En México se estima que hay alrededor de 165 mil hijas e hijos de personas desaparecidas de acuerdo con el Informe Hijas e hijos de personas desaparecidas en México: estimación nacional, visibilidad, institucional y obligaciones urgentes generado por Tejiendo Redes Infancia en América Latina y el Caribe y el Observatorio Infancia Latina.
Esta cifra es una estimación exploratoria construida a partir de registros oficiales y un indicador demográfico. En el documento se identifica la falta de información oficial sobre esta población como uno de los principales obstáculos para conocer sus condiciones de vida, identificar sus necesidades y evaluar la respuesta de instituciones responsables de garantizar sus derechos.
Texto: Alonda Angel /Zona Docs
Fotografía de portada: Miranda Chavarria
Guadalajara
29 de octubre del 2026
Juan Martín, coordinador de Tejiendo Redes Infancia detalló que la elaboración del Informe Hijas e hijos de personas desaparecidas en México: estimación nacional, visibilidad, institucional y obligaciones urgentes responde a la falta de registros específicos sobre niñas, niños y adolescentes que tienen una madre, padre o familiar desaparecido. Estas estimaciones buscan aportar información inicial para visibilizar una población que no cuenta con registros suficientes ni con una respuesta institucional articulada.
Para generar este documento se tomó como referencia los datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) con un corte a agosto de 2026, donde se identifican 103 mil 176 personas de entre 15 y 49 años que permanecían desaparecidas y no localizadas.
A estas cifras se le aplicó el indicador de 1.60 hijas e hijos por mujer, publicado en la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (ENADID) 2023. El resultado fue de aproximadamente 165 mil personas que podrían ser hijas e hijos de quienes integran el número total de personas desaparecidas.
El RNPDNO no incorpora información suficiente para identificar los vínculos de parentesco, conocer si las personas registradas tendrían descendencia o determinar la edad actual de sus hijas e hijos. Además, el cálculo no permite establecer cuántas de esas personas son actualmente menores de edad ni cuántas hijas e hijos tiene cada persona desaparecida.
La metodología también utiliza un indicador nacional para el universo analizado en lugar de estimaciones individualizadas según las características de cada registro, por lo que, los 165 mil casos estimados deben entenderse como una aproximación para dimensionar el problema y no como una cifra oficial de víctimas indirectas:
“Nuestra intención es hacer notar cómo desde la presencia misma de la desaparición en México las hijas e hijos quedan como víctimas indirectas reconocidos así por el Comité contra la Desaparición Forzada y el Grupo de Trabajo contra la Desaparición, pero que el Estado mexicano ha fallado de manera clave en omisiones al no considerarlos o no desarrollar política pública”, expresa el coordinador.
De los 103 mil 176 registros de personas desaparecidas analizados, 82 mil 758 corresponden a hombres (80.21%) y 20 mil 249 a mujeres (19.63%). Además, 52 mil 457 registros corresponden a personas entre 15 y 29 años.
Juan Martín argumenta que no existen políticas públicas para contener y brindar apoyo a hijas e hijos de personas desaparecidas. Si bien existen algunos programas en estados como Nuevo León y Ciudad de México, estos experimentan varios obstáculos como la reducción del presupuesto y el incremento de requisitos, lo que en la práctica significa cerrar poco a poco los programas.
Respecto a las afectaciones a infancias y adolescencias que son hijas e hijos de personas desaparecidas, Juan Martin señala que al vivir en un contexto mexicano violento y, además, al experimentar en primera persona los impactos de un crimen y violación grave a los derechos humanos, esto tiene un impacto trascendental en su trayectoria de vida:
“Si no tienen redes de apoyo positivas, si las perdieron por el estigma, por miedo, por amenazas o porque se desplazaron, estos niños, niñas y adolescentes pierden personas que les pueden proteger emocionalmente, que incluso económicamente podrían ayudar a la supervivencia”, comenta Juan Martin.
Aunado a ello, están los impactos diferenciados según el género de esta población: si son mujeres, hay una alta probabilidad de ser víctimas de acoso sexual, violencia sexual o embarazos tempranos y en el caso de los hombres son potencialmente víctimas de reclutamiento por parte del crimen organizado, asegura el coordinador de Tejiendo Redes Infancia:
“Todos estos son elementos de riesgo que podemos prevenir si los identificamos a tiempo, si se generan y se amplían redes de protección y sobre todo podemos incorporarlos a ellos y a ellas en los procesos tanto de investigación como de búsqueda”, expresa.
En cuanto a las acciones que debe de tomar el Estado, Juan Martin señala que es necesario y urgente reconocerles como víctimas indirectas del delito y violaciones a los derechos humanos de la que es víctima su padre, madre o ambos, según lo establece el Derecho Internacional.
Ilustración Informe Hijas e hijos de personas desaparecidas en México: estimación nacional, visibilidad, institucional y obligaciones urgentes.Esto implica en términos de obligaciones del Estado activar un programa inmediato de identificación. Además se necesita generar la coordinación de instituciones como el acompañamiento de parte del Sistema DIF, a través de programas, verificar la situación en la que se encuentran y brindar certeza jurídica, pensando en que necesitan ante la ausencia de un padre, una madre desaparecida o ambos.
“Por eso es tan importante entender que estos impactos son de altísimo nivel de gravedad y al mismo tiempo es muy muy grave que el Estado mexicano se niegue a atenderlos como a reconocerlos como víctimas indirectas, a identificarlos y a construir política pública sobre el tema”, expresa Juan Martin.
El coordinador señala que, pese a que el informe ha sido compartido con distintas autoridades, hasta el momento no se ha recibido respuesta de los Sistemas DIF directamente responsables. Lo anterior resulta preocupante y de una omisión dolosa, pese a que lo antes planteado considera lo establecido en la Ley de Protección a niños y niñas víctimas en el derecho internacional:
“Al guardar silencio, pero más grave, al no tener ninguna alternativa, respuesta de política pública, está afectando gravemente el proyecto de futuro que tienen estos niños y niñas y su vida actualmente presente.”, expresa Juan Martin.
Finalmente, Juan Martín considera vital que se modifiquen las estrategias de militarización del país que hasta ahora han demostrado no funcionar, para que esta violencia siga provocando que más niñas, niños, adolescentes familias busquen a alguno de sus seres queridos: “necesitamos menos militares y más investigación, más sentencias y más procesos sociales en los territorios, porque de otra manera lo único que seguiremos alimentando es el negocio de la guerra”, expresa.
“El reconocimiento de los niños y niñas no es un tema de solo saber un número de cuántos son, sino cómo logramos restituir sus derechos y que ese dolor y ese duelo continuo no les marque la vida o en lo posible no les destroce el futuro”, concluye.
Consulta del informe: https://tejiendoredesinfancia.org/publicaciones/hijas-e-hijos-de-personas-desaparecidas-en-mexico/
