En Guerrero no se aplican protocolos para investigar feminicidios, porque de 128 asesinatos contra mujeres ocurridos durante 2022, sólo 13 están catalogados como feminicidios, expusieron las integrantes del Observatorio de Violencia Contra las Mujeres (OVM).
Estas cifras fueron presentadas durante el foro Sentencia Mariana Lima, parámetro nacional para juzgar con perspectiva de género, donde estuvieron presentes activistas feministas, quienes coincidieron en la falta de acciones institucionales para juzgar e investigar los homicidios de mujeres y catalogarlos como feminicidios.
Ney Arias Vitinio, integrante del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, denunció que instituciones como la Fiscalía General del Estado (FGE) no cuentan con los protocolos adecuados para juzgar e investigar con perspectiva de género.
“Por lo menos aquí en Chilpancingo algo se puede hacer, más o menos salen las mujeres a marchar, pero en la Montaña no, no podemos hacer eso porque tenemos que trabajar sino no comemos”, mencionó.
Las integrantes de colectivas feministas organizaron el foro para analizar, discutir y exigir a las autoridades que apliquen este parámetro para investigar toda muerte violenta de mujeres como feminicidio.
La Sentencia Mariana Lima lleva el nombre en honor a Mariana Lima Buendía, originaria del Estado de México.
Ella fue asesinada por su esposo, Julio César Hernández Ballinas, comandante de la Policía Judicial del municipio de Chimalhuacán, Estado de México, el 28 de junio de 2010
En un primer momento, las autoridades cerraron el caso de Mariana bajo el argumento de ser un suicidio, por la insistencia de la madre fue reabierta la investigación en 2015; exhumaron el cuerpo y comprobaron que fue un feminicidio.
El 25 de marzo de 2015, en el natalicio de la joven, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitió la sentencia Mariana Lima, a través de la cual se ordenó reabrir la investigación con perspectiva de género y debida diligencia.
A partir de la sentencia se pretende que toda muerte violenta de mujeres sea investigada como feminicidio y, después, descartarlo o confirmarlo en la investigación.
A nivel nacional, en 2022, la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana registró 3,775 asesinatos de mujeres, niñas u adolescentes, de los cuales 900 se investigaron como feminicidio.
En ese contexto, María de la Luz Estrada, representante del OVM, habló sobre los riesgos que hay para las mujeres en México.
“La realidad es que en México ser mujer es riesgoso. (…) Es algo que no hemos podido disminuir”, mencionó.
En el foro hubo presencia de diversas instituciones encargadas de impartir justicia, como la Fiscalía General del Estado (FGE), a quienes le exigieron atender de manera oportuna las investigaciones de mujeres asesinadas y desaparecidas.
En su respuesta, los asistentes de la FGE, en un intento de defenderse, dijeron que “muchas veces no podemos actuar con prontitud porque la familia y amigos no quieren hablar”.
La encargada de despacho de la Fiscalía sobre los femicidios, Cinthia Velázquez Sánchez, argumentó que la dependencia capacitan al personal en perspectiva de género para manejar de manera adecuada estos casos.
“Estamos tratando que todas las muertes violentas del estado se investiguen bajo esta perspectiva”, insistió.
Sobre el protocolo que utilizan para investigar los feminicidios en el estado, comentó que tiene extractos de la Sentencia Mariana Lima.
Al foro también asistieron víctimas de violencia de género, tal es el caso de Alejandra Mateos Jiménez, sobreviviente de feminicidio; aun cuando ya hay una sentencia en contra de su agresor, este no ha pisado la cárcel por la lentitud del sistema judicial.
A través de un amparo el agresor de Alejandra trató de librar la cárcel y por la tardanza de dictaminarlo, éste se fugó a los Estados Unidos, donde ya agredió a dos mujeres más.
La estrategia legal puesta en marcha en Baja California, Hidalgo, Oaxaca y Veracruz busca enfrentar el hecho de que, pese a que el aborto ya está despenalizado en esos estados, instituciones de salud federales se niegan a realizarlo porque las leyes federales aún no están actualizadas.
Texto: Marcela Nochebuena
Fotografía: Amílcar Juárez (Archivo)
20 de febrero del 2023
Colectivas de Baja California, Hidalgo, Oaxaca y Veracruz impulsan una estrategia legal para lograr que los servicios federales de salud garanticen el acceso al aborto, ya despenalizado hasta la duodécima semana de gestación en esas entidades.
Acompañadas por AbortistasMx, agrupaciones y colectivas de esos estados promueven amparos para que el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) garanticen los servicios de aborto voluntario en todos los casos.
La omisión ante una iniciativa de reforma a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la Ley General de Salud y el Código Penal Federal —congelada en el Congreso desde 2021— ha permitido que, en numerosos casos, los institutos nieguen el servicio de aborto voluntario aun en los estados donde ya está despenalizado, pues la normativa aún no lo contempla.
El IMSS y el ISSSTE siguen negando la interrupción legal del embarazo, pero también su aplicación bajo ciertas causales contempladas en leyes locales, porque el Código Penal Federal solo contempla tres: cuando el embarazo es resultado de una violación, cuando existe peligro de muerte de la mujer embarazada y cuando el aborto es espontáneo o accidental.
“Lo que hemos visto es que, aunque hay avances —tenemos ya 11 estados de la República que han despenalizado parcial o totalmente los servicios de aborto—, el acceso en IMSS e ISSSTE está restringido, y eso no corresponde a la realidad del país cuando sabemos que el tema del acceso a la seguridad social depende del trabajo”, explica Ninde MolRe, coordinadora de incidencia de AbortistasMx.
Desde la organización se han percatado de que, además, en estados como Hidalgo los servicios de aborto gratuito en clínicas estatales suelen negarse a personas que ya tienen seguridad social, por lo que no es un servicio universal. En consecuencia, esa situación sigue remarcando las diferencias en el acceso a servicios de salud para mujeres y personas con capacidad de gestar.
Por eso, desde AbortistasMx —plataforma de acompañamiento legal a colectivas y organizaciones interesadas en la despenalización del aborto— se ideó la estrategia de los amparos, que hasta ahora se está implementando en Baja California, con Las Calafias y Brujas Californianas; en Hidalgo, con Di Ramona; en Oaxaca, con Ixmucane AC, y en Veracruz, con Marea Verde Altas Montañas y un despacho de abogadas.
“Estamos implementando esta estrategia para pedir que se extiendan los servicios de aborto a IMSS e ISSSTE en estos estados… El amparo es un mecanismo que el Estado nos da a los ciudadanos para defendernos de las autoridades cuando hay violaciones a nuestros derechos humanos. En este caso, lo que nosotras estamos aludiendo es que en los servicios de salud federales, que son servicios que el Estado provee, el Congreso y el Ejecutivo federal no están respetando los derechos reproductivos de las personas”, señaló MolRe.
Estos son derechos humanos que deben garantizarse, según lo establece la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en su sentencia 271/2021 de septiembre de 2021. En ella, el máximo tribunal declaró inconstitucional criminalizar el aborto de manera absoluta. El Código Penal Federal permanece sin ser homologado a ese criterio, pues penaliza el aborto completamente con excepción de las tres causales que contempla.
Los amparos en los cuatro estados han sido firmados por derechohabientes del IMSS o ISSSTE, ya sea derivado de su trabajo o del seguro facultativo, y serán jueces federales quienes determinarán si son procedentes o no. Un primer avance ya se dio en Oaxaca en diciembre pasado, donde se ganó el primer amparo promovido por una mujer derechohabiente del ISSSTE contra el Código Penal Federal, solicitando su inaplicación.
“No solamente es el acceso a los servicios, sino la no criminalización. Esta mujer se amparó en el estado de Oaxaca, y el juez declaró que el Código Penal Federal es inconstitucional por restringir el derecho al aborto de forma total”, relató MolRe. Esa sentencia ya es firme, y por lo tanto, será un antecedente que servirá para el resto de la estrategia. En ese instrumento, sin embargo, no se pidió el otorgamiento de servicios, sino simplemente la inaplicación e inconstitucionalidad del delito de aborto previsto en la normativa federal.
Los siguientes amparos sí contemplarán ambos aspectos. Por un lado, que a las personas no se les criminalice en caso de que necesiten un aborto, y por el otro, que sea parte de los servicios de salud para toda la población. “Estamos tratando de que esa sea la argumentación para generar un precedente, o de alguna forma obligar a IMSS e ISSSTE a brindar esos servicios”, agregó la activista
En septiembre pasado, Patricia Mercado, una de las senadoras promoventes de la iniciativa federal para garantizar el acceso al aborto, explicó a Animal Político que, dado que el delito se persigue a nivel estatal, la despenalización en cada entidad es indispensable, pero a nivel nacional la reforma más importante es a la Ley General de Salud, pues permitiría garantizar el aborto como un servicio gratuito por parte de la Secretaría de Salud, el IMSS y el ISSSTE. Aunado a ello, también sería necesario fortalecer las leyes propias de ambos institutos.
En respuesta a una solicitud de información sobre la cifra de interrupciones legales del embarazo practicadas en el instituto, el IMSS contestó que eran cero. En tanto, el ISSSTE declaró la inexistencia de la información “toda vez que el instituto no realiza Interrupción Legal del Embarazo, debido a que este no se encuentra contemplado dentro de la normatividad sectorial vigente”. En cambio, únicamente proporcionó los datos relativos a abortos y muertes fetales englobados en la misma estadística.
Servicio nulo: la experiencia en Hidalgo
“La realidad es que son nulos”, dice Daniela Téllez, de la organización de acompañantes Di Ramona, en Hidalgo, en torno a los servicios de interrupción voluntaria del embarazo por parte de IMSS e ISSSTE, a partir de la información que se recaba desde la colectiva. “¿Cómo es posible que en los estados tengamos ahora leyes más progresistas que a nivel federal?”, cuestiona.
A partir de la despenalización del aborto en esa entidad en julio de 2021, Di Ramona puso en marcha la línea telefónica ILE Hidalgo, a la que las usuarias pueden llamar para informarse sobre cómo acceder a esos servicios en el estado. Ahí, con mucha frecuencia, reciben la comunicación de derechohabientes de IMSS e ISSSTE que acudieron a buscar el servicio y se toparon con una negativa.
“Desde su derechohabiencia, se les impide acceder a los servicios dentro de sus clínicas locales y cercanas, por las cuales inclusive están pagando de sus salarios sus impuestos para poder acceder a servicios de salud integrales, pero lamentablemente en IMSS e ISSSTE no es una posibilidad”, asegura Téllez.
“Las usuarias tienen que trasladarse necesariamente a hospitales de la Secretaría de Salud pública del estado de Hidalgo, donde evidentemente los servicios tampoco son perfectos y se siguen sobresaturando debido a que la atención no se brinda donde ellas deberían poder acceder a su derecho”, añade.
El argumento llano es que ahí no se da el servicio. “’Aquí esas cosas no se hacen’, así de tajante”, señala la activista. Por ello, el proyecto ILE Hidalgo, que creó Di Ramona para difundir esos servicios en el estado primero mediante una campaña con la colocación de espectaculares en diversos puntos de Pachuca y muros rotulados en otros municipios clave, da cada vez más pasos.
A la difusión, siguió la línea telefónica exclusiva para la información sobre aborto legal —ruta, horarios, documentación, ubicaciones—, independiente de la que ya tenía Di Ramona para acompañamiento de abortos. Así, la campaña de comunicación se transformó en una de incidencia con la Secretaría de Salud de la entidad, a partir de las quejas sobre deficiencias que empezaron a recibir al inicio de la implementación.
Al mismo tiempo, comenzaron a hacerse evidentes las negativas en los servicios federales de salud. “Afortunadamente, las quejas que llegamos a tener de la Secretaría de Salud en mayor medida se fueron corrigiendo, pero era una constante la negativa por parte de IMSS e ISSSTE, la cual continúa aún hoy en 2023. Es una pena porque en noviembre salió la segunda edición del lineamiento técnico para la atención al aborto seguro nacional, e IMSS e ISSSTE pusieron ahí sus logos; entonces, es incomprensible”, relata Téllez.
Otra consecuencia importante de la negativa del servicio en los institutos federales es que, cuando las usuarias la reciben, se van con la idea de que no se puede abortar en ningún hospital en Hidalgo o incluso de que sigue siendo ilegal, explica. Además del rechazo, no reciben ninguna información adicional, orientación o redirección. De ahí surgió la necesidad de iniciar la estrategia legal en compañía de AbortistasMx.
“Tenemos altas expectativas de esta estrategia, no es la primera en su tipo: hace unos meses en Oaxaca se implementó un amparo muy similar, y la resolución fue positiva. No esperamos menos para el estado de Hidalgo… Sabemos que, si bien un amparo es una herramienta sumamente útil, muy contundente, que nos sirve muchísimo, tampoco lo es todo; entonces, seguimos trabajando desde otros ámbitos: la incidencia, la comunicación, la difusión y la defensoría de este derecho que, ya lo dijo la Suprema Corte, es un derecho y también un servicio esencial de salud”, concluye la activista.
En la imagen, activistas feministas durante la marcha del 8 de marzo del 2022. Foto: Amílcar Juárez (hemeroteca Amapola)
Karen Melissa fue vista por última vez el 31 de enero cuando abordó un taxi para ir a la comunidad de Petaquillas
Texto: Itzel Urieta
Fotografía: Facebook Red Guerrerense por los Derechos de las Mujeres
Chilpancingo
Familiares, amigos, vecinos e integrantes de colectivas feministas protestaron hoy en Cuajinicuilapa, Costa Chica de Guerrero, para exigir la pronta aparición con vida de la joven Karen Melissa Peñaloza Martínez, desaparecida el pasado 31 de enero en Chilpancingo.
Las mujeres y los hombres inconformes bloquearon la carretera Acapulco-Pinotepa, a la altura de la comunidad de Igualapa, por cuatro horas, donde también realizaron un mitin para exigir la aparición de Karen Melissa.
De manera simultánea en el mismo punto, hubo un bloqueo por parte de maestros de la Costa Chica, para exigir plazas a la Secretaría de Educación Guerrero (SEG).
“Hoy estamos aquí exigiendo la aparición de Karen Melissa Peñaloza Martínez. Le pedimos a todas autoridades correspondientes que se sumen a la búsqueda y que la hagan efectiva y no sea una simulación ni una carpeta más, queremos que se busque y se vaya a los lugares donde se le vio por última vez”, mencionó una representante de la Red Guerrerense por los Derechos de las Mujeres durante el mitin.
Karen Melissa, de 20 años, es originaria de Cuajinicuilapa. Estudia en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Guerrero (Uagro), en Chilpancingo, y fue vista por última vez el 31 de enero cuando abordó un taxi para ir a la comunidad de Petaquillas.
Desde el pasado 31 enero que se supo de su desaparición, familiares y amigos de la joven mantienen una campaña de acciones para exigir su presentación con vida.
El día lunes marcharon en Cuajiniculpa un grupo de estudiantes de la secundaria Lázaro Cárdenas, plantel en el que estudió Karen Melissa, para exigir su aparición con vida. “¡Te estamos buscando!”, “¡Todas somos Mel!”, “¡Ni una más!”, fueron algunas de las consignas que gritaron los estudiantes.
El día de ayer también realizaron una protesta en el Ayuntamiento de Cuajinicuilapa, donde activistas emitieron un posicionamiento donde plantearon que “es inadmisible que las mujeres, niñas y adolescentes guerrerenses no puedan estar seguras en ningún lugar”.
Por su parte, la Red Guerrerense por los Derechos de la Mujer cuestionaron a través de un comunicado el riesgo que implica ser mujer, joven y afrodescendiente.
“Hoy fue Mely, mañana puede ser cualquiera de nosotras, sabemos que todas estamos en riesgo, pero aún más cuando somos mujeres negras, indígenas o en situación de pobreza. No es posible que las mujeres sigan desapareciendo y no pase nada. A la autoridades les decimos, busquen a Mely y a todas las desaparecidas, todas son importantes”.
En Cuajinicuilapa, el pasado 12 de abril del 2022 fue hallada asesinada Frida Alondra, una menor de 14 años, después de tres días de estar desaparecida.
El 9 de abril pasado, Frida Alondra salió de su casa para ir a la comunidad vecina de San Juan Bautista de Lo de Soto, en el estado de Oaxaca.
Su cuerpo fue hallado en una brecha de este pueblo de San Juan Bautista, tres días después.
El culpable del homicidio fue detenido en julio del 2022, y está en proceso para ser juzgado por dicho delito.
Programas contra la violencia de género, para la salud sexual y reproductiva y para hijas e hijos de madres trabajadoras recibieron menos recursos de los que se les habían aprobado, reconoce Hacienda en su más reciente reporte.
Texto: Nayeli Roldán / Animal Político
Fotografía: Amílcar Juárez (Archivo)
2 de febrero del 2023
El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador recortó el presupuesto que el Congreso había aprobado para tres programas prioritarios enfocados exclusivamente a las mujeres durante 2022, de acuerdo con datos del último reporte trimestral de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
Se trata del Programa para promover la atención y prevención de la violencia contra las mujeres, que opera la Secretaría de Gobernación (Segob), y del programa de Salud materna, sexual y reproductiva, considerados como prioritarios entre todo el gobierno.
Además, entre los programas sociales de entrega directa de dinero que registraron incrementos aprobados el año pasado, pero que finalmente sufrieron recortes, estuvo el enfocado a las mujeres llamado Apoyo para el Bienestar de las Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras, que sustituyó al Programa de estancias infantiles.
El programa de Salud materna, sexual y reproductiva, que, como su nombre lo indica, se dedica a atender a las mujeres embarazadas y a aplicar estrategias de control natal, tuvo 25% menos recursos, de acuerdo con el reporte del cuarto trimestre de 2022 elaborado por Hacienda.
Si bien la Cámara de Diputados le había aprobado 2 mil 121 millones de pesos para 2022, Hacienda lo recortó a mil 576 millones de pesos, un presupuesto todavía menor a 2021, cuando tuvo mil 611 millones de pesos.
En tanto, el programa de Apoyo para el Bienestar de las Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras tuvo 4% menos recursos en 2022. Tenía etiquetados 2 mil 785 millones de pesos, pero Hacienda lo recortó a 2 mil 668 millones de pesos. La diferencia de 117 millones de pesos equivale a 73 mil 125 entregas de mil 600 pesos.
Según dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador, este programa sustituiría a las estancias infantiles, por lo que el gobierno dejaría de subsidiar los lugares de cuidado para niños y niñas y, en cambio, daría el dinero directamente a las madres para que ellas decidieran dónde llevar a sus hijos y pagar el servicio.
Sin embargo, hasta el momento no ha habido algún reporte de qué ha pasado con las familias, es decir, si las mujeres consiguieron servicios de guardería con los mil 600 pesos bimestrales que entrega el programa por cada hijo o hija.
El Programa para promover la atención y prevención de la violencia contra las mujeres, que maneja Gobernación, otorga servicios integrales a mujeres víctimas de violencia en los Centros de Justicia para las Mujeres en los estados.
El Congreso le había aprobado 310 millones de pesos, pero Hacienda le recortó 16% y el programa solo dispuso de 258 millones de pesos en 2022.
Entre los gastos del programa se encuentran obras de infraestructura, como la creación de un Centro de Justicia para Mujeres en Tlaxcala y la segunda etapa de construcción del centro de Ciudad Cuauhtémoc, Chihuahua. Asimismo, están rubros como la compra de un vehículo para traslado de personal a las comunidades de Campeche para las “jornadas itinerantes”.
También, el “proyecto estatal de acciones para el cumplimiento de medidas específicas de la declaratoria de alerta de violencia de género”, en Matehuala, San Luis Potosí.
Aunque el gobierno federal aseguró que el gasto para la igualdad de hombres y mujeres había alcanzado un incremento de 75% en el Presupuesto de Egresos para 2022, en realidad el aumento estuvo concentrado en programas sociales prioritarios de esta administración, como Pensión para Adultos Mayores, Sembrando Vida o las Becas Benito Juárez, mientras que las acciones dirigidas a disminuir la brecha de género ya tenían recortes desde la aprobación en la Cámara.
De hecho —y en contraste con los programas dirigidos a mujeres—, la Pensión para Adultos Mayores, por ejemplo, gastó aún más de lo etiquetado, pues el Congreso le aprobó 238 mil 014 millones de pesos, pero en el reporte de Hacienda se advierte que la secretaría le entregó 244 mil 938 millones de pesos en 2022.
En la imagen, colectivas feministas y mujeres marchan frente a un espectacular del presidente Andrés Manuel López Obrador, durante una movilización el 8 de marzo de 2022. Foto: Amílcar Juárez (Archivo Amapola).
Familiares de Luz María acusan a la Fiscalía General del Estado (FGE) de haber dejado en libertad a su presunto feminicida, Fernando Flores Martínez, su ex pareja sentimental, quien era un empleado de una empresa gasera.
El día 2 de enero pasado. Fernando citó a Luz María en un lugar ubicado en las inmediaciones de Taxco. Discutieron. Después él arrojó a ella a un barranco de 15 metros de profundidad, caída de la que salió herida y después murió en un hospital.
Cuando Luz María era atendida estaba presente Fernando y los médicos lo enviaron a la Agencia del Ministerio Público para que rindiera su declaración sobre los hechos; se percataron que sus dichos eran contradictorios.
Fernando dijo, primero, que Luz María se había resbalado, después que se precipitó al barranco y, después, que quería suicidarse porque no podía vivir sin él.
«Lo más increíble es de que pese a las muchas versiones que dio sobre la muerte de mi sobrina, la Fiscalía General del Estado dejó en libertad a Fernando, ya que existen evidencias de que cometió un feminicidio”, dijo Cristian Mota, tío de Luz María.
Contó que la ex pareja sentimental de su sobrina tenía rasguños en el cuello y en los brazos, lo que le parece una certeza de que s tuvieron una riña.
Mencionó que debido a que él y demás familiares de Luz María estuvieron ocupados en los trámites del Servicio Médico Forense (Semefo) de Iguala para que les entregaran su cadáver para sepulturlo, descuidaron el caso en la Agencia del Ministerio Público donde suponían que estará detenido el agresor.
“Nos entregaron el cadáver de mi sobrina el 3 de enero, a otro día la sepultamos, y el 5 de enero a las diez y media de la mañana fuimos a la Agencia (del Ministerio Público) para ratificar la denuncia contra Fernando, y la sorpresa que nos llevamos es que ese mismo día lo dejaron libre”.
El caso lo atendió el representante social del distrito judicial de Alarcón, Ricardo Tapia Rivas, quien autorizó la entrega del cadáver de Luz María a sus familiares el 3 de enero, se lee en un documento oficial de la AMPFC con sede en Taxco.
La FGE emitió una ficha del caso en donde da a conocer la carpeta de investigación en contra de Fernando “N” por el delito de homicidio doloso en agravio de Luz María.
Sin embargo, la versión del tío de la víctima es que Fernando aún no es detenido y menos que la FGE le vincule al delito de feminicidio.
La omisión en la que ha incurrido la FGE en el caso ha provocado que los familiares y amigos Luz María y colectivos de mujeres feministas realicen protestas en Taxco para exigir justicia y la detención del presunto feminicida.
La última movilización que llevaron a cabo fue la tarde del pasado sábado 14 de enero; preparan otras más para los días siguientes en Taxco porque siguen sin tener respuesta del gobierno de la morenista Evelyn Salgado Pineda.
“Una de las omisiones que incurrió la Fiscalía es que no le realizó un estudio forense al agresor que tenía huellas de rasguños en la piel y se presume que eso lo sufrió mi sobrina cuando se defendió”.
Luz María tenía 34 años. Fernando que fue su última pareja sentimental, cuando ocurrió el incidente llevaban cinco meses de haberse separado.
“A mí y a mi mamá, Luz María nos contaba que era humillada por Fernando y la madre de él, y por eso decidió abandonarlo”.
Los familiares de Luz María supieron por algunos vecinos que Fernando golpeó a Luz María al menos dos veces durante los ochos meses que vivieron juntos.
Luz María antes tuvo una relación marital con otra persona con la que procreó dos hijos, una de 14 años y otro de 12 años.
Luz María trabajaba de intendente en la empresa minera La Suriana, ubicada en Arcelia.
“Ella (Luz María) se la pasaba en Arcelia porque trabajaba en la mina 20 días y 10 descansaba, y sus dos hijos se les dejaba de encargo a su papá biológico”, contó el tío.
El 31 de diciembre del 2022, Luz María estaba contenta porque había renunciado al trabajo en la mina porque tenía otros proyectos junto con sus hijos.
“Por eso es mentira lo que contó Fernando a las autoridades de que Luz María se quería suicidar; ella tenía a sus hijos y además planes para su futuro, es impensable que ella se haya aventado al barranco”.
En el 2013, Luz María vivió un episodio trágico, su padre, Mario Mota Pineda, fue privado de su libertad por hombres armados cuando estaba en un billar en Taxco.
Hasta la fecha, Mario, quien se dedicaba a producir y a vender joyería de plata, sigue desaparecido.
Luz María participó en las búsquedas de su padre y le dio seguimiento ante las autoridades.
“Fue un episodio que a mi sobrina le dolía mucho porque decía que en Guerrero no hay justicia”.
Eva Albavera Viveros, presidenta de la organización de Equidad y Autonomía en Movimiento de Género en Taxco, dijo que todas las circunstancias del caso de Luz María apuntan que fue un feminicidio.
“Ya había antecedentes de agresión contra Luz María por parte de su ex pareja y no entendemos porque fue dejado en libertad el presunto feminicidio”, explicó.
La activista feminista afirmó que durante la pandemia por el Covid-19 en Taxco aumentó la violencia contra las mujeres, pero la mayoría no acuden a interponer la denuncia porque no le tienen confianza a las autoridades.
Un feminicidio ocurrido en Taxco y que está documentado en la prensa de Guerrero, es el caso de la nutrióloga Magdalena Aguilar, quien desapareció el 13 de enero del 2018. A los 11 días después, su cadáver fue hallado descuartizado en la casa de su suegra; la asesinó su esposo.
En julio del 2022, César Gómez Arciniega fue detenido en Tijuana y actualmente está preso junto con su madre, quien fue cómplice, por el delito de feminicidio.
“En Taxco hay violencia feminicida y tenemos que parar esto exigiendo justicia, y en el caso de Luz María seguiremos protestando”, denunció la activista.
La Asociación Guerrerense de Violencia hacia las Mujeres documentó 107 casos de homicidios contra mujeres con presunción de feminicidios durante 2022.
Marina Reyna Aguilar, presidenta de esta organización, dijo que van a solicitar a la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) que haga la declaratoria de alerta de violencia feminicida al municipio de Taxco.
Guerrero tiene dos alertas, la primera fue declarada en 2017 por violencia de género contra las mujeres para los municipios de Acapulco, Chilpancingo, Iguala, Tlapa, Chilapa, Ayutla de los Libres, Coyuca de Catalán, Zihuatanejo de Azueta y Ometepec. La otra alerta es por agravio comparado, la Conavim la declaró en 2020.
La activista feminista Reyna Aguilar consideró que el gobierno estatal sí ha implementado medidas preventivas para frenar la violencia contra las mujeres, “pero a pesar de esos esfuerzos los feminicidios siguen a la alza en Guerrero”.
En lo que va de este 2023, denunció la activista, ocho mujeres fueron asesinadas en distintos municipios de Guerrero.
En la sesión de este miércoles presentaron una iniciativa de reforma a la Ley 1212 de Salud del estado de Guerrero para establecer la salud e higiene menstrual como un servicio básico en este rubro.
La diputada de Morena, Jessica Ivette Alejo Rayo, presentó la iniciativa de reforma que plantea adiciones a esta ley para que se establezcan medidas, campañas, acciones y políticas públicas que contribuyan a la salud e higiene menstrual.
Además de garantizar el bienestar emocional, psicológico y sanitario de niñas y adolescentes.
Al exponer su propuesta, Alejo Rayo dio a conocer estudios del Fondo de Naciones Unidas para la infancia que indican que sólo 5 por ciento de las niñas y adolescentes en México tiene conocimiento preciso de la menstruación, también que un 5 por ciento de los padres hablan con sus hijas sobre el tema y un 7 por ciento del personal médico incide en niñas y adolescentes.
“Esta situación limita a este sector para entender los retos que enfrentan durante su periodo menstrual”, mencionó Alejo Rayo durante su participación.
La iniciativa plantea plasmar en la Ley de Salud y leyes secundarias que las autoridades sanitarias estatales, educativas y laborales, desde sus respectivos ámbitos de competencia, apoyen y fomenten programas, estrategias y acciones orientadas a fortalecer la educación en niñas y adolescentes en materia de salud e higiene menstrual.
También se planteó que sea incluida como una materia escolar la salud e higiene menstrual.
En dicha iniciativa, la Secretaría de Salud tendrá que establecer normas para un servicio adecuado en la atención y con una perspectiva de derechos humanos e igualdad de género.
Esta propuesta fue turnada a la Comisión de Salud para su evaluación y dictaminación.
_Este contendo es patrocinato por el Congreso del Estado de Guerrero_
Militantes del Partido Acción Nacional (PAN) en Guerrero acusaron a su Comité Directivo Estatal de violencia política de género por no entregar prerrogativas mensuales a cinco comités municipales dirigidos por mujeres.
Tuvo que salir la resolución del Tribunal Electoral del Estado (TEE), donde ordenan al Comité Directivo Estatal pagar las prerrogativas a los comités municipales de Igualapa y Benito Juárez, para que les cumplan.
Aún falta la resolución de otros municipios, Xochistlahuaca, San Marcos y Tepecoacuilco.
En dicha resolución se pide a la Comisión de Justicia del PAN obligue al presidencia estatal, a la secretaría general y al área de tesorería del partido a pagar 140,000 pesos al Comité Municipal de Benito Juárez, dirigido por Martha Adriana Torreblanca Martínez.
Además de 66,000 al Comité Municipal de Igualapa, dirigido por Claudia Martínez Sánchez.
En conferencia de prensa, el ex candidato a la presidencia estatal del PAN, Carlos Arturo Millán Sánchez, explicó que que hace unos días “por fin hubo justicia en los juicios promovidos por las dirigentes municipales Claudia Martínez y Martha Adriana Torreblanca, de Igualapa y Benito Juárez”.
Dichos comités municipales denunciaron obstrucción de parte de la dirigencia estatal, al retenerles el financiamiento mensual que establece la ley.
El adeudo de dichos comités municipales corresponden al 2021 y 2022; el TEE tardó un año y medio en resolver la demanda.
Millán Sánchez exigió a la dirigencia estatal del PAN, encabezada por Eloy Salmerón Díaz, a respetar la Ley Electoral y el estatuto de su partido, donde se estipula la participación de mujeres no sólo en candidaturas, también en los procesos organizativos.
Una de las razones que Millán Sánchez cree está detrás de la retención de los prerrogativas, es que los comités municipales afectados votaron en contra de Salmerón Díaz cuando se reeligió en el cargo en 2022.
“Es sospechoso que el dinero no se esté destinando conforme a lo que indica el presupuesto y causa extrañeza de que esto suceda con una dirigencia que se encuentra cumpliendo un segundo periodo”, mencionó.
En la conferencia de prensa estuvieron presentes el excandidato a presidente estatal del PAN, Julio Galarza Castro y la diputada federal, Yesenia Galarza Castro, quienes también son consejeros nacionales del PAN.
Dentro de la industria cinematográfica está muy presente la desigualdad de género; al menos, así lo perciben las mujeres que trabajan dentro de ella.
Como audiencias estamos acostumbrados a ver historias escritas, dirigidas y producidas por una mirada masculina; en ese sentido, las mujeres normalmente ocupan puestos inferiores a los que tienen los hombres y suelen establecerse estereotipos de género muy marcados en el espacio de trabajo.
Texto: Myla Martínez / ZonaDocs
Fotografía:
18 de enero del 2022
Brissa Piñera, directora y directora de fotografía en la industria audiovisual y cinematográfica en Querétaro, menciona que a lo largo de su carrera se ha enfrentado de diferentes maneras a este tipo de violencia en el set.
Algunas de las situaciones que ha vivido dentro de la industria es que ella, teniendo una especialidad en cinefotografía, ocupa puestos como asistente en lugar de directora de fotografía. Sin embargo, menciona “no me tratan mal, para nada, lo estoy disfrutando, simplemente es una realidad”.
Lisset Bohe, directora, guionista y actriz mexicana que vive y labora en el estado de Querétaro, mencionó que lo que más ha visto dentro de la industria es el encasillamiento de personas dentro de los equipos de trabajo por su género y que le ha tocado ver cómo los equipos de fotografía y sonido son acaparados por los hombres, mientras que el departamento de arte es un espacio abierto para mujeres.
Departamento de maquillaje. (Foto: José Guadalupe Bernal Álvarez / ZonaDocs).
De igual manera, se hizo un estudio sobre las mujeres en producción cinematográfica y audiovisual y se dio a conocer que en largometrajes mexicanos que se registraron en el año 2021, el área con mayor presencia de mujeres fue la producción, seguido de guionistas, directoras y en último lugar cinefotógrafas.
Lisset menciona que la desigualdad de género es el tipo de violencia que más ha vivido dentro del set “estando en equipo de fotografía y equipos de dirección, siento que puede ser muy notorio que me ven cargar lámparas y siempre hay un hombre que me ofrece ayuda. Ofrecer ayuda no es malo, pero ¿por qué no le dices a tu compañero hombre que también está cargando luces que si también necesita ayuda?, si estoy en este puesto y tengo mi faja y tengo mis guantes por qué dudarías de que puedo hacerlo”
Los casos que presentan Brissa y Lisset no se despegan de la estadística mostrada, y son situaciones que son parte de la desigualdad que se vive dentro de esta industria y que va formando un ambiente laboral con violencia que perpetúa la supuesta idea de que las mujeres son más débiles e incapaces para manejar con equipo o incluso responsabilidades.
Luces, cámara, acoso
El acoso sexual y el hostigamiento son parte del ecosistema de violencia que sufren las mujeres en la industria del cine. Es una situación que dentro de los sets se ha llegado a normalizar para no causar mayores problemas, provocando que las mujeres tengan que ejercer su profesión bajo situaciones laborales en las que se les vulnera la mayor parte del tiempo.
Ana “N”, quien pidió que no se revelara su nombre real por temor a represalias que puedan tomarse en su contra, productora de animación que reside en la ciudad de Querétaro, narró la historia de acoso que le tocó vivir a su amiga y en la que ella decidió defenderla. Mencionó que después de varias ocasiones de su jefe insinuándosele a su colega decidieron acudir con su jefa (dueña de la productora en la que trabajaban), ya que ella, además de tener el poder de correr a la persona, les había comentado que cuando estaba más joven había sido víctima de acoso sexual.
Respondiendo al grito desesperado de auxilio, su jefa les dio su palabra y les aseguró que las ayudaría. Sin embargo, en el momento menos esperado les dió la espalda y las corrió de su empresa justificando otros motivos totalmente diferentes.
“Era una situación en la que nos dolía tanto la respuesta de las mujeres, incluso nos hicieron sentir que estábamos exagerando, como el tener que empezar desde cero otra vez, de por sí es súper difícil entrar si no conoces a gente dentro de la industria entonces era como tener que volver a empezar y él sigue ahí por los contactos que tiene” comentó Ana “N” para definir la situación por la que muchas mujeres dentro de la industria cinematográfica tienen que pasar cuando alzan la voz ante una injusticia o violencia que llegan a sufrir.
El fuerte crecimiento de la industria cinematográfica en México, el incremento de participación de las mujeres en la industria y las denuncias que se han mostrado en términos de acoso sexual y hostigamiento, prenden los focos rojos ante los colectivos, asociaciones feministas y algunas casas productoras para empezar a ver el tema como un problema de la actualidad.
Muchos movimientos han salido a la luz a raíz de estas situaciones como muestra y red de apoyo hacia todas las mujeres que han tenido que pasar por estos panoramas. Iniciativa Artemisa es un grupo de mujeres que nace ante la urgencia de regular las relaciones laborales en la industria audiovisual.
Dentro de un estudio que se realizó a 140 mujeres sobre las violencias que sufren dentro de la industria audiovisual se demostró que el 70% de las entrevistadas se ha enfrentado a un tema de acoso u hostigamiento sexual, el 27% de los incidentes se reportan, el 22% de las mujeres no llegan a reportarlo por el miedo a las represalias que pueden tener y el 30% no reporta el tipo de violencia que sufre porque lo consideran que no es importante o que es normal.
Ana “N” es un claro ejemplo de lo que pasa en este ambiente laboral, cuando ella y su compañera se atrevieron a hablar y pedir ayuda, lo único que recibieron fue un rechazo y le restaron la importancia que se merecía el asunto. Ellas son ilustración de las estadísticas presentadas por Iniciativa Artemisa. Así es como se ven las estadísticas en la vida real.
Ante la frustración de no recibir apoyo oportuno, no tener soluciones claras y después de perder tres trabajos por alzar la voz, Ana “N” mencionó que llegó a entender a muchas mujeres que hacen caso omiso ante estas situaciones. Todos estos casos impunes se pueden traducir a una familia o incluso estabilidad laboral, ella reflexionó:
“¿De qué me sirve estar perdiendo mí trabajo por defender la situación y yo no estoy haciendo nada por mí?, no estoy cambiando las cosas para mí, ¿hasta dónde vale la pena decir las cosas? Y ahí entiendes por qué mucha gente no dice nada. Ahorita yo no tengo hijos, me arriesgo a mí misma, pero el día de mañana que tenga una familia es mucho más difícil alzar la voz”.
Casos como el de Ana “N” hay muchos. Lisset Bohe, relató que ha estado en situaciones en las que hombres han violentado a sus colegas mujeres haciendo comentarios lamentables e hirientes que vulneran a sus compañeras dentro del set. Son notorias las intenciones, sin embargo en muchas de las ocasiones las mujeres no denuncian porque no saben cómo reaccionar al respecto, no tienen la fuerza para explicar lo que les ha sucedido y al final se ven en la necesidad de seguir trabajando del lado de su compañero acosador.
En la Encuesta regional sobre violencia y acoso en los espacios de trabajo en la industria audiovisual y de las artes escénicas en latinoamérica se reportó que, en México, el 54% de las personas encuestadas han reportado ser acosadas sexualmente dentro de su espacio de trabajo, lo que posiciona al país como el segundo lugar con más personas con episodios de violencia en su ambiente laboral.
Situaciones como las de Ana “N” y Lisset nos ayudan a darle forma a estas problemáticas demostradas en cifras en las encuestas y estudios realizados anteriormente y como menciona Lisset las soluciones ante este tipo de problemáticas que se viven en la actualidad vienen desde el diálogo, la compañía y la empatía.
Una nueva narrativa
Los reportes de desigualdad de género, acoso sexual y hostigamiento laboral dentro de la industria cinematográfica son cada vez mayores a nivel nacional, es por esto que La Cofradía, asociación civil que busca mejorar las condiciones laborales y de seguridad dentro de la producción audiovisual y cinematográfica en Querétaro, ha elaborado un Reglamento para la prevención de casos de hostigamiento, la desigualdad laboral y el acoso sexual y un protocolo para la atención de casos de hostigamiento, la desigualdad laboral y el acoso sexual que se han utilizado ya en varias producciones realizadas en el estado.
Gladys Lizárraga, directora de cine y presidenta de La Cofradía mencionó que una de sus motivaciones para realizar estos documentos junto con sus compañeras Brissa Piñera y Andrea Torres, fue justamente que veían necesario crear un protocolo que protegiera de hostigamiento en set y que considerara la igualdad de sueldos de todas las personas involucradas en la industria antes de que el mundo audiovisual y cinematográfico siguiera desarrollándose en Querétaro.
Los documentos oficiales que proponen para este tipo de situaciones están abiertos para cualquier persona que sea realizadora cinematográfica, ya que lo más importante es crear sets seguros previniendo los casos que puedan suceder. El reglamento y protocolo se anexan al contrato de las personas que estarán involucradas para marcar una línea que establezca lo que pueda suceder en caso de presentar algún tipo de reporte.
“Ha funcionado hasta ahorita bastante bien porque aunque haya bromas de -ay ya no voy a poder coquetear con la actriz- por lo menos ya le estás poniendo un límite. Eso ha ayudado a favorecer el trato de la gente”, mencionó Gladys al comentar alguno de los beneficios que han traído éstos documentos.
Algunas de las compañías productoras en Querétaro que han utilizado el protocolo son: Panda Rojo Media, Dopic FA Studios, Los Lazarillos, Cinematografía UAQ, Arte7, Bulbo Media y Somos Casa Creativa. De igual manera, hay algunas productoras en Ciudad de México que han aprovechado el acceso al protocolo para incluirlo en sus producciones y generar ambientes de trabajo libres de violencia laboral, sexual o económica.
Para Gladys es importante que los documentos sean utilizados de manera correcta, sin embargo no tienen manera de verificar su buen uso, pero menciona que sí es probable que se lleguen a utilizar para dar el “gatazo” de ser una producción libre de acoso y hostigamiento. Aunque llegue a suceder un caso de acoso u hostigamiento, un trabajador que firme el contrato y reglamento es conocedor de sus derechos y en caso de que se incumplan puede reclamar a la producción y hacer valer sus derechos.
Lisset Bohe, menciona que “un set con perspectiva de género será aquel que tenga equipos en donde se sepa que existen estos protocolos, en donde se hable de violencia género y donde todos los compañeros, compañeras y compañeres tengan conocimiento de las situaciones en las que pueden ser vulnerados o donde pueden estar vulnerando y que se comprometan a no seguir reproduciendo este tipo de comportamientos”.
“Yo lo vería cuando las mujeres que están en set sean escuchadas de la misma manera que los hombres son escuchados, por qué muchas veces incluso si la mujer es la directora siempre habrá un hombre dígase fotógrafo, productor o AD, dispuesto a hacerle mansplaining de su propia historia”, mencionó Brissa Piñera para ilustrar su visión de una industria con perspectiva de género.
Los protocolos son importantes para generar ambientes laborales libres de violencia, en ellos los derechos de cada persona se hacen válidos y crean conciencia ante los problemas de acoso y desigualdad que se viven dentro del set.
Por eso, es importante reconocer el gran avance de la industria queretana en temas de una oferta de seguridad a las mujeres en el set y tratos dignos dentro de los mismos para generar una nueva mirada a la industria cinematográfica.
Fotografía: Red Guerrerense por los Derechos de las Mujeres
Chilpancingo
Víctima de violación sexual y de criminalización por parte del Estado, situación que la mantuvo tres años y dos meses en la cárcel de Iguala, la joven nahua Aurelia García Cruceño, quien anoche fue.liberada, podrá cumplir los proyectos de vida que le fueron truncados.
Aurelia fue acusada injustamente del delito de homicidio en razón de parentesco, que en realidad fue un parto fortuito resultado de una violación.
La noche de este martes 21 de diciembre del 2022, después de varias audiencias, fue absuelta de ese delito por la jueza Mariela Alfaro Zapata.
Aurelia enfrenta abuso y criminalización
La historia de injusticiad contra Aurelia comenzó en su natal Xochicalco, una comunidad nahua perteneciente al municipio de Chilapa de Álvarez.
Xochicalco, está ubicada a 10 kilómetros de distancia de la cabecera municipal de Chilapa. Sus 360 habitantes, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), viven en pobreza extrema.
Para Aurelia, todo cambió en 2019, cuando fue víctima de una agresión sexual por parte de un hombre que, en ese entonces, era autoridad comunitaria de Xochicalco.
Aurelia quedó embarazada de ese abuso. En su comunidad no es bien visto que una mujer tenga relaciones sexuales o se embarace antes del matrimonio; desde niña le dijeron que a esas mujeres las quemaban vivas.
Por todo esa estigma y por miedo a represalias de su agresor, Aurelia decidió huir de Xochicalco e iniciar una nueva vida en la ciudad de Iguala, donde se alojó con una tía.
Nunca se imaginó que ahí comenzaría su calvario.
Aurelia llegó a Iguala en junio del 2019, cuatro meses después. El 2 de octubre, Aurelia, sola en el lugar donde se alojaba, tuvo dolores fuertes y sangrado vaginal intenso durante una semana sin saber que estaba embarazada, después expulsó el producto.
Cuando su tía se percató de la situación de Aurelia llamó a una ambulancia que la traslado a un hospital, ahí el paramédico que la atendió inicialmente dijo que estaba a punto de sufrir un choque hipovolémico por la falta de sangre.
En el Hospital, Aurelia recibió varias transfusiones de sangre y cuando se recuperaba le colocaron un implante anticonceptivo sin darse cuenta y sin su consentimiento.
Pero eso no fue todo, al siguiente día de su ingreso al hospital, varios policías la esposaron a la misma cama donde se recuperaba. Estaba detenida.
«Todavía ella no estaba recuperada, no se sabía de los hechos ni del producto y ella ya estaba siendo procesada, detenida y esposada en la cama del hospital. Ya estaba siendo oficialmente detenida por el delito de homicidio”, narró Verónica Garzón Bonetti, abogada defensora de Aurelia.
Dos días después de su ingreso al hospital y aun cuando todavía no le dadan de alta, los policías la trasladaron al Centro de Reinserción Social de Iguala.
Finalmente, el 8 de julio del 2021 una jueza dictó una sentencia condenatoria en su contra por 13 años y cuatro meses de prisión por el delito de homicidio en razón de parentesco.
Aurelia fue recluida en el penal de Iguala, donde pasó tres años en la incertidumbre sobre su vida. No sabía si quedaría libre o permanecería en prisión.
Inconsistencias en el caso
Verónica Garzón Bonetti y Ximena Ugarte Trangay, integrantes del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD), fueron las abogadas defensoras de Aurelia, quienes denunciaron que su caso estuvo lleno de inconsistencias.
La primer inconsistencia que detectaron, dijeron, fue que después del parto no hubo ningún traductor que le explicara los motivos de su detención. La lengua materna de Aurelia es el náhuatl.
Otra fue que en el hospital donde la atendieron le colocaron un implante anticonceptivo sin su consentimiento.
Una más, al momento de su detención estaba delicada de salud.
Al no hablar español, Aurelia no comprendió mucho de lo que le sucedió. No contó con un traductor que le explicara su situación.
Por esa razón, la defensa de Aurelia argumentó que nunca le juzgaron con perspectiva intercultural ni de género.
Actualmente Aurelia tiene 23 años y hasta la noche de ayer, vivió tres años en prisión preventiva, lo que representaba otra irregularidad, porque la Constitución señala, explicaron las abogadas, que el plazo máximo debe de ser de dos años.
Aurelia estuvo presa tres años en un centro penitenciario donde hay 463 hombres y 27 mujeres sin estar separados.
Además, el penal de Iguala cuenta con altos niveles de autogobierno, lo que ponía a Aurelia y al resto de las mujeres, denunciaron las abogadas, en una situación de riesgo grave a actos de violencia.
Una nueva esperanza
Al retomar las abogadas del IMDHD el caso de Aurelia lograron que la justicia federal otorgara un amparo y la magistrada del Poder Judicial de Guerrero, Indalecia Pacheco León, aceptara la reposición del procedimiento el 17 de enero del 2022.
El IMDHD estableció que Aurelia fue víctima de la Fiscalía General del Estado (FGE) y el Poder Judicial al realizarle un proceso discriminatorio en razón de su condición de pobreza y su origen nahua.
Además de acusarla de un delito que no cometió, pues, comprobó que fue un parto fortuito.
Tuvieron que pasar cinco audiencias maratónicas y una más cardíaca que la anterior, para que Aurelia lograra obtener su libertad.
Desde que comenzaron las audiencias, la FGE, quien acusaba a Aurelia de homicidio, trató por todos los medios de que continuara en prisión.
Desde retrasar las audiencias, solicitar más testigos y asistencias técnicas innecesarias, la FGE impidió que la defensa de Aurelia desahogara todas las pruebas.
Faltaban días para darse a conocer la sentencia, y en ese momento el Poder Judicial de Guerrero dio otro golpe al caso de Aurelia.
El 15 de diciembre, la jueza determinó que Garzón Bonetti y Ugarte Trangay no podían hablar con la prensa sobre el caso de Aurelia, con el pretexto de que el juicio estaba en curso y por privacidad para la jueza, quien argumentó que estaba en riesgo su seguridad.
Después las audiencias que eran públicas se volvieron privadas, y los familiares de Aurelia no tuvieron acceso a todas las audiencias.
Pese a todos los obstáculos, Garzón Bonetti y Ugarte Trangay lograron lo que se pensaba imposible, se enfrentaron al sistema judicial y lograron la liberación de Aurelia, quien podrá cumplir su sueño de ser maestra.
La libertad
La audiencia de la tarde de ayer en Iguala, que estaba agendada a las cuatro de la tarde, se pospuso y comenzó hasta las siete, después de dos horas a puerta cerrada, la jueza Mariela Alfaro Zapata finalmente falló por la liberación de Aurelia.
“En la audiencia lo que dijo la jueza es que no había elementos suficientes aportados por la fiscalía para sostener su acusación y condenar a Aurelia. Que ella no era repsonsable del homicidio y debía quedar en absoluta e inmediata libertad”, expuso Garzón Bonetti.
Aurelia salió acompañada de su madre Agustina Cruceño Naranjas, de su padre Alberto García Palazin, y sus abogadas Garzón Bonetti y Ugarte Trangay.
Entre los planes de Aurelia ahora que está en libertad es estudiar y convertirse en maestra.
«Voy a estudiar mucho y ojalá pueda lograr mi sueño de ser maestra», expresó Aurelia.
Comentó que aprendió a hablar español en la cárcel y que conoció a más mujeres en su misma situación, a quienes deseó que también hallen apoyo para ser liberadas.
Diversas activistas y colectivas feministas estuvieron fuera de Palacio de Justicia de Iguala en apoyo a Aurelia, quienes al verla salir la recibieron con aplausos y consignas.
Aurelia ya es una mujer libre y aun cuando nunca recuperará los tres años que estuvo en prisión, podrá continuar con su vida.
A unos días de que se determine la libertad o que siga encarcelada Aurelia García Cruceño quien es acusada de homicidio en grado de parentesco, la jueza de control que lleva el juicio intimidó a las abogadas defensoras, Verónica Garzón Bonetti y Ximena Ugarte Trangay.
A través de un comunicado, Siwa-Artesanas de Paz y Justicia, organización enfocada en la erradicación de la violencia de género, denunció que el Poder Judicial de Guerrero pretende acusar a Ugarte Trangay y Garzón Bonetti de violentar el derecho de presunción de inocencia de Aurelia.
Además pretenden acusarlas del delito contra la administración de justicia.
Derivado de esas acusaciones el Poder Judicial citó a una audiencia a las abogadas para esta tarde y que en este momento se lleva acabo.
Debido a que las abogadas no radican en la ciudad de Iguala, que es donde se lleva el caso, pidieron a la jueza Mariela Alfaro Zapata que su presencia fuera virtual. Petición que les fue negada.
«El apercibimiento de la Jueza Mariela Alfaro Zapata es un paso atrás para el acceso a la justicia de Aurelia y un acto intimidatorio contra las defensoras de derechos humanos», se lee en el comunicado de Siwa, asociación a la que pertenecen las defensoras de Aurelia.
Se trató de contactar a las abogadas, pero al estar en la audiencia no respondieron.
La acusación contra las abogadas se da después de la última audiencia de Aurelia para determinar su situación jurídica.
Dicha audiencia se dividió en dos partes, debido a que la Fiscalía General del Estado (FGE) trató de retrasarlas.
«Lo anterior sigue abonado a la falta de acceso a justicia e implica la criminalización e intimidación a la defensa de Aurelia», menciona el comunicado de Siwa.
Tanto Ugarte Trangay y Garzón Bonetti acompañan juridicamente a Aurelia Garcia Cruceño para que salga de prisión.
Aurelia es una joven nahua originaria de Xochicalco, municipo de Chilapa de Álvarez.
Fue víctima de violación en 2019 por un hombre que era autoridad de su comunidad, por miedo a represalías decidió huir de su pueblo hacia Iguala.
Derivado de esa violación, Aurelia resultó embarazada y el producto falleció debido a un aborto fortuito.
Por ese aborto Aurelia lleva tres años de prisión bajo el delito de homicidio en razón de parentesco, por el que Ugarte Trangay y Garzón Bonetti acompañan juridicamente.
El próximo lunes 19 se desahogara la última audiencia en donde la jueza va a declarar como cerrada la instrucción y el martes 20 va a emitir su resolución.
En la imagen, grupos feministas protestan fuera de la Ciudad Judicial de Iguala el pasado 28 de noviembre, antes de la audiencia de Aurelia García. Foto: Red Guerrerense por los Derechos de las Mujeres (Archivo).
El año pasado, 3 mil 820 mujeres fueron asesinadas en el país. De este total, 493 (12.9%) eran niñas o adolescentes, de acuerdo con el Atlas de Homicidios de México Unido Contra la Delincuencia.
En 2021, una de cada 10 mujeres víctimas de homicidio a nivel nacional era niña o adolescente. En términos generales, la entidad más peligrosa para menores de edad fue Guanajuato.
Así lo revelan datos analizados por la organización México Unido Contra la Delincuencia (MUCD) en la cuarta edición de su informe Atlas de Homicidios México 2021, en el que se especifica que durante el año pasado fueron asesinadas 3 mil 820 mujeres, de las cuales un 12.9% eran niñas o adolescentes. Esto significa 493 menores de edad asesinadas.
Para Daniela Osorio, integrante de la dirección de investigación y políticas públicas de MUCD y creadora del atlas, dar a conocer este tipo de datos resulta importante, “porque justo si lo que queremos es realizar una prevención eficaz y eficiente, tenemos que atender a cada una de las poblaciones específicamente”.
De acuerdo con el informe, tan solo en 2021 las menores de edad en Guanajuato representaron el 14% del total de víctimas mujeres, mientras que para hombres este grupo de víctimas solo representó el 5% del total.
Los casos de Nicole, Isabel y Fanny
Uno de los primeros casos de muertes violentas de niñas reportados en 2021 fue el de Nicole Santos Palafox, de siete años, quien desapareció el 2 de marzo y su cuerpo fue encontrado semana y media después en un terreno en Tepojaco, Tizayuca, Hidalgo.
Por este caso, el 8 de marzo fue detenido un hombre identificado como M.A.H.P., quien fue vinculado a proceso y puesto en reclusión por el delito de desaparición cometida por particulares de manera agravada y cometida contra una persona menor de edad.
Al encontrar el cuerpo de Nicole “se aplicó el protocolo de feminicidio practicado en todas las muertes violentas de mujeres y mediante las pruebas de identificación genética se confirmó que la identidad de dicho cuerpo corresponde a la menor”, explicó Arturo Flores Medina, subprocurador de Derechos Humanos y Servicios a la Comunidad de la Procuraduría General de Justicia del Estado.
El Atlas de Homicidios refiere que durante 2021 un total de 42 mujeres fueron víctimas de homicidio doloso en la entidad, de las que 4.8% estaba en un rango de edad de entre 15 y 19 años, 2.4% estaba entre cinco y nueve años y otro 2.4% tenía entre cero y cuatro años.
Otro caso es el de la niña Isabel, de cuatro años, quien luego de desaparecer el 11 de julio fue encontrada sin vida la noche del 16 de julio en la zona boscosa de Cuautepec, en la alcaldía Gustavo A. Madero.
A través de un comunicado, la fiscalía capitalina informó que fueron detenidos la madre, el padrastro y la abuela de Isabel, contra quienes se inició una carpeta de investigación por el delito de feminicidio.
Los datos del atlas nuevamente indican que el año pasado 126 mujeres fueron víctimas de homicidio en la CDMX; de ellas, 4% tenía un rango de edad de entre 15 y 19 años, 1.6% entre 10 y 14 años, 0.8% entre cinco y nueve años y un 2.4% entre cero y cuatro años.
En cuanto a adolescentes, se tiene registro del caso deFanny Guadalupe, una joven mixe de 16 años quien fue asesinada el 26 de septiembre en el ejido de El Porvenir, municipio de San Juan Cotzocón, Oaxaca.
La fiscalía de la entidad informó mediante un comunicado que se abrió una carpeta de investigación por el delito de feminicidio y señaló que realizaría entrevistas a familiares y ciudadanía “hasta agotar las líneas de investigación”.
El activista mixe Joaquín Galván informó que Fanny ya había denunciado agresiones y amenazas por parte de un agente municipal de su localidad, quien la amenazó, insultó y acusó a ella y a su pareja de vender droga.
En 2021, en Oaxaca se reportó que 79 mujeres fueron víctimas de homicidio, de las que 5.1% eran de entre 15 y 19 años, 3.8% entre 10 y 14 años, 1.3% entre cinco y nueve años y otro 1.3% entre cero y cuatro años.
Guanajuato y Edomex, las entidades más peligrosas
Un último hallazgo del grupo de expertos que realizaron el atlas tiene que ver con Guanajuato y el Estado de México, catalogados como las dos entidades más peligrosas para menores de edad.
“Encontramos que en la entidad un total de 218 niñas, niños y adolescentes perdieron la vida por homicidio en 2021, colocando a Guanajuato como el estado más peligroso para menores de 18 años, con un 16% del total de víctimas de ese rango de edad registradas a nivel nacional”, refiere el informe.
Los investigadores también descubrieron que el Estado de México es la segunda entidad con más víctimas menores de edad, con 12% del total nacional.
Durante la presentación del informe, Edgar Baltazar, integrante de la dirección de investigación y políticas públicas de MUCD, también señaló que de manera general “encontramos que la proporción de víctimas mujeres que tienen menos de cinco años es cinco veces mayor que la de los niños menores de cinco años (…) hay una proporción mucho mayor de niñas que son asesinadas respecto a niños”.
El informe refiere que, mientras el rango de edad de cero a cuatro años de edad de las víctimas de homicidio a nivel nacional en 2021 fue de 0.3% en el caso de los niños, para las niñas esta cifra alcanzó el 1.3%.
En números absolutos, fueron asesinados más niños que niñas, con una tendencia a la baja.
Este texto fue elaborado por el equipo de Animal Político y lo reproducimos con su autorización.
Fotografía: Cortesía Me Red Guerrerense por los Derechos de las Mujeres
Chilpancingo
La audiencia final para dictar sentencia a Aurelia García Cruceño, mujer nahua acusada de homicidio en razón de parentesco por un aborto involuntario, fue retrasada por la Fiscalía General del Estado (FGE).
Aurelia lleva tres años en prisión preventiva oficiosa, se esperaba que ayer (jueves), ocurriera la última audiencia en la que la FGE y las abogadas defensoras de Aurelia presentarían las pruebas finales para determinar sentencia.
De acuerdo con la abogada defensora de Aurelia, Verónica Garzón Bonetti, la audiencia se pospuso y se retrasó porque la FGE solicitó asistencia técnica por la declaración del paramédico Jason Muñoz, quien atendió a Aurelia después del parto fortuito.
La asistencia técnica es un procedimiento penal donde un especialista da fe de la declaración de un testigo.
En este caso, como la declaración fue de un paramédico, la FGE tiene derecho a solicitar la asistencia técnica de un experto en el área de medicina para verificar la información del testigo, en este caso el paramédico.
Jason Muñoz testificó en la comparecencia de ayer.
“Lo que él (el paramédico Jason) dice es que Aurelia estaba a punto de perder la vida por la sangre que había perdido en el parto fortuito. También dijo que, lo que hizo fue tomar signos vitales del producto para que ver si seguía con vida, lo que él señaló ayer, fue que tomó los signos vitales y el producto estaba ya sin vida”, explicó Garzón Bonetti.
En su declaración, Jason Muñoz expuso que el producto tenía una coloración morada por no haber recibido oxigenación durante mucho tiempo.
“El producto ya estaba muerto, lo que sustenta nuestra teoría del caso, nunca nació vivo el producto. La situación del parto fortuito fue consecuencia de una muerte fetal dentro del útero de Aurelia; ella sólo expulsó al producto sin vida”.
La jueza Mariela Alfaro Zapata permitió la asistencia técnica, sin embargo la FGE alegó no contar con un asistente técnico en ese momento.
Garzón Bonetti dijo que ellas cumplieron con todo lo solicitado por la jueza, incluso se opusieron a la solicitud de la FGE porque ellos sabían que ayer era la última audiencia para desahogar todas las pruebas.
“Ellos sabían desde hace un mes que íbamos a presentar un dictamen en antropología, medicina y psicología y llega ayer, hasta las ocho de la noche, para que dijeran que se difiere porque no iban preparados con su asistente técnico”.
La tía de Aurelia, de nombre Lucía, con quien la joven vivía en Iguala cuando ocurrió el parto fortuito, también testificó ayer.
Lucía dijo que ella no dio aviso a las autoridades de la situación de Aurelia, que quienes lo hicieron fue el personal del hospital de Iguala.
En su declaración Lucía recalcó que no sabía de qué se trataba el asunto y que nunca tuvo un intérprete que le ayudara a entender la situación.
“Aurelia está mal, tiene mucha ansiedad, tiene episodios de mucha depresión por no saber qué va a pasar. No sabe si se va a quedar en la cárcel. A veces está esperanzada y a veces no”.
Para Garzón Bonetti, la jueza Alfaro Zapata, en este caso no juzga con perspectiva de género ni perspectiva intercultural.
Para la Red Guerrerense de los Derechos de las Mujeres, este caso es una forma de criminalizar a las mujeres indígenas, la pobreza y la interculturalidad.
“La FGE se ha ensañado con Aurelia, la tratan como si fuera un peligro para la sociedad, más que un feminicida, más que algún capo del crimen organizado”, comentó Ana Gabriela Candela Garzón, coordinadora de la Red Guerrerense por los Derechos de las Mujeres.
Candela Garzón agregó que, también hubo retraso en la audiencia porque el Ministerio Público (MP) tenía otra audiencia y la jueza otras actividades, además de que a las activistas no les permitían el ingreso cuando el acuerdo era que la audiencia sería pública. Al final ingresaron a la audiencia.
La nueva fecha para la audiencia final de Aurelia es el próximo 8 de diciembre.
La audiencia de ayer, citada a la una de tarde comenzó una hora después y culminó alrededor de las 12 de la madrugada.
Garzón Bonetti espera que la audiencia del 8 de diciembre sea la última y se terminen de desahogar las pruebas pendientes.
Faltan cuatro pruebas por desahogar, estas pruebas son de la defensa de Aurelia.
Ayer, antes de entrar al juzgado, las abogadas defensoras de Aurelia y activistas feministas se manifestaron a las afueras del juzgado para exigir justicia por Aurelia.
Abogadas y activistas feministas se manifiestan en la entrada del juzgado de Iguala antes de entrar a la audiencia de Aurelia García.
