Morena y aliados del PRD, y una diputada del PRI, prepara aprobación de iniciativa para despenalizar el aborto

Para que el dictamen sea aprobado se requiere una mayoría simple, un mínimo 24 de los 46 votos de diputados.


Texto: Amapola Periodismo

Fotografía: Oscar Guerrero / Archivo

4 de mayo del 2022

Chilpancingo

 

Con protestas de grupos religiosos y el dictamen impugnado por el PRI, el Congreso de Guerrero —con mayoría de Morena— prepara la aprobación de la despenalización del aborto.

Para que el dictamen sea aprobado se requiere una mayoría simple, un mínimo 24 de los 46 votos de diputados.

Morena cuenta con 22 legisladores pero se sumaron a su causa al menos otros cuatro diputados del PRD y tres del PRI para lograr la reforma al Código Penal.

El coordinador de la fracción del PRI, Héctor Apreza Patrón, señaló que el dictamen que aprobaron tres de los integrantes de la Comisión de Justicia —Beatriz Mojica Morga, Estrella de la Paz, de Morena, y el perredista Bernardo Ortega Jiménez— es ilegal porque se violó el procedimiento legislativo.

Consideró que lo que hizo Mojica Morga como secretaria de la comisión, convocar a la sesión y establecer la orden del día, fue un «madruguete» porque no tomaron en cuenta al presidente de este órgano, el priista Jesús Parra García y a la vocal, la panista Lenis Reséndiz Javier.

Apreza Patrón recordó que en anteriores sesiones de la comisión se había acordado que el dictamen se iba a tratar el próximo 7 de junio además de que se estaban desarrollando reuniones con especialistas de la Secretaría de Salud, el Poder Judicial y la Fiscalía General del Estado (FGE) para «enriquecer» la iniciativa.

«Estoy seguro que muchos de los diputados y diputadas de Morena ni siquiera saben qué contiene dicha iniciativa porque hasta este martes 3 de mayo no nos habían entregado el dictamen», aseveró.

El coordinador de los priistas advirtió que ante el ilegal procedimiento legislativo que dio origen a la aprobación del dictamen por parte de la Comisión de Justicia, si la iniciativa se aprueba será impugnada ante los tribunales federales.

«Particularmente yo creo que la mujer debe de decidir sobre su cuerpo y votar en contra no es por una cuestión moral sino porque es un dictamen que deviene de una ilegalidad más que se comete en el Congreso», afirmó el priísta.

La legisladora del PRI, Julieta Fernández Márquez, promotora de las protestas que se han realizado en el Congreso en contra de la despenalización del aborto, afirmó que su voto será en contra de esta iniciativa cuando se presente ante el pleno.

Señaló que la fracción de Morena, quien propuso la iniciativa, se negó a que se realizarán foros de consulta ciudadana.

«Con esa reforma los de Morena le están quitando a los no nacidos el derecho a vivir porque ellos son seres humanos y tienen derecho a vivir igual que todos nosotros», afirmó.

La legisladora dijo que Morena por ser mayoría en el Congreso y porque se aliaron con algunos diputados del PRD, la despenalización de la interrupción legal del embarazo antes de las 12 semanas de gestación, es un hecho.

Advirtió que impugnará las reformas ante los tribunales judiciales federales.

«Claro que Guerrero es feminicida que hay muchas mujeres y niñas que son violadas pero el aborto no es una solución para resolver estos problemas y lo que ahora va a pasar es legitimar la muerte de los no nacidos», dijo.

El diputado por Morena, Jacinto González Varona, dijo que la despenalización del aborto es un derecho de las mujeres de Guerrero.

«Hay niñas se embarazan y no pueden acceder a ese derecho (al aborto) y eso es injusto», dijo.

Recordó el caso de una menor de edad de la región de la Montaña que fue violada y los médicos del Hospital general de Chilpancingo le negaron su derecho a que se le practicara el aborto.

González Varona advirtió que en caso de que la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso no incluya este miércoles en la orden del día el dictamen de esta iniciativa, él va a proponer que se incorpore durante la sesión.

Aunque por información que dieron algunos legisladores se prevé que por lo menos se le va dar primera lectura al dictamen de la iniciativa en la sesión que será maratónica porque en la orden del día hay más de diez puntos a tratar.

Hasta este martes, el dictamen se les entregó a los diputados locales. El dictamen está firmado por  Beatriz Mojica Morga, Estrella de la Paz Bernal de Morena y el perredista Bernardo Ortega Jiménez.

No lo firman, Jesús Parra García, presidente de la Comisión de Justicia y la panista Ana Lenis Reséndiz Javier.

Obispos que respeten Estado laico

Integrantes de la Red Guerrerense por el Derecho de las Mujeres (RGDM) pidieron a los distintos grupos religiosos respetar el Estado laico.

La activista feminista Liduvina Gallardo señaló que los obispos que han estado convocando a protestas contra la despenalización del aborto que ya dejen de politizar este asunto.

«Hay instituciones, hay tres poderes en Guerrero y es el Poder Legislativo el que debe de decidir y las iglesias deben de respetar lo que decidan los diputados», señaló.

Este martes en la tarde, más de un millar de creyentes de varios grupos religiosos encabezados por dirigentes de estas asociaciones y las legisladoras Julieta Fernández y Ana Lenis Reséndiz Javier, del PRI y PAN, realizaron una marcha que terminó con un mitin en la explanada de la plaza Primer Congreso de Anáhuac de Chilpancingo para exigir que el Congreso retire la iniciativa de reformas para despenalizar el aborto.

En rueda de prensa este martes, las integrantes de la RGDM recordaron que llevan 30 años de lucha pidiendo que se legalice el aborto para garantizar la salud y la vida de las mujeres guerrerenses.

Dijeron que esta reforma al Código Penal podrá garantizar que en el sector salud haya atención gratuita a las mujeres que quieran interrumpir su embarazo y evitar más muertes maternas como viene sucediendo sobre todo en regiones marginadas como la Montaña.

Las activistas advirtieron que van a estar pendientes que diputados y diputadas locales voten a favor y en contra de esta iniciativa.

Las dos iniciativas que no avanzaron

En mayo del 2014, cinco meses antes de que el entonces gobernador Ángel Aguirre Rivero presentara su licencia en el Congreso por el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos en Iguala, presentó la iniciativa de reformas al Código Penal para despenalizar la interrupción del embarazo antes de las 12 semanas de gestación.

La iniciativa que tenía la bancada del PRD, ni siquiera llegó a las comisiones legislativas.

En la 52 Legislatura local, que concluyó en septiembre del 2021, Morena presentó una iniciativa de reforma al artículo 159 del Código Penal para eliminar como requisito que una víctima de violación para que le practicaran el aborto tuviera que presentar la copia de la denuncia presentada ante el Ministerio Público del Fuero Común.

«Era una reforma que nos plantearon las colectivas (feministas) y la redactamos y presentamos pero a la hora de firmar el dictamen muchos de los mismos compañeros y compañeras de Morena se echaron para atrás», recordó el ex legislador morenista, Arturo Martínez Núñez.

Mencionó que entre los diputados de su partido que recularon estaban Otilia Hernández Martínez, actual alcaldesa de Chilpancingo, y Alfredo Sánchez Esquivel quien se reeligió en el cargo y es el presidente de la Jucopo.

El morenista señaló que ahora el Congreso no dará marcha atrás en aprobar esta reforma porque es una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que ordena que ningún juez o jueza podrá encarcelar a quien decida abortar.

Además de que Guerrero tiene dos Alertas de Violencia de Género (AVG), una de las cuales establece la necesidad de homologar el Código Penal con la NOM-046 para garantizar a las mujeres y niñas víctimas de violación sexual la interrupción del embarazo sin que tengan que interponer una denuncia y, menos, que autoricen la interrupción.

 

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Grupos religiosos marchan en Chilpancingo en rechazo a la despenalización del aborto

Texto: José Miguel Sánchez

Fotografía: Amílcar Juárez

3 de mayo de 2022

Chilpancingo

Un millar de creyentes de grupos  religiosos marcharon por las  calles de Chilpancingo para exigir a los diputados locales votar en contra de la Iniciativa para la Interrupción Legal del embarazo (ILE), la cuál se pretende votar en la sesión de este miércoles.

Aunque por versiones de algunos legisladores, el dictamen de dicha iniciativa se presentará en su primera lectura.

Pero los diputados del PRI no descartan que los de la bancada de Morena y sus aliados del PRD, PT y una legisladora priísta apresuren el trámite legislativo y la aprueben.

La marcha de los creyentes religiosos comenzó en el Monumento al Bicentenario al norte de la capital y recorrió la avenida Benito Juárez hasta el centro de esta capital.

En la Plaza Cívica Primer Congreso de Anáhuac los oradores arremetieron contra las diputadas de Morena Beatriz Mojica, Citlali Calixto y Nora Velázquez, y del PRD Bernado Ortega Jiménez quienes son los impulsores de la iniciativa.

«Los diputados de Morena, PRD y PT pretenden matar a niños y niñas guerrerenses, los quieren exterminar a través de la cultura del aborto» dijo durante su participación María de la Cruz Reyes Ríos, representante de grupos provida de Acapulco.

En el mitin estuvo presente la diputada local priista Julieta Fernández Márquez y la panista Ana Lenis Resendis Javier quienes acusaron a sus compañera diputadas de querer «amañar la votación del día de mañana», dijo Fernández Márquez.

Agregó que con la despenalización del aborto se pretende matar a cientos de niños en Guerrero.

La panista Reséndiz Javier, quien es vocal en la Comisión de Justica, dijo que sus compañeras diputadas de la comisión rompen los acuerdos y el cronograma de la Comisión para acelerar los procesos legislativos.

El pasado 28 de abril la Comisión de Justicia del Congreso Local aprobó, sin presencia del presidente, Jesús Parra García, y la vocal Reséndiz Javier el dictamen para la despenalización del aborto.

Las diputadas Mojica Morga, Estrella de la Paz Bernal y Ortega Jiménez fueron las que aprobaron el dictamen que se subirá a pleno el día de mañana.

«Hay dictámenes  e iniciativas más importantes que legislar, pero no sé cuál es la urgencia de votar por la despenalización del aborto» dijo la legisladora panista.

A la marcha asistieron alrededor de mil personas de distintas partes del estado y grupos religiosos.

Durante la marcha los manifestantes gritaban consignas en contra del aborto.

«Diputado, escucha, la mujer en pie de lucha», «cuando  pediste el voto no ofreciste aborto» , gritaban.

«Lo que necesitamos es salud, medicamentos, bienestar y seguridad» dijo una de las oradoras.

En la manifestación hubo representantes de distintas iglesias del estado y religiones y dijeron que el día de mañana estarán en el Congreso para «vigilar la votación».

Gobierno Federal aún no entrega a entidades 719 mdp para combatir violencia contra las mujeres

El financiamiento al combate a la violencia contra las mujeres en las entidades estaba etiquetado en un programa operado por Indesol, pero tras su desaparición por decreto, los 289 millones de pesos de presupuesto siguen intactos.


Texto: Nayeli Roldan / Animal Político 

Fotografía:

3 de mayo de 2022

 

Tras cambios administrativos en el gobierno federal, la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la violencia contra las Mujeres (Conavim) debería operar dos estrategias para el combate a la violencia contra las mujeres en las entidades federativas que suman 719 millones de pesos, pero hasta el primer trimestre de este año aún no había distribuido los recursos.

El financiamiento del gobierno federal al combate a la violencia contra las mujeres en las entidades estaba etiquetado en el Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas (PAIMEF), que era operado por el Instituto Nacional de Desarrollo Social (Indesol), pero tras su desaparición por decreto del presidente Andrés Manuel López Obrador, los 289 millones de pesos de presupuesto siguen intactos.

Tras la extinción del Indesol, el programa sería operado por la Conavim, órgano desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, pero esta recibió el presupuesto apenas a final de abril y aún no hay fecha para distribuirlo a los estados.

Lo mismo está pasando con los 75 centros de la Red Nacional de Refugios (RNR) que llevan más de cuatro meses operando sin recibir los 430 millones previstos debido a que ese presupuesto también estaba etiquetado en la Secretaría de Bienestar, pero a partir de 2022 sería operado por la Conavim, pero tampoco han sido entregados.

Esto ha detenido, por ejemplo, el traslado de mujeres víctimas de violencia a otros estados o países lejos de sus agresores. Además, los centros tienen deudas con proveedores de alimentos y medicamentos, que han seguido surtiéndoles a través de préstamos.

En el caso del PAIMEF, se trata del financiamiento a los institutos de mujeres en los estados y si bien el retraso en la entrega de recursos había sido un problema permanente del programa, en este año aún falta que la Conavim publique las reglas de operación, que los institutos presenten sus propuestas, que sean aprobados y solo así recibirán los recursos.

El retraso en la asignación de este presupuesto siempre ha afectado la operación de los mecanismos y acciones para prevenir y atender la violencia contra las mujeres que realizan los estados con ese subsidio federal desde los institutos de las mujeres estatales, advierte Elsa Conde, feminista e integrante de Aliadas por la Igualdad y la No Violencia contra las Mujeres.

Esta retención ocurre en un momento en que la aplicación del dinero público se vuelve aún más urgente ante la violencia contra las mujeres que se ha duplicado en los últimos siete años, pues mientras que en el primer trimestre de 2015 hubo 470 mujeres asesinadas, en 2020 y 2021 la cifra fue de 987 y 963, respectivamente.

La desaparición del Indesol

El 31 de diciembre de 2021, el presidente López Obrador firmó el decreto para desaparecer el Indesol, un organismo desconcentrado de la Secretaría de Bienestar, y reducirlo a una “dirección general” en dicha dependencia.

Sin embargo, el cambio ocurrió sin tener claridad en la operación de los recursos para el combate a la violencia contra las mujeres. Por eso es que días antes de ello, el 11 de diciembre de 2021, la Secretaría de Bienestar aún aparecía como la dependencia responsable y por eso había publicado las reglas de operación del programa, requisito indispensable para que los estados participen y puedan recibir el subsidio.

En tanto, en el decreto de extinción se establecía que “los recursos humanos, financieros, materiales, así como los archivos, documentación y acervos bibliográficos del Indesol serán transferidos a la nueva dirección”, pero no decía qué pasaría con ese programa.

La titular de la Conavim, Fabiola Alanís, aseguró entonces que “la Comisión se hará cargo en el 2022 ya de la conducción de los refugios y también de lo que tiene que ver con el Programa de Apoyo  de las instancias que se relaciona con las entidades federativas del PAIMEF”.

No obstante, en el informe trimestral de la Secretaría de Hacienda, el PAIMEF tenía un avance de gasto de 0.5%.

Animal Político preguntó a la Secretaría de Bienestar quien respondió que la semana pasada transfirió los recursos a la Conavim la semana pasada. En tanto, la Conavim no respondió a entrevista.

En diciembre pasado, tras la extinción del Indesol, Fabiola Alanís defendía la decisión del presidente, y declaró a este medio que “la Conavim tiene toda la capacidad, la  posibilidad de hacerse cargo de estos programas y más. No debe haber ahí ninguna duda al respecto. El traslado de los programas también implica traslado  de personal, de lo que es la plataforma, del sistema, no es de que ‘te doy los recursos y hazte  cargo y hazte bolas’. Este es un tema, institucional y está caminando, va a caminar muy bien”.

“Lejos de debilitarse (al PAIMEF), se fortalece porque va a complementarse muy bien con los recursos que ya se implementan desde la Conavim para las alertas de violencia de género, para los centros de justicia para las mujeres y esto va a ayudar a verlo como un todo”, dijo.

 

*Este texto es propiedad de Animal Político y lo reproducimos con su autorización. Puedes leer el original en este enlace

 

Desde el sábado dos mujeres que aparecieron asesinadas este domingo fueron secuestradas por hombres armados

Texto: Jesús Guerrero

Fotografía: Redes

2 de mayo del 2022

Chilpancingo

 

Eleuteria Dircio y su nuera Rosalía Pérez, quienes aparecieron este domingo asesinadas con un tiro en la cabeza a la orilla de un camino en el municipio de Copanatoyac, en la Montaña, fueron privadas de su libertad la noche del sábado por hombres armados en la comunidad de Laguna Membrillo, del municipio de Zapotitlán Tablas.

«Los hombres armados se metieron a una casa donde se llevaron a la suegra, posteriormente fueron a otra vivienda y agarraron a la nuera en Laguna», contó el director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Abel Barrera Hernández.

Barrera Hernández dijo que después de que las mujeres fueron privadas de su libertad ninguna autoridad fue por su búsqueda y rescate.

El domingo el alcalde de Copanatoyac, el priista Eleuterio Reyes Calleja, informó que a las 9 de la mañana los automovilistas que transitaban por la carretera que conduce a la comunidad de Potoichán le dijeron que en la orilla estaban tirados los cadáveres de dos mujeres.

Las dos mujeres tenían el rostro ensangrentado por lo que se presume que ambas recibieron un balazo en la cabeza, comentó el edil.

Hasta la tarde del domingo, peritos de la Fiscalía General del Estado (FGE) realizaron las diligencias y trasladaron los cadáveres al Servicio Médico Forense (Semefo) de Chilpancingo.

Los familiares de las dos víctimas realizaban los trámites para llevarlas a su comunidad y darles sepultura.

Laguna Membrillo, es una comunidad indígena de la región de la Montaña perteneciente al municipio de Zapotitlán Tablas.

El director de Tlachinollan denunció que ninguna autoridad municipal o estatal acompañó a los familiares de las mujeres asesinadas para que les entreguen los cadáveres.

Para el activista, la indiferencia y desatención del gobierno, es ya algo normal que siempre padecen los habitantes de la Montaña sobre todo cuando se trata de asuntos de violencia extrema.

Contó que Eleuteria y su nuera Rosalía formaban parte de muchas mujeres de la Montaña que se habían desplazado por la violencia por conflictos entre familias o venganzas.

«A las dos mujeres les mataron a sus esposos y a otros familiares», refirió.

Dijo que estos asesinatos como los que ocurrieron este domingo se hubieran evitado si el gobierno estuviera atento tomando medidas preventivas.

Señaló que a más de cinco meses de que la gobernadora morenista Evelyn Salgado Pineda presentó en Tlapa la estrategia para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres y la venta de niñas en la Montaña, la situación no ha cambiado.

«Solo se firmaron papeles, se firmaron convenios entre la Secretaría de la Mujer con los ayuntamientos, hay talleres y capacitaciones pero solo eso», dijo Barrera.

Mencionó que la violencia extrema contra las mujeres en la Montaña no para y prueba de ello es de que en lo que va de este año se han registrado diez feminicidios.

El 23 de abril en la colonia Contlacalco, en Tlapa, la señora Celia Mendoza Galeana, fue asesinada a balazos por su ex pareja sentimental frente a su hermana e hijos.

Ese mismo día en Cochoapa El Grande, un hombre armado ingresó a una casa y mató a tiros a una adolescente.

Barrera Hernández señaló que estos casos y otros asesinatos más de mujeres se han registrado en municipios de la Montaña, pero no los investiga la FGE.

La Asociación Guerrerense Contra la Violencia hacia las Mujeres ha documentado en lo que va del año 38 asesinatos contra mujeres con características de feminicidio.

La FGE en lo que va del 2022, 20 mujeres, 17 menores de edad y tres mayores de 18 años están desaparecidas, de acuerdo a las alertas Amber y Alba que ha emitido.

Barrera Hernández denunció que cuando ocurren asesinatos contra mujeres en la Montaña nadie de la Secretaría de la Mujer le da acompañamiento a los familiares para interponer la denuncia ante el Ministerio Público.

«Con mucho más razón estas autoridades brillan por su ausencia cuando un hecho ocurre el fin de semana como sucedió con los casos de la suegra y nuera asesinadas», externó el activista.

Mencionó que en estos momentos hay mujeres que están desplazadas por la violencia en comunidades de los municipios de Tlapa, Copanatoyac, Cochoapa El Grande, Metlatónoc y Zapotitlán Tablas y no tienen un lugar donde refugiarse porque el gobierno estatal no ha instalado albergues en la Montaña.

 

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Asesinan a otras dos mujeres en Guerrero; suman 37 casos en lo que va del año

Texto: Jesús Guerrero

Fotografía: José Luis de la Cruz / Archivo

1 de mayo del 2022

Chilpancingo

 

Con tiros en la cabeza fueron halladas la mañana de este domingo los cadáveres de dos mujere en la carretera que conduce a la comunidad de Potoichán, del municipio de Copanatoyac, en la región de la Montaña.

El alcalde priísta de Copanatoyac, Eleuterio Reyes Calleja, señaló que este domingo a las siete de la mañana la gente que transitaba en los vehículos sobre la carretera le informaron al síndico procurador que a la orilla de la vía estaban tirados los cadáveres de dos mujeres.

«Lo que me dijeron es de que las dos  tenían mucha sangre en la cara y estaban irreconocibles porque lo que se presume que las dos recibieron balazos en la cabeza», señaló el edil que fue entrevistado vía telefónica.

Las dos mujeres estaban descalzas y vestían pantalón azul de mezclilla, según el alcalde.

Dijo que alrededor de las 9 la mañana llegó el personal de la Fiscalía General del estado para realizar las diligencias de ley y se llevaron los cadáveres de las dos mujeres.

El lugar donde fueron halladas las dos víctimas está a 20 minutos de distancia de la localidad de Potoichán.

«Las dos indígenas asesinadas no son de nuestro municipio y lo que ocurrió es de que aquí vinieron a tirarlas», señaló el alcalde.

Dijo que esta carretera donde hallaros a las dos mujeres comunica al municipio de Zapotitlán Tablas.

«Aquí en nuestro municipio no ocurren ese tipo de cosas». En Potoichán, no hay violencia contra las mujeres, lo que pasa es de que a veces hay hechos de violencia porque hay grupitos que tienen rencillas de hace muchos años, expresó el edil.

Dice estar seguro que las mujeres no son de Potoichán porque él es originario de esa comunidad.

El alcalde reconoció que hasta el momento el ayuntamiento no ha instalado una unidad municipal para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia hacia las mujeres como lo establece la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

Dice que a casi nueve meses de haber asumido el gobierno municipal solamente se ha designado a una titular de la dirección de La Mujer.

La organización de la Asociación Guerrerense Contra la Violencia hacia las Mujeres, informó que en lo que va de este año 35 mujeres han sido asesinadas en Guerrero con características de feminicidio.

Con las dos mujeres indígenas del municipio de Copanatoyac asesinadas serían 37 los casos.

Además la Fiscalía General de Justicia tiene 20 alertas de desaparición de igual número de mujeres, 17 menores de edad por la Amber y 3 por la alerta Alba.

 

Víctimas de matrimonio forzado en Guerrero, una promesa que sigue pendiente

Se cumplieron cinco meses del compromiso institucional de la gobernadora Evelyn Salgado y la atención a las niñas de la Montaña sin avanzar. Anayeli, una de las niñas que huyó al matrimonio forzado, sigue recluida en una Casa Hogar sin acceso a un traductor


Texto: Beatriz García

Fotografía: Lenin Mosso / Archivo

26 de abril del 2022

Chilpancingo

A cinco meses de que las autoridades del estado anunciaron, con apoyo de la federación, que frenarían los matrimonios forzados y que las víctimas recibirían apoyo institucional, siguen sin suceder, de acuerdo con el seguimiento que los defensores y defensoras del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan han hecho.

El 10 de noviembre del año pasado, después de que fue público el caso de la venta de una menor para un matrimonio forzado, la gobernadora Evelyn Salgado Pineda anunció una estrategia para erradicar esta práctica que ocurre con mayor frecuencia, o al menos así han documentado los organismos de derechos humanos, en la Montaña, región con altos índices de marginación.

Anunció una estrategia en coordinación con otras autoridades, con la presecia de integrahtes de ONU Mujeres, del Instituto Nacional de Mujeres (Inmujeres), de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), y 22 alcaldesas y alcaldes de los municipios de las regiones Montaña y Costa Chica.

Como parte de la estrategia dijo que se harían mesas de trabajo permanentes en las comunidades indígenas.

Luego la secretaria de la Mujer, Violeta Pino Girón, informó que cada ayuntamiento debería tener un mapa de los riesgos de violencia contra las mujeres, que a las autoridades municipales se les daría capacitación para que conocieran el marco normativo sobre la perspectiva de género y pudieran emprender las políticas públicas para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres.

También que los centros de refugio de mujeres violentadas serían rehabilitados y el personal capacitado, con presupuesto de los ayuntamientos.

Otros elementos que sustentarían esta estrategia serían la de detectar necesidades para dotar de bienes, educación, salud, empleo digno, medidas de protección, procesos de reparación de daños a mujeres y niñas, y la homologación de normas.

El primer caso público de un matrimonio forzado que se conoció en tiempos recientes fue el de Angélica. En octubre pasado, por la documentación de organziaciones de derechos humanos, se supo que Angélica, quien es menor, vivió un casamiento forzado a cambio de 120,000 pesos, además de que fue abusada de manera sexual por su suegro, en Joya Real, municipio de Cochoapa el Grande. Doce días después del anuncio de la estrategia también se supo el caso de Anayeli, de 13 años, quien huyó de su casa, también ubicada en ese pueblo de región Montaña, porque le arreglaron un matrimonio forzado.

De los avances institucionales hasta ahora difundidos por las autoridades sobre la estrategia se apunta la firma de un convenio el viernes pasado entre la titular de la Secretaría de la Mujer (Semujer) con los alcaldes de Alcozauca y Tlapa, Sebastián Ortiz Sayaz y Gilberto Solano Arriaga. Un acuerdo que difundieron como parte de «la estrategia integral para la justicia y bienestar de las mujeres y niñas en 24 localidades de las regiones de la Montaña y Costa Chica», de acuerdo con un comunicado de la dependencia.

La secretaria, según lo que se lee en el texto, dijo que los alcaldes debían involucrarse en los procesos de capacitación tanto a funcionarios públicos como a efectivos de seguridad.

La estrategia, recordó, contempla garantizar la infraestructura básica, el acuerdo comunitario a través del diálogo con los representantes de las comunidades, para erradicar los matrimonios forzados en las niñas, y el fortalecimiento en la atención de apoyos psicológicos y acompañamiento legal.

Pino Girón informó en otro comunicado que para prevenir, erradicar y atender la violencia contra las mujeres, desde la dependencia han brindado de enero a abril 2,062 servicios de asesoría psicológica, jurídica, servicios de traducción, trabajo social, atención al área lúdica, atención pedagógica y médica.

En ninguno de los comunicados hay precisiones de lo que han conseguido hasta ahora rn la Montaña fuera de la firma del convenio.

Las cifras de violencias contra mujeres

Las diferentes violencias hacia las mujeres no paran y organizaciones de la sociedad civil lo documentan. De acuerdo con el Monitor de Violencia de Género y Feminicidios de la Asociación Guerrerense contra la Violencia Hacia las Mujeres (AGCVIM), en lo que va del 2022, en el estado han registrado 29 feminicidios.

Otras violencias documentadas hasta el 2021 por la organización son la violencia familiar con 2,070 casos, el mayor número registrado es en Acapulco, con 976 casos; la violencia de género con 142 casos, y puerto vuelve a colocarse en el primer sitio con 105 casos; y acusaciones por el delito de aborto en Acapulco, Copala y Chilpancingo, uno en cada municipio.

Por casos de trata de personas en el 2021 en Guerrero, el AGCVIM registró uno en Acapulco; por tráfico de menores tres, en Acapulco, Zihuatanejo y Ometepec; por violencia equiparada 124 casos; por acoso sexual 42 y por abuso sexual 200 casos.

El Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan tiene un registro de más de 300 casos de niñas a quienes las forzaron o intentaron forzar para que contrajeran matrimonio, según la abogada de ese organismo, Neil Arias Vitinio.

Estos casos se centran en siete municipios de la Montaña alta: Cochoapa el Grande, Metlatónoc, Atlamajalcingo del Monte, Alcozauca, Copanatoyac, Tlapa y Xalpatláhuac.

Difícil de erradicar matrimonios forzados en la Montaña: abogada de Tlachinollan

La abogada de Tlachinollan, Arias Vitinio, quien da acompañamiento de matrimonios forzados en la parte alta de región Montaña, consideró que será difícil erradicar esa práctica arriagada en la región.

En entrevista, la defensora que acompaña los casos de Angélica y Anayeli lamentó que esta práctica está normalizada en los pueblos de Montaña alta, además de que después de que fueron públicos estos casos la situación se abordó como trata de personas. En las comunidades, expuso, las personas son cautelosos al momento de arreglar un matrimonio, situación que se ha planeta en la zona como una costumbre.

La defensora insistió que esta problemática se focaliza en zonas marginadas, alejadas y de difícil comunicación, y eso complica que las instituciones hagan un monitoreo puntual de lo que pasa en las comunidades.

En la estrategia que anunciaron las autoridades, dijo, están involucrados principalmente los presidentes municipales y los DIF, sin que hayan detenido ess prácticas.

Recientemente, en un documento que obtuvo el medio de comunicación digital ANIMAL POLÍTICO a través de una solicitud de información, se supo que la estrategia para atender el problema “está en proceso de construcción” y que en el Presupuesto de Egresos del Estado se contempló un monto de 5 millones 161,000 pesos para implementarla en este año, pero los recursos siguen sin autorizarse.

“Lo que nos preocupa bastante es que hoy en día el DIF en el municipio de Tlapa es difícil toda la cuestión que tiene que ver con la prevención y atención, porque en este mes ha aumentado la violencia contra la mujer. Sabemos que viene la violencia en las comunidades indígenas de toda esta práctica que son mujeres que son vendidas, y que viven con el esposo, los suegros las maltratan”, comentó la abogada.

Un problema que la defensora ha visto y que es necesario atender son los albergues o refugios para dar atención a las mujeres.

En Tlachinollan recientemente, recordó, llegó un oficio firmado por la titular de la Secretaría de la Mujer para solicitarle al organismo refugio para unas víctimas de violencia, pero como sociedad civil no cuentan con esos espacios que debería garantizar el Estado.

Supo que las autoridades suben con complicaciones a algunas cabeceras municipales como Cochoapa el Grande para instalar las mesas de diálogo de la estrategia, también para implementar programas en adolescentes, pero a las comunidades se les ha complicado, y es donde deben focalizar la atención.

En las comunidades están concentrados otros problemas alrededor de los matrimonios forzados, como la salud, la educación, los servicios básicos, los caminos.

El director de Tlachinollan, Abel Barrera Hernández, según Arias Vitinio se reunió con funcionarios del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI) y la Secretaría de la Mujer y les propuso trabajar con las comunidades, asambleas con los pueblos, principales y mujeres, para crear comités de autoridades y jóvenes para saber qué está pasando y, sobre todo, lo que piensan.

En Tlachinollan, dentro de las posibilidades de los defensores, dan apoyo psicológico a las víctimas, sólo en casos particulares, porque atienden casos de desapariciones, feminicidios, violaciones, homicidios, trata de personas, secuestros.

Tlachinollan, el organismo que atiende y acompaña a la mayoría de los casos de violaciones a los derechos humanos en la Montaña, carace de un albergue, pero ante la desatención de las autoridades ha pagado hospedajes, alimentación a víctimas, trasladado de cadáveres, todas estos acciones debían ser atención que debería de dar el estado.

Este contexto envuelve a una serie de pendientes que hay con las víctimas, como ejemplo los últimos tres casos que atendió Tlachinollan, el de Angélica, el de Anayeli y el de una menor de 13 años de Yucunduta, Metlatónoc.

Guadalupe es revictimizada por negarse a casarse

Guadalupe, así la llamaremos para no revelar su nombre, tiene 13 años y es la última niña a quien Arias Vitinio ha acompañado, porque que intentaban casarla por la fuerza con un joven de 18 años.

La menor es originaria de Yucunduta, municipio de Metlatónoc, y su padre, quien es migrante en Estados Unidos, se enteró del trato que hizo la madre de su hija con el padre del joven. No estuvo de acuerdo con casarla a la fuerza.

El padre de la niña se comunicó a las oficinas de Tlachinollan para pedir ayuda, porque supo que a la casa de su hija ya habían llevado 70 cartones de cerveza, como parte del arreglo del matrimonio. La niña huyó luego de que supo que la querían forzar a casarse.

En Tlachinollan los defensores mandaron traer a la mamá y al comisario, porque se hablaba de que había colusión con las autoridades municipales.

La niña, dijo la abogada, como en la mayoría de los casos, tuvo miedo y desistió de la acusación por el temor de señalar a sus familiares.

Afortunadamente, dijo Arias Vitinio, se habló con las familias del por qué no debían forzar a la niña a casarse. Disuadieron el compromiso. La niña tuvo que salirse de su comunidad al ser señalada y revictimizada en su comunidad por no cumplir con el compromiso.

“Se truncan proyectos, se trunca la escuela porque ya estaba en tercer año de secundaria, salió. No terminó la secundaria y se deben buscar mecanismos para que no le afecte en la escuela y en algún momento pueda estudiar”, manifestó la abogada.

A la niña le gusta jugar basquetbol y le gustaría aprender a tocar instrumentos musicales, contó la abogada.

Desde Tlachinollan hablaron con autoridades del DIF y de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes para que le dieran apoyo, la respuesta fue que la menor no quiso interponer una denuncia formal y por eso no es posible.

La menor no tuvo acceso a ninguna medida de esta estrategia que se anunció, sólo la intervención de las autoridades municipales para disuadir el matrimonio. Ahora el cargo total de la menor está bajo la tutela de su hermano mayor.

Anayeli sigue recluida en una Casa Hogar y sin acceso a un traductor

Anayeli también fue forzada por su comunidad a huir de ahí, la señalaron porque su caso se hizo público y no se consolidó el matrimonio.

Por la menor pagaron 200,000 pesos a sus padres para que se casara con otro menor de edad, no lo consintió y fue retenida por la Policía Comunitaria de la localidad. En el caso también intervino el organismo defensor, entre ellos la abogada.

Por la menor, ninguno de sus familiares respondió aun cuando se logró disuadir el compromiso, lo único que hicieron las autoridades fue enviarla a una Casa Hogar. Sus padres y sus hermanos se fueron de jornaleros, de acuerdo con lo documentado en Tlachinollan.

La única posibilidad que tiene la menor es que un familiar cercano se haga cargo de ella, pero tampoco lo tiene.

La niña es monolingüe, habla tun´savi, y no ha podido acceder a un perito traductor para que le tomen la denuncia. El argumento de las autoridades es que le están enseñando a hablar “aunque sea poquito español”, aunque se le violentes sus derechos con perspectiva intercultural.

La abogada de Tlachinollan dijo que pidieron a profesores del Consejo Nacional de Fomento Educativo (Conafe) para que le enseñen a leer, pero aun no lo logran.

La estrategia sigue siendo un pendiente para ella, lo único que tiene es alojamiento, atención psicológica y la promesa de que aprenderá un oficio.

Angélica, en espera de la oprtunidad para estudiar

Angélica huyó de los abusos y maltratos de sus suegros con apoyo de defensores de derechos humanos. Ella ambién fue motivo de señalamientos en su comunidad, por romper con lo que en muchos pueblos de la Montaña tratan como parte de los usos y costumbres. Después de eso le impiden regresar a su pueblo.

El matrimonio de Angélica se disolvió después de que se hiciera público y una tía se hiciera cargo de ella. Viven en una casa rentada y no estudia. No recibe atención médica ni apoyos para estudiar.

La abogada manifestó que como defensores de derechos humanos insisten en que a las víctimas en los ministerios públicos (que dependen de la Fiscalía General del Estado) les hacen valoraciones psicológicas, evalúan daños emocionales y emiten dictámenes para integrar las carpetas de investigación, pero no les dan seguimiento.

Por ejemplo, dijo, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) no se hace cargo de la atención de víctimas de matrimonios forzados.

 

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Acusan a madre de violencia familiar por denunciar que el padre de sus hijas abusó sexualmente de ellas

Texto: Andrea Vega / Animal Político
Fotografía:
25 de abril de 2022

Mónica Peyro, quien desde abril de 2020 denunció al padre de sus hijas por abuso sexual y violación contra las niñas, no ha logrado alcanzar la justicia y ahora enfrenta una acusación en su contra y el riesgo de ser procesada.

La denuncia en contra de la mujer, de su hermano y de su padre es por violencia familiar y la interpuso el padre de las menores.

“El delito que se nos imputa es que salimos a medios e hicimos publicaciones en redes sociales denunciando el abuso sexual y la violación y pidiendo justicia para mis hijas y eso le causó a él (al padre) daño psicológico”, explicó Mónica Peyra, en entrevista con Animal Político.

Por esa denuncia de su exesposo, el martes 26 de abril tendrá que presentarse a una audiencia judicial, a las 9 de la mañana.

El lunes 11 de abril entregaron en la casa de sus padres un citatorio para que acudan ella, su padre y su hermano a la audiencia en el Cereso.

“No se nos notificó de esto antes, para conocer de la carpeta y hacer lo correspondiente, sino hasta que ya está judicializada, para darnos cita como imputados”, denunció Peyro.

La denuncia que interpuso el padre de sus hijas contra ella y sus familiares se turnó a un área llamada naturaleza específica, donde se atiende la violencia familiar pero cuando ya hay de por medio una agresión con alguna arma, lo que, asegura, no ha sucedido.

Mónica Peyro sostiene que esto es una represalia por haber hecho público el caso de agresión sexual contra las niñas y por señalar, incluso ante diputados en el congreso local de Durango, donde viven, que las autoridades han actuado para favorecer al presunto agresor por ser un destacado empresario del estado, y por los nexos políticos del padre de este.

“Incluso teniendo el dictamen de una médica legista que revisó a mi hija menor y determinó que la niña había sufrido penetración anal, el juez resolvió sobreseer el caso y el no ejercicio de la acción penal, porque según él la médica se había equivocado y los actos de molestia que referían las niñas respecto a su padre eran actos de amor”, dijo Peyro.

La víctima aseguró que denunció el caso en medios y redes sociales porque sentía que debía saberse la manera en que la justicia favorece al agresor.

“Mientras a mí me reservaron el acceso a la carpeta de investigación durante meses, a él le daban acceso, yo misma fui testigo de eso una vez que nos encontramos en el Centro de Justicia”, aseguro.

Lo que Mónica Peyro teme es ir a la cárcel pues no tiene confianza en las autoridades por todo lo que considera han sido actuaciones para favorecer a quien ella señala como el agresor de sus hijas.

“Falta que yo y mi padre; y mi hermano acabemos en la cárcel, cuando somos el apoyo principal de las niñas, y ¿qué va a pasar?, ¿se las van a dejar a su agresor? ¿Las van a institucionalizar?”

Animal Político solicitó una entrevista o una postura a la Fiscalía de Justicia del estado de Durango; sin embargo, a través de su oficina de comunicación, respondió que no puede dar detalles del caso porque es un tema en el que están como afectadas dos menores de edad, a quienes se les debe proteger.

Informaron que las carpetas siguen en proceso porque aunque hubo una determinación inicial de un juez, Mónica Peyro impugnó y, por lo tanto, el proceso continua. “Se sigue trabajando en las carpetas de investigación, es un proceso abierto, así que no se puede dar información”, señalaron.

En cuanto a la denuncia y la cita para la audiencia a Peyro, la oficina de comunicación subrayó que cualquier persona aunque esté denunciada, mientras un juez no emita un fallo condenatorio, también puede ser víctima de un delito, y en este caso el imputado también presentó una denuncia y será el juez quien tenga el fallo en esa situación.

Historia de un presunto abuso

En octubre de 2019, Mónica Peyro le pidió el divorcio a su entonces esposo. El 29 de noviembre de 2019, todavía viviendo todos en la misma casa, él pasó por las niñas a la escuela y no las regresó al domicilio familiar. Ese mismo día, el padre de las menores interpuso una demanda de divorcio y de custodia y patria potestad, “alegando que yo no estoy bien de mis facultades mentales, que siempre estoy dopada por eso, y que no he estado cuidando a mis hijas. En seis horas hábiles le otorgan a él la custodia, estando las niñas sustraídas y fuera del estado”, narró la madre.

Peyro interpuso la denuncia por sustracción de menores y acudió a la fiscalía a que le hicieran un examen psicológico y toxicológico, en el que resultó apta para el rol de madre, aunque con rasgos de depresión y ansiedad, pero por la desaparición de las menores. Mónica logró además comprobar con fotos y videos que ella siempre ha vivido con sus hijas y las ha cuidado.

Finalmente se vinculó a proceso al padre de las menores porque se declaró culpable y solicitó la suspensión, el juez se la concedió y Peyro solicitó al juez que le regresaran a sus hijas, a lo que le respondió que no lo podía hacer porque un juez familiar había otorgado ya la custodia al padre.

Mónica acudió con un juez penal para reclamar la custodia y se la otorgaron, por lo que junto con las autoridades, Peyro acudió a la casa de los abuelos paternos donde se supone que estaban las niñas, pero no encontraron a nadie.

Al día siguiente, sostiene Peyro, los abogadas del padre de las niñas buscaron a los de ella y les dijeron que Mónica podía volver a ver a sus hijas si firmaba un convenio.

“Negociaron con mis hijas porque en ese convenio yo tuve que renunciar a la casa familiar, entregar el automóvil, renunciar a la manutención, él solo se comprometió a solventar sus estudios, actividades extra escolares y gastos médicos; tuve que aceptar una custodia compartida, con cuatro días con él y cuatro días conmigo y los periodos vacacionales equitativamente repartidos”.

Fue en ese periodo en que Peyro empezó a notar cambios en el comportamiento de sus hijas, que la hicieron sospechar de un probable abuso sexual. El 17 de abril de 2020, ella presentó una denuncia por este delito contra quien resulte responsable.

Sin embargo, hasta que una médica legista certificó que la menor de las niñas tenía signos de una penetración anal  interpuso la denuncia por violación, el 11 de agosto de 2020, contra el padre de sus hijas porque una de ellas lo señaló directamente.

Fue esa denuncia en la que un juez resolvió que la médica legista se equivocó y que lo que las niñas referían no eran más que “actos de amor de su padre” e hizo el sobreseimiento y el no ejercicio de la acción penal.

Una renuncia sorpresiva

A mediados de marzo de 2022, el gobernador de Durango, José Rosas Aispuro Torres, anunció que aceptaba la renuncia al cargo presentada por la hasta entonces fiscal general del estado, Ruth Medina, después de que se hicieran públicas denuncias por casos de impunidad en violencia sexual contra mujeres.

Por esas denuncias, el congreso estatal citó a comparecer a la fiscal, pero en lugar de acudir a la comparecencia, presentó ese día su renuncia. Quienes sí se presentaron ante los legisladores fueron víctimas y familiares de víctimas de violencia sexual, entre ellas Mónica Peyro, quien expuso el caso de sus hijas.

“Ese mismo día yo les dije a los legisladores que esperaba una represalia por todas las denuncias públicas que yo estaba haciendo y por hablar ante el congreso, pero no me esperé que llegará en forma de una denuncia penal por violencia familiar en mi contra, de mi papá y de mi hermano, y de verdad que ante la actuación que han tenido las autoridades, temo terminar en la cárcel”, señala Peyro.

Protestan en Chilpancingo y en Tlapa contra violencia hacia las mujeres

Texto: Jesús Guerrero

Fotógrafa: Amilcar Juárez

24 de abril del 20222

Chilpancingo

 

Con protestas en las calles en Tlapa y en Chilpancingo, grupos de mujeres exigieron freno a los asesinatos y desapariciones de mujeres en Guerrero y en el resto del país.

Desde este viernes después de haberse dado a conocer el asesinato de la trabajadora del ayuntamiento de Chilpancingo, Enedina de la Cruz las protestas de las feministas no han parado.

El sábado hubo movilizaciones aquí en Chilpancingo, Taxco y Tlapa.

De nueva cuenta este domingo, hubo protestas en Tlapa y en esta capital.

Se exigió el esclarecimiento y detención de los responsables de la desaparición y asesinato de la adolescente Frida Alondra en Cuajinicuilapa.

«Si una mujer es morenita y es asesinada la Fiscalía no investiga y si lo hace es porque la familia hace la presión», señaló Yolitzi Jaimes quien es integrante de la Colectiva Nacional Feminista.

Recordó que mero en esta fecha del 24 de abril del 2016 el movimiento convocó a una gran movilización feminista en todo el país para frenar la violencia hacia las mujeres.

«Hubo una gran convocatoria porque en 40 ciudades del país nos manifestamos pero hasta el momento de que ha servido que hayamos realizado toda clase de protestas si siguen los feminicidios y desapariciones aquí en Guerrero y en todo México», expuso Yolitzi frente al monumento de Las Banderas ubicado al sur de Chilpancingo.

En la escultura de mármol alusivo a la Bandera, las mujeres pegaron las fotografías de las mujeres y niñas que han sido asesinadas o están desaparecidas en Guerrero.

Después se embarraron en las manos pintura roja y la untaron en la escultura.

También con pintura roja escribieron la consigna: «justicia».

Al final del acto colocaron ramos de flores y veladoras al pie de la escultura.

En Tlapa, unas cien mujeres marcharon hacia el zócalo de esta ciudad para exigir justicia de los feminicidios y denunciaron que la estrategia para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres de la región de la Montaña no ha funcionado hasta la fecha.

En las últimas 72 horas, dos mujeres han sido asesinadas en esta región, una en Tlapa y otra en Cochoapa el Grande.

Se trata de la señora Celia Mendoza Galeana, de 40 años de edad quien fue herida de bala por su ex pareja sentimental y cuando trataba de huir la remató de un tiro en la espalda.

Estos hechos los presenciaron la hermana de Celia y sus hijos que estaban en su casa en la colonia Contlalco, en Tlapa.

Este sábado, en la comunidad de Abarca, del municipio de Cochoapa el Grande, una adolescente de 15 años, fue asesinada a balazos por un individuo cuando estaba en el interior de su casa.

Durante la marcha una mujer que realizaba una transmisión en vivo a través de facebook se congratulaba de que hace unos años cuando se realizó la primera protesta en Tlapa participaron diez feministas ahora iban más de cien, según ella.

 La protesta de las feministas terminó en el zócalo de Tlapa con el grito de: «justicia».

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De las 20 mujeres desaparecidas, 17 son menores de edad, sólo tres superan los 18 años.


Texto: Amapola Periodismo

24 de abril del 2022

Chilpancingo

 

La violencia contra las mujeres en Guerrero no para. En lo que va del año, 30 mujeres fueron asesinadas con la presunción de feminicidio y otras 20 más fueron desaparecidas, de acuerdo a registros de la Fiscalía General del Estado (FGE).

Los últimos dos feminicidios ocurrieron en la Montaña. Celia Mendoza de 40 años y una menor de 15 años fueron asesinadas.

Celia fue asesinada a balazos dentro de su casa frente a sus hijos en Tlapa. Uno de los agresores fue identificado como su ex pareja. La menor también fue asesinada a balazos en el municipio de Cochoapa El Grande.

De las 20 mujeres desaparecidas, 17 son menores de edad, sólo tres superan los 18 años.

 

 

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«De octubre de 2021 a abril de 2022 han asesinado a 47 mujeres y de todas ellas, la FGE no las reconoce como feminicidio», dijo una activista


Texto: José Miguel Sánchez

Fotografía: Óscar Guerrero 

23 de abril de 2022

Chilpancingo

 

Feministas marcharon por las principales avenidas de Chilpancingo para exigir justicia por los feminicidios ocurridos en el estado y exigir un alto a la violencia machista.

Durante la protesta exigieron a la Fiscalía General del Estado (FGE) el esclarecimiento del caso de Adelina de la Cruz Nava, trabajadora del ayuntamiento de Chilpancingo que fue hallada el pasado viernes golpeada y con un balazo en la cabeza en la carretera Chilpancingo-Iguala.

De la Cruz Nava fue internada en un hospital de Acapulco en donde estuvo en estado de coma y falleció el pasado jueves en la noche.

La marcha comenzó a las 6 de la tarde y recorrió las principales calles del centro de Chilpancingo y concluyó en la plaza cívica Primer Congreso de Anáhuac. Al término de la marcha las manifestantes realizaron un mitin done denunciaron el tipo de violencia que sufren y se solidarizaron con la familia de Debanhi Escobar hallada muerta en una cisterna en el estado de Nuevo León.

Elia Moreno del Moral, activista feminista y oradora del evento mencionó que hay varios casos en el estado de mujeres desaparecidas y asesinadas.

«De octubre de 2021 a abril de 2022 han asesinado a 47 mujeres y de todas ellas, la FGE no las reconoce como feminicidio», mencionó.

En la plaza cívica las mujeres gritaron consignas contra la violencia feminicida.

“Mujer escucha, esta es tú lucha”, “¡Justicia para Adelina!”, gritaban las manifestantes.

Colocaron algunas lonas donde se leía “Somos la voz de las que ya no están”, “Justicia para todas”, se leía en las lonas.

También colocaron cruces de madera en memoria de todas las mujeres asesinadas en México.

Al término del acto se abrió el micrófono para que las mujeres denunciaran el tipo de violencias que viven.

Algunas contaron como fueron acosadas en el transporte público, en la calle y por su forma de vestir.

 

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Familiares y amigos de Frida Alondra llevan flores a su tumba

Activistas feministas de Cuajinicuilapa denunciaron que hasta el momento la Fiscalía General de Oaxaca sigue sin detener a los responsables de la desaparición y asesinato de Frida Alondras


Texto: Jesús Guerrero

Fotografía: Especial

21 de abril del 2022

Chilpancingo

 

Con flores y al son de música de viento que tocaba una banda de jóvenes afromexicanos, familiares y amigos le llevaron flores a la tumba de la niña Frida Alondra quien está sepultada en el panteón de la localidad de Cuajinicuilapa.

El contingente partió de la vivienda de Frida Alondra hacia el cementerio la tarde de este jueves.

La ceremonia luctuosa es la culminación de los 9 días de rezos que se le hicieron a Frida Alondra quien el pasado 12 de abril fue hallada asesinada después de tres días desaparecida.

El 9 de abril Frida Alondra salió de su casa para dirigirse a la comunidad vecina de San Juan Bautista de Lo de Soto, en el estado de Oaxaca.

Su cuerpo fue hallado en una brecha de este pueblo de San Juan Bautista.

Este jueves el cortejo fúnebre cruzó la calle principal de Cuajinicuilapa y después arribó al panteón.

A la tumba de Frida Alondra le colocaron una cruz de madera y flores.

Activistas feministas de Cuajinicuilapa denunciaron que hasta el momento la Fiscalía General de Oaxaca sigue sin detener a los responsables de la desaparición y asesinato de Frida Alondra que acudió a San Juan Bautista a una festividad con motivo de la semana santa.

Tanto la Fiscalía de Oaxaca y de Guerrero siguen sin decir los avances de la investigación.

La Fiscalía de Guerrero participa como coadyuvante en las indagaciones del caso con la Fiscalía de Oaxaca.

 

Violencia hacia mujeres se ha duplicado en siete años; alcanza máximos históricos en pandemia

Durante 2021, se registraron en total 277 casos de muertes violentas en niñas y adolescentes, 111 como feminicidios y 166 como homicidios dolosos, solo 13 casos menos que los contabilizados en 2020.


Texto: Marcela Nochebuena / Animal Político 

Fotografía: Amílcar Juárez (Archivo)

21 de abril de 2022

 

Aunque en el primer trimestre de este año la violencia hacia las mujeres disminuyó respecto al mismo periodo del año anterior, entre 2020 y 2021, los años con medidas más restrictivas por la pandemia, llegó a máximos históricos que, además, representan un crecimiento del doble a lo largo de los últimos siete años.

Mientras que en el primer trimestre de 2015 se había registrado un total de 470 mujeres asesinadas, incluyendo feminicidios y homicidios dolosos, en el 2020 y 2021 la cifra de ese mismo periodo fue de 987 y 963, respectivamente. En tanto, para el primer trimestre de este año, se registró una reducción del 10.4% en relación con el año anterior, de acuerdo con la última actualización de las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

A esto se suma que, según lo reportado por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana este 20 de abril durante una mesa de trabajo con el Senado de la República, la violencia contra las mujeres creció durante la pandemia, en particular con un aumento del 15% de violencia familiar.

“La pandemia generada por el COVID-19 y el aislamiento social agudizó las tensiones familiares y el estrés económico, provocando efectos devastadores en la vida de mujeres, niñas y niños. Lo más duro: evidenció la violencia que se vive al interior de los hogares, y este no es un tema menor”, aseguró Tania Jimena Enriquez Mier, titular de las Unidades de Prevención de la Violencia y el Delito.

Esto se ha evidenciado en las llamadas al 911, que crecieron exponencialmente los últimos tres años. En 2019, se registraron alrededor de 197 mil, cifra a la que se sumaron 63 mil llamadas más para el año siguiente, cuando se alcanzaron las 260 mil, es decir, un incremento del 30%. Para 2021, se dio un nuevo incremento y llegaron a ser 300 mil.

En tanto, de 2020 a 2021 el número de carpetas anuales de investigación por feminicidio crecieron de 949 a 977, de las cuales el 12% corresponden a menores de 10 años.

“La pandemia nos mostró la realidad cotidiana de la violencia contra las mujeres y niñas, que se vive al interior de los hogares y en las familias, y la percepción de inseguridad de las mujeres”, subrayó Enríquez Mier.

Violencia hacia niñas y adolescentes

Hasta este miércoles, el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas muestra que en lo que va de este año, 2 mil 425 personas han desaparecido; 808 (33.3%) son mujeres y 394 de ellas tienen menos de 19 años de edad. En estos primeros meses del año, además, las niñas y adolescentes desaparecidas entre 15 y 19 años suman 217, con lo que se trata del grupo mayoritario, por rango de edad, del total de personas desaparecidas.

Aunado a ello, durante 2021, se registraron en total 277 casos de muertes violentas en niñas y adolescentes, 111 como feminicidios y 166 como homicidios dolosos, solo 13 casos menos que los contabilizados en 2020.

Esas muertes de menores representan el 7.4% del total de asesinatos de mujeres, y se concentraron en seis estados: Estado de México, Guanajuato, Zacatecas, Jalisco, Michoacán y Chihuahua.

En tanto, en Nayarit, Durango y Campeche, el número de mujeres víctimas de violencia menores de 17 años asciende hasta el 20%. A esto se suma que en 9 de cada 10 casos, el victimario de niñas y adolescentes es la persona más cercana a la víctima, de acuerdo con lo informado por la Conavim.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadanía reconoció que existe una gran preocupación por el incremento de delitos violentos contra menores de 18 años, en particular el de trata en la modalidad de explotación sexual. En 2021, 621 personas fueron víctimas de trata; de ellas, más de la mitad eran menores de edad y un 69% eran mujeres.

“El delito de trata afecta en su mayoría a adolescentes y niñas, la explotación sexual sigue siendo una de las formas más alarmantes, al igual que la manera como los delincuentes enganchan a sus víctimas a través de plataformas digitales. El internet y las redes sociales son cada vez más el escenario de ciberdelitos que ponen en riesgo la integridad física y emocional de los menores, al igual que la pornografía infantil”, señaló Enriquez Mier.

Aspectos de la marcha del 8 de marzo de 2022 en Chilpancingo, Guerrero. Foto: Amílcar Juárez 


Este texto es propiedad de Animal Político y lo reproducimos con su autorización. Puedes leer el original el siguiente enlace. 

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