Javier Modesto Moreno. Foto: Melissa Esquivias

La Fiscalía de Guanajuato incumple protocolos y revictimiza a familia del niño migrante guerrerense

Texto y foto: Melissa Esquivias/PopLab

31 de mayo de 2024

 

Omiten traducir información a los padres del niño de origen mixteco, que no hablan español, y tampoco les dan acceso a la carpeta

De nueva cuenta, la Fiscalía General de Justicia de Guanajuato quedó a deber ahora en el caso del niño Javier Modesto Moreno, integrante de una familia jornalera de Guerrero, desaparecido desde el 15 de mayo pasado. Los restos óseos del pequeño migrante fueron identificados por los servicios periciales este lunes, presumiendo se trató de un atropellamiento, pero sin seguir los protocolos para evitar revictimizar a su familia.

Organizaciones civiles que han acompañado a la familia Modesto Moreno durante la desaparición y posterior localización de Javier, niño jornalero migrante de 3 años originario de la Montaña de Guerrero, reprobaron la actuación de la Fiscalía del Estado en el tratamiento del caso desde el momento de la denuncia.

Sin el acompañamiento de un traductor hablante de tu’un savi hasta hace apenas una semana y sin acceso a la carpeta de investigación ni información en su lengua de origen, es como los padres de Javier Modesto han transitado por el proceso de búsqueda de verdad y justicia para su hijo.

“Fue hasta que intervinieron las organizaciones sociales y los medios que se inició la búsqueda (…) Se ha informado por la fiscalía que fue atropellado y que su cuerpo fue trasladado y ocultado, lo cual nos habla ya de delitos que hay que investigar y sancionar”, reprendió Juan Martín Pérez, coordinador de Tejiendo Redes Infancia en entrevista para POPLab.

 

Javier Modesto Moreno. Foto: Melissa Esquivias

El fiscal, Carlos Zamarripa Aguirre, vive sus últimos meses al frente de la dependencia, pues su retiro es un tema en el que han coincidido las tres candidatas a la gubernatura que se disputa el próximo domingo.

El Centro de Desarrollo Indígena Loyola, el Centro de Derechos Humanos Tlachinollan, y la Red por los Derechos de la Infancia en México, organizaciones que han acompañado a la familia Modesto Moreno desde la desaparición de Javier, lamentaron que la información difundida por la Fiscalía que contiene detalles del hallazgo, y que fue replicada por el alcalde interino Jorge Jiménez Lona en entrevistas con medios de comunicación el pasado lunes, se haya hecho pública sin el consentimiento de Anselmo Modesto y Aura Moreno, padres del niño mixteco.

“La familia lamenta que, como principales personas afectadas y dolientes de la víctima, la fiscalía no haya tomado en cuenta lo establecido en la Ley General de Víctimas al publicar datos e información que sólo debieron hacerse públicos bajo el consentimiento de la familia. Esta acción de la fiscalía lamentablemente les revictimiza. El día de ayer, 28 de mayo, la FGEG ofreció una disculpa y realizó el compromiso de no emitir ningún comunicado sin el previo aviso y consentimiento de la familia”, puntualizó el comunicado suscrito por las organizaciones solidarias.

Aunque la FGE de Carlos Zamarripa Aguirre sostiene que el pequeño fue atropellado en el lugar donde fue visto por última vez, Anselmo Modesto y Maura Moreno, padres de Javier, han solicitado la intervención de una célula forense independiente que confirme o descarte que los restos hallados el pasado viernes corresponden al más pequeño de sus hijos.

Sin consultar a la familia como víctimas indirectas del caso, la FGE informó en un comunicado difundido en sus redes sociales este lunes que los restos óseos localizados cerca de la comunidad del Jagüey pertenecen al pequeño de 3 años originario de Cochoapa el Grande, Guerrero. El niño, de origen ñuu savi, fue visto por última vez en los campos de tomatillo de aquella comunidad romitense el pasado 15 de mayo.

Familia Modesto Moreno durante una conferencia de prensa el pasado viernes en la que exigieron continuar con la b{usqieda de Javier

 

De acuerdo con la información que la FGE difundió en sus redes sociales, Javier Modesto habría sido atropellado en los mismos campos donde fue visto por última vez el 15 de mayo. Su cuerpo fue encontrado en una zona donde previamente se realizaron labores de búsqueda en las que participaron la Comisión Estatal de Búsqueda, la Célula Municipal, colectivos y personas solidarias.

Pero esta versión no ha sido aceptada por la familia que pidió una segunda confronta de perfiles genéticos independiente de la Fiscalía estatal.

La noticia del hallazgo fue filtrada a medios locales el viernes 24 de mayo por autoridades involucradas en la búsqueda, pese a no contar con la confirmación de la identidad del niño. Luego de un llamado de las organizaciones acompañantes a la no revictimización de la familia con la divulgación de información sin verificar, el medio de comunicación retiró de su portal web los detalles del hallazgo.

En una entrevista a medios el pasado martes 28 de mayo, el alcalde interino de León, Jorge Jiménez Lona reveló sin consentimiento de la familia que las personas responsables de la muerte de Javier, también jornaleros, aportaron la información de la ubicación de sus restos y de cómo ocurrió el accidente. Los presuntos responsables fueron puestos a disposición del Ministerio Público.

“Fue un tema de descuido, un niño de 3 años estando solo en esas condiciones no prevé el riesgo”, lanzó el edil, tras informar que el municipio leonés ofreció acompañamiento psicológico a la familia Modesto Moreno, así como cubrir los gastos de su traslado de vuelta a Guerrero de ser requerido por las víctimas.

![Jorge Jiménez Lona, alcalde interino de León. Foto: Melissa Esquivias](https://cdn2.poplab.mx/juan/des_sauces_1.jpg

Sin embargo, los padres de Javier Modesto han solicitado la intervención de expertos forenses independientes para corroborar el resultado de la Fiscalía. La participación de este grupo deberá ser cubierta por la Comisión de Atención a Víctimas. Así lo informó a este medio Mayo Meza Trejo, integrante del Centro Indígena Loyola (CDIL).

El comunicado de las organizaciones además recrimina que la familia Modesto Moreno no ha tenido acceso a la información completa de la investigación, pues no les han sido proporcionadas copias completas de la carpeta.

Fue a través de la Comisión de Atención a Víctimas que, el pasado martes 21 de mayo, cuando la búsqueda de Javier continuaba en las comunidades aledañas al Jagüey, que una intérprete de la lengua tu’un savi se sumó al acompañamiento. Desde el 25 de mayo a la fecha, los honorarios de la profesionista que ha auxiliado en la comunicación con la familia han corrido a cargo de la Secretaría de Gobernación, a través del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (Inpi).

Estado mexicano, cómplice de la desigualdad

Para Juan Martín Pérez, coordinador regional de Tejiendo Redes Infancia para América Latina y el Caribe (TRILAC), la desaparición y el supuesto hallazgo sin vida del niño Mixteco Javier Modesto Moreno son consecuencia de un “sistema de esclativitud contemporánea” la población jornalera agrícola de este país, y que encuentra en Guanajuato una oferta laboral carente de derechos pese a la amplia presencia de la agroindustria en la entidad.

Además de investigar y sancionar a los responsables del supuesto atropellamiento de Javier -que compete a la Fiscalía y al Poder Judicial- los municipios, el gobierno estatal y la federación deberán señalar la responsabilidad de las empresas que practican la agroindustria y para las que la familia Modesto Moreno labora.

“Quiero destacar el silencio y la omisión que tienen las autoridades para proteger a esa empresa y que garantizan en consecuencia la impunidad. Entre las obligaciones de estas empresas, y en sentido común, es que deben tener espacios de atención diferenciados para niños y niñas, es decir, estancias infantiles, seguro de vida y de gastos derivados de esta situación”.

Para TRILAC y otras organizaciones como el Centro Indígena Loyola, esta atención diferenciada debe entenderse desde el origen de la población jornalera agrícola que llega desde estados como Oaxaca, Chiapas, Veracruz y Guerrero, y que suele pertenecer a grupos originarios con una lengua distinta al español.

Juan Martín Pérez, coordinador regional de TRILAC. Foto: especial

Así lo expuso en entrevista para este medio, Juan Martín Pérez, y manifestó que “este contexto es de una precariedad económica y abandono social en el que vive esta población, que se calcula representa a 3.6 millones de personas que subsisten en promedio con 2 mil 900 pesos mensuales”.

Los bajos ingresos por familia más la falta de espacios educativos y de esparcimiento para las infancias que acompañan a sus padres en estos éxodos en los que se desplazan por distintas entidades del país, además, derivan en el involucramiento de niñas y niños en el trabajo agrícola.

“Es completamente explicable que 3 mil 200 pesos no sea suficientes para vivir y que el trabajo infantil sea una realidad. lo que hay que tener presente es que estamos hablando de esclavitud contemporánea con el estado mexicano que prioriza los beneficios económicos fiscales y todas las facilidades para la agroindustria en contraposicion con los apoyos y beneficios a la poblacion jornalera agrícola”, explicó.

En 2019, en aras de la austeridad republicana autoproclamada por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, se extinguió el Programa de Apoyo para Jornaleros Agrícolas (PAJA).

 

Jornaleros agrícolas, entre la precarización del trabajo y los desafíos de la migración

 

Antes de su desaparición, esta política pública otorgaba desde la Secretaría de Desarrollo Social, ahora Secretaría del Bienestar, otorgaba incentivos para la educación básica, apoyos económicos para los migrantes jornaleros mayores de 16 años, apoyos alimenticios para infancias y adolescencias, y apoyos para contingencias que brindaran un piso mínimo de atención a las poblaciones jornaleras migrantes.

En el caso de Javier Modesto, Juan Martín Pérez señaló la violencia institucional y la disriminación de la que fueron víctimas los padres del niño mixteco desde el momento en que reportaron su desaparición a la policía municipal de Romita.

“Desde la negativa para buscarlo y las dificultades de no hablar el idioma, la discriminacione estructural de ser ignorados por ser indígenas, y que fue hasta que intervinieron las organique zaciones sociales y los medios de com que se comenzó a realizar la búsqueda, violando la Ley de Personas Desaparecidas y el Protocolo de Búsqueda de Niñas, Niños y Adolescentes”, concluyó.

 

Este texto es original de POP LAB y es reproducido por Amapola Periodismo como parte de una alianza de medios. Puedes leer la nota original aquí.