“Me quedan tres sábados. ¡Por fin voy a terminar, manito!”, fue uno de los últimos comentarios que recordará de ella uno de sus compañeros periodistas de la zona, Miguel Buitrón.
Los fines de semana, Norma Sarabia rompía su rutina como reportera de nota roja para ir tomar clases a la Universidad Popular de la Chontalpa, Tabasco. Estaba por terminar la carrera de psicología, y ya con el título quería dar clases.
“Me quedan tres sábados. ¡Por fin voy a terminar, manito!”, fue uno de los últimos comentarios que recordará de ella uno de sus compañeros periodistas de la zona, Miguel Buitrón.
Pero esos sábados ya no llegarán, porque este martes fue asesinada en la puerta de su casa en Huimanguillo, por dos hombres que le dispararon y huyeron en un vehículo.
Norma, que tenía 46 años, se esforzó por estudiar una licenciatura porque era “entrona”, como lo era igualmente para conseguir noticias, según la describe Laurencio Palma, también periodista de Huimanguillo y que la consideraba como su prima, por lazos de parentesco de sus padres.
Además, sacaba adelante a un hijo de 15 años con autismo, que vivía solo con ella y hoy queda huérfano, al que tenía que comprarle medicamentos que cuestan alrededor de dos mil pesos. Por eso, complementaba su trabajo como corresponsal con el de secretaria en una escuela, en la que pronto se volvería maestra.
Palma cuenta a Animal Político que a Norma siempre le gustó cubrir hechos policiacos, y nunca se metió en temas políticos.
“Era muy trabajadora, le gustaba mucho. Le gustaba llegar primero a la noticia, corría en su carrito, un Chevy, que se compró en pagos. Así empezó”, asegura.
“Ella era entrona, para la nota era entrona. Agarraba e iba, y se metía, o si no agarraba a los policías o amigos y ya le mandaban las fotos. Así vivía. Quién sabe pero conseguía la información, muy luchona para conseguir su información”.
Llevaba 15 años como periodista, colaborando con el diario Tabasco Hoy y con Presente, del grupo editorial El Sol del Sureste, a los que les mandaba información de su municipio, de 180 mil habitantes, ubicado al extremo oeste del estado, colindante con Chiapas y con Veracruz.
Esa ubicación convirtió a Huimanguillo en una zona peligrosa. Por ahí cruza gran parte de la carretera federal Cárdenas-Coatzacoalcos, conocida localmente como un “corredor del huachicol”, es decir, una ruta de robo de combustible. Un tema que se volvió común en las noticias que escribía Norma.
“Sacaba notas del huachicol, un día que detuvieron a alguien con no sé cuántos litros de combustible, y les ponía su nombre, le gustaba sacar todo. Ahora empezó el huachicol y en eso trabajaba, con eso se metía, y se metía fuerte. Yo le decía ‘no mamita, no te metas tanto en eso, no te vaya a pasar algo’, y ella decía que no pasaba nada”, recuerda Palma.
Cuenta que ella se sentía segura porque solo hacía su trabajo, solo esperando ganarse el pago por sus notas para poder estudiar y atender a su hijo. “Daba la vida por su hijo”, asegura su amigo. Pero siempre de manera honesta, por eso incluso decía que no le interesaba cubrir políticos, porque no quería que le ofrecieran nada.
Su amigo no se enteró de que tuviera amenazas recientes. Dice que hace unos tres años, hubo un subdirector de seguridad pública que sí la amenazó y hasta pusieron una denuncia, pero más recientemente nada. Palma no encuentra una razón para que la hayan matado en un atentado que fue directo a ella y sin dejar pistas.
“Yo lo veo raro porque ella no tenía problemas de nada, andábamos trabajando limpio, trabajaba limpio… No sé, no entiendo… No podemos creerlo sus amigos, porque ella no estaba metida en problemas de nada, o no sé si habrá publicado una nota que alguien haya dicho algo, no sé. Inesperado totalmente, era muy limpia, muy de respeto, la apreciábamos mucho. De hecho ni tomaba, ni un vicio ni nada. ¡Hasta nos cuidaba!”, explica.
La Fiscalía de Tabasco señaló el miércoles en un comunicado que “no se descarta ninguna línea de investigación”, pero no dio más información ni logró detener a quienes le dispararon.
Solo indicó que como parte del protocolo de protección a periodistas, había iniciado los trámites ante la Fiscalía General de la República (FGR) para dar seguridad a los familiares de Sarabia.
Este texto fue elaborado por el equipo de Animal Político y lo reproducimos con su autorización.
La historia de cómo la expansión minera ha tomado espacios de la Sierra Madre Occidental donde, desde los grupos del crimen organizado han librado una batalla por el control territorial, desplazando a miles de personas.
Sinaloa
En Sinaloa, la expansión minera ha tomado espacios de la Sierra Madre Occidental donde, desde hace una década, grupos del crimen organizado libran un conflicto armado por el control territorial, desplazando a miles de personas.
En el sur, la pelea es por el dominio de los recursos minerales. En los municipios de Rosario y Concordia,desde 2017, han huido más de 500 familias tras una serie de crímenes y amenazas contra gambusinos, trabajadores mineros y concesionarios.
Al norte, en San José de Gracia, pobladores denuncian haber sido desplazados por una mina de oro de la compañía estadounidense Dyna Resource, supuestamente aliada de narcotraficantes.
A lo largo del estado, la actividad minera no sólo no ha dejado de producir y explorar, sino que ha hecho crecer sus ganancias aun en los años más cruentos de la guerra del narco.
De 2006 a 2016, el valor de la producción pasó de 1,721 millones de pesos a 3,646 millones 995 pesos, por extracción de oro, plata, plomo, cobre y zinc.
Por el aumento del precio de los metales y la apertura a la inversión extranjera, en 2009 se disparó la emisión de títulos mineros en los municipios serranos. Según datos oficiales, hoy existen 1,487 concesiones y 112 proyectos, 17 activos y el resto en exploración, más de la mitad con capital canadiense.
Ya no es el narco: son las minas
Donde antes se hablaba de siembra de mariguana, hoy se habla de pleitos de minas.
En el sur del estado, en los límites con Durango, se mezclan los intereses de la minería y el crimen. En especial del Cártel de Sinaloa, del que antiguos líderes tenían concesiones y empresas de la industria extractiva. Uno de ellos era Manuel Beltrán Arredondo, asesinado en 2007 en Culiacán, concesionario de las minas La Galeana (20 hectáreas) y San Dimas II (80 hectáreas), en Concordia.
De una época más reciente, ya cuando las disputas tras la extradición a EUA del capo Joaquín Guzmán Loera, en enero de 2017, José Ángel Ibargüen era uno de los lugartenientes del Cártel con títulos mineros. “El Angelillo” fue asesinado en febrero. Su muerte precedió una ola de atentados que provocaron éxodos masivos de al menos 17 pueblos alteños. Ese mismo año, cuatro mineras cerraron debido a las extorsiones.
“Comenzaron a correr gente…”
San José de Gracia es un mineral con historia centenaria, enclavado en la sierra. Para llegar al núcleo urbano más poblado, Sinaloa de Leyva, se hacen tres horas por terracería. Desde 2010, inició operaciones de extracción Dyna Resource de México, a la que se acusa de amedrentar a quienes no están a favor de la mina y contaminar el ambiente.
Un hombre que afirma haber sido desplazado con su familia, cuenta que entre 2012 y 2013 la gente de la comunidad salió forzada por la alianza narco-minera.
“La gente se puso de punta uno con el otro. Comenzaron a correr gente… a correr así, a desplazarlos. Fue cuando nosotros nos vinimos”, cuenta el informante, quien pidió el anonimato.
El director de Dyna Resource, José Vargas Lugo, niega los señalamientos y responde que la mina sólo ha llevado empleo legal a la zona.
“Es complicado interactuar en un narco-ambiente, cuando tú traes una visión empresarial y tienes que empezar a cambiar las narco costumbres por una cultura de trabajo”. Hoy se siente orgulloso de la transformación del pueblo, pues muchos de los que antes andaban armados hoy trabajan para ellos.
Este reportaje fue elaborado por el equipo de Noroeste y Connectas y lo reproducimos como parte de la Alianza de Medios de la Red de Periodistas de a Pie
La periodista Norma Sarabia, corresponsal del diario Tabasco Hoy en Huimanguillo, fue asesinada la noche de este martes, cuando recién ingresaba a su casa, ubicada en la calle Nicolás Bravo de esa ciudad. Los primeros datos de la Fiscalía General de Tabasco indican que los hechos ocurrieron al filo de las 21:45 horas y su cuerpo fue encontrado al pie de la escalera.
El diario Tabasco Hoy informó en su portal que Sarabia fue atacada por dos sujetos armados que le dispararon en varias ocasiones cuando “intentaba ingresar a su vivienda”. Sin embargo, el primer parte de la Fiscalía Estatal dice que solo fue un balazo.
La zona fue acordonada de inmediato por elementos de la Policía Municipal de Huimanguillo y momentos después llegaron los peritos de la FGE que procedieron al levantamiento del cuerpo de la periodista. La Fiscalía inició una carpeta de investigación por el delito de homicidio.
Huimanguillo es municipio colindante con Veracruz. Es zona de Huachicol y trasiego de droga.
Norma Sarabia tenía una trayectoria de más de 20 años de periodista. Había sido corresponsal en Huamanguillo para varios medios y cubría en general noticias del municipio; sin embargo, como es común en estados como Tabasco, la nota roja es la de mayor demanda hacia los corresponsales, que son “el eslabón más débil en los diarios estatales”, dijo un periodista local.
Tabasco Hoy tiene un diario de nota roja, El Criollo, y Presente tiene a El Sureste de Tabasco. Ambos diarios notarrojeros son los de mayor venta, por encima de los diarios de contenido general.
Todavía el pasado lunes, el Tabasco Hoy publicó un reportaje fechado en Huimanguillo, sin el crédito de autor alguno, en el que se acusa al alcalde José del Carmen Torruco, de solapar corrupción y nepotismo en la Dirección de la Policía Municipal, que encabeza Marino Reyes Delgado.
Norma Sarabia trabajaba en una primaria de Villa Chontalpa y alternaba ese trabajo con el periodismo. Estaba por graduarse de la carrera de psicología en la Universidad de Chontalpa. Deja huérfana a una hija de 15 años.
Norma Sabaria es la octava periodista asesinada en 2019, de acuerdo con el conteo de la Red de Periodistas de a Pie.
Este reportaje fue elaborado por el equipo de Pie de Página y lo reproducimos como parte de la Alianza de Medios de la Red de Periodistas de a Pie
Maestra de educación básica y periodista con 20 años de trayectoria, Norma Sarabia fue asesinada al ingresar a su domicilio. La corresponsal en Huamanguillo de Tabasco Hoy deja a una hija de 15 años de edad. Es la octava periodista asesinada en México durante 2019, de acuerdo con los registros de la Red de Periodistas de a Pie
Texto, fotografía y video: Angie García y Blanca Salazar
12 de junio del 2019
Apango
Eleuteria Nava es una mujer nahua, ama de casa y desde hace 30 años es partera tradicional. Tiene 80 años y es originaria de la comunidad de La Esperanza, municipio de Mártir de Cuilapan, en Guerrero.
Se casó pero la marginación y la pobreza en la que vivían en su pueblo orillaron a la nueva familia a migrar. Desde hace 50 años vive en Apango, la cabecera municipal, donde ha visto nacer y crecer a sus ocho hijos, cuatro mujeres y cuatro hombres.
Eleuteria aprendió la partería con su suegra, también adquirió la sabiduría de las plantas medicinales: sabe cuáles son las que ayudan a la concepción de un embarazo y, también, las indicadas para limpiar la matriz después del parto o para curar el ombligo a los recién nacidos. La mujer ha tomado cursos en el Centro de Salud de Apango. La invitan porque es conocida su labor.
Aunque la mayor experiencia la logró con los nacimientos de sus nietos: Eleuteria fue la partera de sus hijas y sus nueras.
Este reportaje fue elaborado por el equipo de Amapola. Periodismo transgresor. Se autoriza su reproducción siempre y cuando se cite claramente al autor.
Desde hace 10 años, Eleuteria no atiende un parto, primero porque se enfermó, eso no le permitió atender a las mujeres. La enfermedad le quitó fuerzas. Y segundo: las nuevas políticas públicas del sistema de salud, casi casi, obligan a las mujeres a parir en hospitales o centros de salud.
Eleuteria piensa que las instituciones generaron la desconfianza por la partería tradicional mediante el control de programas sociales como Prospera.
En el primer caso, la enfermedad de Eleuteria, obligó a su hija, Zeferina, a tomar su lugar. Con la instrucción de su madre, Zeferina se lanzó a atender a las mujeres que requerían de un masaje para acomodar al bebé en el vientre o alguna molestia durante la gestación.
Ambas coinciden en que la atención de la partería tradiconal es más humanizada, buscando dar un trato digno y establecer empatía con las mujeres que se convirten en madres como ellas lo hicieron un día.
Eleuteria y Zeferina son las únicas parteras tradicionales de Apango.
Esperan que las autoridades valoren la partería, las apoyen y les den permisos para ejercer su oficio sin la estigmatización, sin la criminalización a la que son sometidas.
De no hacerlo, advierten las mujeres, la partería tradicional quedará en el olvido.
El eco radiofónico se escucha en 45 kilómetros a la redonda de Teocelo, un municipio veracruzano golpeado por la violencia, corrupción, megaproyectos y autoridades municipales que ejercen el poder solo para beneficiarse.
“Tu voz importa… comunicando tradición”, resalta en la fachada de una casa en el barrio de San Pedro, donde la voz del pueblo ha inquietado a los gobiernos desde septiembre de 1965.
El reclamo ciudadano llega a las 28 comunidades del municipio, localizado a 25 kilómetros de Xalapa, la capital del estado.
Además, logra oírse en 12 municipios de la zona, como Xico, Coatepec, Tlaltetela, Cosautlán de Carvajal e Ixhuacán de los Reyes, y -gracias al internet- también en Estados Unidos y países europeos, donde hay presencia de veracruzanos.
Se trata de una de las únicas dos radios comunitarias que hay en el estado de Veracruz, junto con la de Huayacocotla.
Los micrófonos son el contrapeso de las autoridades, pues son utilizados por los ciudadanos para exigir transparencia, rendición de cuentas, eficiencia y democracia; sin embargo, los intentos por callarlos han aumentado.
Durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, como parte de las reformas estructurales, se impuso que la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión exigiera a las radios comunitarias pasar de una estación analógica a digital.
A Radio Teocelo costaría entre dos y tres millones de pesos realizar los cambios mencionados, cuando este medio de comunicación independiente ha operado por 54 años con voluntarios, bajos salarios a un mínimo número de trabajadores y equipo radiofónico adquirido mediante donaciones.
Estudiantes, amas de casa y trabajadores han recibido cursos de locución para ejercer su derecho a la libertad de expresión y participar en la programación de la estación XEYTM 1490 de Amplitud Modulada (AM).
Para Elfego Riveros, representante legal de Radio Teocelo, ha sido complicado mantener los costos de operación, como el pago de luz, teléfono, papelería, mantenimiento del equipo y la gasolina.
Los equipos que han sido remendados, parchados y reciclados deberán desecharse, pues es necesaria una reconversión total de la planta transmisora, que contempla el cambio de antena, cabinas, consolas, micrófonos, grabadoras y transmisores.
Mediante campañas para la recaudación de fondos, se obtuvieron cerca de 120 mil pesos, monto que debió invertirse para reparar la antena que se desvaneció por los fuertes vientos, el 29 de marzo de 2018.
Los pobladores donaron dinero otra vez para que la radio continuara al aire, pero no fue suficiente.
Rechazo a la publicidad oficial
“Ni el trabajo de los voluntarios, ni los donativos de los oyentes, nos van a sacar del problema. Todavía estamos en el limbo, no sabemos qué va a pasar”, externa Elfego, quien está preocupado por la situación.
Los nuevos esquemas de financiamiento por parte del gobierno municipal, estatal y federal, a través de publicidad gubernamental, no convencen a la radio comunitaria.
“Tampoco nos convence, más que favorecer, sería atarnos a un partido político. Eso nos aleja de la credibilidad de la gente”
Elfego Riveros
Bertha Ortiz Contreras ha participado en la programación de Radio Teocelo. Caminaba sobre piedras y lodo para llegar a las oficinas, cuando todavía no había calles pavimentadas.
El medio de comunicación inició como una radio cultural campesina y fue evolucionando con base en las necesidades del pueblo.
Los ciudadanos se dicen corresponsales comunitarios. Desde sus poblaciones informan sobre los principales problemas de cada zona.
“Compañeras de la radio comunitaria hemos sido atacadas. Han dado la vida por decir la verdad y realmente es triste saber”.
A juicio de Bertha, a los gobernantes les conviene mantener al pueblo callado para que “hacer lo que quieren con la comunidad”.
Destrucción de radiales
La radio ha sido atacada de distintas maneras. Se encuentra en el barrio antes conocido como “Los Carriles”.
Alrededor de las oficinas había puras fincas cafetaleras y se trataba del sitio más alto, un lugar idóneo para colocar la antena de 51 metros de altura y 120 radiales de cobre, de 50 metros.
Sin embargo, unos 25 o 30 años después, la mancha urbana destruyó los radiales mencionados, situación que ha afectado la señal y en algunas zonas ya no se escucha.
El ayuntamiento de Teocelo no ha ejercido ningún control para evitar afectaciones. Al contrario, rompió la infraestructura con un trascabo.
“Somos gobierno municipal y vamos a cortar, entramos porque somos dueños del terreno”, expresa Elfego sobre las acciones del ayuntamiento.
Nadie pagó a Radio Teocelo por los daños ocasionados. Además, los comunicadores prefirieron ahorrarse el tiempo y prefirieron no presentar demandas.
La radio comunitaria ha recibido amenazas en redes sociales cuando revela situaciones de inseguridad vinculadas a bandas del crimen organizado.
Los robos, asaltos, extorsiones, secuestros, ejecuciones, feminicidios y violaciones sexuales han azotado al pueblo.
¿Policías o delincuentes?
Solo 20 policías municipales se encargarían de los 20 mil habitantes en Teocelo.
La ciudadanía identifica a los elementos de la policía como los principales agraviantes de la comunidad, pues han ejercido extorsiones y robos.
En 2018, el ayuntamiento invirtió 4.3 millones de pesos para sueldos y la compra de uniformes, cámaras de videovigilancia, motocicletas y gasolina.
Incluso, se ha observado que los elementos figuran como escoltas del Presidente Municipal Mario Chama Díaz y su familia.
Los ciudadanos creen que el dinero no ha sido debidamente aplicado, pues sólo hay cámaras de videovigilancia en el Palacio Municipal, para cuidar y proteger a burócratas.
“Cuando viene el Alcalde a Radio Teocelo, los policías son sus escoltas, lo acompañan de aquí al crucero, cuando la hija cumple años también cuidan que la gente no entre y cuando va a su rancho también le acompañan las motos y las patrullas”
La semana pasada marcharon teocelanos para exigir seguridad, pues había sido secuestrado un familiar del regidor Luis Valencia López, se pagó el rescate y, pese a ello, fue asesinado.
Todo esto ha sido denunciado por los pobladores en Radio Teocelo.
Referente nacional
Representantes de la radio comunitaria han acudido a la Ciudad de México para reunirse con personal de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), misma que muestra interés en la situación que enfrentan este tipo de medios de comunicación en el país.
Se ha conformado un equipo de expertos para elaborar una propuesta y mejorar la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión.
Radio Teocelo es considerada una organización referente a nivel nacional en el tema de radio comunitaria.
La Asociación Veracruzana de Comunicadores Populares (AVERCOP) es la permisionaria de Radio Teocelo, ante el Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel).
En la cochera de la radio se observan consolas y demás equipo deteriorado.
Pese a las carencias, esta voz alterna aún llega a todos los teocelanos y la región, sin censura; el pueblo agotará todas las instancias para que Radio Teocelo nunca se apague.
Este reportaje fue elaborado por el equipo de Voz Alterna y lo reproducimos como parte de la Alianza de Medios de la Red de Periodistas de a Pie.
José Refugio Alejandro León Flores, juez penal de Cholula, ha ejercido por 30 años con título y cédula falsa; fue el juzgador en los juicios de los presos políticos en el sexenio del entonces gobernador Rafael Moreno Valle.
Texto: Ernesto Aroche y Karen de la Torre | LADO B y MCCI
Puebla
Hace 30 años, a finales de mayo de 1989, José Refugio Alejandro León Flores presentó un examen de conocimientos ante el Poder Judicial del Estado de Puebla: buscaba obtener una plaza como juez. Llevaba ya dos años trabajando como secretario de Estudio y Cuenta en la Quinta Sala del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), a cargo de la redacción de proyectos de sentencia, y era el momento de dar el salto.
Hubo más aspirantes, pero León Flores obtuvo “las mejores calificaciones” de acuerdo con el informe que se presentó en el pleno del Tribunal Superior de Justicia (TSJ); unos días después del examen, el 1 de julio de 1989, el TSJ acordó nombrarlo juez de primera instancia interino por un plazo de seis meses.
Ese jueves, tras la aprobación de su nombramiento, le tomaron protesta. León Flores tenía 32 años de edad y una breve estancia laboral en la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) de dos años.
—Protestáis sin reserva alguna guardar y hacer guardar la Constitución General de la República, la Constitución Política del Estado, con sus adiciones y reformas, y las leyes que de ellas emanan.
—Sí, protesto —contestó León Flores.
León Flores se convirtió en juez, pero no debió serlo. Desde el momento en que el TSJ lo nombró juez interino y lo ratificó como titular seis meses después, León Flores estaba violando el artículo 131 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, pues uno de los requisitos para ocupar el cargo era “tener título de abogado, expedido por lo menos tres años antes de su nombramiento”.
Y había otro problema: pasó por las aulas en la Facultad de Derecho de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) entre 1977 y 1982; y presentó su examen profesional el 8 de diciembre de 1987, pero no se tituló.
Y ante la obligación de comprobar su nivel de estudios León Flores entregó un título y una cédula falsa al TSJ, cuya copias tiene esta casa editorial.
Es decir, ejerció como juez usando documentos falsos, como lo reconoció la BUAP a una solicitud de información que presentó LADO B en donde negó haber expedido documento de titulación al juez tras su examen profesional.
El propio juez reconoció que no contaba con la documentación en un escrito que envió al Consejo de la Judicatura poblano en enero de 2018, en respuesta a un procedimiento que se le inició por irregularidades en su expediente laboral (folio R16/2017) y tras los constantes cuestionamientos de LADO B que iniciaron desde finales del 2016.
Aun así, desde el día que tomó protesta, ha dictaminado en casos emblemáticos para el estado de Puebla, tanto políticos como de violencia de género, mismos que en las revisiones por tribunales federales fueron exhibidos por omisiones y deficiencias del togado que despacha actualmente como juez penal de Cholula.
El título falso
En el expediente laboral que el TSJ tiene del funcionario público hay una copia fotostática de muy baja calidad de un título de “Abogado, Notario y Actuario” otorgado por la BUAP el 4 de octubre de 1990.
En el documento, cuya copia fue entregada a LADO B y Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) en respuesta a solicitudes de acceso a la información, se aprecian las firmas del entonces rector José Doger Corte y su secretario general Víctor Espíndola García.
Sin embargo, en respuesta a una solicitud de información (folio 00130019) la BUAP aseguró que “no se encontró registro de la expedición de Título Profesional de fecha 4 de octubre de 1990” a nombre de José Refugio Alejandro León Flores, y entregó una copia digital de un título fechado el 13 de septiembre de 2018.
El juez se tituló 29 años y 4 meses después de su nombramiento. Fueron casi tres décadas en los que el TSJ no reparó en que uno de sus integrantes, uno de los encargados de impartir justicia, no cumplía con los requisitos legales para ser parte del Poder Judicial local.
Tampoco advirtieron que en su expediente laboral había documentos que no existen en los archivos de las instituciones que supuestamente los emitieron.
De hecho, en el escrito que el juez presentó en el Consejo de la Judicatura de Puebla en enero del 2018, tras la investigación que inició LADO B, reconoció no estar titulado y sólo presentó un acta de examen.
Unos 20 años después, entre 2011 y 2016, la figura de León Flores cobraría relevancia pues fue el juez que tuvo en sus manos al menos 34 casos de perseguidos políticos del gobierno que encabezó Rafael Moreno Valle.
Entre los ciudadanos que fueron juzgados y encarcelados por León Flores están Adán y Paul Xicale, cabezas del movimiento opositor “Cholula Viva y Digna”, que se gestó en los municipios del mismo nombre en contra de un proyecto de intervención del gobierno de Moreno Valle a la zona arqueológica de la pirámide cholulteca.
Los Xicale estuvieron presos durante 14 meses y lograron la liberación tras ganar un amparo en juzgados federales.
Otro de los expedientes de presos políticos cuyo caso llegó al escritorio de León Flores fue el de Rubén Sarabia Sánchez, también conocido como Simitrio, el histórico líder de la Unión Popular de Vendedores Ambulantes 28 de Octubre.
Durante la gubernatura de Rafael Moreno Valle, Simitrio fue encarcelado por orden de León Flores a pesar de que existían irregularidades en su expediente. Igual que en el caso anterior, Simitrio logró su liberación cuando su proceso llegó a juzgados federales.
El ingeniero
Dicen que le llaman “el ingeniero”. Un exfuncionario del ayuntamiento de San Pedro Cholula, municipio conurbado a la capital poblana —que prefiere omitir su nombre para evitar represalias— conoce por su apodo al juez penal de ese distrito: El Ingeniero.
El título de abogado no fue el único documento en el expediente laboral que el TSJ tiene de León Flores y que no aparece en los archivos de la dependencia que supuestamente la emitió. También había una cédula con el número de folio 1425767 expedida por la dirección general de profesiones el 18 de octubre de 1990.
La copia de la cédula fue enviada a LADO B de manera anónima a mediados del 2017, meses después de que el Tribunal respondiera una solicitud de información que presentó esta casa editorial asegurando que la cédula de León Flores “no obraba en el expediente”.
Y reconociendo que era con la cédula como el organismo estatal “comprueba que se ha concluido por completo con los estudios y se tienen los conocimientos necesarios para ejercer la profesión”.
En 2017 LADO B habló con el juez; en una breve conversación de no más de 10 minutos el togado aseguró que tuvo un problema con la Secretaría de Educación Pública (SEP) y que ésta nunca le entregó la cédula, por eso el TSJ había informado que “no obraba en el expediente”.
Pero León Flores sí había entregado una cédula. El documento llegó a través de whatsapp —desde un número que fue dado de baja después— con un mensaje críptico: “checa el número de folio”, se confirmó con dos fuentes más del propio TSJ que el documento sí estaba en el expediente.
La página cedulaprofesional.sep.gob.mx, que el gobierno federal tiene en línea para verificar la autenticidad de esos documentos, muestra que el folio 1425767 fue asignado al ingeniero químico Óscar Ramírez Baena, un egresado del Politécnico Nacional que obtuvo el documento en 1989.
De acuerdo con un trabajador del TSJ —con el que se habló con la condición de reservar su nombre para evitar represalias— tras la petición de información de LADO B se percataron que la cédula era falsa, por ello el entonces presidente del Poder Judicial en el sexenio de Moreno Valle, Roberto Flores Toledano, ordenó ocultar el documento y responder diciendo que “no existía”.
Cuestionado al respecto, el actual presidente del TSJ, Héctor Sánchez Sánchez, sólo dijo que ya había una investigación en curso y que la resolución sobre el caso “saldría muy pronto y se haría pública”.
Para este trabajo se solicitó al Tribunal una entrevista con el Juez León Flores, nunca hubo respuesta a la petición.
—El “ingeniero” León Flores —dice socarronamente el exfuncionario del ayuntamiento de San Pedro Cholula consultado—, así le dicen por lo de su cédula.
Un juez de consigna
Es un “juez de consigna”, asegura Enrique Romero Razo, actual juez penal de Atlixco, cuando se le pregunta por su colega León Flores. Y explica: “Rafael Moreno Valle se hizo de manera unipersonal de todo el poder, controlando tanto el legislativo como el Poder Judicial del estado.
Esto provocó que las instituciones de administración y procuración de justicia estuvieran bajo su control, y permitió que se convirtiera en un instrumento coercitivo más. Para ello se requerían sicarios, brazos ejecutores y obviamente gente sin ningún tipo de conciencia; este caso en particular es uno de ellos”.
“Una persona que en su momento libró órdenes de aprehensión en contra de los disidentes del régimen, convirtiéndolos en perseguidos políticos. Al final las resoluciones pronunciadas por él fueron tumbadas en los juicios de amparo”, agrega.
Según información del Comité para la Liberación de los Presos Políticos y Contra la Represión en Puebla, 36 personas detenidas por oponerse a proyectos gubernamentales del fallecido Rafael Moreno Valle, fueron juzgadas por León Flores durante su sexenio.
De estas al menos 24 personas lograron su liberación tras la intervención de juzgadores federales.
A decir de Pablo Rangel Sarrelangue, abogado litigante y analista del Poder Judicial, la existencia de los “jueces de consigna” no es nueva. Es una práctica que se ha vivido por décadas en el poder judicial poblano.
Él mismo vivió en carne propia el peso del sistema cuando luego de criticar al entonces magistrado presidente Guillermo Pacheco Pulido, fue encarcelado acusado de un homicidio que no cometió.
Pacheco Pulido y su grupo afín mantuvo el control del Poder Judicial desde finales de los 90s y la primera década de este siglo, fue diputado federal de 1982 a 1985 y presidente municipal de la capital poblana de 1987 a 1990, todo como militante del Partido Revolucionario Institucional (PRI).
En enero de este año el Congreso local, controlado por el partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), lo nombró gobernador interino tras la muerte de la gobernadora Martha Erika Alonso Hidalgo y su esposo el senador Rafael Moreno Valle.
Su procedimiento, asegura en entrevista Rangel Sarrelangue, fue llevado por jueces de consigna, “jueces que después de ordenar mi encarcelamiento o mi sentencia me mandaban a decir que no tenían nada contra mí, que sólo cumplían órdenes”.
Esa herencia, dice Sarrelangue, la aprovechó Moreno Valle para hacerse del control del TSJ. Al inicio de su sexenio utilizó dos vías para neutralizar “a una vieja guardia”.
Primero comenzó a perseguir jueces, “por lo menos detuvo a dos o tres, entonces los demás sintieron temor, pues es un Poder Judicial corrupto, y sintieron pasos en la azotea y esa vieja guardia del Poder Judicial se entregó, claudicó”.
Después comenzó a atacar al cuerpo de magistrados presionando para que se cumplieran o adelantaran los tiempos de jubilación.
En los dos primeros años de su sexenio Moreno Valle logró que salieran por jubilación 12 de los 25 magistrados que conforman el pleno del TSJ, y reclamó como suyas esas posiciones colocando ahí a personas afines a su grupo, como el panista Roberto Grajales, que fue nombrado magistrado sin tener en su currículum contacto alguno con el mundo del litigio.
Lo mismo hizo después el sucesor de Moreno Valle, Antonio Gali Fayad quien en agosto del año pasado propuso a Jorge Benito Cruz Bermúdez, ex presidente del PRD poblano, para integrarse al TSJ como magistrado sin tener carrera jurídica. Su único contacto con el mundo del litigio fue entre 1997 y 1999, cuando formó parte de la dirección jurídica del corporativo inmobiliario Gorstein–Fasja, según el currículum que tiene publicado el TSJ.
El sistema
El caso de León Flores es el ejemplo de impunidad extrema de un sistema que ha permitido que jueces y magistrados sean nombrados sin cumplir con los requisitos y se mantengan ahí por años, apoyados por compadrazgos y apoyos políticos.
Pero no es el único. 16 de las 71 personas designadas por el Tribunal para fungir como responsables de la impartición de justicia tramitaron su cédula con un plazo mayor al establecido; dos de ellos, los casos más extremos: Amadeo Fuentes y Añorve y Rodolfo Arana Santiesteban presentaron sus cédulas 21 y 25 años, respectivamente, después de ser nombrados, esto de acuerdo con información del propio tribunal y de la página de cédulas profesionales de la SEP.
Entre los magistrados el modus operandi no es distinto: en agosto del año pasado fue electo magistrado José Montiel Rodríguez, quien de acuerdo con la página de la SEP recibió su cédula (folio 7676441) en el 2012, y la ley establece que para ser magistrado se debe contar con un título legalmente expedido con 10 años de antigüedad.
Su nominación fue impugnada por la abogada Montserrat Lydia González mediante un amparo que presentó en el Poder Judicial de la Federación, pero la petición fue desechada argumentando “incompetencia”, sin entrar al asunto. De ahí pasó como queja al Congreso, pero comenzó a “politizarse”, dice la abogada, y ya no hubo seguimiento.
Montiel Rodríguez fue propuesto tras ocupar varios cargos en los gobiernos de Rafael Moreno Valle, en donde fue titular de la Secretaría de Servicios Legales y Defensoría Pública; con Antonio Gali Fayad ocupó la subsecretaría jurídica en la Secretaría General de Gobierno.
Los procesos
Roberto Flores Toledano se integró al Poder Judicial en noviembre de 2011, unos meses después del inicio del sexenio de Moreno Valle. Fue electo magistrado por el Congreso poblano controlado por el panista sin tener carrera judicial previa en el estado.
Su currículum muestra que si bien había litigado en un despacho del que fue socio director y había impartido clases en la UNAM y el ITAM, en donde cursó licenciatura y maestría respectivamente, su trabajo jurídico lo hizo en la Ciudad de México.
Su llegada a Puebla fue de la mano del gobernador Rafael Moreno Valle, pues es el mandatario estatal quien, de acuerdo con el artículo 12 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, propone al Congreso la terna de nombres de donde se elige magistrados, titular y suplente.
Flores Toledano tuvo una carrera meteórica en el Poder Judicial. Estuvo un año como integrante de la Segunda Sala en Materia Penal, de noviembre de 2011 a diciembre de 2012. Un año como presidente de dicha sala (diciembre de 2012 a febrero de 2013) y de ahí saltó a la presidencia.
En ese momento el control de Moreno Valle sobre el Poder Judicial ya era total.
Flores Toledano renunció a la presidencia del TSJ en enero de 2018, aunque se mantiene como magistrado, luego de haber sido reelecto tan sólo once meses antes por unanimidad del pleno, justo en el cierre del sexenio de Rafael Moreno Valle.
Tras su renuncia fue nombrado presidente del Consejo de la Judicatura poblana y quedó a cargo de la investigación por las irregularidades en los documentos educativos del juez León Flores. El procedimiento se inició desde finales del 2017 y hasta el momento no se ha resuelto.
De hecho, sobre León Flores pesan un total de cuatro procesos de Responsabilidad Administrativa en su trabajo realizado como Juez Penal de Cholula, ninguno de los cuatro se ha concluido.
El primero data de 2016, pero fue hasta 2018 cuando llegó a la Comisión de Disciplina del Consejo de la Judicatura.
Otro se inició en 2017 por la falta de documentos educativos, y a decir del TSJ está pronto a resolverse. Los otros dos se iniciaron el año pasado y aún están en investigación. La información fue dada a conocer por el TSJ tras una solicitud de información que presentó LADO B.
La convocatoria para defender la dignidad de México ante Estados Unidos se convirtió en un encuentro de la elite política que intentó celebrar una victoria agria a costa de los migrantes
El llamado fue a congregarse para una celebración y la gente respondió así: que el acuerdo entre México y Estados Unidos del viernes pasado no se pudiera interpretar como una derrota. No importaron las críticas por salvar un acuerdo comercial a costa de los migrantes, los asistentes a la concentración a la que convocó Andrés Manuel López Obrador en la última frontera del país llegaron a festejar.
Como Juan Pedraza, «cantante, compositor e intérprete de más de 950 canciones», que toca en su guitarra:
Decían que no se podía componer a la nación/ que todos seguirían robando sin haber una sanción/ pero llegó un personaje que cambió la situación/ se quedaron cortaditos los rateros en montoooooón/ Me canso ganso, dijo López Obrador / Me canso ganso, dijo López Obradoooor
Oriundo de Mexicali, Pedraza hace en la fila para el encuentro con el mandatario. La mera verdad, dice, la razón principal para venir es presentarle su canción a López Obrador y, de paso, ver si puede proponerle que, con todos los cargos ganados por Morena en los comicios del domingo pasado, establezca en Baja California un plan piloto de coordinación de seguridad sin detenerse en burocracias. Si les lleva la Guardia Nacional, explica, va a tener el campo propicio para trabajar.
—¿Y sobre el acuerdo aprobado con Estados Unidos sobre migración?
—Está muy bien, porque no es justo que los centroamericanos pasen como Pedro por su casa para llegar hasta aquí, donde se tiene que gastar para mantenerlos, darles un albergue y que esperen que Estados Unidos les dé un asilo, mientras tanto está gastando México. Fue una buena decisión porque los centroamericanos no tienen por qué estar en terreno ajeno. Y le sirvió para que, con Estados Unidos, haya una buena relación.
La opinión del músico es compartida por un guatemalteco de 30 años de edad que perdió una pierna y un brazo en 2005, cuando cayó del tren en Tapachula. Entonces Daniel tenía 16 años y el tren fue la forma más sencilla que encontró para avanzar y librar la seguridad dentro del territorio mexicano.
Hasta cierto punto, dice, entiende. Donald Trump: «Es lo que yo he visto, hay gente que en verdad viene a buscar trabajo, a sacar a delante a su familia, pero son pocos, la mayoría sólo va a hacer desastres, a causar problemas».
—¿A ti no te hubiera favorecido poder cruzar de otra manera sin tener que subirte al tren?
—Pues sí, pero habemos gente que queremos llegar para salir adelante, pero hay muchos, y es la mayoría, que no tienen necesidad de salir… Se quejan de que el gobierno y todo eso, pero un presidente por persona no la va a estar atendiendo, sería ilógico.
Mientras Daniel espera recargado en una de las calles principales del centro de Tijuana, en la esquina de Constitución y Revolución, las 5 mil sillas para los invitados de Presidencia comienzan a ocuparse.
Los invitados también tienen actitud de festejo. Visten de blanco como si se tratara de una boda al mediodía. Se toman selfies para inmortalizar el momento. La diversa clase política mexicana: el diputado Gerardo Fernández Noroña y Jaime Rodríguez El Bronco; el gobernador priista Alejandro Murat y el diputado Pablo Gómez.
En la lista hay 26 gobernadores y la jefa de Gobierno. Siete secretarios de Estado, representantes de empresarios y banqueros, de religiones y de pueblos originarios.
En el templete, todos esperan de pie, excepto Porfirio Muñoz Ledo, presidente de la Cámara de Diputados y Alfonso Romo, jefe de la oficina presidencial.
López Obrador entra como en cualquier mitin de campaña, después de dedicar ocho minutos a saludar a los asistentes contenidos por las vallas metálicas.
El canciller Marcelo Ebrard comienza carraspeando: «Si me notan un poco cansado es porque estuvimos muchas horas trabajando para tratar de evitar, como finalmente se logró, que nos impusieran tarifas a México el día lunes», dice y se lleva los aplausos.
La presentación sirve como un aplausómetro. Entre los más aplaudidos Marcelo Ebrard, Claudia Sheinbaum, Fernández Noroña. Los más abucheados Silvano Aureoles, Alfredo del Mazo y, sobre todo, Kiko Vega.
Ebrard reconoce que en su negociación no se ganó todo, pero repite la frase que, asegura, le dijo a López Obrador: «No hay tarifas, presidente, y salimos con la dignidad intacta».
Una voz anónima grita: «¡No criminalicen a los migrantes!».
Arturo Farela, representante evangélico, dice que todo se debe a un Dios todopoderoso. Alejandro Solalinde, el sacerdote católico defensor de derechos humanos de migrantes, habla de Jesús de Nazaret y de la bendición que México tiene de la virgen de Guadalupe.
Solalinde dice que no quiere ventanear a nadie pero espera que pronto haya una mujer presidenta.
Cada pausa, cada silencio en el templete, es ocupado por un coro que se repite de forma constante: fuera Kiko, fuera Kiko. Y el gobernador panista Kiko Vega, que hace una semana perdió la gubernatura y todos los cargos políticos de su estado trata de mantenerse serio.
«Yo hasta sentí pena por él», dice una policía municipal al final del evento.
Porfirio Muñoz Ledo, el octagenario presidente de la Cámara de Diputados, es el único en el templete que critica abiertamente el endurecimiento de la frontera sur de México por la presión estadounidense.
«Lo que es en mi criterio inmoral e inaceptable es el doble rasero entre la frontera norte y la del sur. Por una parte, exigimos que nos abran las puertas; y por el otro lado sellamos el paso de los centroamericanos para hacerle un oscuro favor a los Estados Unidos«, dice.
En su turno, López Obrador arroja cifras sobre el fenómeno migratorio: 521 mil personas entraron a México de enero a mayo, más que nunca en la historia del país. Y de ellos, 159 mil son menores de edad. Una barbaridad, si se considera que en lo que se llamó “la crisis de los niños migrantes” en la administración de Barak Obama se calculaban 60 mil.
El tabasqueño reitera que de respetarán los derechos humanos. Y repite a Donald Trump el mensaje que ya había adelantado en su cuenta de Twitter:
«No le levanto un puño cerrado, sino la mano abierta y franca».
A un costado, en las casas de cambio, el precio dólar con números rojos sigue inmóvil: compra 18.8; venta 19.15.
El acto de defensa de la dignidad nacional no es muy distinto de los mítines electorales de López Obrador.
«Ya vámonos al César’s#, dice un morenista a Pablo Gómez. Ahí termina la celebración con Claudia Sheinbaum posando para selfies, en compañía de otros políticos incluido Jaime Bonilla, el delegado federal que ganó la gubernatura de Baja California hace una semana.
A unos metros, un mesero tiene la esperanza de que llegue López Obrador. «A ese sí le creo», dice.
A unas cuadras, dos mujeres provenientes de San Quintín bailan son jarocho. «México somos uno», dice una de ellas, envuelta, literalmente, en la bandera mexicana.
En los alrededores, miles de migrantes, principalmente centroamericanos, ya esperan en 17 albergues de Tijuana la fecha de su audiencia para solicitar asilo con el gobierno estadounidense.
Este reportaje fue elaborado por el equipo de Pie de Página y lo reproducimos como parte de la Alianza de Medios de la Red de Periodistas de a Pie.
Nada estuvo más lejos del evento organizado en Tijuana que la frontera sur de México. Los discursos de la élite política, empresarial y religiosa sonaron como un eco lejano en Tapachula, donde la dura política migratoria y la marginación de los centroamericanos se convirtieron en la antípoda del discurso oficial
A la frontera sur del país no llegaron empresarios, diputados, senadores, gobernadores ni líderes religiosos. A este municipio fronterizo o asistió ni siquiera el presidente municipal. Apenas un pequeño evento en la plaza principal replicó el mensaje de Tijuana. Aquí, el acto amenizado con la marimba no tuvo nada de histórico.
El primer problema con el que se topó la alcaldía de Tapachula fue que el calor descompuso las pantallas para la transmisión del magno evento por la Paz, la Dignidad y la Amistad que se celebraría a más de 3 mil kilómetros al norte. El momento de angustia de los organizadores pasó rápido cuando se improvisó un proyector.
Para el hondureño Wilmer Banegas y su familia no hay emoción: llegaron al Parque Central buscando entretenimiento (“no tenemos televisión”) y se desilusionaron al enterarse de que en la plantalla se proyectaría un acto político.
Wilmer se reúne en el Parque Central de Tapachula con otros migrantes todos los días. Aunque tiene una autorización temporal para estar en México y lleva aquí cuatro meses, teme que lo deporten, pues conoce casos de personas a las que los permisos la policía les confiscó sus permisos. “Con la facilidad que nos dieron los papeles, así igualito nos los pueden quitar”, dice el hombre que en Honduras trabajaba como albañil.
Ni él ni su familia estaban enterados de las negociaciones entre los gobiernos de México y Estados Unidos para evitar una guerra comercial entre los dos países. Aún así, el miedo a ser devueltos a su país aumentó esta semana con la detención de una caravana de 420 migrantes sudamericanos.
Chiapas es la prinicpal puerta de entrada de migrantes indocumentados a México. En este estado se concentra la mayoría de las estaciones para detención de migrantes de todo el país. Hace unos días se anunció el envío de 6 mil elementos de la Guardia Nacional a la frontera sur para diversas tareas de seguridad, entre ellas detener el flujo de personas.
De acuerdo con lo que dice el presidente Andrés Manuel López Obrador en Tijuana, solo entre enero y mayo de este año, 521 mil personas han entrado al territorio nacional de foma irregular. Es el triple de las cifras registradas en los mayores picos de la década pasada.
Esta región, el Soconusco, “se ha convertido el centro de un remolino social y político”, asegura un funcionario estatal que trabaja en el sur de Chiapas. Diversas organizaciones dicen que las detenciones han aumentado y se han endurecido, además de que las condiciones en que los migrantes son tratados violan derechos humanos.
Por eso los discursos de Tijuana suenan tan distantes y tan inútiles.
El evento en Tapachula parece más un mítin partidista. El primer regidor Isidro Ovando Medina, que asiste en calidad de representante del presidente municipal asegura que “Tapachula siempre se ha caracterizado por seguir al presidente Andrés Manuel López Obrador”.
La orquesta municipal, integrada por varios marimberos, también está presente, igual que un centenar de funcionarios que fueron obligados a asistir a la proyección, aunque Medina insiste en que es un “evento ciudadano”.
Para el nicaragüense Jonathan Interiano, de 23 años, el acto no tuvo la mayor importancia. No sabe ni cómo se llama el presdiente de México. El muchacho explica que lo único que él necesita es un trabajo, aunque no sabe leer ni escribir; su familia lo espera en su país de orígen pero que él prefiere intentar mandarles dinero.
Interiano es un viajante solitario que busca llegar a Florida, pero no tiene ni idea de dónde está. Por lo pronto, pasará la noche en el Parque Central donde se lleva a cabo la proyección del magno evento de Tijuana. Cuenta que no tiene un peso y que recientemente le robaron todas sus cosas.
De unas 400 personas que vieron la proyección, sólo la mitad se quedó hasta el final. La lluvia vaporosa del trópico ahuyentó a varios de los paseantes y algunos migrantes escucharon los discuros completos. Al final varios de ellos se fueron a dormir al mercado de la ciudad u otros escondrijos. Otros más pidieron dinero en las calles para cenar algo. Alguno más desesperado le pidió a un transeúnte que le regale su chamarra para no pasar la noche descobijado.
Para miles de migrantes que duermen en Tapachula, la noche será larga. Tijuana queda demasiado lejos.
Este reportaje fue elaborado por el equipo de Pie de Páginay lo reproducimos como parte de la Alianza de Medios de la Red de Periodistas de a Pie.
Cuando fotoreportero se detuvo a comprar tortillas para llevar a su familia en hora de la comida, por lo menos tres hombres con armas de grueso calibre se le acercaron y lo despojarlo de su equipo fotográfico, el auto, tarjetas del banco y sus identificaciones
Hombres armados robaron el equipo fotográfico y su auto al fotoperiodista y catedrático de la Universidad Autónoma de Guerrero (Uagro), Raúl Sendic Garcia Estrada, la tarde de este miércoles en la colonia Hogar Moderno, en Acapulco Guerrero.
En la calle Río Lerma y Fernando Rosas de la colonia Hogar Moderno, cuando García Estrada se detuvo a comprar tortillas para llevar a su familia en hora de la comida, por lo menos tres hombres se le acercaron y con armas de grueso calibre y lo despojarlo de su equipo fotográfico, el auto, tarjetas del banco y sus identificaciones.
García Estrada interpuso una denuncia ante el Ministerio Público por el robo.
El periodista es colaborador en el diario estatal La Jornada de Guerrero, de la Agencia Cromática y el programa televisivo Trasfondo Noticias.
El fotoperiodista dijo temer por su vida y la de su familia y pidió ayuda a organismos de protección a periodistas locales y nacionales.
En Guerrero y, en especial en Acapulco, son cada vez más constantes las agresiones contra los reporteros.
Según un informe de la Asociación de Periodistas del Estado de Guerrero (APEG) durante la actual administración del gobernador, el priista Héctor Astudillo Flores, han sido asesinados cuatro periodistas y un sinfín de agresiones.
Por segunda ocasión en la historia del estado de Puebla las y los electores votaron por la alternancia política y eligieron a Luis Miguel Barbosa Huerta, abanderado de la coalición Juntos Haremos Historia en Puebla (Morena-PT-PVEM), como el próximo gobernador del estado.
Pero fue una elección con una bajísima participación electoral, apenas el 33% de los posibles votantes acudieron a las urnas. La participación más baja desde el año 2001 a la fecha, de acuerdo con la información histórica que el Instituto Estatal Electoral tiene en sus archivos
Según datos del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), con el 99.9% de las actas computadas Barbosa Huerta consiguió el 44.6% de los votos que representan 682 mil 245 sufragios; superando al candidato común del PAN-PRD-MC, Enrique Cárdenas Sánchez, su más cercano contendiente, por 11.4 puntos porcentuales.
El PREP informa que Cárdenas logró obtener a su favor el 33.2% de los votos contabilizados y que representan 507 mil 492 votos. En tercer y último lugar se ubicó el priísta Alberto Jiménez Merino con el 18.4% de la votación, es decir, con 281 mil 874 votos.
Si bien los resultados muestran una victoria holgada para Barbosa Huerta, son cifras que están lejos de los 20 puntos de distancia con los que empezó la campaña en marzo pasado, de acuerdo a encuestas dadas a conocer durante el proceso, y de la diferencia de hasta 30 puntos que pronosticaron algunas encuestadoras.
Por ejemplo, la empresa demoscópica Massive Caller ubicaba a Barbosa en el arranque de la campaña con 19 puntos por arriba de Enrique Cárdenas Sánchez, y lo colocó con 17 de diferencia en el cierre. A mediados de mayo una encuesta del diario Reforma también ubicaba a Barbosa con una diferencia de 20 puntos con su más cercano competidor.
Más allá de los pronósticos y estudios demoscópicos, las cifras de las urnas muestran que Barbosa Huerta se quedó lejos del millón de votos que obtuvo en 2018, cuando se enfrentó a la panista Martha Erika Alonso y perdió la elección en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Cárdenas, la zona conurbada
Los datos del PREP también muestran que el triunfo de Barbosa Huerta se concentró fuera de la capital y su zona conurbada; zona geográfica en donde el candidato de Morena había ganado en la elección de 2018.
En esta ocasión, la mayoría de los votos de la capital poblana y de los municipios que conforman el distrito de Cholula se los quedó el economista e investigador Enrique Cárdenas. Superándolo incluso en una proporción de dos a uno en el caso específico del distrito de Cholula.
En tanto que para Barbosa Huerta la diferencia holgada se centró en los distritos de la sierra norte como Huauchinango, o en la mixteca poblana: Tehuacán y Acatlán.
El PAN se desfonda sin Moreno Valle
La derrota del PAN en la elección extraordinaria de Puebla tiene detrás la ausencia del hombre que llevo a ese partido al gobierno del estado en 2011.
Con la muerte de Rafael Moreno Valle se disolvió el grupo político que le ayudó a consolidar su poder. Y no hubo relevo. El partido que dejó dividido no logró recuperarse a tiempo para lanzar a un candidato propio.
Al final optó por apoyar al economista y académico Enrique Cárdenas, a quien Morena le negó la candidatura en la elección del 2018.
Para esta extraordinaria, el PAN no organizó ni un evento masivo de los que presumió en la campaña pasada Martha Erika Alonso.
Y Cárdenas, quien fue muy crítico de las prácticas morenovallistas hace apenas unos meses, no pudo usar esa carta: la de arremeter contra los recientes gobiernos panistas para empujar su campaña. Se aferró a promover su honestidad, sugirió que AMLO nunca quiso a Barbosa y lo acusó de enriquecimiento ilícito.
Dos muertos en la jornada electoral
La jornada electoral de este domingo transcurrió con calma, lejos de la violencia que se vivió en 2018 cuando grupos armados se robaron más de 60 de las urnas instaladas en la capital poblana.
Pero la tranquilidad se rompió por la noche, cuando el presidente de la Junta Local del INE, Joaquín Rubio Sánchez, informó que personas armadas ingresaron a la escuela “Francisco Márquez”, ubicada en el municipio de Ahuazotepec, a robar las cuatro casillas que ahí se instalaron.
El funcionario electoral informó que tenía conocimiento de dos personas lesionadas por disparos de arma de fuego y una de ellas habría perdido la vida. “A lo que nos dicen hasta ahorita es que sí hay una persona fallecida y una lesionada”.
Además, informó que las actas de cómputo de las casillas robadas se habían logrado resguardar por lo que el resultado electoral no estaba en riesgo, pero que el caso llegaría a las autoridades judiciales.
Durante la madrugada de este lunes la Secretaría de Seguridad Pública del estado informó que fueron dos las personas que fueron asesinadas en el lugar, elementos de la Policía Estatal: «En el contexto de la elección de alcalde en ese municipio un grupo de personas agredió directamente a dos policías, quienes momentos después perdieron la vida».
Durante la jornada las redes sociales fueron el altavoz y el eco de las denuncias de irregularidades. Así, por esa vía el diputado del PAN Oswaldo Jiménez y la ex diputada panista Violeta Lagunes denunciaron que la diputada de Morena, Leonor Vargas, estaba acarreando gente en taxis, y compartieron fotografías, sin dar mayor detalle.
En la sesión del INE el representante del PAN, Luis Olmos, informó que se interpuso la denuncia FED/PUE/PDL/1649/2019 ante la FGR contra la diputada Leonor Vargas por compra de votos, retención de credenciales y acarreo de transporte público.
En tanto que el regidor del ayuntamiento de Puebla, Roberto Elí Esponda, fue grabado por una ciudadana cerca de una casilla en Periplaza. Al darse cuenta, el funcionario corrió hacia el auto donde estaba la mujer y la increpó por estarlo grabando y le arrancó su teléfono.
Al cierre de la jornada electoral el INE registró 101 incidentes, 50 de ellos fueron por personas que intentaron votar y no estaban en la lista nominal.
El escenario y las propuestas
Conforme con los resultados preliminares, el ganador de las elecciones extraordinarias para la gubernatura de Puebla es el candidato de la coalición Juntos Haremos Historia en Puebla (Morena, PT y PVEM), Luis Miguel Barbosa.
En esta segunda vuelta Barbosa se enfrentó a un escenario totalmente distinto al de las elecciones ordinarias del año pasado, en las que iba hombro a hombro en las encuestas con la panista Martha Érika Alonso.
Además de ir a la cabeza en las encuestas durante todo el proceso, la cobertura mediática también estuvo cargada hacia Barbosa, concentrando casi el 47% del tiempo monitoreado, de acuerdo con un análisis del Instituto Nacional Electoral (INE) y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
La campaña
Desde las elecciones pasadas, Barbosa se había ceñido al plan de Morena a nivel nacional, de la mano de Andrés Manuel López Obrador.
Como el resto de candidatos, visitó distintos municipios y tuvo reuniones con distintos grupos de la sociedad poblana, y aunque su partido organizó foros y mesas de trabajo llamados “Diálogos para el bienestar”, el candidato no presentó propuestas de manera concreta, al menos durante las primeras semanas de campaña.
Durante la última semana de abril la Universidad Iberoamericana organizó un encuentro con los candidatos para presentar sus propuestas; sin embargo, Barbosa decidió no asistir.
A un mes de las campañas, LADO B consultó a diversos expertos para comentar las propuestas de los candidatos. En el caso de Barbosa, el resultado fue que tenía algunas propuestas que ya se llevan a cabo en dependencias a nivel federal, como la creación de una bolsa de trabajo para personas con discapacidad, por ejemplo.
Durante el debate organizado por el INE, Barbosa dijo frente a la cámara su postura sobre ciertos temas: “Diálogo, diálogo y más diálogo”, como propuesta ante el problema de linchamientos en el estado y dejar el tema de la despenalización del aborto en manos del poder legislativo.
Durante su cierre de campaña, al que asistieron miles de personas, entre morenistas, organizaciones de comerciantes y hasta antiguos priistas, reiteró su estrategia ofrendando su futuro triunfo a AMLO.
Este reportaje fue elaborado por el equipo de LadoB y lo reproducimos como parte de la Alianza de Medios de la Red de Periodistas de a Pie.
El 19 de mayo de 1969 fue detenido y trasladado al cuartel militar de Ciudad Altamirano, en Guerrero. Desde entonces, su esposa lo busca y no permite que su nombre se olvide. Epifanio Avilés Rojas es el primero en la lista de detenidos-desaparecidos por quienes piden justicia abuelas, madres, esposas, hermanos, hijos y nietos de víctimas de la desaparición por parte del Estado mexicano. Su historia muestra que desde hace 50 años se comenzó a tejer el manto de impunidad que ha hecho de México una nación de desaparecidos.
El escudo nacional corona este documento donde resaltan tres palabras escritas en letras mayúsculas y con tinta roja: EPIFANIO AVILÉS ROJAS. Hay decenas de hojas en donde se escribió su nombre, pero ésta que el tiempo pintó de sepia cuenta parte de su historia. Nació el 27 de abril de 1933 y sus padres fueron los campesinos Catalina Rojas y Román Avilés. Este documento también certifica que Epifanio no es un personaje de ficción que desaparece al dar vuelta a la página. Aún así, lo desaparecieron.
El 19 de mayo de 1969 soldados, al mando del mayor de infantería Antonio López Rivera, lo detuvieron en el poblado de Las Cruces, en Guerrero, y lo trasladaron al cuartel militar de Ciudad Altamirano. Al día siguiente lo subieron a una avioneta. Desde entonces no se sabe nada más de él. Tenía 36 años.
Desde ese mayo de 1969, Braulia Jaimes comenzó a buscar a su esposo y el padre de sus tres hijos. Preguntó por él en oficinas de militares y policías, también en cárceles. Exigió que le dijeran dónde estaba. Denunció su desaparición en los periódicos. Medio siglo después, Braulia —88 años— tiene el mismo reclamo: que el Estado mexicano le diga dónde está Epifanio.
Su nombre encabeza las listas de detenidos-desaparecidos por el Estado que durante décadas han nombrado madres, esposas e hijos y que siguen recordando sus nietos. Mil 200 sólo en la década de los años 70.
En México, el Estado lleva 50 años desapareciendo personas.
Traer al presente la historia de los desaparecidos de hace décadas, como la de Epifanio, no sólo es un acto de memoria y justicia. En las desapariciones de esos años —señala el historiador Camilo Vicente Ovalle— está parte de la explicación de lo que se vive ahora en México, un país en donde, en los últimos 12 años, al menos 40 mil personas fueron desaparecidas.
Nacer en Guerrero
La historia de Epifanio comenzó entre cerros, en Rincón Chámacua, ranchería en donde las visitas de un médico eran esporádicas y las mujeres aprendían a parir en sus casas. Así era entonces. Así sigue siendo hoy en varias comunidades de Guerrero, estado en donde 64.4% de su población vive en situación de pobreza.
El 27 de abril de 1933, Catalina y Román recibieron a su segundo hijo, lo llamaron Epifanio; al primero lo nombraron Alberto y al tercero, Miguel.
Los hermanos Avilés Rojas eran aún niños cuando murió Catalina; un par de años después, Román falleció. La abuela asumió el cuidado de sus nietos hasta su muerte, a mediados de la década de los 40. Entonces, Epifanio tenía 14 años.
Braulia es la hija mayor de la familia Jaimes. Ella nació en Chámacua de Michelena; sólo un río la separaba de la ranchería donde vivía Epifanio.
Ahora, lejos de esas tierras guerrerenses, en la Ciudad de México, Braulia muestra que los años no han hecho mella en sus recuerdos:
—Cuando terminé la primaria en Chámacua de Michelena me fui a Chilpancingo y estuve tomando cursos para ser maestra. Cuando regresé, conocí a Epifanio en los bailes. Ahí nos veíamos. Él me robó. Bueno, yo me fui con él, porque en mi casa no lo querían. Luego lo quisieron y nos casamos… Sus amigos lo conocían como El Toro Barroso, él mismo pidió que lo llamaran así, porque el toro es un animal bravo, bonito.
Epifanio y Braulia comenzaron su historia juntos en 1952. Se rebelaron contra la tradición de tener hijos de inmediato. Un tiempo vivían en Chámacua de Michelena, donde sembraban maíz y ajonjolí. Otros días se instalaban en Acapulco, donde él trabajó como policía en 1954.
Epifanio fue cabo y sargento patrullero en Acapulco y en Iguala. En Ciudad Altamirano, fue jefe del grupo de la policía judicial. También vivió en Puebla, donde trabajó como inspector de salubridad.
A mediados de la década de los 60, la pareja migró a la Ciudad de México. Para entones ya eran padres de Nereida, Blanca y Jaime. Vivieron en Contreras, zona que entonces era más rural que urbana; ahí estuvieron a cargo de una granja.
En 1967 se instaló con ellos Florentino, hermano menor de Braulia, ingeniero egresado del Instituto Politécnico Nacional, profesor en la secundaria número cuatro y miembro activo de la Asociación Cívica Nacional Revolucionaria (ACNR), una de las varias organizaciones guerrilleras que surgieron en el país en aquellos años y cuyo líder fue el profesor Genaro Vázquez Rojas, originario de San Luis Acatlán, Guerrero.
En su libro México Armado 1943-1981, la periodista Laura Castellanos documenta que a partir de la década de los 60 se crearon poco más de 30 organizaciones que decidieron tomar las armas para enfrentar a un Estado que protegía caciques, que mataba a los adversarios políticos y a líderes sociales, como a Rubén Jaramillo, y reprimía movimientos sociales como el de los médicos, los ferrocarrileros y el de la Universidad de Guerrero.
Justo fue Guerrero en donde la presencia de la guerrilla tuvo un peso importante: gran parte de los miembros de la ACNR eran de esa entidad; además, en 1967 el profesor Lucio Cabañas creó en la Sierra de Atoyac el Partido de los Pobres.
Unirse a la guerrilla
Florentino Jaimes tiene una memoria prodigiosa. Es un hombre de complexión gruesa y no muy alto. Habla lento y sin dejar de mirar a quien lo escucha. La primera de las varias entrevistas que tenemos se da en 2013. Ese día lleva guayabera blanca y ganas de contar la historia de Epifanio y también su propia historia. Porque Florentino y Epifanio pudieron haber tenido el mismo destino. Pero no fue así.
Ellos fueron amigos antes de ser cuñados. Se conocieron cuando Florentino estudiaba la secundaria. Epifanio no terminó la primaria.
—Nos juntábamos con Juan Antúnez Galarza para ir a la cacería de la paloma para el almuerzo —recuerda Florentino, quien dejó a sus amigos de la adolescencia cuando se fue de Guerrero para estudiar en la Ciudad de México.
A finales de la década de los 50, Florentino asistía a la Vocacional No. 2 y vivía en la Casa del Estudiante Guerrerense.
—Había una efervescencia estudiantil, un ambiente que propiciaba la discusión política. Hablábamos de lo que pasaba en Guerrero, de la represión que se vivía en el estado.
En la Casa del Estudiante Guerrerense, Florentino comenzó su amistad con Genaro Vázquez. En abril de 1968, decidió unirse a la ACNR.
—¿Epifanio conoció a Genaro Vázquez? —pregunto a Braulia.
—A mi no me dijo nada. Él no me dijo que estaba militando con él. Yo oía que comentaban, que se iban a hacer ejercicio. ¿Conocerlo? Creo que no lo conoció, pero sí andaba formando parte de la guerrilla. Mi hermano lo invitó.
En 1968 el estado mexicano presumió al mundo que podía organizar los juegos olímpicos. En la Plaza de Tlatelolco demostró que podía matar estudiantes. Ese año Epifanio se unió a la ACNR.
Mucho antes Epifanio ya había dado muestras de su interés por la organización social y política. Cuando construían un canal de riego en Chámacua de Michelena, Epifanio y Florentino organizaron a los trabajadores de la obra para la defensa de sus derechos laborales; impulsaron la formación del Sindicato de Trabajadores del Encauzamiento de las Aguas del Río Amuco. Todas las tardes, Epifanio se reunía con ellos para, entre otras cosas, enseñarlos a escribir y a leer.
—Por eso, porque alfabetizaba, le decían profesor —asegura Braulia.
—Él se interesó mucho en la situación social; en la represión que se vivía en Guerrero, en el país. Tenía una conciencia social mil veces mayor que cualquier persona que estuviera en la universidad —recuerda Florentino.
Unos días después del 2 de octubre de 1968, Florentino, Epifanio y Juan Antúnez comenzaron a planear “la acción” o “expropiación”, como se les llamó a los asaltos que miembros de las organizaciones guerrilleras realizaban para financiar su movimiento.
A la par de que se formaban organizaciones guerrilleras en Chihuahua, Guerrero, Sinaloa, Nuevo León, Oaxaca o en la Ciudad de México, el estado mexicano creó instituciones para poner en marcha sus estrategias de contrainsurgencia. Una de ellas fue la Dirección Federal de Seguridad (DFS), que durante décadas funcionó como la policía política y cuyos elementos se especializaron en desaparecer personas.
“El primer documento oficial que menciona a la DFS es de marzo de 1947 y en él se confirma que dependía directamente de la presidencia de la República”, escribió Sergio Aguayo en su libro La Charola. Una historia de los Servicios de inteligencia en México.
En su investigación Aguayo explica que la DFS se creó con policías de diferentes corporaciones, pero en abril de 1947 se incorporaron “diez de los mejores oficiales egresados del Heroico Colegio Militar”, entre ellos Luis de la Barreda Moreno.
El presidente Adolfo Ruíz Cortines fue quien, en 1952, decidió que la DFS dependería directamente de la Secretaría de Gobernación.
Si se mira hacia atrás, si se va a los archivos, si se consultan los trabajos realizados por historiadores se encontrará que en este país la desaparición de personas es añeja. Hay registros de algunos casos en los años 40, pero es a finales de la década de los 60, apunta el historiador Camilo Vicente Ovalle, cuando el Estado mexicano comienza su “institucionalización” y se delinea su uso como una estrategia sistemática de contrainsurgencia.
Tan sólo en la década de los 70 ocurrieron, por lo menos, 1200 desapariciones por motivos políticos, de acuerdo con lo documentado por la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos en México (AFADEM). De estos, la mitad son de Guerrero.
Una acción fallida
Los tres amigos que en la adolescencia cazaban güilotas en Chámacua de Michelena, volvieron a encontrarse. Se reunían para analizar la caída de Fulgencio Batista en Cuba; hablaban del Che Guevara y de la necesidad de una revolución en México; repartían propaganda política de la ACNR y leían El Estado y la revolución, de Lenin; El Manifiesto del Partido Comunista, de Marx y Engels, y los lineamientos escritos por Genaro Vázquez para la fundación del ACNR. Florentino, el que llevaba más tiempo como miembro de la guerrilla, seleccionaba los textos y guiaba la preparación política.
—Epifanio y Juan estaban en la organización casi por labor mía. Yo recibí las orientaciones y se las daba a ellos. Así fue su militancia.
La militancia de Epifanio y Juan fue breve e intensa. No tenían ni seis meses en la ACRN, cuando planearon su primera acción guerrillera: asaltar una camioneta del Banco Comercial Mexicano.
Cuando Braulia no estaba, los tres amigos entrenaban el tiro al blanco en el patio trasero de la casa de Cuajimalpa. Epifanio, quien aprendió sobre armas durante sus días de policía, fue designado el comandante militar de la acción.
Un par de meses antes de realizar la expropiación, se les unió un cuarto hombre. Florentino no recuerda cómo se llamaba.
Durante semanas estudiaron con detalle la ruta que seguía la camioneta bancaria. Acordaron la fecha: el sábado 19 de abril de 1969. Una noche antes, el cuarto hombre desertó. Su argumento, por lo menos el que recuerda Florentino, fue que no tenía el valor para participar en la acción. Los tres amigos decidieron seguir.
La memoria de Florentino, los recuerdos de Braulia y lo publicado en los periódicos de ese entonces permiten tener indicios sobre lo que sucedió la mañana de ese sábado de 1969.
Epifanio guardó en un cajón sus credenciales y el anillo de oro con sus iniciales grabadas. Entre sueños, Braulia escuchó que le dijo: “Voy a comprar el alimento para los animales”. Dejó la casa de Cuajimalpa cuando aún era de madrugada.
Los tres amigos abordaron el taxi Valiant coral, placas 5552, al taxista Roger Enríquez González le exigieron que se dirigiera a la carretera vieja a Cuernavaca; en el kilómetro 33, lo bajaron.
Florentino manejó el taxi. Poco después de las siete de la mañana llegaron a Xola, casi esquina con 5 de febrero. Estacionaron el auto y apagaron el motor. Se cubrieron los rostros con pasamontañas y esperaron. A las 8:40, observaron a la camioneta bancaria por la lateral de Xola. Juan se paró frente a la camioneta. Florentino amenazó al chofer y Epifanio, al copiloto. Logran sacar de la bóveda los costales con dos millones 782 mil 300 de pesos de aquel entonces.
Algunos dirán que aquello que se llama suerte abandonó a los tres amigos. Otros, que la planeación no fue la correcta. Hay quien sospecha que el cuarto hombre los delató.
Al día siguiente, algunos periódicos publicaron esta versión: un vecino llamó al número de emergencia de la policía; se activó la alerta y en los aparatos de radiocomunicación de las patrullas de la zona se informó sobre la ubicación del robo. El mensaje llegó hasta el Galaxie azul del jefe de la policía preventiva, el general Renato Vega Amador, quien iba rumbo a su casa, después de practicar equitación en el Campo Militar Número Uno. El general pidió a su chofer, el teniente Mario Monroy Suárez, dirigirse a Xola y 5 de febrero.
Florentino recuerda la escena: después de tomar el dinero, corrieron al taxi; él intentó prenderlo, pero sólo escuchó el sonido ahogado del motor. Epifanio y Juan salieron del automóvil para empujarlo. El Galaxie azul del general Vega Amador frenó con violencia a unos cuantos metros. Se escucharon los primeros disparos. Florentino, Juan y Epifanio también dispararon. Llegaron más patrullas y policías. Se desplomaron dos cuerpos (el del policía José Saucedo Cadena y el del teniente Mario Monroy. Los dos fallecieron). La pistola de Juan se encasquilló y él cayó a unos metros del taxi. Epifanio corrió. Florentino recibió un golpe en la cabeza y ya no supo más.
La acción falló y, en tan sólo unas horas, agentes de la DFS llegaron a la casa de Cuajimalpa, donde vivían Florentino, Epifanio, Braulia y sus tres hijos.
Policías y hombres armados, vestidos de civil, golpearon la puerta de su casa. Buscaron en los clósets, en la azotea, en el tinaco de agua, en el gallinero, entre las vacas y la paja. Un teniente de apellido Larios interrogó a Braulia sobre Epifanio y Florentino.
—¿Qué hicieron? —preguntó Braulia.
—Asaltaron una camioneta bancaria.
Para entonces, la radio ya difundía la noticia sobre el frustrado asalto, durante el cual murieron tres personas, entre ellas Juan Antúnez Galarza y resultó herido el jefe de la Policía Preventiva del DF, el general Renato Vega Amador, quien también era miembro del Estado Mayor Presidencial y formaba parte del círculo de militares cercanos al entonces presidente Gustavo Díaz Ordaz.
Durante el sexenio de Díaz Ordaz (1964-1970), la DFS fue dirigida por Fernando Gutiérrez Barrios, quien se integró a la organización entre 1948 y 1949, después de graduarse en el Colegio Militar.
En ese mismo sexenio, el agente policiaco Miguel Nazar Haro fue comisionado por Gutiérrez Barrios para crear y dirigir, al interior de la DFS, un grupo especializado en movimientos guerrilleros.
En su libro Nazar, la historia secreta. El hombre detrás de la guerra sucia, el periodista Jorge Torres señala que el grupo que dirigía Nazar se especializó en recabar la información y en formar lo que llamaron un “ejército inconsciente” de información política.
Además de la DFS, el Estado mexicano creó otras instituciones dedicadas a la persecución y aniquilación de las organizaciones guerrilleras. En 1969, por ejemplo, se formó la Brigada de Fusileros Paracaidistas, tres batallones de infantería y el segundo batallón de policía militar que tuvo entre sus funciones la administración del centro clandestino de detención en el Campo Militar Número Uno.
Florentino: detenido y torturado
Cuando los ojos de Florentino volvieron a mirar, ya llevaba las manos atadas. Se encontraba en los sótanos de las oficinas de la policía capitalina, en la Plaza de Tlaxcoaque, muy cerca del zócalo de la ciudad. Ese lugar funcionó como otro de los centros clandestinos de detención y tortura durante la contrainsurgencia. —Me tuvieron con muchas torturas, no me dejaban dormir; día y noche tenían una lámpara en la cabeza. Cada vez que los ojos se me cerraban, me echaban agua en la cara, me pateaban, pero yo no les decía nada. Ya sabía que Juan había muerto, no recuerdo si ellos me lo dijeron, pero ya lo sabía. ‘¿Quién es el otro?’, me preguntaban. Ellos ya tenían datos. Me dijeron: ‘No te hagas pendejo. Ya sabemos que es tu cuñado’.
Al día siguiente del asalto, Florentino fue presentado ante los periodistas, llevaba la cabeza vendada, la camisa ensangrentada y moretones en la cara.
El lunes 21 de abril de 1969, en la primera plana del Novedades se publicó su fotografía. En la nota se destacó que los tres asaltantes “han tenido nexos cercanos con el gatillero guerrerense Jenaro (sic) Vázquez Rojas”. El reportero publicó que muy cerca de las investigaciones están el general Ramón Jiménez Delgado, director de la Policía Judicial Federal y el capitán Fernando Gutiérrez Barrios, titular de la DFS.
A finales de abril de 1969, Florentino fue trasladado a la cárcel de Lecumberri, donde existía una sección exclusiva para presos políticos.
El 19 de noviembre de 1971, Genaro Vázquez Rojas y tres personas más secuestran al rector de la Universidad Autónoma de Guerrero y empresario Jaime Castrejón Díez. Para soltarlo, Genaro Vázquez exige, entre otras cosas, la liberación de nueve miembros del ACRN; el nombre de Florentino Jaimes encabeza la lista.
—Salgo el 28 de noviembre de 1971. A las cinco de la mañana estábamos saliendo de Lecumberri. Nos llevaba (Miguel) Nazar Haro. Ya casi amaneciendo abordamos el avión que nos llevó a La Habana.
En diciembre de 1970, Miguel Nazar Haro fue ascendido a subdirector de la DFS, ocupó ese cargo hasta 1978, cuando fue nombrado su director.
Florentino vivió en Cuba hasta el 28 de septiembre de 1980. Regresó a México, se reencontró con su familia, dio clases y militó en el Partido Socialista Unificado de México (PSUM). Siguió pensando en que él y Epifanio pudieron haber tenido el mismo destino.
—Mucho tiempo sufrí pensando en Epifanio. ¿Qué le estarían haciendo? ¿Qué estará pasando? Muchas veces lo soñé. Todavía lo sueño.
Epifanio: Detenido y desaparecido
El miércoles 23 de abril de 1969, Novedades y otros periódicos publicaron la fotografía de Epifanio con saco y corbata oscuros: “Agentes del Servicio Secreto buscan en el Distrito Federal y en algunos estados de la República, principalmente Guerrero, a Epifanio Avilés Rojas, quien ha sido señalado como ‘el tercer hombre’ que participó en el frustrado asalto a una camioneta del Banco Comercial Mexicano”.
—Epifanio llegó a buscarme a Las Cruces (municipio de Coyuca de Catalán, Guerrero). Me cuenta lo del asalto, me dice que él, Juan y mi hermano Florentino estaban en la guerrilla. Nosotros no sabíamos nada de eso —recuerda Celia Jaimes, hermana de Braulia— Llevamos a Epifanio al rancho El Cirian. A ese lugar sólo se llegaba con mular. Era muy difícil que ahí lo encontraran, para allá no entraba el ejército.
Epifanio no hizo caso a las recomendaciones de Celia y a los dos días regresó a Las Cruces. A Celia le confesó que no podía lidiar con la soledad.
Tomasa —mamá de Braulia y Celia, y quien vivía en Chámacua de Michelena—le pidió a su sobrina Luisa Jaimes, Licha, que llevara comida a Epifanio.
Para llegar a Las Cruces, Licha tenía que ir en burro. La primera vez llegó sin contratiempos y Epifanio le platicó lo que pasó. La segunda vez, la zona ya estaba cercada.
—Ya me estaba dando miedo ir —recuerda Licha— porque cuando pasé por una ranchería, una señora me preguntó: ‘¿Para dónde camina? Váyase con mucho cuidado, anda el gobierno muy enojado. Anoche nos cayeron aquí a todas las casitas, nos anduvieron esculcando y preguntando’.
Los soldados llegaron a Las Cruces el lunes 19 de mayo de 1969. El pelotón, comandado por el mayor de infantería Antonio López Rivera, cercó la comunidad.
Celia se preparaba para moler el nixtamal. Bajo la enramada hecha con palma de ajonjolí, Epifanio platicaba con su hermano Miguel, que llegó a visitarlo. Equileo Maldonado alertó a Epifanio, le dijo que se escondiera en la troje.
López Rivera ordenó a los soldados revisar la casa. Al no encontrar a Epifanio, el mayor decidió llevarse a Miguel. El pelotón no tardó ni cinco minutos en regresar al rancho para revisar la troje.
A Miguel lo soltaron los soldados. Desde entonces, “se desterró de nosotros”, recuerda Celia. A ella nadie le quita de la cabeza la idea de que fue Miguel quien dijo dónde se escondía Epifanio.
La noticia de la aprehensión de Epifanio se esparció por los ranchos de la zona. Tomasa, la madre de Braulia, se enteró y, una vez más, volvió a pedir a Licha que fuera a buscarlo a Ciudad Altamirano.
—Me acuerdo como si hubiera sucedido ayer —dice Licha.
El 20 de mayo de 1969, cuando aún no amanecía, Licha salió de Chámacua rumbo al cuartel militar de Ciudad Altamirano. Llegó poco antes de que a Epifanio lo subieran a una avioneta. Recuerda que Epifanio iba esposado. Llevaba huaraches de cintas anchas.
Después de ese momento, la historia de Epifanio es como un álbum de fotografías incompleto.
Entrar al circulo de la desaparición
El jueves 22 de mayo de 1969, el periódico Novedades publicó una nota escrita por Alberto Serrano: “La verdad es que anoche, a las 22 horas, Epifanio Avilés había desaparecido. De Coyuca de Catalán confirmaron su salida por vía aérea a esta capital, custodiado por elementos militares. Y, en la sección segunda de la Secretaría de la Defensa Nacional se dijo, a la misma hora, que se trabajaba sobre el asunto; pero que nada en concreto había…. En tanto que la Procuraduría General de la República, la Jefatura de Policía y la Dirección Federal de Seguridad esperaban que fuera puesto a su disposición el detenido”.
El 22 de mayo, el mayor Antonio López Rivera ofreció una conferencia de prensa en Chilpancingo. Ahí dijo lo siguiente: el lunes 19 de mayo recibió la orden de ir al poblado de Las Cruces, donde varios hombres armados escandalizaban. Cuando los militares llegaron fueron recibidos con disparos. El ejército respondió y uno de los gavilleros cayó sin vida. El resto huyó a la sierra. El cuerpo se encontraba en la comisaría y uno de los presentes lo reconoció como Epifanio Avilés.
Celia Jaimes todavía se indigna cuando recuerda lo publicado en los periódicos. “Mentiras eso de que hubo un enfrentamiento en Las Cruces. No hubo ningún disparo… Los soldados estaban como perros embravecidos… Tiempo después, el mayor López Rivera le dijo a mi suegro que él había entregado a Epifanio al general Miguel Bracamontes”.
En mayo de 1969, el general Miguel Bracamontes era el comandante de la 35ª Zona Militar, con sede en Chilpancingo.
El sábado 24 de mayo de 1969, el periodista José Reveles publica la nota titulada: “Ahora dicen que sí vive. Noticias contradictorias sobre la suerte corrida por Avilés Rojas”. El reportero pregunta a las autoridades federales y estatales sobre qué pasó con Epifanio y encuentra versiones encontradas: la procuraduría de justicia de Guerrero le informa que Epifanio fue detenido vivo y enviado a la Ciudad de México, pero los militares le dicen que murió cuando lo detuvieron las defensas rurales.
Reveles escribe: “Si ninguna autoridad miente, Avilés Rojas pasará a la historia como el único hombre que, al mismo tiempo que muere a balazos en un encuentro con el ejército, es capturado vivo y luego enviado a la capital”.
La desaparición de Epifanio es la primera en ser documentada.
La desaparición como política
Epifanio es el referente más antiguo que encontraron los grupos que empezaron a nombrar la desaparición forzada en México. Pero no fue el primero.
A Santiago García lo desaparecieron un año antes que a Epifanio. Él también era miembro de la ACNR; lo desaparecieron el 1 de mayo de 1968 en Río San Jerónimo, Guerrero. No hay más datos sobre él.
Epifanio fue el segundo desaparecido con militancia guerrillera, pero eso no se sabría hasta décadas después.
La escasa información sobre su desaparición se encuentra en una base de datos anexa al informe que realizó la llamada Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (FEMOSPP), creada durante el sexenio de Vicente Fox y desaparecida al comienzo del gobierno de Felipe Calderón.
La FEMOSPP se creó en un contexto de la transición política y por presión de madres, esposas y otros familiares que desde los años 70 realizaron huelgas de hambre, hicieron marchas y le exigieron a cada presidente información sobre los desaparecidos.
En su informe la fiscalía documentó la desaparición de 788 personas en 21 estados del país, entre 1968 y 1997.
Antes, las asociaciones de familiares ya habían realizado listas.
El Comité Pro Defensa de Presos, Perseguidos, Desaparecidos y Exiliados Políticos de México (Comité Eureka), presidido por Rosario Ibarra —cuyo hijo Jesús Piedra Ibarra lo desaparecieron el 18 de abril de 1975, después de ser detenido en Monterrey, Nuevo León— contabilizó 557 nombres de personas desaparecidas entre 1969 y hasta antes del 2000.
La lista de “Eureka” la inaugura Epifanio
Rosario Ibarra y quienes se sumaron al Comité Eureka integraron, incluso, expedientes de la mayoría de esos casos. Hoy este archivo —formado por 4 mil 700 documentos— es digitalizado en el Centro Académico de la Memoria de Nuestra América, de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. En este archivo es posible encontrar un documento firmado por Braulia Jaimes, en noviembre de 1978, en donde denuncia la desaparición de Epifanio.
El historiador Vicente Ovalle considera que el número de desaparecidos desde los años 60 hasta el 2000 es mucho mayor al que se piensa. Quizá no se equivoque, porque cuando se pregunta en los pueblos dispersos por la sierra de Atoyac, en Guerrero, no es difícil encontrar a familiares que esos años prefirieron ocultar su caso por miedo a que también a ellos los desaparecieran. Sus temores no eran infundados.
El estado mexicano no sólo implementó la desaparición forzada en contra de los disidentes políticos, también lo hizo en contra de sus familias y de sus amigos. Incluso, en algunas rancherías de Guerrero —donde surgieron algunas organizaciones guerrilleras— decenas de familias se quedaron sin hombres, porque los desaparecieron.
De acuerdo con las listas existentes es a partir de 1971 cuando se incrementan los números de personas desaparecidas.
Vicente Ovalle señala que el caso de Epifanio, así como el de otros desaparecidos de finales de los 60, “son un indicio de que la desaparición aún no estaba totalmente institucionalizada, como ya lo estuvo a partir de 1971 y, sobre todo, entre 1973 y 1974”, cuando se da el mayor número de desapariciones de aquella época.
Lo que también muestran las listas realizadas por los colectivos de familiares es que, desde finales de los 60, México no ha dejado de tener un solo año sin registrar nuevos casos.
El camino de la denuncia
Braulia se enteró de la aprehensión de Epifanio por un telegrama.
Para entonces su casa ya era vigilada por hombres vestidos de civil, que también la seguían a dónde iba. A las pocas semanas del asalto, el hombre que le rentaba la casa en Cuajimalpa le dijo que buscara otro lugar para vivir. Cuando sus vecinos escucharon en las noticias el nombre de Epifanio no volvieron a saludarla.
Braulia creía que a Epifanio lo llevarían a Lecumberri, como sucedió con Florentino. Pasaron los días y nada.
Cuando sus hijos preguntaban por Epifanio, Braulia contestaba que se había ido a Guerrero, que regresaría pronto. Meses después, les dijo la verdad: “lo agarró el ejército y los soldados no lo entregan”.
Braulia buscó a su esposo en la Jefatura de la Policía, en la Procuraduría. Logró hablar con el subprocurador David Franco Rodríguez, quien sólo le dijo que no había expediente de su marido.
También fue a hablar con el general Renato Vega Amador. “Cuando fui, me metieron por un sótano y por un túnel que daba a su oficina. Cuando hablé con él, un hombre se puso detrás de mí y otro al lado, con un rifle”.
—¿A qué viene? —le preguntó Vega Amador
—A saber de Epifanio.
—A su marido ya lo mataron. Y eso fue en Guerrero.
—No. Ya salió en el periódico que ustedes lo tienen.
Renato Vega se sentó, la miró fijamente y le dijo:
—Mire, yo no sé nada. Yo creo que lo mataron allá donde lo agarraron.
—Me siento impotente al no saber qué fue de él. Hasta ahora estoy con la duda. A veces yo quisiera seguir investigando. Yo digo, ojalá y lo hubieran agarrado armado… Pero él creyó que entregándose le iban a hacer justicia, que lo iban a juzgar, pero lo desaparecieron. Él tenía derecho a que lo juzgaran, que declarara. Y no lo hicieron.
Renato Vega Amador no volvió a recibir a Braulia. El general fue ratificado en su grado militar, siguió siendo parte del círculo cercano al presidente de la República y su hijo Renato Vega Alvarado fue gobernador de Sinaloa de 1993 a 1998.
El 20 de noviembre de 1970, el mayor de infantería Antonio López Rivera —quien detuvo a Epifanio en Guerrero— fue ascendido a teniente coronel de infantería, por acuerdo del presidente Gustavo Díaz Ordaz.
El historiador Vicente Ovalle recuerda que varios de los que implementaron la desaparición de personas como una táctica de contrainsurgencia, después se vincularon con las organizaciones del narcotráfico. Entre los casos más sonados está el de Miguel Nazar Haro.
Braulia dejó la casa de Contreras y se fue a vivir a Iztapalapa. Vendió gelatinas para mantener a sus hijos. Con orgullo cuenta que los tres se titularon: Nereida es doctora; Blanca estudió Turismo y Jaime, Relaciones Internacionales.
En 2001, en su Informe Especial sobre Desapariciones Forzadas en la década de los setenta y principios de los 80, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) abordó el caso de Epifanio Áviles Rojas.
La investigación realizada por la CNDH sólo consistió en enviar oficios a “diversas autoridades federales y locales, entre ellas a la Procuraduría General de Justicia Militar”, para “establecer la intervención de alguna autoridad o servidor público en los acontecimientos que dieron origen al expediente de queja”.
Nadie de la CNDH buscó a Braulia, tampoco a Florentino, mucho menos a Celia o a Licha. Su conclusión fue: Epifanio no es una víctima de desaparición forzada.
En su informe la CNDH abordó 532 casos de personas desaparecidas durante la década de los 70 y principios de los 80; de ellos sólo en 275 casos encontró elementos para asegurar que las personas “fueron víctimas de detención, interrogatorios y eventual desaparición forzada por parte de servidores públicos de distintas dependencias públicas del país”, en 160 casos “la desaparición forzada no se logró acreditar” y en 90 “sólo existen algunos indicios que por sí mismos resultan insuficientes, jurídicamente hablando, para concluir la existencia de desaparición forzada”.
La maquinaria de desaparición de personas en México nunca se detuvo.
Si bien entre los 80 y hasta el 2000 las víctimas bajaron considerablemente, a partir de 2006 la desaparición de personas se extendió como una epidemia. Sólo en el sexenio de Felipe Calderón (2006-2012), cuando se lanzó lo que el gobierno llamó “la guerra contra el narco”, se contabilizaron más de 26 mil personas desaparecidas.
La lista se nutre a diario. Hoy suman más de 40 mil 180
Las actuales desapariciones “no pueden considerarse como una simple continuidad de las ocurridas en los 70”, señaló Pilar Calveiro, doctora en ciencia política y sobreviviente de la desaparición forzada en Argentina, compartió sus reflexiones en 2015 en la UNAM sobre este tema. Sólo es posible que se convierta en un fenómeno generalizado, dijo, “si se cuenta con el amparo del Estado y de fracciones del mismo. Y mucho más cuando esta práctica, además de ser sostenida, permanece impune”.
“La desaparición forzada no es un fenómeno que se mantenga igual así mismo en todo momento, pues se transforma y se perfecciona, y sus significaciones están vinculadas a las lógicas de la violencia hegemónica”, escribe en su tesis para doctor en historia, “Estado y represión en México. Una historia de la desaparición forzada, 1950-1980”, Vicente Ovalle.
La impunidad es una de las claves para entender por qué —aunque con distintos métodos, perpetradores y formas— esta práctica sigue imparable.En su conferencia del 8 de septiembre de 2015, Calveiro señaló que “ha prevalecido una terrible impunidad en relación con estos crímenes que se niegan, en un intento en vano por desconocer su existencia y desaparecer también a la desaparición”.
Contra el olvido y el silencio
En la casa de Braulia hay fotografías de Epifanio colgadas en la pared. En ellas se le mira con su delgado bigote, frente amplia, su cabello negro, abundante y muy bien peinado.
Fotografías de Epifanio también se encuentran en el expediente 35-18-69 de los archivos de la Dirección Federal de Seguridad (DFS) en donde se identifica a Epifanio como “Miembro de la Asociación Cívica Nacional Revolucionaria (Grupo Subversivo Armado)” y en unas tarjetas se menciona su participación en el asalto de la camioneta bancaria. En otra tarjeta se resalta que “existe orden de aprehensión girada en su contra por el Juez Cuarto Penal de esta ciudad de México”.
En esos archivos se encuentran las fotografías de muchos de los desaparecidos de los años setenta que fueron detenidos y llevados al centro clandestino de detención del Cuartel Militar Número Uno. Ahí fueron torturados, de acuerdo con testimonios de sobrevivientes.
Si Epifanio Avilés Rojas fue llevado al Cuartel Militar Número Uno sólo lo saben quienes lo desaparecieron.
La fotografía de Epifanio también está presente en cada una de las acciones que realizan los miembros de Hijos por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio (H.I.J.O.S), organización que siguiendo el ejemplo de Argentina se integra por hijos de desaparecidos y detenidos políticos. En México se fundó el 26 de febrero del 2000.
Con la fotografía de Epifanio y de muchos otros desaparecidos han realizado postales con una de las frase: “Los desaparecidos nos faltan a todos”.
El 2 de septiembre del 2007, en la colonia Adolfo López Mateos, muy cerca del metro Pantitlán, en la Ciudad de México estos hijos e hijas renombraron la calle Gustavo Díaz Ordaz como Epifanio Avilés Rojas.
Las madres, esposas, hermanos, hijos y nietos de desaparecidos de esos años no han dejado de exigir justicia y denunciar la impunidad.
“Érase un país que lleva 50 años de práctica ininterrumpida de un crimen de lesa humanidad llamado desaparición forzada. Érase una sociedad que se fue acostumbrando al olvido”, escribió en su muro de Facebook Guadalupe Pérez Rodríguez, integrante de la asociación de hijos, en la vìspera del aniversario de la desaparición de Epifanio.
En casa de Braulia, el nombre de Epifanio se sigue escuchando con fuerza. Ella se encarga de nombrarlo y platicarle a sus nietos adolescentes sobre el hombre que ellos sólo conocen en fotografías: “Su abuelo —les dice— no realizó un asalto común y corriente; lo hizo por una causa política. Así que deben sentirse orgullosos de él”.
Braulia no tiene ningún expediente sobre la desaparición de su esposo, aunque sí existe uno. En 2007 se abrió la averiguación previa SIEDF/CGI/041/2007, por la “privación ilegal de la libertad y lo que resulte” de Epifanio Avilés Rojas, en la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delitos Federales de la entonces Procuraduría General de la República (PGR).
Quien presentó la denuncia fue el Comité Eureka, presidido por Rosario Ibarra. Los inculpados son elementos del ejército, al mando del general Miguel Bracamontes.
Fue hasta mayo de 2014, cuando agentes de la PGR llegaron a la casa de Braulia para entregarle un citatorio a ella y a sus hijos para que declararan por la desaparición de Epifanio; a los hijos, además, les querían tomar muestras de su ADN.
—Preguntamos si ya tenían con qué comparar las muestras de ADN. Nos dijeron que sólo eran para el banco de muestras. Dijimos que no, que sólo nos daríamos muestras de nuestro ADN hasta que supiéramos con qué las iban a comparar —cuenta Jaime Avilés, hijo de Epifanio.
Cuando los agentes de la PGR visitaron a Braulia y a sus hijos les enseñaron un retrato hablado, que forma parte del expediente y pretende mostrar cómo luciría Epifanio hoy en día. Para Braulia, ese dibujo no reflejaba en forma adecuada la mirada de Epifanio. Ella no quiere retratos hablados, quiere saber qué pasó con su esposo.
Braulia quiere conocer la historia que le han negado durante 50 años.
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