Una menor de edad que vivía en Cuajinicuilapa, Guerrero, fue hallada muerta en una comunidad vecina de Oaxaca la tarde de este martes.
Frida Alondra fue reportada como desaparecida por sus familiares desde el pasado sábado. La menor salió de su comunidad y la última vez que se le vio fue en el pueblo de El Soto, ubicado entre los límites de Guerrero y Oaxaca. Este martes fue hallado su cadáver cerca de esa comunidad.
Según los reportes, la joven presentaba golpes y presuntamente fue agredida de manera sexual.
Personal de la Fiscalía General de Oaxaca llegó al lugar para realizar las diligencias de ley.
Después de que se dio a conocer la muerte de Frida Alondra, usuarios de las redes sociales condenaron su asesinato y exigieron a las autoridades la detención y castigo a los responsables de este feminicidio.
Cuajinicuilapa está ubicado en la Costa Chica de Guerrero, es un municipio con población afrodescendiente y colinda con el estado de Oaxaca.
Wendy Figueroa, directora de la Red Nacional de Refugios, advierte que los fondos públicos para mujeres víctimas de violencia y sus hijas e hijos han estado sujetos a cambios administrativos e intereses políticos.
Los 75 centros de la Red Nacional de Refugios (RNR) llevan más de tres meses operando sin recursos, con deudas y sin pago a sus trabajadoras, debido a que no se han liberado los 430 millones 203 mil 440 pesosdestinados por el gobierno federal para ellos, etiquetados en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para 2022.
Wendy Figueroa, directora de la RNR, señaló en entrevista que la falta de recursos —motivada porque el Programa de Apoyo para Refugios Especializados para Mujeres Víctimas de Violencia de Género, sus Hijas e Hijos fue trasladado de la Secretaría de Bienestar a la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim)— ha provocado que los centros no puedan pagar la renta de los inmuebles que ocupan, donde tan solo este año han resguardado a 6 mil 948 mujeres, niñas y niños, ni tampoco cubrir los salarios de las trabajadoras y del personal de seguridad.
También se han detenido los proyectos de vida de las mujeres víctimas, quienes serían trasladadas a otros estados o países lejos de sus agresores, pero ahora no han podido movilizarse. Además, los centros tienen deudas con proveedores de alimentos y medicamentos, que han seguido surtiéndoles a través de préstamos.
“Si se sigue ampliando el tiempo con el que no se cuenta con los recursos etiquetados en el PEF 2022, será imposible continuar con las atenciones, protección y servicios a las mujeres y, en su caso, sus hijas e hijos sobrevivientes. En un país donde más de 10 mujeres y niñas son asesinadas al día, son inadmisibles estos retrasos y la reducción de los meses financiados”, dijo Figueroa.
📢Durante el 1er trimestre 2022 en la RNR atendimos a 10,031personas,sin embargo el PEF2022 aún no llega,las mujeres e infancias no pueden esperar los procesos administrativos que no priorizan sus #DDHH
— Red Nacional de Refugios, AC (@RNRoficial) April 11, 2022
Los centros no solo no han recibido recursos aprobados para su funcionamiento este año. Las autoridades de la Conavim les informaron que únicamente les darán recursos para que operen durante nueve meses, aunque inicialmente —de acuerdo con lo convenido— habría dinero para que mantuvieran actividades 10 meses.
Figueroa dijo al respecto que, cuando se les notificó de esto, las integrantes de la RNR presentaron una contrapropuesta para ajustar los montos, pero hasta la fecha tampoco les han dado respuesta.
La Conavim afirma que entregará la totalidad del presupuesto
Luego de que la RNR diera a conocer la situación por la que atraviesan los centros, la Conavim emitió un comunicado en el que afirma que no habrá marcha atrás en los apoyos que el gobierno ha destinado para los refugios, y que entregará la totalidad del presupuesto etiquetado para 2022.
De acuerdo con la dependencia, el pasado 6 de marzo, su personal se reunió con integrantes de la RNR, a quienes informaron sobre el proceso que guarda la formalización de la administración de los recursos, “lo cual deriva que se concretará la transferencia financiera a las instituciones beneficiarias por el monto solicitado en cada uno de sus proyectos”.
“También se les hizo del conocimiento que, como efecto del proceso administrativo y legal que fue necesario llevar a cabo para el traslado de los recursos y de la responsabilidad de su operación, desde la Secretaría de Bienestar a Gobernación, solo por este ejercicio fiscal se acotará el periodo de ejecución del gasto, no obstante, se entregará la totalidad del presupuesto aprobado”, afirmó.
Figueroa dijo que el traslado del programa se dio luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador decretó la eliminación del Instituto Nacional de Desarrollo Social (Indesol), anteriormente encargado de entregar los recursos a los refugios para mujeres víctimas.
“Ahorita los refugios están con deudas, por eso estamos exigiendo que se subsane este retraso por la transferencia del programa, sobre todo porque nosotras fuimos muy claras. En la red, desde que nos enteramos que se buscaba el cambio, el año pasado, estuvimos solicitando específicamente a la Conavim que se cuidaran los procedimientos y que no se obstaculizara la caída de recursos, pero de todos modos ocurrió”, reclamó.
“El paso que ya se tuvo fue la transferencia del programa, apenas a finales de marzo, lo cual es el inicio de todo un proceso más largo que implica la publicación de los lineamientos de este programa a través de la Conavim”, añadió Figueroa.
En su opinión, el panorama de incertidumbre por el que actualmente pasan las organizaciones y las víctimas a quienes estas atienden ha sido “innecesario”, y refleja que no hubo una intención por parte de las autoridades para proteger a las mujeres y sus derechos.
“Todo cambio tendría que estar pensado desde los intereses y priorizando sus derechos, de tal forma que los intereses políticos del gobierno actual, sean los que sean, no estén por encima de los derechos humanos como pasó”, dijo.
Por ello, afirmó: “Es indispensable no retrasar más el presupuesto para refugios, ya que estos son mecanismos de prevención de feminicidios y restitución de derechos. Cada día se realizan más de 590 denuncias por violencia familiar. Las mujeres e infancias sobrevivientes no pueden esperar trámites burocráticos”.
Este texto fue elaborado por el equipo de Animal Político y lo reproducimos con su autorización.
El 10 de noviembre pasado, la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, presentó un plan para erradicar la venta de niñas en comunidades indígenas del estado, así como los matrimonios forzados. Sin embargo, a casi cinco meses de ello, no se ha implementado ninguna medida para enfrentar el fenómeno.
De acuerdo con un documento obtenido por Animal Político a través de una solicitud de información dirigida a la Secretaría de la Mujer de Guerrero, a la fecha la estrategia para atender el problema “está en proceso de construcción”. Según el Presupuesto de Egresos del Estado, se contempló un monto de 5 millones 161 mil pesos para implementarla en 2022, pero hasta ahora los recursos “no se han autorizado”.
Este medio también consultó directamente a la Secretaría de la Mujer de Guerrero para conocer detalles de la planeación de la estrategia para erradicar la venta de niñas, así como su postura acerca de las críticas que se han planteado contra ella, sin que hasta el momento de la publicación haya recibido respuesta.
Mientras tanto, continúa la práctica de vender a las niñas mediante una “dote” que paga la familia del novio que busca casarse con ellas. El Centro de Derechos Humanos Tlachinollan ha documentado al menos 300 casos en los últimos cinco años.
Los retos de una estrategia que no contempla a las víctimas
Neil Arias, abogada de Tlachinollan, explica en entrevista que, hasta ahora, el gobierno de Guerrero se ha concentrado en realizar reuniones con organizaciones no gubernamentales para discutir el diseño del plan, centrado principalmente en la capacitación y sensibilización de funcionarios estatales y municipales, así como en programas sociales que apoyen a las comunidades.
Sin embargo, considera que esta estrategia es insuficiente, ya que no contempla medidas para que las niñas y adolescentes que denuncian ser víctimas de matrimonios forzados y otras violencias puedan reintegrarse a sus comunidades, donde son rechazadas después de acudir ante las autoridades por cuestionar prácticas que a nivel local están normalizadas.
Además, afirma que las autoridades comunitarias, que rigen en estas zonas por usos y costumbres, amedrentan a las jóvenes para que no denuncien, o bien, para que “regresen el dinero” que pagaron por ellas las familias de sus esposos, bajo la amenaza de que serán encarceladas si no lo hacen. En algunos casos, incluso las detienen junto con sus agresores hasta que aceptan reconciliarse con ellos.
“Nosotros conocimos las propuestas en reuniones a las que fuimos invitados. Sabemos que lo que están intentando las autoridades es la capacitación y sensibilización, pero no hay seguimiento para comprobar que realmente tomen en serio las medidas, para saber lo que realmente ocurre en las comunidades. Y a las mujeres no se les escucha, son encuentros de hombres decidiendo sobre sus vidas”, advierte Arias.
A las resistencias de cambiar la “tradición”, se suma el hecho de que, aunque las autoridades les han prometido acceso a programas sociales a las familias a cambio de que dejen de forzar a las niñas a casarse, en los hechos no han podido inscribirse para ser beneficiarias, pues la falta de servicios y la lejanía de las comunidades dificulta que cumplan con los tiempos y requisitos necesarios. Tampoco hay bancos para que cobren los apoyos, y los más cercanos están a horas de distancia, igual que las oficinas de gobierno.
Hasta ahora, en las reuniones a las que Tlachinollan ha asistido, ha presenciado que las autoridades comunitarias cuestionan la intención de erradicar los matrimonios forzados de niñas. “Dicen que nos preocupa mucho que no vendan a las menores de edad, pero no les dan soluciones a sus problemas para conseguir dinero por falta de trabajo, que no hay servicios de salud y los caminos para llegar a los pueblos están fracturados o abandonados”.
La práctica de vender a niñas para matrimonios forzados ha sido documentada en al menos 19 comunidades de una decena de municipios de Guerrero: Cochoapa el Grande (Joya Real, Dos Ríos, San Pedro el Viejo y Cochoapa el Grande), Metlatónoc (Chilixtlahuaca, Zitlaltepec, Yuvinani y Mini Numa), Alcozauca (Zoyatlan y Alcozauca), Xalpatláhuac, Tlapa de Comonfort (Santa María Tonaya), Atlamajalcingo del Monte, Buenavista, San Luis Acatlán, Igualapa (Acalmani y Chimalapa) y Tlacoachistlahuaca (Jicayan del Tovar, Santa Cruz Tucucaní y Yoloxochitl).
Si denuncian, las niñas y sus familias salen perdiendo
En los últimos meses de 2021, Tlachinollan acompañó dos casos que evidencian las problemáticas que enfrentan las niñas que deciden denunciar a sus familias por venderlas, o a sus esposos y sus familiares por la violencia que ejercen contra ellas, y que las autoridades de Guerrero no han tomado en cuenta en el diseño de la estrategia para erradicar esta venta.
Angélica y Anayeli no se conocen entre sí, pero ambas nacieron en Cochoapa el Grande y antes de ser mayores de edad —y de terminar la primaria— fueron obligadas por sus familias a casarse con hombres que pagaron miles de pesos por ellas.
Con 11 años, Angélica fue forzada a contraer matrimonio con un adolescente de 12 años, cuya familia pagó 120 mil pesos como “dote”.
A lo largo del tiempo que estuvo casada, Angélica fue maltratada por la madre de su marido, quien la obligaba a realizar todas las labores domésticas y le decía que para eso habían pagado por ella. Además, su suegro abusó sexualmente de ella, todo mientras su esposo se encontraba en Estados Unidos, a donde migró para buscar empleo.
Atreverse a denunciar le costó haber sido detenida. La familia de su esposo la denunció con la policía comunitaria. Tuvo que pagar para ser liberada y solo ante la presión de activistas encarcelaron a su suegro.
Sin embargo, Angélica y su abuela —quien la ayudó a denunciar— no pudieron volver a sus comunidades. Las juzgan por haber denunciado y encarcelado al hombre que abusó sexualmente de la menor, y exigen que, si las mujeres regresan a sus domicilios, lo haga también el agresor.
En el caso de Anayeli, al no contar con familia que la recibiera después de huir para no ser forzada a casarse, fue llevada a una casa hogar del DIF Guerrero, donde actualmente se encuentra sin recibir más apoyo que el alojamiento, pues no hay intérpretes que permitan tomar su declaración para proceder contra sus agresores, ni para conocer cuáles son sus necesidades y brindarle atención psicológica.
Anayeli logró huir de Joya Real, Cochoapa el Grande, antes de que la familia del joven con el que pensaban casarla llegara para que se consumara la unión. Por esta decisión, quienes pagaron por ella la denunciaron ante policías comunitarios, y ambos menores fueron encerrados en una cárcel para llegar a un acuerdo.
La joven se negó al matrimonio, y por ello perdió comunicación con su familia y con la única comunidad y vida que conocía. Antes de terminar en una casa hogar en Chilpancingo, capital del estado, Anayeli solo había vivido en Joya Real, con las mismas personas, que hablan su misma lengua.
Tomando como ejemplo ambos casos, Neil Arias concluye que las acciones que ha presentado el gobierno de Guerrero como parte de su plan para erradicar los matrimonios forzados “no están a la altura de resolver estos problemas”.
“El tema no solo es sensibilizar para prevenir casos, sino saber qué hacer cuando ocurren los casos, o cómo apoyar a las niñas que consiguen huir antes de que se formalicen los acuerdos entre las familias. Porque desafortunadamente la vulnerabilidad de las jóvenes se mantiene aunque se evite el matrimonio”, alerta.
Apenas el pasado 16 de enero, al integrar a las mujeres a su sistema de justicia comunitario, la asamblea d la CRAC-PC, celebrada en El Paraíso, acordó “cero tolerancias a los feminicidios en las 27 comunidades que conforman el territorio comunitario”
Texto: Especial
Fotografía: Oscar Guerrero
28 de marzo del 2022
Ayutla de los Libres
En la madrugada del 1 de enero de este año, Roberto “N”, acudió al baile de Año Nuevo, al poblado de Coxcatlán San Pedro, municipio de Ayutla de los Libres, regi+on Costa Chica del estado, con su pareja Angelina “N”. Al terminar la fiesta, poco después de las dos de la mañana, se dirigieron al domicilio de la novia, en donde la mató a machetazos.
Este domingo se reunieron en asamblea en el poblado de El Platanal, comunidades pertenecientes a la Casa de Justicia de El Paraíso, municipio de Ayutla de los Libres, de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias- Policía Comunitaria (CRAC-PC), y sentenciaron a Roberto, a 25 años de su vida a un proceso de reeducación, por haber asesinado a Angelina.
Roberto salió de su comunidad, La Fátima, para acudir al baile de fin de año en el vecino poblado de Coxcatlán San Pedro; cuando terminó el indígena mixteco de 19 años, acompañó a su casa a Angelina, de 18 años y después de una discusión la mató a machetazos.
Días después, durante la asamblea el 16 de enero pasado, efectuada en la comunidad de El Paraíso, ante sus papás él se declaró culpable. Justificó el feminicidio de Angelina a que ella “iba borracha” y lo cacheteó. “Ella iba por el machete, yo lo agarré primero, y le di en la cabeza, ahí empiezo a machetearla, no soy gente mala, no sé por qué lo hice”, dijo el indígena mixteco.
Apenas el pasado 16 de enero, al integrar a las mujeres a su sistema de justicia comunitario, la asamblea d la CRAC-PC, celebrada en El Paraíso, acordó “cero tolerancias a los feminicidios en las 27 comunidades que conforman el territorio comunitario”.
En esa ocasión, Celestino Peláez Chávez, coordinador de la Casa de Justicia de El Paraíso de la CRAC-PC, afirmó que no se permitirán más feminicidios, y toda violencia contra las mujeres, “no quedarán impunes, porque hay tres casos que están llevando un proceso de reeducación, como son en el Coyul, y en El Charco, y el más reciente de Coxcatlán San Pedro dónde un joven mató a su esposa a machetazos, que no va a quedar impune, habrá cero tolerancias”.
Los padres de Angelina pidieron que el detenido se quede de por vida en terreno comunitario, y que fuera en el sistema de la CRAC-PC, porque su comunidad pertenece a la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) “y en ese sistema no hay una regla para los detenidos, y puede que lo liberen antes de ser castigado”, agregó el abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Rogelio Téliz.
Por esa razón, recalcó “el C. Roberto “N”, se queda en la CRAC-PC de El Paraíso, para ser castigado en este sistema de por vida, así como la familia de la hoy occisa lo solicita”.
Al final de la asamblea realizada en El Paraíso, surgieron dos propuestas, por un lado: “se propuso que por ser un delito grave se encarcele al asesino 25 años; y por la otra cadena perpetua, propuestas que serán discutidas y analizadas en las 26 comunidades de la Casa de Justicia de El Paraíso, para posteriormente convocar a otra asamblea en donde se dé a conocer el acuerdo tomado por los pueblos sobre este caso”.
El día se llegó, y el domingo pasado, en el punto 6 del orden del día de la asamblea de la CRAC-PC, realizada en la comunidad de El Platanal, se incluyó el tema del feminicidio, para determinar la sentencia que se aplicaría a Roberto.
La puesta generó un debate de casi tres horas, en donde de inicio el coordinador de la CRAC-PC en El Paraíso, Celestino Peláez, informó que en la asamblea del pasado 15 de enero se le informó al comisario de La Fátima, todo lo relacionado al asesinato de Angelina.
Dijo que había un acta de la asamblea de Coxcatlán San Pedro “ ahí se tomó el acuerdo para que se le sentenciara de por vida a Roberto, por el homicidio que cometió, pero también se propuso que cada pueblo hiciera lo propio, y se decidiera hoy su sentencia en la asamblea. Hoy se tiene que tomar esta decisión compañeros”, recalcó.
El abogado Rogelio Téliz dio lectura a las propuestas: “la primera es la que hizo la comunidad de Coxcatlán San Pedro, donde sucedieron los hechos, que dice que esta persona que esta persona que cometió la infracción quede de por vida en el proceso de reeducación en la Casa de Justicia(de El Paríso). Una propuesta más recordó: “en esta casa de Justicia hay dos personas ya procesadas en reeducación por feminicidio y fueron sujetos a 25 años de prisión, ya existe ese antecedente”.
En tanto en la tercera propuesta fue que en la asamblea de este domingo se acordara una sentencia. Después de que se escucharon las propuestas, un ciudadano del poblado de La Angostura, tajante pidió una sentencia de 50 años para el feminicida.
Después la abogada Lucía, del Centro Comunitario Gúwa Kúma (Casa de los Saberes) señaló que“estamos ante un caso muy triste, es muy doloroso que nosotras como mujeres suframos esta situación; éste muchacho le quitó la vida a ésa muchacha, él lo reconoce. Es un error que tiene que pagar, propongo que a esta persona se le someta a un proceso de reeducación de 30 años”.
Por su parte, la concejera del poblado San Felipe, afirmó que en la reunión que realizaron, hubo mucha participación de las compañeras “creemos que hubo mucha responsabilidad de sus padres(del feminicida), ya que permitieron que entrara el muchacho a su casa, siendo que solo era su novia; se propuso 15 años de reeducación”.
Una integrante del grupo Damas Solidarias Feministas con sede en Ayutla de los Libres manifestó que “apenas el padrastro mató a su mujer y a su hija(no mencionó el día ni la fecha); lo mismo sucedió en Oxtotilán, mataron a una mujer y a su hija; en El Charquito, la mamá y la hija también fueron asesinadas; y antes en Coxcatlán San Pedro, mataron a dos mujeres”.
Enseguida la abogada Noemí, también del Centro Comunitario planteó: “que haya un castigo ejemplar, no queremos que nos maten, no merece que lo perdonen(al homicida), que sea un castigo máximo, que sean 50 años (de reeducación)”.
Y un ciudadano del pueblo de San Felipe consideró que los papás del muchacho tuvieron responsabilidad “hay implicaciones por el alcohol, lo dejaron entrar con toda confianza, él ya no estaba en sus cinco sentidos”.
En su turno, el ex coordinador de la CRAC-PC en el Paraíso, Juan Antonio García, planteó una prórroga: “no hay prisa, que en la próxima reunión se decida la sentencia. Lo secundó Rufino “N” y dijo: “el tema es delicado, el muchacho no mató a un pollo o un guajolote, sino a una mujer”.
Finalmente el coordinador de la casa de Justicia de El Paraíso Celestino Peláez, puso a votación tres propuestas de sentencia para Roberto acordadas en la asamblea, que fueron votadas.
Fue entonces cuando Roberto escuchó la votación, con los resultados de las propuestas: la de por vida obtuvo 8 votos; la de 30 años logró 31 votos, y la de 25 años de reeducación ganó con 297 sufragios.
Aunque el coordinador Celestino Peláez preguntó a Roberto si quería hacer uso de la palabra, sin decir una sola palabra hizo señas de que “no”.
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Era el 15 de agosto de 1996, Petra García Patricio tenía 13 años. Recuerda perfectamente ese día: su papá salió hacer un trabajo de albañilería, de inmediato su mamá le advirtió: “Te vas ahora o te quedas para siempre en el pueblo”.
Petra llevaba semanas escuchando las pláticas que tenían su mamá y su papá por las noches.
“Escuchaba que mi papá le decía que estaba negociando, que andaba viendo a ver quién le daba más por mi”, recuerda.
La primera vez que escuchó las conversaciones no entendió, lo hizo cuando su papá con voz firme le dijo a su mamá que la tenían que vender.
“Yo me asusté mucho y desde ahí casi no podía dormir”.
Pasó el tiempo y a su casa llegaban familias pidiendo negociar con su papá. Todas las veces, Petra corría a esconderse. Llegaron pidiéndola para hombres que le doblaban la edad.
“Lo recuerdo bien: llegó un señor para platicar con mi papá. Le llevó un cartón de cervezas para que ya no hiciera trato con nadie más. Fue cuando le dije a mi mamá que ya había escuchado todo y que no me iba a quedar en el pueblo. Mi mamá lloró, me dijo que ella en el pueblo no podía hacer nada porque así eran las costumbres”.
Su mamá halló una forma de ayudarla: se negó a todas las ofertas, alargó el periodo de negociación. Ese tiempo fue oro para Petra. Comenzó en secreto a planear su huida: vigilaba a las camionetas pasajeras que pasaban cada tres días, preguntaba a sus profesores cómo llegar a otros lugares.
Surgió un inconveniente: su mamá se enfermó y su ayuda era indispensable para el cuidado de sus hermanos menores.
“Según los usos y costumbres si se muere la mamá, la hija mayor se hace cargo de los hermanos. Esos días me los pasaba pensando: mis hermanos o mis ganas de estudiar”, recuerda.
Llegó el 15 de agosto. Su papá salió a trabajar a otra comunidad. Su mamá se acercó y le dijo: “hija: no te preocupes, si muero y regresas y no me encuentras que Dios te acompañe, vete, no te preocupes por lo que me pueda hacer tu padre”.
Petra tomó unos vestidos que le regaló su padrino, su ropa vieja que tenía, su acta de nacimiento, su certificado de primaria y lo echó todo a una bolsa de nylon transparente.
“Ten estos 50 pesos, no puedo ayudarte con más”, ofreció su madre.
Salió corriendo al siguiente pueblo a alcanzar la camioneta pasajera. Cuando vio venir no dudó: se subió.
El maltrato cotidiano
Petra tiene 39 años de edad. Es na savi, originaria de Cochoapa El Grande, en la Montaña de Guerrero. Estudió enfermería, cuenta con licenciatura y maestría. En esta pandemia fue de las coordinadoras en la aplicación de la vacuna contra Covid-19 en la región de la Montaña. Desde hace 25 años vive sola, lejos de la casa de sus padres. Es independiente y, sobre todo, se siente libre.
Lograrlo no ha sido fácil. Siempre ha tenido la adversidad frente a la cara.
“Desde los dos años y medio fui maltratada por mi papá. En mi pueblo las mujeres no somos reconocidas con derechos. Mi mamá no hacía nada porque para ella era normal el maltrato, ella también era maltratada”.
—A los dos años, ¿en qué consistían los maltratos?
—Los maltratos eran con cualquier cosa que tuviera mi papá cerca: con mecate, machete, leña. Cuando golpeaba no se medía, los cinturones nos los dejaba marcados en la espalda.
—¿Había algo que provocaba el maltrato?
—No le gustaba escuchar ruido, si nos reíamos, si gritábamos, si llorábamos. Si traía hambre y no le servían rápido se desquitaba con nosotros. Sin ningún motivo nos pegaba. Recuerdo muy bien una ocasión: me agarró del vestido y me aventó, después a mi hermano. Nos sacó porque estábamos llorando. Esa vez, recuerdo, estaba lloviendo. Ahí nos dejó mucho rato.
Con el terremoto de 1985, recuerda Petra, salieron de su pueblo y se fueron a vivir a un lugar muy distinto, donde se hablaba otra lengua y había otras costumbres, pero poco cambió.
“El hecho de cambiar de lugar no cambió la situación, seguía lo mismo: el maltrato, con esa misma idea de que las mujeres no valemos nada”.
En este nuevo pueblo, Petra comenzó a estudiar, entró a los siete años a primero de primaria. Su mamá la inscribió pese al desacuerdo de su padre.
Su padre sólo les enseñó a trabajar en el campo porque decía que ese era su futuro inevitable.
“En esta escuela vi otra forma de vida. Ahí fue donde comencé a pensar que yo no quería ser una mujer maltratada como mi mamá o someterme a un hombre como mi papá”.
En este pueblo vivieron hasta que Petra cumplió los 13, cuando tuvo “la edad” para ser vendida.
Esto pasa si no aceptas el trato
La venta de niñas en algunos municipios de la Montaña de Guerrero es una práctica recurrente. La llaman la dote, una tradición ancestral de los pueblos originarios, aunque ahora es una simple transacción económica. Antes, era una ofrenda que una familia brindaba a otra por la felicidad de una nueva pareja. Entregaban flores, panes, cerveza, algunos animales y dinero. Sin tarifas.
Era una manera de agradecer por la crianza de la mujer y una forma de apaciguar la tristeza que provocaba a la familia dejar ir a una de sus hijas que son “la alegría de la casa”.
Ahora no, las familias se meten en intensas negociaciones hasta llegar a un monto y la ofrenda la dejan en segundo plano. El pago varía entre los 40, 80 hasta 150 mil pesos por una niña. Se establece, según la tradición, en tres aspectos: la edad [mientras más niña más vale] el comportamiento [si se sabe que ya tuvo novio su valor se demerita] y la educación [más educada menos valor].
¿Las niñas y mujeres de estos pueblos pueden desobedecer esta tradición?
Sí, pero hay consecuencias. El último caso es el de Angélica, una adolescente a la que el 29 de septiembre, un grupo de policías comunitarios de la comunidad Dos Ríos, en Cochoapa El Grande, detuvo junto con su tía, una mujer de 70 años de edad, y sus tres hermanas: una de ocho años y las otras dos de seis.
Fueron detenidas porque Angélica se escapó de la casa del padre del hombre con el que la obligaron a vivir. Los comunitarios le advirtieron que si no regresaba 210 mil pesos —el doble de lo que pagaron por ella— no la liberarían.
Se escapó porque el padre del hombre con el que la vendieron, intentó violarla en cuatro ocasiones.
Angélica y sus tres hermanas pasaron 11 días retenidas.
El caso se supo hasta que su madre, Concepción, lo denunció en un hospital, en el municipio de Ometepec, en la Costa Chica. Un día antes, Concepción llegó a la comisaría con comida para sus tres hijas. Discutió con los comunitarios hasta que uno de ellos la golpeó.
Concepción estaba embarazada de trillizos. La agresión le provocó el aborto: se desangró en el pasillo de la comisaria.
Maltratos. Violencia sexual. Hambre
El 15 de agosto de 1996, Petra llegó a Tlapa como a las ocho de la noche. La pasajera le cobró 55, le quedó a deber.
“Recuerdo que me dijo que le iba a cobrar los cinco pesos a mi mamá”.
Cuando se bajó de la pasajera se quedó sola. No conocía la ciudad. Comenzó a caminar hasta que una mujer se le acercó y le preguntó porqué estaba sola.
Le dijo que buscaba a unos tíos y a su hermano en la colonia Caltitlan. La llevó hasta allá. Anduvo preguntando por sus tíos y su hermano, hasta que los encontró.
“Ahí inició otra etapa de mi vida. Pensé que mis tíos eran personas buenas”.
Petra y su hermano los primeros años vivieron en la casa del esposo de una de sus tía. Era un profesor que con engaños se llevó a su tía a vivir con él a Tlapa. Sin embargo los demás familiares ahí llegaban a pedir hospedaje.
Con su hermano dormían en un pedazo de cartón en el piso de tierra en un cuarto que compartían con dos de sus tíos, hermanos de su mamá, y otra de sus primas.
Los primeros días su hermano intentó convencerla que se regresara, Petra estaba decidida, aun sin saber lo que le esperaba.
Pasó días sin comer, recorrió el cauce del río El Jale buscando sobras.
“Comíamos los pedazos de verdura que había tirados, arroz, a veces pasamos hasta tres días sin comer”.
Nunca perdió de vista que quería estudiar la secundaria. Fue a preguntar a la secundaria Sor Juana, porque le dijeron que ahí aceptaban a “los pobres”. Así fue, el director de dio un espacio en el turno vespertino.
Encontró trabajo: vendía dulces y le pagaban 30 pesos al mes. Dejó el trabajo cuando la dueña le pegó.
“En el primer trabajo era bien pesado, hasta sangraba el hombro de andar cargando, nos trataba mal, una vez me pegó y dije que no lo iba aceptar porque había huido de mi casa por eso”, dice.
Encontró un nuevo trabajo en una casa haciendo el aseo, le pagaban 50 pesos al mes y de estos cada semana le daban 15. En ese momento Petra sintió un alivio, sintió que las cosas mejoraron.
Pero en el cuarto donde vivían, vinieron los maltratos. Sus tíos intentaron violarla. Lo intentaban cuando no estaba su hermano. Se defendía para impedirlo pero al final la golpeaban.
“Nos ponían a pelear y a la que perdía la castigaban. Ellos apostaban. Al que perdían le daban de beber. Yo nunca perdí, no sé de dónde sacaba fuerza, muchas veces me salve, eran peleas callejeras, sin reglas”.
Dejó el cuarto y el trabajo y se fue a vivir con una familia para cuidar a un niño.
“Ahí también quisieron violarme, esa vez entraron tres chamacos que me golpearon, me estaban ahorcando, me arrancaron mi vestido. Digo que Dios existe porque ese día el niño que cuidaba estaba pequeñito y apenas caminaba. El niño al momento del ataque estaba en la cama y al no verme se bajó a buscarme y no sé qué pasó pero soltó su biberón y al hacer ruido los estos chamacos pensaron que había gente, sino hubiera estado el niño yo pienso que si me matan, hubiera sido un feminicidio. Me acuerdo mucho de ese niño, porque me salvó”.
Maltrato para las que se quedaron
Yo siento que mi mamá sufrió mucho maltrato por mi huida. He platicado con ella pero se pone mal, llora mucho y ahora por su salud ya no lo intento. Lo que me ha dicho, es que cuando me escapé la golpeó muy feo mi papá. Me lo dijo hace tres años, no me decía nada, pienso que para no hacerme sentir culpable. Mi papá le decía que me escapé por sus malos consejos. Mi mamá siempre quiso apoyar a sus hijas pero con mi papá era muy difícil. Mi hermana la que me sigue, Guadalupe, si sufrió mucho porque ella quedó en mi lugar. Ella se quedó a moler, a hacer todo lo que me tocaba a mi. A ella no la vendieron porque mi mamá se enfermó muy feo, estuvo a punto de morir, se le cayó el cabello. No sabemos porque, nunca se le hizo estudios. Yo me imagino que fue su menopausia. Y en ese tiempo mi papá estaba esperando que mi mamá muriera para juntarse con otras mujeres. Mi hermana sufrió mucho, le reclamaba mucho. Con ella se desquitó. Mi hermana se vino a Tlapa a estudiar la secundaria, pero no le gustó y lo que hizo fue hablarle a mis otros hermanos y se fue a los Estados Unidos. No le avisó a mis papás, avisó cuando ya estaba en la frontera. Yo pienso que también se fue porque acá en Tlapa la vinieron a pedir. Pero esto sirvió también para mi hermana la más chica, Isaura. Con ella ni lo intentaron. Ella ya fue rebelde. Le aceptaron novios, la apoyaron para estudiar. Y eso es bueno.
Perdón, pero no olvido
—¿Has hablado con tu papá de lo que te hizo?
—Hace un tiempo hablamos pero no me contesta, se queda callado. Lo único que me dijo, llorando: “hija yo sé que te duele lo que hice pero ya lo hice”. Fue lo único. Lo he intentado tres veces pero sólo se agacha y no dice nada. La última vez salimos al campo en Alcozauca, fuimos a recoger ocote, leña y ahí platicamos. Lo hago porque el psicólogo me recomendó que tenía que hablar con él para sanar bien la herida.
—¿Sientes que hay algo pendiente con tu papá?
—Yo ya perdoné. Pero mi papá siguió tomando. Una vez que yo fui a visitarlos, llegó borracho y golpeó a mi mamá y yo me metí y me dio un golpe en la cara. Esa vez lo desconocí como mi papá. Esa vez lo tuvieron que amarrar, estaba incontrolable.
—Has intentado sanar todo, pero ¿sientes que queda algo?
—Sí, siempre queda algo. Antes era más difícil, tenía crisis, no podía hablar de esto pero ahora ya lo hago con más tranquilidad. La verdad yo no quiero tener hijos porque no quiero maltratarlos, porque eso fue lo que me enseñaron y mejor no. Me han dicho los psicólogos que mis hijos no deben pasar lo mismo, pero yo tengo mucha desconfianza y luego en el hospital veo muchas cosas, cómo llegan niños, niñas violadas por sus padres, sus abuelos, sus tíos.
—Cuando estabas sola en Tlapa, en los momentos más difíciles ¿pensaste en regresar a tu pueblo?
—No, nunca. Por muy duro que fuera siempre pensé en seguir adelante. Sí hubo momentos muy difíciles, pasamos días sin comer, pero jamás pensé en regresar porque yo sabía que vida iba llevar.
Integrantes de la Red Guerrerense por los Derechos de las Mujeres demandaron a las autoridades emitir una tercera declaratoria de alerta de violencia de género contra mujeres por matrimonios forzados de niñas, adolescentes y jóvenes en Guerrero
Texto: Beatriz García
Fotografía: Lenin Mosso (Archivo)
12 de marzo del 2022
Chilpancingo
A cuatro meses de que se anunciara una estrategia integral en la Montaña, región de pueblos originarios, para prevenir, sancionar y erradicar el delito de venta de niñas, actores sociales que dan seguimiento a estas acciones, desconocen qué han hecho las autoridades.
Mientras que en el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan sigue acompañando a menores víctimas, la última fue en este año, una niña de Metlatónoc. La organización logró que no se consolidara el matrimonio forzado al que la estaban orillando, informó la abogada, Neil Arias Vitinio.
El año pasado después de las denuncias públicas sobre las comunidades de los municipios de la Montaña que venden a niñas con el argumento de que es una tradición por usos y costumbres. El 10 de noviembre, en presencia de organizaciones de la sociedad civil, la Secretaría de la Mujer encabezó el anuncio del gobierno del estado: una estrategia para evitar más casos de niñas vendidas en esta región.
Aunque la estrategia fue anunciada por la Senujer, el evento oficial, fue encabezado por la gobernadora, Evelyn Salgado Pineda. Estuvieron la representante en México de la ONU Mujeres, Belén Sáenz Leuke; la presidenta del Instituto Nacional de Mujeres (Inmujeres), Nadine Gasman; la coordinadora de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), Susana Vanesa Otero González, además 22 alcaldesas y alcaldes de los municipios de las regiones Montaña y Costa Chica.
En entrevista con la abogada de Tlachinollan, Arias Vitinio, quien ha dado acompañamiento a los casos de ventas de niñas en la Montaña, recordó el convenio que hicieron con autoridades de estos municipios. Después quienes integran Tlachinollan acudieron a Cochoapa el Grande, por el caso de la comunidad Joya Real, donde una niña de 15 años le intentaron arreglar su matrimonio por la fuerza.
La abogada supo que ni el presidente municipal de Cochoapa el Grande tenía en sus manos el convenio que firmaron con las autoridades del estado.
Lo que sabe, dijo, es que la gobernadora ha ido a las comunidades de la Montaña alta, a Cochoapa el Grande, por ejemplo, pero sólo a regalar juguetes, pero no a una estrategia real sobre el acuerdo que se tomó en noviembre.
“Nosotros también desconocemos, sabemos que una de las cosas a las que se comprometió la secretaria de la Mujer (Violeta Pino Girón), es que apuesta a la capacitación y sensibilización a las autoridades municipales, a comisarios y están pensando en la realización de unas asambleas para enfocarse en la venta de niñas. También tenemos conocimiento que iban a iniciar unos programas pero sinceramente desconocemos”, precisó la defensora de derechos humanos.
La abogada expuso que tienen conocimiento que ha habido reuniones entre los que anunciaron la estrategia pero que sigue sin estar claro cómo será esta estrategia.
-¿Las autoridades han buscado a Tlachinollan para incluirlos en la estrategia a implementar, por el acompañamiento que han dado a las víctimas?
– Recientemente nos llamaron porque quieren tener un acercamiento con nosotros para que de manera conjunta nosotros podamos decir, de acuerdo al trabajo que hemos realizado el acompañamiento directo con víctimas, de cuáles pidieran ser algunos lineamientos para crear un protocolo.
La abogada agregó que desafortunadamente cuando son temas coyunturales los atienden en el momento pero después las víctimas se quedan en la vulnerabilidad porque nadie es responsable de ellas.
Arias Vitinio resaltó que urge la atención, porque incluso las mismas personas de los pueblos mencionan que no se trata sólo con que les vayan a decir qué deben hacer y qué no, que lo que quieren es que las autoridades también atiendan esta problemática tomando en cuenta que son zonas marginadas y pobres, lugares que están olvidados.
La abogada dijo que las comunidades tienen derecho al desarrollo, que es necesario que se invierta en estos lugares, que no solo lo hagan en zonas turísticas, y que es necesario para abatir la marginación que viven los pobladores.
Tlachinollan continúa trabajando de manera independiente en el problema de los matrimonios forzados en menores, de acuerdo a la abogada.
“Seguimos acompañando casos, siguen llegando los casos respecto a este problema de que las venden. Los problemas que más atendemos es de violencia, donde vienen y denuncian que no quieren continuar con la violencia, pero que fueron vendidas y que no es tan fácil que puedan romper con esta relación”, dijo.
Tampoco las autoridades han informado a cuatro meses del anuncio de la estrategia qué se ha logrado o qué se ha implementado.
Recientemente mujeres de organizaciones, colectivas, asociaciones, activistas y defensoras de los derechos humanos de mujeres y niñas, agrupadas en la Red Guerrerense por los Derechos de las Mujeres demandaron a las autoridades emitir una tercera alerta de violencia de género contra mujeres por matrimonios forzados de niñas, adolescentes y jóvenes en Guerrero.
“A la fecha, 07 de marzo del 2022, las colectivas y activistas de las regiones montaña y costa chica que atendemos cotidiana y solidariamente a las mujeres en situación de violencia, reprobamos la falta de información, transparencia y claridad pues no hemos sido convocadas ni informadas acerca de la evolución de esa anunciada estrategia”, resaltaron en un comunicado.
Alumnas de la Facultad de Ciencias Químico Biológicas de la Universidad Autónoma de Guerrero (Uagro) denunciaron, a traves de un mural, a profesores y estudiantes por acoso y hostigamiento sexual.
En el mural se exponen las nombres de maestros y profesores que hostigan sexualmente a las estudiantes.
En pancartas y hojas blancas con la fotografía de los agresores se leen los nombres de
Antonio Leyva Vázquez, Erick Jordan, Jairo Díaz, Lorenzo Salgado, Jorge Monroy, José Luis Almazán, Jesús Bedolla Piza, Alejandro Leyva, Daniel Hernández, Jorge Bello, y Renato Alberto.
Dichos hombres son acusados por alumnas de la facultad y todos son profesores y estudiantes.
El mural se colocó en uno de los edificios de la facultad, ubicada en Ciudad Universitaria, al sur de Chilpancingo.
Dicha actividad se realizó en el marco del Día Internacional de la Mujer que se conmemora el 8 de marzo.
El mural fue anonimo y las estudiantes por seguridad no quisieron dar información sobre la convocatoria a participar en dicha actividad.
Al centro del mural había un cartel donde se leía, “¿Quién es tu acosador?” y alrededor, retratos de algunos de los hombres señalados como agresores y pancartas en su contra.
“Miguel Catalán, con mis compañer@s te nombramos el pervertido, no por nada te ganaste ese apodo después de las veces que me acosabas en los pasillos”, se leía.
“Mi ropa no es invitación para tu morbo, Uriel, respetanos”.
“El maestro Erick Jordan en mi segundo semestre me citó a solas en su oficina y me insinuó que si quería subir mi calificación me aceptaba lo que yo le ofreciera, todo menos dinero porque eso a él no le interesaba, mientras me agarraba la mano, me negué y me obligó a abrazarlo a la fuerza cuando me iba. Me reprobó y se negó a hacer un extra varias veces”, fueron algunas experiencias que las alumnas expusierona través del mural.
Además, en otras cartulinas las víctimas cuestionaron al director de la facultad, Oscar del Moral, por ser indiferente a las denuncias de las alumnas.
“¿qué te interesa más la reputación de la facultad o la seguridad de tus alumnas?”, “No, director, no tengo un video, no estoy grabando esperando a que me acosen”, decían las pancartas acusando al director por no darle importancia al testimonio de las alumnas.
Durante la marcha del pasado 8 de marzo en Chilpancingo, estudiantes de distintos planteles educativos de la ciudad denunciaron a sus profesores por acosarlas y hostigarlas sexualmente.
En dicho mural, que colocaron al pié del monumento a Las Banderas, mencionaban a profesores del Colegio de Bachilleres, del Cbtis135, y de la Uagro, entre ellos docentes de la Facultad de Filosofía y Letras y de Comunicación y Mercadotecnia.
A esas acusaciones se suman las que hoy hicieron las estudiantes de la Facultad de Química.
Aunque las órdenes de protección están contempladas en la ley general contra la violencia a las mujeres, en los estados no hay presupuestos garantizados para su implementación y tampoco se da seguimiento a que sean cumplidas.
En México, una orden de protección para una mujer víctima de violencia es solo un papel. El país no tiene un sistema para que esta medida se implemente de forma adecuada.
No hay protocolos para emitirlas ni recursos suficientes; tampoco existen mecanismos formales para darles seguimiento y saber si de verdad ayudan a reducir el riesgo para las mujeres.
Carolina Mendoza vive en Tultitlán, Estado de México. Hace cuatro años se separó de quien era su esposo, después de vivir violencia psicológica y física. Denunció, pidió protección y, desde 2017, solo le otorgaron rondines de la policía y un número de teléfono al cual llamar en caso de emergencia.
“Así como muy efectivas las medidas de protección, no han sido. Solo es un papel. Él igual me acosa, me persigue. Un día hace dos años me quiso atropellar con su moto. Yo iba con mi mamá y afortunadamente lo alcanzamos a esquivar. Le marqué a la policía y llegaron hasta 15 minutos después. Lo que me dicen es que no tienen elementos suficientes y no pueden llegar antes”, alerta.
Las autoridades facultadas para emitir órdenes son los jueces y ministerios públicos, y quienes las implementan son las secretarías de Seguridad.
Por transparencia, Animal Político solicitó información a ocho entidades: Nuevo León, Jalisco, Estado de México, Puebla, Veracruz, Ciudad de México, Yucatán y Guanajuato, sobre cuántas órdenes emitieron entre 2017 y 2020, si se hizo un análisis de riesgo previo para saber qué medidas requerían las mujeres, cómo se dio seguimiento a esas órdenes y con qué recursos contaron.
La mayoría de las secretarías de Seguridad respondió que no hay policías destinados para el cumplimiento de estas órdenes; se usan los elementos que están de turno.
Solo Puebla y Estado de México dieron el número específico.
En el Estado de México, donde en 2017 se emitieron 32 mil 815 órdenes y medidas de protección, solo se asignó a 460 policías y 146 patrullas; en 2018, cuando se otorgaron 31 mil 539 órdenes, se destinó a 450 elementos y 135 patrullas.
Para 2019, mientras que el número de órdenes emitidas subió a 47 mil 274, solo se asignó a la protección de mujeres a 452 policías y 136 unidades, y para 2020, la cifra de órdenes otorgadas volvió a crecer hasta 53 mil 422, pero el Edomex ya no reportó una cantidad específica de uniformados, solo a 98 patrullas asignadas.
Gráfico: Daniela Díaz | @_danichi y Andrea Paredes | @driu.paredes
En cuanto a Puebla, entre 2017 y 2020 se asignó a 355 policías para órdenes de protección, pero no se puede saber el total de medidas emitidas, porque la fiscalía no respondió a las peticiones de información y el Poder Judicial indicó que solo había otorgado 65.
En entrevista, Violeta Castillo Saldívar, comisaria de Planeación Operativa de la Secretaría de Seguridad de Jalisco y quien encabeza todas las políticas de género en la corporación, explica que son principalmente los policías municipales quienes dan seguimiento a las órdenes y es difícil señalar un número, porque depende de cuántos elementos y turnos haya en cada municipio.
Castillo afirma que, cuando estos uniformados están rebasados, se les apoya con personal de la Secretaría de Seguridad estatal.
Respecto del presupuesto para implementar las órdenes, las autoridades respondieron que no hay uno específico para ejecución, monitoreo y seguimiento de estas medidas.
La Secretaría de Seguridad Pública del Estado de México señaló que no tiene el monto desagregado; la de Veracruz, que no tiene el dato.
La de Guanajuato respondió que no se encontró información del presupuesto para órdenes de protección, pero argumentó que la fiscalía podría tenerla. A su vez, la fiscalía indicó que no la puede dar porque no la tiene desagregada. Es decir, nadie sabe cuánto dinero se destina finalmente para implementar órdenes o si lo hay.
La propia titular de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), Fabiola Alanís, admite: “Estamos lejos de que se hagan efectivas estas órdenes de protección y las entidades que me acaban de decir (a las que se pidió información) sí son de las que tenemos en foco rojo”.
Guanajuato, explica Alanís, estaba cerrando 2021 con el mayor número de muertes violentas en el país. Terminó con 3 mil 516 homicidios dolosos y 34 feminicidios. Nuevo León y Jalisco también tienen alta incidencia de violencia contra las mujeres.
La funcionaria admite problemas estructurales para que se implementen bien las órdenes. “Se debe reconocer que ha habido esfuerzos en los gobiernos. Jalisco está fortaleciendo a las instituciones encargadas de estos temas, pero es una tarea en la que tenemos que partir de reconocer que no hemos avanzado lo suficiente”.
Animal Político solicitó entrevista a las fiscalías, las secretarías de Seguridad y los poderes judiciales de las ocho entidades a las que se les pidió información, pero hasta el cierre de edición solo respondieron el Poder Judicial del Estado de México, la Secretaría de Seguridad de Jalisco y el Poder Judicial de Yucatán. La fiscalía de Jalisco solo envió información general por escrito.
En esta, señala que se está fortaleciendo el seguimiento a las víctimas de violencia a través de tecnologías para la coordinación intersectorial —como brazaletes de geolocalización para los agresores— y que se están instrumentando mecanismos de evaluación de riesgo ajustados a las nuevas dinámicas psicosociales. Además, afirma que hay unidades especiales de policías para atender a mujeres víctimas de violencia.
El primer problema: la confusión de las autoridades
Una orden de protección es un mecanismo de urgente aplicación, autónomo, que no requiere que la víctima interponga una denuncia ni que sea parte de algún otro procedimiento penal, civil o administrativo. Las órdenes están incluidas en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia desde 2007.
Este instrumento busca garantizar la vida, integridad y seguridad de las mujeres en situación de violencia, explica Fátima Gamboa, codirectora de la organización Equis Justicia para las Mujeres.
En la ley, se consideran una serie de acciones dentro de las órdenes, como la prohibición inmediata a la persona agresora de acercarse al domicilio y al de familiares y amistades, y al lugar de trabajo, de estudios o cualquier otro que frecuenten la víctima directa o víctimas indirectas.
También abarcan el traslado de las víctimas a donde se requiera —casas de emergencia, refugios o albergues—, cuantas veces sea necesario para garantizar su seguridad y protección; la custodia personal o domiciliaria, y los recursos económicos para garantizar seguridad personal, transporte, alimentos, comunicación, mudanza y trámites oficiales, entre otros aspectos. Se pueden implementar varias de las acciones citadas, según requiera el caso.
Sin embargo, las autoridades no las implementan correctamente porque las confunden con otros mecanismos, como las medidas de protección, derivadas de un procedimiento penal con una denuncia previa, que además se pueden otorgar a hombres y mujeres.
El propio presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, Ricardo Sodi, da muestra de esta confusión. En entrevista con este medio, cuando se le preguntó por el procedimiento para emitir las órdenes de protección, respondió que en materia penal el agente del Ministerio Público solicita al juzgado medidas cautelares y medidas de protección, y que en materia familiar hay un juzgado especializado en violencia que gestiona las medidas cautelares.
Por estas confusiones, las medidas que se otorgan no tienen perspectiva de género ni reconocen los riesgos para las mujeres, de ahí que las obliguen a denunciar y solo les otorguen rondines de policías, advierte Rodolfo Domínguez Márquez, coordinador general de la organización Justicia, Derechos Humanos y Género, AC, y asesor del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio.
Una mujer que vive en la CDMX, a quien se identificará como Adela para resguardar su identidad, cuenta que le otorgaron rondines de la policía y un código para que supuestamente la atendieran más rápido en el 911.
“Yo soy sobreviviente (…) Mi exesposo, con quien viví cuatro años, me golpeaba. Una vez me pateó en el vientre con una bota de casquillo. Yo estaba orinando sangre y no me dejaba ir al médico. Otra vez intentó asfixiarme. A pesar de eso mi denuncia no la admitieron como tentativa de feminicidio, sino como violencia familiar, y me dieron medidas de protección que no me han servido de nada. Vivo escondida en la casa de mis padres”, relata.
Al principio, los policías pasaban cada tercer día. En 2021, fueron solo cinco veces. “En abril me habló la comandante del sector y me dijo que ningún oficial podía ir al rondín, porque tenían 39 mujeres con códigos de atención ciudadana y no le alcanzaban los elementos, así que si necesitaba algo que los llamara”.
Adela dice que el código que le otorgaron tampoco le ha servido. “Supuestamente, con ese código ya tienen todos tus datos si llamas, pero no es verdad, siempre me preguntan mi nombre, mi dirección, que qué pasa, que si tengo medidas… No sirve”.
El 8 de julio pasado, ella viajaba en auto con su mamá. Iban a una consulta psiquiátrica. Adela está en tratamiento por el maltrato sufrido y las tentativas de feminicidio. Su exesposo las iba siguiendo en otro automóvil. “Me metí al estacionamiento de una plaza para pedir ayuda, llamé a la policía y tardaron unos 15 minutos en llegar; para cuando llegaron, él ya se había ido”.
Sin obligación de denunciar
La titular de la Conavim reitera que las mujeres no están obligadas a denunciar para que las autoridades les otorguen una orden. Estas tampoco pueden negarla ni condicionarla.
“Las autoridades tienen sí o sí que creer en la palabra de las mujeres, tienen sí o sí que otorgarles una orden de protección cuando así lo soliciten, y tienen que sí o sí orientar a las mujeres sobre los servicios que pueden garantizarles protección”, señala.
El artículo 27 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia indica: “(Las órdenes) deberán otorgarse por la autoridad competente, inmediatamente que conozcan de hechos probablemente constitutivos de infracciones o delitos que impliquen violencia contra las mujeres”.
Aun así, entre la información que proporcionó la CDMX sobre órdenes emitidas, también dio el número de aquellas negadas —986 solo en 2020—, lo que indica que no siempre se otorgan.
Cuando en una segunda solicitud se cuestionó por qué se negaron esas órdenes, la respuesta fue: “No se cuenta con la información, puesto que el motivo por el cual se niegan las medidas de protección es un dato que no se compila”.
El presidente del Tribunal Superior de Justicia mexiquense dijo que en esa entidad se han negado 48 medidas de protección y aseguró que se niegan porque no se determina que el caso sea lo suficientemente fuerte o contundente como para ameritarlo.
La comisaria Castillo, de Jalisco, señala que en su corporación se han desarrollado lineamientos homologados para tramitar y dar seguimiento a las órdenes, pero acota que estas solo las emiten los ministerios públicos si la mujer presenta una denuncia; de lo contrario, no.
Aunque Yucatán no reportó haber negado órdenes, Greta, quien vive en Mérida, acusa que a ella no le otorgaron protección. A pesar de que su exesposo había tratado de asesinarla con un cuchillo y ella narró los hechos, las autoridades no le creyeron. Tuvo que aportar pruebas y pasaron ocho meses para la emisión de medidas de protección, que en su caso sí incluían protección policial 24/7, pero solo hasta que empezó la pandemia; después, le retiraron a los policías.
Greta promovió un amparo a nivel federal para que el estado le restableciera la protección durante todo el tiempo que durara la investigación del caso. El juez federal falló en su favor, pero un juez de control de Mérida solo le concedió poder llamar al 911 en caso de emergencia.
Un papel sin el análisis de la situación
Justo porque existen varias opciones contempladas en la ley y los casos de las víctimas son variados, antes de emitir una orden la autoridad debe analizar el contexto y el tipo de riesgo. Con base en esto, debe otorgar las medidas más adecuadas, no solo el rondín policiaco o el botón de pánico.
En junio de 2021, se hizo una reforma al artículo 31 de la ley para establecer que se deberá realizar la medición y valoración del riesgo, la valoración médica en caso de requerirse, así como la valoración psicológica.
Sin embargo, otro de los grandes problemas para la implementación y el seguimiento de las órdenes es que, aunque existe una ley general, cada estado tiene su propia norma para atender la violencia contra las mujeres. Hay 33 leyes que no están homologadas, advierte la codirectora de Equis Justicia para las Mujeres.
Animal Político preguntó a las ocho entidades mencionadas en cuántas órdenes emitidas se había hecho un análisis de riesgo previo, así como el instrumento para hacerlo.
El Estado de México, una de las entidades donde las mujeres viven más violencia, respondió que para 2017, 2018, 2019 y 2020 “no se encontró variable, informe o registro que permita identificar la información requerida”.
El presidente del Tribunal Superior de Justicia aseguró que en esa entidad sí se hacen los análisis de riesgo, pero en materia penal los hace el Ministerio Público y en el juzgado de lo familiar en línea se emiten medidas de protección provisionales en solo cuatro horas, y el análisis de riesgo se hace en los seis días siguientes, con peritos especializados.
Nuevo León respondió que las órdenes “son diligencias y no se puede saber si se realizó un análisis de riesgo previo”.
En Puebla, el Poder Judicial informó que, de acuerdo con la ley estatal, será el juez de lo familiar o el Ministerio Público los que considerarán el riesgo o peligro existente o inminente, pero no dio dato de en cuántas órdenes emitidas se realizó la valoración de riesgo ni anexó protocolo.
En la CDMX, la fiscalía dedicada a violencia intrafamiliar respondió que no tiene datos de en cuántas órdenes se realizó análisis de riesgo.
Yucatán informó que tanto la fiscalía como el Poder Judicial hacen análisis de riesgo en todos los casos, antes de emitir una orden. También anexó el formato, pero los números revelan que no siempre se valora el riesgo.
Entre 2017 y 2020, se emitieron 7 mil 182 órdenes en esa entidad, pero solo se reportó que se hizo análisis de riesgo en 6 mil 390.
Ante esto y vía una tarjeta informativa, la oficina de comunicación del Poder Judicial de Yucatán respondió que, antes de la reforma de junio de 2021 a la ley general, esta no contemplaba el análisis de riesgo, así que no había una obligación.
En Guanajuato, la fiscalía respondió que entre 2017 y 2020 se concluyeron 20 mil 608 órdenes y en todas se efectuó análisis de riesgo acorde a la ley local. Aseguró que el Ministerio Público estudia cada caso con base en los hechos narrados por las víctimas y contemplando variables establecidas en la legislación.
Fátima Gamboa, de Equis Justicia, señala que en muchos casos, como no hay un instrumento homologado, el tipo de orden se emite de acuerdo con un análisis subjetivo.
Coincide con ella Rodolfo Domínguez, quien subraya que generalmente el riesgo queda a valoración subjetiva de quien va a otorgar la protección, lo que deriva en medidas insuficientes.
La titular de la Conavim admite: “Efectivamente, hemos observado que no en todo el país se aplican estos tamizajes, estas valoraciones del riesgo, cuando es importante tenerlo claro, para saber qué tipo de medidas debe incluir la protección”.
“Pero vamos hacia allá y hay una actitud positiva, receptiva de las autoridades para hacerlo, esa es una tarea de nosotras del día a día. Queremos consolidar hacia el 2024 la mayor red de servicios a mujeres que viven violencia”.
Nadie sabe qué pasa con las órdenes
El otro gran problema, además de la implementación deficiente, es que no se da seguimiento a las órdenes.
No hay coordinación ni comunicación entre las autoridades que las emiten, jueces y ministerios públicos, y las que deben implementarlas, las secretarías de Seguridad. Tampoco se hacen reportes de seguimiento ni informes de cumplimiento. No se sabe si la orden sirvió.
El artículo 34 de la ley general señala: “Las autoridades administrativas, el Ministerio Público o el órgano jurisdiccional que emita las órdenes de protección, realizará las gestiones necesarias para garantizar su cumplimiento, monitoreo y ejecución. Para lo anterior se allegará de los recursos materiales y humanos necesarios, asimismo podrá solicitar la colaboración de las autoridades competentes”.
A las ocho entidades se les solicitó saber en cuántas órdenes emitidas se hizo un reporte de seguimiento para verificar que se estaban cumpliendo. Las respuestas van desde que la información es clasificada hasta que no se tienen los datos, no hay formatos para darles seguimiento o los reportes no existen.
El Estado de México contestó, por ejemplo, que no se procesa información al grado de detalle que se solicita y no existe el formato requerido para el informe de seguimiento. No obstante, el presidente del Tribunal Superior aseguró que se hace en todos los casos, aunque cuando se le mencionó el caso de Carolina Mendoza, quien se queja de que los policías llegan tarde cuando su agresor la está acosando y que los rondines no son diarios, respondió: “Eso que está usted diciendo son actuaciones de la policía, no del Poder Judicial; entonces, yo no sé si la policía lo esté haciendo bien o mal o si haga bien o mal su trabajo”.
La comisaria Castillo, de Jalisco, dice que sí se hace seguimiento, a través de visitas, pero la periodicidad de estas depende del riesgo de la víctima. “Ese informe se hace, si el agresor sigue rondando, se le informa al Ministerio Público y se agrega a la carpeta de investigación”.
En tanto, la fiscalía de Jalisco respondió por escrito que tiene un call center que labora las 24 horas, los 365 días del año, y realiza llamadas permanentes a las víctimas para cerciorarse de que no han sufrido ninguna agresión.
En Puebla, solo un juzgado de 49 señaló tener reportes de seguimiento, pero no especificó para cuántas órdenes ni adjuntó documento probatorio.
Luis Méndez Concuera, juez familiar en Yucatán, explica en entrevista que ellos solo reciben informes cuando el agresor no respeta la orden. “La Secretaría de Seguridad nos informa cualquier tipo de vulneración o irregularidad y ellos (los policías) hacen sus informes internos sobre sus rondines. En casos de alto riesgo, el juez gira un oficio para pedir informes con la periodicidad que él considere”.
Fátima Gamboa, de Equis Justicia, asegura que los jueces tienen obligación de darles seguimiento a las órdenes en todos los casos, porque al emitirlas se convierten en un mandato judicial que debe cumplirse. “El juez tiene el poder de verificar y sancionar o hasta poder arrestar a las propias autoridades que no cumplan, pero no lo están haciendo, ni tampoco en el caso de los agresores”.
Este medio también preguntó a los ocho estados por el número de sanciones emitidas a las autoridades por no cumplir con el otorgamiento o la implementación de las órdenes, y la mayoría contestó que no tenía los datos o no había sancionados. Solo Jalisco reportó en 2019 dos amonestaciones a autoridades, pero no dio detalles de a quiénes ni por qué motivo.
En cuanto a sanciones a agresores, la mayoría respondió que no se cuenta con los datos o no ha habido sanciones. Solo el Estado de México contestó que la fiscalía en Ixtapan de la Sal aplicó dos sanciones en 2019, que consistieron en acudir a firmar dos veces por mes y la prohibición de acercarse a la víctima. Y una más en 2020, que fue acudir a firmar los primeros cinco días de cada mes y una garantía de 25 mil pesos.
Carolina Mendoza, de Tultitlán, ha reportado varias veces que su exesposo la sigue persiguiendo y amenazando de muerte.
“Lo de los rondines es una burla porque vienen cuando quieren y obvio él no me va a acosar cuando los policías están aquí, y después cuando lo hace y llamo, no van a detenerlo a su casa que porque no pueden, que porque tienen que agarrarlo en flagrancia, o sea, ¿necesito que me esté pegando y yo esté sangrando?”, advierte.
Señala que solo una vez lo han detenido porque en esa ocasión, cuando los policías llegaron, el agresor le estaba pateando la puerta de la casa donde ella vive con sus dos hijos y sus papás. “Pero fue el papá de él a pagar una multa, con eso lo dejaron salir y ha seguido acosándome”.
Carolina dice que en su caso se ha enfrentado a otro problema: los policías que hacen los rondines la acosan también. “Me invitan un café o que salga con ellos, los he reportado y solo los remueven y mandan otros”, denuncia.
Greta y Adela también cuentan que ellas han reportado que sus exparejas las siguen acosando, pero no hay ninguna consecuencia ante esos reportes.
“A él no lo han sancionado, ni siquiera porque también hay una orden de restricción y la incumple. Ahorita metí un proceso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Hasta allá he tenido que ir a pedir la protección que no me da el Estado mexicano”, dice Greta.
A través de su oficina de comunicación, el Poder Judicial de Yucatán respondió respecto de este caso que es atribución de cada juzgado resolver sobre el otorgamiento, la duración y la modificación de las órdenes, por lo cual no es posible pronunciarse al respecto.
Y agregó el dato de que en 2019 se emitieron dos sanciones por incumplir las órdenes, una de las cuales incluyó nueve meses de prisión.
Falta de comunicación e informes de cumplimiento
En cuanto a canales de comunicación entre autoridades para el seguimiento de las órdenes, las respuestas de los estados son diversas y contradictorias.
En Puebla, el Poder Judicial habla de canales electrónicos para emitir las órdenes, pero no es claro en cuanto a su seguimiento y la Secretaría de Seguridad dice que no hay un protocolo establecido.
En el Estado de México, la Secretaría de Seguridad contesta que los canales de información entre instituciones para dar seguimiento a las medidas de protección son mediante oficios que son diligenciados en vías ordinarias y en casos excepcionales mediante correo institucional, y el Poder Judicial responde que no hay un protocolo establecido para darle seguimiento a estas medidas.
Así como no hay informes de seguimiento ni comunicación entre las autoridades para evaluar cómo van las órdenes de protección, tampoco hay informes para saber si cumplieron con su objetivo y la mujer ya no la necesita.
A los estados se les preguntó de cuántas órdenes emitidas había un informe de cumplimiento y las respuestas van desde que no se cuenta con la información o que es posible que exista pero no se encuentra desagregada hasta que no hay los datos.
El juez Méndez, de Yucatán, admite que no les llegan informes de conclusión, los informes que les llegan son solo cuando los agresores violan las órdenes de protección o en casos muy específicos.
Cuestionada sobre qué impide que estas órdenes dejen de ser un papel y se vuelvan un mecanismo efectivo, la titular de la Conavim dice que falta todavía mucho en materia de comprensión de lo que es la perspectiva de género y la dimensión de la violencia contra las mujeres.
“Poco a poco hemos ganado terreno, pero no lo suficiente, y en eso estamos, para eso son las alertas de género, para eso son las mesas técnicas de acceso a la justicia, para eso son las instancias de las mujeres en las entidades federativas, para eso es la Conavim, y aquí el llamado es que cuando una autoridad obstaculice una orden o no la haga valer, se comuniquen con nosotros, de manera anónima si quieren, pero que nos lo comuniquen”.
La realidad para las mujeres víctimas de violencia, dice Adela, “es que las órdenes y medidas de protección son solo un papel, solo letras, los códigos y teléfonos que nos dan son solo números”.
Este texto fue elaborado por el equipo de Animal Político y lo reproducimos con su autorización.
En México, las mujeres destinan en promedio seis horas diarias para realizar quehaceres domésticos y servicios de cuidado. Según ha estimado el INEGI, cada mujer durante 2020 realizó trabajos equivalentes a los 69 mil 128 pesos, sin embargo, son tareas por las cuales no recibieron -ni reciben- remuneración alguna.
Contar con políticas públicas para que las mujeres puedan insertarse al mercado laboral y romper la dinámica impuesta que dicta que deben dedicarse al hogar y al cuidado de los hijos, e incluso de adultos mayores, ha sido un tema que frecuentemente se aborda como una necesidad impostergable, pero en la realidad los avances son mínimos y en algunos casos se advierten retrocesos, como en los casos de la desaparición de las instancias infantiles y las escuelas de tiempo completo.
“Poco a poco están desmembrando lo poco que había para atender el cuidado fuera del hogar (…) estamos ante un gobierno machista y patriarcal que quiere a las mujeres exiliadas en los hogares en donde hay más precarización, más violencia y donde no podemos alzar la voz”, reclama Margarita Garfias, activista e integrante de #YoCuido.
Datos del INEGI -procesados por Acción Ciudadana Frente a la Pobreza-, señalan que en México hay 14.5 millones de mujeres excluidas del mercado laboral porque los quehaceres domésticos y servicios de cuidado que realizan no les permite buscar un empleo, 5.9 millones de mujeres están en el desempleo total y 1.2 millones tienen un trabajo sin remuneración salarial.
Pero no solo eso, durante la pandemia de COVID-19 la situación se complicó todavía más porque las mujeres reportaron una tasa de desempleo mayor a la de los hombres a pesar de tener menor participación laboral (22.4% de mujeres contra el 13.1% de los hombres), y por si eso fuera poco, el hecho de que las escuelas hayan cerrado sus puertas y que distintas actividades se suspendieran llevó a que las mujeres duplicaran sus jornadas de quehaceres domésticos y de cuidados sin recibir apoyo.
“(Se) debe construir un estado de bienestar cuidador en todos los sentidos (…) y uno de los elementos de esto es la creación de un sistema de cuidados. ¿Que establezca qué? Las condiciones para que se libere nuestro tiempo, el tiempo de las mujeres, porque estamos atrapadas en las cuatro paredes. Incluso la mayor parte de las mujeres que están en espacio público en las decisiones importantes hemos seguido con las tareas de cuidados y de atención en el hogar”, explica la diputada Amalia García.
“Se requiere que el Estado asuma tareas de cuidados; cuidados, además, de calidad, como un derecho de las personas. Y que, al mismo tiempo que el Estado asuma los cuidados, también las mujeres podamos incorporarnos al trabajo, a la autonomía económica, al estudio, al tiempo libre, a la recreación. Entonces, ¿qué se requiere? Un vuelco en nuestra sociedad que ponga en el centro nuestros derechos”.
La creación de un Sistema Nacional de Cuidados que articule a distintas dependencias a fin de garantizar que el Estado, en sinergia con particulares, asuma su responsabilidad de los cuidados es una exigencia constante por parte de organizaciones y colectivos que trabajan para demostrar los impactos diferenciados que viven las mujeres. Sin embargo, en la práctica no se advierten las opciones para concretarlo en el corto y mediano plazo.
De lograrlo, afirma la exdiputada Dulce María Sauri, se estaría frente a una revolución en materia de derechos.
“Es el equivalente a lograr que las mujeres voten”, afirma.
¿Qué hace falta? Una reforma constitucional, la aprobación de una Ley del Sistema Nacional de Cuidados y que se destine presupuesto para llevarlo a la realidad.
¿Qué es un Sistema Nacional de Cuidados?
El Sistema Nacional de Cuidados es la distribución responsable de cuidados entre el Estado, el sector empresarial, la sociedad civil, las comunidades, las familias y entre hombres y mujeres. No se trata de crear dependencias, ni engrosar el aparato burocrático, sino más bien de poder articular las labores de la estructura disponible para que en el ámbito de sus atribuciones brinden atención y asistencia a las personas que requieran cuidados, desde menores de edad hasta adultos mayores.
Lograr este objetivo implica un ejercicio de diseño y rediseño de los servicios, programas y acciones ya existentes, para transitar del modelo exclusivamente sanitario a modelos sociosanitarios de atención en la vida diaria.
Así, cada una de las intervenciones de política pública que se implementen deberá implicar la reducción de la sobrecarga del tiempo de cuidados a fin de que las mujeres tengan tiempo propio y disponibilidad para realizar sus proyectos de vida.
Es decir, se busca que los derechos de ambas poblaciones no se enfrenten y todos los ejerzan en plenitud e igualdad.
“La creación de un Sistema Nacional de Cuidados es también una cuestión de justicia para las mujeres, sobre todo para las más pobres de nuestro país que, sin posibilidades de delegar estos trabajos en otras personas, tienen obligatoriamente que realizarlos ellas mismas en dobles y triples jornadas laborales”, se lee en la iniciativa con proyecto de decreto de la Ley del Sistema Nacional de Cuidados presentada por un grupo de senadores encabezados por Martha Lucía Micher.
De acuerdo con el documento, la provisión de estos servicios se podrá presentar en tres modalidades: públicos, privados o mixtos que se clasificarán en:
Cuidados a domicilio: Tareas de cuidados, asistencia personal o apoyo a personas en situación de dependencia severa realizadas por trabajadoras o trabajadores del hogar remunerados
Cuidados institucionales: Centros de cuidados infantiles u horarios escolares ampliados para niños y niñas. Centros de cuidado para la primera infancia y centros diurnos para personas en situación de dependencia leve o moderada
Cuidados residenciales: Centros de cuidados con enfoque biopsicosocial, sociosanitario y socioeducativo realizados en los centros de cuidados de larga estadía con pernocte de las personas
Apoyos materiales y tecnológicos: Herramientas materiales o tecnológicas utilizadas para mantener o mejorar las habilidades de las personas, de tal forma que promueven su independencia en todos los aspectos de su vida diaria
Según se propone, el Sistema Nacional de Cuidados contará con una Junta Nacional de Cuidados que será el órgano rector y que estará conformado por la Secretaría de Bienestar -quién presidirá la junta-, así como las Secretarías de Hacienda, Educación, Trabajo, Salud y Cultura.
También estarán presentes el IMSS, ISSSTE, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, el DIF y todas las secretarías del Bienestar estatales.
“No nos consultaron”
El Sistema Nacional de Cuidados debe cimentarse en lograr la articulación de los servicios públicos existentes -además de los privados- para que asuman las tareas de cuidados, todo ello a través del impulso de políticas públicas estructuradas. Sin embargo, en los últimos años se advierten más retrocesos que avances.
“La situación es catastrófica, así, con todas sus letras, catastrófica”, reclama Margarita Garfias, integrante de #YoCuido.
Este gobierno ordenó la desaparición del programa de estancias infantiles para convertirlo en una política que privilegia las transferencias monetarias y recientemente también se canceló el programa de escuelas de tiempo completo, en el cual niñas y niños de 27 mil escuelas en todo el país se beneficiaban de procesos de aprendizaje, refuerzos de clases, acompañamiento psicoemocional y alimentos en un horario escolar extendido. “La jornada ampliada y el servicio de alimentos eran un parche en medio de la ausencia de un sistema nacional de cuidados y una sociedad que sigue percibiendo a las mujeres como únicas responsables de las labores de cuidados no remunerados”, explican Alejandra Núñez y Alejandra en Sin escuelas de tiempo completo: impactos en los derechos de las niñas y las mujeres.
En entrevista, Garfias reprocha que durante la emergencia sanitaria el tema de las labores de cuidado se puso en la agenda pública por todas aquellas mujeres que dejaron sus empleos para quedarse en casa a cuidar a sus familias ante la imposibilidad de conciliar lo laboral con lo familiar, pero que al paso de los meses -a pesar de las promesas de dar continuidad a las labores legislativas-, nada ha pasado.
Incluso, reprocha que en el Senado se haya presentado una iniciativa para crear el Sistema Nacional de Cuidados sin consultar con la sociedad civil ni convocar a un parlamento abierto.
“Fue unidireccional, pero bueno, se puso ahí, en esta urgencia del Sistema Nacional de Cuidados que sin embargo quedó en palabras y palabras al viento porque ni la reforma constitucional se ha dictaminado, ni hay un llamado de la senadora Malú Micher a entablar diálogo con la población, con las organizaciones de la sociedad civil”, acusa.
Infografía: Andrea Paredes I @driu.paredes y Daniela Díaz I @_danichi
¿Por qué no avanza?
El 18 de noviembre de 2020 la Cámara de Diputados aprobó reformas para elevar a rango constitucional el derecho al cuidado digno a través de un dictamen de reforma de los artículos 4 y 73 de la Constitución. Con ello se establece la obligación del Estado a promover la corresponsabilidad entre mujeres y hombres para lo cual deberá expedirse una ley general que establezca la concurrencia de los tres órdenes de gobierno en materia del Sistema Nacional de Cuidados.
La reforma fue turnada al Senado de la República para que la votaran, sin embargo, el dictamen está congelado en la Comisión de Puntos Constitucionales.
“¿Por qué después de un año, poco más de un año, de que se aprobó esa reforma constitucional en la Cámara, en el Senado sigue congelada? Porque no es una prioridad, porque no es una prioridad de quienes toman las decisiones políticas en nuestro país. No solamente no es una prioridad del presidente, que no la ve como una prioridad, no es una prioridad tampoco de los dirigentes políticos que están en el Senado; si fuera su prioridad ya la habrían votado, la habrían votado al día siguiente”, enfatiza la diputada Amalia García.
Por separado, la senadora Patricia Mercado sostiene que se trata de una agenda importante y prioritaria, específicamente para las legisladoras de todos los partidos políticos, sin embargo, acepta que se vive un momento delicado para lograr un acuerdo.
“Tomando en cuenta que es una reforma constitucional necesitamos una votación calificada y en este momento -por otros asuntos que no tienen que ver con el cuidado- pues realmente llegar a construir los acuerdos necesarios y la mayoría que necesitamos para una reforma constitucional pues… es un momento delicado, es un momento en donde no están las mejores condiciones para lograr ese tipo de acuerdos entre todos los grupos parlamentarios”, admite la senadora por Movimiento Ciudadano.
Justamente este 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, el Senado tendrá sesión por lo que, a decir de Mercado, sería el momento propicio para que se presentara y votara la reforma constitucional, porque sin ella la creación del Sistema Nacional de Cuidados se advierte casi imposible.
“Lo que sí no veo es que salga el Sistema Nacional (de Cuidados) sin la reforma constitucional, eso me parece que no va a suceder. Entonces -como te decía- espero que por lo menos este 8 de marzo logremos la reforma y ya para el próximo período de septiembre – diciembre, (logremos) toda la discusión y el acuerdo con el Sistema Nacional de Cuidados”, detalla.
Hágase el Sistema Nacional de Cuidados… pero sin presupuesto
Y si bien en noviembre de 2020 la Cámara de Diputados aprobó el dictamen para elevar a rango constitucional el derecho al cuidado, también incluyó una reserva en la que se precisó que en la legislación secundaria que dará vida al Sistema Nacional de Cuidados “se debe considerar el no generar ninguna estructura orgánica nueva, ni compromisos económicos adicionales”, pues deberán aprovecharse las instituciones ya existentes de los diversos órdenes de gobierno. Es decir, desde ya se estipula que no habrá presupuesto etiquetado para el Sistema Nacional de Cuidados.
No obstante, la senadora Patricia Mercado considera que es necesario que haya una reforma fiscal para fortalecer, al menos, al sistema de salud.
“Necesitamos, según yo, una reforma fiscal. No vamos a encontrar los dineros que se necesitan con lo que tenemos en este momento (…) ¿Cuánto estamos dispuestos a pagar en una reforma fiscal que ponga en el centro el tema de resolver todas las necesidades de cuidado que existen en la población?”, cuestiona.
¿Cuánto dinero se necesitaría? No está claro. En la Cámara de Diputados se intentó hacer algunas estimaciones, pero en ninguna se logró establecer una cantidad.
“El tema del costo es importante por supuesto, no se minimiza, pero creo que no debe ser el centro de la discusión. Yo creo que lo más grave es la parálisis, el congelamiento, que solo sea discurso, eso me parece mucho más grave”, considera Rogelio Gómez Hermosillo, coordinador de Acción Ciudadana Frente a la Pobreza y quienes se han sumado a la demanda del movimiento de las mujeres.
“Requerimos un sistema que esté basado en servicios públicos de calidad y, si me apuras, desvinculado de la condición laboral porque primero es poner a los niños en un lugar seguro y después ir a buscar trabajo, porque lo inverso es muy complicado”.
Este texto fue elaborado por el equipo de Animal Político y lo reproducimos con su autorización.
En el contexto del 8M y el 9M, días de exigencia al cese de la violencia feminicida y reconocimiento de los derechos laborales de las mujeres, de acuerdo a la denuncia, por decisión del senador con licencia, Félix Salgado Macedonio, padre de la gobernadora Evelyn Salgado, les están pidiendo sus puestos de trabajo a decenas de empleadas
En estos días que se conmemora el Día Internacional de la Mujer, trabajadoras del Palacio de Gobierno decidieron revelar el acoso y la violencia laboral que sufren por parte de funcionarios que les exigen la renuncia para que ocupen su lugar amigos del senador con licencia Félix Salgado, papá de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda.
Una de las formas de presión que están aplicando los funcionarios para que las empleadas firmen su renuncia, es la retención de sus salarios desde hace varias quincenas.
Un grupo de burócratas que son madres solteras, denunciaron que han expuesto su queja ante las unidades de género que tiene cada dependencia pero que en vez de apoyarlas, los funcionarios se ven coludidos en la decisión de cesarlas, según han percibido. Asumen que es porque hay una orden de Salgado Macedonio.
Varias de las empleadas que llevan años trabajando en el gobierno estatal interpusieron su queja ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Guerrero (CDHEG), que que ya determinó medidas cautelares a favor de ellas solicitando a las autoridades el pago de sus salarios, cese al hostigamiento y violencia laboral.
Pero los funcionarios del gobierno de la Cuarta Transformación (4T) han hecho caso omiso a esas medidas de apremio.
«El ingeniero Félix (Salgado) está muy enojado porque se desobedecen sus órdenes», les dice a las trabajadoras el secretario de Contraloría y Transparencia Gubernamental Eduardo Gerardo Loria Casanova.
En entrevista confidencial, las empleadas que para evitar represalias las nombraremos como Juana, Guadalupe y María, denunciaron que desde noviembre del 2021, semanas después de que la morenista Evelyn Salgado Pineda asumiera la gubernatura sufren acoso laboral, violencia institucional y violencia psicológica.
Denunciaron que muchos de sus compañeros y compañeras han sido despedidos porque el senador Félix Salgado, papá de la gobernadora Evelyn, está acomodando a sus allegados que participaron en la campaña política de él y de su hija.
El pasado 25 de febrero un grupo de burócratas hicieron visible su inconformidad protestando con pancartas afuera del Palacio de Gobierno denunciando a Salgado Macedonio de promover su despido.
En esa ocasión, la empleada de la Coordinación Estatal del Registro Civil, Orlanda de Jesús Romero señaló que a ella le dijo la contadora de esta dependencia María del Carmen Vergara Aburto que Félix Salgado necesitaba plazas de trabajo para colocar a su gente.
Derivado de la ola de despidos, hostigamiento y acoso laboral, las burócratas acudieron a la CDHEG para presentar una queja en contra de funcionarios, uno de ellos el secretario de la Contraloría y Transparencia Gubernamental, Eduardo Gerardo Loria Casanova.
El pasado 3 de marzo, este organismo emitió medidas cautelares a favor de una de las trabajadoras solicitando que se le pague las dos quincenas de salario del mes de febrero y cesen cualquier acto de intimidación, acoso laboral, amenazas y abuso de poder en su contra. Nada ha pasado.
Juana, quien trabaja en la Contraloría y Transparencia Gubernamental cuenta que ella es madre soltera con cinco hijos, tres de ellos en adopción además de que tiene a su mamá enferma y si la corren no tendrá dinero para mantener a su familia.
«No me han pagado mis salarios y sigo sufriendo acoso laboral, amenazas e intimidaciones porque quieren que renuncie pero no lo haré», dice firme Juana, con diez años ocho meses trabajando en el gobierno estatal.
Se quejó que ella al igual que muchas de sus compañeras que son presionadas por los funcionarios para que renuncien han acudido a las unidades de género que dependen de la Secretaria de la Mujer, pero tampoco reciben apoyo.
«De esto sabe la titular de esta Secretaría Violeta Pino y no hace nada y eso que se supone que defiende a las mujeres», dijo la empleada.
El grupo de empleadas narran que debido de la violencia laboral y psicológica que sufren por parte de funcionarios ha repercutido en su salud.
«El pasado 4 de marzo tuve ansiedad y taquicardia». Me dijo el médico que eso es por las preocupaciones que tengo», señaló Juana.
Guadalupe, otra empleada que trabaja en otra dependencia en el Palacio de Gobierno, contó que una compañera fue despedida y se quedó sin el servicio médico del ISSSTE a donde llevaba a su papá que tiene insuficiencia renal.
«Me acuerdo de esa compañera que le rogó a un funcionario que no la despidiera porque necesitaba el ISSSTE para llevar tres veces a la semana a su papá a la aplicación de su hemodiálisis», narró.
Otra empleada de la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental que también ha sido amenazada con despido, dijo que también interpuso una queja ante la (CDHEG y hasta el momento no le han pagado sus salarios.
«Tengo a un hijo que mantener y a mi mamá, pero el gobierno es insensible», dijo.
El grupo de burócratas dijo que es una contradicción que en Guerrero gobierne una mujer cuando precisamente las autoridades de esta administración estén violando los derechos de las mujeres.
María, trabajadora de la Secretaría de Desarrollo y Fomento Económico, compartió que empezó a trabajar en el gobierno estatal desde 2018, durante el gobierno del priísta Héctor Astudillo. Inició como encargada de un área pero que en noviembre del 2021, semanas después de la llegada de Evelyn Salgado, le dejaron de pagar su salario sin ningún argumento legal.
María que es trabajadora supernumeraria dijo que ella padece colitis y cuando sufre preocupaciones se le complica esta enfermedad.
Derivado de su retención de salario y aguinaldo en el 2021, se enfermó y con un embarazo de cinco semanas tuvo un aborto que se lo practicaron en un hospital privado de Acapulco.
La trabajadora responsabilizó de su situación a la titular de la Secretaría de Fomento y Desarrollo Económico, Teodora Ramírez Vega, quien es la que está ordenando los despidos injustificados de empleados de esa dependencia.
«Yo me sigo presentando a trabajar y pese a que no tengo ningún espacio asignado y me sigan violentando mis derechos yo no voy a renunciar», advirtió.
[Eres mujer serpiente
cuando te acuestas sobre la tierra
y bebes el manantial del sol.
Sales a la calle,
levantando huellas
de zapatos olvidados,
y regresas nuevamente a casa
con corazones en tu garganta
que te quitan el hambre]…
Araceli Tecolapa
Texto y fotografías: Luis Daniel Nava
9 de marzo de 2022
Chilapa
1)
Ocho mujeres en la Montaña baja, una región de pueblos originarios que abarca los municipios de Chilapa y Zitlapa, se han destacado por su lucha y promoción de los derechos humanos, la educación y las artes.
Brigida Chautla, Isabel Dircio, Sandy Tezoptitlán, Teodomira Rosales, Esperanza Ignacio, Rosalba Díaz, Angélica Barrera y Araceli Tecolapa, son ocho mujeres, que, en este contexto del 8M, luchan desde sus trincheras exigiendo un alto a las violencias, entre esta la machista.
Es el caso de Brigida Chautla Ramos, cuya lucha social por la necesidad de vivienda y los procesos de organización de mujeres se remonta a 1983.
Empezó a luchar por los derechos de las mujeres por el trato desigual que recibían en la Organización Mixta de Chilapa, además de la discriminación y marginación social que padeció y que estaba tan normalizada en esa época.
Desde entonces su trabajo de promoción y capacitación en los derechos humanos han sido constantes. Fundó en 1994 la organización Noche Zihuame Zan Ze Tajome, Todas las mujeres como una sola y se ha convertido en un referente en la región de un trabajo comunitario para mejorar las condiciones de vida de las mujeres, libres de violencia.
“Estoy en contra de la discriminación porque nadie escogió ser lo que es, ni nacer donde lo hizo”, apunto la activista en la compilación Las palabras que en mí dormían. Discursos indígenas de Bolivia, Ecuador, Chile y México editada por la UNAM.
2)
Isabel Dircio Chautla, hija de Brigida Chautla, lleva 15 años en la promoción de derechos de las mujeres. Ahora preside la asociación autónoma de mujeres Zihuame Xotlametzin (Mujer Luciérnaga) que difunde y defiende los derechos de mujeres y niñas en Chilapa, Zitlala, Ahuacuotzingo y José Joaquín de Herrera. También da acompañamiento legal en casos de violencia física y sexual.
Brigida e Isabel coordinan la Casa de Atención a la Mujer Indígena en Chilapa Zihuachikahuac, Mujer sana, fuerte y valiente. Ahí el trabajo de las parteras tradicionales es fundamental para dar atención a mujeres antes, durante y después del parto.
En su trabajo comunitario también están rescatando conocimientos sobre la medicina tradicional para atender la salud sexual y reproductiva, así como el autocuidado. Hasta el momento han instalado 15 farmacias naturales para el rescate de la medicina tradicional.
3)
Sandy Tezoptitlán Emigdio es activista, ambientalista y maestra de preescolar en educación indígena. Recibió en 2019 el Premio Nacional de la Juventud en la categoría compromiso social.
También encabeza la Coordinación Regional de Educación Indígena que junto a maestros bilingües ha elaborado material didáctico en náhuatl y ha conseguido que la Secretaría de la Cultura federal imprima en este año dos libros de poesía, cuentos y relatos en lengua materna y español.
4)
Teodomira Rosales Sierra, directora del Centro Regional de los Derechos Humanos “José María Morelos y Pavón”, durante su vida ha sido testigo y en carne propia de violencia doméstica, física, económica sexual y psicológica que padecen las mujeres en la región de la Montaña en Guerrero.
También notó que la escasez de agua en cinco pueblos de Tecoanapa estaba enfermando a los pobladores por lo que concientizó, organizó y finalmente logró el derecho humano al agua para esas comunidades.
Ahora desde el Centro Morelos da acompañamiento a familiares de desaparecidos, a familias desplazadas y a mujeres víctimas de violencia de genero de los municipios de Zitlala, Heliodoro Castillo (Tlacotepec), Eduardo Neri (Zumpango) y Leonardo Bravo (Chichihualco).
5)
Esperanza Ignacio Matías es nahua originaria de la comunidad de Acatlán, feminista comunitaria, socióloga y maestra en Territorio y Sustentabilidad Social por el Centro de Investigación y Posgrado de la (Uagro).
Tiene investigación en territorio, bienes comunes y acción colectiva. Ha sido maestra invitada de la Uagro y la Universidad Intercultural de Quintana Roo. Esperanza creó el espacio para mujeres Tlikuiltsin-fueguita, que abordan feminismo comunitario y espiritualidad.
Es la primera mujer que asume la dirección del Centro Coordinador en Chilapa del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI).
6)
Rosalba Díaz Vásquez es antropóloga social por la Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH) con posgrados en Desarrollo Rural en la Universidad Autónoma Metropolitana. También profesora-investigadora de la Uagro.
Es fundadora y en este 2022 asumió la coordinación del colectivo Ojo de Tigre Comunicación Comunitaria con sede en Acatlán, en el municipio de Chilapa. Ha difundido el cine comunitario en localidades de Guerrero y fuera de él. Para
Rosalba Díaz el cine es una herramienta pedagógica para la transformación social.
También es autora de los libros: Una luz en la Montaña: producción artesanal de velas e identidad cultural entre los nahuas de Guerrero; Corazón de agua: relatos de tradición oral en voz de los ancianos nahuas de Guerrero y El ritual de la lluvia en la tierra de los hombres-tigre.
7)
Carmen Angélica Barrera Flores es lingüista y literata. Ha sido becaria en festivales culturales, de creación poética y literatura. Tiene dos premios en poesía en 2018 y 2019.
El año pasado coordinó la antología Voces de Mujeres del Sur y ahora trabaja con infancias en un Semillero Creativo de Literatura del gobierno federal en la Montaña baja.
8)
Aracely Tecolapa Alejo ha trabajado en la defensa de los derechos humanos de la mujer en la Montaña baja y es
promotora y maestra de la lengua náhuatl de estudiantes de primaria y de posgrado.
Tecolapa Alejo ha sobresalido además por su poesía en lengua materna.
El trabajo de estas mujeres es importante en una región que cuenta con alerta de violencia de género y es el territorio más difícil para hacer política, también mujeres que han aspirado a algún cargo han sido asesinadas en Chilapa.
Este es un esbozo del trabajo social y comunitario de ocho mujeres de las cientos que a diario luchan por sus derechos.
Estas ocho mujeres promueven y exigen un alto a las violencias, sobre todo la feminicida.
*
En Amapola. Periodismo transgresor reproducimos dos poemas con autorización de sus autoras.
Anatomía de la tierra / Angélica Barrera
I
Primero, nos manosearon en las fiestas
una y otra vez.
Apilaron nuestros cuerpos en las esquinas
desmembraron uno a uno nuestros cabellos
se aseguraron de quemar nuestra ropa
no dejaron rastro de nuestra otra vida.
II
Nos enterraron bajo las escaleras
de una casa
que también construimos
Nos enterraron en los surcos
entre los árboles
con los perros
en la cocina
bajo la estufa
por las escuelas
III
Frente a los ojos de mi madre
enterraron a todas
sobre/ durante/ bajo
pero nadie vio nada.
IV
Destierro a cada una de mis hermanas
las arranco de aquellos —los que quieren apagarlas.
Limpio a Diana
abrazo a Eva
reconstruyo a Leonor
Les repito
debo enterrarlas la semana que viene,
una y otra vez
Esconderlas debajo de las piedras
Que se queden quietas
—no hablen
una y otra vez
que serán nombradas
más allá de las tareas domésticas
del papel de esposa del papel de hija
serán nombradas
por las calles verdes
una y otra vez.
Mujer serpiente / Aracely Tecolapa
Eres mujer serpiente
cuando te acuestas sobre la tierra
y bebes el manantial del sol.
Sales a la calle,
levantando huellas
de zapatos olvidados,
y regresas nuevamente a casa
con corazones en tu garganta
que te quitan el hambre.
Costuras plumas
en tu piel ceniza que arrastras
apoyando la masa,
y luego, sales a volar sobre la tierra
como papalote, girando entre las lenguas
de los perjuicios que quieren comerte.
Tus cicatrices cotidianas no te engañan
y arropas las heridas de la mañana
que germinan en tus manos de niña,
en tu petate trenzado de ayeres,
luchas para no ser envenenada
con el arrepentimiento que te ofrecen todos los días.
Eres mujer serpiente
que se transforma en cualquier
animal cuando abres los ojos,
Pero los coyotes tienen miedo
si sonríes sin ellos,
y te muerden tantas veces,
más no te matan
porque tu veneno
cura la muerte desesperada.
El Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan señala la prevalencia de un contexto de alta violencia. La organización en su recuento de los últimos 17 años sobre la violencia feminicida señala que, del 2004 a octubre de 2021, registró 100 muertes violentas principalmente en los municipios de Tlapa y Ayutla de los Libres que, desde el 2017, cuentan con alerta por violencia de género
Texto y fotografía: Lenin Mosso e Isael Rosales
9 de marzo del 2022
Tlapa
Más de 200 niñas, adolescentes, hijas y madres marcharon por las calles de Tlapa en el contexto del 8M para visibilizar la violencia contra las mujeres, que padecen esta región de pueblos originarios.
Las denuncias van desde las agresiones sexuales de taxistas, choferes de combis de servicio público y hombres en general que acosan en las calles. Las mujeres son invisibles ante las autoridades, según se leyó en decenas de pancartas. “Aquí no se reconoce ni se pueden nombrar los feminicidios”.
La marcha inició a la altura de la radio Voz de la Montaña. Mujeres y niñas con sus pancartas alusivas a las demandas y consignas sobre acoso sexual y contra el patriarcado.
Por ejemplo, Ceci, una joven marchaba indignada contra la violencia machista. Esta violencia se normaliza y se transmite de generación en generación. En esta hay casos de niñas de 15 y 16 que las golpean todos los días en el transporte público de Tlapa. “Esta normalización de la violencia pasa por ser hasta chistoso, es como una caricatura de la realidad. Siempre que pasamos en el zócalo con las miradas acosadoras de los hombres”.
La protesta por las calles principales de Tlapa ilustró el hartazgo de la violencia machista. También las niñas portaban las pancartas.
“Estoy impresionada porque muchas niñas salieron a las calles. Es muy importante porque estamos despertando y reaccionando, quiere decir que vamos por un buen camino y que las mujeres nunca más vamos a estar solas. Desde los 12 años empiezas a ser consciente de la violencia que rodea, y sí se va a tumbar el patriarcado si seguimos unidas como hermanas de dolor y esperanzas”, dijo una participante de la marcha.
“Ya no estamos solas entonces, ya tenemos el valor y voy a luchar aunque el camino sea muy largo. Lo más impactante es que nos organizamos solas sin ningún partido político”, otra chica comentó sobre la unión de varias chicas que se empezaron a organizar ante el aumento de matrimonios forzados en la región y la violencia machista que llega a feminicidios.
El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública de la Secretaría de Gobernación (Segob) destacó que durante el 2021 en Guerrero, un registro de 136 mujeres asesinadas, de estos, 119 casos se investigan como homicidios dolosos, sólo 17 se investigan como feminicidio. En ese mismo periodo, 60 mujeres fueron desaparecidas, dos fueron encontradas sin vida. Además, se registraron 389 casos de violencia sexual.
El Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan señala la prevalencia de un contexto de alta violencia. La organización en su recuento de los últimos 17 años sobre la violencia feminicida señala que, del 2004 a octubre de 2021, registró 100 muertes violentas principalmente en los municipios de Tlapa y Ayutla de los Libres que, desde el 2017, cuentan con alerta por violencia de género.
También están en foco rojo los municipios de Metlatónoc , Cochoapa el Grande, Alcozauca, Xalpatláhuac, Tlacoapa, Copanatoyac, Malinaltepec, Acatepec, San Luis Acatlán y Olinalá, donde la mayoría de las familias indígenas viven en situación de pobreza extrema.
Covid-19 incrementó los feminicidios
Tlachinollan advierte que lo más greve, desde que inició la crisis sanitaria por la covid-19, es el aumento de feminicidios. En el informe tu nombre que nunca olvido sólo de septiembre de 2020 al mes de octubre del 2021, mantienen un registro de 26 feminicidios en los municipios de Tlapa, Ayutla de los Libres, Acatepec, San Luis Acatlán, Cochoapa el Grande y Metlatónoc. De estos sólo en el 20 por ciento de los casos se ha procesado a los responsables y un porcentaje mínimo han alcanzado sentencias condenatorias.
“Durante un año, de 317 casos de mujeres, de estas 202 denunciaron haber sufrido algún tipo de violencia, 82 fueron de violencia económica, perpetrados por los esposos, concubinos y algún otro familiar obligado a proporcionar alimentos, 48 de violencia física, 43 de violencia psicoemocional (guarda y custodia, separación y divorcios), 6 casos de violencia patrimonial (mujeres que fueron despojadas de sus bienes), 9 casos de agresión sexual contra niñas, 9 casos de feminicidio, 5 casos de criminalización de mujeres que denunciaron violencia y 2 de venta de niñas y matrimonios forzados”.
Durante la marcha en Tlapa, Ceci volvió a tomar la palabra para decir que los feminicidios no se reconocen porque Tlapa, un municipio machista por excelencia. Desde la tribuna improvisada llamó al gobierno a que empiece a visivilizar el acoso y las diferentes violencias, porque se viven Tlapa y en la región de la Montaña todos los días.
Pidió a las autoridades sancionar a los responsables. “No podemos tener confianza con los policías porque son los principales acosadores. Las autoridades locales ni siquiera tienen estadísticas sobre las violencias contra las mujeres. Ya no queremos que se oculten los feminicidios”.
