendicitis, pero también tienen COVID, como mucha de la población.

“Están hospitalizados, pero no por la gravedad del COVID, sino por las otras enfermedades que padecen”, asegura. Y precisa que en el hospital público pediátrico hay 21 camas ocupadas con pacientes con coronavirus, pero con este cuadro que refiere: afectados por una enfermedad previa.

En un recorrido que este portal hizo por el Hospital Infantil de México Federico Gómez, de la Secretaría de Salud Federal, y por el Hospital Pediátrico La Villa, de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, solo encontró afuera de este segundo a una madre de familia que llevó a su hijo, Israel, por síntomas como de COVID.

El niño de ocho años llevaba dos días con escurrimiento nasal, dolor de garganta y fiebre. “No tengo termómetro ni oxímetro en casa, por eso lo traje mejor aquí al Hospital La Villa. Le hicieron la prueba para COVID y también la de influenza y dio negativo a las dos, así que me lo van a dar, porque al parecer solo es una fuerte infección en la garganta”, contó Gisela Martínez, vecina de la colonia Martín Carrera, en la alcaldía Gustavo A. Madero.

Rodolfo Jiménez, además de la práctica privada, también trabaja en un hospital pediátrico público, y dice que los pediatras están viendo que hay muchas infecciones respiratorias, el 70% son por COVID en este momento, pero hay de otro tipo.

El especialista precisa que aunque los casos de coronavirus con la variante ómicron parecen ser menos graves, además de en los niños con comorbilidades o enfermedades previas, también es importante estar alerta con los menores de cinco años.

En publicaciones internacionales, dice, ya se ha reportado que, sobre todo, los menores de un año tienen más riesgo de desarrollar COVID grave, lo mismo que los adolescentes, sobre todo los que tienen obesidad; aunque en México los de 15 y más ya tienen vacunas.

En general, dice, los niños menores de cinco años siempre tienen más riesgo con las infecciones respiratorias; por eso si un pequeño tiene dificultad para respirar o lleva cuatro días con fiebre o más, hay que llevarlo a un médico o a un hospital a evaluar, aconseja.

Para evitar los contagios, Jiménez dice que en especial para esta variante ómicron se deben usar cubrebocas de alta eficiencia, como los N95, y hay que mantener los espacios cerrados bien ventilados.

“Si los niños van a la escuela, y como con ellos es complicado que se ajusten bien los cubrebocas, lo que se puede hacer es colocarles primero uno de tipo quirúrgico (los azules) y encima uno de tela, para mantenerlos mejor fijados”.

En los salones de clases, los profesores deben usar también un cubrebocas de alta eficiencia y mantener puertas y ventanas abiertas para una mejor ventilación.