El organismo presentó en Chilpancingo su informe anual número 29
Texto y foto: Itzel Urieta
29 de enero del 2024
Chilpancingo
En el último año de mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador, México vive una militarización que viola los derechos humanos, los principios de la seguridad pública y los derechos de los pueblos originarios, aseguró el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan en su informe número 29.
“El presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, se ha transformado en el defensor del Ejército”, dijo Abel Barrera Hernández, fundador y director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, durante la presentación de su informe.
La presentación del informe se realizó a la una de la tarde en el hotel Paradise Inn, al norte de Chilpancingo.
En este 29 informe titulado La verdad vestida de verde olivo resaltan que durante el final de este sexenio, López Obrador posicionó al Ejército como el principal cuerpo de seguridad.
Los panelistas coincidieron en que los casos de desaparición forzada, la violencia, inseguridad y falta de atención a las víctimas, son parte del sexenio de López Obrador y su intento fallido de militarizar la seguridad pública.
Algunos casos importantes que se mencionan en el informe es la negativa del Ejército de entregar expedientes que permitan esclarecer el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
El presidente «se obstina en exonerarlos (al Ejército) de los crímenes de lesa humanidad y en todo momento los deslinda de su involucramiento en la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. No da importancia a los seis informes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que con rigor científico desmontaron la verdad histórica”, se lee en una parte del informe.
Uno de los comentaristas del informe fue el coordinador de la Unidad de Graves Violaciones a los Derechos Humanos, de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Alan García Campos, quien dijo que además de mencionar casos negativos, el informe rescata “historias de vida y esperanza que surgen de la lucha por los derechos de los pueblos originarios y afrodescendientes”.
Mencionó casos como la creación de nuevos municipios indígenas, la continuidad de los sistemas de justicia comunitarios y la defensa del territorio por parte de los pueblos originarios.
“Esto es la semilla de una esperanza, la flama de una indignación que perdura, que ilumina, pero también que nos motiva y nos alienta a seguir adelanta”, dijo García Campos.
Otra de las comentaristas del informe fue la coordinadora del Área Internacional del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, María Luisa Aguilar, quien dijo que Guerrero aún tiene mucho camino por recorrer en temas de justicia y derechos humanos.
Mencionó el caso de Inés Fernández Ortega, mujer Me’phaa violada por elementos del Ejército en 2002 y que 25 años después obtuvo justicia gracias a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Menciono el caso del activista del Frente Popular de la Montaña, Arnulfo Cerón Soriano, desaparecido y asesinado en noviembre del 2019, quien aún no tiene justicia.
El director jurídico de Tlachinollan, Vidulfo Rosales Sierra, habló sobre algunos pendientes en el caso de los 43 que vinculan directamente al Ejército.
“El comportamiento del Ejército en el caso de los 43 estudiantes desaparecidos en Iguala se debe a la colusión que se dio con mandos y miembros del 27 Batallón de Infantería, con el narcotráfico y la delincuencia organizada”, dijo Rosales Sierra.