Es parte de los 1,800 desplazados que hace salieron de la Sierra de manera involuntaria
Texto: Beatriz García
Fotografía: Isabel Briseño / Pie de Página
12 de noviembre del 2021
Chilpancingo
Caminar en el campo comer duraznos del huerto de su abuelo, es parte de los momentos que Adriana pensó viviría su hija en el pueblo de la Sierra de donde es originaria, pero desde hace tres años debieron salirse porque hombres armados la obligaron a ella, su familia y otras familias a salir de sus casas, de lo contrario la sentencia era pagar con su vida.
Adriana, con 18 años ahora, es parte de los 1,800 desplazados que salieron de pueblos de municipios de Heliodoro Castillo y Leonardo Bravo el 11 de noviembre del 2018. Este jueves está junto a su niña de cuatro años plantada fuera de la Secretaría de Gobernación (Segob) en la Ciudad de México para exigir su reubicación y le otorguen la calidad de víctima junto a 55 de sus compañeros, para acceder a apoyos para vivienda, alimentación y salud.
Eran cerca de las dos de la tarde de ese 11 de noviembre, cuando Adriana siendo una niña, de entonces 15 años, estaba comiendo junto a sus suegros, su esposo, sus cuñados y su bebé de tan solo un año en Los Morros, Leonardo Bravo, cuando le llegó el rumor que ya se expandía por el pueblo, hombres armados se acercaban a la localidad. Pronto se escucharon detonaciones armas de fuego y los habitantes comenzaron a salir despavoridos del pueblo, algunos caminando y otros en sus vehículo, recordó Adriana.
Eran alrededor de las siete de la tarde cuando los hombres armados llegaron hasta su casa y amenazaron a la familia de Adriana con matarlos de resistirse a dejar sus casas.
Adriana, tomó a su bebé y junto a su familia huyeron a Chichihualco, cabecera de Leonardo Bravo, en una camioneta, en medio de la penumbra, porque los delincuentes cortaron los cables del servicio de energía eléctrica.
Todos se refugiaron en el auditorio municipal de Chichihualco. Ahí por voces de otras personas supieron que los delincuentes le quitaron la herrería de ventanas y puertas a la casa de su suegra, y a la casa donde vivía Adriana con su niña y esposo la incendiaron.
Después de permanecer por varios meses en el inmueble municipal, Adriana y su esposo rentaron un cuarto de madera y techo de lámina por 1,000 pesos. Dentro del pequeño cuarto está el fogón donde cocinan con leña, porque Adriana y su esposo no han podido comprar una estufa. Aun lado del fogón está una pequeña mesa de madera y unas sillas, y a un lado un tablón donde repasan unas colchonetas que les donaron, lo que usan como cama. En ese lugar llevan poco más de dos años.
Adriana cuenta que su niña entró a clases presenciales en octubre pasado y desde el 28 de ese mes le pidieron que le comprara a su hija un uniforme, pero no ha podido hacerlo, con lo que gana su esposo apenas alcanza para pagar los gastos de la casa.
El esposo de Adriana se emplea como peón de albañilería y al día llega a juntar apenas 200 pesos, pero hay semanas en las que no tiene trabajo. Adriana es ama de casa y en ocasiones vende chicharrones o tamales y atole para ayudar en los gastos de la casa, de ahí su ganancia apenas es de 80 pesos, pocas veces reúne 100 pesos. En ocasiones han tenido que recurrir a familiares para pedir prestado dinero o suele irse a casa de sus suegros a comer.
Si el esposo de Adriana tuviera trabajo los cinco días de la semana podría ganar 1,000 pesos, lo que paga de renta, más los 400 pesos de ganancia de ella, si es que vendiera todos los días y todos los días su mercancía se acabara, pero no es así, a veces trabajan solo dos o tres días a la semana, y lo poco que juntan lo intentan distribuir para pagar los gastos de la casa y juntar para la renta del mes.
La comida en la casa de ambas familias, cuenta la misma Adriana, apenas les alcanza para comprar frijoles, tortillas, una fracción de queso y los insumos para una salsa; pocas veces ve un pedazo de carne sobre su mesa. “A luchas y nos alcanza para irla pasando”, dice la mujer por teléfono, desde el plantón.
Para Adriana es desesperante que las autoridades municipales, estatales y federales no comprendan la situación por la que atraviesan y sigan sin garantizarles la seguridad que están obligados a proporcionarles.
Adriana y su esposo se resisten a regresarse a Chichihualco y abandonar la lucha que emprendieron con otros desplazados y el apoyo que les brinda el Centro Regional de Defensa de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón (Centro Morelos). Ella guarda la esperanza de que un día sean escuchados y les garanticen una modesta calidad de vida para su hija.
