Pocos para buscar a miles: una de cada tres comisiones de búsqueda funciona con menos de 10 personas; dos son unipersonales

Texto: Marcela Nochebuena / Animal Político

Ilustración: Andrea Paredes

8 de noviembre del 2022

 

Una de cada tres comisiones de búsqueda estatales opera con menos de 10 personas en su estructura, mientras que las de Oaxaca y Yucatán permanecen unipersonales: en esos dos estados, una sola persona es la encargada de buscar a cientos de desaparecidos, 406 y 330, respectivamente.

La de Colima, aunque a finales de 2021 fue reportada por la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) al Comité contra la Desaparición Forzada (CED) de la ONU como unipersonal, para este año ya cuenta con tres personas encargadas de buscar a 962 desaparecidos.

En algunas comisiones, la información reportada por la CNB sobre sus estructuras es contradictoria respecto de lo que ellas mismas registran en sus diagnósticos más recientes para acceder al subsidio federal de 2022. En la mayoría de los casos, esto se debe a que dependen de empleados temporales, cuya contratación está sujeta, a su vez, a obtener el recurso federal; por ello, vuelven a incorporarse a sus labores hasta que pasan los primeros cinco o seis meses del año.

En otros casos, sin contar con empleados temporales, solo cuatro personas buscan a 4 mil 259 desaparecidas, como pasa en Michoacán, o a mil 128, como pasa en Nayarit. En Sonora, solo tres funcionarios buscan a 4 mil 249 desaparecidos, según lo reportado por la comisión estatal en su diagnóstico de este año, obtenido a través de una solicitud de información. Mientras tanto, en San Luis Potosí, 35 personas buscan a 568, pero en Quintana Roo apenas seis buscan a 565 y en Durango seis buscan a 707.

Otros estados, aun con una estructura más amplia, enfrentan panoramas más adversos: en Baja California, donde se alcanza un registro de mil 265 personas desaparecidas, hay dos empleados fijos en la comisión, frente a 18 temporales que dependen de la obtención de recursos. Además, este organismo pasó de tener 25 personas en 2021 —ya con las temporales— a 20 en 2022.

La comisión de Tamaulipas, entidad con 11 mil 065 personas desaparecidas, tiene una estructura de 14 integrantes, mientras que la CDMX, que ya acumula 3 mil 636 desaparecidos, trabaja con 11 funcionarios en 2022. Incluso algunas de las comisiones más grandes, como la del Estado de México, conformada por 76 miembros, aseguran que sus recursos son insuficientes y no cuentan con la capacitación necesaria.

“La Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de México es una de las CLB con mayor número de personal y se ha procurado la contratación de personas con perfiles acordes a las funciones que llevan a cabo. No obstante, se requiere de especialización tanto del personal en el área de búsqueda de gabinete, como en búsqueda de campo. Aunado a esto, pese a tener el mayor número de personal, este es insuficiente para atender la problemática que aqueja a todo el territorio estatal en relación con el número de casos de desaparición que son reportados”, se lee en el diagnóstico presentado por la entidad ante la CNB este año.

La comisión de Chiapas, donde hasta ahora hay un registro de mil personas desaparecidas, cuenta con nueve empleados fijos y cinco temporales, y plantea un escenario mucho más difícil. El organismo asegura que tiene 13 equipos básicos de cómputo con internet, tres impresoras y una copiadora, pero no con los consumibles ni la papelería necesaria; de los recursos para la operación de las actividades de la comisión, como los viáticos para acciones de búsqueda, señala que son escasos porque el presupuesto asignado es insuficiente. Sin embargo, en 2021, esa comisión devolvió poco más de 6 millones de los más de 8 que le habían sido otorgados.

“Los materiales utilizados en algunos de los casos fueron comprados con recurso del personal que labora en la comisión para realizar las funciones mínimas requeridas, incluyendo el servicio de limpieza, lo cual minimiza las capacidades operativas de la comisión, no solo por el reducido número de personal, sino por las limitaciones técnicas y de recursos para la realización de las funciones encomendadas”, señala su diagnóstico.

En Chihuahua, donde la comisión cuenta con 20 personas, de las cuales nueve son agentes estatales de investigación y siete agentes del Ministerio Público, el organismo reconoce que su personal no tiene certificación en materia de búsqueda de personas ni una especialización respecto del Protocolo Homologado de Búsqueda y el Protocolo Adicional para la búsqueda de niñas, niños y adolescentes.

Para el organismo de Michoacán, sus recursos son insuficientes ante las necesidades crecientes de contexto local. Además, plantea la necesidad de mejorar el equipamiento de sus áreas para la búsqueda, el panteón y el laboratorio de identificación forense, así como la ampliación de la capacidad de procesamiento de la información para generar análisis de contexto, patrones de desaparición y registro de seguimiento de caso, según informa en su diagnóstico para 2022.

Los documentos presentados por las comisiones de Sonora y Zacatecas dejan ver dependencia de contrataciones eventuales. La primera explica: “A la fecha en esta comisión se encuentran únicamente tres personas laborando, y se están haciendo las gestiones pertinentes para que el personal que se encontraba por honorarios se reintegre a la brevedad, así como también se ha solicitado se dote a esta comisión de más personal”.

En tanto, la comisión de Zacatecas asegura que tiene abogados, criminólogos, arqueólogos, antropólogos, trabajadores sociales, ingenieros en sistemas y expertos en la materia de ciencias forenses, pero depende de eventuales “para dar mejores resultados”.

La comisionada nacional de Búsqueda, Karla Quintana, reconoce que la falta de personal sigue siendo uno de los mayores problemas de las comisiones estatales. Sin embargo, afirma que el personal no puede depender únicamente del subsidio federal que reciben los estados, sino que la coparticipación estatal también debe servir para su contratación.

“El personal no puede depender solo de la parte que le corresponde a los estados de los subsidios; tendrían que tener personal contratado y sumarlo mediante la coparticipación estatal del 10%. Luego hay muchos reclamos a principios de año que preguntan a qué hora van a caer los subsidios para que puedan contratar a las personas de las comisiones, cuando eso lo permitimos nosotros para incentivar que haya gente, pero en realidad mantener una estructura le corresponde a las entidades. No puede depender la operación de eso”, señaló.

Además, detalló que, para la construcción de los próximos lineamientos, se está buscando la manera de que las comisiones locales no puedan adquirir una mayor cantidad de bienes que el personal que tienen para operarlos.

El informe del CED de la ONU sobre su última visita a México advierte que, aunque la creación de todas las comisiones ha sido un paso importante, “muy pocas cuentan con recursos humanos y materiales suficientes para su operación, y algunas son unipersonales”.

“Tanto el gobierno federal, a través de la CNB, como el Sistema Nacional de Búsqueda, han reiterado a las y los gobernadores de las entidades federativas su obligación en la construcción, fortalecimiento y mantenimiento de las comisiones locales de búsqueda”.

La Ley General y la vigilancia ciudadana

La Ley General sobre desaparición de personas establece que las comisiones nacional y locales deben contar, como mínimo, con un grupo especializado de búsqueda, un área de análisis de contexto y un área de gestión y procesamiento de información, además de la estructura necesaria para el cumplimiento de sus funciones.

El artículo 62 especifica que estos organismos también deben tener consejos estatales ciudadanos que funjan como órganos de consulta. En respuesta a solicitudes de información a las comisiones, solo ocho pudieron dar cuenta de la instalación y conformación de su consejo ciudadano: Baja California, Baja California Sur, Coahuila, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Puebla y Zacatecas. Sin embargo, Coahuila, con un consejo de 16 personas instalado desde 2019, afirmó que “hasta el momento no ha sido consultado para ninguna acción”.

Los consejos ciudadanos deben tener una participación de equilibrio, y sobre todo de vigilancia y retroalimentación, para verificar que las comisiones estén funcionando como se espera desde la sociedad y el gobierno, sostiene Édgar Chávez, coordinador del Proyecto sobre Desaparición Forzada en México y América Latina de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).

Esa complementariedad implica no solo que estén instalados, sino dotarles de infraestructura segura para sesionar. Chávez dice que esto ayuda a la ciudadanía a saber que tiene una comisión, cómo funciona, qué atribuciones tiene y qué pueden hacer las personas en caso de tener a un familiar desaparecido.

“Se supone que somos los aliados, en este caso, los consejos estatales o las personas que estamos acompañando, o que hacemos este ejercicio también de acompañamiento de las autoridades, y aliados de las víctimas, porque están ahí para ver que realmente funcione o dotar de información de por dónde no se está buscando o algo no se está haciendo bien”, afirma.

Aunque 21 comisiones estatales refirieron el número de personas destinadas a los grupos especializados de búsqueda, Durango no solo indicó que su consejo ciudadano no se ha conformado, sino que además no tiene grupo especializado y, por ello, no le aplicaba reportar ninguna acción de búsqueda.

En tanto, la comisión de Puebla señaló que no cuenta con personal específico para el grupo especializado de búsqueda, sino que en cada acción se despliegan brigadas que varían en número de personas. Jalisco y Zacatecas reservaron el nombre de los servidores públicos que conforman ese grupo, alegando razones de seguridad, pero el segundo sí reveló la identidad de sus consejeros ciudadanos.

En cada comisión, el número de acciones de búsqueda puede variar de las 12 que realizó Tabasco en 2021 o las 16 de Colima en 2022 a las más de mil que reporta Puebla en 2021 y 2022. Únicamente 17 entidades dieron cuenta de las acciones de búsqueda que han realizado los últimos cuatro años.

Jalisco —que ocupa hoy el primer lugar en número de desaparecidos— informó que no cuenta con esa estadística, Aguascalientes señaló que no era posible referir esas acciones, Guerrero que no cuenta con la información porque sus bases de datos están en proceso de conformación, y Quintana Roo la reservó argumentando que están relacionadas con actos de investigación.

Las organizaciones también asumen costos y trabajo de búsqueda
Los micrositios Desaparecer en Baja California, impulsado por Elementa DDHH, y Tus Derechos, del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, AC (CEPAD), son dos ejemplos de iniciativas de la sociedad civil ante los vacíos en la información y el trabajo de las autoridades, además del desorden y precariedad con el que operan las comisiones.

El primero es un proyecto que reúne información sobre desapariciones en Baja California, definido como un espacio “vivo” con actualizaciones constantes para la construcción de memoria colectiva, mientras que el segundo está destinado a dar información sobre los derechos que tienen, dónde exigirlos y qué trámites pueden realizar las víctimas o familiares en casos de desaparición de personas y tortura.

Renata Demichelis, de Elementa DDHH, relata que cuando llegaron a trabajar en Baja California, en 2019, se encontraron con una entidad en la que no existía documentación sobre el fenómeno y que, además, está muy alejada de los debates del centro del país, no forma parte de los focos de atención y ha enfrentado abandono.

Ante el cobijo de un discurso que minimizaba la inseguridad en el estado, particularmente en Tijuana, y sin información confiable, se acababa de adoptar la Ley de Víctimas y se había lanzado la primera convocatoria para ocupar la titularidad de la comisión de búsqueda. Apenas se empezaban a crear las instituciones que supuestamente darían solución y atención a la crisis.

“Nos dimos a la tarea, primero, de intentar llenar esos vacíos de información, nadie sabía cuántas personas había desaparecidas en Baja California; y segundo, empezar a hacer este seguimiento institucional: cómo se empezaban a configurar, velar para que, si no había ley local, por lo menos se siguieran los objetivos de la Ley General, etcétera. Así es como surge el proyecto, que en su momento implicaba buscar información y no quitar el dedo del renglón sobre cómo se iban a ir configurando las nuevas instituciones”, explica Demichelis.

Con el tiempo y el acompañamiento a colectivos, también fueron detectando las realidades a las que se enfrentaban constantemente las familias, y que tampoco estaban documentadas. Finalmente, después de tres años buscaron la mejor manera de darle salida a toda la información, y Desaparecer en Baja California se convirtió en una herramienta útil para diversos actores, que además abre con el contraste de las cifras reportadas por la fiscalía del estado entre 2007 y 2021 —más de 14 mil personas desaparecidas— y las que alberga el RNPDNO, apenas mil 154.

“Hemos visto un montón de discrepancias, y estamos todavía trabajando en las hipótesis, pero sabemos, porque el fiscal lo declaró, que están haciendo una reclasificación de las carpetas, no sabemos bien en qué consiste, pero en los últimos registros, valga la redundancia, y es parte de los fenómenos de doble y triple desaparición, desaparecen carpetas, nos reportan menos y sabemos que no es que estén encontrando a las personas o que se estén identificando restos; esa ha sido una consecuencia de publicar la información”, asegura la activista.

Con este proyecto, han descubierto también que no hay una documentación adecuada de los reportes que le llegan directamente a la comisión, y por eso ni siquiera es una fuente para el micrositio. De ese organismo, han percibido opacidad absoluta, que es una combinación que surge desde el desconocimiento de la ley hasta la posición deliberada de no querer rendir cuentas. A esto se le suma una forma de actuar reactiva a las solicitudes de los colectivos.

“Se sientan y esperan a que los colectivos les digan ‘necesito ir a este punto de búsqueda y necesito que me acompañes y necesito que vengas conmigo’, prácticamente la comisión no hace su chamba si no es porque los colectivos se la piden. Otro factor gravísimo es los perfiles; operan con poco presupuesto y poco personal; entonces, son realmente contratos temporales, de tres meses, que es problemático en sí, pero además no cumplen con los perfiles para ocupar esos cargos”, añade.

Al oeste del país, ante un contexto de impunidad —hasta hoy se han emitido solo 36 sentencias por el delito de desaparición a nivel nacional—, y particularmente en Jalisco, el CEPAD ha percibido que las respuestas de las autoridades no han ayudado a la garantías de los derechos a la verdad, justicia y reparación integral.

Ante ello, las familias se acercaban con frecuencia a la organización para saber sus derechos, consultar qué hacer ante una desaparición, qué autoridades existen, cuáles son sus funciones y qué acciones pueden emprender. No había respuesta, lo que condujo a la construcción del micrositio Tus derechos, para brindar información a las víctimas y fortalecer sus conocimientos para que de manera segura y autónoma sepan los procedimientos ante las autoridades y tengan claridad en sus diligencias.

“Hemos visto, en muchas ocasiones, una situación de capacidad rebasada ante el contexto y ha sido una saturación en cuanto a ese dolor, ese sufrimiento de las víctimas y esa falta de información y falta de orientación de qué deben hacer. Tratamos de juntar nuestros conocimientos, nuestras experiencias, y en conjunto y construyendo estas herramientas con las familias, pensar qué pudiera realmente servir para responder a sus necesidades”, explica Anna Karolina Chimiak, de CEPAD.

Creada en 2018, la comisión de Jalisco fue una de las primeras ante la publicación de la Ley General, pero también como respuesta a una fuerte exigencia de los familiares de personas desaparecidas, recuerda la activista. Al inicio fue sumamente débil, con apenas una a tres personas empleadas. Con los años, ha crecido y empezado a conformar las áreas que mandata la ley, más una de atención que contempla la ley local.

“El área de búsqueda es una de las que más se trató de reforzar porque estuvieron muy presentes las prácticas más enfocadas en el gabinete, mediante oficios, y ante la constante exigencia de operativizar las acciones de búsqueda en campo, fue una de las apuestas reforzar esa área, igual que la de gestión y procesamiento de información, que ha trabajado en los datos de personas desaparecidas. Sin embargo, uno de los grandes pendientes es la creación del registro estatal de personas desaparecidas, que tiene ya un año de incumplimiento”, asegura.

Además, para el área de análisis de contexto no se dio la misma intención de fortalecerla, en parte porque la comisión estatal no cuenta con reglamento interno y no ha podido generar más plazas, según ha sabido CEPAD. Otro pendiente es la presencia efectiva de psicólogos para la atención a víctimas y acompañamiento en los operativos de búsqueda.

Pese a las intenciones de fortalecimiento que la comisión ha expresado a la asociación, es uno de los estados que desde 2019 ha devuelto montos significativos del subsidio federal: 5 millones 700 mil de los 9 millones 600 mil que recibió en 2019, 7 millones 300 mil de los más de 17 que recibió en 2020 y poco más de 12 de 33 millones que le fueron otorgados en 2021. Con una estructura de 45 personas, aseguró en respuesta a una solicitud de información que no cuenta con listado ni estadísticas de sus búsquedas de campo.

Édgar Chávez subraya su preocupación de que en México sigan sin existir los mecanismos de seguimiento necesarios cuando no hay un familiar que pueda buscar a las personas desaparecidas. Cuando hay una investigación y nadie que dé seguimiento, las carpetas sencillamente se cierran. Particularmente, en las desapariciones que vienen de décadas atrás, por edad o por salud, es posible que la familia ya no pueda salir a buscar o a revisar la carpeta de investigación, si es que la hay.

“Hay varias cosas que tenemos que repensar en este país; lamentablemente, se nos están acumulando, y yo creo que algo importante y reiterativo en las familias como una exigencia es la no repetición. Si no hacemos un antes y un después de lo que tenemos en este momento, va a ser un acumulativo por décadas, y entonces, vamos a seguir buscando a personas nuevas, y a otras y a otras, y es un ciclo sin fin”, concluye.

 

Ante la CIDH, madre de 4 hijos desaparecidos denuncia violaciones a derechos humanos

Texto: Animal Político

Fotografía: Centro Prodh

3 de noviembre del 2022

 

María Herrera Magdaleno, madre de cuatro hijos desaparecidos, denunció ante la Comisionada Relatora para México y Secretaria Ejecutiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), violaciones a los derechos humanos de ella y su familia por parte del Estado mexicano.

La denuncia, realizada en compañía del Centro Prodh en Washington D.C., es una petición individual contra el Estado por las violaciones que han sufrido tras la desaparición forzada de sus hijos en 2008 y 2010.

Cuatro hijos de María Herrara desaparecieron en la llamada “Guerra contra el narcotráfico”. Raúl y Jesús Salvador Trujillo Herrera, en agosto de 2008, en Guerrero; Gustavo y Luis Armando Trujillo Herrera, en Veracruz, en septiembre de 2010.

La petición detalla cómo hubo participación en las desapariciones de autoridades con el crimen organizado, falta de investigación y búsqueda diligente por las instituciones mexicanas.

Por ello, al no encontrar recursos efectivos a nivel interno, la familia Trujillo Herrera decidió acudir a la Comisión Interamericana.

La petición señala las violaciones a diversos derechos -reconocidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH)- que ha cometido el Estado mexicano, entre ellos el derecho a la vida, integridad personal, libertad y personalidad jurídica de Jesús Salvador, Raúl, Luis Armando y Gustavo al ser desaparecidos de manera forzada, y el derecho a ser buscados.

De acuerdo con un comunicado del Centro Prodh, la petición establece la violación al derecho de la familia Trujillo Herrera de acceder a la verdad y la justicia, por el tiempo transcurrido, y las omisiones y negligencias en la investigación.

En el documento se aborda el incumplimiento del Estado mexicano de implementar disposiciones para asegurar la búsqueda e investigación; también se denunció que los esfuerzos para hacer frente a las desapariciones continúan siendo insuficientes y requieren de acciones coordinadas y atención a víctimas.

En los últimos catorce años, la señora María y su familia se han dedicado a la búsqueda de sus hijos; formaron el Colectivo de Familiares en Búsqueda María Herrera y posteriormente la Red de Enlaces Nacionales, integrada por más 167 Colectivos de Búsqueda en todo el país.

En junio de 2011, María Herrera reclamó al entonces presidente Felipe Calderón, durante los llamados ‘Diálogos de Chapultepec’, que el número de desaparecidos ya superaba las 12 mil 600 personas en México.

Le dijo: “Mis hijos son personas honestas y trabajadoras y fueron víctimas de esta guerra. Como ellas, existen miles, algunas organizaciones no gubernamentales han documentado hasta tres mil. Yo siento que son más”.

La presentación del caso ante la CIDH ocurre en un contexto donde voces en el poder han intentado deslegitimar y poner en duda la labor de este organismo internacional; sin embargo, la petición presentada por María Herrera da cuenta de la vigencia y necesaria acción de la Comisión, dijo el Centro Prodh.


Este texto es propiedad de Animal Político y lo reproducimos con su autorización. Puedes leer el original en este enlace 

Localizan los cadáveres de tres desaparecidos en supuesto accidente en Quechultenango

Texto: Jesús Guerrero

Fotografía: Óscar Guerrero 

Chilpancingo

 

Un funcionario de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Guerrero (CDHEG) y dos personas que lo acompañaban, los tres reportados como desaparecidos, fueron hallados muertos en el fondo de un barranco tras sufrir un presunto accidente vehicular en el municipio de Quechultenango.

Se trata del encargado de despacho de la dirección de recursos humanos de la CDHEG, Adolfo Aparicio Bello, así como Efrén Barrios Cárdenas y Pedro Romero Sotelo.

Dos de ellos fueron hallados en el interior de la camioneta Toyota, tipo Hilux, color gris y, el otro cadáver, a escasos metros del vehículo en el fondo de un barranco.

Este lunes, familiares y amigos de los tres desaparecidos cerraron la Autopista del Sol a la altura del kilómetro 272, en el punto conocido como el Parador del Marqués, para exigir al gobierno de la morenista, Evelyn Salgado Pineda, reanudar la búsqueda que según los manifestantes en forma inexplicable la habían suspendido.

Por la presión de los manifestantes, casi a la una de la tarde de este lunes, la Fiscalía General del Estado (FGE), policía estatal y Guardia Nacional reiniciaron la búsqueda en Quechultenango, municipio controlado por el grupo del crimen organizado denominado Los Ardillos.

La mamá de Aparicio Bello contó que la última vez que entabló conversación telefónica con su hijo fue a las 05:25 de la tarde del viernes 28 de octubre, quien avisó que ya venía de regreso a Chilpancingo.

La FGE y la CDHEG dieron a conocer este domingo 30 de octubre que el rastro de Aparicio se había perdido en las inmediaciones de la comunidad de Santa Cruz, municipio de Quechultenango.

Esta localidad enclavada en un cerro está ubicada a máximo 20 minutos de la cabecera de Quechultenango.

Para llegar a esta localidad se transita por una carretera con tramos pavimentados y otros de terracería, con muchas curvas.

La versión que contó la mamá de Aparicio Bello es de que desde hace cinco meses después del fallecimiento de su esposo, su hijo le ayudaba con los trabajos de una empresa de madera, ubicada en una colonia de Chilpancingo.

«No te preocupes mamá, yo en mis ratos libres voy a hacerme cargo de la empresa», le dijo Aparicio a su mamá.

En el 2021, Aparicio Bello participó en el proceso interno de Morena como aspirante a la candidatura a la alcaldía del municipio de Copala.

En mayo del 2021, Cecilia Narciso Gaytán fue designada por el Congreso local como presidenta de la CDHEG y semanas después nombró a Aparicio Bello como encargado de despacho de la Dirección de Recursos Humanos.

Las autoridades estatales informaron que personal de la FGE, Protección Civil, Comisión Estatal de Búsqueda y la Guardia Nacional realizaron las labores de rescate de los tres que habrían muerto en un accidente.

Sin embargo, el gobierno reconoce que todavía no están establecidas las causas del accidente.

Hace exactamente un mes se reportó la desaparición de la Oficial Mayor del Ayuntamiento, Alma Yadira Astudillo, quien dos días después fue hallada muerta dentro de su automóvil, supuestamente se desbarrancó, también en territorio de Los Ardillos.

 

Uno de los tres era desplazado por violencia

 

El Centro de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón dio a conocer que Pedro Romero Sotelo, uno de los tres desaparecidos y hallado muerto, era un desplazado de la violencia del municipio de Leonardo Bravo.

Romero Sotelo y su familia, al igual que cientos de personas, fueron expulsados de la comunidad Campo de Aviación por un grupo armado de supuestos policías comunitarios vinculados con el grupo de Los Tlacos.

Esto ocurrió en noviembre del 2018 y las familias se refugiaron en la cabecera de Chichihualco, en donde hasta la fecha reciben apoyo oficial a cuentagotas por parte de los gobiernos federal y estatal.

«Nosotros sabíamos que Pedro (Romero Sotelo) se venía de Chichihualco a trabajar a Mochitlán y a Quechultenango», dijo una fuente del organismo.

A casi cuatro años de que las 1,800 personas fueron expulsadas de al menos seis comunidades de esa parte de la Sierra varias de ellas han fallecido en diversas circunstancias; unos por enfermedades y otros asesinadas.

Sociedad civil organiza ofrenda para visibilizar el problema de los desaparecidos en México

Texto: José Miguel Sánchez

Fotografía: Oscar Guerrero

Chilpancingo

 

Ciudadanos de Chilpancingo realizaron una ofrenda en el Monumento a Las Banderas para concientizar y visibilizar el problema de las desapariciones en México.

La iniciativa fue de una familia que no quiso dar nombres; dijeron preferir el anonimato y evitar protagonismos.

«La intención es que todas las personas que tengan un desaparecido vengan a colocar su foto, para visibilizar el problema y podamos concientizar a la sociedad», mencionó una de las organizadoras.

Está ofrenda la realizaron en el contexto del Día de Muertos, que se celebra el 1 y 2 de noviembre.

La ofrenda fue colocada en las escalinatas del Monumento a las Banderas, al sur de la ciudad, sobre la Avenida Lázaro cárdenas.
La familia decoró con flores de cempasúchil, pan de muerto y velas, además de una lona que decía: «en memoria de todos los desaparecidos de México».

La idea de esta ofrenda fue porque, según contó la familia, ellos tienen una persona desaparecida y en memoria de él y para visibilizar el problema de las desapariciones es que surgió la idea de realizar la actividad, una idea de tipo familiar, pero abierta para todas las personas que se quieran sumar.

«Esto es un homenaje, pero al mismo tiempo una protesta para decir que ya no queremos este problema (de las desapariciones) y demostrar que somos más los buenos», mencionó una de las organizadoras de 91 años.

«La invitación a participar en esta ofrenda es para todos, nosotros de manera anónima, queremos poner nuestro granito de arena para que haya paz», mencionó la mujer de 91 años.

La ofrenda estará hasta mañana 1 de noviembre; y está abierta para que todas las personas que tengan un familiar, amigo o conocido desaparecido lleven una foto.

En México, de acuerdo con datos de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas y de la Secretaría de Gobernación, desde 1970 hasta junio del 2022, hay un registro de 100,000 personas desaparecidas.

Para dimensionar el problema, Amnistía Internacional, una organización de derechos humanos, advierte que se deben comparar cifras con otros países para ver la magnitud del problema.

«Las cifras mexicanas exigen comparaciones foráneas, aunque sea para entender la forma del conflicto. Así, por ejemplo, Colombia cuenta poco más de 99,000 desaparecidos desde 1970, principalmente por el conflicto entre guerrillas y grupos paramilitares que vivió el país. En Argentina, la dictadura militar (1976-1983) dejó alrededor de 30,000, según cuentas de organizaciones no gubernamentales. Y en Guatemala, las tres décadas de conflicto y represión gubernamental a finales de siglo pasado dejaron 45, 000», se lee en un informe de Amnistía Internacional.

Con bloqueo en la Autopista del Sol, familiares de tres desaparecidos lograron que FGE inicie búsqueda

Texto: Redacción

Fotografía: Oscar Guerrero

Chilpancingo

Familiares de un empresario y dos de sus trabajadores que desde el pasado viernes están desaparecidos en el municipio de Quechultenango lograron con un bloqueo en la Autopista del Sol que el gobierno de la morenista Evelyn Salgado Pineda reiniciara su búsqueda por tierra y aire.

«No han buscado nada», afirmó la madre de Adolfo Aparicio Bello, quien forma parte de una empresa familiar que se dedica a la venta de madera y que junto con los trabajadores Efrén Barrios Cárdenas y Pedro Romero Sotelo no fueron localizados por la Fiscalía General del Estado (FGE).

Ante la inacción de las autoridades del gobierno de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, los familiares de las víctimas cerraron el carril norte sur de la Autopista del Sol. Aparicio Bello quien fue precandidato morenista para la alcaldía del municipio de Copala en el 2021 es encargado de despacho de Recursos Humanos de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Guerrero (CDHEG).

La versión que contó la madre del empresario y funcionario de la CDHEG) es de que la última vez que se supo de su hijo fue a las siete con 25 minutos de la noche cuando se dirigía del municipio de Quechultenango hacia Chilpancingo.

«A las siete 25 me habla que ya viene de regreso a Chilpancingo pero no llega en toda la noche», afirmó la mamá.

Mencionó que la misma noche del viernes, cuando vieron que su hijo no aparecía se organizaron para ir en su búsqueda pensando que a lo mejor se había quedado varado en la carretera derivado de la ponchadura de una llanta de su camioneta. «Fuimos a buscarlo y preguntamos a la gente si no habían visto la camioneta de mi hijo y todos me decían que no habían visto nada», explicó.

Contó que su hijo ( Aparicio Bello) desde hace cinco meses se hizo cargo del negocio familiar luego de que su esposo murió.

«No te preocupes mamá, yo en mis ratos libres te voy ayudar», le dijo Aparicio a su mamá, según la versión de ella. Al sitio donde se realizó el bloqueo en el carril norte-sur de la vía de cuota llegó la presidenta de la CDHEG, Cecilia Narciso Gaytán.

También arribó al lugar el director de Gobernación del Estado de Guerrero, Francisco Rodríguez Cisneros, quien pidió a los manifestantes que desbloquearan la vía. A uno 20 metros, donde estaba la protesta, llegaron unos 50 policías estatales antimotines.

Los familiares denunciaron que apenas hasta este domingo la FGE inició la búsqueda de los tres desaparecidos pero muy tarde.

«Hoy lunes todavía no reiniciaron la búsqueda y por eso decidimos protestar en la Autopista del Sol», dijo la familiar de otro de los desaparecidos.

Los familiares exigían la presencia de la titular de la FGE, Sandra Luz Valdovinos Salmerón, pero ella nunca llegó porque Rodríguez Cisneros les dijo que la fiscal estaba en Acapulco.

«Aquí la esperamos», le dijeron los manifestantes a Rodríguez.

Cerca de la una de la tarde, se les informó a los familiares que la Guardia Nacional y Policía Estatal reiniciarían la búsqueda por tierra y aire.

Según la FGE, el funcionario de la CDHEG y sus dos trabajadores habrían desaparecido en la comunidad de Santa Cruz, ubicada entre 15 y 20 minutos de la cabecera municipal de Quechultenango.

Este poblado está en lo alto de un cerro y por las noches se vuelve inaccesible por la neblina.

Los familiares decidieron bloquear la Autopista en forma intermitente al enterarse de que se reiniciaba la búsqueda.

Quechultenango, donde desde el pasado viernes están desaparecidos los tres hombres, es un municipio bajo control del grupo del crimen organizado (se denomina crimen organizado a las organizaciones articuladas con agentes estatales) .

Aquí en esta zona de Guerrero nada se mueve sin la autorización de los hermanos Celso e Iván Ortega Jiménez, líderes de esta organización criminal.

En agosto 35 denuncias por desaparición de personas

Texto: Beatriz García

Fotografía: Oscar Guerrero

Chilpancingo

 

En agosto, la escalada de desaparecidos en Guerrero continuó como en los últimos meses.

La Fiscalía General del Estado (FGE) recibió 35 denuncias de desaparición, casos por las que se emitieron alertas Alba y Amber, para mujeres mayores de edad y niñas y niños menores de 18 años.

De las 35 denuncias que familiares interpusieron durante agosto de este 2022 para pedir la localización de sus seres queridos, hubo alertas Violeta, un protocolo empleado recientemente dirigido para la desaparición de mujeres que se activa con una denuncia a través del número de emergencias 911. De las que se activaron 16 durante este mes que está por cerrar: 16 mujeres desaparecidas, de las cuales 13 aparecieron, sin que las autoridades informaran en qué condición.

Familiares de ocho menores de edad, de igual manera, interpusieron denuncia por igual número de desaparecidos, de los cuales cinco fueron localizados.

Además se activaron dos Alerta Alba, es decir dos familias interpusieron denuncia por la desaparición de dos mujeres mayores de edad y por otros ocho hombres mayores de edad, por quienes las FGE activó las fichas Has visto a; dos de éstos aparecieron, tampoco difundieron en qué condiciones.

Agosto del 2022 rebasó por dos el número de desaparecidos en relación al agosto de un año anterior, que tuvo un registro de 32 desaparecidos. Pero agosto del 2021 registró esa cifra con desaparecidos por los que sus familiares presentaron denuncias formales y denuncias que solo se hicieron vía redes sociales.

Entonces, es probable que agosto de este año la cifra sea mayor a 35, si se contemplaran los desaparecidos por los que sus familiares pidieron ayuda para su localización vía redes sociales.

En menos de 20 días, durante agosto, desaparecen un menor y una menor en Chilapa

El 14 de agosto, familiares de María de Jesús Antonio Rodríguez, de 16 años, supieron por última vez de su familiar.
Los familiares supieron que ese domingo estuvo en el zócalo de la cabecera municipal, de acuerdo con información que publicaron vía Facebook y la ficha Alerta Amber que se emitió después de que interpusieron su denuncia ante el Ministerio Público.

No se sabe qué ropa o zapatos portaba el día que desapareció, pero los familiares informaron a las autoridades que la menor es delgada, tiene el cabello negro lacio, cejas semipobladas, ojos grandes y labios delgados. Además tiene un tatuaje de corazón en la mano izquierda, otro más de un rosario en el tobillo derecho y un lunar en el cuello.
María de Jesús sigue desaparecida.

Jesús Manuel García, de 17 años, desapareció 22 días después que María de Jesús, también en la cabecera municipal de Chilapa. Sus familiares también interpusieron una denuncia ante el Ministerio Público, además pidieron ayuda a la población mediante Facebook.

El menor es estudiante del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep) de Chilapa.

El 26 de agosto, la última comunicación que tuvo con sus familiares fue a las ocho de la noche y dijo que ya iba para su casa, pero nunca llegó. Sigue desaparecido.

Jesús Manuel como señas particulares tiene una cicatriz en la mejilla derecha y tiene brakets. Es delgado, su cabello es negro lacio, cejas pobladas, nariz grande y labios gruesos.

Julio cerró con 22 desaparecidos

Un mes antes, en julio, de acuerdo con el recuento mensual que hace este medio mediante los reportes de familiares de desaparecidos en denuncias formales, en medios de comunicación y en redes sociales, el mes cerró con 22 desaparecidos.
En julio del 2021 este medio registró 50 desaparecidos, que cuentan con denuncias formales y otros con denuncias vía redes sociales, es decir, 28 desaparecidos más que este 2022.

El panorama de este año sigue igual para cientos de familias en el estado, situación que los lleva a buscar sus propios mecanismos de búsqueda y justicia.

El 25 y 26 de julio pasado en Chilpancingo, por ejemplo, en el Centro Cultural Zanate Azul se reunieron integrantes del Colectivo de Familiares de Personas Desaparecidas María Herrera y del Colectivo Familiares en Búsqueda Lupita Rodríguez Narciso, quienes participaron en la Caravana Nacional Narrativas y Memorias de la Desaparición en México.

Esta actividad la realizó el Colectivo de Puebla Técnicas Rudas, en articulación con Amapola. Periodismo transgresor.

De los desaparecidos de julio, sólo localizaron a ocho

De los 22 desaparecidos documentados por este medio, 14 están sin ser localizados; ocho fueron localizados según las fichas emitidas por la FGE, sin que difundieran sus condiciones al momento de la localización.

En julio, en comparación con las denuncias formales de agosto, fueron menos desaparecidos entre denuncias formales y por redes sociales, pero también fueron menos los localizados.

En una desglose de los datos que Amapola. Periodismo transgresor registró sobre las y los desaparecidos de julio, el panorama queda así: el mayor número de reportes de desaparecidos se dio mediante la línea telefónica Locatel, por la que se emitieron nueve fichas de seis mujeres y tres hombres de entre cuatro y 80 años, de ellos, seis fueron localizados.

En la FGE, familiares de cinco hombres mayores de edad interpusieron una denuncia formal, por los que se activó la ficha Has visto a, los desaparecidos tienen entre 18 y 45 años. Todos siguen sin ser localizados.

En julio cuatro menores de edad desaparecieron en Guerrero y sus familiares interpusieron una denuncia formal que activó cuatro fichas por su desaparición y que circularon principalmente en redes sociales. Dos de ellas siguen desaparecidas.

Dos mujeres más, pero mayores de edad, también desaparecieron en julio; por ambas hay una denuncia formal ante las autoridades ministeriales y circulan sus fichas de la Alerta Alba. Ambas siguen sin ser localizadas.

Por una mujer desaparecida junto con su hijo se activó la alerta Violeta. Se trata de Liliana López de la Cruz, de 23 años, quien desapareció el pasado 31 de julio en Ometepec, junto a su hijo Fabián Victoriano López, de dos años. Ninguno ha sido localizado.

La Alerta Violeta es un protocolo estatal que fue activado el 18 de julio día que lo presentaron autoridades locales.

Así quedaron las cifras de desaparición en junio.

En junio, en el puerto, las manifestaciones y bloqueos fueron constantes para exigir búsquedas de desaparecidos.

Luego de la desaparición en mayo de Yoselín Patricio Vendrel, de 16 años, sus familiares bloquearon la Autopista del Sol para presionar a las autoridades. La joven fue localizada con vida.

Mayo, de acuerdo con el recuento de este medio, cerró con 56 víctimas de desaparición entre hombres y mujeres adultos y menores de edad.

En junio dos veces se replicaron los bloqueos. El 5 de junio, familiares de Andrés Ayala Silva, quien también tiene el apodo de Sexy Lola dentro de la lucha libre, bloquearon el bulevar Vicente Guerrero, después de que desapareció un día antes cerca de las cuatro de la tarde, después de salir de su trabajo como mesero en un restaurante de la Isla Roqueta, de acuerdo con lo documentado en los medios.

Ese mismo día hubo otro bloqueo en la avenida Escénica de familiares y amigos de Clemente Mejía Ávila, de 75 años, quien desapareció el 31 de mayo de este año.

El adulto mayor desapareció después de salir de su casa en Cumbres de Llano Largo, en el puerto, rumbo a sus labores de campo. No hay indicios de su paradero.

Familiares de desaparecidos consideraron que sólo con la presión social las autoridades gubernamentales responden.

 

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Con un tendedero familares de personas desaparecidas exigen su aparición

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Fotografía: Oscar Guerrero

Chilpancingo

 

El Colectivo de Familiares en Búsqueda María Herrera, de Chilpancingo, en el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada, marcharon y montaron un tendedero con las fotos de sus familiares desaparecidos para exigir su aparición con vida.

La marcha comenzó en la Alameda Granados Maldonado y recorrió el andador Emiliano Zapata, en el centro de Chilpancingo.

Afuera de la Catedral Santa María de la Asunción, Gema Antúnez Flores, representante del Colectivo, leyó un posicionamiento a nombre de los integrantes, donde denunció a las autoridades por su omisión al problema de la desaparición.

«Las autoridades han sido omisas y no dan respuesta a las exigencias, la desaparición forzada es catalogada como crimen de lesa humanidad y Guerrero ocupa uno de los primeros lugares de desaparición forzada en el país», mencionó.

Una de las exigencias del colectivo es la creación de un banco de datos para identificar de una manera más eficiente los cadáveres que llegan al Servicio Médico Forense (Semefo).

El Colectivo María Herrera lo conforman 80 familias con al menos un integrante desaparecido.

Antúnez Flores pidió una reunión directa con la gobernadora Evelyn Salgado Pineda para que escuche de manera personal sus demandas.

Reconoció la apertura de muchos funcionarios al tema de la desaparición pero creen necesario que Salgado Pineda sepa de sus peticiones.
«Hacemos un llamado a la gobernadora para que nos reciba. Ya nos canceló tres citas y queremos que nos escuche personalmente como cabeza principal del estado», dijo la activista.

A los grupos del crimen organizado que desaparecen personas les pidieron no enterrar los cadáveres de las personas que asesinan.

«Si algo les hicieron, con quitarles la vida, creo yo, es suficiente, que necesidad de enterrarlos para que sus familias no los hallen».

«Para los familiares es un infierno vivir día con día sin saber nada de nuestros seres queridos».

En el acto llamaron a la sociedad a no ser indiferente a la problemática de la desaparición y les pidieron ser empáticos.

De acuerdo con la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas, en México hay más de 100,000 desaparecidos, de las cuales 75,000 son hombres y 15,000 mujeres.

«Nada nos ha detenido ni nos detendrá por buscar a nuestros familiares porque en nuestra mesa hay una silla que los está esperando».

Después del mitin colocaron un tendedero con las fotos de personas desaparecidas y posteriormente entraron a una misa a la Catedral Santa María de la Asunción.

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Texto: José Miguel Sánchez

Fotografía: Oscar Guerrero

Chilpancingo

 

El Colectivo de Personas Desaparecidas Lupita Rodríguez Narciso, un grupo de madres y padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa, junto con estudiantes, protestaron en la Fiscalía General del Estado (FGE) para exigir justicia y atención a los casos de sus familiares.

Durante la protesta, afuera de la FGE, salió la fiscal del estado, Sandra Luz Valdovinos Salmerón, con ocho guardaespaldas a su alrededor, a buscar diálogo con los manifestantes.

Durante su salida, normalistas de Ayotzinapa gritaban consignas.

Valdovinos Salmerón se acercó a los estudiantes y acarició a uno de ellos en la cara, mientras decía, «quiero que sepas que estoy para apoyarte».

Los normalistas no respondieron a la fiscal y continuaron gritando consignas.

Los integrantes del Colectivo Lupita Rodríguez se negaron a dialogar con la fiscal porque lo consideraron una falta de respeto que en este día conmemorativo y en medio de una manifestación busque el diálogo.

«Por respeto a nuestro compañeros normalistas y a los padres y madres de los 43 y por respeto a nuestro dignidad no vamos a hablar con la fiscal, es su trabajo y tiene todo el tiempo del mundo para atendernos, porque solo cuando nos manifestamos y es un día conmemorativo se acerca a nosotros», mencionó Molina Rodríguez.

Al término de la manifestación, Valdovinos Salmerón comentó que trata de atender los problemas de la fiscalía, uno a la vez.

«No voy a resolver un problema de 10 años en ocho meses», mencionó la fiscal.

La manifestación se realizó en el marco del Día Internacional de la Desaparición Forzada

El contingente encabezado por el hijo de Lupita Rodríguez, David Molina Rodríguez, dijo que en la entidad hay un estimado de unos 5,000 desaparecidos.

El activista señaló que el colectivo optó por rechazar las invitaciones de las instituciones de gobierno, puesto que no se trata de celebrar el día.

Agregó que existe un distanciamiento con la FGE porque no hay apertura al diálogo con la fiscal ni sus funcionarios.

De 2018 a la fecha, el Colectivo halló 180 cadáveres, los cuales ya fueron entregados a sus familiares.

El colectivo se fundó el 23 de septiembre de 2016 y primero era encabezado por Guadalupe Rodríguez Narcizo, quien falleció en agosto del 2021.

Otra de las exigencias del Colectivo es que el Congreso local homologue y apruebe la Ley de Declaración de Ausencia, para que los familiares de desaparición tengas acceso a apoyos sociales y reconocimiento.

«Conmemoramos un día que no tendría que existir»

Durante un acto de conmemoración por el Día Internacional de las Víctimas de la Desaparición Forzada Ema Mora Liberato, presidenta de la asociación Familias de Acapulco en Búsqueda de sus Desaparecidos, dijo frente a autoridades que por irresponsabilidad del Estado es que existen personas desaparecidas.

«El Estado nos falló y nos vemos en la necesidad de conmemorar un día que no tendría que existir», mencionó Mora Liberato frente a la fiscal general del estado.

En el marco del día Internacional de las Víctimas de la Desaparición Forzada, la Fiscalía General del Estado (FGE), la Cruz Roja Mexicana, la Secretaría de Salud, y el Servicio Médico Forense (Semefo) realizaron una ofrenda floral en el Cementerio Estatal Forense.

Al acto asistieron como invitados integrantes de la asociación Familias de Acapulco en búsqueda de sus desaparecidos.

Durante su participación, Mora Liberato dijo que la construcción de un cementerio estatal es un avance para las familias de las víctimas pero que eso no resuelve el problema.

«Este cementerio no nos da una respuesta para evitar la desaparición de personas, necesitamos saber quiénes están ahí y que tengan una identidad», mencionó.

También le pidió a la fiscal del estado, Sandra Luz Valdovinos Salmerón, que sus funcionarios se apeguen a los protocolos y respeten el dolor de las víctimas.

«No se olviden que tienen un puesto derivado de una necesidad».

Mora Liberato explicó que muchas veces les entregan cadáveres incompletos y cuando son completos no todas las partes pertenecen a uno mismo.

Por lo que pidieron entregas de cadáveres dignas para las familias de las víctimas y que dejen de apilarlos en bolsas de basura sin algún registro.

«Sin algún protocolo ni tacto, en el Ministerio Público nos dicen que nuestro familiar ya está en Semefo y que vayamos por él, esas palabras nos laceran».

Exigió también los apoyos que por ley les deben otorgar como víctimas indirectas, ya que explicó que muchos familiares por las búsquedas se quedan sin empleo y quedan vulnerables.

Durante la participación, la fiscal general dijo que no puede influir en las desapariciones ni en las mentes de quienes las cometen.

“Es un hecho que no podré cambiar, el que sigan desapareciendo personas, o que no pueda influir en la mente malvada de un ser humano”, mencionó Valdovinos Salmerón.

Lo que sí puede hacer, dijo, es brindar apoyo para la localización de sus seres queridos.

Personal del Semefo informó que en el cementerio estatal hay un total de 673 cadáveres sin identificar, de los cuáles, en los últimos seis años, identificaron solamente ocho.

La cifra del total de cadáveres sin reclamar en todo el estado asciende a 680.

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Hermano de desaparecido hace 16 años acusa a Fiscalía de perder expediente

Texto: Amapola Periodismo

Fotografía: Oscar Guerrero / Archivo

Chilpancingo

Nicolás Remigio Rojas, quien desde hace 16 años exige a las autoridades la localización de su hermano desaparecido en Chilpancingo, denunció que ahora la Fiscalía General del Estado (FGE) le informó que el expediente del caso se extravió.

Rogelio desapareció el 19 de octubre del 2006. El último día que su hermano Nicolás tuvo contacto con él le dijo que iba a Mazatlán, ubicado a 15 minutos de Chilpancingo, a un asunto de trabajo, pero desde ese día perdió contacto con él.

En los días posteriores Nicolás le marcó por teléfono varias veces a su hermano, pero nunca le respondió; después una mujer, compañera de él, le contestó y le dijo que Nicolás dejó su celular y que sólo se llevó la motoneta.

Entonces presentó la denuncia por la desaparición de su hermano ante la Agencia del Ministerio Público del Fuero Común de Chilpancingo.

Según contó Nicolás entregó “información valiosa” para facilitarle el trabajo a la Agencia del Ministerio Público y la investigación y localización de su hermano avanzara, pero no hubo avances.

En el 2007 presentó una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos y en el 2008 el organismo emitió una recomendación a las autoridades, pero todo siguió igual, el caso siguió estancado.

En el 2009, a petición de Nicolás, la Agencia del Ministerio Público remitió la averiguación previa a la Agencia de Delitos Graves de la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado (hoy Fiscalía General del Estado), para que continuaran en esa instancia la investigación.

Allí, el hermano del desaparecido se topó con la misma omisión, no hubo avances, entonces comenzó a solicitar copias del expediente de la averiguación previa, pero no se las facilitaron.

Contó que, desilusionado, en el 2012 dejó de darle seguimiento al caso; “me sentía cansado, me traían en la misma situación y solamente iba a preguntar, de vez en cuando, si había algún avance, pero la respuesta era la misma: que estaban haciendo lo conducente”, pero en los hechos, dijo, todo seguía igual.

A partir del 2016 volvió a estar más al pendiente del caso; acudía con regularidad a la Agencia de Delitos Graves a pedir informes.

De pronto, un día, le dijeron que no tenían antecedentes de la averiguación previa, que debía estar en la Agencia del Ministerio Público, donde se radicó la denuncia.

Se justificaron que las investigaciones no avanzaban porque no tenían el expediente, que ni si quiera contaban con el número del registro, “seguramente porque ya habían pasado muchos titulares”, le argumentaron.

Entonces, Nicolás Remigio regresó a la Agencia del Ministerio Público para que le confirmaran si habían radicado el expediente a la Agencia de Delitos Graves y le respondieron que sí.

El hermano del desaparecido aceptó que está seguro que la Agencia del Ministerio Público envió la averiguación previa a Delitos Graves, y solicitó cuando menos el número de registro para mostrarle al titular de Delitos Graves que sí le habían enviado el expediente.

Sin embargo en el Ministerio Público le respondieron que ya no tenían el acuse de recibido, aunque le explicaron debía estar en el libro de gobierno.

Para documentar el trámite Nicolás después solicitó por escrito tanto el Ministerio Público como a Delitos Graves copias del expediente y un informe del estado procesal de la averiguación, en razón de que ya había transcurrido mucho tiempo.

El titular de Delitos Graves respondió que no era posible atender su petición porque no tenía antecedentes de la averiguación y el de la Agencia del Ministerio Público reiteró que la envió a Delitos Graves.

Derivado de ambas respuestas, el hermano del desaparecido promovió un amparo en octubre del 2021 por omisión a su solicitud y para que se obligara a los dos titulares a entregarle el expediente pero la respuesta a la autoridad federal fue la misma que le dieron a él.

Con base a esa respuesta la autoridad federal resolvió que “no ha lugar a concederle el amparo al quejoso Nicolás Remigio Rojas, debido a que no existe el acto reclamado”.

Casi 16 años después, Nicolás reprochó: “cómo es posible, en el expediente está toda la información con datos confidenciales que yo les proporcioné, eso no puede estar pasando”.

Recientemente, con el acompañamiento de David Molina, del Colectivo Lupita Rodríguez, solicitaron una audiencia con la fiscal Sandra Luz Valdovinos Salmerón pero sólo los recibió el vicefiscal de investigación, Ramón Celaya Gamboa.

Le reclamó a Celaya Gamboa que no puede ser posible que después de mucho tiempo le salgan con que se perdió el expediente con toda la información que les proporcionó y de su hermano siga sin tener indicios de su paradero.

Celaya Gamboa le prometió que van a instalar una mesa de trabajo para revisar el asunto, pero denunció que no se ha realizado a pesar de que el funcionario le aseguró que sería “lo más pronto posible” y le prometió que participarían peritos “para ver cómo se tiene que reiniciar a trabajar”.

Durante el seguimiento del caso de su hermano, Nicolás se enteró que a pesar de que en la región Centro es donde más se denuncian las desapariciones, los ministerios públicos sólo reciben las denuncias pero no realizan las investigaciones.

Dijo que tiene datos que indican que desde el 2006 cuando desapareció su hermano, se han consignado con detenidos sólo dos casos pero que “se les cayeron los asuntos al Ministerio Público por falta de pruebas”.

De tal forma que, aseguró, actualmente no hay un solo sentenciado por desaparición de personas.

 

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Bloquearon más de seis horas vía federal para exigir presentación con vida de un profesor en Guerrero

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Texto: ​Jesús Guerrero

Fotografía: Especial

Chilpancingo

 

Familiares y amigos del profesor Román Hernández Gallardo bloquearon seis horas la carretera federal Acapulco-Pinotepa Nacional, Oaxaca a la altura de la localidad de Cruz Grande, para exigir su presentación con vida.

El maestro de educación física, vecino de la comunidad de Pico del Monte, municipio de Florencio Villarreal (Cruz Grande) desapareció el pasado 8 de julio.

La última vez que Hernández Gallardo tuvo contacto vía telefónica con su esposa fue la tarde del 8 de julio cuando dijo que venía pasando la localidad del Bejuco, del municipio de Acapulco a bordo de su automóvil, un Ford, tipo Focus, del año 2010.

El profesor venía de Acapulco en donde laboraba en la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco (Capama).

«El venía a la comunidad a reunirse con su familia pero ya no tuvimos noticias de él cuando dijo que venía por El Bejuco», señaló Adriana Hernández Gallardo, hermana del profesor desaparecido.

Denunció que lo único que hizo la Fiscalía General del Estado (FGE) fue activar en su plataforma digital la notificación oficial de su desaparición

«Lo único que nos han dicho en la Fiscalía es de que el vehículo que conducía mi hermano no ha salido de Acapulco», afirmó la hermana del docente.

Los familiares, amigos y vecinos del profesor desaparecido cerraron la vía federal a las nueve y media de la mañana y abrieron el paso a las tres de la tarde después de que un enviado del gobierno estatal dialogó con ellos.

«Estamos pidiendo el apoyo de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda porque hasta el momento no vemos nada que haga la Fiscalía», señaló la hermana del profesor.

El docente desaparecido imparte clases en una escuela secundaria de la comunidad de Pico del Monte.
Aunque recientemente el gobierno municipal de Acapulco le asignó un cargo en la Capama.

Los familiares advirtieron que en caso de que no les den una respuesta satisfactoria volverán a cerrar esta vía federal a pesar de que nuevamente sean amenazados por la Guardia Nacional de ser desalojados por la fuerza.

«No es justo que mi hermano tenga 18 días de desaparecido y la Fiscalía no haga su trabajo», dijo la hermana de profesor que no aparece.

Durante las seis horas de bloqueo total de la carretera, cientos de vehículos se quedaron varados.

 

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Texto: José Miguel Sánchez

Fotografía: Oscar Guerrero

Chilpancingo

 

Durante el conversatorio Narrativas y memorias de la desaparición en Guerrero, Colectivos de familiares de personas desaparecidas denunciaron los riesgos a los que se enfrentan, la omisión de los tres niveles de gobierno, a demás del desgaste físico, emocional y económico que viven durante la búsqueda de sus seres queridos.

El Colectivo de Familiares de Personas Desaparecidas María Herrera y el de Familias en Búsqueda Lupita Rodríguez Narciso coincidieron en la falta de presupuesto para atender a las víctimas de personas desaparecidas, en la falta de protocolos para investigar los casos de desaparición y en el peligro que implican las búsquedas en fosas clandestinas.

En el conversatorio las integrantes de los colectivo contaron las condiciones en las que realizan sus labores de búsqueda y las dificultades a las que se enfrentan en su lucha por visibilizar la problemática de los desaparecidos.

“Cuando buscamos cuerpos en fosas clandestinas nunca es cerca, caminamos siempre entre ocho y 10 kilómetros solo para que los grupos de la delincuencia nos amenacen con disparos al aire, pero eso nunca nos ha detenido”, comentó durante el conversatorio Ivon Álvarez Gil del colectivo Lupita Rodríguez.

Álvarez Gil busca a su hermano, Juan Álvarez Gil, desaparecido el 5 de julio del 2013, secuestrado por un grupo de civiles armados en las calles de Chilpancingo, para ella la búsqueda de su hermano es un compromiso que hizo con su madre, que falleció hace cinco años. “Mi madre se fue y no le pude cumplir la promesa de regresarle a su hijo”, contó con la voz entre cortada.

Gema Antúnez Flores, del colectivo Lupita Rodríguez, también abordo el tema de las búsquedas.

“Como familiares nos enfrentamos al clima, a los grupos criminales, muchos recibimos amenazas de esos grupos, pero lo que nos mueve es algo más grande, es el amor por nuestros familiares y por eso nunca nos hemos detenido”.

El conversatorio se realizó en el marco de la Caravana Nacional Narrativas y Memorias de la Desaparición en México, capitulo Chilpancingo, donde a demás del conversatorio se realizó una muestra colectiva de carteles, un concierto y un taller para los familiares de personas desaparecidas.

Otro de los temas que se abordaron durante el conversatorio fue el papel de las instituciones gubernamentales y como hacen caso omiso a la problemática.

En el caso de Guerrero, de parte de la administración morenista de Evelyn Salgado Pineda, los colectivos contaron sobre la falta de apoyos que hay hacía su labor.

Gema Antúnez contó que desde el comienzo de la administración, en octubre del 2021, buscan una reunión con la gobernadora pero siempre que agendan les cancelan de último minuto.

Lo único positivo que lograron en esta administración es la apertura al diálogo con la fiscal general Sandra Luz Valdovinos, quien, dijeron, está en la disposición de atender al colectivo María Herrera.

Al respecto, Álvarez Gil mencionó que de parte de su colectivo (Lupita Rodríguez) ya se reunieron con la gobernadora pero no hay acuerdos concretos.

“Es lo de siempre, solo vamos y la gobernadora nos dice que tenemos a disposición a todos los secretarios, pero nosotros no queremos eso, no queremos a un funcionario detrás de un escritorio, queremos que salgan y nos apoyen en nuestras búsquedas”.

Un punto en el que coincidieron los colectivos es en aumentar el presupuesto para los organismos que trabajan directamente con las víctimas y sus familiares, pues denunciaron que las oficinas de la Comisión de Atención a Víctimas (CEAV) en Acapulco no hay ni garrafones de agua para los trabajadores, menos para apoyar y solucionar peticiones de las víctimas y colectivos.

Llamqron a las autoridades a dotar de presupuesto y herramientas como palas, picos y retroexcavadoras para las búsquedas y que queden a disposición de todos los colectivos

En el caso de las fiscalías piden agilizar las investigaciones porque dijeron que los avances que hay en las carpetas de investigación es porque los familiares aportaron todas las pruebas.

Al finalizar el conversatorio Gema Antúnez llamó a los grupos del crimen organizado parar las desapariciones.

“Les preguntamos a todos esos perpetradores, ¿si ya los mataron por qué enterrarlos, que les cuesta dejarlos donde podamos encontrarlos para que sus familias puedan estar en paz”.

Muestra colectiva de cartel

En el marco de la Caravana se realizó la muestra colectiva de carteles Narrativas y Memorias de la Desaparición en México, una serie de 97 carteles creados por artistas de diversos colectivos y universidades que plasmaron su sentir por las desapariciones en el país.

Los carteles tienen la temática de desaparecidos y estará expuesta hasta el próximo viernes en el centro cultural El Zanate Azul, espacio que fue sede de estas actividades.

El evento fue organizado por los colectivos Técnicas Rudas, Amapola periodismo y el Centro de Estudios sobre Infancias y Juventudes en Guerrero (Ceijgro).

Además de la exposición de carteles se realizó un concierto gratuito de los rockeros mexicanos Francisco Barrios, conocido como El Mastuerzo y Arturo Muñoz, Cárcara, quienes cantaron canciones dedicadas a personas desaparecidas.

El Mastuerzo es conocido por formar parte del grupo de rock Botellita de Jeréz, además de ser solidario con diversos movimientos sociales que van desde la Guerra sucia, el levantamiento armado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y actualmente con colectivos de familiares de personas desaparecidas.

Una de las canciones que tocó está dedicada a una sobrina desaparecida durante la guerra sucia.

En el conversatorio tambien participaron la reportera Marlén Castro, de Amapola periodismo y Arturo de Dios, también fundador de este medio nativo digital.

Castro y De Dios señalaron la responsabilidad del Estado en todas las desapariciones registradas en Guerrero, estado en el cual se documento la primera documentación forzada en el país.

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Integrantes de los colectivos de desaparecidos María Herrera y Lupita Rodríguez participan en la Caravana Nacional Narrativas y Memorias de la Desaparición Forzada en México, capítulo Chilpancingo


Texto: Itzel Urieta

Fotografía: Margena de La O

Chilpancingo

 

«Cada día que amanece y salen los rayos del sol, me recuerda tu presencia, tengo la esperanza que algún día llegarás para abrazarme como solías hacerlo. Confieso, te extraño». Se lee a un lado de la fotografía de Josué Molina Rodríguez. Estas palabras las escribió su padre Ignacio Molina.

Josué desapareció el 4 de junio del 2014 en Chilpancingo, desde ese momento su madre Guadalupe Rodríguez Narcizo lo buscó hasta su último aliento. Lupita falleció el año pasado sin encontrar a su hijo Josué. Desde entonces, el colectivo de desaparecidos lleva su nombre.

La historia de Josué se repite en miles de familias guerrerenses que sufren la incertidumbre de no saber nada de sus familiares desparecidos.

Son las cuatro de la tarde del lunes 25 de julio del 2022, familiares integrantes de colectivos comienzan a llegar al Centro Cultural El Zanate Azul, donde se realizó una de las actividades de la Caravana Nacional Narrativas y Memorias de la Desaparición Forzada en México. Una actividad del colectivo de Puebla Técnicas Rudas, en articulación con Amapola periodismo.

Los familiares llegaron en grupo, los colectivos María Herrera y Lupita Rodríguez Narciso, estuvieron presentes.

Para conocerse y presentarse, se realizaron dinámicas de integración en las que los participantes dijeron su nombre, su lugar de origen y el colectivo del que forman parte.

Después de unos minutos de conocerse, y de platicar entre ellos comenzaron con la primera dinámica que consistió en expresar con una palabra, qué significa para ellos búsqueda.

Palabras como, amor, fe, cansancio, fortaleza, angustia, miedo, peligro y alegría fueron las que los participantes mencionaron.

El objetivo de esta actividad fue crear una canción con todas las palabras propuestas por los familiares de personas desaparecidas.

La Caravana Nacional Narrativas y Memorias de la Desaparición en México tiene el objetivo de visibilizar y sensibilizar acerca de la desaparición en México, combatir la criminalización y revictimización de las víctimas de desaparición y de sus familias, lograr que las voces de las víctimas sean escuchadas, generar narrativas contrahegemónicas sobre la desaparición, así como contribuir a un cambio de imaginario sobre la desaparición, las víctimas y los familiares, encaminado a la búsqueda de la verdad, la justicia, la no repetición y la memoria viva.

Como una manera de apoyar a los familiares a sanar el dolor por su familiar desaparecido se realizaron diversas actividades como la creación de un cartel con la imagen de su familiar desaparecido, a partir de la intervención de la fotografía de la persona desaparecida.

Además del cartel, los familiares realizaron un poema a sus desaparecidos, se trabajó en equipo y de acuerdo con Técnicas Rudas, organizadoras del taller, es para que entre colectivos exista comunidad y confianza.

Los carteles realizados fueron colocados en una mampara para su exhibición, la cual estará hasta el día viernes en el centro cultural El Zanate Azul, sede del evento.

Al término del evento y en un círculo las y los integrantes del colectivo expresaron su sentir acerca de las actividades.

“Lo que hicimos hoy es una manera de sacar todo el dolor que llevamos dentro, a partir de nuevos procesos como el arte”, mencionó Gema Antúnez integrante del Colectivo María Herrera.

Ante la voz de ninguna familia buscando sola, ninguna madre buscando sola, el colectivo Técnicas Rudas, el Colectivo de personas desaparecidas María Herrera, el Colectivo de familiares en búsqueda Lupita Rodríguez y la DW Akademie América Latina desarrollaron este proyecto que, a través de la expresión artística, busca informar y sensibilizar acerca de la desaparición forzada en México.

La actividad fue a puerta cerrada para que las victimas tuvieran privacidad, pero hoy (26 de julio) a partir de las 10 de la mañana se realizaran actividades abiertas al público, entre estos un conversatorio, una muestra colectiva de carteles y un concierto con la temática de desparecidos.

La sede del evento es en el centro cultural El Zanate Azul, ubicado en la avenida Miguel Alemán 94 altos, colonia Cuauhtémoc sur.

 

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