El desplazamiento forzado no siempre es un evento súbito. Dejar el hogar a veces es aplazado por las condiciones dispares del entorno, en este caso en Acapulco, y porque las estructuras del Estado no solo fallan en proteger, también condicionan el momento de la partida
Texto y Foto: Amapola Periodismo
Acapulco
Lunes 6 de abril del 2026
Enrique nació en Acapulco. Fue criado en las venas de la zona suburbana y conoció en carne propia la violencia criminal que acecha esta parte del puerto desde hace más de una década.
Bajo la premisa del combate a los traficantes de drogas, Felipe Calderón inició una “guerra”. Usó al Ejército y a las fuerzas de seguridad federales para enfrentar a grupos criminales, a quienes señaló de ser generadores de la violencia en México. Durante su sexenio la zona suburbana de Acapulco se convirtieron en escenarios de batalla entre criminales y gobierno o criminales contra criminales.
Era un deber, decía el gobierno federal. Calderón defendió su estrategia anticrimen hasta el final. Incluso un año antes de dejar la presidencia, dijo al New York Times que no había tiempo de fortalecer a las policías estatales, tenían que combatir.
“Hay que combatir a los criminales con lo que se tiene, ese es el deber del Estado que no es poco y desde luego ir aumentando las capacidades institucionales de manera constante. Eso es lo que hemos venido haciendo”, planteó Calderón.
Más pronto que tarde, la vulnerabilidad de la población de las zonas periféricas quedó expuesta ante un Estado de excepción. Como la zona suburbana de Acapulco, concebida en desigualdad de origen, fue especialmente golpeada.
En uno de esos nuevos asentamientos, de escasos servicios públicos, se crió Enrique, quien después de todo debió dejar de manera forzada su casa y su vida en el puerto.
Foto: Archivo / Amapola Periodismo.Una lucha no solicitada
Enrique perdió a su padre y hermano. Todo comenzó en 2012, cuando tenía 14 años y cursaba la secundaria. Su padre, Manuel, era albañil; su hermano Alan era dependiente de un Oxxo; su madre Alicia dirigía un negocio de venta de artículos para el hogar; y su hermana Adilene laboraba en el sector de servicios en hotelería.
Para el 2018, Enrique había perdido a la mitad de su familia. Su hermano fue condenado a prisión en Acapulco por acusaciones de secuestro y su padre fue desaparecido por criminales, en contubernio, presuntamente, con agentes federales.
¿Cómo acabaron así? Una tarde cualquiera de 2012, un hombre desconocido entró sin avisar a su casa.
Enrique, su padre y su hermano estaban ahí. El hombre entró corriendo, desesperado, luego de saltar una barda; un grupo de hombres vestidos de negro, después sabrían que eran policías de un grupo de élite estatal, lo perseguían. Los uniformados derribaron la puerta, asesinaron al perro de la familia y acorralaron a Manuel y Alan en la planta baja.
Algunos de los uniformados siguieron hasta el techo a quien huía. Abrieron fuego y lo asesinaron ahí mismo. Enrique, en medio del desconcierto, corrió al cuarto de su madre para ocultarse debajo de la cama. Escuchó a su padre cuestionar la invasión y exigió una orden legal a los intrusos.
Los policías exigieron silencio con violencia y sin pruebas dijeron que el domicilio era una casa de seguridad criminal.
Bajo esa premisa saquearon el domicilio. Robaron computadoras personales, celulares y cuanto objeto electrónico o de valor hallaron a su paso.
Enrique pensó que al ser policías era seguro salir debajo de la cama, así que dejó el cuarto y de inmediato los agentes lo tomaron por el cabello para arrastrarlo hasta la parte baja, donde comenzaron a golpearlo.
Cinco elementos policiales lo rodearon y dispararon sus armas en falso cerca de su cabeza. Jugaban mientras se reían del niño. Al mismo tiempo, a su padre y a su hermano los torturaban. Alan fue sodomizado con un tubo metálico. Lo forzaban a una falsa confesión de formar parte del grupo criminal de la Barredora. Le decían que le harían lo mismo a Enrique si no aceptaba.
Enrique no recuerda que su hermano se doblegara. Aun así, los policías se lo llevaron detenido. Antes lavaron la sangre en el reducido cuarto de la casa y retiraron el cadáver del perro.
Todo comenzó a las tres de la tarde y terminó antes de que el sol se ocultara. Enrique y su padre aliviaron sus heridas como pudieron y junto con Alicia y Adilene se apersonaron en distintas instancias de gobierno, incluido el Ministerio Público, para obtener infructuosas respuestas.
Supieron de Alan un par de días después. Estaba recluido en una dependencia federal de seguridad. Allí, los agentes siguieron con la tortura para obligarlo a firmar una confesión por extorsión. Las autoridades exigieron a la familia un pago, una supuesta fianza, de 300,000 pesos a cambio de su liberación. La familia reunió 100,000 pesos, pero se los rechazaron. El joven ingresó a una prisión de Acapulco, donde aún permanece.
La familia acudió a Derechos Humanos para denunciar los abusos de autoridad. Consiguieron los nombres de los policías agresores a través de los registros oficiales de entrada de la dependencia federal. Tenían un historial turbio y aunque la familia avanzó en el caso, incluso hasta el reconocimiento presencial de sus victimarios, ninguno pisó la cárcel. Las razones fueron diversas.
Varios años de lucha después, la familia ya no pudo cubrir los honorarios del abogado y tomó el caso uno de oficio, lo que demoró el proceso y aumentó el costo emocional.
Otras áreas institucionales también le jugaron en contra a la familia. Después de las revisiones médicas oficiales que les hicieron, los servidores públicos consideraron que las agresiones físicas que sufrieron no eran suficientes pruebas, porque así como lo narraron al menos uno debió quedar con una discapacidad motriz.
Enrique carecía de un expediente de valoraciones psicológicas porque fue atendido de manera gratuita por un psicólogo.
Alan no solo enfrentaba la acusación de extorsión. Enrique precisa que dos supuestos testigos señalaron a su hermano de secuestro que, a la postre, sería el motivo que lo mantiene encerrado.
La desigualdad confeccionada en el puerto
El ejemplo más documentado del Acapulco suburbano es Ciudad Renacimiento, proyecto iniciado por el entonces gobernador priista Rubén Figueroa Figueroa en 1980, diseñado para reubicar a más de 10,000 familias que vivían en asentamientos irregulares en el Anfiteatro o Sinfonía del Mar. Según el gobierno estatal fue por motivos ecológicos, porque contaminaban la bahía con residuos.
Al final se trató de limpieza social por motivos económicos. El gobierno, encarnado en Figueroa, aseguró que por encima de cualquier interés político estaba la protección del turismo.
«El reasentamiento de los colonos debería de efectuarse antes de junio de 1980, pues, de lo contrario, Acapulco podría desaparecer como centro turístico», comentó Figueroa al Excélsior el 24 de noviembre de 1980.
Lo que siguió fue un estira y afloja entre comunidades y organismos como el Partido Socialista de los Trabajadores para evitar el traslado. No lo consiguieron.
Aunque el gobierno estatal afirmó que la reubicación era para brindarle una vida digna a las personas, por muchos años los colonos de Renacimiento vivieron en casas de cartón y techos de lámina, sin acceso a agua potable o drenaje, como recogió la tesis de la UAM Políticas Urbanas en Acapulco 1927 – 1997 y el artículo Turismo y contaminación ambiental en la periferia urbana de Acapulco: Ciudad Renacimiento.
Con el tiempo la gente consiguió acceso a servicios básicos y la periferia se fue ensanchando. Renacimiento, atravesado por la carretera federal México-Acapulco, es la columna vertebral, y decenas de vasos comunicantes se expandieron hacia las zonas serranas del municipio.
En ese contexto miles de personas en Acapulco vivieron el sexenio de Felipe Calderón y la continuación de la supuesta estrategia de seguridad con Enrique Peña Nieto.
Pescadores del puerto de Acapulco un día de trabajo. Foto: Archivo / Amapola Periodismo.Una realidad asfixiante
Con Alan detenido, la familia permaneció en Acapulco, por mucho que quisieran cambiar su entorno. Además, el dinero era insuficiente. Así llegó 2016. Durante ese año hombres con armas largas irrumpieron otra vez en su casa en la periferia y plagiaron a Manuel.
Ese día casi todos estaban en casa, menos la madre. Unos automóviles se detuvieron afuera de la casa. Bajaron unos hombres armados; no eran policías, eso lo tiene claro Enrique. Entraron de manera abrupta y de inmediato los sometieron con violencia.
Eso les pasaba por andar denunciando, les dijeron. Les advirtieron que si no retiraban los cargos contra los policías matarían a todos, entonces, Manuel se ofreció a cambio de la integridad de los demás y se lo llevaron, cuenta Enrique.
La familia emprendió una búsqueda sin cuartel para encontrar a Manuel. Durante 12 meses visitaron morgues y hospitales. No lo hallaron. Hasta hoy desconocen su paradero. Lo asesinaron, lo tienen claro, pero ni el alivio de recuperar su cadáver les dejaron.
Convencidos de que la vida de todos corría peligro, abandonaron su casa. No les alcanzó para salir de Guerrero, solo se mudaron a otra colonia de Acapulco. En 2017 desistieron de la búsqueda de Manuel y en 2018, luego de que venciera un amparo de seis años, Alan fue condenado a 65 años de prisión por secuestro.
Para Enrique, la permanencia en Guerrero fue insoportable. Con solo ver a policías vestidos con sus uniformes oficiales le provocaba crisis nerviosas severas, estragos directos de la tortura que vivió. Los terapeutas aconsejaron un cambio de residencia para cuidar su salud mental.
Esa oportunidad la tuvo en 2019. Después de graduarse del Centro de Actualización del Magisterio Acapulco participó en evaluaciones docentes y obtuvo una plaza como docente en otro estado del país.
Logró establecerse, pero dejó a su madre y a su hermana. Desearía sacarlas de Guerrero, pero su trabajo no le permite mantenerse más que a sí mismo. Aparte, su madre no quiere dejar Acapulco, el lazo con su otro hijo la ata.
Los desplazados invisibles
¿Es Enrique un desplazado propiamente? No está contabilizado, eso es seguro. Su desconfianza por las instituciones oficiales es clara. En 2024 recibió vía correo una notificación oficial para continuar con el proceso de denuncia a los perpetradores del encarcelamiento de su hermano en 2012. Lo pensó un segundo y lo descartó. ¿Y si era una trampa?
El estado de Guerrero define el desplazamiento, de acuerdo con la Ley Número 487 para Prevenir y Atender el Desplazamiento Interno en el Estado de Guerrero, como personas o grupos de personas asentadas en Guerrero forzadas u obligadas a abandonar, escapar o huir de su lugar de residencia habitual como resultado o para evitar los efectos de un conflicto armado que no han cruzado los límites territoriales del estado.
Enrique no sería un desplazado de acuerdo con la definición oficial del estado. Tampoco estará en el registro estatal por su desconfianza a las instituciones. Tampoco en los datos recabados por la Unidad de Política Migratoria, Registro e Identidad de Personas (UPMRIP) de la Secretaría de Gobernación (Segob), porque requieren de un registro voluntario y sería poco probable que lo hiciera. Aceptó esta entrevista con muchas reticencias.
Según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2025 (ENVIPE), más de 248,360 hogares se vieron obligados a dejar su residencia tan solo en 2024 para protegerse del crimen organizado.
Enrique tampoco figura en esa estadística. Le interesa, porque no quiere que nadie más pase lo mismo, pero toda esta vorágine, piensa, se la provocaron ellos mismos. Él considera que las denuncias le quitaron a su padre y a su hermano.
Pero es resiliente y tiene metas. Quiere ser escritor; le gustaría escribir su historia. Es consciente del esfuerzo que le requiere y afirma que se preparará mientras piensa cómo abordarlo sin arriesgarse. Tomar las riendas de la narrativa y que todos vean que ya es un hombre feliz.
*PD: Por la seguridad y a petición expresa de las fuentes, en esta historia no se mencionaron sitios exactos y los nombres fueron cambiados.
