Global Witness registró el año pasado en el mundo 164 asesinatos de defensores del medio ambiente; la ONG señala que el origen de los ataques está en la “imposición de proyectos perjudiciales para las comunidades”.
Texto: Alberto Padrilla /Animal Político
Foto: Cuartoscuro
30 del julio 2019
Julián Carrillo, activista rarámuri de la Sierra Tarahumara, en Chihuahua, fue asesinado el 24 de octubre de 2018. Cinco miembros más de su familia perdieron la vida de forma violenta en los últimos dos años y medio. Todos ellos defendían el territorio de diversos proyectos extractivos, incluida la minería. Se trata de uno de los 14 ambientalistas que perdieron la vida a causa de su labor durante el pasado año, según recoge un informe de la ONG Global Witness.
México es el sexto país más peligroso del mundo para los activistas que defienden el medio ambiente, según este informe, que documenta el asesinato de 164 defensores del medio ambiente durante 2018. Hace un año, el país se encontraba en cuarto lugar y registró un total de 15 homicidios de ambientalistas.
Filipinas (30 defensores muertos en 2018), Colombia (24), India (23), Brasil (20), Guatemala (16) y México (14) encabezan el ranking de países en los que denunciar actividades como la minería, los proyectos hidroeléctricos o la explotación forestal puede resultar más peligroso.
El informe analiza datos de 2018, que en México coincide con la última etapa de mandato de Enrique Peña Nieto y el primer mes de Andrés Manuel López Obrador al frente del gobierno.
Gustavo Sánchez, presidente de la Red Mexicana de Organizaciones Campesinas Forestales, aliada con Global Witness a través de la Alianza Mesoamericana de Pueblos y Bosques, alerta que las actitudes de criminalización no se han erradicado con el nuevo gobierno.
Sin embargo, cree que existe “una oportunidad de que se empiecen a construir políticas de avanzada. Hay algunos integrantes de la administración que son sensibles al tema y, ojalá que entre la secretaría de Gobernación, la de Medio Ambiente y el Congreso se pueda empujar junto a sociedad civil algunos pasos claros”.
“De los países que ocupan los primeros lugares, cuatro son de América Latina. Esto nos indica que la región sigue siendo una de las más violentas en temas de criminalización”, dice Sánchez.
En su opinión, esto puede explicarse porque “hay una sociedad civil mucho más estructurada, más organizada que en otras regiones, y que se vuelve un blanco para los intereses de quienes quieren acceder a los recursos de manera ilegítima en los territorios”.
Un asesinato cada tres semanas
Uno de los principales datos que revela el informe es que cada tres semanas un ambientalista fue asesinado en alguna parte del mundo.
“Se trataba de personas comunes y corrientes asesinadas por defender sus hogares, bosques y ríos de las industrias destructivas. Muchas más personas fueron silenciadas a través de ataques violentos, arrestos, amenazas de muerte o demandas judiciales”, dice el documento.
La minería y las industrias extractivas están a la cabeza de la conflictividad en todo el mundo, estando presentes en 43 de los 164 asesinatos de defensores. Le siguen la agroindustria (21), el agua y las represas (17), la explotación forestal (13), la caza ilegal (9), la pesca (2) y la energía eólica (1). No obstante, en 55 de los casos no había un vínculo claro con ningún sector.
La impunidad generalizada dificulta identificar a los perpetradores; pero Global Witness pudo vincular a las fuerzas de seguridad del Estado con 40 de los 164 asesinatos . Actores privados como sicarios, bandas criminales y terratenientes también fueron los presuntos agresores en 40 muertes, dice el documento.
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Este trabajo fue elaborado por el equipo de Animal Político y lo reproducimos con su autorización.
