Participaron la Policía Municipal, Policía Estatal, Policía Ministerial, Policía Federal, Ejército y Marina en coordinación con grupo criminal Guerreros Unidos, lo que pone en evidencia que fue acción de las instituciones de Estado
Texto: Itzel Urieta
Fotografía: Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan
25 de julio del 2023
Chilpancingo
Corporaciones de seguridad de los tres niveles de gobierno participaron en la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, en la ciudad de Iguala, la noche y madrugada del 26 y 27 de septiembre del 2014, reportaron en último informe el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).
Al presentar hoy su sexto y último informe, los investigadores del GIEI, Carlos Martín Beristáin y Ángela Buitrago Ruiz mencionaron que el ataque contra los estudiantes normalistas en Iguala fue perpetrado por la Policía Municipal, Policía Estatal, Policía Ministerial, Policía Federal, Ejército y Marina.
En los ataques “operaron instituciones de todos los niveles de gobierno, que establecieron comunicación en tiempo real mientras se desarrollaba la agresión”; lo supieron los expertos a partir del análisis de llamadas.
También comprobaron que no fue un ataque aislado, sino siete ataques armados y coordinados donde participaron las policías municipales de Iguala, Cocula, Huitzuco y Tepecoacuilco entre las 21:30 horas del 26 hasta la 01:30 horas de la madrugada del 27 de septiembre del 2014.
En estos ataques también participaron integrantes del grupo criminal Guerreros Unidos, quienes operaron junto con los elementos de seguridad.
Los expertos del GIEI informaron que muchos testigos y participantes de la noche y madrugada del 26 y 27 de septiembre, integrantes de Guerreros Unidos, fueron asesinados, algunos de ellos intencionalmente para impedir la investigación.
“Si bien todo indica que los últimos responsables de llevar a cabo (la desaparición) fue el crimen organizado, la participación de agentes del Estado en esas redes criminales y el ocultamiento de información por parte de las instituciones, limitó el poder responder como hubiéramos querido”, dijo Buitrago Ruiz.
Durante las investigaciones fueron hallados los restos de los estudiantes Alexander Mora Venancio, Christian Rodríguez Telumbre y Jhosivany Guerrero de la Cruz, en la barranca de la Carnicería, ubicada a 800 metros del basurero de Cocula.
Sobre el destino de los demás estudiantes, el GIEI menciona en su informe que los 43 estudiantes fueron divididos en dos grupos en un primer momento y posteriormente en tres grupos.
Algunas versiones que recolectó el GIEI fue que los dividieron en más grupos. “No fueron llevados al mismo lugar ni el mismo escenario, ni al basurero de Cocula, como lo señaló la narrativa anterior”, explicó Buitrago Ruiz.
En el informe reportaron que 16 estudiantes fueron llevados barandillas o la cárcel municipal de Iguala, donde fueron detenidos, maniatados y golpeados por policías municipales de Iguala y entregados a policías municipales de Cocula.
Una parte del informe indica que otro grupo de estudiantes, de los que se desconoce el número, fueron llevados al un paraje llamado Loma del Coyote, en las inmediaciones de Iguala.
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También que otro grupo de estudiantes fueron llevados con dirección a Huitzuco o Chilpancingo, “sin saber hasta ahora a qué lugar”, mencionaron los expertos.
El 27 de septiembre un mensaje cifrado emitido por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) indica que 11 estudiantes fueron sacados por la carretera federal Iguala-Chilpancingo.
Con este sexto y último informe, termina la participación del GIEI en el caso Iguala y mencionaron que ahora recae en la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa.
Los expertos agregaron que la Sedena y la Marina no permitieron el acceso a varios documentos que les fueron solicitados.
“El ocultamiento y la insistencia en negar cosas que son obvias impiden tener la verdad. El GIEI regresó y se mantuvo con la promesa de que todos los archivos disponibles se abrirían para dar con el paradero de los estudiantes”, expuso Martín Beristaín.
Los investigadores coincidieron en que si bien hubo avances, faltaron archivos por abrir y que para poder resolver el caso se “necesita disponer de toda la información que el Estado ha tenido desde el primer día de los hechos”.
“Que la mentira se institucionalice como respuesta es inaceptable”, comentó Martín Beristaín.
Entre las recomendaciones sugirieron mayor seguridad para los testigos protegidos, así como apoyo legal, emocional y de salud a madres, padres y familiares de los normalistas.
Las madres y padres de los 43 normalistas desaparecidos mencionaron que se reunirán y más tarde darán un posicionamiento sobre el sexto informe y la salida del GIEI.