Guerrero cuenta con dos Alertas de Violencia de Género (AVG); actualmente 17 mujeres están desaparecidas y más de 40 han sido asesinadas en lo que va del año, las activistas que defienden los derechos de la mujer son amenazadas y hostigadas y sus denuncias son minimizadas por las autoridades.
Wendy Alanís es activista feminista que da acompañamiento a mujeres en situación de riesgo y vulnerabilidad. En 2020 recibió amenazas a través de su teléfono, presentó una denuncia ante Policía Cibernética de la Fiscalía General del Estado (FGE) y se abrió una carpeta de investigación por hostigamiento cibernético.
En la FGE aparece esta carpeta bajo el número 12020090700934010820 contra quien resulte responsable por el delito de amenazas en agravio de Wendy Alanís Gutiérrez.
Dos años después, la investigación está estancada, no hay detenidos y la carpeta sigue en el mismo escritorio donde la archivaron cuando se abrió, dice Wendy Alanís. Hace unos días volvió a ser hostigada y piensa que su teléfono está intervenido.
El pasado miércoles 25 de mayo, Wendy comenzó a recibir llamadas de números desconocidos, una tras otra, su celular no dejaba de sonar, eran de números desconocidos, extraños, no eran las ladas nacionales. Ante la insistencia decidió contestar.
“Uno entiende que por la actividad que realiza recibe llamadas de números desconocidos, que generalmente son de personas que requieren un acompañamiento y llaman para pedir ayuda”, comenta.
Cuando contestó, del otro lado de la llamada nadie respondió, se hizo un silencio.
Horas más tarde, Wendy notó que su celular se comportó de manera extraña, se reiniciaba solo, la pantalla hacia cortos, accedía a aplicaciones y ante la extrañeza preguntó a algunos conocidos que saben de tecnología sobre la situación.
“Probablemente están hackeando tu teléfono en este momento”, le dijeron.
Wendy decidió marcar a la Policía Cibernética para denunciar; a pesar de tener una carpeta de investigación abierta y tener contactos en la FGE por la labor que realiza, la operadora le pidió de nuevo todos sus datos.
Wendy recuerda que durante la llamada, ésta se cortaba, se escuchaba viciada y unas voces que decían: “va haber balazos”, y repetían una y otra vez la palabra “puta”. Las palabras no las escuchó la operadora, quienes ante la insistencia, le recomendaron trasladarse en ese momento a la FGE para revisar el teléfono.
En la FGE los elementos de la Policía Cibernética minimizaron la denuncia y le dijeron que probablemente su teléfono estaba descompuesto, que la pantalla no servía y le recomendaron cambiar de equipo.
“Yo acudí a Telcel a que revisaran mi equipo para saber si realmente estaba dañado, pero ahí me dijeron que estaba en buenas condiciones”, comenta.
Durante la noche, Wendy continuó recibiendo llamadas de números desconocidos. La Policía Cibernética le dijo que esos números provenían de Estados Unidos y esa vez no solamente recibía llamadas de esos números, también mensajes con emoticones de calaveras.
Wendy además de ser activista escribe sobre temas del feminismo en distintos medios nacionales, los cuales también recibieron amenazas, de acuerdo con ella, por ser críticos con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
Dos días después de las llamadas y los mensajes, Wendy buscó una entrevista con el fiscal especial para la atención de delitos contra periodistas, Roberto Cuauhtémoc Bermejo Rubio, para que atrajera el caso. El funcionario sólo le respondió con un tal vez; que leería la carpeta y que lo mejor sería canalizar con su Ministerio Público.
Después de cuatro días de recibir llamadas, Wendy dejó de recibirlas, pero teme que vuelvan las amenazas.
No es la primera vez que recibe este tipo de llamadas, en 2020 cuando se abrió la carpeta de investigación recibió mensajes amenazantes después de realizar el acompañamiento a una víctima de violencia.
Wendy es activista feministas y da acompañamiento a mujeres en situación de riesgo y vulnerabilidad; aclara que su activismo no sólo es para mujeres desaparecidas: va desde asesoramiento legal, psicológico y ayuda en cualquier situación donde una mujer no sepa qué hacer.
Para Wendy el activismo no sólo es dar acompañamiento a las mujeres o asistir a marchas, también es realizar labores que las instituciones no hacen.
En muchas ocasiones, dice que ante la inacción del gobierno y sus instituciones, ella realiza labores que le corresponden al Estado.
Cuenta que sola ha tenido que repartir guías violetas y de cómo expresarse con lenguaje incluyente que elaboró la Secretaría de la Mujer en la administración del priista Héctor Astudillo Flores y que nunca fueron repartidas.
“Hay cajas y cajas llenas de estas guías que para esta administración son papel desperdiciado porque ya no las van a entregar por el simple hecho de llevar los logos de la administración pasada”, dice.
Sin una atención de la FGE y pese a las amenazas, Wendy dice que continuará con su labor apoyando a todas las mujeres que lo necesiten.
De enero a mayo del 2022, 17 niñas han sido reportadas como desaparecidas y, de ellas, 14 fueron localizadas y tres continúan sin aparecer, de acuerdo con las fichas activas de la Alerta Amber emitidas por la Fiscalía General del Estado (FGE).
En el caso de Protocolo Alba, que se activa por una mujer mayor de edad, los datos no son tan optimistas: de 18 fichas de mujeres desaparecidas solo se han desactivado cuatro, es decir, 14 continúan sin ser localizadas.
Entre las mujeres que continúan desaparecidas está Zuzuki Judith Blanco, de 19 años de edad.
El pasado 29 de abril Zuzuki desapareció cuando se dirigía a una reunión escolar.
Este miércoles 25 de mayo familiares y amigos de la esudiante protestaron frente de las instalaciones de la FGE para exigir su aparición.
Bloquearon el carril sur-norte del bulevar René Juárez Cisneros en la entrada de la FGE. Ahí los familiares exigieron la intervención de la gobernadora, la morenista Evelyn Salgado Pineda, como lo hizo en Acapulco para dar con la localización de la menor Yoselin Patricio Vendrel, el pasado domingo 22.
La madre de Zuzuki, Yolanda Guzmán, narró que el pasado 29 de abril fue la última vez que tuvo comunicación con su hija, cuando este se dirigía a una reunión escolar de la preparatoria abierta.
Agregó que al no localizarla acudió a presentar formalmente la denuncia ante la FGE pero hasta el momento no hay avances de la búsqueda.
“Lo único que nos han informado es que estuvo en las oficinas del PRI y que hay video de eso, pero ya no sabemos para dónde se fue y con quién pero yo nunca he visto ese video sólo nos lo dijeron de palabra”, dijo la madre de la joven.
Durante la protesta los manifestantes fueron atendidos por un Vicefiscal, pero ya no se supo de los resultados de esa reunión.
Amapola Periodismo hizo un recuento de las fichas de las Alertas Ambar y los resultados fueron los siguientes; 17 menores que estaban en calidad de desaparecidas, 14 ya fueron localizadas y tres siguen sin ser localizadas.
Las tres menores que siguen sin localizar son Linda Kristell Deloya Sánchez, Zuri Cristóbal Real y Ana Iris Ramírez Andreo.
Linda Kristell, de 15 años de edad, desapareció el pasado 13 de febrero en Acapulco. Fue vista por última vez cuando salió de su domicilio en la colonia Renacimiento, de acuerdo con la ficha de la Alerta Amber.
La segunda, Ana Iris Ramírez Andreo, de 14 años de edad, fue vista por última vez cuando salió de su domicilio en Chilpancingo, es lo único que dice la ficha.
La tercera, Zuri Cistobal Real, de 15 años, desapareció el pasado 18 de abril en Acapulco.
De las otras 14 menores de edad las fichas ya fueron desactivadas, los datos que proporciona la FGE indican que fueron entregadas a sus familiares.
Entre las fichas desactivadas están las de Jaqueline Morales García, quien desapareció en Tixtla y apareció 24 horas después. También está la de Yoseline Patricio Vendrel quien estuvo en calidad de desaparecida por tres días en los que amigos y familiares realizaron una serie de bloqueos en Acapulco para exigir a las autoridades la búsqueda y pronta aparición.
Algunas menores fueron localizadas en otros estados de la República como el caso de Valeria Campos Amateco quien fue localizada en Querétaro o Johana García Genchi en Morelos.
A la lista se suman dos menores, Rosa Iris Tapia Vargas, de 17 años, quien desapareció el 26 de abril en el poblado de Lomas de San Juan en la zona rural de Acapulco.
Y se actualizó la ficha de María Fernanda Valadez Vásquez de 9 años de edad, quien desapareció el 5 de diciembre de 2019 en el poblado de Chichihualco a la edad de siete años, la ficha fue actualizada con la imagen de un retrato hablado de cómo luce la menor en la actualidad.
En el caso de María Fernanda los hechos ocurrieron en la cabecera municipal de Leonardo Bravo, Chichihualco, el pasado 4 de diciembre del 2019 cuando Javier Valadez Millán, el padre de la menor, la sustrajo de su hogar después de asesinar con un arma blanca a su esposa, Cendy Vázquez Ramírez, la madre de la niña.
Derivado de los hechos, y después de interponer una denuncia ante el Ministerio Público (MP), se mandó a declarar a Valadez Millán, pero fue liberado horas después por falta de pruebas, denunció la hermana de la víctima, Griselda Vázquez Ramírez.
Después de rendir su declaración el 12 de diciembre del 2019, Valadez Millán huyó con su pareja sentimental, Roberto Rayo Pérez, y con la menor María Fernanda que en ese momento tenía siete años de edad.
Para las colectivas y activistas feministas el siguiente paso es lograr la legalización del aborto en Guerrero, pero surge la interrogante, ¿cuál es la diferencia entre despenalizar y legalizar el aborto?
Con la reforma al Código Penal que aprobó el Congreso y que ya fue publicado en el Periódico Oficial, ninguna mujer puede ser procesada penalmente por interrumpir el embarazo solo hasta 12 semanas de gestación pero falta legalizar el aborto, coinciden un abogado penalista y una abogada feminista.
Para las colectivas y activistas feministas el siguiente paso es lograr la legalización del aborto en Guerrero, pero surge la interrogante, ¿cuál es la diferencia entre despenalizar y legalizar el aborto?
Amapola periodismo consultó a una abogada feminista y un abogado penalista para explicar los claroscuros de las reformas al Código Penal en materia de aborto, y explicar la diferencia entre despenalización y legalización y por qué la confusión entre ambos términos.
“La despenalización atiente a sacar el aborto del Código Penal, que no sea un delito y que no se criminalice a la mujer por tomar esa decisión”, explica Angie de la Rosa Palafox, abogada e integrante de la Red Guerrerense Contra la Violencia hacía la Mujer.
El abogado Valentín Sandoval considera que la interrupción del embarazo continúa siendo un delito que, aún con las reformas al Código Penal, es penado por la ley, solo que ahora será después de las 12 semanas de gestación y con pena para la persona que sin el consentimiento de la mujer le practiquen un aborto.
Valentín Sandoval explicó que anteriormente el Código Penal castigaba penalmente a todas las personas implicadas en un aborto, desde la madre, al médico, enfermero o partera que lo realizaba, salvo algunas excepciones que eran por violación o que esté en riesgo la vida de la madre o del futuro bebé.
Ahora el Código Penal establece que ni la mujer ni los implicados serán sancionados por practicar un aborto.
“La mujer que decida interrumpir su embarazo ya podrá hacerlo sin responsabilidad penal alguna”, explica.
La reforma al Código Penal entró en vigor el pasado 20 de mayo cuando fue publicada en el Diario Oficial del estado y generó dudas y controversias acerca de su alcance e implicaciones en la población guerrerense, mientras que figuras públicas y religiosas como Provida han generado comentarios controversiales.
Es el caso del obispo de la Diócesis Chilpancingo – Chilapa, José de Jesús González Hernández, que el pasado 22 de mayo durante su sermón dominical en la catedral de Chilapa, dijo que el aborto aún no está legalizado y que la iglesia tiene que luchar para que eso no suceda.
Valentín Sandoval considera que el obispo no está en un error, ya que a pesar que se despenalizó la práctica de abortar, no existe aún una normativa o marco legal para que las mujeres que decidan interrumpir su embarazo puedan hacerlo con seguridad.
Esa situación habré otra posibilidad necesaria para las activistas feministas, De la Rosa Palafox considera que el siguiente paso es lograr la legalización del aborto.
“En un estado ideal basta con la despenalización, pero no estamos en un estado ideal, por lo que la despenalización es solo un paso para lograr la legalización”, comentó De la Rosa Palafox.
¿Qué es la Legalización?
“La legalización tiene que ver con generar un marco jurídico que garantice a las mujeres un aborto seguro y gratuito, que haya médicos especializados, equipo, y materiales con el fin que no haya excusa para que no le practiquen el aborto a una mujer en el sector público”, explica De la Rosa Palafox.
Lograr la legalización implica una serie de reformas a la Ley Número 1212 de Salud del Estado de Guerrero que permita un marco jurídico que brinde certeza y seguridad a las mujeres que decidieron practicarse un aborto.
Esas reformas a la Ley de Salud permitirán que cualquier mujer que decida abortar pueda hacerlo en el hospital o centro de salud público más cercano sin costo alguno, y destinar una serie de recursos económicos para que los sistemas de salud pública brinden un aborto seguro y gratuito a todas las mujeres.
Los artículos que se reformaron del Código Penal del estado fueron el 154, 155, 156, 157 y el 159, el 158 fue derogado y respondieron a una sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) donde determinó inconstitucional sancionar penalmente a la mujer o persona gestante que decide interrumpir su embarazo.
También esta reforma fue derivada de dos alertas de género que emitió la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM) que se emitieron durante el gobierno anterior del entonces gobernador Héctor Astudillo Flores.
La estudiante de 16 años Yoseline apareció este domingo viva y salva y sus familiares, amigos y vecinos retiraron el bloqueo que desde ayer sábado mantenían en la carretera federal Acapulco-México en el punto conocido como Paso Limonero, en el entronque de la autopista del Sol.
Enrique Castillo, vocero de la Fiscal General, Sandra Valdovinos Salmerón, señaló que alrededor de seis y media de la mañana el papá de Yoseline llegó con su hija a las instalaciones de la Fiscalía en Acapulco.
«La niña vestía su uniforme de la escuela y con su papá fueron atendidas por la Fiscal Sandra Valdovinos», dijo Castillo.
«Ella (Yoseline) está siendo atendida por un médico forense», sostuvo.
La estudiante de 16 años fue raptada por un grupo de hombres armados este viernes alrededor de las seis y media de la mañana cuando junto con su novio se dirigía a su escuela en la calle San Agustín, en la Unidad Habitacional San Agustín en la zona suburbana de Acapulco.
La versión del novio es de que los sujetos golpearon a él y después subieron por la fuerza a Yoseline en un automóvil compacto.
Después del rapto de la menor, desde el viernes, familiares, amigos y vecinos de la menor de edad bloquearon la carretera federal Acapulco-México y la caseta de la Venta de la autopista del Sol.
Durante el bloqueo de este sábado se presentó la Fiscal General Sandra Valdovinos Salmerón quien se arrodilló ante los familiares de la menor de edad asegurándoles que iban a encontrar a Yoseline.
La intención de la Fiscal fue la de convencer a la gente que desbloquearan la vía federal, pero no lo logró.
Alrededor de las 9 y media de la noche, arribó al sitio la gobernadora Evelyn Salgado Pineda quien durante más de una hora tuvo una reunión con los padres de Yoseline.
Después la mandataria estatal les dijo a los manifestantes que su gobierno no iba a ordenar una represión y que se iba a intensificar la búsqueda con elementos de la Guardia Nacional Ejército y La Marina.
«Yo voy a participar en la búsqueda», les prometió Salgado Pineda quien se comprometió a que hoy domingo participaría en estas labores a partir de las 14 horas.
La gobernadora, la Fiscal, Sandra Valdovinos y la alcaldesa de Acapulco, Abelina López Rodríguez se retiraron del sitio a las once y media de la noche pero el bloqueo en la vía federal continuó.
Durante la reunión bastante tersa y ríspida, los vecinos de Yoseline le reclamaron duramente a la gobernadora y la alcaldesa su inacción para frenar la violencia en Acapulco.
«No hacen nada por cuidarnos; no podemos salir a las calles en paz porque tenemos miedo de que algo nos puede pasar, reclamaron los vecinos.
Enrique Castillo, Vocero de la Fiscal, Sandra Valdovinos, dijo que después de que la menor de edad apareció sana y salva, la gente desbloqueo la vía durante la madrugada de este domingo.
La Fiscalía General del Estado había ofrecido un millón de pesos de recompensa para quien diera información sobre el paradero de Yoseline.
En su edición de este viernes el Periódico Oficial de Guerrero publicó la reforma al Código Penal que contempla la interrupción del embarazo hasta con 12 semanas de gestación.
Dicha reforma que aprobó este martes 17 de mayo el Congreso local se convirtió en ley ya entra en vigor al publicarse en el Periódico Oficial del Gobierno estatal.
El decreto que es firmado por la gobernadora, Evelyn Salgado Pineda, se lee, “Decreto número 180 por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Penal para el estado libre y soberano de guerrero, número 499, en materia de aborto”.
En la publicación se explica que con la reforma al Código Penal del estado se reformaron los artículos 154, 155, 156, 157 y el 159 de dicho Código.
De acuerdo con los antecedentes de la iniciativa y que están publicados en el Periódico Oficial la reforma a los artículos del Código Penal es para armonizarse con la Ley General de Salud, la Ley General de Víctimas y la NOM-046 de Violencia Familiar, Sexual y contra las Mujeres.
También explica que dichas reformas formaron parte de una sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) donde determinó inconstitucional sancionar penalmente a la mujer o persona gestante que decide interrumpir su embarazo, además de una serie de recomendaciones derivadas de las dos alertas de género que emitió la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM).
Con la publicación del decreto en el Periódico Oficial el aborto deja de ser un delito y la mujer que decida practicárselo antes de las 12 semanas de gestación podrá hacerlo sin necesidad de presentar una denuncia por violación ante la Agencia del Ministerio Público del Fuero Común (AMPFC).
Este martes durante la sesión del Congreso que debatían sobre esta reforma al Código Penal, grupos religiosos de Provida, dijeron que esperaban que la gobernadora Evelyn Salgado Pineda no firmara el decreto para despenalizar el aborto.
Con la reforma al Código Penal, Guerrero se convierte en el octavo esta del país en despenalizar el aborto, detrás de la Ciudad de México, Oaxaca, Veracruz, Hidalgo, Baja California y Colima.
Para exigir que en Guerrero y en el resto del país acabe la violencia feminicida, colectivos de mujeres feministas protestaron en la plaza Primer Congreso de Anáhuac de Chilpancingo la tarde de este miércoles.
Esta protesta fue en el marco de la Jornada de luto nacional por las víctimas de feminicidio en el país.
En el mitin exigieron a los tres niveles de gobierno un alto a la violencia feminicida y a las instancias responsables de impartir justica que esclarezca los asesinatos de mujeres en Guerrero.
Fueron dos grupos de activistas que realizaron actos separados.
La activista YolitzinJaimes integrante del colectivo Las revueltas encabezó una protesta en la que hizo un recuento de mujeres y niñas asesinadas o desaparecidas en Guerrero.
Datos de la Fiscalía General del Estado (FGE) indican que en lo que va del año en Guerrero hay 20 fichas activas de niñas y jóvenes desaparecidas, 17 de la Alerta Amber para menores de edad y tres del Protocolo Alba para mujeres mayores de 18 años.
En ese sentido la activista Yolitzin Jaimes dijo:
«¿Cómo las van a encontrar si no las están buscando? Queremos hacer visible la desaparición de mujeres y niñas en Guerrero por eso hoy nos unimos al luto nacional»
Las manifestantes pintaron en el piso de la Plaza Cívica la oración «Ni una más».
En otro punto de la Plaza Cívica, otro grupo de colectivas feministas realizó otra manifestación.
Un grupo de mujeres con una lona de color morado con la leyenda, «Somos la luz de las que ya no están. Por nosotras justicia para rodas».
Colocaron cruces de manera como un símbolo de protesta y en memoria de las mujeres asesinadas en Guerrero y en el país.
Ahí leyeron un pronunciamiento dondw exigieron presupuesto para atender la violencia contra la mujer.
«Exigimos al Estado mexicano dé el mismo trato político y presupuestal al feminicidio, a la trata de personas, y a las violencias generalizadas, que otorga a temas que pareciera que solo a los hombres en el poder les interesan, tales como el narcotráfico, el combate a la corrupción, al huachicol o la a inflación», mencionaron.
Un día después de que el Congreso del Estado aprobó la despenalización del aborto en la entidad la activista Elia Moreno del Moral dijo que es un primer paso para erradicar la violencia pero que falta mucho para que la reforma en el Código Penal sea completa.
«Se debió analizar junto con la Comisión de Salud y de educación para que sea un dictamen integro, pero es primer paso que las mujeres tengan la libertad de decidir sobre sus cuerpos», dijo.
Con 30 votos a favor, 13 en contra y una abstención el Congreso de Guerrero aprobó la reforma del Código Penal que establece la interrupción del embarazo hasta con 12 semanas de gestación.
Fueron los votos de Morena, PRD y PT, además de uno de una legisladora del PRI el que sacó adelante esta iniciativa que la promovieron los morenistas.
La aprobación de esta reforma provocó algarabía de unas 200 mujeres feministas que desde la mañana de este martes se colocaron afuera del Congreso en espera de la votación.
En contraste, grupos religiosos que también desde la mañana están afuera del recinto reprobaron a los diputados.
Hasta las seis de la tarde las feministas seguían bailando y cantando afuera del Congreso.
Las mujeres son las principales afectadas por la falta de agua, pero también se han convertido en luchadoras para acceder a este derecho.
Texto: Samedi Aguirre / Animal Político
Fotografía: José Miguel Sánchez / Archivo
13 de mayo de 2022
Son las 5:00 de la mañana y Marisela se levanta para juntar y calentar el agua con la que Francisco, su hijo, se bañará antes de irse a trabajar. Ellos viven en el municipio de Nezahualcóyotl, Estado de México, en donde la falta de agua en algunas colonias es una constante y su acceso al recurso es a través de pipas, que “hay que corretear”.
Al igual que muchas otras mujeres, Marisela es la responsable de cuidar que una de las pipas les dejen agua. Y como no se sabe a qué hora van a pasar, los martes y los jueves ella no sale de su casa y se asegura de quedarse frente a su portón el tiempo que sea necesario, para lograr que la pipa abra su manguera solo por un minuto. De no ser por Marisela, Francisco no se podría ni bañar.
“La escasez de agua, la contaminación y su mala gestión afecta a muchas comunidades en el mundo; pero históricamente son las mujeres las encargadas de los cuidados y servicios del hogar, así que la falta de agua afecta más a las mujeres”, explicó a Animal Político la doctora Helena López, académica del Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la UNAM, quien recalcó que la principal causa de esto es la división del trabajo por razón de género.
Es decir, socialmente se asignan tareas y responsabilidades diferentes para hombres y mujeres. Por ejemplo, a las mujeres se les asigna el rol de cuidadoras y encargadas de las labores del hogar, sin que por ello perciban un sueldo, y a los hombres el del trabajo remunerado fuera de casa.
Basta con ver las cifras de INMUJERES para saber que esto va más allá de un concepto, pues durante el primer trimestre de 2021, la tasa de participación en trabajo no remunerado, es decir, que realizan alguna labor sin recibir un sueldo, fue de 72.7 para hombres, pero de 95.38 para mujeres.
De acuerdo con el INEGI, en 2020 el valor económico de las labores domésticas y de cuidados reportó un monto de 6.4 billones de pesos, equivalente a 27.6% del PIB del país. Y fueron las mujeres quienes aportaron 2.7 veces más valor económico que los hombres por sus actividades de labores domésticas y de cuidados en el hogar.
Hablando específicamente de agua, un estudio realizado en Hidalgo que se encuentra disponible en la plataforma Scielo concluyó que “los problemas de escasez, falta de calidad y deficiente gestión ponen en riesgo el ejercicio del derecho humano al agua de las mujeres”.
Y esto implica sobrecargas de trabajo para abastecerse de otras fuentes y gastos adicionales para comprar agua. “Como responsables de todas las tareas domésticas, las mujeres son las primeras afectadas por esta situación”, destaca.
“Las desigualdades de género en el ámbito del agua son profundas y persisten en todos los niveles, con graves repercusiones en los esfuerzos internacionales para el logro del desarrollo sostenible”, recalca la Unesco.
Dicha institución describe que el género define los roles, las responsabilidades y las oportunidades de las personas en la sociedad y, muy a menudo, determina potencial, conocimientos, talentos y oportunidades que pueden alcanzar.
“El género también determina la relación que establecen las personas con el agua al moldear las necesidades, acceso, uso y beneficios de este recurso vital”, señala.
Mujeres que luchan por el agua
Nezahualcóyotl es una de las demarcaciones de la zona metropolitana del centro del país a la que el Sistema Cutzamala provee del 30% del agua que utiliza. Pero esa agua proviene de las presas Tuxpan y El Bosque, en el estado de Michoacán, y Colorines, Ixtapan del Oro, Villa Victoria, Valle de Bravo y Chilesdo en el Estado de México.
Es decir, el agua que usamos en la Ciudad de México y parte del área metropolitana se extrae de otros sitios. Esto sucede desde hace 40 años, debido a la sobreexplotación de las cuencas de los valles de México y Toluca-Ixtlahuaca.
Este es un ejemplo de extractivismo, que se entiende como esta situación en la que se explota la riqueza natural de un lugar, en este caso el agua, para exportarla a otro sitio sin ningún tipo de compensación para los habitantes de donde se saca el recurso, aunque eso implique reordenar los territorios.
Por ello, la investigadora señala que para resolver el problema del acceso al agua en particular, y del extractivismo en general, “lo más importante es cambiar la cultura patriarcal, colonial y racista”.
La despenalización del aborto en Guerrero está más cerca que nunca o dicho con mayor precisión: a una sesión en el Congreso local.
Desde hace 30 años, feministas de Guerrero han luchado para que las mujeres que decidan interrupción de embarazo no sean criminalizadas. Sin embargo, en los ocho años se han presentado tres iniciativas para despenalizar el aborto. En 2014, el entonces gobernador, Ángel Aguirre Rivero envió la primera iniciativa al Congreso. En 2019, la fracción de Morena presentó la segunda. Ambas fracasaron: ninguna logró salir de las comisiones.
El 13 de enero del 2022, las diputadas de Morena, Beatriz Mojica, Citlali Calixto y Nora Velázquez presentaron la tercera iniciativa para despenalizar la interrupción del embarazo hasta las 12 semanas de gestación.
Esta última rompió el límite de las comisiones y en la sesión del pasado 4 de mayo se le dio la primera lectura en el pleno.
La posibilidad de que sea aprobada es alta. Se requiere de mayoría simple: 24 votos y que se pueden lograr con la mayoría de Morena, más otros del PRD, PT y el PRI.
Mojica, Calixto y Velázquez aseguraron a colectivas feministas que el miércoles 11 de mayo se realizaría la segunda lectura del dictamen, la discusión y aprobación. Pero eso no ocurrió, esa sesión se postergó y este día se cumple el último tramo del proceso legislativo.
El eje del dictamen son dos artículos del Código Penal del estado: el 158 y 159. En el primero se propone su derogación, porque actualmente criminaliza a las mujeres que decidan voluntariamente abortar y, el segundo, se reforma: elimina el requisito para las mujeres sufrieron una violación sexual de presentar una denuncia penal para solicitar la interrupción del embarazo.
Amapola. Periodismo transgresor entrevistó a la abogada, Angie de la Rosa Palafox, integrante de la Red Guerrerense por los Derechos de las Mujeres para conocer su opinión del tema.
—¿De qué trata esta propuesta?
—Este dictamen específicamente es para despenalizar el aborto, actualmente el Código Penal del Estado lo tipifica como delito en los artículos 158 y 159 y con esta iniciativa se busca que las mujeres tengan acceso a la interrupción del embarazo por violencia sexual o consentimiento antes de las 12 semanas de gestación sin que sea considerado un delito, es decir que todas las mujeres tengamos la posibilidad de abortar.
—¿Cuál es el antecedente de esta propuesta?
—Es una lucha histórica de más de 30 años por lo que feministas guerrerenses lucharon y que se logró materializar en 2014 cuando a través de la bancada del PRD se logró mandar una propuesta para que se dictaminara y subiera al pleno, pero no pasó de comisiones y la mandaron al congelador. En la legislatura pasada se intentó de nuevo como una propuesta de algunas diputadas pero no pasó ni a comisiones.
Angie de la Rosa recordó que la Secretaría de Gobernación (Segob) ya declaró dos Alertas de Violencia de Género (AVG) en Guerrero. Una por violencia feminicida en nueve municipios y la segunda por agravio comparada, por la resistencia para garantizar servicios médicos de calidad para las mujeres, incluida la interrupción del embarazo.
Con la despenalización del aborto se estaría dando cumplimiento a un porcentaje de la segunda AVG que ordena homogenizar el Código Penal con la NOM-046.
Pero los diputados deben cumplir con un mandato de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que prohíbe criminalizar a las mujeres que decidan abortar.
La entrevista continua:
—¿Por qué es importante para las mujeres despenalizar el aborto en Guerrero?
—Estamos hablando que todas las mujeres por su consentimiento puedan abortar, es decir, si yo quedo embarazada aunque me esté protegiendo, porque ningún método anticonceptivo es cien por ciento efectivo y no es parte mi proyecto de vida. Si en ese momento no tengo el capital económico, no estoy estable en mi vida académica, personal o profesional y yo decido que no quiero ser madre tiene que existir la opción de poder acceder, pero no porque está tipificado, si no porque yo lo quiero hacer y es mi decisión.
—¿Por qué es importante una maternidad deseada?
—En un mes donde se conmemora el Día de las Madres es muy importante que las maternidades sean elegidas, deseadas, informadas donde se les obligue ser madres y en ese sentido tener acceso al aborto es un tema de derechos humanos, de la libertad de las mujeres y de la libertad reproductiva”.
—¿Cuál es el marco jurídico del aborto?
—El artículo cuarto constitucional establece que se debe de promover y garantizar nuestras libertades y hablar de maternidades deseadas es decidir libremente el momento en que queremos embarazarnos y no podemos porque no existe educación sexual ni planificación familiar. Además a un infante se le debe proporcionar los derechos básicos como son salud, vivienda, y educación pero en un estado donde 66 por ciento vive en pobreza y un 25 más en pobreza extrema es difícil garantizar esos derechos.
—¿Hay mujeres en la cárcel por abortar?
—En el estado hay 25 mujeres presas por abortar, pero no están procesadas por dicho delito, están condenadas por homicidio por razón de parentesco.
—¿Por qué no son juzgadas por el delito de aborto?
—Porque la condena por abortar es menor que por homicidio en razón de parentesco, y en un sistema patriarcal donde se juzga sin perspectiva de género los hombres y las instituciones no quieren que una mujer que abortó salga libre bajo fianza o trabajo comunitario”.
—¿Quiénes denuncian estos casos?
—Muchas veces es la familia, las madres y padres y en otras ocasiones son los médicos que aún cuando es un aborto accidental llaman al Ministerio Público para abrir una carpeta de investigación en un proceso que revictimiza a las pacientes”.
—¿Qué va a pasar si se despenaliza en un estado donde los sistemas de salud pública son deficientes?
—Por el momento sólo se pretende despenalizar el aborto y eso no quiere decir que todas vamos ir a abortar, es científicamente imposible. La despenalización responde a un tema de salud pública, derechos humanos y libertad y es para garantizar que las mujeres no mueran en clínicas clandestinas ni en procesos riesgosos que no son seguros”.
—¿Qué sigue después de lograr la despenalización?
—El hecho de buscar la despenalización del aborto es simplemente sacarlo del Código Penal y es un primer paso a todo lo que nos espera, un camino legislativo donde se tiene que garantizar que las mujeres puedan acceder a abortos seguros y gratuitos a través de clínicas públicas y ahí se tiene que hacer otras reformas y derogaciones en las leyes de salud, modificaciones en los hospitales públicos, clínicas y centros de salud para las mujeres puedan llegar a que les practiquen un aborto.
Procesamientos legales, detenciones, muerte materna, problemas sicológicos, es el contexto de muchas mujeres en Guerrero porque la despenalización del aborto, aun cuando se discute en el Congreso local después de años de lucha feminista, es una garantía pendiente para ellas.
Hace algunos años, Rosa, entonces una adolescente de 17 años, era una estudiante de preparatoria cuando compartió a su amiga el motivo de que se ausentara una semana de la escuela: interrumpió su embarazo. Proceso que vivió sola, por el temor al estigma, aun con el riesgo de muerte.
La joven, originaria de una comunidad nahua de Chilapa, tenía un novio y se embarazó. Él la dejó sola en esto. Sus padres no podían saberlo; seguramente querrían que se casara y tuviera al bebé, o la correrían de su casa y tendría que dejar la escuela. Le huyó a todas esas posibilidades de su destino.
Se acercó a una tía, quien la acompañó con un médico que le practicó un aborto con pastillas.
El proceso de expulsión del producto lo vivió sola, en un cuarto que rentaba en la cabecera de Chilapa, donde estudiaba. Nadie más lo supo. Estuvo encerrada por días retorciéndose del dolor.
Su amiga lo supo hasta después. Rosa, como se decidió llamar a esta adolescente para guardar su identidad se lo contó hasta que volvió a la escuela, después de que se recuperó. Por fortuna pudo hacerlo.
Guerrero y el contexto para la despenalización de aborto
Procesamientos legales, detenciones, muerte materna, problemas sicológicos, es el contexto de muchas mujeres en Guerrero porque la despenalización del aborto, aun cuando se discute en el Congreso local después de años de lucha feminista, es una garantía pendiente para ellas.
En Guerrero se vive un momento crucial en pro de los derechos de las mujeres, la reforma al Código Penal de la entidad para la despenalización del aborto está en debate entre los diputados, lo que significa la gran posibilidad de resarcir una deuda de criminalización hacia las mujeres que deciden interrumpir un embarazo.
El miércoles 4 de mayo, los diputados y las diputadas dieron la primera lectura de la iniciativa de reforma en el pleno del Congreso local, después de que el 12 de enero las diputadas morenistas Beatriz Mojica Morga, Gloria Citlali Calixto Jiménez y Nora Yanek Velázquez Martínez presentaron la propuesta legislativa de despenalizar el aborto.
Este miércoles, darían la segunda lectura para proceder a la discusión y finalmente la votación que llevaría a la reforma del Código Penal, pero no ocurrió porque los diputados y las diputadas pospusieron la sesión, porque, al parecer, muchos de ellos no lograron llegar a la ciudad de Chilpancingo, donde está la sede legislativa, después que salieron a festejar el Día de las Madres. Reagendaron la sesión para el siguiente martes 17 de mayo.
Los motivos para que las mujeres decidan libremente sobre su vida y sus cuerpos son tantos, y los han repetido activistas, feministas e integrantes de organizaciones de la sociedad civil.
Quien sigue sin dar una postura clara sobre la despenalización del aborto es la gobernadora Evelyn Salgado Pineda. Ella se pronunció a favor del bienestar y del respeto de los derechos de las mujeres, y reprobó los matrimonios forzados que ocurrieron en la Montaña alta de Guerrero, de los cuales se supo el año pasado, pero nada de la discusión actual.
La búsqueda de la despenalización ocurre en medio de dos declaratorias de Alerta de Violencia de Género (AVG) en el estado, la última por agravio comparado, que evidencia la necesidad de homologar la Norma Oficial Mexicana 046 sobre Violencia Familiar, Sexual y Contra las Mujeres para garantizar a las niñas y mujeres víctimas de violación sexual la interrupción del embarazo sin que tengan que interponer una denuncia y así evitar un riesgo para su salud.
Hay otro indicador alarmante que también podría denotar el gran problema que se vive en el estado a causa de un aborto, provocado o espontáneo: la mortalidad materna.
En este 2022 Guerrero en crecieron las cifras de mortalidad materna en comparación con 2021 y 2020, de acuerdo con los registros del Observatorio de Mortalidad Materna en México.
Desde el inicio del año hasta la primera semana de mayo, que es el último registro que hace público el Observatorio de la situación en el país, han registrado 230 casos de mortalidad materna, y Guerrero ocupa el tercer lugar en ese registro de casos, con 16.
En el 2021, durante el mismo rango de tiempo, el estado registró la mitad de casos de muerte materna, es decir, ocho, y un año antes, en el 2020, en el mismo lapso de tiempo contabilizaron sólo seis.
De acuerdo con la Secretaría de Salud (SSA) federal, quien emite un boletín semanal en el que muestra la estadística de muertes maternas en el país –cifras que coinciden con los del Observatorio–, precisa que las muertes maternas pueden ser por 16 causas, una de ellas es el aborto. En ese listado esta causa ocupa el quinto sitio.
Guerrero casi por tradición ha ocupado los primeros lugares en muertes maternas, situación siempre vinculada a la falta de acceso a la salud, pero poco vinculado al aborto como un derecho negado a las mujeres a decidir sobre su cuerpo, lo que las lleva a practicarlo en condiciones insalubres.
En la entidad no hay una estadística oficial sobre las muertes por aborto, sus causas y consecuencias, hasta ahora las han denunciado feministas organizadas en colectivos, porque son quienes acompañan a otras mujeres, muchas adolescentes y niñas, que se han practicado abortos o los han tenido espontáneos y enfrentaron procesamientos legales.
Este miércoles, por ejemplo, la feminista Viridiana Gutiérrez Sotelo, en conferencia de prensa, expuso que en la última semana –mientras se debate la despenalización del aborto en Guerrero– llegaron a ella y otras feministas solicitudes de seis mujeres, entre ellas dos menores de edad, para que les ayuden para acceder a la interrupción de su embarazo.
En esta conferencia de prensa, las feministas alertaron que una de las violencias que está extremadamente ligada al aborto son las cifras crecientes de violencia sexual contra las mujeres en el estado.
De acuerdo con el registro de la Asociación Guerrerense Contra la Violencia hacia las Mujeres (AGCVIM) que publican en su página web, sólo en el 2021 hubo 200 denuncias formales por abuso sexual. Es importante insistir en que estos casos son sólo de las denuncias presentadas en los Ministerios Públicos.
La criminalización de las mujeres que interrumpen su embarazo
La representante feminista de Aliadas por la Justicia, María Luisa Garfias Marín, tiene claro el panorama de las mujeres que se enfrentan a un aborto por la causa que sea.
Del 2010 al 2013, de acuerdo con los registros de la activista, es la época que supo de casos de mujeres sentenciadas por homicidios en razón de parentesco, es decir, por un aborto.
Junto con otras activistas solicitaron, en ese entonces, a las autoridades de la Procuraduría General de la República (PGR, ahora Fiscalía General de la República), que les dieran un informe de las mujeres que estaban en las cárceles detenidas y procesadas, para saber los delitos Se dieron cuenta que había detenidas por homicidio en razón de parentesco.
Junto con la representante del entonces Instituto Guerrerense de Derechos Humanos, Silvia Castillo Salgado, la activista y sus compañeras también visitaron los reclusorios y se dieron cuenta que, además, sus procesos eran irregulares.
Pidieron apoyo a las integrantes de la Asociación Civil de Guanajuato Las Libres, quienes lograron la libertad de algunas mujeres que estuvieron en una situación similar. El abogado de ellas les colaboró para la liberación de cuatro mujeres detenidas por homicidio en razón de parentesco, dos de Chilpancingo y dos de Tlapa.
Una de las mujeres se trata del caso emblemático de Adriana Manzanares, la me’phaa que estuvo presa durante siete años. La habían condenado por 22 años, después de que fue golpeada por su esposo y como consecuencia sufrió un aborto.
Garfias Marín, de manera personal, acompaña a mujeres que deciden interrumpir su embarazo, solicita apoyo al Fondo María, que apoya a las mujeres que deciden abortar, que de acuerdo a los estudios socioeconómicos que toman vía telefónica costean sus pasajes, y también solicita apoyo a la organización Marie Stopes, una clínica de aborto legal y seguro en la Ciudad de México, donde la interrupción del embarazo es legal desde el 2007.
“Se ha combinado la cuestión de la pobreza (motivo de la práctica del aborto), la otra ha sido de manera de voluntaria deciden interrumpir su embarazo, como no han tenido los recursos para pagar a un médico particular quienes cobran 20, 25, 30,000 pesos. Las han apoyado (organizaciones como Fondo María) con el pasaje y un familiar que les acompaña”, precisó la feminista.
Dos violaciones sexuales y dos embarazos
En el 2012, una niña de una comunidad de Zumpango, municipio de Eduardo Neri, fue violada por su tío y quedó embarazada. Estaba por cumplir los 12 años.
La madre de la menor la llevó a la Agencia del Ministerio Público (MP) para interponer la denuncia. En el MP la mamá solicitó le concedieran la interrupción del embarazo a su hija, quien tenía apenas dos meses de gestación, porque, además de que era una niña abusada, tenía un problema de desnutrición. El riesgo para su salud era mayor, pero les negaron esa posibilidad y la menor siguió con el embarazo.
Un día sintió la necesidad de ir al baño y tuvo un aborto espontáneo.
Después de un año y medio, contó la activista, la niña sufrió otra violación sexual por otro tío, también hermano de su papá. Ahora su madre se negó a interponer la denuncia, porque la primera vez no les hicieron caso, nadie fue detenido.
La menor quedó embarazada otra vez, pero ahora sus padres la corrieron de su casa. Se refugió en casa de Garfias Marín con apoyo de Silvia Castillo, otra activista.
Tampoco interrumpió su embarazo. La niña parió a su bebé en casa de la activista que la acompañó en todo el proceso personal y legal, pero la madre de la menor llegó hasta ahí y se la llevó a la fuerza junto con el bebé. Garfias Marín no volvió a saber de la menor y de su hijo.
En el tiempo que estuvo la niña con su bebé, ella se negó a verle la cara y a amamantarlo.
Los últimos dos acompañamientos que ha dado Garfias Marín son del año pasado, a dos mujeres que solicitaron su apoyo para interrumpir su embarazo. Las canalizó a la Ciudad de México, donde la interrupción del embarazo es legal, y monitoreó todo su proceso.
Después de todo lo que ha visto, la activista consideró que es momento de sacar de la clandestinidad el derecho de las mujeres a decidir. Es importante, mencionó, que las diputadas y los diputados tomen en cuenta que negarse a que se reforme el Código Penal para que las mujeres elijan, es abrir las posibilidades para que ellas continúen muriéndose.
Despenalizar el aborto, aclaró, no obliga a las mujeres a abortar, significa que aquella que lo decide tendrá las condiciones de un aborto seguro y gratuito en un hospital.
Mortalidad materna, menores de edad y aborto
La organización Raizubia da seguimiento puntual en el tema de mortalidad materna en Guerrero, aunque ahora las y los integrantes no tienen una estadística sobre la relación de los abortos y la mortalidad materna, sí tienen claro el panorama de esta relación.
La secretaria general de la organización, Nayeli Rodríguez Flores, en entrevista, informó que los casos de muerte materna tienen una relación estrecha en el embarazo adolescente, como la muerte por aborto.
La muerte materna por aborto, dijo, es más reincidente en mujeres jóvenes, en adolescentes, al mismo tiempo que se relaciona con otro fenómeno, el matrimonio infantil, una práctica que aun cuando no es de ahora, se visibilizó por casos públicos en la Montaña alta del estado a finales del año pasado.
Rodríguez Flores ha acompañado a unas 10 mujeres que decidieron interrumpir su embarazo, también las canaliza a la Ciudad de México. Consideró que algunos motivos de las mujeres para practicarse un aborto son la precaria situación económica y por asuntos psicológicos.
Guerrero está en un momento histórico, precisó, donde los legisladores tienen la oportunidad de hacer historia y generar acciones afirmativas a favor de los derechos de las mujeres y, sobre todo, para garantizar la reducción de la violencia de género.
La moneda está en el aire, el próximo miércoles se sabrá si en Guerrero por fin se despenaliza la interrupción del embarazo y, finalmente, a las mujeres se les otorga el derecho de decidir con libertad sobre sus cuerpos.
Ante protestas que realizaron los grupos religiosos afuera del Congreso local, los diputados aplazaron hasta el próximo martes 17 la sesión donde supuestamente se va analizar y en su caso aprobar o rechazar la reforma al Código Penal que contempla la despenalización del aborto.
Desde este lunes en la noche la presidenta de la mesa directiva del Congreso, Flor Añorve Ocampo dio a conocer la suspensión de la sesión después de que integrantes del grupo religioso de Provida dio a conocer que desde las nueve de la mañana de este martes cerrarían el Congreso.
Desde muy temprano unos cien integrantes de este grupo dirigidos por el sacerdote Baltazar Vega Ramos cerraron el acceso principal del recinto legislativo para impedir que los legisladores entraran.
«Nosotros no vinimos a destruir nada porque somos un movimiento pacífico pero si tenemos que ser muy precisos que nos digan los diputados que ese tema (la reforma al Código Penal) que se socialice entre la ciudadanía para que opine», dijo Gerardo García Sánchez, coordinador del Frente Nacional por la Familia.
Reconoció que hay una mayoría de diputados y diputadas que están a favor de votar por la despenalización del aborto pero que Julieta Fernández y Jesús Parra, legisladores del PRI, están con su movimiento.
Acusó que el gobierno financia a los grupos feministas como a la organización Brujas del Mar.
«Esos grupos de mujeres todo destruyen porque son financiadas por el gobierno», dijo Gerardo García durante la protesta afuera del Congreso.
Mientras los integrantes de este grupo religioso encabezados por el sacerdote Baltazar Vega realizaban sus protestas, integrantes de organizaciones de feministas ofrecieron una rueda de prensa en una cafetería ubicado frente al Congreso en donde pidieron a los diputados que no posterguen la reforma de la despenalización del aborto en Guerrero.
El aborto es un asunto de salud pública, de derechos humanos y de justicia social, señala un comunicado que leyó la abogada y activista feminista Angie de la Rosa Palafox.
La situación de pobreza y marginación, los embarazos forzados producto de violaciones sexuales y las uniones forzadas con menores de edad ponen en riesgo la vida e integridad de mujeres, niñas y adolescentes, expuso.
Cifras que proporcionaron las feministas es de que en Guerrero de enero del 2021 a marzo del 2022 se denunciaron 1081 delitos sexuales, de los cuales 481 son violaciones sexuales.
De la Rosa Palafox señaló que Guerrero ocupa el segundo lugar en embarazos en niñas y adolescentes entre 12 y 14 años a nivel nacional.
La mayoría (de los embarazos) son resultado de violación sexual a menores de edad lo que implica mayor riesgo de muerte durante la gestación, debido a que aún no han alcanzado su desarrollo, dijo la activista.
El grupo de feministas que habían anunciado dar un posicionamiento político afuera del Congreso sobre el aplazamiento de la sesión legislativa se replegaron hacia la cafetería para no caer en una confrontación con los grupos religiosos que cerraron el edificio legislativo gritando consignas contra los diputados de Morena.
«Diputados asesinos, sicarios», gritaban los creyentes religiosos.
Unas señoras rezaban y otras se persignaban.
Viridiana Gutiérrez, otra de las activistas feministas, reconoció que las y los diputados que están a favor de la reforma por la despenalización del aborto están recibiendo presiones externas.
Una de estas presiones son de los «grupos extrema derecha», dijo Gutiérrez al referirse a los grupos religiosos.
«Hay muchas presiones de estos grupos que tienen el interés de que las mujeres sigan arriesgando su vida», expresó.
Contó que en los últimos días ella recibió la solicitud de acompañamiento de seis mujeres de las cuales dos menores de edad que quieren la interrupción de su embarazo y no tienen recursos para practicárselo.
Mencionó que en Guerrero el aborto se practica en cualquier clínica en donde cobran 5, diez y hasta 20 mil pesos, pero las que no pueden hacérselo son las mujeres que no pueden pagar esta atención.
Las feministas aclararon que esta reforma al Código Penal no obliga a las mujeres a practicarse el aborto sino que cada una de ellas deberá de tomar la decisión porque en su cuerpo.
Confiaron en que el próximo martes los diputados de Morena y el PRD cumplan su palabra y voten a favor de esta reforma.
Las feministas creen que hay suficientes votos para sacar adelante el dictamen y que incluso hay varios legisladores del PRI que se van a sumar.
El diputado morenista Jacinto González dijo que el análisis del dictamen de esta reforma se aplazó para el próximo martes fue para lograr que otros diputados se sumen a la votación en favor.
Según el legisladora con los 28 votos que se tienen «amarrados» son suficientes para sacar la despenalización del aborto pero es probable que se sumen más legisladores.
Reconoció que en los últimos días el Congreso ha sido sometido a una serie de presiones externas por el dictamen de la reforma al Código Penal.
Este jueves 12 los diputados están convocados a una sesión pero de manera virtual lo que impide legamente que en este tipo de plenarias se puedan votar iniciativas de ley o reformas.
Jacinto González, señaló que la convocatoria para la sesión virtual y que no sea presencial fue para que el martes ahora si se vote el dictamen de la reforma al Código Penal.
Para que más madres se puedan unir a la fuerza laboral es necesario que México avance hacia un Sistema Nacional de Cuidados y haya mayor oferta de empleos compatibles con las tareas de cuidado no remuneradas.
Texto: Andrea Vega / Animal Político
Fotografía: José Luis de la Cruz / Archivo
11 de mayo de 2022
La maternidad en México es un factor de deterioro de las condiciones laborales de las mujeres. El 72% de las que quisiera tener un empleo remunerado no pueden conseguirlo porque en ellas recae el trabajo de cuidados de los hijos u otros familiares y las tareas del hogar. Las que sí pueden tener un empleo con salario deben conformarse con jornadas más flexibles u ocupaciones informales y de menores ingresos.
Así lo muestra un informe del Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco) que analizó las cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) al cuarto trimestre de 2021 para conocer cuál es la situación de las madres en México y las condiciones laborales que enfrentan.
“Sabemos que hay un 72% de mujeres que quisiera tener un empleo con salario, pero no pueden por el trabajo de cuidados que realizan. Esto lo sabemos porque en la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (Enoe) del Inegi respondieron, por ejemplo, que buscaron un empleo en el último mes, pero no se adapta a sus tareas en el hogar o que regresarían a trabajar si encontrarán algo más flexible”, explica Fátima Masse, directora de Sociedad Incluyente de Imco.
Está, además, el grupo de mujeres que no se considera disponible para laborar fuera de casa, en este nueve de cada 10 son madres. Y justo no se asumen disponibles por la carga de labores de cuidado y domésticas que les toca realizar.
“Aquí hay una enorme brecha de género. Si comparamos el grupo de hombres que contestaron en la Enoe no estar disponibles por quehaceres domésticos resulta que por cada uno hay 12 mujeres en esa situación, es decir la relación es de 12 a 1, así la brecha”, subraya Masse.
Entre las madres que sí han logrado tener un trabajo remunerado, la mayoría tiende a buscar alternativas laborales con mayor flexibilidad de tiempo, para compaginar el trabajo con la vida personal. Esto se refleja en el hecho de que muchas estén empleadas en la informalidad (58%), trabajen menos de 35 horas a la semana (35%) por la doble carga de trabajo que enfrentan, y busquen ocuparse por cuenta propia (28%).
Lo anterior impacta en las percepciones económicas. 67% de las madres que tienen un empleo remunerado gana hasta dos salarios mínimos mensuales (un máximo de $10 mil 372 pesos al mes), mientras que una menor proporción (58%) de las que no tienen hijos se encuentra en este mismo rango salarial.
Además, la tasa de informalidad de las mujeres con seis o más hijos es 37 puntos porcentuales mayor que la de aquellas con uno o dos hijos.
El efecto pandemia
De acuerdo con un informe del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), la situación laboral y de remuneración empeoró para las mujeres por la pandemia de COVID-19, que demandó una mayor cantidad de tiempo y tareas para los quehaceres del hogar, por el cierre de las escuelas.
En 2020, a nivel nacional, las horas promedio semanales que las mujeres dedicaron a las tareas de cuidado de otras personas del hogar superaron en 11.5 las dedicadas por los hombres. Si se compara este indicador entre hombres y mujeres en situación de pobreza, la diferencia aumenta a 12.6 horas, mientras que, en hombres y mujeres en situación de no pobreza, la diferencia se situó en 10.4 horas en el mismo año.
Por otra parte, si se compara el periodo de agosto a noviembre de 2020 con el mismo periodo en 2018, el número de mujeres en situación de pobreza en búsqueda de un empleo aumentó en 118.5%, y en 61.7% en aquellas que no se encontraban en situación de pobreza.
Al considerar el total del trabajo doméstico no remunerado, las mujeres también presentaron un mayor aumento respecto a los hombres en el número total de horas destinadas a esta actividad, salvo en el grupo de 18 a 44 años. En las mujeres el aumento fue de 60 millones de horas semanales, mientras que en los hombres fue de 37 millones; así en 2020, las mujeres destinaron 3 veces más de horas que ellos.
La mayor participación de los hombres en el trabajo doméstico durante la pandemia, aunque ocurrió en un contexto de crisis laboral, señala Coneval, evidenció la necesidad de que en el mercado de trabajo se generen mejores condiciones que permitan una redistribución más equitativa del trabajo de casa.
Es crucial para esto eliminar los estereotipos de género que asignan a las mujeres la carga del trabajo doméstico. Si bien los hombres participaron más en estas tareas ante la menor demanda de la fuerza laboral, el incremento no se reflejó en una redistribución más igualitaria de las labores domésticas y de cuidados.
Todo lo anterior refleja la importancia, subraya el Coneval, de fortalecer estrategias y programas destinados a apoyar el cuidado de las infancias en el hogar, verificar y, en su caso, anular el impacto negativo originado por la eliminación del Programa Escuelas de Tiempo Completo, así como diseñar otras políticas públicas que otorguen servicios directos de cuidado a las personas infantes, adultas mayores y con discapacidad y consolidar el proyecto federal del Sistema Nacional de Cuidados.
“Esto es importantísimo, dice Fátima Masse, del Imco, hay que desarrollar ese Sistema Nacional de Cuidados, pero ya cerramos el primer periodo legislativo de este año y no se tocó el tema. Esperemos que se abordé en el siguiente, pero en el segundo periodo siempre domina la discusión del paquete económico”.
En el senado está atorada la iniciativa para expedir la Ley General del Sistema Nacional de Cuidados, que busca garantizar a todas las personas el acceso y el disfrute del derecho a los cuidados con base en el principio de corresponsabilidad entre mujeres y hombres, familias, comunidad, mercado y el propio Estado, bajo los principios de igualdad y de no discriminación.
Además, agrega Masse, el problema no es solo ley y lo que está hoy en la cancha del legislativo, sino todas las decisiones que contribuyen a empeorar el panorama para las madres que trabajan. “Las escuelas de tiempo completo eran una de las piezas elementales y de un plumazo decidieron que no son importantes, cuando es fundamental ofrecer servicios de calidad que puedan liberar tiempo para las madres”.
