Texto: Animal Político
Foto: Archivo / Cromática
21 de junio de 2024
Chilpancingo
El gobierno le había otorgado protección a María del Socorro Barrera como testigo clave en el caso de Michelle y Natalie, dos periodistas agredidas en el marco de las protestas por el 8M del año pasado en Izúcar de Matamoros.
María del Socorro Barrera, quien fuera testigo protegido en la investigación por el delito tortura contra dos periodistas de Izúcar de Matamoros, Puebla, fue asesinada a balazos.
Los hechos ocurrieron el jueves por la tarde, cuando un grupo armado le disparó mientras se encontraba al interior de un autolavado ubicado sobre la Carretera Internacional a Oaxaca, según indicó el medio local E-Consulta.
El gobierno le había otorgado protección a María del Socorro Barrera como testigo clave en la investigación por las agresiones de funcionarios públicos cometidas el año pasado en contra de las periodistas Natalie y Michelle Hoyos López, en el marco de las protestas por el Día Internacional de la Mujer.
La ahora víctima estuvo a cargo de la Unidad de Atención a Víctimas de Violencia de Género en Izúcar de Matamoros durante la administración de la morenista, Irene Olea, pero fue separada del cargo en este año. El despido se atribuye a su participación en la investigación sobre el caso de las periodistas.
Agresión a periodistas en Izúcar de Matamoros
El 10 de marzo de 2023, Natalie y Michelle Hoyos López fueron detenidas por la policía municipal de Izúcar de Matamoros junto a activistas feministas, luego de realizar la cobertura de una actividad previa a la movilización por el Día Internacional de la Mujer.
En ese entonces Natalie se desempeñaba como periodista y Michelle como reportera gráfica en el medio local de Enlace Noticias.
De acuerdo con un comunicado de la colectiva feminista Marea Púrpura, elementos de la policía municipal las obligaron a bajar de su auto y les mencionaron que actuaban por “órdenes de la jefa”.
Las periodistas denunciaron que fueron retenidas por cinco horas sin poder establecer comunicación y que, durante ese lapso, los agentes de seguridad las golpearon, intimidaron y realizaron tocamientos indebidos. Por estos hechos, presentaron denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) y la Fiscalía General del Estado.
De acuerdo con la Jornada de Oriente, la primera audiencia sobre el caso se llevó a cabo en febrero de este año, sin embargo, no acudieron al acto 12 funcionarios públicos ni los policías que habían participado en la detención.
Mientras que la segunda audiencia fue pospuesta en cuatro ocasiones sin que las víctimas fueran notificadas, razón por la que se manifestaron en el Centro de Justicia Penal Federal de Puebla a inicios de mayo.
Unos días después, el 17 de mayo, la Fiscalía General de la República (FGR) informó que había obtenido vinculación a proceso en contra de 11 funcionarios del gobierno de Izúcar de Matamoros por el presunto encubrimiento de agresiones en contra de las periodistas.
“Todos, fueron vinculados por su probable responsabilidad en el delito de falsedad de informes dados a una autoridad, ya que probablemente modificaron y falsearon los informes sobre la investigación de la privación de la libertad de las comunicadoras, con la finalidad de ocultar las vejaciones de las que fueron objeto durante su detención”, señaló en un comunicado.
Adicionalmente, Jesús “V”, quien ejercía el cargo de juez calificador, fue vinculado a proceso por el delito de ejercicio indebido de funciones públicas, ya que no contaba con el título en Derecho que exigía la normatividad.
La FGR impuso medidas cautelares en contra de los imputados para que no se acercaran a las víctimas y estableció un plazo de dos meses para llevar a cabo la investigación complementaria.
Este texto es original de Animal Político y es reproducido con su autorización. Puedes leer la nota original aquí
