Aurelia, la indígena que pasó 1.140 días presa por una emergencia obstétrica

Tras el acompañamiento político y jurídico que recibió de varias organizaciones de mujeres y derechos humanos en Guerrero, recuperó su libertad en diciembre de 2022. Un caso que destapó el racismo y la misoginia de la justicia, en plena discusión sobre la despenalización del aborto en este estado, al suroeste de México. Detalles desconocidos de su vida y proceso.


 Texto: Margena de la O 

Ilustración: Alejandra Balaguera

 

El dolor es intenso y va del abdomen bajo a la zona lumbar. La tumba a la cama. Un torrente precipitado baja por su útero, con la fuerza de un alud. Con el sangrado, expulsa una masa corporal que desconocía. Está asustada y débil. Nadie más está en casa. Ni sus primos, ni su tía. Camina hasta la cocina y con un cuchillo común corta el cordón umbilical como puede. Deja el pequeño cuerpo sin vida en una caja de zapatos. Se desvanece. Es 1 de octubre de 2019.

Aurelia García Cruceño llegó a la casa de su tía Lucía Palazin, en Iguala, hace cuatro meses. Ella aceptó recibirla a cambio de que le ayudara en las tareas domésticas: limpiar la casa y preparar las comidas. Aurelia no hablaba español, pero deseaba por encima de todo salir de su pueblo, Xochicalco, una comunidad nahua de Chilapa, de 360 habitantes, en el estado Guerrero, al sureste de México. Tiene 19 años, nunca había estado embarazada. Mide menos de metro y medio. Su lengua materna es el náhuatl. Estudió hasta la Secundaria. Su intención era escapar del último hombre que la agredió sexualmente, una autoridad comunitaria de su pueblo.

De niña fue violentada sexualmente por un hombre de su círculo familiar. Siempre escuchó que a las mujeres que quedaban embarazadas antes del matrimonio las quemaban vivas. Cuando sospechó que ese era su caso, pidió orientación en la Casa de Salud, pero se la negaron. Entonces, tomó todos los tés y brebajes que le dijeron para estos posibles casos; olvidó lo sucedido, recogió sus cosas y salió de su pueblo.

Esa noche del 1 de octubre de 2019, en Iguala, Aurelia se desangraba cuando llegaron sus familiares a casa. Sus signos vitales eran muy débiles, según el paramédico Jason Muñoz, que la vio a media noche. Por eso pidieron una ambulancia y la llevaron al Hospital General Dr. Jorge Soberón Acevedo. Sus familiares no salían de su sorpresa. Días atrás, Aurelia solo tenía cólicos menstruales y la tía le dio unas pastillas antiinflamatorias para aliviar el dolor. Le dijo que si seguía con el dolor irían a un hospital. ¿De dónde pudo salir ese pequeño cuerpo si Aurelia era tan delgada?, se preguntaron.

En la madrugada del 2 de octubre de 2019, cuando Aurelia retomó la conciencia, se vio esposada a la cama hospitalaria. No entendía nada. Seguía un poco anestesiada del legrado que le hicieron para retirar los residuos de la placenta en el útero. El personal del hospital llamó a los agentes de la Fiscalía General del Estado (FGE) y trasladaron a una cárcel mixta a los dos días (4 de octubre) sin que le dieran el alta del hospital. La acusaron, supuestamente, de matar a su hijo, de cerca de ocho meses de gestación, y la condenaron, el 8 de julio de 2021, a trece años y cuatro meses de reclusión.

Aurelia narró a la abogada Verónica Garzón Bonetti, con mucha dificultad, los hechos que recordó de esa noche y madrugada que le cambiaron la vida, durante un acompañamiento psicológico y jurídico de preparación para enfrentar el delito que le endilgaban: homicidio en razón de parentesco.

El encierro

 El cuarto es pequeño. La voz de Aurelia es casi inaudible. Se le ve triste. Se encorva y baja la mirada para musitar alguna palabra. Es 4 de marzo de 2022. Las activistas de la Red Guerrerense por los Derechos de las Mujeres, una colectiva integrada por diversas organizaciones de mujeres de Guerrero, visitan a Aurelia por primera vez en el Centro de Readaptación Social de Iguala. Desde ese día, no la dejaron sola. La acompañaron en la intimidad del penal y dieron a conocer su caso en la opinión pública.

A la par, las abogadas del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democráticos (IMDHD), Ximena Ugarte y Verónica Garzón Bonetti, decidieron llevar su defensa en el terreno legal. Lucía, la tía de Aurelia, buscó a Garzón Bonetti por su reconocida lucha por los derechos humanos de las mujeres.

En esos encuentros, que se extendieron durante todo el 2022, Aurelia les contó de a poco, como las pausadas gotas de un proceso de destilación, que extrañaba mucho a su mamá y a su papá, Agustina Cruceño y Alberto García. Les dijo que anhelaba, algún día, poder construirles una casa. Con el poco español que había aprendido, narró que adentro de la cárcel solía escuchar la radio, que veía algunas series de televisión, y que compartía celda con una mujer que tenía un niño pequeño con el que jugaba a menudo y con otra, que era mayor que ella. Explicó que trabajaba en un puesto de aguas frescas dentro del penal, pero que su deseo era estudiar y convertirse en maestra. También, que adentro estaba Mayra Onofre, recluida por el mismo delito, homicidio en razón de parentesco.

Los primeros abogados que tuvo Aurelia la llevaron a aceptar un proceso penal abreviado. Es decir, un proceso que termina de manera anticipada con una sentencia condenatoria. Por eso, cuando las abogadas Ximena Ugarte y Verónica Garzón tomaron el caso, apelaron la sentencia y pidieron a la justicia que le permitiera a Aurelia defender su inocencia en un juicio oral. El 17 de enero de 2022, la magistrada Indalecia Pacheco León les dio la razón, revirtió la sentencia condenatoria y repuso el procedimiento judicial, por las graves violaciones a los derechos humanos que identificó en el procedimiento.

Para el IMDHD, la magistrada reconoció que Aurelia “fue juzgada por un sistema jurídico al que ella no pertenece y cuyas reglas no comprende. Y en el camino, además, sufrió discriminación por ser mujer, por ser indígena, por ser migrante y por encontrarse en situación de pobreza”. Para ese momento, además, Aurelia ya había pasado presa dos años y dos meses. Por eso, las abogadas pidieron al juzgado que le permitiera enfrentar el proceso en libertad, ya que había superado el tiempo máximo de reclusión preventiva (dos años) que establece la Constitución Política Mexicana, no tenía antecedentes penales y no representaba ningún riesgo para la sociedad.

En cambio, estar privada de su libertad sí podía ser peligroso para ella, porque estaba en un centro penitenciario mixto, donde no era efectiva la separación entre hombres y mujeres, y existía un riesgo muy alto de que Aurelia volviera a vivir una agresión sexual. La audiencia para revocar la medida carcelaria se dio el 20 de julio del 2022. La jueza encargada del caso, Mariela Alfaro Zapata, negó la propuesta y aseveró que Aurelia sí era un peligro social, por el crimen que se le endilgaba y porque “si es tan pobre como dicen —les dijo a las abogadas—, ¿quién va a garantizar que va a poder pagar su transporte para venir acá?”.

Según la defensa de Aurelia, para ese momento ya era claro que la jueza culpaba de forma anticipada a Aurelia y daba por cierta la teoría de la Fiscalía General del Estado. Entre otras supuestas pruebas, la Fiscalía tenía una declaración ministerial de la tía de Aurelia en la que decía que la señora había denunciado a su sobrina. Pero después se descubrió que se trató de una declaración que Lucía Palazin dio en español, sin abogado ni intérprete, porque su idioma natal también es el náhuatl. Los servidores públicos ministeriales la escribieron y le pidieron a la tía que la firmara. Ella confió y lo hizo sin leer el documento. Así lo manifestó ella misma en la audiencia, ante la jueza Alfaro Zapata.

Las abogadas de Aurelia sostuvieron que la tía solo recibió órdenes del personal de la Fiscalía, como cuando le pidieron que condujera a unos policías ministeriales a su casa para hacer diligencias después del parto fortuito de Aurelia. Lucía creyó que eso era parte del procedimiento. La defensa también demostró que el dictamen forense del feto que presentó la Fiscalía era inconsistente porque no probaba que las lesiones que tenía fueran posteriores a la emergencia obstétrica que tuvo Aurelia. También dijeron que la prueba que utilizó esta entidad, para aseverar que el feto nació con vida, estaba revaluada por la comunidad científica, por su alto margen de error en esa interpretación.

En la hipótesis de la Fiscalía nunca fueron importantes los abusos sexuales que padeció Aurelia desde la infancia, ni la violencia sicológica y falta de oportunidades que tuvo a lo largo de su vida, ni la última agresión sexual por la que quedó embarazada en 2019, ni la falta de asistencia y orientación médica para interrumpir ese embarazo en semanas tempranas al ser un caso de violación, como establecía para esa fecha el Código Penal Federal.

Durante el juicio oral, los comentarios de la jueza demostraron, rápidamente, de qué lado estaba: «cómo una mujer no va a saber que está embarazada», dijo una vez, «obviamente era su bebé», soltó en otro momento. El juicio corrió al tiempo que los medios de comunicación, estatales y nacionales, informaban lo que pasaba.

La estrategia mediática y política la abanderó la Red Guerrerense por los Derechos de las Mujeres. El caso resonó, incluso, en la conferencia matutina del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, en el Palacio Nacional de Ciudad de México. “Tenemos buena relación con el Poder Judicial. Cuando hay estos temas se escucha nuestro planteamiento”, dijo López Obrador, en favor de Aurelia.

La última audiencia del juicio oral de Aurelia fue el 20 de diciembre del 2022. Al final, la jueza Alfaro Zapata dictó su libertad porque, según ella, la Fiscalía no reunió suficientes pruebas para determinar que las lesiones que tenía el feto fueran provocadas por Aurelia. Un tecnicismo jurídico que, según sus abogadas, estuvo lejos de reconocer los derechos vulnerados de esta joven nahua y la importancia de que el Poder Judicial se actualice y garantice una justicia con perspectiva intercultural y de género en casos similares. Casos como el de Mayra Onofre, a quien Aurelia conoció en la cárcel de Iguala y sigue privada de su libertad.

La misma Aurelia tiene pocas certezas después de su liberación, porque la Fiscalía General del Estado, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y la Procuraduría de Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (que depende del Sistema para el Desarrollo Integral de las Familias en Guerrero) apelaron la sentencia absolutoria de Aurelia. Sus argumentos para pedir que la condenen la invisibilizan como víctima de una cadena de violencias y refuerzan que su vida importa menos que el feto que expulsó.

La imagen corresponde al día en que Aurelia fue liberada. Foto: Red Guerrerense por los Derechos de las Mujeres.

*  *  *

 La historia de Aurelia permitió entender por qué muchas mujeres como ella no accedían a un aborto seguro en Guerrero, aun cuando fueran víctimas de abuso sexual. El Código Penal del Estado de Guerrero establecía que el acceso a este servicio médico se permitiría en casos de agresión sexual, pero solo hasta que un agente del Ministerio Público o un juez lo autorizara. Es decir, las mujeres víctimas tenían que someterse al escrutinio de un servidor público para acceder a un derecho que ya garantizaba la Legislación Federal.

En la práctica, las mujeres buscaban ayuda en los centros de Salud Pública y les negaban la atención, como le pasó a Aurelia. Las integrantes del Observatorio de Violencias contra las Mujeres de Guerrero ya tenían documentado el problema cuando hicieron público el caso de Aurelia.

La coordinadora del Observatorio, Viridiana Gutiérrez Sotelo, detectó decenas de casos de mujeres, entre los 13 y 16 años, a quienes se les impidió abortar, aun cuando sufrieron agresiones sexuales siendo menores de edad.

Por esa razón, las integrantes del Observatorio pidieron que la Secretaría de la Gobernación de Guerrero decretara una segunda alerta de género que subsanara el problema. La Secretaría la aceptó el 5 de junio de 2020 y pidió al Poder Ejecutivo de Guerrero que cumpliera con 14 medidas reparadoras para que esa situación no se repitiera más.

A la fecha, de las catorce medidas solicitadas, solo ha cumplido una, y más por la incidencia política que realizaron las colectivas feministas: el 17 de mayo de 2022, el Congreso de Guerrero despenalizó totalmente el aborto antes de las 12 semanas de gestación. El parlamento argumentó que fue una respuesta a la alerta de género mencionada. Guerrero fue el noveno estado en hacerlo, de los 32 que existen en México. En total, once estados han despenalizado parcial o totalmente el aborto en este país.

Sin embargo, aun con la despenalización, en Guerrero todavía no hay garantías para acceder a abortos seguros y gratuitos, porque siguen pendientes algunas reformas a las leyes de Salud y al Código Penal del Estado. Las activistas feministas Jesica Estévez Ojendiz y Lourdes Juárez Díaz creen que aún falta un largo camino legislativo y constitucional, además, de la necesaria capacitación y formación del personal médico.

La libertad

 Es 20 de diciembre de 2022. Son las 9:20 de la noche. Aurelia camina hacia la entrada del Palacio Judicial de Iguala, acompañada de su madre y padre. Cruza las rejas de la fachada. Está libre. Sonríe. Se lleva la palma de la mano a la boca. La baja y vuelve a sonreír. Los ojos le brillan. Las mujeres que la esperan desde la tarde le expresan su apoyo con un grito de guerra: “¡Aurelia, hermana, aquí está tu manada!”. La mayoría son integrantes de la Red Guerrerense por los Derechos de las Mujeres.

Varios reporteros la aguardan. Horas antes, Aurelia le había dicho a las abogadas y a las activistas que no hablaría con nadie. “Muchas gracias por apoyarme, por defenderme y estar con mis papás. Me sentía triste por ellos, ya los quería ver, pero me hice fuerte para salir adelante”, le dice al primero que le acerca un micrófono, ante la sorpresa de la comitiva.

La emoción le cimbra el pecho. Respira agitada. “Me siento muy feliz, no lo puedo creer. Me siento muy feliz”, suelta cuando otra reportera le pregunta cómo se siente. A otros les dice que, ahora en libertad, quiere estudiar y cumplir su sueño de ser maestra. Ana Grabiela Candela Garzón, la coordinadora de la Red, la escucha y la desconoce. No es la misma Aurelia que conoció el 4 de marzo del 2022 en el penal de Iguala, pero está feliz de ver a la nueva Aurelia.

*  *  *

Tan pronto recuperó su libertad, Aurelia, ahora, con 23 años, tuvo que irse, junto a su madre y padre, a trabajar como jornalera en los campos agrícolas del norte del país. Su sueño de ser maestra sigue aplazado.

 

#HablemosDelAborto es una conversación digital y periodística, entre México y Colombia,  que lucha en contra de la penalización social del aborto en América Latina y los efectos que deja en las mujeres, hombres trans y personas no binarias. Fue organizada por Mutante, en alianza con El Espectador en Colombia, y en colaboración con Lado B, Página 3, Istmo Press, Revista Espejo, Amapola Periodismo Transgresor, La Marea y Pie de Página, de México. Tuvo el apoyo del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE). Si busca más información, le invitamos a conversar en las redes sociales de los medios aliados.

Por el delito de homicidio dictan prisión preventiva a Marisol, hija de activista

Texto: Itzel Urieta

Fotografía: José Luis de La Cruz / Archivo

Chilpancingo

 

En una audiencia que duró varias horas, la jueza de control, Yolanda Mora Silva, dictó prisión preventiva por el delito de homicidio a Marisol Figueroa Núñez, hija de la activista Marisela Núñez Trujillo.

Figueroa Núñez permanecerá detenida tres meses, tiempo en que desahogarán más pruebas por el delito que se le imputa.

Entrevistada vía telefónica, Núñez Trujillo denunció que la Fiscalía General del Estado (FGE), a través de pruebas y declaraciones falsas, pretenden culpar a su hija de participar en actividades delictivas asociada a grupos criminales que operan en la zona.

Marisol Figueroa fue detenida el 2 de marzo por policías ministeriales en el centro de Chilpancingo; la detención fue ejecutada sin una orden judicial, la subieron a una camioneta oficial y se la llevaron, denunció la madre.

Estuvo desaparecida cinco días, tiempo en el que los policías ministeriales la llevaron a una casa donde había una excavación de fosas clandestinas, en el que hallaron a un hombre decapitado.

«Querían que mi hija (Marisol) culpara a un hombre, conocido como El Gordo Mata, de ser el que decapitó al cadáver, pero ella no sabe nada ni tiene nada que ver con esas personas», mencionó Núñez Trujillo, quien es conocida por participar en las protestas en reclamo de la aparición con vida de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

Al negarse, Marisol fue trasladada a los separos de la FGE, donde estuvo incomunicada hasta que su madre la halló y comenzó el procedimiento para su liberación inmediata.

«Entro (a los separos) y veo que está golpeada y me dijo que la dieron en la cara con un arma, le quitaron todas su pertenencias y la querían acusar primero de venta de drogas, luego de agredir a una policía ministerial y, luego, de ser parte de un grupo criminal», contó Núñez Trujillo.

Al no comprobarle ninguna de esas acusaciones, dijo, sólo pagaron una fianza y liberaron a Marisol, «pero ya íbamos en la salida de la Fiscalía cuando nos detienen y nos dicen que tiene una orden de aprehensión, que la van a detener y le van a leer sus derechos».

La activista dijo que ella les respondió: «Qué derechos va a tener, si aquí se los están violando todos».

Expuso que pretenden implicar a su hija en un delito que ocurrió en agosto del 2022, sostenido en declaraciones falsas y en señalamientos de testigos que no tienen nombres en la carpeta de investigación.

Marisol es acusada de estar con un grupo de personas que en agosto de 2022 salieron de un bar de la calle Valerio Trujano, en el centro de Chilpancingo, con una hielera que cargaba una mujer, en la que transportaban una cabeza humana que, se supone, un testigo vio que se les cayó y rodó la cabeza.

La persona que contó la supuesta escena de la hielera, de acuerdo con Núñez Trujillo, habría reconocido a ese grupo de personas como ladrones de autos, porque el testigo es ojalatero y a él, aparentemente, le llevaban a reparar los autos.

«Pero en la carpeta de investigación ese testigo no tiene nombre, no tiene nada, y eso se lo hice saber al nuestro abogado de oficio», contó la madre.

Existe otra declaración, dijo, de una menor de edad, también sin nombre, que aseguraba que vio la hielera y a un grupo de personas que «actuaban de manera sospechosa».

Por ambas declaraciones, denunció la activista, están detenidas o juzgadas otras nueve personas.

La madre de Marisol contó que la jueza que lleva el caso determinó una prorroga de tres meses para recabar más pruebas y emitir un fallo. Agregó que tiene esperanza de que su hija salga en libertad.

 

En remolques reciben clases provisionales alumnos de la primaria Rafael Ramírez 

Texto: José Miguel Sánchez

Fotografía: Oscar Guerrero

Chilpancingo

 

Más de 200 alumnos reciben clases desde octubre del 2021 en remolques como aulas provisionales por donde se filtra el sol, porque el gobierno del estado no les garantiza la reconstrucción de su plantel afectado por fenómenos naturales desde el 2013.

El plantel presentó daños de humedad derivado del huracán Ingrid y la tormenta tropical Manuel, y desde entonces los directivos fueron advertidos del riesgo que implicaba impartir clases en el inmueble, ubicado en la colonia San Rafael, al norte de Chilpancingo.

Con los sismos de 2017 y 2019 su situación se agravó, hubo desprendimiento de ladera y el inmueble presentó cuarteaduras que aumentó el riesgo de seguir ahí.

Hasta el 2020, la Escuela Primaria Rafael Ramírez tuvo una matrícula de 400 alumnos, porque las clases fueron virtuales dado el confinamiento por la pandemia de Covid-19.

Para la reactivación del formato presencial, después de que fueron levantadas las medidas sanitarias, las alumnas y los alumnos no tenían dónde asistir.

La solución que halló la Secretaría de Educación Guerrero (SEG) fue improvisar seis aulas en bases de camiones de carga en desuso, instaladas en una cancha de futbol rápido, en un rincón del Centro Deportivo de la colonia Galeana, también ubicado al norte de la Ciudad.

Las madres y los padres de familia decidieron cambiar a sus hijos de escuela y la matrícula se redujo a la mitad; los que se quedaron, desde el 20 de octubre del 2021, comenzaron a recibir clases en el espacio improvisado, donde también han adaptado algunas lonas para espacios de clases.

«Al mediodía sufrimos mucho por el calor», mencionó una alumna de la escuela que cursa el sexto año.

La estudiante dijo que se siente insegura por las instalaciones. «A veces no quiero venir porque me siento incómoda”, agregó.

Para ingresar a las aulas móviles tienen que subir cinco escalones metálicos, porque no están al nivel del piso. Las aulas están en los remolques, es decir, una plataforma sobre llantas.

Para proteger o dar algo de seguridad a la escuela improvisada, el personal colocó una malla alrededor de las aulas,  pero resulta insuficiente.

En el plantel provisional tampoco hay baños. Las niñas y los niños cruzan todo el deportivo; salen del espacio delimitado de las aulas y caminan un tramo hasta llegar a los baños públicos de las canchas.

Es travesía pone en riesgo a los alumnos porque no es un espacio vigilado. «Ya por eso los padres decidieron venir a hacer guardias para cuidar a sus hijos y estar pendientes de las salidas al baño y del perímetro de la escuela», mencionó un maestro del plantel, Miguel Ángel Ventura Ramos.

Después de varios meses de protestas por parte de maestros y madres y padres de familia, y de varias reuniones con funcionarios municipales lograron que el Ayuntamiento de Chilpancingo les donara un predio para la construcción de la primaria.

Hoy en una reunión el síndico procurador, Andrei Marmolejo Valle, comprometió a la administración municipal a donarles un predio propiedad del municipio conocido como La Bloquera, un espacio abandonado desde hace varios años, está ubicado frente al aeropuerto de Chilpancingo, al norte de la capital.

Ventura Ramos denunció que aún falta el compromiso del gobierno estatal para comenzar los trabajos de construcción.

«El ayuntamiento se deslindó y dijo que ya cumplió, que ahora tendremos que sentarnos con la SEG y el IGIFE (Instituto Guerrerense para la Infraestructura Física Educativa) para que nos garanticen que lo más pronto posible comience la construcción», dijo Ventura Ramos.

«Nosotros queremos que así como la gobernadora (Evelyn Salgado Pineda) y la alcaldesa (Norma Otilia Hernández Martínez) diario suben en sus redes que están en las comunidades, así vengan y nos digan ya mañana colocamos la primera piedra para la escuela que, finalmente, es para la educación, no es para nosotros», agregó.

Hasta esta tarde la SEG y el IGIFE siguen sin acercarse a los directivos del plantel, denunció el mismo personal que comenzó movilizaciones el 20 de enero pasado en reclamo de la construcción del plantel.

El director del plantel, David Catalán Pérez, informó que mañana llevará un oficio al IGIFE para comenzar la solicitud de construcción, «porque ahora sí ya tenemos terreno».

Exigen liberación de Marisol Figueroa, joven detenida de manera extrajudicial

Texto: Itzel Urieta

Fotografía: Oscar Guerrero

Chilpancingo

 

Durante la audiencia para determinar la situación jurídica de la joven Marisol Figueroa Núñez, detenida de manera extra judicial por policías ministeriales el pasado 2 de marzo, activistas feministas y defensoras de derechos humanos protestaron afuera de Ciudad Judicial para exigir su liberación.

En el mitin, ocurrido en la entrada principal de Ciudad Judicial, en Chilpancingo, al que asistieron integrantes de diversas asociaciones feministas, exigieron la liberación inmediata de Marisol, por considerar que le fueron violados sus derechos humanos y la presunción de inocencia.

«Exigimos que se cumpla el protocolo de Estambul, la compañera fue torturada, fue levantada extrajudicialmente y debe ser liberada de inmediato porque fue violado todo procedimiento en su detención», dijo la activista feminista Aracely Osorio, madre de Lesvy Berlín Rivera Osorio, víctima de feminicidio.

Las activistas mencionaron que durante su detención fueron violados diversos procedimientos y derechos humanos.

Además explicaron que no había motivo para que la Policía Ministerial detuviera a Marisol, y mucho menos imputarle el delito de homicidio, como la está acusando la Fiscalía General del Estado (FGE).

«Sin ningún motivo, los agentes de la Policía Ministerial subieron a Marisol a una camioneta, le dieron vueltas durante un tiempo, la torturaron, y le pegaron con un arma larga en la cara», mencionó Aracely Osorio.

Al mitin asistió una representación del Frente de la Glorieta de las Mujeres que Luchan, encabezado por Aracely Osorio, y presentaron un documento dirigido a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, así como a la fiscal general del estado, Sandra Luz Valdovinos Salmerón, donde les explican el caso y por qué debería ser liberada.

Otro documento fue entregado a Edgardo Mendoza Falcón, secretario del Poder Judicial, en donde exigen la liberación de Marisol y sostienen que ella es inocente, por lo que piden que se actué con justicia y se le aplique el protocolo de Estambúl, dado que ella, aseguraron, fue golpeada y torturada.

Marisol Figueroa fue detenida el 2 de marzo por policías ministeriales en el centro de Chilpancingo; la detención fue ejecutada sin una orden judicial, la subieron a una camioneta oficial y se la llevaron, de acuerdo con un comunicado emitido por la colectiva feminista Antimonumental.

Estuvo desaparecida cinco días, tiempo en el que los policías ministeriales la llevaron a una casa donde había una excavación de fosas clandestinas y fue hallado el cadáver de un hombre decapitado.

A Marisol le ordenaron que señalara a una persona como responsable del asesinato, a lo que se negó y fue trasladada a los separos de la FGE.

Marisol es hija de Marisela Núñez Trujillo, activista que apoya el movimiento por la aparición con vida de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa.

La tarde de este lunes se realizó una audiencia en Ciudad Judicial para determinar la situación jurídica de Marisol.

La audiencia estaba programada para las cuatro de la tarde, pero se retrasó dos horas ante la negativa de las autoridades judiciales de comenzarla por la manifestación y el mitin a la entrada.

En un momento de receso de la audiencia, Marisela, madre de Marisol, salió y soltó: «aún no hay nada. No querían iniciar por la protesta, pero ya pude ver a mi hija».

Al mitin se unió un grupo de unos 30 estudiantes de Ayotzinapa.

Después la madre de Marisol regresó a la audiencia, y las manifestantes mostraron su apoyo con consignas: «¡No estás sola! «No estás sola!».

 

 

Sin seguro médico, viáticos y pagos atrasados laboran los trabajadores de contrato del Bienestar 

Texto: José Miguel Sánchez 

Fotografía:

13 de marzo del 2023

Chilpancingo 

 

 

Trabajadores de la delegación del programa de becas Benito Juárez en Guerrero trabajan sin seguro de vida, viáticos insuficientes y vehículos en mal estado, lo denunciaron ellos durante una protesta hoy para exigir que les garantizaran sus derechos labores.

Los trabajadores llevan más de un mes en paro para exigir vehículos nuevos para trabajar, porque, explicaron, los que tienen están en malas condiciones y ponen en riesgo su vida porque deben ir a las comunidades a realizar los pagos de las becas.

También piden un seguro de vida porque todo el tiempo están en campo y en comunidades alejadas, muchas de ellas violentas, denunció la representante de los trabajadores, Felícitas Martínez Guzmán.

«Por el paro que comenzó el pasado 7 de febrero ya fueron despedidos cinco compañeros, por los que ahora pedimos su reinstalación», mencionó Martínez Guzmán.

También piden la destitución del coordinador del programa en la capital, Clemente Gerardo López Román y del delegado federal, Iván Hernández Díaz.

Martínez Guzmán agregó que ellos como trabajadores de contrato cobran un salario mensual de 8,000 pesos y viáticos de 200 pesos, «lo cual es insuficiente, porque los Servidores de la Nación cobran 14,000 mensuales».

«Cada trabajador es contratado por dos meses para laborar en la Coordinación, no contamos con las prestaciones de ley como el derecho a la basificación, seguro de vida, médico y respeto el horario laboral de ocho horas», denunció.

Por dichas irregularidades, los trabajadores marcharon esta tarde para exigir al delegado Hernández Díaz les resuelva sus demandas.

La marcha fue respaldada por integrantes de la Asamblea Popular de los Pueblos de Guerrero (APPG) que encabeza Nicolás Chávez Adame, asesor de la Secretaría General de Gobierno.

La movilización de unos 100 manifestantes inició en el parque Margarita Maza de Juárez, al norte de Chilpancingo; hicieron una parada en la Coordinación del Programa Becas Benito Juárez, sobre la avenida Insurgentes.

Ahí, los manifestantes quemaron un monigote del delegado del programa, Clemente Gerardo López Román.

Posteriormente avanzaron hacía el sur con dirección a las oficinas centrales de la Secretaría del Bienestar, delegación Guerrero.

En la secretaría quemaron dos monigotes, uno con el rostro de Hernández Díaz y otro con el de López Román.

Durante la marcha llevaron un ataúd en representación de la la muerte del joven y trabajador de contrato del Bienestar, Palemón García Ávila.

El movimiento de los trabajadores comenzó el pasado 7 de febrero, porque cinco trabajadores que regresaban de una entrega de apoyos, a bordo de una camioneta de la institución, en la carretera federal Iguala-Teloloapan, a la altura del poblado de Ahuehuepan, sufrieron una volcadura.

De los cinco que viajaban, cuatro resultaron lesionados y uno de ellos, García Ávila, falleció y hasta la fecha los directores del Bienestar, tanto a nivel estatal y federal, no pagan la indemnización ni gastos funerales a la familia.

Tampoco cubrieron los gastos médicos de los otros cuatro heridos en el accidente, de acuerdo con Martínez Guzmán.

Durante la marcha, los inconformes exigieron un alto a la represión y discriminación contra los trabajadores por parte de los funcionarios federales, así como la reinstalación de sus compañeros, a quienes les retuvieron el salario por manifestarse por exigir prestaciones laborales y justicia laboral.

A más de un mes de comenzar el paro laboral, Martínez Guzmán denunció que ninguna autoridad ni federal ni estatal les resuelve.

 

Trifulca a golpes entre padres y madres por la disputa de la dirección de una escuela

Texto: José Miguel Sánchez

Fotografía: Oscar Guerrero

Chilpancingo

 

Padres y madres de familia de la Escuela Primaria Ignacio Manuel Altamirano, en la colonia PRD, se confrontaron a golpes y de manera verbal esta mañana afuera del plantel para exigir que no se reinstale a la directora, Iris Aparicio Villa, por malos tratos a los alumnos y presuntos desvíos de recursos.

Fueron dos grupos de padres y madres los que se manifestaron, unos a favor y otros en contra de la reinstalación de Aparicio Villa.

Un primer grupo de padres y madres, acompañados por maestros de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación Guerrero (CETEG), desde la seis de mañana tomaron las instalaciones de la primaria.

Este grupo está en contra de que Aparicio Villa vuelva al cargo como directora del plantel, porque «en septiembre del año pasado fue destituida por exigencia de nosotros (madres y padres de familia) por diversas irregularidades, entre ellas, malos tratos a los alumnos, a la planta docente y por mal manejo de los recursos», mencionó Mariel Sánchez, madre de familia.

Por la toma del plantel 400 alumnos no tuvieron clases.

Después de las diez de la mañana llegó un segundo grupo de padres de familia, que eran acompañados por Aparicio Villa.

Los primeros inconformes acusaron a Aparicio Villa de «déspota, malos tratos y de desvíos de recursos del programa La escuela nuestra», por lo que exigieron a la Secretaría de Educación Guerrero (SEG) su destitución en septiembre de 2022.

El segundo grupo, es decir, el que apoya a Aparicio Villa, dijeron que sólo eran calumnias, porque sus hijos siempre tuvieron buenos tratos.

Por más de 15 minutos ambos grupos se confrontaron de palabra y algunos a manotazos y empujones.

Finalmente se suspendieron clases en la primaria. Llegó personal de la Secretaría de Educación Guerrero (SEG) para entablar una mesa de diálogo con ambas partes.

Yaret Bello Nájera, la actual directora de la escuela, aseguró que Iris Aparicio Villa presume que ella ya tiene el aval del senador morenista Félix Salgado Macedonio para regresar al cargo.

Recordó que en julio del 2022, durante la clausura de fin de cursos de la escuela, Aparicio Villa, quien todavía era directora de la escuela, llevó como invitado especial a Salgado Macedonio.

En septiembre del 2022 fue destituida por diversas irregularidades.

«Nosotros le pedimos a la gobernadora su intervención para que resuelva este conflicto», pidió Bello Nájera.

Después del pleito llegó una patrulla de la Policía Estatal.

La ex directora, acusada por sus opositores de haber llevado a un grupo de choque para golpearlos, les dijo a los agentes que la querían privarla de su libertad.

Ciudad de México: 15 años de la despenalización del aborto entre el derecho y el privilegio

¿Qué hay detrás de la disminución en las interrupciones legales del embarazo (ILE) en esta capital? Detrás, también están las enormes barreras que persisten para acceder a este derecho: burocráticas, de desinformación, de recursos humanos y de dinero.


Texto: Mely Arellano y Daniela Rea / Lado B y Pie de Página de México

Diana tiene 35 años, una hija y un embarazo de 10 semanas. Una mañana de invierno del 2022 acudió a la clínica pública México-España, ubicada en la delegación Miguel Hidalgo, para interrumpir ese embarazo. Sabe que en la Ciudad de México el aborto está despenalizado, así que buscó en internet el procedimiento, los lugares y los requisitos.

La mañana que acudió a la clínica era la décima en la fila. Antes de ella había una joven que venía de Querétaro acompañada de su mamá; y una chica con uniforme de secundaria acompañada de dos amigos con el mismo uniforme, entre otras mujeres. A las 7 de la mañana ya eran unas 30 personas y para las 8, cuando entregaron las fichas, la mitad se tuvo que ir a su casa por no alcanzar turno.

Cuando la trabajadora social le revisó sus documentos le dijo que le faltaba una prueba de sangre. “Eso no está en los requisitos de internet”, espetó, “pero se necesitan y sin ellos no puedes entrar”, le respondió la mujer. Ni hablar. Diana regresó a casa con su ficha y su embarazo.

Al día siguiente decidió no volver a intentarlo ahí, porque no le darían permiso en el trabajo y no quería exponerse a más incertidumbre en un proceso ya de por sí complicado. Terminó yendo a una clínica particular donde pagó 3,500 pesos (unos US$ 193) por el procedimiento de aspiración sin anestesia. Hubiera elegido no sentir el dolor que sintió, pero no tenía los 2,500 pesos adicionales para ello.

Después de luchar 50 años por la despenalización del aborto y lograrlo desde hace 15, en la Ciudad de México el aborto es legal hasta las 12 semanas de gestación, pero el acceso a este derecho enfrenta muchas barreras: de información, de recursos materiales y humanos, administrativas y de clase.

Citlali es una joven del Estado de México. Cruzó la frontera invisible con la Ciudad de México para realizarse un aborto. Llegó a una de las clínicas públicas en el norte de la ciudad y, además de que la trabajadora social la quería disuadir de hacerse el procedimiento, le quiso cobrar 3,000 pesos. Citlali no sabía que tiene derecho a un aborto legal, seguro y gratuito, solo había escuchado que podía abortar sin el riesgo de ser llevada a la cárcel.

Abortar en la Ciudad de México y la forma en cómo lo hacemos es una cuestión de privilegio.

Caída estrepitosa

Desde el año 2007 que se aprobó la Interrupción Legal del Embarazo (ILE), el gobierno local ha practicado 256 mil 665 procedimientos, el 85% a través de medicamento y el resto por AMEU (aspiración manual uterina). Sin embargo, desde el 2014 la cantidad de procedimientos ha disminuido.

¿Qué significa esta disminución de los servicios brindados por el Estado? Para activistas, es un reflejo de la falta de accesibilidad al derecho, para la Secretaría de Salud local es más bien una estabilización de casos, luego de un repunte por la disminución de abortos considerados “clandestinos”, sumado al confinamiento pandémico.

Y si bien el confinamiento complicó el traslado y el acceso de las mujeres a procedimientos en instituciones públicas, y fueron otras mujeres, las acompañantas, las que solventaron esa ausencia del Estado, eso no explica la caída sostenida desde 2014.

Colas, fichas, gasas y papel de baño

Si una mujer quiere interrumpir su embarazo en la Ciudad de México, en los servicios gratuitos del Estado, tiene que llamar al ILETEL (555132-0909) o acceder a internet y buscar las clínicas y los horarios en que se ofrece el servicio.

Uno de los primeros resultados de la búsqueda es la página oficial de la Secretaría de Salud (Ssa). Ahí leerá que no puede ir a cualquier clínica, pues solo se ofrece en siete unidades médicas y ocho hospitales; que el horario inicia a las 8:00 am, pero en la práctica sabrá que tiene que hacer fila a las 6:00 am para alcanzar una de las 20 fichas que se reparten. Si no alcanza, deberá intentarlo al día siguiente, con las complicaciones que ello implica: volver a pedir permiso en el trabajo, volver a encargar a lxs hijxs y volver a gastar dinero en el transporte público.

En la capital del país, el acceso a la interrupción legal del embarazo público no es una garantía. Esta es una de las principales quejas que hacen usuarias, acompañantas y organizaciones de defensa a los derechos humanos.

Daniela Medina, integrante de Marías Acompañantes, dice: “Antes pensaba que el principal obstáculo eran las leyes y la falta de gratuidad, o sea, que las mujeres no accedían a abortos seguros porque solo estaba garantizado en CDMX, pero el hecho de que ya sea legal en otros estados me ha cambiado la visión. Ahora creo que el problema, más bien, es la falta de información y los estigmas que hay alrededor (…) Casi todas las feministas sabemos cómo usar el misoprostol y que abortar es nuestro derecho, pero lo sabemos nosotras. Hay muchísimas mujeres fuera de nuestros círculos que no lo saben, que creen que conseguir ‘miso’ es difícil e ilegal, incluso tenemos muchos casos donde acuden a médicos que les recetan procedimientos incompletos o erróneos porque, aunque son médicos, no están actualizados en el tema, no conocen el uso del ‘miso’, por negocio o simplemente porque anteponen su supuesta ética a la salud y deseos de la paciente”.

Stephanie Lomelí, coordinadora de Fondo María, asegura que “en efecto, hay todavía muchas personas, incluso en la Ciudad de México, que no saben que se puede acceder a un aborto en las clínicas públicas”.

En la página de internet se establece que los requisitos para acceder a la ILE son:

  • Identificación oficial, en original y copia.
  • La Clave Única de Registro de Población (CURP), un código de identidad de 18 caracteres utilizado para identificar a residentes y ciudadanos mexicanos.
  • Comprobante de domicilio en original y copia (último recibo de predial, luz, agua, gas, televisión paga, teléfono fijo o servicio de internet).
  • Cédula de Gratuidad (residentes de la Ciudad de México).
  • Se recomienda acudir con un acompañante con identificación oficial en original y copia.

Pero en la práctica cotidiana, las mujeres señalan que se les exige también prueba de sangre, la recomendación de acompañante se vuelve obligación y se les piden insumos como gasas, papel de baño o cloro porque la clínica pública no tiene recursos económicos para ello.

Incluso en algunos casos, mujeres han testimoniado el cobro por el servicio que debería ser gratuito, como el caso de Citlali, la joven del Estado de México a quien una trabajadora social quiso cobrarle 3,000 pesos por un procedimiento en un hospital público. Su testimonio fue recogido por Lurel Cedeño Peña en su tesis doctoral “La experiencia narrada del aborto en mujeres mexicanas: entre el estigma y el empoderamiento”.

Desde 2007, cuando se despenalizó el aborto en CDMX, al mes de febrero de 2023, la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México ha armado 16 expedientes de queja vinculados a la presunta violación a los derechos a la salud y de las mujeres, relacionados con la ILE. En los casos registrados se observa que:

  • En 10 de los 16 expedientes, se manifestó que hubo obstrucción o restricciones por parte del personal médico para poder realizar el procedimiento.
  • En todos los casos se declaró que recibieron malos tratos por parte del personal que atiende en los hospitales.
  • La mitad de las personas peticionarias o agraviadas denunciaron que fue necesario acudir a más de un hospital para conseguir la atención.
  • En solo uno de los casos, la autoridad señalada como responsable no fue la Secretaría de Salud, sino personal de la Fiscalía especializada.
  • En uno se refiere a que el procedimiento del ILE no fue correctamente practicado y se puso en riesgo la salud de la paciente.
  • En tres casos solicitaron requisitos adicionales, como análisis clínicos, testigos o estudios clínicos pagados de manera particular.

“El servicio funcionaría si hubiera conciencia de las barreras para llegar al aborto y se actuara para combatirlas”, dice Maricarmen Teolli, acompañanta. “Por ejemplo, solo por referirnos a las barreras económicas: tener saldo en el teléfono para hacer una llamada en busca de información, llegar, regresar, pagar pruebas de sangre, los insumos que piden… Muchas veces el que una mujer ejerza su autonomía depende de tener 100 pesos de saldo en el celular”.

Actualmente, solo en dos lugares, el Centro de Salud Dr. Juan Duque de Estrada y la Clínica de Salud Reproductiva Beatriz Velasco de Alemán, ambas ubicadas en la alcaldía Venustiano Carranza, cerca del centro de la ciudad, dan atención ampliada e incluso los fines de semana.

“Eso es muy importante porque hay quienes no tienen la posibilidad de acudir entre semana”, porque tienen que pedir permiso en su trabajo, dice Stephanie Lomelí, coordinadora de Fondo María, y agrega que para que una mujer pueda ir a pedir el servicio a las 6 de la mañana debe echar mano de muchas herramientas y redes de apoyo: el ejercicio del derecho a abortar es un tema de justicia sexual y reproductiva.

Del total de interrupciones legales del embarazo que realiza el gobierno local, el 68.7% son a mujeres que radican en la Ciudad de México y el resto a otros estados del país, siendo los principales: Estado de México (con el 87.5% del total de procedimientos a foráneas), Hidalgo y Puebla.

Y si bien Patricia López, acompañanta de la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos en México (Ddeser), reconoce que una buena práctica es la prioridad que dan a las mujeres foráneas para atenderlas el mismo día, mediante el procedimiento de AMEU, para las que sí radican en CDMX no hay suficiente atención.

Lo ideal, propone Stephanie Lomelí, es que el servicio de ILE se proveyera en cualquier centro de salud, clínica u hospital de la ciudad, y no que se limitara a unos cuantos, como sucede actualmente.

En ello coincide Mara Zaragoza, subdirectora de fortalecimiento de la organización Ipas Latinoamérica, que lucha por el acceso a abortos seguros: “si bien no estamos diciendo que desaparezcan las clínicas de ILE, nos parece que hoy por hoy cualquier mujer debería poder llegar a una clínica, decir que lo necesita y obtener el servicio con la misma calidad”.

En experiencia de las acompañantas, los servicios públicos también deberían mejorar la publicidad y atención para que sea cálida, clara, sin estigmas y sin presión para llevarse un método anticonceptivo.

La falta de información pública sobre este derecho ha dado pie a que en la entrada de las clínicas haya personas anti-derechos que, disfrazados de médicos y enfermeras, desinformen y coopten a las usuarias para obstaculizar el acceso al aborto. Mujeres que, según la titular de la Administración del Seguro Social (Ssa), Olivia López, inhiben la interrupción del embarazo con información falsa, e “incluso a mujeres que no están embarazadas les realizan el ultrasonido y proyectan imágenes de fetos que no existen en su vientre”.

Adolescentes y su derecho a la justicia reproductiva

El documento “Aborto Legal, Seguro y Gratuito en la Ciudad de México, 2007-2021. Tendencias a 15 años de su despenalización y provisión pública”, realizado por el gobierno de la CDMX, señala que se ha reducido más el número de ILE entre niñas y adolescentes, que entre las mujeres adultas, aunque no refiere razones. Y señala también que en alcaldías menos urbanas, como Milpa Alta, la probabilidad de embarazo infantil es muy elevada, y muy reducida la probabilidad de que las niñas accedan a la interrupción.

El Comité de Expertas de Belém Do Pará señala sobre los embarazos infantiles que “todo embarazo en una niña menor de 14 años debe considerarse no consentido y, por tanto, producto de violencia sexual”.

De acuerdo con la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim), en la CDMX se registraron 635 violaciones sexuales contra niñas de 1 a 17 años, solo de 2019 a 2021, es decir, una cada dos días. Aunque seguramente son más, porque como señala la directora de esta organización, Tania Ramírez, “hay un subregistro de estos casos”.

En caso de una violación, la Norma Oficial Mexicana 046 establece que se puede acceder a una Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE)  incluso sin denuncia judicial de por medio, y no hay un límite de semanas gestacionales para llevar a cabo el procedimiento.

Sin embargo, el número de IVE es muy bajo. Por ejemplo, en ese mismo periodo en el que hubo 635 violaciones sexuales contra niñas (2019-2021), solo se registraron 116 IVE en mujeres en general, aunque de acuerdo con las autoridades, eso se debe a que muchas prefieren acceder a la ILE para evitar cuestionamientos.

Pero si ese es el caso, ¿cómo van a saber las adolescentes que pueden acceder a un aborto si no hay campañas de difusión?, cuestiona Stephanie Lomelí, coordinadora de Fondo María: “Vemos a veces campañas que hablan de la vacunación o de otro tipo de servicios, y pues ILE nunca está presente”.

Las cinco alcaldías con mayor índice de fecundidad en adolescentes son Tláhuac, Xochimilco, Magdalena Contreras, Milpa Alta y Cuajimalpa.  De acuerdo con un análisis realizado por Verónica Esparza, coordinadora de Investigación en el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), en Milpa Alta y Cuajimalpa hay menos información, menos presupuesto y, por lo tanto, menos posibilidades de acceso a una ILE. Lo cual tiene un impacto en la vida presente y futura de esas adolescentes.

Al respecto, Oliva López Arellano, secretaria de Salud de la CDMX explica que es necesario mucho equipamiento para llevar el servicio a las alcaldías más alejadas, por lo que se concentran en prevenir el embarazo, mediante campañas sobre el derecho a la salud sexual y reproductiva y el acceso a métodos anticonceptivos en escuelas de educación media y media superior.

Uno de los requisitos para que las adolescentes puedan acceder a una ILE o una IVE es que vayan acompañadas por su padre, madre o tuto, lo cual, de acuerdo con acompañantas, complica el acceso por el estigma que hay alrededor del embarazo adolescente.

La criminalización permanece

La falta de información sobre el aborto afecta también a las mujeres adultas que viven en las zonas menos urbanas, “como Tláhuac, Milpa Alta, Xochimilco, donde todavía hay mucho estigma”, dice Patricia López, acompañanta de Ddeser. En su experiencia, en esas zonas “todavía hay muchos mitos y estereotipos al respecto, como que un aborto es culpa de la mujer”.

A la falta de información se suma el hecho de que el aborto sigue siendo un delito contemplado en el Código Penal: “mientras eso continúe, las mujeres seguirán teniendo temor de solicitar o buscar servicios, porque están preocupadas de sí su caso cuadra o no en un marco legal”, dice Mara Zaragoza, de Ipas Latinoamérica.

Se trata de un temor fundado: la CDMX es la entidad donde hubo más Carpetas de Investigación (CDI) por aborto en el año 2022 en todo el país: 192 personas fueron denunciadas por ese delito, una denuncia cada dos días.

También en el acumulado de 2015 a 2022, la capital del país quedó en primer lugar con 945 denuncias.

Que el aborto siga como delito en el Código Penal hace también que el personal de salud sienta riesgos, “y esa incertidumbre legal, lo único que trae como resultado es mayor rechazo, falta de atención y negación de servicios, que ponen en juego lo que se supone que es lo más importante: la salud y bienestar de las mujeres”, agrega Mara Zaragoza.

Abortar en clínicas privadas

Mientras el aborto siga siendo más un privilegio que un derecho, las mujeres optarán por interrumpir sus embarazos con acompañantas, pero también en clínicas privadas, donde tampoco hay garantía de una atención sin prejuicios o incluso a un precio justo. Además, los hospitales privados no están obligados a informar a la autoridad sobre el número de servicios de ILE o IVE que dan.

Este relato lo comparte Daniela Medina, integrante de Marías Acompañantes, quien acompañó a una amiga a realizarse una ILE en una clínica privada en el año 2012.

“Acompañé a una amiga que en ese entonces tenía 21 años y tenía 10 semanas de gestación. Somos de Toluca, así que tuvimos que trasladarnos en bus primero, llegar a (la estación) Observatorio y de ahí a la clínica que estaba por la estación Indios Verdes. Cuando llegamos le empezaron a cuestionar por su salud, que si tenía un TAC, que si no estaba alimentándose bien para que no se le notara, frente a todas las demás pacientes. La persona que estaba en el mostrador era un hombre y le hizo un interrogatorio extenso. Ella pidió ver el ultrasonido y la ginecóloga le dijo que si quería verlo era porque no estaba segura y ella no podía perder el tiempo, tenía muchas pacientes. Mi amiga quería de alguna forma despedirse del embrión. Luego le dijo que tenía 13 semanas y media y que, por eso, el costo era más alto y tenía que ser otro proceso. Mi amiga quería un AMEU y le dijeron que sí, pero además la forzaron a pagar más y a tomar una dosis de ‘miso’. Mi amiga comenzó con mucho dolor, escalofrío y náusea, síntomas fuertes del ‘miso’ y estaba muy asustada. El encargado del mostrador le gritó y la maltrató. Llegamos a la clínica a las 9:30 a. m. más o menos y la atendieron cerca de las cuatro o cinco de la tarde, pero a mí me dieron informes hasta las seis. No la anestesiaron, sintió todo y la ‘gineco’ la regañaba por moverse, por respirar profundo. Después la dejaron una hora esperando, semidesnuda, leyendo sobre anticonceptivos. Le volvieron a hacer un ultrasonido para que viera que el útero estaba vacío. Por días tuvo dolor y después, una infección”.

Julia Escalante, activista por los derechos sexuales y reproductivos, realizó una investigación sobre el servicio de ILE en clínicas privadas y encontró —con excepciones— que hay lugares donde hacen trabajar al personal médico 10 horas seguidas, con poco tiempo de descanso por lo que no dan consejerías ni explican las señales de alarma. Lo cual implica un riesgo para las usuarias; además de que se les exige practicar y vender los procedimientos y métodos anticonceptivos más costosos. Encontró también una alta fluctuación de personal en las clínicas.

Escalante registró el caso de una mujer que tenía un embarazo ectópico y la aspiración mal practicada terminó en una perforación. Días después del procedimiento ella llamó a la clínica para decir que tenía dolor, le dijeron que era normal. “Terminó en un hospital con una infección y una cirugía que costó 70,000 pesos (unos US$ 3.785)”.

Otra experiencia que acompañó Daniela Medina sucedió en otra clínica privada, en la colonia Roma:

“Mi acompañada tenía 20 años y 8 semanas, ella quería abortar con ‘miso’. Le dijeron que no podía usar medicamentos porque tenía más de 12 semanas y tenía que ser forzosamente con AMEU (que salía mucho más caro, que con medicamentos). Le hicieron firmar una especie de deslinde de responsabilidades si se ponía mal en Toluca. Yo aún no sabía cómo funcionaba el ‘miso’ y pues creímos en lo que decía la ‘gineco’. En ese momento yo tenía unos 2 años acompañando, no conocía muchas clínicas y no tenía tan presente el concepto de violencia ginecológica ni de derechos que tengo hoy”.

Para Daniela, estas experiencias que acompañó son ejemplo de cómo se sigue castigando a las mujeres por decidir y cómo se lucran de nuestro desconocimiento. “En las clínicas privadas es común que intenten cobrarles de más a las mujeres, que aumenten el precio por cada semana de gestación. En casi todas las clínicas dicen que hay acompañamiento psicológico, que es libre de estigmas, pero esa vez parecía todo lo contrario”.

 

#HablemosDelAborto es una conversación digital y periodística, entre México y Colombia,  que lucha en contra de la penalización social del aborto en América Latina y los efectos que deja en las mujeres, hombres trans y personas no binarias. Fue organizada por Mutante, en alianza con El Espectador en Colombia, y en colaboración con Lado B, Página 3, Istmo Press, Revista Espejo, Amapola Periodismo Transgresor, La Marea y Pie de Página, de México. Tuvo el apoyo del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE). Si busca más información, le invitamos a conversar en las redes sociales de los medios aliados.

Médicos, impunes ante violencias y negligencia: en 10 años, casos ante jueces no han tenido sanciones penales ni inhabilitaciones

En México, no existen mecanismos para sancionar a médicos que ejercen violencias o malas prácticas. Las demandas civiles o las denuncias penales tardan años y las instancias gubernamentales son inoperantes. Además, el gremio niega violencias específicas, como la ginecobstétrica, mientras sus miembros denunciados continúan ejerciendo en la impunidad.


Texto: Marcela Nochebuena / Animal Político

Fotografía: Oscar Guerrero

 

En México, los médicos que violentan a un paciente o, por accidente o negligencia, llevan a cabo malas prácticas pueden tener una certeza: no enfrentarán ninguna sanción, aunque se presente una denuncia, y podrán continuar con su práctica profesional.

Las víctimas que recurren a una demanda civil o a una denuncia penal terminan viviendo procesos largos —incluso de más de 10 años— y revictimizantes, con resultados poco alentadores. Si recurren a instancias gubernamentales, como la Comisión Nacional de Arbitraje Médico (Conamed), descubren que la voluntad de participación del doctor es indispensable para un proceso que solo es conciliatorio. En tanto, a los doctores les basta cambiar de hospital, mientras los órganos colegiados niegan violencias específicas.

En los últimos 10 años, el promedio anual de casos judicializados relacionados con negligencias médicas es de 37 —con un mínimo de 20 en 2012 y 2016, y un máximo de 60 en 2019—, de acuerdo con los registros del Consejo de la Judicatura Federal (CJF). En la mayoría de los casos se trata de demandas civiles, por lo que el resultado suele ser la indemnización, sin sanción definitiva al médico responsable.

En el IMSS, por ejemplo, no hay una sola sanción administrativa firme entre enero de 2020 y agosto de 2022 relacionada con la suspensión o el retiro de licencia a médicos denunciados ante el Órgano Interno de Control del organismo, según informó el instituto en respuesta a una solicitud de información y tras la búsqueda exhaustiva en sus archivos, registros, sistemas y expedientes de consulta y trámite.

La violencia ginecobstétrica es un ejemplo de las malas prácticas médicas que se perpetúan en la impunidad: pese a que un promedio de 450 mil mujeres la viven cada año en nuestro país, según la ENDIREH 2021, no hay médicos sancionados en el sector público o privado. Solo cinco de los casos judicializados, registrados en el CJF, refieren específicamente el concepto violencia obstétrica, pese a que 28 entidades la tienen tipificada en sus leyes.

Incluso cuando un solo médico ha reproducido en más de 14 casos el maltrato ginecobstétrico, la negligencia en el suministro de medicamentos y hasta intervenciones quirúrgicas innecesarias y consecuencias fatales en el parto, sigue ejerciendo sin consecuencias.

‘Marina’, quien pidió que su nombre fuera cambiado para evitar ser revictimizada, estuvo muy cerca de morir cuando dio a luz en el hospital privado Santa Teresa, después de un embarazo que había transcurrido con normalidad y sin un diagnóstico oportuno del síndrome de Hellp. Aunque estaba por cumplir 38 semanas de embarazo, la popularidad del médico Jesús E. Luján Irastorza, por su enfoque en el parto natural y humanizado, la llevó a su consulta.

Igual que otras mujeres que vivieron episodios similares con él antes y después, que van del suministro de medicamentos sin consentimiento hasta el fallecimiento de sus bebés, ‘Marina’ lo recuerda como un médico encantador, que la alababa todo el tiempo. Para Luján Irastorza todo estaba perfecto hasta la última consulta, pese a que ella había tenido, un par de veces, una atípica presión arterial alta. Después de un parto previo en agua, ella prefería que esta vez no fuera en ese medio, pero sí natural con anestesia.

Hacia el final de su embarazo, ‘Marina’ amaneció un día con un cólico muy fuerte, sostenido. Había tenido un bebé antes y podía reconocer la anormalidad de la sensación. “No era el dolor normal de una contracción”, subraya. Trató de comunicarse con el médico y no le contestó. Su asistente le recetó únicamente un medicamento para el dolor y le indicó que se metiera a bañar. Su mamá, que llegaba a su casa para cuidar a su hija de dos años, la encontró tirada en el piso de la regadera y la llevó de inmediato al hospital.

Una vez enterado, su esposo también intentó comunicarse en múltiples ocasiones con Luján Irastorza. ‘Marina’ insistía en que algo era diferente a su primer parto. Ningún médico estaba disponible. Cuando el bebé empezó a hacerse visible, por fin le pusieron la epidural, sin tomar ningún análisis ni muestra de sangre. Tenía 20 mil plaquetas y, en el momento de meterle la aguja, le dio un derrame.

El médico llegó casi al momento que nació su hija. Eran las 4:45 de la tarde. Aunque su sangrado era inusual por la falta de plaquetas, aun después de eso la llevaron a un cuarto. Solo recuerda que sentía mareo, veía borroso y pasó toda la noche en vela. Hasta la mañana siguiente, al tomarle los signos vitales, le detectaron presión alta y por fin alguien reconoció que “algo” no estaba bien. Lo que siguió fue la terapia intensiva.

‘Marina’ tenía síndrome de Hellp. El dolor que había sentido —más tarde lo supo— provenía del hígado. “‘O sea que tu hígado va a envenenar todos tus órganos, se te va a echar a perder todo y probablemente mueras’. Así me lo dijeron, pero eso me salvó la vida porque yo ahí dije: ‘Yo no me voy a morir’. Nunca perdí la conciencia; me meten a un cuartucho que decía terapia intensiva, no había intensivista, lo mandan a llamar; tenía los pies engarrotados, no los podía mover, estaba toda contracturada”, relata.

La asistente del doctor Luján insistía en que no tenía nada y no estaba poniendo de su parte. Su esposo habló con el director del hospital, sin que lo dejaran entrar a verla. Su familia luchó por sacarla, ya con amagos, ante la insistencia del hospital para que se quedara. Cuando llegó a otro hospital, su presión era muy alta y estaba al borde de un paro cardiaco. Prácticamente estaba desahuciada. De Luján nunca volvió a saber nada.

“Después estuve en el ABC 23 días, obviamente me quedé paralítica por el derrame, se me paralizó la vejiga, estuve todo el tiempo con sonda, me dio neumonía… Una historia de terror: me daban ataques epilépticos por toda la sangre que tenía derramada en la cabeza, estar en terapia intensiva es una cosa espeluznante porque tienes que estar todo el tiempo despierta. Si te duermes, baja la saturación; todo el tiempo están manipulando”, recuerda.

No pudo conocer a su hija hasta que salió del hospital. En ese momento, en medio del shock, no pensó en denunciar formalmente. Estuvo lejos de su hija casi un mes, tardó varios más en dejar por completo la sonda y tuvo que reaprender a caminar. Pero alrededor de un año después, gracias a la insistencia de uno de sus tíos, que era abogado y tenía la seguridad de cómo hacerlo, se convenció de iniciar una demanda civil.

En 2018, nueve años después del nacimiento de su hija —justo un 10 de mayo—, recibió una compensación económica, determinada por una tercera instancia, por el daño ocasionado. Hubo una cadena de errores. Si al menos uno hubiera sido leído como alarma, se habría salvado el problema. Todos se dejaron pasar. Para ella, ese es uno de los mejores ejemplos de que solo hay justicia para quienes tienen dinero y, aun así, significa sobrevivir a un largo proceso de revictimizaciones.

Al paso de los años, lo que más lamenta es que después del desgaste económico, físico y emocional de la demanda, y de las prácticas que otras mujeres han vivido, Luján sigue dando consulta, ahora por cuenta propia, luego de que el Santa Teresa cerrara. Otras dos muertes de bebés, una cuya denuncia se perdió en la tercera instancia y otra que no fue denunciada, se dieron también en aquel hospital, a cargo del mismo doctor y en la misma época.

“Las tendencias actuales van en contra de nosotros”: Consejo Mexicano de Ginecología 

En las oficinas centrales del Consejo Mexicano de Ginecología, lo primero que salta a la vista son los marcos que encuadran las fotografías de todos los hombres que lo han presidido desde su fundación en 1971 hasta hoy. Son también tres hombres quienes conceden una entrevista donde se pretende abordar el tema de la violencia obstétrica. Sin embargo, de entrada rechazan el término: aseguran que es estigmatizante.

“Nosotros, en principio, tenemos que señalar que consideramos el término de violencia obstétrica como un término que tiene una connotación peyorativa, porque está dirigido exclusivamente a los profesionales de la salud que nos dedicamos precisamente a la asistencia de la mujer durante el evento obstétrico. Cuando uno lee los preceptos legales, jurídicos, que se están intentando desarrollar, o en ocasiones ya están desarrollados, encuentra uno graves falacias y deficiencias”, asegura el médico Francisco Javier Robles Elías.

“Entonces, lo que entendemos como violencia obstétrica para nosotros es diferente a lo que ustedes o la mayoría de las personas señalan como actos médicos que requieren alguna sanción, hasta penal en algunas ocasiones”.

Para él y sus colegas, las malas prácticas en la ginecología y obstetricia, como la esterilización forzada o no permitir a las mujeres amamantar, ya se acabaron en México: “Eso la verdad, la verdad, ya no existe, hace muchos años se acabó, pero es un acto determinado, que fácilmente el médico entiende que va en contra de los derechos reproductivos de nuestras pacientes”.

Ante un trato indigno, una queja administrativa es un procedimiento adecuado, dice, pero antes habría que evaluarlo porque, según él, existen diferencias geográficas en el significado de las palabras, relatividad y evolución en los conceptos, además de que las mujeres “están en un evento emocionalmente no óptimo para contestar si fueron o no tratadas bien”. Una denuncia penal, en cambio, está fuera de todo orden, incluso de los principios del derecho, asegura.

—La ENDIREH tiene un bloque destinado al maltrato en la atención obstétrica y muestra una prevalencia en anticoncepción forzada o no consentida, igual que en cesáreas no consentidas. Hay índices de que todavía existen. ¿Ustedes lo considerarían un error, una mala apreciación del INEGI o de las encuestadas, o cómo sería compatible con esta visión? —se le pregunta.

—Lo que yo pienso es que la situación de las encuestas y la situación de la recepción de percepciones en este tipo de temas tendría que ser apoyada por nosotros los obstetras, porque, mire, cuántas personas de acuerdo a esa encuesta tuvieron esterilización forzosa, ¿una, dos, 10, cuántas? Usted que la leyó, recuérdenos.

—Entre 2016 y 2021, 3 millones 718 mil mujeres tuvieron un hijo o hija por cesárea, entre las cuales 319 mil 319 no dieron permiso para que se las practicaran. Por otro lado, a 759 mil mujeres las presionaron para que aceptaran algún dispositivo o cirugía como método anticonceptivo, mientras que a 333 mil las esterilizaron sin su consentimiento —se le recuerda.

—Yo me atrevo a señalar que muchos de esos datos son datos numéricos pero tienen falta del análisis médico, que es el que tendría que ser el primero… Se da un problema de la teoría a la realidad, ¿cuánto tiempo cree usted que yo puedo tardar para hacer un consentimiento informado como la Suprema Corte de Justicia dice que lo debemos hacer? ¿Cuánto tiempo cree usted que pasa? Y si la muchacha está en una condición de salud psicológica en crisis, cuánto es el tiempo que pasa entre una cosa y otra, y cuál es la validez de conseguir un consentimiento cuando la paciente está en una situación de crisis emocional por el nacimiento de un bebé? Esas situaciones hacen que las estadísticas que presentan tengan un fundamento médico distinto… Hay tres tipos de mentiras: las mentiras, las malditas mentiras y las estadísticas.

El médico asegura que la Federación y el Consejo trabajan en esos temas, pero cuando las organizaciones no gubernamentales y las legislaturas quieren únicamente dirigir su esfuerzo hacia el resultado final y no hacia los precedentes, se comete un error en derecho y justicia, “porque nosotros los médicos obstetras también somos justiciables, también tenemos derechos humanos y cuando nos atribuyen situaciones que las hacen de buena fe, pero sin fundamento adecuado, violentan nuestros derechos humanos”.

E insiste: “No respetan precisamente lo que tanto busca la Constitución, que se respeten los derechos humanos de las dos partes, y las tendencias actuales van en contra de nosotros”.

La Conamed, una institución sin “dientes”

Mientras la representación del gremio en el ámbito privado descalifica la violencia obstétrica y la posibilidad de que las mujeres sepan qué es el mal trato, la Conamed es la única dependencia oficial a la que se podría recurrir para reclamar la mala práctica médica, solo que no tiene ninguna capacidad para determinar responsabilidad o sancionar directamente a los profesionales de la salud.

En su propia misión, el organismo establece que es la institución gubernamental que ofrece mecanismos alternativos de solución de controversias entre usuarios y prestadores de servicios médicos, lo cual significa que solo llevan a cabo procesos de conciliación con los que ambas partes deben estar de acuerdo, es decir, si el médico no accede, el caso no puede seguir por esa vía.

Por otro lado, colabora con autoridades de procuración e impartición de justicia —cuando, como parte de un juicio, se les solicita un peritaje específico— y participa en la investigación, fomento a la calidad de la atención médica y seguridad del paciente. La dependencia no accedió a una petición de entrevista para conocer a detalle sus procedimientos y resultados.

De acuerdo con sus estadísticas oficiales, en el último año recibió 51 quejas referidas a la especialidad de ginecología, 28 en el sector público y 23 en el sector privado. De entre 87 especialidades, esta ocupa el quinto lugar, únicamente superada por traumatología (75), urgencias médicas (74) cirugía general (61) y ortopedia general (59). Para la especialidad de obstetricia se contabilizaron 19 quejas: 13 en el sector público y seis en el privado.

En cuanto a los motivos, para la atención del parto y puerperio, la dependencia únicamente consigna siete quejas en total, seis en el sector público y una en el privado. Además, pese a las 70 quejas que suman en total las especialidades de ginecología y obstetricia, la Conamed solo emitió un laudo.

Exfuncionarios de Conamed revelaron que no solo no tiene atribuciones de sanción y sus procesos conciliatorios dependen de la aceptación del médico, sino que en los últimos años se le ha mermado en estructura y capacidades. Desde 1996, el organismo se creó con la idea de que la mediación, la conciliación y el arbitraje serían medios mucho más eficaces que las denuncias en tribunales, que suelen prolongarse demasiado.

En su momento, fue muy innovadora como solución, considera una de las exfuncionarias consultadas, que ocupó un puesto directivo. El problema ha sido, dice, que muchos de los propios médicos no están convencidos, además de que a aseguradoras y abogados no les conviene que los asuntos se solucionen de manera rápida y eficaz.

A esto se suma que, desde su perspectiva, nunca ha habido una difusión fuerte del trabajo de la institución. “Cada vez se reduce más, se le desprecia más y no dudes que en un futuro ya ni siquiera exista”, señaló. Además, Durango, Zacatecas y Quintana Roo no cuentan con comisión de arbitraje médico estatal, por la oposición de los propios colegios de profesionales de la salud.

Sin opciones

Pese a que la violencia obstétrica ya es parte del marco jurídico mexicano, y está tipificada y sancionada en varios estados como delito, incluida la capital, “la ley puede ser letra muerta si no sucede nada”, señala el doctor José Antonio Moreno Sánchez, coordinador de Bioética de la Federación Mexicana de Colegios de Obstetricia y Ginecología. Para él, los factores que influyen en ello son el desconocimiento de la ley y su inaplicación en las unidades médicas.

“También hay una gran deficiencia en los servicios privados, aunque se dé menos, porque ahí las personas pagan por los servicios y se supone que consienten antes, pero se da, y a menos que un usuario presente una queja ante la dirección de un hospital privado, muchas veces a lo más que llega el hospital privado es a restringirle o eliminarle los derechos, o los privilegios, que le llaman ellos, para atender ahí, pero no van más allá”, reconoce el médico.

Por eso, termina requiriéndose la denuncia de hechos por otras vías. Por otra parte, en el ámbito público, especifica, hay una gran carencia de supervisión y falta de compromiso de las personas que tienen una responsabilidad. Esto da origen, dice, a una serie de inercias que prevalecen y dificultan la aplicación de la ley, aunado a la falta de denuncia, sobre todo cuando se trata de servicios de salud que se perciben como “gratuitos”.

De las comisiones de arbitraje médico pueden salir dictámenes que demuestran que hubo mala práctica, pero estos todavía llegan a fiscalías, juzgados o comisiones de derechos humanos frente a las cuales existe la posibilidad del amparo, que conduce a una vía judicial que puede prolongar las demandas por años. “Acaba en lo que acaba cualquier delito: si hay dinero de por medio, y abogados, al final no pasó nada”, lamenta.

Para el abogado Arturo Manuel López Ramírez, que litiga temas de negligencia médica, las demandas por la vía civil siempre pondrán en desventaja a las pacientes. Ese tipo de demanda las pone en igualdad de condiciones que el médico, pero al no ser expertas o peritas en la materia, tendrán que contactar otros profesionales de la salud que demuestren lo contrario de lo que sostiene el demandado, lo que genera una desigualdad total.

“La mejor vía es la vía penal, porque existen daños, pusieron en riesgo tu vida y tu salud”, asegura. Desde su perspectiva, hay mayor facilidad de generar pruebas plenas al ser realizadas por instancias públicas y se reduce el gasto que implica ponerse en condiciones de igualdad frente a un médico. “Si se demuestra que existió ese daño médico con una documental pública, tienes que demostrar que no lo cometiste y que llevaste a cabo todos los protocolos”, explica.

Además, recuerda que cuando existe una violación a derechos humanos, las víctimas no tienen la obligación de demostrarla. Quien agredió tiene que demostrar que no lo hizo. “La carga de la prueba se revierte: el médico tiene que demostrar que no violentó mis derechos humanos, yo no tengo la carga de la prueba; el que la tiene es él. Yo tengo al Estado, en la materia penal, que va a aportar o a recabar todos los elementos probatorios para demostrar que sí fue él”, subraya.

Al igual que ‘Marina’, en poco más de una década, más de 10 mujeres se ubicaron unas a otras para compartir entre ellas diferentes experiencias de violencia como pacientes de Jesús E. Luján Irastorza, que van desde el suministro de medicamentos sin consentimiento para inducir el parto hasta la muerte de dos bebés que, acusan, fue producto de negligencia.

Consultado al respecto, el médico no dio respuesta. Hasta hoy, solo una demanda civil ha prosperado; otras personas siguen evaluando, hasta la fecha, la posibilidad de iniciar acciones legales. Todas lamentan que esas prácticas se sigan replicando, en el suyo y otros consultorios, con plena impunidad.

 

Ayuntamiento de Chilpancingo empieza a borrar pintas del 8M

Texto: Itzel Urieta

Fotografía: Oscar Guerrero 

Chilpancingo

 

Autoridades municipales comenzaron a borrar las pintas de los monumentos de la Plaza Cívica Primer Congreso de Anáhuac que realizaron las Mujeres que se manifestaron del 8 de marzo pasado.

En la marcha del 8 de marzo, en la que participaron mujeres, activistas, víctimas y familiares de mujeres que sufrieron violencia de género, por el Día Internacional de la Mujer, realizaron varias pintas en los monumentos de la Plaza Cívica.

En la base de los monumentos de José María Morelos y Pavón, Vicente Guerrero, Nicolás Bravo, Hermenegildo Galeana e Ignacio Manuel Altamirano se leía: «Mata a tu agresor», «8 M», «La policía no me cuida», «Gobierno machista».

La mañana de este domingo trabajadores de Servicios Públicos Municipales comenzaron a lijar las partes de los monumentos con consignas. Todavía no las borran del todo, muchas consignas continúan ahí.

En el piso de la explanada de la Plaza Cívica también hay pintas.

En las pintas había nombres de presuntos responsables de algún delito en contra de mujeres y exigencias de los colectivos en contra de las autoridades de procuración de justicia.

Se espera que las labores de limpieza continúen y queden borradas por completo en las próximas semanas.

También colocaron cárteles con fotografías de víctimas de feminicidio por las que exigen justicia.

Un caso es el de Paola Michelle, una niña de 14 años que fue asesinada el 28 de diciembre del 2022 mientras vendía postres en el centro de Chilpancingo.

Hasta el momento esos carteles no los han retirado.

Civiles se concentran en cuarteles de Guerrero en apoyo a militares que actuaron en Tamaulipas

Texto: José Miguel Sánchez

Fotografía: Especial 

Chilpancingo

 

Familiares de militares y simpatizantes del Ejército se movilizaron en Chilpancingo, Iguala y Atoyac, para demostrar su apoyo a las fuerzas castrenses por las investigaciones que se realizan en Tamaulipas por el asesinato extrajudicial de cinco jóvenes el pasado 27 de febrero.

Está actividad fue una movilización a nivel nacional convocada en redes social bajo el nombre de Yo apoyo a los militares.

En Chilpancingo, a las nueve de la mañana, un grupo de 30 personas se manifestaron en la Plaza Cívica Primer Congreso de Anáhuac, en el centro de Chilpancingo, y posteriormente marcharon a la entrada oriente del 35 Batallón de Infantería.

En las pancartas de los manifestantes se leía «los militares también son pueblo», «a los delicuentes los defienden, pero los militares también tienen derechos».

Esta manifestación se da después de que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, anunció una investigación contra los militares por el asesinato de cinco civiles en Nuevo Laredo, Tamaulipas.

De acuerdo por lo documento por la prensa y organismos de derechos humanos, cinco jóvenes viajaba durante la madrugada del domingo 27 de febrero en una camioneta tipo Pick Up color blanca.

En la colonia Manuel Cavazos Lerma militares les indicaron el alto a los jóvenes y al no detenerse fueron atacados a balazos.

El conductor de la camioneta perdió el control y chocó contra un automóvil estacionado.

Algunos testigos de los hechos aseguran que dos de las víctimas fueron ultimadas con disparos en la nuca cuando estaban tirados sobre el pavimento aún con vida.

En contra de dichas investigaciones fue que esta mañana familiares de militares se manifestaron.

Los manifestantes aclararon que la protesta frente a la zona militar no solamente es en apoyo a los cuatro militares detenidos, «también es en apoyo pleno de todos los integrantes del Ejército Mexicano y no dejaremos de manifestarnos hasta ser escuchados y atendidos por las autoridades correspondientes», mencionó uno de los manifestantes.

Destacaron que son madres, hermanos, familiares y amigos de militares quienes exigen justicia y que intervengan los derechos humanos en defensa de sus familiares, ya que consideran que su detención fue injusta porque actuaron conforme a los reglamentos del Ejército Mexicano y en defensa propia

La mayoría de los manifestantes reconocieron ser familiares de soldados en activo, y «preocupados por la violación de los derechos humanos hacia las fuerzas castrenses y el proteccionismo a delincuentes».

Está movilización se replicó en el 27 Batallón de Infantería ubicado en la ciudad de Iguala, en la zona norte de Guerrero, cuartel señalado participar en los hechos del 26 de septiembre, donde desaparecieron a los 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa.

En Iguala, un grupo de aproximadamente 30 personas reclamó la vinculación de 4 soldados en activo del Ejército por los hechos ocurridos en Nuevo Laredo.

La misma actividad de protesta se llevó a cabo en el 109 Batallón, ubicado en la comunidad del Ticuí, municipio de Atoyac de Álvarez, en donde un grupo menor a 10 personas se unió al reclamo de libertad para los cuatro soldados.

 

Detienen de manera extrajudicial a mujer y la FGE le trata de imputar delitos

Texto: José Miguel Sánchez

Fotografía: José Luis de La Cruz/ Archivo

Chilpancingo

 

El jueves 2 de marzo, alrededor de las ocho de la noche, Marisol Figueroa Núñez fue detenida por policías ministeriales en el centro de Chilpancingo sin ninguna orden judicial, sólo la subieron a una camioneta oficial y se la llevaron.

Marisol estuvo desaparecida cinco días, tiempo en el que los policías ministeriales la mantuvieron en una casa donde había una excavación de fosas clandestinas y fue hallado el cadáver de un hombre decapitado.

De acuerdo con un comunicado emitido por Antimonumenta, organización feminista a nivel nacional, los policías ministeriales querían que Marisol señalara a una persona como el responsable de un asesinato.

Ante la negativa de Marisol, los elementos ministeriales la trasladaron a los separos de la Fiscalía General del Estado (FGE), donde estuvo incomunicada varios días.

Fue hasta el 7 de marzo que su madre, Marisela Núñez Trujillo, quien es activista y marcha constantemente para exigir la aparición con vida de los 43 normalistas de Ayotzinapa, preocupada por la desaparición de su hija, salió a buscarla y logró recrear los hechos del 2 de marzo.

Marisela Núñez llegó a las instalaciones de la FGE , donde estaba detenida su hija, le dijeron que estaba ahí «porque andaba con malandros, venta de drogas y agresión a un policía ministerial».

Al no comprobarse dichos delitos y ante la insistencia de su madre, Marisol fue liberada el 7 de marzo.

Inmediatamente después de ser liberada le fue ejecutada una orden de aprehensión por el delito de homicidio, por lo que fue detenida y trasladada al Centro Federal de Readaptación Social de Chilpancingo (Cereso).

El próximo lunes 14 de marzo se realizará la primer audiencia de Marisol, en la instalaciones del Poder Judicial, en Chilpancingo.

«Es inconcebible que a través de la tortura, amedrentación y fabricación de delitos, una mujer inocente este privada de su libertad, vulnerando sus derechos y su integridad», se lee en el documento de Antimonumenta.

Por tales hechos, dicha organización feminista exige a las autoridades correspondientes la liberación inmediata de Marisol y un alto a la represión de activistas y defensores de derechos humanos.

 

Crece con gobierno de la gobernadora Evelyn grupos del crimen organizado, dice Tlachinollan

Texto: Amapola Periodismo 

Fotografía: José Luis de la Cruz / Archivo 

Chilpancingo

 

El Centro de Derechos Humanos de la Montaña (Tlachinollan) asegura que en esta administración estatal que encabeza la gobernadora morenista Evelyn Salgado Pineda se han expandido en Guerrero los grupos del crimen organizado en las zonas turísticas, en las regiones mineras y ciudades comerciales.

En su informe por el 28 Aniversario de la fundación de esta organización no gubernamental y que presentó a finales de febrero de este año, señala que en el 2022 se registraron 25 organizaciones criminales que han protagonizado disputas férreas en la Tierra Caliente, zonas Centro y Norte, Acapulco y Costa Grande.

En su análisis, Tlachinollan, asegura que los municipios más convulsos derivado de la actividad de estas bandas del crimen organizado son en los que hay mayor actividad económica como Acapulco, Chilpancingo, Iguala, Zihuatanejo, Tixtla y Chilapa.

Menciona que en regiones de Guerrero como en los nueve municipios de Tierra Caliente, las organizaciones criminales han tomado el control del comercio y están disputando los ayuntamientos como sucede en San Miguel Totolapan y Coyuca de Catalán.

En Tierra Caliente, es un territorio con nueve municipios y desde hace más de una década la Familia Michoacana tiene el control de esta zona, aseguran fuentes gubernamentales.

Para Tlachinollan, en los municipios de la zona Norte, Iguala, Huitzuco de los Figueroa, Cocula, Teloloapan, Apaxtla de Castrejón y Tepecuacuilco, se disputan el control de las rutas del narcotráfico.

Por versiones oficiales, en estos municipios, Los Tlacos y La Bandera (una escisión de Guerreros Unidos) se pelean esta zona.

«La población se encuentra inerme ante la ausencia de los cuerpos de seguridad y por la complicidad de las mismas autoridades que prefieren pactar con algún grupo para que se encargue de controlar la plaza y brindar seguridad a los gobernantes», dice el informe de Tlachinollan.

Menciona que también en el municipio de Chilpancingo hay tres organizaciones criminales que han incursionado en los giros comerciales como la venta de pollo y ganado vacuno.

En el caso de los municipios de Heliodoro Castillo, Leonardo Bravo y Eduardo Neri, las organizaciones delictivas se disputan la siembra y el trasiego de la droga además del botín de las grandes ganancias que dejan las empresas mineras con capital extranjero que están asentadas en esta zona centro de Guerrero desde hace más de una década.

Tixtla, Chilapa y Quechultenango, son municipios que tiene bajo control un grupo del crimen organizado que ya tiene asegurados los negocios del ámbito comercial así como de las administraciones públicas municipales.

En los ocho municipios de la región de la Costa Grande, Coyuca de Benítez, San Jerónimo, Atoyac de Álvarez, Tecpan de Galeana, Petatlán, Zihuatanejo de Azueta, La Unión de Montes de Oca y Coahuayutla, tienen presencia en las cabeceras municipales y se han organizado para incursionar en varios giros comerciales que son redituables por la presencia del turistas nacionales y extranjeros, indica el informe de Tlachinollan.

Esta oganización dice que en Guerrero el Ejército ha sido utilizado no solo para tirar cuerpos al mar en los llamados «vuelos de la muerte» durante la llamada «Guerra sucia» sino también las aeronaves militares fueron utilizadas para asegurar droga y trasladarla a la frontera con Estados Unidos para hacer jugosos negocios.

Menciona que en Guerrero la clase política ha devastado a las instituciones del Estado, las ha utilizado para beneficio propio y ha permitido que prosperen los negocios de la economia criminal.

«La venta de armas, el trasiego de droga, la trata de personas por parte del crimen organizado con fines de explotación sexual, el control de los giros comerciales por parte del crimen organizado, el pago de cuotas para el sostén de la delincuencia y la disputa por el control territorial y de los mismos ayuntamientos, nos dan la radiografía de un estado sumido en la violencia», establece Tlachinollan.

Señala que a más de un año de que la morenista Salgado Pineda asumió el cargo, su gobierno es ya un desencanto en materia de seguridad pública.

Menciona que en estos 16 meses de gobierno de Salgado se han registrado irrupciones armadas en municipios de Costa Chica, Tierra Caliente, zona Centro, Costa Grande y Acapulco.

«Las playas de Acapulco son ahora escenarios lúgubres controladas por el crimen organizado; los turistas en lugar de divertirse, corren para protegerse de las balaceras, indica Tlachinollan.

Para el presidente del Colectivo de Personas Desaparecidas y Asesinadas «Siempre Vivos» de Chilapa, José Díaz Navarro, los grupos del crimen organizado han venido creciendo en Guerrero desde el gobierno de Ángel Aguirre Rivero.

Recordó que fue con Aguirre cuando se avivó la lucha en Chilapa entre las organizaciones criminales de Los Rojos y Los Ardillos, éste último prácticamente ya se adueñó de la plaza en este municipio.

«Este grupo del crimen organizado de los Ardillos sigue desapareciendo y asesinando gente en Chilapa y ninguna autoridad federal y estatal hacen algo para detener a sus líderes», dijo el activista quien en el 2014 sus hermanos Alejandrino y Hugo fueron hallados decapitados luego de que integrantes de esta organización los privaron de su libertad.

Desde Aguirre, quien solicitó licencia en octubre del 2014 por el caso de los 43 normalistas desaparecidos en Iguala en septiembre de ese mismo año, gobernó el estado el perredista Rogelio Ortega y a partir del 2015, el priísta Héctor Astudillo Flores.

El problema de la inseguridad que vive Guerrero ha provocado que diversos actores políticos fijen sus diferentes posiciones e incluso esto ha llegado a la tribuna del Congreso local.

Luego de que el líder estatal de Morena y diputado local, Jacinto González Varona, aseguró que alcaldes del PRI y PRD tienen pacto con algunos grupos del crimen organizado, sus pares del PRI y PRD, lo acusaron de «irresponsable».

Durante el debate de este jueves en la sesión del Congreso, la perredista Elzy Camacho Pineda, le exigió a González Varona que presentara pruebas de sus dichos ante las instancias correspondientes.

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