Sexilio: Personas LGBTIQ+ enfrentan desplazamiento interno por violencia y discriminación en México

El mural pintado en una de las paredes de Casa Frida muestra a un grupo diverso de personas desplazadas que han pasado por el refugio.

En México, más de 300 mil personas han sido desplazadas en los últimos años. Aunque la violencia asociada a la delincuencia organizada concentra la atención pública, la falta de garantías para los derechos de las personas LGBTIQ+ también está generando desplazamientos internos que permanecen insuficientemente documentados y atendidos.


Texto y Foto: Fernanda Gálvez /Periodistas de a Pie 

Ciudad de México

Martes 24 de marzo del 2026


De 2023 al 2024, el número de personas desplazadas internas en el país casi se duplicó, según datos del informe “Travesías forzadas. Desplazamiento interno en México 2024”, del Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana.

La Ciudad de México y urbes como Tijuana, se han convertido en destinos para personas migrantes y para quienes huyen de violencia en sus comunidades de origen. El mismo informe documenta que estas ciudades también reciben a personas en situación de desplazamiento interno forzado que salen de otros estados en busca de seguridad. 

La Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) ha señalado que la principal causa del desplazamiento es la violencia generada por el crimen organizado, seguida de fenómenos naturales. De acuerdo con datos de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, en 2024, al menos 28,000 personas se desplazaron de sus hogares debido a las estructuras criminales.

Sin embargo, el crimen organizado no es la única causa. En su informe tras la visita a México en junio del 2023, la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre los derechos humanos de las personas desplazadas internas, Cecilia Jiménez-Damary, documentó casos vinculados a desapariciones, violencia sexual, violencia por razón de género, feminicidios, homicidios, reclutamiento forzado y extorsiones.


Cuando las personas son desplazadas, suelen cargar pocas cosas consigo, entre ellas incluyen las imágenes u objetos religiosos.

Discriminación y “sexilio”

La discriminación por orientación sexual, identidad y expresión de género también puede detonar desplazamientos. A este fenómeno, el sociólogo puertorriquense Manuel Guzmán, lo nombró “sexilio”. 

Alma Cosette Guadarrama Muñoz, doctora en Derecho por la Universidad La Salle, explica que las personas que viven sexilio, explica que el exilio ocurre cuando la negación del derecho al libre desarrollo de la personalidad obliga a las personas a trasladarse hacia entidades donde perciben mayor protección institucional.

Guadarrama, quien en 2025 llevó a cabo el proyecto “Los invisibles de la migración en México: los desafíos jurídicos de la comunidad LGBTI+ en Ciudad Ixtepec, Oaxaca”, añade que “teóricamente se habla de sexilio porque se ven obligados a irse aún cuando incluso ellos ni siquiera identifican que están siendo forzados a moverse”.


Para la Dra. Alma Cosette Guadarrama, el sexilio es un tipo de discriminación silenciosa que obliga a las personas a abandonar sus hogares, conviertiéndolos, incluso sin que lo sepan, en personas desplazadas.

La ausencia de un marco legal que les proteja 

En México no existe una ley federal específica sobre desplazamiento forzado interno. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), encargado de proteger y asistir a las personas desplazadas internas desde 1971, comenzó a trabajar el tema en nuestro país a partir de 2019 por petición de las autoridades federales que buscaban mejorar la respuesta ante la población desplazada. 

En 2020, como parte de su labor, la Agencia de la ONU apoyó la propuesta de la Ley General para Prevenir, Atender y Reparar Integralmente el Desplazamiento Forzado Interno que, dentro de sus causales, incluía la orientación sexual e identidad de género. “Esta ley fue aprobada por la Cámara de Diputados, pero ya no por la de Senadores, entonces se archivó con el cambio de legislatura”, recuerda Carolina Reyes, encargada del área de desplazamiento interno del ACNUR. 

Actualmente sólo Guerrero, Chiapas, Sinaloa, Zacatecas y Oaxaca cuentan con legislación local en la materia. Esta última, explica Reyes, es la única que dentro de la causal por violación a derechos humanos cuenta con discriminación que, entre otros motivos, incluye la orientación sexual y la identidad de género. 

Sin embargo, especialistas subrayan la ausencia de registros oficiales desagregados que permitan dimensionar el impacto del desplazamiento en poblaciones LGBTIQ+.

ACNUR ha colaborado con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y el Consejo Nacional de Población (CONAPO) para que en la Encuesta Intercensal 2025 se integraran preguntas sobre movilidad interna, cuyos resultados se prevé se publiquen en 2026.

Alberto Baltazar, encargado del área de datos y registros de desplazamiento interno del ACNUR, reconoce que hacer registros sobre desplazamiento es complicado, pero no imposible. “Hay posibilidades de que las instituciones, en el marco de los servicios que brindan, pudiesen, por ejemplo, tener una pregunta para identificar el historial de desplazamiento de las personas”. Es importante tener datos con estas especificaciones porque “permite identificar perfiles y necesidades, y así definir cuáles son las responsabilidades y las mejores alternativas para responder desde una institución”, explica.

Trayectorias de la violencia

Xux Ek Navarro es una de muchas mujeres trans que vive en sexilio. Luego de haber sido víctima de violencia por parte de su expareja, en 2021 solicitó refugio a Casa Frida, una organización dedicada a proteger, acompañar e integrar socialmente a personas de la comunidad LGBTI+ víctimas de violencias en México, quienes la orientaron y acompañaron en su proceso. Fue así como dejó su hogar en Guanajuato para instalarse en un lugar donde su vida no corriera peligro. 

Cuando Xux Ek Navarro llegó a la Ciudad de México, lo hizo con su hermano, pues ambos habían sido víctimas de violencia por parte de su expareja. Sin embargo, Navarro cuenta que desde antes ya había considerado salirse del Bajío, en Guanajuato, debido a la discriminación que vivía: “me llegó a pasar que me negaron servicios médicos, se negaron a atenderme en una estética o en una tienda, y no me dieran trabajo porque querían que me vistiera como hombre. 

De acuerdo a Guadarrama Muñoz, aunque las personas salen de su lugar de origen para evitar la discriminación, siguen encontrándola durante sus trayectos, “desafortunadamente esto tiene que ver con la construcción de la sociedad, en nuestro contexto regional, estoy hablando de América, la norma que impera es lo heterosexual”. 

En su caso, relata Navarro, cuando buscó ayuda las autoridades que acudieron a la casa donde su hermano y ella estaban siendo violentados, se burlaron e incluso la culparon por estar ahí. Luego, al intentar levantar una denuncia contra su agresor, narra que de nuevo sintió que la intentaban culpar de lo que estaba pasando por “ser como era”, insinuando que las violencias que enfrentaba fueron consecuencia de su decisión de asumirse públicamente como una mujer trans.

A pesar de los avances legales en derechos para gente queer, en el informe, la Relatora Especial expresó su preocupación por la discriminación y estigmatización que sufren, al ser desplazadas e intentar tener acceso a sus derechos, sumado a la falta de un marco jurídico que las proteja y la poca o nula cultura sobre la identidad sexogenérica que existe, las convierte en una de las poblaciones más vulnerables dentro del desplazamiento.

A diferencia de las personas desplazadas que no son parte de la diversidad sexual, quienes sí lo son, sufren discriminación y violencia desde sus hogares, lo que en un inicio las obliga a salir a las calles quedando desprotegidas. René A. Tec-López, posdoctorante de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), explica que no se necesita cruzar una frontera geográfica para vivir en sexilio, “muchas de estas personas primero tuvieron que salir de su hogar por la violencia y el rechazo que vivieron allá”. 

Xux Ek Navarro, actualmente asesora de Coordinación e Integración Comunitaria en Casa Frida, explica que, en la mayoría de los casos, las historias de violencia de quienes solicitan refugio sigue un patrón recurrente: primero enfrentan discriminación en su familia y son expulsadas de sus hogares; después llegan a la calle, donde conocen a alguien que les ofrece su ayuda y alojamiento. “Aquí pueden pasar dos cosas”, advierte. “Esa misma persona puede convertirse en perpetradora de violencia –psicológica, física o sexual– o resultar ser reclutadora de una red de trata de personas”.


Xux Ec explica que la discriminación sigue un camino similar en varios casos: ser expulsados de sus hogares por temas de género y orientación sexual, estar en situaciones que les vulneren, ser ‘acogidos’ por personas que les maltratan o explotan y/o recibir apoyo.

Un cruce de violencias 

Las personas migrantes y desplazadas suelen enfrentar violencias similares durante sus trayectos. “Todas las personas en movilidad requieren protección; sin embargo, los mecanismos de protección deben ser diferenciados”, señala Carolina Reyes, quien subraya la importancia de distinguir entre ambos contextos. Mientras que una persona huye o ha sido expulsada de su comunidad no puede regresar sin poner en riesgo su vida, quienes migran –en términos generales– no enfrentan ese mismo nivel de peligro al volver a su lugar de origen.

Pese a esta diferenciación, la falta de datos específicos sobre personas desplazadas obliga a revisar los registros y testimonios de migración. La población migrante que forma parte de la comunidad LGBTI+, además de provenir de contextos similares al que vivió Navarro, está expuesta a violencias que también enfrentan quienes se encuentran en situación de desplazamiento interno 

René A. Tec-López, además de investigar temas de migración LGBTIQ+, es Oficial de Programas de la Organización para Refugio, Asilo y Migración (ORAM), en su experiencia, asegura que las violencias a las que se enfrentan van desde secuestros, abusos y extorsiones que sufren por parte de la delincuencia organizada, los agentes de migración e incluso de la Guardia Nacional.

“Una persona cisgénero o gay puede pasar más desapercibida; sin embargo cuando se trata de una persona trans –cuya expresión de género resulta visible o rompe con la norma– la exposición a la violencia aumenta”, advierte. En ese contexto las mujeres trans, así como los hombres trans y las mujeres en general, son las poblaciones que, lamentablemente, enfrentan mayores niveles de violencia sexual durante el tránsito.

Ek Navarro explica que, en estados con fuerte presencia de grupos criminales, las personas que quedan en la calle se convierten en un sector altamente vulnerable, fácilmente detectado por grupos criminales. “Se vuelve una mercancía: identifican a alguien en la calle, la secuestran y la obligan a trabajar. Por lo general, ese “trabajo” es explotación sexual”, advierte.

Alberto Baltazar, del ACNUR, dice que han detectado que las víctimas de sexilio suelen provenir de comunidades indígenas o con características rurales. Explica que  su orientación puede representar una afrenta a los valores culturales o tradiciones locales, lo que las empuja a desplazarse hacia núcleos urbanos donde puedan vivir su identidad sexual con mayor seguridad y libres de estigmas. 

Las necesidades de las personas de la diversidad sexual en situación de desplazamiento forzado interno son heterogéneas. Como explica René Tec-López, estas dependen no sólo del lugar de origen, sino también de la identidad de género y orientación sexual. “No son las mismas necesidades las de una persona gay cisgénero que las de una persona trans”, señala. 

La mayoría de las organizaciones que trabajan con estas comunidades, buscan acompañarlas desde una perspectiva interseccional, es decir, tener en cuenta no sólo su estatus de personas desplazadas, sino también las circunstancias que las atraviesan y por las cuales pueden ser objeto de diversas violencias.

Con esas especificidades en mente, René Tec, identifica al menos tres obstáculos que enfrenta la población migrante –y que también afectan a las personas en situación de desplazamiento–: el acceso al empleo, a la vivienda y a los servicios de salud. 

“La gran mayoría de las víctimas afirmaron que el desplazamiento iba inevitablemente acompañado de la pérdida de medios de subsistencia”, expresa el informe de la Relatora Especial de las Naciones Unidas. 

El oficial de Programas de ORAM explica que, en el caso de las personas migrantes, la falta de documentación regulada suele traducirse en empleos precarios y condiciones de explotación laboral. Añade que muchas mujeres trans recurren al trabajo sexual, una actividad que, advierte, también se desarrolla en un entorno de alto riesgo frente a la trata de personas”. De acuerdo al Reporte sobre trata de personas del 2025, el principal método de captación sigue siendo la oferta de empleo. 

La pérdida de documentos en los tránsitos es otra constante. La Relatora Especial ha señalado que esta situación restringe el acceso a derechos, particularmente entre población racializada y mujeres trans. 

Desde ORAM, René Tec-López ha identificado además patrones de abuso social contra personas en situación de vulnerabilidad. Tanto en lo laboral como en el acceso a vivienda, explica, hay quienes se aprovechan de su condición de movilidad y de las barreras lingüísticas. “A una persona migrante sin papeles, le triplican la renta. Muchas no dominan el español, y de eso se aprovechan las y los arrendadores”.

En materia de salud, la Ciudad de México cuenta con Clínicas Especializadas Condesa, centros dedicados a la prevención, detección y atención integral de enfermedades como VIH/Sida, que ofrecen servicios gratuitos. Sin embargo, en otras entidades del país el acceso a este tipo de atención sigue siendo limitado.


Casa Frida es un refugio LGBTIQ+ que durante la pandemia buscó dar hogar temporal a quienes eran desplazadxs dentro del país por temas de identidad, expresión de género y orientación sexual.

Un lugar seguro

En su informe la Relatoría Especial de la ONU documentó que las personas LGBTIQ+ desplazadas enfrentan altos niveles de discriminación y estigmatización al intentar acceder a sus derechos. 

Xux Ek Navarro relata que durante su proceso de denuncia sufrió revictimización. Mientras vivía abusos por parte de su expareja, –explica– no siempre estaba plenamente consciente, pues se encontraba bajo los efectos de estupefacientes. Por ello, cuando en el Ministerio le exigieron precisar fechas y hora exactas de las agresiones, se sintió muy frustrada: “Mi mente no me daba para recordar fechas, nada. Sentía mucha rabia, mucha tristeza, mucha impotencia; sentía todo al mismo tiempo”,, recuerda.

Posteriormente, mientras era atendida en el hospital por las lesiones, que según su testimonio, le habría causado su expareja, escuchó a una enfermera mencionar refugios para personas de la diversidad sexual. Sin embargo en los primeros refugios que buscó no le ofrecieron alojamiento junto a su hermano. “En los de mujeres no le permitían entrar a él o a ambos; no aceptaban chicas trans, y en los de hombres yo no me sentía segura”. Fue entonces cuando, tras oír la recomendación de la enfermera, buscó en internet y encontró Casa Frida.

Su llegada al refugio –afirma– marcó un punto de inflexión. Desde el primer contacto por redes sociales recibió apoyo legal y acompañamiento a su traslado a la Ciudad de México. Gracias al acompañamiento psicológico y al proceso de integración, logró sentirse segura y pudo retomar su vida.

Actualmente, Casa Frida ofrece alojamiento y un plan integral de atención para que las personas recuperen su autonomía. Entre sus servicios se incluyen acompañamiento psicológico, asesoría legal, educación financiera, apoyo en la búsqueda de empleo e inserción laboral, además de planes personalizados que facilitan la estancia o movilidad de quienes llegan. 

En México existen otros espacios que brindan refugio a personas desplazadas o migrantes de diversidad sexual, entre ellos Casa Refugiados, Casa de las Muñecas Tiresias, Casa Hogar Paola Buen Rostro o la propia ORAM.

En 2024, la ORAM publicó una Guía para personas LGBTI+ Refugiadas y solicitantes de Protección Internacional en la Ciudad de México, un documento que orienta sobre rutas legales y reúne un directorio de instituciones de apoyo. No obstante, advierte René Tec, los recortes presupuestales a organizaciones donatarias que ordenadas por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, han obligado al cierre de varios de estos espacios.


 

Este reportaje forma parte del proyecto «Desplazamiento forzado, una herida sin sanar en México», de Periodista de a Pie

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