Texto: Amapola Periodismo
Fotografía: Oscar Guerrero
Chichihualco
Una mujer que en noviembre próximo cumple cuatro años en desplazamiento forzado dice que los líderes de un grupo del crimen organizado que la expulsaron de su comunidad, ubicada en la Sierra, lograron apoderarse de esa zona con el propósito de explotar la madera y no por la cosecha de la amapola porque según ella, la flor ya casi nadie la siembra.
“La amapola, que era lo que sostenía a mi pueblo, ya no lo vale; la goma (de opio) ya bajó de precio, asegura la mujer que por razones de seguridad su nombre se mantendrá confidencial.
Dice que la toma de sus pueblos por parte de esta agrupación fue por dos razones: tener bajo control esa zona y explotar la riqueza forestal.
Este miércoles, desde las once de la mañana, llegaron adultos y niños al Auditorio Municipal de esta localidad, cabecera del municipio de Leonardo Bravo.
Las familias desplazadas tuvieron una reunión con la relatora de la ONU sobre desplazamientos internos, Cecilia Jiménez-Damary, a quien le contaron su vida como desplazados.
Antes vivían en las comunidades de Izotepec, Los Morros, Polixtepec, Filo de Caballos, Campo de Aviación, Carrizal, del municipio de Leonardo Bravo, de la zona Centro.
También hay un grupo de desplazados de Tlatempanapa, municipio de Zitlala, de la región Montaña baja.
En entrevista, antes de la llegada de la relatora, la señora narró que en febrero del 2015 hombres armados irrumpieron en su comunidad y expulsaron a la mayoría de sus habitantes y en mayo de ese mismo año retornaron.
La situación en su pueblo se agravó. El 17 de octubre de ese mismo año, varios criminales mataron y quemaron a uno de sus sobrinos y a otro joven cuando subían su ganado en una camioneta, dijo la mujer.
«Pero el 18 de noviembre del 2018 estuvo bien feo porque hubo muchas balaceras y nos salimos todos, con niños y ancianos, unos caminando por los montes hasta llegar a Chichihualco”, refirió.
Mencionó que en esa ocasión de noviembre del 2018 un jefe de un grupo criminal apodado El Teniente fue el que encabezó la irrupción violenta contra los habitantes de las cinco comunidades de la Sierra.
El Teniente fue identificado por las autoridades como Juan Castillo Gómez, quien pertenecía al grupo del crimen organizado conocido como Los Tlacos, quien en 2019 rompió con esta organización y murió durante un enfrentamiento a balazos con miembros de la supuesta policía comunitaria de la Sierra.
Estas autodefensas fueron vinculadas con el grupo de Los Tlacos, según las autoridades de la Fiscalía General del estado (FGE).
En noviembre del 2018, 300 familias expulsadas de sus pueblos llegaron a Chichihualco, en donde, durante varios meses vivieron en el Auditorio Municipal en condiciones precarias.
Actualmente, 130 familias continúan en Chichihualco; viven en diferentes casas.
La gran mayoría de los desplazados se fueron a distintas ciudades de Estados Unidos donde viven con parientes que ya tienen allá su residencia legal.
Pero hay un grupo de desplazados de la Sierra que se fueron a diferentes estados del país.
La mujer denunció que el 23 de septiembre del 2020 su hermano regresó a su comunidad para verificar la versión de que todo estaba tranquilo y valorar si retornaban.
Mencionó que el viernes a mediodía del 25 de septiembre su hermano le envió un mensaje de su teléfono celular avisándole que ya regresaba a Chichihualco, pero nunca llegó.
Cuatro días después de la desaparición de su hermano ella y otras 20 mujeres se trasladaron a la comunidad para buscarlo.
“Teníamos mucho miedo pero aún así realizamos la búsqueda por varios pueblos, pero nunca encontramos a mi hermano, es más ni siquiera la camioneta que él utilizó para trasladarse. Todavía sigue desaparecido”, refirió.
La cita para la reunión con la relatora de la ONU estaba programada para las 12 horas, pero la gente desplazada de las cinco comunidades llegó desde una hora antes al Auditorio Municipal.
Niños acompañados de sus padres se sentaron en las graderías. En medio del auditorio había una mesa cubierta con un mantel blanco y sillas. Al fondo, otra mesa con varias ollas de peltre con mole verde y rojo, tamales y tortillas.
La comida fue para las familias, la relatora de la ONU y los demás invitados.
Un señor de alrededor de 50 años, que también es de una comunidad donde fue expulsado, dijo que las demandas que plantearían a la relatora eran para que obligara al gobierno federal a cumplir con el apoyo.
“Nosotros ya no podemos regresar a nuestros pueblos porque allá los delincuentes ya tienen ocupadas nuestras casas y huertas de aguacate pero queremos que el gobierno nos reubique en un lugar seguro”, dijo Maurilio, de la comunidad de Filo de Caballos.
La última protesta que hicieron las familias desplazadas fue a finales del 2021 frente a Palacio Nacional, en la Ciudad de México.
“Nos regresamos a Chichihualco el 24 de diciembre después de que se firmó una minuta de acuerdos que el gobierno federal; no han cumplido”, dijo el desplazado.
En uno de esos puntos de la minuta, el gobierno federal se comprometió a reubicar a estas familias en un lugar seguro para que no sufran ataques de la delincuencia.
“Aquí donde estamos podemos sufrir alguna agresión porque no tenemos medidas de seguridad”, refirió.
La gente dice estar de acuerdo en que su reubicación sea en Guerrero pero siempre y cuando les den medidas de seguridad.
En estos casi cuatro años fuera de sus pueblos ya murieron nueve desplazados.
Las familias se quejaron ante la relatora de la ONU de que el gobierno federal les retrasa el apoyo como es la despensa y el pago de la renta de la casa que habitan.
Una de las peticiones a la relatora es de que el gobierno cumpla con la aprobación de la Ley de Desplazamiento Forzado Interno que está en comisiones legislativas del Senado de la República.
Plantearon seis cosas que deben de cumplir las autoridades, salud, educación, seguridad, vivienda y trabajo.
A las 12 con 20 minutos llegó la relatora de la ONU y encabezó una reunión a puerta cerrada con las familias desplazadas.
Jiménez-Damary llegó acompañada por cuatro patrullas, tres de la Guardia Nacional y una de la Policía Estatal.
Con este encuentro, Jiménez-Damary concluyó una gira de dos días que realizó en Guerrero, donde escuchó las denuncias de más de 50 grupos de desplazados por la violencia de, al menos, 10 municipios en manos de distintas organizaciones del crimen organizado.
