Familiares de tres policías desaparecidos protestan en Palacio para exigir su búsqueda

Familiares de tres policías municipales de Pilcaya que están desaparecidos desde hace 15 días protestaron en Palacio de Gobierno para denunciar que el gobierno de Evelyn Salgado Pineda no realiza su búsqueda para localizarlos con vida.

Los inconformes que se instalaron en plantón afuera de la sede del Poder Ejecutivo, dijeron que ellos ya investigaron que los teléfonos celulares de sus familiares están en activo y su ubicación es en el Estado de México.

“Nosotros estamos seguros de que están vivos”, dijo un familiar del policía desaparecido Exael Casarrubias.

El 29 de abril pasado, cuatro policías municipales salieron de Iguala pero ya no llegaron a Pilcaya que es su centro de trabajo.

El 3 de mayo, Víctor Manuel Ávila Victoria, uno de los cuatro agentes desaparecidos fue hallado muerto en la cajuela de un automóvil que estaba abandonado en la carretera federal México-Acapulco.

Entre las pertenencias que le hallaron al policía municipal estaba una credencial de elector de otro de los agentes que están desaparecidos.

Un familiar del agente desaparecido Adán Flores Romero, denunció que desde un principio la Policía Estatal, Guardia Nacional simularon una búsqueda.

Mencionó que la última vez que supieron de Adán fue el 29 de abril a las 17 horas con 20 minutos cuando a través de su teléfono celular dijo que estaba en Iguala y que esperaba a sus tres compañeros para salir a Pilcaya.

“Ya son 15 días de la desaparición (de los policías) no hemos encontrado ninguna respuesta”, señaló el familiar de un agente desaparecido.

“Dice el gobierno estatal que están haciendo la búsqueda con caninos pero la verdad no tenemos evidencia de ello”, externó.

Señalaron que si los teléfonos celulares de los tres agentes siguen activos eso quiere decir que están vivos.

Denunciaron a la alcaldesa panista de Pilcaya Sandra Velázquez Lara de haberse deslindado del caso y que ahora solo se la pasa en “fiestas”.

“La alcaldesa dice que la policía ya buscó lo que tenía que buscar y que ahora busca el gobierno del estado”, señaló la mamá del policía desaparecido Ixael Arón Casarrubias Antonio quien tiene 26 años de edad quien reside en Iguala.

Dijo que el 29 de abril tuvo conversación con su hijo a las 6 y media de la tarde y que hasta las 8 y media de la noche de ese día la aplicación de su whatsapp estaba en activo.

Los familiares denunciaron que después de las 72 horas el gobierno inició la búsqueda de los cuatro policías municipales.

Pidieron al gobierno de Evelyn Salgado que les muestre fotografías de las búsquedas que según están realizando las corporaciones policías y la Guardia Nacional están realizando.

Hasta las 14 horas, los familiares de los tres agentes municipales desaparecidos mantenían su protesta afuera del Palacio de Gobierno en espera de una respuesta de las autoridades estatales.

En Pilcaya municipio ubicado en la zona Norte del estado y que colinda con el Estado de México, se vive una situación de extrema violencia desde el 2021 de que esta zona está bajo control de un grupo delictivo. En agosto del 2021, dos policías estatales murieron y cuatro más resultaron heridos durante un ataque que integrantes de la organización delictiva perpetró contra la entonces alcaldesa panista electa de Pilcaya, Sandra Velázquez Lara cuando a bordo de una camioneta blindada transitaba por la carretera Estado de México-Guerrero. El ataque contra la edil quien resultó ilesa, ocurrió en la zona limítrofe entre Estado de México y Guerrero. Según fuentes del PAN, la edil del PAN quien se reeligió en el cargo, ha recibido ataques y amenazas de la delincuencia organizada porque no se quiere doblegar ante ellos. La panista tiene medidas cautelares con escoltas y un vehículo blindado.

«10 de mayo hay nada que festejar», dicen madres de desaparecidos

Texto: Jesús Guerrero

Fotografía: Oscar Guerrero

10 de mayo del 2022

Chilpancingo

 

Entre las fotografías de desaparecidos regadas sobre el piso sobresalen las letras de una consigna: “10 de mayo, no hay nada que festejar”.

El colectivo de madres En Búsqueda María Herrera, realiza muy temprano una protesta junto el kiosco de la plaza central Primer Congreso de Anáhuac para exigir justicia por sus hijos desaparecidos.

Gema Antúnez Flores, representante de esta organización, señaló que para ellas este 10 de mayo no es un día de regocijo o de alegría.

“Para nosotros este día es de duelo, de dolor”, explicó.

Antúnez Flores lleva once años buscando a su hijo Juan Sebastián García Antúnez quien fue privado de su libertad aquí en Chilpancingo.

Desde las diez de la mañana las madres que tienen a un hijo o hija desaparecido llegaron al zócalo.

Doña Gema llevaba pegada a su cuerpo la fotografía de su hijo desaparecido Juan Sebastián.

“En la mesa de nuestra casa está una silla vacía porque falta esa persona”, señala Gema.

Dijo que para el colectivo En Búsqueda María Herrera, prefirieron protestar aquí en Chilpancingo y no ir a la Ciudad de México para participar en una movilización nacional.

Señaló que en Guerrero y en resto del país no hay justicia para las madres que tienen un hija o hijo desaparecida.

“Se habla de cien mil personas desaparecidas en todo el país y aquí en Guerrero seguramente son miles”, expresó.

Desde que su hijo desapareció Gema ha participado en unas 20 búsquedas en campo y en los penales. Contó que en el 2021, en varias búsquedas que realizaron localizaron restos humanos de ocho personas. «Yo seguiré buscando a mi hijo porque para una madre siempre hay una esperanza para encontrarlo aún de que pasa el tiempo y obviamente se pierde la esperanza de encontrarlo con vida pero muertos los queremos encontrar», expresó la activista.

Aclaró que ellas no buscan a culpables y lo único que quieren es encontrarlos con vida. «Queremos lograr esa paz encontrándolos», añadió. Recordó que en esta lucha que han realizando cientos de madres de Guerrero buscando a sus hijos han fallecido muchas de ellas. Las más recientes son las madres de dos normalistas de Ayotzinapa desaparecidos en Iguala. Y en el 2021, doña Guadalupe Rodríguez Narciso quien fue fundadora de uno de los primeros colectivos de familiares de desaparecidos y asesinados en Chilpancingo. Doña Guadalupe murió de Covid-19 en agosto del 2021. «Esto (de las búsquedas) es muy pesado porque nos exponemos a muchos peligros», aseveró.

Busca a su mamá

Una adolescente que tiene a su mamá desaparecida desde 1993, participó en la protesta y junto con su abuela, pidió a las autoridades que le busquen y localicen. «Hoy es un día muy especial y se necesita alguien que esté con nosotros por ejemplo mi mamá», señala la joven quien es hija de Maricarmen Rodríguez Nava. Dice que su mamá fue desaparecida el 9 de diciembre de 1993 aquí en la calle Abasolo, en el centro de Chilpancingo. Carmen Nava González, mamá de la mujer desaparecida, señala que las autoridades siguen sin hacer nada para localizar a su hija. La anciana tiene a su cargo a su nieta desde que su hija desapareció.

Hombres armados se llevan a un joven frente al zócalo de Chilpancingo

Pareciera que los delincuentes escogieron el lugar perfecto para llevarse a su víctima. En el lugar no había videocámaras


Texto: Amapola Periodismo

26 de abril del 2022

Chilapancingo

 

A plena luz del día, ante de decenas de testigos y en un sitio donde no hay videocámaras de seguridad, hombres armados privaron de su libertad a un individuo que caminaba por una de las banquetas de la avenida Juan Álvarez, en el centro de Chilpancingo.

Comerciantes que tienen sus establecimientos justo a unos metros de la entrada del paso a desnivel se percataron de que un hombre fue interceptado por sujetos que portaban armas; lo subieron a una camioneta.

Temerosos de que algo les pudiera ocurrir, los tenderos se escondieron en sus negocios.

Pareciera que los delincuentes escogieron el lugar perfecto para llevarse a su víctima. En la avenida que cruza con la calle Cristóbal Colón no hay ninguna videocámara de videovigilancia de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal o del municipio.

Hay una videocámara en la calle Ignacio Manuel Altamirano, ubicada a unos 50 metros de donde ocurrió el secuestro; no captó el hecho. Además esta videocámara de la calle Altamirano no funciona igual que otras colocadas en la capital, aseguraron fuentes oficiales.

Algunos de los testigos que se percataron del secuestro se pusieron nerviosos porque pensaron que los hombres armados se meterían a sus establecimientos para asaltarlos.

En las últimas tres semanas en esta ciudad repuntaron los asaltos a mano armada en calles del centro y otras colonias de la ciudad ante la inacción de las autoridades de los tres niveles de gobierno.

Apenas la semana pasada, entre las calles Altamirano y 16 de Septiembre, en el centro de esta ciudad, hombres armados asaltaron una tienda de conveniencia.

Poco después de que se difundió a través de redes sociales el secuestro del hombre en la avenida Juan Álvarez, arribaron al lugar elementos del Ejército, Policía Estatal y Policía Ministerial.

“No nos dan más datos. Sólo nos dicen que vieron a hombres armados y que creen que se llevaron a un hombre», dijo un agente.

La Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana Municipal dio a conocer que los policías llegaron al lugar y hablaron con algunas personas que se habrían refugiado en un local comercial ante la presunta presencia de hombres armados no identificados que se llevaron a un hombre.

“En las primeras investigaciones no se registraron más datos del hecho ni tampoco del vehículo en el que se llevaron a la supuesta víctima”, reportó la SSPC.

 

¿Por qué es importante cambiar la narrativa para hablar de las desapariciones en México?

Con el objetivo de contrastar el discurso dominante sobre las desapariciones en México, la organización Técnicas Rudas y los Colectivo Madres en Búsqueda Coatzacoalcos y la Voz de los Desaparecidos en Puebla idearon el proyecto “Narrativas y memorias sobre la desaparición en México”, el cual fue presentado en Guadalajara, Jalisco, buscando crear narrativas, memorias y relatos contra hegemónicos que coadyuven a las familias de las y los desaparecidos de Jalisco en su exigencia en la búsqueda de justicia, la verdad, la restauración y la no repetición.


 

Texto: Darwin Franco y Dalia Souza / Zona Docs

Fotografía: Zona Docs

26 de abril de 2022

 

“¿Cómo narrar aquello que no se puede expresar en palabras, que parece irreal, que no podemos entender? ¿Cómo narrar el dolor frente a lo atroz e inhumano cuando, en realidad, preferiríamos apartar la mirada y pensar que nunca ocurrió?” son la preguntas detonadoras del proyecto “Narrativas y memorias sobre la desaparición en México” que se presentó en Casa Clavigero de la Universidad ITESO con la presencia de familiares de las y los desaparecidos de Jalisco y Puebla, así como de las integrantes de Técnicas Ruda, organización que impulsa esta narrativa de relatos contra hegemónicos.

La presentación estuvo a cargo de Alina Peña del Departamento de Estudios Socioculturales de ITESO, quien destacó la valía del trabajo porque pone la muestra de cómo se puede construir de manera colaborativa nuevas formas de narrar el horror a través del arte y las diversas expresiones artísticas que han sido solidarias con la lucha de las familias buscadoras.

Este trabajo que colocó al centro a las familias de las y los desaparecidos, específicamente, de los colectivos Madres en Búsqueda Coatzacoalcos y la Voz de los Desaparecidos en Puebla estuvo apoyado por DW Akademie y la Red de Periodistas de A Pie, y consta de un libro y una serie de piezas artísticas que pueden consultarse en https://www.narrativasymemorias.org

A continuación la video nota que explica el proyecto Narrativas y memorias sobre la desaparición en México”,, así como la lucha de las madres Rosaura Patricia Amador, integrante del Colectivo Entre Cielo y Tierra quien busca a su hijo, Carlos Eduardo Amador Magaña, desaparecido desde el 13 junio de 2017 en Tlaquepaque, Jalisco; y de María Luisa Núñez Barojas del Colectivo La Voz de los Desaparecidos de Puebla quien localizó a su hijo, Juan de Dios Núñez Barojas, luego de que éste fuera desaparecido el 28 de abril de 2017 en el pueblo Tehuitzo, en Palmar de Bravo, Puebla.


Este contenido es propiedad de de ZonaDocs y lo reproducimos como parte de la Alianza de medios de la Red de Periodistas de Pie. Puedes consultar el originar el el siguiente enlace.

Cada día, 14 niñas, niños y adolescentes desaparecieron en México durante 2021

Texto: Animal Político
Fotografía: José Luis de la Cruz / Archivo
19 de abril de 2022

Durante el 2021, diariamente desaparecieron 14 niñas, niños y adolescentes en México, de acuerdo con datos preliminares de la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM).

La organización alertó que desde que se tienen registro, 82 mil 328 personas de entre 0 y 17 años de edad, han sido reportadas como desaparecidas; actualmente 1 de cada 5 continúan sin ser localizadas.

Si bien, hasta la fecha, el 80% de las víctimas han sido localizadas, REDIM lamenta que 710 fueron halladas sin vida.

“A partir del sexenio de Felipe Calderón se observa un gran aumento en las desapariciones de niñas, niños y adolescentes. Este aumento alcanza su pico durante el sexenio de Enrique Peña Nieto con 6,103 desapariciones”, alertó Tania Ramírez, directora de REDIM durante la presentación de los datos preliminares.

Desde que empezó el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador, 19,445 niñas, niños y adolescentes han sido reportados como desaparecidos, de los cuales 5,102 siguen sin ser localizados.

Edomex, Tamaulipas y Jalisco concentran desapariciones

De acuerdo con REDIM, 40% de las desapariciones de niñas, niños y adolescentes se concentran en tres entidades: Estado de México, con 3,749 casos; Tamaulipas, con 1,704; y Jalisco, con 1,231.

La directora de REDIM consideró que, a diferencia de otros años, actualmente el Estado mexicano cuenta con herramientas para atender la búsqueda de niñas, niños y adolescentes desaparecidos, por lo que destacó instrumentos como la Alerta Amber y el PABNNA (Protocolo Adicional para la Búsqueda de Niñas, Niños y Adolescentes),  de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, así como el Protocolo Alba (para niñas y mujeres adolescentes), la Alerta migratoria y la Alerta amarilla  de Interpol.

Mujeres y adolescentes, el rango más vulnerable

La Red por los Derechos de la Infancia sostiene que las mujeres, y el grupo de adolescentes entre 12 y 17 años han sido más afectados en este fenómeno.

“Dos de cada tres casos de personas desaparecidas entre 0 y 17 años eran mujeres, 55 mil 873, de un universo de 82 mil 328 casos”, expuso Ramírez.

En tanto, los adolescentes de entre 12 y 17 años víctimas de desaparición son 12 mil 188 de 16 mil 378.

El gobierno reconoce “crisis forense”: sin censos ni bases de datos genéticas, hay 52 mil cuerpos sin identificar

Texto: Animal Político

Fotografía: Óscar Guerrero

18 de marzo de 2022

El gobierno reconoce “crisis forense”: sin censos ni bases de datos genéticas, hay 52 mil cuerpos sin identificar registraron 37 mil personas: ocho mil en servicios forenses y las 29 mil restantes en fosas comunes.

No obstante, desde ese año distintas organizaciones e instituciones han registrado otras cifras, como el Laboratorio de Investigación Quinto Elemento, que reportó 39 mil cuerpos y el Censo Nacional de Procuración de Justicia del Inegi, que registró solamente nueve mil 400 personas.

Pero la cifra que retomó el gobierno fue la del Movimiento Nacional por Nuestros Desaparecidos, que –a partir de solicitudes de información y trabajo de campo– levantó un registro donde contó más de 52 mil cuerpos sin identificar.

Además encontró que el 80% del total de personas se concentra en 10 estados del país, encabezados por Baja California, Ciudad de México, Estado de México, Jalisco y Chihuahua.

En la conferencia matutina, el subsecretario de Derechos Humanos señaló que no existe un censo sobre los cuerpos no identificados, ni sobre los identificados y no reclamados en las fosas comunes.

“Esta es una omisión legal muy grave que involucra a distintos ámbitos de autoridades, desde las Fiscalías o Secretarías de Salud o Tribunales, hasta municipios, por el manejo de las fosas comunes en los cementerios”, indicó.

Además, destacó que tampoco existe una base de datos genética nacional que permita la comparación de los datos que se obtienen de las muestras genéticas tomadas por las familias, con las que se levantan de los cuerpos encontrados.

“Esta información genética no se comparte, no se contrasta, no existen capacidades y voluntades y ese es el principal problema, falta de voluntad para hacerlo de manera masiva y la información forense se mantiene fragmentada esto habla pues de que no existen no solamente capacidades institucionales humanas, sino también falta voluntad política a nivel estatal para encarar esta crisis”.

COActualmente hay 52 mil cuerpos sin identificar en los servicios forenses y en las fosas comunes del país, según datos del Movimiento Nacional por Nuestros Desaparecidos, citados por el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas.

Desde 2019 el gobierno llevó a cabo un censo de los restos humanos y cuerpos sin identificar en México, a partir del cual se registraron 37 mil personas: ocho mil en servicios forenses y las 29 mil restantes en fosas comunes.

No obstante, desde ese año distintas organizaciones e instituciones han registrado otras cifras, como el Laboratorio de Investigación Quinto Elemento, que reportó 39 mil  y el Censo Nacional de Procuración de Justicia del Inegi, que registró solamente nueve mil 400 personas.

Pero la cifra que retomó el gobierno fue la del Movimiento Nacional por Nuestros Desaparecidos, que –a partir de solicitudes de información y trabajo de campo– levantó un registro donde contó más de 52 mil cuerpos sin identificar.

Además encontró que el 80% del total de personas se concentra en 10 estados del país, encabezados por Baja California, Ciudad de México, Estado de México, Jalisco y Chihuahua.

En la conferencia matutina, el subsecretario de Derechos Humanos señaló que no existe un censo sobre los cuerpos no identificados, ni sobre los identificados y no reclamados en las fosas comunes.

“Esta es una omisión legal muy grave que involucra a distintos ámbitos de autoridades, desde las Fiscalías o Secretarías de Salud o Tribunales, hasta municipios, por el manejo de las fosas comunes en los cementerios”, indicó.

Además, destacó que tampoco existe una base de datos genética nacional que permita la comparación de los datos que se obtienen de las muestras genéticas tomadas por las familias, con las que se levantan de los cuerpos encontrados.

“Esta información genética no se comparte, no se contrasta, no existen capacidades y voluntades y ese es el principal problema, falta de voluntad para hacerlo de manera masiva y la información forense se mantiene fragmentada esto habla pues de que no existen no solamente capacidades institucionales humanas, sino también falta voluntad política a nivel estatal para encarar esta crisis”.

Al exponer sobre lo que ha calificado como la “crisis forense”, Encinas destacó que el presupuesto asignado para la identificación de los cuerpos en 2022 – entre lo asignado a la Comisión Nacional de Búsqueda, como lo que se destina a los estados – suma más de 3 mil 400 millones de pesos, “una inversión única que busca enfrentar, frenar y revertir esta situación”.

Entre las acciones que se están llevando a cabo para combatir la “crisis forense” está la firma de un convenio de colaboración y entrenamiento del Instituto Nacional de Medicina Genómica con el Laboratorio de Identificación Genética de la Universidad de Innsbruck, para desarrollar capacidades de identificación humana con muestras complejas.

“Es decir, queremos tener nuestro Innsbruk mexicano, es el primer convenio que firma la Universidad de Innsubruk con una institución de otro país (…) ya iniciarán en estos días los primeros trabajos de identificación”, anunció el funcionario.

Creación del Centro Nacional de Identificación de cuerpos

Karla Quintana, comisionada Nacional de Búsqueda de Personas de México, señaló que con la Consejería Jurídica y la Secretaría de Gobernación se trabaja en la iniciativa para la creación Centro Nacional de Identificación Humana.

Indicó que, si la iniciativa pasa en el Poder Legislativo, las comisiones podrán hacer búsqueda de identificación humana a través del centro con enfoque masivo y que se dedicaría exclusivamente a personas desaparecidas.

Otra de las acciones que se prevén para la atención de la crisis forense, dijo, están acciones como que la Conferencia Nacional de secretarios de seguridad pública comparta información de bases de datos y tener un repositorio de esto.

Además, el fortalecimiento de los servicios periciales, impulsar una norma oficial mexicana para el resguardo de cuerpos, compartir información forense en el noreste del país, comparar perfiles genéticos de forma masiva, así como cotejar huellas dactilares con el INE, el SAT y bancos, e integrar un banco nacional de información genética.

“La dinámica de desaparición no respeta fronteras, no importa que una fiscalía o un estado resuelva un problema porque la desaparición no respeta la frontera del estado. Tenemos que atender de manera global”, dijo.

Víctimas desconocen a la nueva representante de la CEAV en Guerrero

Señalan que nunca ha hecho trabajo con las víctimas


Texto: Beatriz García

Fotografía: Oscar Guerrero / Archivo

18 de marzo del 2022

Chilpancingo

 

Familiares de desaparecidos y organismos de defensa de derechos humanos expusieron que la designación de la nueva representante de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) en Guerrero, Enedina Medrano Serrano, nunca ha tenido acercamiento con ellos, mucho menos ha hecho trabajo a favor de las víctimas.

“El secretario de Gobierno, Ludwig Marcia Reynoso Núñez, tomó protesta a Enedina Medrano Serrano como Encargada de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas sectorizada a la Secretaría General de Gobierno del Estado de Guerrero”, se lee en un pie de foto donde está el secretario con Medrano Serrano, mientras le entrega su nombramiento. La fotografía fue publicada el miércoles en el Facebook oficial de la Secretaría General de Gobierno del estado.

Ante esta designación de la nueva funcionaria, que además es cercana al senador con licencia Félix Salgado Macedonio y papá de la gobernadora, Evelyn Salgado, la representante del Colectivo de

Familiares en Búsqueda María Herrera, Gema Antúnez Flores y a la representante del Centro Regional de Defensa de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón (Centro Morelos), Teodomira Rosales Sierra, dijeron que no conocían a Medrano Serrano, pues siempre han pugnado que quienes estén a cargo de este tipo de organismos sean personas que hayan hecho trabajo con las víctimas.

Gema Antúnez comentó, de entrada, que junto con otros colectivos como el Centro de Derechos Humanos Minerva Bello, el Centro Morelos, el Colectivo Siempre Vivos, Colectivo de Madres Igualtecas expusieron su preferencia de que quien estaba en ese momento como encargada de la CEAV, Lucia

Molina Catalán, fuera a quien designaran como la representante de ese organismo, porque la conocían y sabían de su interés por ayudar a las víctimas.

El 15 de marzo se cumplieron cinco meses de que la CEAV no tenía representante, solo estaba de encargada Molina Catalán.

Los integrantes de colectivos y organismos de derechos humanos, dijo la víctima, firmaron anteriormente un documento de respaldo a Molina Catalán.

“Estamos por reunirnos para saber qué estrategias, para ver qué podemos hacer para entrevistarnos con la licenciada Evelyn o con el ingeniero Félix porque se puede decir que ya no sabemos quién toma las decisiones, se ve raro porque parece que tenemos dos personas gobernantes”, manifestó la representante del colectivo.

Mientras que la directora del Centro Morelos, Rosales Sierra, quien acompaña a víctimas de desaparecidos y desplazados por la violencia, dijo que no conocían a la nueva representante de la CEAV.

En el caso de las víctimas que acompaña nunca se presentó con ellas, dijo.

La también abogada expuso que ni siquiera fueron tomados en cuenta quienes están al frente de organizaciones que acompañan a las víctimas para designar a quien representaría a la Comisión Ejecutiva, y se direccionara a sus necesidades, sobre todo que fuera una persona cercana a las víctimas.

El documento que comentó anteriormente Gema Antúnez, el que firmaron los colectivos en favor de Lucía Molina, fue entregado a diputados del Congreso local, para que los tomaran en cuenta.

Insistieron a los diputados que si no designaban a su propuesta les permitieran tener injerencia en la decisión que se tomara de quien representaría al organismo.

“Es gente de Félix Salgado Macedonio (Enedina Medrano) pero nadamás, no sabemos cuál es el plan de trabajo, si tiene o no tiene compromisos con la atención a las víctimas, porque lo que se necesita aquí es una persona que sea sensible, porque el tema de desaparición forzada, de desplazamiento forzado, homicidio, feminicidio son temas muy dolorosos”, expresó.

Teodomira Rosales informó que recibió una llamada de la nueva representante de la CEAV y que supuestamente está citando a los representantes de colectivos a una reunión este viernes, para presentarse y dar a conocer su plan de trabajo.

Tanto Gema Antúnez como la abogada están en espera de saber el plan de trabajo o las actividades que Medrano Serrano desempeñará en esta gestión y que esté apegado a las víctimas. Además, saben que eso que esperan es lo mismo que espera el resto de colectivos y organismos defensores, porque en su momento, juntos, votaron porque Lucia Molina tomara el cargo de la Comisión Ejecutiva.

 

Te puede interesar: La lucha por la búsqueda de personas desaparecidas en Guerrero tiene rostro de mujer

Colectivo María Herrera inicia su primera búsqueda en penales

Los familiares de desaparecidos iniciaron la primera jornada de la búsqueda de sus seres queridos en vida, porque las estrategias ministeriales para su localización, incluso sus propias búsquedas, habían partido de la primicia de hallarlos muertos: en fosas clandestinas o en el listado de cuerpos sin identificar que tiene la Fiscalía General del Estado


Texto: Beatriz García
Fotografía:
16 de marzo del 2022
Chilpancingo

Integrantes del Colectivo de Familiares en Búsqueda María Herrera iniciaron su primera búsqueda en vida de sus seres queridos en penales del estado, con el objetivo de que en tres días que durará esta jornada obtengan indicios de sus desaparecidos.

“Somos parte del Colectivo María Herrera y venimos a buscar un poquito de esperanza en ustedes. Si pueden reconocer a alguno de los familiares que están aquí en las fotografías y si nos pueden dan información, por si los han visto dentro del reclusorio o los privaron de la vida. Queremos encontrar a nuestro familiar para descansar en paz”, les dijo a reclusos del penal de Acapulco, Gema Antúnez Flores, representante del colectivo.

En nueve ocasiones los integrantes del colectivo han hecho búsquedas de sus familiares en fosas. Es la primera vez que el colectivo pide apoyo en lugares donde podrían haberlos visto vivos.

Hace dos años, la líder del colectivo María Herrera-Guerrero conformó esta agrupación junto a otras familias que enfrentan la desaparición de un hijo, esposo o hermano.

Gema Antúnez busca a su hijo Juan Sebastián García Antúnez desde hace 11 años.

Para que ella, compañeras y compañeros del colectivo consiguieran que las autoridades les autorizaran buscar a sus desaparecidos en vida tuvieron que pasar por una serie de trámites y finalmente este lunes comenzó esta búsqueda que culmina el próximo viernes.

Este miércoles la búsqueda inició en el penal de Acapulco. Los familiares se reunieron a las 6:30 de la mañana fuera del reclusorio. Duró cinco horas la actividad. Los integrantes del Colectivo estuvieron acompañados por representantes de la Comisión Estatal de Búsqueda y de autoridades del penal, contó vía telefónica, Gema Antúnez, representante del Colectivo de Familiares en Búsqueda María Herrera.

Los 12 familiares que participaron la actividad a su ingreso al penal portaron la fotografía de su ser querido desaparecido y así celda por celda preguntaron si de casualidad habían visto en algún momento a la persona retratada.

En el recorrido en el penal, los familiares, los resguardaron policías estatales del mismo penal.

Gema Antúnez compartió que para ella era muy importante que a sus compañeros del colectivo se le permitiera hacer esta búsqueda en penales, porque hace dos años, en una cárcel a ella le dieron datos de su hijo, los cuales no especificó para no entorpecer las investigaciones del caso en curso. La víctima espera obtener información de su hijo en esta búsqueda.

Los presos, dijo la representante, fueron amables con los familiares, pero no encontraron indicios de sus desaparecidos en este penal.

“No tuvimos ningún positivo pero fue muy agradable ver la colaboración que se brindó con esta diligencia que se realizó en búsqueda en vida”, compartió la familiar víctima.

Antúnez Flores insistió que esta búsqueda es una esperanza, porque sabe que muchos de los presos participaron en hechos delictivos, como en el caso de las desapariciones y que el argumento a los presos es que aunque están ahí por un delito que cometieron, dentro de su ser, seguramente, sienten el dolor de las familias, porque son seres humanos.

Este jueves la búsqueda está programada en el penal de Chilpancingo.

“La crisis de desaparición que enfrenta México no es comparable con la de otros países”: ONU-DH

Para trasladar las recomendaciones internacionales en materia de personas desaparecidas en México es imprescindible “sedimentar las acciones de las instituciones gubernamentales en dos ejes principales”: 1) luchar contra la impunidad que impide la rendición de cuentas y obstruye la coordinación efectiva de los tres niveles de gobierno; y 2) aumentar los recursos económicos y humanos dentro de las áreas de búsqueda y prevención de este delito.

Así lo reconocieron los integrantes del Grupo de Trabajo de la ONU sobre Desapariciones Forzadas e Involuntarias a 10 años de la publicación del informe en la materia y frente los retos y vacíos gubernamentales que experimenta el país que, hasta hoy contabiliza 98 mil 947 personas desaparecidas.


 

Texto: Samantha Anaya / Zona Docs

Fotografía: Zona Docs

15 de marzo de 2022

 

A diez años del informe de misión a México del Grupo de Trabajo de la ONU sobre las Desapariciones Forzadas e Involuntarias, el principal reto para el país es “la impunidad que ha prevalecido como un problema endémico” afirmó Guillermo Fernández Maldonado, representante en México de Oficina en México del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos ONU-DH México.

En un espacio de conversación organizado conjuntamente entre la ONU-DH México y el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México, Fernández agregó que el sufrimiento de las y los familiares que se articulan, apoyan y luchan juntas es muestra de las constantes violaciones a los derechos humanos en México: “No deberíamos ni tolerar una sola desaparición, mucho menos ahora que en todo México la cifra casi llega a 100 mil”, sentenció.

De acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), del 1 de enero de 2006 (año en que el gobierno federal declaró la guerra contra los grupos del crimen organizado) al 14 de marzo de 2022, han sido desaparecidas 79 MIL 569, de las cuales 18 mil 983 son mujeres (23.86%) y 60 mil 319 son hombres (75.81%).

Al respecto, el Subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (SEGOB), Alejandro Encinas Rodríguez, reconoció que frente a esta realidad “el Estado ha renunciado a sus responsabilidades de buscar a las personas desaparecidas, delegando está labor a las familias de las víctimas”.

Por su parte, Blanca Martínez, intégrate del Centro de Derechos Humanos Fray Juan de Larios, mencionó que “la violencia sistémica que está impregnada en el ADN mexicano ha llevado a las madres a tomar acciones que, en primer lugar, no deben de hacer, pero, ya que la desaparición forzada en México es una realidad, ellas actúan y realizan lo que le corresponde al Estado, un Estado omiso y ausente que viola sus derechos humanos y los de sus seres queridos desaparecidos”.

La defensora de derechos humanos añadió que en México deben existir parámetros de búsqueda con una perspectiva de derechos, pues el solo aprobar leyes “no solo no sirve de nada, sino que al no haber un impacto profundo en el sistema que logré contener las desapariciones forzadas, todas y todos estamos condenados a desaparecer”.

“Ahora solo nos dedicamos a buscar”

Mónica Ramírez Alvarado, joven estudiante universitaria, fue desaparecida el 14 de diciembre de 2004 mientras iba de camino al compus en el que tomaba sus clases. Estaba a poco tiempo de terminar su carrera profesional.

Su madre Adela Alvarado, quien también es integrante del Movimiento por nuestros desaparecidos en México, compartió que no fue hasta que el grupo de trabajo de la ONU les dio asesorías a ella y otras familias que “yo supe qué hacer, porque antes sólo veíamos cómo desaparecían a nuestras hijas e hijos, pero no teníamos idea del por qué, y mucho menos de qué hacer para su pronta localización, los gobiernos solo nos decían que eran desapariciones aisladas y esporádicas”.

Con dolor y rabia, Adela recordó a su hija como una joven feliz a la que injusta y abruptamente le cortaron sus sueños y los de sus seres queridos y familiares: “no solo terminan con la vida y los sueños de una sola persona, porque detrás de la persona desaparecida habemos (sic) dos, tres, cuatro y muchas más personas que les amamos y extrañamos día con día” explicó.

“Nuestras vidas, como familiares, cambian completamente: ahora solo nos dedicamos a buscar, nos enfermamos por la tristeza, por la preocupación de no saber cómo se encuentra, de si le están haciendo algo, si está enferma; muchos compañeros y compañeras de búsqueda han muerto por la tristeza; yo no quiero morir sin saber qué pasó con mi hija. Ya son 17 años sin saber nada de ella”.

Pese a que la desaparición forzada ya es reconocida como un delito, Adela denunció que no hay disposición de las instituciones gubernamentales para articular procesos de búsqueda efectivos que detengan esta crisis humanitaria: “no se reconoce ni acepta la desaparición forzada en todos los estados, lo cual nos limita a las familias”.

Además de las claras violaciones a derechos humanos que cometen las autoridades mexicanas al no garantizar la seguridad de la población y, con ello, no realizar búsquedas efectivas que lleven a la pronta localización de las y los desaparecidos, Adela añadió que, prevalecen esquemas de violencia institucional y revictimización, más aún en los casos donde las mujeres, jóvenes y niñas son víctimas de este delito: “somos revictimizadas y más cuando la persona que está desaparecida es una mujer”, señaló.

Adela continúo diciendo que “el divorcio entre las instituciones de búsqueda y seguridad” ha generado que, en todo México, haya una tasa de impunidad de más del 90%. De tal manera que por cada mil personas desaparecidas sólo se generan únicamente 35 sentencias condenatorias.

 

Retos y recomendaciones

 

“El principal reto al hablar de desaparición forzada en México es que el Estado debe reconocer la magnitud y la gravedad de la crisis”, sentenció Luciano Hazan, integrante del Grupo de Trabajo de la ONU. En ese sentido, agregó que, si bien, es importante el avance obtenido al aprobar leyes en materia de desaparición forzada “no es suficiente”.

“La crisis de desaparición que enfrenta México no es comparable con la de otros países”, manifestó.

Otro de los desafíos es la sostenibilidad, permanencia y continuidad de las estructuras conformadas por las leyes actuales en la materia. A esto se suma la deficiente articulación que existe entre las Comisiones de Búsqueda y las Fiscalía del país, cuyo trabajo “no es ágil y tampoco eficaz” por la falta de coordinación y colaboración.

Asimismo, apuntaron que se requieren de fuerzas de seguridad interna con perspectiva de derechos humanos, ya que, hasta ahora, la militarización del Estado “sólo ha traído consigo que la cifra de personas desaparecidas crezca”. Recordaron que en 2018 (año en que Andrés López Obrador tomó posesión de la presidencia, e instauró la Guardia Nacional) han sido desaparecidas 34 mil 470 personas (8 mil 570 mujeres y 25 mil 690 hombres).

Por su parte, el Subsecretario de Derechos Humanos de la SEGOB, Alejandro Encinas Rodríguez, reconoció también que la crisis de desapariciones forzadas ha traído consigo otra crisis: la forense, una que hasta la fecha contabiliza 50 mil personas sin ser identificadas dentro de los servicios forenses del país. Atender esta nueva y dolorosa problemática, expresaron implicará al Estado mexicano la asignación de recursos humanos y económicos en esas áreas.

Finalmente, consideraron que la perspectiva humanitaria debe atravesar cada una de las acciones que se establezcan para localizar a las casi 100 mil personas desaparecidas en el país, siempre teniendo en el centro a las víctimas y sus familias:

“No se debe avanzar desde una mirada triunfalista, sino desde una idea que ayude a erradicar esta grave crisis de inseguridad y desesperación” concluyeron.

 

Familiares y víctimas de la Guerra Sucia exigen justicia a la Comisión de la verdad

Exigieron también que se diga la verdad sobre el papel del Ejército en la Guerra Sucia. Consideran que siguen siendo intocables y no hay voluntad política para abrir los cuarteles y ser investigados


Texto: José Miguel Sánchez

Fotografía: Amílcar Juárez 

12 de marzo de 2022

Chilpancingo

 

Familiares y víctimas de desaparición forzada de los años 70´s se reunieron con integrantes de la Comisión por el Acceso a la Verdad y el Esclarecimiento Histórico y Justicia a las Violaciones graves a los Derechos Humanos cometidos entre los años 1965-1990.

Exigieron a las autoridades justicia para las víctimas, el esclarecimiento de los hechos ocurridos en el periodo denominado Guerra Sucia, así como la presentación con vida de sus familiares.

En el encuentro, que se realizó en el Auditorio Sentimientos de la Nación, las víctimas expusieron sus casos particulares y sus expectativas sobre la Comisión.

Entre los asistentes estuvieron hijas, hijos, hermanas y esposas de personas desparecidas y torturadas, también algunos sobrevivientes de tortura y encarcelamiento.

Las víctimas contaron sus experiencias en la búsqueda de justicia y realizaron exigencias a las autoridades.

Nicolás Catarino Vásquez contó a la Comisión que él fue desaparecido, torturado y posteriormente encarcelado por el Ejército Mexicano en 1970, tenía 18 años y estudiaba la preparatoria. A 50 años de esos hechos pidió tener acceso a una reparación del daño.

«Yo no me refiero a una reparación económica, me gustaría una reparación psicológica y saber que mis torturadores sean alcanzados por la justicia», comentó.

Trinidad Cuevas, quien militó en las Fuerzas Armadas del Pueblo, lo que le costó la persecución del Ejército, contó que es desplazada de Jalisco. En la Guerra Sucia, los dos hijos de Trinidad fueron desaparecidos. No sabe nada hasta la fecha, exigió su presentación con vida.

 

Leticia Gutiérrez, hija de Lauro Gutiérrez Santana, arrestado por el Ejército en Atoyac de Álvarez por ser presunto militante del Partido de Los Pobres, dirigido por Lucio Cabañas, también acudió a la reunión.

Fuentes cercanas a la familia les informaron que Gutiérrez Santana estaba arrestado en al Campo Militar número 1, donde posteriormente fue ejecutado.

 

Las víctimas denunciaron algunos problemas a los que se enfrentan en la búsqueda de justicia, como la falta de protocolos en los servicios médicos forenses, lo que calificaron como una “crisis forense”. No les permiten un reconocimiento eficiente de los cadáveres, lo que dificulta el reconocimiento a los familiares.

Pidieron también tener acceso a una reparación del daño que no sólo sea económica, si no también psicológica, justicia para las víctimas y un castigo a los perpetradores.

Exigieron también que se diga la verdad sobre el papel del Ejército en la Guerra Sucia. Consideran que siguen siendo intocables y no hay voluntad política para abrir los cuarteles y ser investigados.

Pidieron a la Comisión valorar la creación de un museo para rendir un homenaje a todas las víctimas de la Guerra Sucia.

Integrantes de la Comisión contestaron a los presentes que tomarán en cuenta sus testimonios y propuestas; además, prometieron que recabarán más información sobre las víctimas.

Abordarán el tema de los militares y propondrán otra Comisión de la verdad que abarque la década de 1990 para revisar casos como los de El Charco y Aguas Blancas.

En el foro estuvieron presentes integrantes de la Comisión de la Verdad, el Colectivo de esposas e hijos desaparecidos de la Guerra Sucia, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan y la Comisión de Derechos Humanos del Estado.

Las víctimas dijeron tener esperanza en estos espacios y esperan que sus casos y testimonios no sean archivados como en sexenios anteriores.

Los integrantes de la Comisión se comprometieron a mantener un diálogo permanente con las víctimas y los resultados de la investigación serán presentados en un informe.

El 7 de octubre del 2021, fue publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la creación de la Comisión, luego que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, firmó el decreto para dicha finalidad.
El mecanismo tiene como referente a las comisiones que hubo en Uruguay, Argentina y Ghana. La mexicana tratará de entender el tamaño y la densidad de los movimientos contrainsurgentes que utilizó el Estado mexicano para reprimir a los movimientos sociales.

Niñez buscadora

Cuando hablamos de quienes buscan a las personas desaparecidas pensamos solo en personas adultas, sin embargo, muchas niñas, niños y adolescentes hoy buscan a sus padres, madres, hermanos, hermanas, amigos, amigas y un largo etcétera de seres queridos.


Dirección: David Santa Cruz

Producción: Redim

Realización, edición y fotografía: Tattú Media

 

Al menos 97 mil personas han sido desaparecidas en México, según cifras oficiales. Cientos de personas, principalmente mujeres, emprendieron la tarea de localizarles. Tomaron varillas, picos, palas y cribas, para buscar entre la tierra, en un país repleto de fosas clandestinas. En medio de esta tragedia se habla poco de las miles de niñas, niños y adolescentes que buscan a sus seres queridos.

Históricamente siempre ha sido el mundo adulto el que reclama a los desaparecidos, y pocas veces ha habido la posibilidad de dar herramientas y de hacer escucha de niñas y niños que también buscan. El 15 de julio de 2021 se publicó el Protocolo Adicional de Búsqueda de Niñas, Niños y Adolescentes, en el cual se señala que este grupo de la sociedad tiene el mismo derecho que las personas adultas a conocer de sus personas desaparecidas.

Este reportaje pone frente a la cámara a varias de esas niñas, niños y adolescentes

 

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Consejo Nacional Ciudadano de Búsqueda de Personas llama al Gobierno de México a que asigne recursos suficientes para cumplir con sus funciones

Familiares de personas desaparecidas en México, integrantes de organizaciones de la sociedad civil y personas expertas han demandado al Gobierno de México la asignación de recursos financieros, técnicos, de infraestructura y humanos necesarios para la operación de las funciones del Consejo Nacional Ciudadano del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas.


 

Texto: Zona Docs

Fotografía: Consejo Nacional Ciudadano

15 de febrero de 2022

 

Reconociendo que el Consejo Nacional Ciudadano es un componente fundamental del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, sus integrantes exigieron al Gobierno de México que cumpla con su obligación y asigne el presupuesto suficiente para que tanto las familias, como las organizaciones y personas expertas que lo conforman puedan llevar a cabo sus funciones como órgano de consulta en materia de búsqueda de personas desaparecidas en el país.

Según advirtieron en un comunicado, desde la integración del Consejo Nacional Ciudadano en el año 2018, el Gobierno de México a través de la Secretaría de Gobernación “ha incumplido deliberadamente” en asignar recursos financieros, técnicos, de infraestructura y humanos necesarios para el desempeño de sus funciones.

Por lo tanto, denunciaron que frente a esta omisión, ni la primera generación del consejo (2018-2021), ni la segunda (2021-2024) han recibido hasta el día de hoy respuestas de la autoridad o voluntad política para que se haga cumplir este mandato de ley.

Expusieron que en múltiples ocasiones han intentado establecer comunicación con las autoridades encargadas, sin embargo, no ha existo una respuesta.

Una de estas solicitudes fue enviada al Subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas el 21 de abril de 2021, a través del oficio 2104/06. De acuerdo con las y los integrantes del consejo, esta comunicación pretendía, además de solicitar estos recursos, gestionar una reunión con el funcionario para tratar temas relacionados con el funcionamiento del consejo.

A la par, intentaron llamar la atención del Secretario de Gobernación, Adán Augusto López, así como a la Comisionada Nacional de Búsqueda, Karla Quintana, aunque obtuvieron el mismo resultado: ninguna respuesta.

Por ello, hicieron un llamado respetuoso pero firme al Gobierno Federal para que, a través de las atribuciones de la Secretaría de Gobernación se cumpla con lo establecido en la LEY GENERAL EN MATERIA DE DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS, DESAPARICIÓN COMETIDA POR PARTICULARES Y DEL SISTEMA NACIONAL DE BÚSQUEDA DE PERSONAS, para que el Consejo cuente con los insumos suficientes para el optimo desempeño de sus funciones.

 

 

 

 

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