Activistas consideran que es una simulación contra la inseguridad la presencia de más fuerzas castrenses en el estado, cuando la violencia es cotidiana
Texto: José Miguel Sánchez
Fotografía: José Luis de La Cruz
Chilpancingo
Activistas por los derechos humanos catalogaron como una «simulación» la llegada de militares y la construcción de más cuarteles para la Guardia Nacional (GN), pues, consideran que la violencia continúa y aumenta, además de ser un riesgo para los derechos humanos de los guerrerenses.
Durante la sesión extraordinaria de este lunes, el Congreso local aprobó la donación de dos terrenos para cuarteles de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y Guardia Nacional en los municipios de Iguala y Pilcaya, respectivamente.
«Para coadyuvar en las tareas de prevención del delito y salvaguarda de la integridad de las y los guerrerenses», se lee en el dictamen aprobado este lunes.
Entrevistada vía telefónica, la directora del Centro Regional de Derechos Humanos, José María Morelos y Pavón, Teodomira Rosales Sierra, calificó los cuarteles como «elefantes blancos que no abonan a disminuir la violencia».
Actualmente, y de acuerdo con datos oficiales de la Guardia Nacional, dados a conocer por el presidente en sus conferencias matutinas, en Guerrero hay nueve cuarteles de esta corporación, aparte de ocho instalaciones militares.
Acapulco, Tlapa, Chilpancingo, Zihuatanejo, Ciudad Altamirano, Cuajinicuilpa, San Marcos, Tepecoacuilco y Chilapa, son municipios donde ya hay cuarteles y los elementos de la Guardia Nacional operan con ayuda del Ejército.
Pretenden construir otros cinco cuarteles más para la Guardia Nacional, dos en el valle del Ocotito, zona rural de Chilpancingo; uno en Zumpango, cabecera de Eduardo Neri, y uno en Pilcaya y otro Iguala, donde los diputados acaban de autorizar los predios.
Hay un acuerdo desde marzo del 2022 entre el Ayuntamiento de Chilpancingo y la Sedena para la donación de los predios para la construcción de los cuarteles en el valle del Ocotito, pero fue impedida por los grupos de autodefensa que operaban en la zona.
Para el cuartel de Zumpango, el predio ya fue donado por la alcaldesa petista, Sara Salinas Bravo; es un solar ubicado en el Cerro del Tepetlayo, el cual, de acuerdo con los ejidatarios, está en litigio porque el Consejo Ejidal de Zumpango quería donarlo para crear un Área Natural Protejida.
En Acapulco, de acuerdo con Raymundo Díaz Taboada, integrante del Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad (CCTI), se pretenden construir cuatro cuarteles.
«Uno con salida a la Costa Chica, otro con dirección a la Costa Grande, otro al norte del puerto de Acapulco y uno más en el centro».
Sobre el tema de la militarización, Díaz Taboada coincidió con Rosales Sierra, al declarar que tantos elementos y cuarteles no abonan a la seguridad pública, por el contrario, los consideró un riesgo para la garantía de los derechos humanos de los guerrerenses.
«En Guerrero tenemos una larga historia de que las policías han estado dirigidas por mandos militares o navales, en permiso o en retiro, y pensando en la cuestión de derechos humanos deben ser personas con capacitación en el traro a las personas, que sepan que todos somos sujetos de derecho y no como un posible enemigo que es la visión que siempre tienen los militares», dijo Díaz Toboada.
Esto debido a que, aunque en su decreto de creación, la Guardia Nacional establecía que debía tener un mando civil, a través de un decreto presidencial del 8 de agosto del 2022, se estableció que la corporación pasaría y dependería completamente de la Sedena.
Además, de acuerdo con lo reportado por diversos medios nacionales como Animal Político y El Financiero, de 128,000 elementos que conforman la Guardia Nacional, sólo 23,000 son civiles y elementos de la extinta Policía Federal, el resto son soldados y marinos.
La estimación del Financiero establece que siete de cada 10 elementos de la Guardia Nacional pertenecen a la Sedena o la Marina.
En Guerrero operan 2,951 elementos de la Guardia Nacional, más los militares distribuidos en instalaciones por toda la entidad.
Se trata de la IX Región Militar, la 27 Zona Militar en Pie de la Cuesta, la XII Región Naval y la Base Área de Pie de de la Cuesta dependiente de la Fuerza Área Mexicana.
Además de la 35 Zona Militar ubicada en Chilpancingo, el 27 Batallón de infantería en Iguala y el 34 Batallón en Ciudad Altamirano, en la región de Tierra Caliente.
Ante este panorama, Díaz Taboada agregó que aunque los militares tengan capacitaciones en derechos humanos, «ellos están formados para una guerra, con armas de guerra y su lógica siempre será aniquilar y abatir y no de detener en el marco de la aplicación de las leyes ciudadanas».
«Otro hecho de preocupación es que nos dicen que supuestamente la Guardia Nacional es una entidad civil y que sólo es administrada por la Sedena, pero la mayor parte de los que la conforman son militares y no se se le ve el carácter civil, por sus uniformes y su armamento difícilmente se ve como una organización civil», agregó Díaz Taboada.
En el dictamen aprobado el pasado lunes los diputados locales autorizaron a los ayuntamientos de Pilcaya e Iguala donar un bien inmueble «en favor del gobierno federal, con destino a la Sedena, además de autorizar el cambio de uso de suelo del referido predio para el desarrollo de actividades castrenses», mencionó el diputado morenista Masedonio Mendoza Basurto, secretario de la Mesa Directiva, al leer el dictamen al pleno.
Por esta aprobación es cuestión de tiempo para que comience la construcción de los cuarteles.
«El gobierno construye los cuarteles pero no se enfoca en erradicar el tema de los desplazados, las desapariciones o detener a personas del crimen», mencionó Rosales Sierra.
Aun cuando estos cuarteles, tanto de la Guardia Nacional como del Ejército, se ubican en zonas de violencia, esto no garantiza la seguridad para la población.
«Estando ahí militares y Guardia Nacional hay enfrentamientos, y no vemos que la militarización sea una forma de detener el desplazamiento forzado interno, las desapariciones y los asesinatos”, dijo Rosales Sierra.
«No creemos que la militarización sea garantía de seguridad, ya vimos que el gobierno no ha hecho nada, en la Sierra siguen los desplazamientos, los enfrentamientos y en las ciudades aún con militares hay asesinatos», insistió.
Datos del Centro Morelos indican que en Guerrero, desde 2011 a la fecha, hay 32,000 personas en calidad de desplazados.
La morenista Beatriz Mojica Morga, secretaria de la Comisión de Hacienda, fue quien fundamentó el dictamen para autorizar la cesión de derechos de propiedad del predio rústico ubicado en El Llano de la Concepción, propiedad del Ayuntamiento de Pilcaya, «en favor de la Sedena para la construcción de un cuartel de la Guardia Nacional».
Ambos dictámenes fueron aprobados por unanimidad del pleno en una sesión extraordinaria.
En Pilcaya e Iguala el tema de la violencia aumentó en los últimos meses.
En agosto del 2021 civiles armados atacaron a balazos el vehículo en el que viajan la alcaldesa de Pilcaya, Sandra Velázquez Lara, en dicho enfrentamiento dos policías municipales fueron asesinados.
En Iguala, en las últimas semanas se registraron diversos hechos de violencia en los que fueron asesinados varias personas.
Además, en el pasado reciente Iguala es una muestra nacional de lo que la fuerza militar puedes lograr. Las madres y los padres de los 43 normalistas rurales de Ayotzinapa ocurrida la noche de 26 y la madrugada del 27 de septiembre en Iguala, sostienen como su principal hipótesis que los militares de 27 Batallón mucho tiene que ver la desaparición de sus hijos.
Como antecedente es importante mencionar que en la década de los setentas, en Guerrero, en particular en la Sierra de Atoyac, vivieron una sombría época de represión militar, considerado por muchos sobrevivientes y académicos como un exterminio de Estado.
O la reciente época de supuesta “guerra contra el narcotráfico” que implementó el ex presidente Felipe Calderón (2006-2011), académicos y periodistas descubrieron que las zonas donde más asesinatos había eran la militarizadas.
Además, “hay infiltración, claro, y no sólo es en la policía, es en la Guardia Nacional y en el Ejército, por eso nos preocupa el tema de la militarización», agregó Rosales Sierra.
