‘Narcopandemia’: 13 historias relatan cómo ni el COVID-19 detuvo a la violencia en México

Texto: Monserrat Sánchez Maldonado / Animal Político

Fotografía: Óscar Guerrero 

4 de septiembre del 2022

 

 

En México, las extorsiones, el cobro de piso, las amenazas y los asesinatos no se quedaron en casa a raíz del confinamiento impuesto por el COVID-19.

En el nuevo audiolibro Narcopandemia: Voces de la violencia en tiempos de COVID (Penguin Random House), del periodista Manu Ureste, se narran 13 historias de cómo el crimen organizado no se detuvo ni por una pandemia que afectó al mundo.

“La idea nació en marzo de 2020. Las calles estaban casi vacías, yo estaba reporteando y conociendo a la gente que no tenía la oportunidad de trabajar desde casa, la gente que si no sale, no come. Ahí conocí a un bolero que llamaremos ‘Carlos’, quien me dijo sentirse más preocupado por el ámbito económico que por el de la salud”, dice Ureste en entrevista.

La historia de ‘Carlos’ es imposible de olvidar para el periodista. Con él se dio cuenta de que, si bien podía pararse la vida social, podían cerrar restaurantes y cines, el crimen organizado no tenía la intención de seguir las mismas reglas.

“‘A los mañosos les vale madres esto del virus. Ellos solo quieren su mordida’, fue lo que Carlos me dijo. A él le asustaba más no juntar lo suficiente para pagar la cuota al crimen que obtener un ingreso propio. Ahí noté que estaba presente esa economía informal, esa que no se detiene por la pandemia”, relata Ureste.

 

‘Narcopandemia’ en la escuela, la casa, la calle

En 13 historias —reunidas en un audiolibro de una hora con 51 minutos—, Narcopandemia retrata las vivencias de quienes sufren la violencia en sus múltiples formas, incluyendo la que proviene de las autoridades. Una violencia que está presente en la casa, en la escuela, en las carreteras, y que alcanza a las trabajadoras sexuales o a las migrantes.

“Conocí a una trabajadora sexual de 65 años de El Salvador. Su hija y ella dejaron su país porque las Maras la extorsionaban, le exigían una cuota de 100 dólares, primero quincenales y luego semanales, y luego ya querían que fuera a diario. Huyeron de ese lugar y en México se encontraron con pocas oportunidades, lo que las orilló a ejercer el trabajo sexual y a pagar una cuota a la Unión Tepito para dejarlas trabajar”, detalla Ureste.

La presencia del COVID-19 orilló a millones de personas a resguardarse en sus hogares, detener las salidas al cine, los paseos en el parque y las vacaciones en la playa, lo cual también afectó al sector turístico.

“Hablé con un empresario en Tulum, Quintana Roo, quien, en menos de un año después de la entrevista, apareció asesinado por el crimen organizado porque se negó a pagar la extorsión que le exigían. Su vida ya corría entre la pandemia y el crimen organizado”, expone Ureste.

De acuerdo con el periodista, la violencia se hizo presente para varios sectores de la población, entre ellos, los propios elementos de seguridad.

“Había un policía de la Guardia Nacional que a raíz de la pandemia le daba miedo patrullar las carreteras de San Luis Potosí, la zona que hace un triángulo con los estados de Tamaulipas y Veracruz, zona que se ha usado para el tráfico de personas. Con el confinamiento, las carreteras estaban vacías, él no quería ir solo a detener a la gente”, destaca.

Un mosaico de violencias

Durante la grabación del audiolibro, Ureste se encontró con violencias en diferentes estados del país que venían del mismo origen: el crimen organizado.

“En una de las crónicas hablamos de la historia de una maestra que tiene que huir de Uruapan porque su marido tiene una pequeña panadería artesanal. Un día llega un miembro del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) y le dice que le tiene que dar 15 mil pesos semanales y luego le suben la cuota a 31 mil. Les dijeron que si no pagaban se iban a llevar a uno de sus hijos”, cuenta el periodista.

A raíz de la amenaza, la familia decidió huir con lo que tenía puesto y unas cuantas maletas. Instalada en un nuevo lugar, la maestra consiguió una nueva plaza en Guerrero, donde debió hacer recorrido para dar clases a niñas y niños que no podían tomar la escuela en casa por falta de una televisión.

“Al notar la ausencia del Estado, el crimen organizado aprovechada para reclutar a los jóvenes que desertaron de la escuela. Los unió a sus filas“, comenta Ureste.

Para él, estas historias son un reflejo de lo que es México desde hace muchos años: un país en donde el crimen organizado ha ganado espacios a las autoridades.

“Con este trabajo vemos que el crimen organizado, aun en pandemia, tuvo la habilidad de adaptarse. El policía de la Guardia Nacional me decía que los delincuentes son hábiles para crecer, usan cualquier rendija para meterse, ven oportunidades de negocio muy rápido. No importó la pandemia, la ley seguía siendo o es plata o plomo”, declara.

Apelar a la empatía

A pesar de la violencia, las extorsiones y el cambio de vida que trajo la pandemia, Ureste apela a contar las historias de la sociedad para generar empatía.

“Este trabajo no habla sobre el crimen organizado ni capos y sicarios; es sobre la gente de más de abajo, la gente trabajadora, la que puedes ver en cualquier sitio. Es el bolero, la trabajadora sexual, la maestra, un policía. Narcopandemia es la historia de todos”, sostiene.

El mensaje que el periodista desea enviar con su trabajo es señalar la otra pandemia que se vive en el país, mostrar que el crimen organizado, al igual que el COVID-19, es capaz de mutar y adaptarse a otro estilo de vida y seguir alimentándose de su principal víctima: la sociedad.

“Se trata de contar la historia de la gente con la que te reflejas; esto no es un libro morboso, de los sicarios, es sobre la gente, lo que nos sucede a diario en medio de una terrible pandemia donde se sufren pérdidas, consecuencias físicas a raíz de este virus, y al mismo tiempo sufren todos los días esta otra pandemia que es el crimen organizado”.

Con un tendedero familares de personas desaparecidas exigen su aparición

Texto: José Miguel Sánchez

Fotografía: Oscar Guerrero

Chilpancingo

 

El Colectivo de Familiares en Búsqueda María Herrera, de Chilpancingo, en el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada, marcharon y montaron un tendedero con las fotos de sus familiares desaparecidos para exigir su aparición con vida.

La marcha comenzó en la Alameda Granados Maldonado y recorrió el andador Emiliano Zapata, en el centro de Chilpancingo.

Afuera de la Catedral Santa María de la Asunción, Gema Antúnez Flores, representante del Colectivo, leyó un posicionamiento a nombre de los integrantes, donde denunció a las autoridades por su omisión al problema de la desaparición.

«Las autoridades han sido omisas y no dan respuesta a las exigencias, la desaparición forzada es catalogada como crimen de lesa humanidad y Guerrero ocupa uno de los primeros lugares de desaparición forzada en el país», mencionó.

Una de las exigencias del colectivo es la creación de un banco de datos para identificar de una manera más eficiente los cadáveres que llegan al Servicio Médico Forense (Semefo).

El Colectivo María Herrera lo conforman 80 familias con al menos un integrante desaparecido.

Antúnez Flores pidió una reunión directa con la gobernadora Evelyn Salgado Pineda para que escuche de manera personal sus demandas.

Reconoció la apertura de muchos funcionarios al tema de la desaparición pero creen necesario que Salgado Pineda sepa de sus peticiones.
«Hacemos un llamado a la gobernadora para que nos reciba. Ya nos canceló tres citas y queremos que nos escuche personalmente como cabeza principal del estado», dijo la activista.

A los grupos del crimen organizado que desaparecen personas les pidieron no enterrar los cadáveres de las personas que asesinan.

«Si algo les hicieron, con quitarles la vida, creo yo, es suficiente, que necesidad de enterrarlos para que sus familias no los hallen».

«Para los familiares es un infierno vivir día con día sin saber nada de nuestros seres queridos».

En el acto llamaron a la sociedad a no ser indiferente a la problemática de la desaparición y les pidieron ser empáticos.

De acuerdo con la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas, en México hay más de 100,000 desaparecidos, de las cuales 75,000 son hombres y 15,000 mujeres.

«Nada nos ha detenido ni nos detendrá por buscar a nuestros familiares porque en nuestra mesa hay una silla que los está esperando».

Después del mitin colocaron un tendedero con las fotos de personas desaparecidas y posteriormente entraron a una misa a la Catedral Santa María de la Asunción.

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Marchan en Chilpancingo contra la violencia vicaria

La violencia vicaria es aquella que busca dañar a las mujeres a través de sus hijas e hijos, sustrayéndolos del hogar. Se llama así por el apellido de la investigadora de origen argentino que estudia este tipo de violencia ejercida contra las mujeres.


Texto y foto: Itzel Urieta

Chilpancingo

 

Diana Yaraví Hernández Castro es madre de Ireri Organista Hernández. Hace nueve años se separó de su pareja Mauro Eduardo Organista García.

Después de separarse, Diana se quedó con la guarda y custodia de su hija Ireri; vivían en Atoyac de Álvarez.

Diana permitía que su hija conviviera con su padre aunque él no cumplía con sus obligaciones económicas.

En julio del 2017, Ireri viajó a Chilpancingo para pasar las vacaciones de verano con su padre, Ireri tenía siete años en ese entonces, desde entonces, Diana no ha visto a su hija.

“Él la sustrajo, la robó, me la quitó y la alejaron de mí sin que hasta el momento yo pueda convivir con ella”.

De acuerdo con Diana, su hija Ireri es manipulada por su padre y su familia para impedir que conviva con ella.

Lo que vive Diana se le llama violencia Vicaria. La violencia vicaria es aquella que busca afectar a las mujeres a través de sus hijas e hijos, sustrayéndolos del hogar, o haciéndoles daño. Se llama así por el apellido de la investigadora de origen argentino que estudia este tipo de violencia ejercida contra las mujeres.

Por su caso, colectivas feministas marcharon la tarde de hoy para exigir a las autoridades que ayuden a Diana a recuperar a su hija.

Además piden que se apruebe la Ley de Violencia Vicaria.

La ex pareja de Diana impide que madre e hija tengan contacto, creen que la manipula para que no convivan.

Diana además fue denunciada por violencia digital por el padre de su hija después de que el pasado 10 de mayo, Diana publicó su historia en su perfil personal de Facebook.

Las colectivas feministas que marcharon en apoyo a Diana dijeron que no hay justicia debido al influyentismo de su padre y su abogada.

La abogada del padre es Anacleta López Vega, quien actualmente es subsecretaria de Derechos Humanos, en la Secretaría General de Gobierno.

“Me he perdido muchos momentos importantes de mi hija. Me perdí su primera comunión y su graduación de la primaria”.

De acuerdo con estudios psicológicos realizados al padre, se le recomendó reeducarse, asistir a terapia él y su hija, a las cuales no asisten.

La exigencia de la manifestación fue que la gobernadora, Evelyn Salgado Pineda, el presidente del Poder Judicial, Raymundo Casarrubias Vázquez, y la fiscal del estado, Sandra Luz Valdovinos Salmerón, actúen a favor de la madre.

La marcha comenzó en el monumento a las Banderas, al sur de la ciudad, y terminó en las instalaciones del Congreso local.

En el Congreso se manifestaron con pancartas, lonas y consignas. Durante la manifestación salió el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Alfredo Sánchez Esquivel.

Sánchez Esquivel dialogó con las manifestantes y acordaron tratar el tema de la Ley de Violencia Vicaria.

El proyecto de ley fue presentado por la diputada morenista Jessica Alejo Rayo y actualmente está en la Comisión de Igualdad de Género del Congreso local.

Las colectivas feministas llamaron a las mujeres que viven este tipo de violencia a no quedarse calladas y alzar la voz.

El caso de Diana no es el único. A la manifestación llegó Teresa Ramírez, madre de Karla, quien supo de la marcha a través de la radio.

Dijo que se solidariza con Diana porque su hija Karla vive lo mismo, tiene tres años sin ver a su hija, quien fue sustraída por su padre. Esto hizo que Karla se fuera de Chilpancingo.

“Ella está pasando lo mismo y el hombre trabaja en el gobierno de Evelyn Salgado, también tiene influencias y mi hija se cansó de que no se hiciera justicia”, comentó Teresa.

 

Asesinan a distribuidor de pollos en cafetería de Chilpancingo

Texto: Amapola Periodismo

Fotografía: Oscar Guerrero

Chilpancingo 

 

Un individuo que al parecer es distribuidor de pollos fue asesinado a balazos la noche de este viernes en una cafetería ubicada en la avenida Lázaro Cárdenas, al sur de esta capital del estado.

Según los reportes, este hombre que fue identificado con el nombre de Raúl «N» estaba sentado en este negocio cuando un individuo armado llego y le disparó.

La cafetería donde fue asesinado el distribuidor de pollos es Punta del Cielo que es donde usualmente se reúne con sus seguidores el senador morenista Félix Salgado Macedonio, padre de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda.

En un patio de la parte trasera de esta cafetería Salgado Macedonio tiene sus oficinas.

Durante el asesinato del distribuidor de pollos había personas sentadas en la cafetería.

Después de este hecho, personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) llegó al lugar para realizar las diligencias y el levantamiento del cadáver.

En mayo de este año, tres distribuidores de pollos, una niña y cuatro trabajadores fueron asesinados por hombres armados.

Dos de ellos en el mercado central Baltazar R. Leyva Mancilla, otro más en una granja de la comunidad de Petaquillas, del municipio de Chilpancingo.

En este último hecho, además del distribuidor, fueron asesinados cuatro hombres y una niña.

Exigen justicia y seguridad durante el sepelio del periodista asesinado

Texto: José Miguel Sánchez

Fotografía: Oscar Guerrero

Chilpancingo

 

Durante el sepelio del periodista Fredid Román Román, asesinado el pasado lunes en Chilpancingo, familiares exigieron justicia y seguridad para ellos.

El sepelio se realizó en Buenavista de la Salud, del municipio capitalino, lugar donde residió Román Román y donde sus familiares se pronunciaron para exigir que el crimen no quede impune.

«Lo único que quiero es justicia, pueden decir muchas cosas, pueden hablar muchas cosas, pero solo Dios tiene la verdad», mencionó su familiar durante el sepelio.

Román Román fue velado en la comunidad de Buenavista de la Salud, municipio de Chilpancingo, con mucha seguridad policiaca en el entorno.

«El (Román Román) siempre fue un hombre muy inteligente, por eso lo admiramos, pero unos cobardes nos lo quitaron, quisieron callarlo», mencionó entre llantos el familiar.

Tras el homicidio del comunicador en Chilpancingo, a unos pasos de la zona militar, la familia decidió trasladar el cuerpo a su lugar de residencia, a pesar de que es una localidad en donde de manera frecuente se registran enfrentamientos entre hombres armados de dos grupos del crimen organizado que se pelean el control del territorio.

Por el crimen de Román Román y la situación de violencia que se vive en el valle de El Ocotito, y específicamente en Buenavista, la familia dijo temer por su seguridad.

«Si tememos, tememos mucho por la seguridad de la familia porque la cosas no están bien, pero hay un Dios y yo lo único que pido es justicia».

Acerca de que el periodista temía por su vida, sus familiares dijeron que siempre fue muy reservado en su vida laboral, por lo que nunca les mencionó si estaba amenazado o en peligro.

La casa de Román Román, fundador del semanario La Realidad, se ubica a dos cuadras de la base de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), sobre la carretera federal México-Acapulco, a menos de cinco minutos de El Ocotito.

Durante el sepelio del periodista se observaron varias unidades de la policía estatal y de la Guardia Nacional (GN).

La mañana de hoy, en la comandancia de la Policía Comunitaria de El Ocotito, se realizó una conferencia de prensa convocada por integrantes de la UPOEG.

Ahí, el comandante José Deivy Barrientos Salazar deslindó a la UPOEG del asesinato y acusó a un hijo y un sobrino del periodista de pertenecer al grupo del crimen organizado Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

 

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Hombres armados privan de su libertad a sobrino de Aguirre y lo liberan herido de bala

Texto: Amapola periodismo

Fotografía: Cromática agencia fotográfica y multimedia

Chilpancingo

 

Igor Aguirre Vázquez, sobrino del ex gobernador Ángel Aguirre Rivero, fue hallado herido de bala después de que un grupo de hombres armados lo privaron de su libertad cuando junto con su esposa salía de un restaurant ubicado en la avenida costera Miguel Alemán, frente a las instalaciones del Centro Internacional de Acapulco (CIA) a las 11 con 30 minutos de la mañana de hoy miércoles.

Aguirre Vázquez, quien en las elecciones del 2021 fue candidato a la alcaldía de Acapulco por el Partido del Trabajo (PT), recibió un balazo en la pierna derecha y cuando fue hallado por agentes de la Policía Investigadora Ministerial y Policía estatal lo trasladaron a un hospital privado en Acapulco, informó la Fiscalía General del Estado (FGE).

Según la FGE, los captores del ex candidato petista lo arrojaron a una calle de la colonia Apolonio Castillo después de herirlo de bala.

El empresario contó que alrededor de las 12 del día, de hoy miércoles, cuatro hombres que viajaban en un vehículo color azul metálico se lo llevaron y lo trasladaron a la comunidad de Tres Palos.

Contó que los cuatro delincuentes lo mantuvieron privado de su libertad, pero escucharon que se había activado un operativo de búsqueda y rescate.

Según la FGE, Aguirre Vázquez declaró que el grupo de secuestradores lo cambió de vehículo y lo dejaron en ese lugar, pero antes le dispararon en la pierna derecha.

La esposa de Igor Aguirre contó que salían del restaurant donde habían acudido a desayunar cuando se disponían a abordar su automóvil, llegó un vehículo con cuatro hombres a bordo.

Posteriormente este grupo de individuos sujetaron a su esposo y lo subieron a un vehículo y se lo llevaron.

Según la fuente de la FGE ya se montó un dispositivo de seguridad en esta zona de Acapulco para recuperar al empresario y político.

Alrededor de las 02:30 de la tarde el empresario fue liberado por sus captores.
Durante la administración de Aguirre Rivero, Aguirre Vázquez fungió como administrador del organismo descentralizado Promotora de Playas en Acapulco y fue destituido del cargo por presuntos actos de corrupción.

En enero del 2019, la policía comunitaria denunció que en las instalaciones del Parque Industrial del Valle del Ocotito, había bidones con miles de litros de gasolina robada y acusaron a Aguirre Vázquez de tener bajo resguardo ese combustible porque él era encargado de la seguridad de estas instalaciones ubicadas en esta zona del municipio de Chilpancingo.

 

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Señalan a sobrino e hijo del periodista como integrantes del CJNG


Texto: Amapola periodismo

Fotografía: Especial

Chilpancingo

 

Ex comisarios municipales y el comandante de la Policía Comunitaria de El Ocotito, José Deivy Barrientos Salazar, negaron tener algo que ver en el asesinato del periodista Fredid Román Román, ante una de las líneas de investigación que planteó el vicefiscal de Investigación de la Fiscalía General del Estado (FGE), Ramón Celaya Gamboa.

La Policía Comunitaria de El Ocotito pertenece a la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), a cuyo líder, Bruno Plácido Valerio, detuvo la FGE hace unas semanas y luego liberó porque el delito había prescrito.

En conferencia de prensa en El Ocotito, lugar al que acudieron periodistas y estuvieron presentes habitantes de la comunidad, los ex comisarios y el comandante de la Policía Comunitaria narraron a la prensa una trama muy complicada en la que resaltan supuestos vínculos del sobrino e hijo del periodista con el grupo del crimen organizado, llamado Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), en la que salió a relucir otro grupo criminal de la zona Los Ardillos.

La FGE comunicó a los periodistas al término de una protesta que una de las líneas de investigación, aparte de su labor periodística, se relacionaba con el asesinato del hijo de Vladimir Román, un joven que se dedicaba al comercio de pollo en esa comunidad del municipio de Chilpancingo.

Pobladores de El Ocotito, quienes por lo delicado del hecho pidieron confidencialidad, contaron que el día del asesinato de Vladimir, el 1 de julio pasado, el otro hijo de Fredid Román, Cristián Román, llegó el lugar de los hechos para llevarse el cadáver de su hermano, pero el secretario de la Comisaría de El Ocotito se lo impidió porque estaban a la espera de las autoridades ministeriales, razón por la que Cristian, quien iba armado, sacó la pistola y delante de todos, lo mató.

El comandante de la Policía Comunitaria no se refirió al asesinado del secretario de la Comisaria con la misma claridad. Dijo: “El hecho ocurrió a la luz del día, delante de la concurrencia”.

Barrientos Salazar dijo que por el asesinato de Vladimir Román recibió amenazas de muerte, de Cristian y de un hijo de una hermana de Fredid Román, incluso, del mismo periodista.

Se deslindó también del asesinato de Vladimir Román. “A poco de todos los asesinatos que ocurren, por decir algo, en Chilpancingo, van a culpar al secretario de Seguridad, no, verdad”.

Los Román, el sobrino y el hijo del periodista y otras personas, dijo que le exigieron que les entregara al policía comunitario que asesinó a Vladimir, pero que él no tenía porque entregar a nadie. Pidió que se hagan las investigaciones y que detengan al culpable.

Fue ahí donde señaló relación de Cristian Román y Fawer García Román, hijo de la hermana de Fredid Román, con el grupo CJNG, a quienes mencionó de ser responsables de los asesinatos y desapariciones de otras personas.

Dijo que todo este acoso contra El Ocotito “es una presión generada por el señor Alanís”. Se refería a Servando Alanís, coordinador de la llamada Policía Comunitaria de Tlacotepec, asentada en una zona controlada por otro grupo del crimen organizado conocido como Los Tlacos.

Barrientos Salazar aseguró que diversos grupos tienen interés en controlar El Ocotito porque es un paso importante para el control de la Sierra y el asedio contra las autoridades de esta comunidad es porque no permiten que sea el paso para secuestrados y autos robados hacia la sierra.
“Le han buscado la forma y no la han hallado con armas, así que andan buscando el modo”, dijo.

Contó que El Ocotito se mantiene neutro porque no entregaron el control a ningún grupo, aunque han sido diferentes y varias veces que se lo pidieron.

Le han preguntado, dice, que por qué al pueblo de El Ocotito no los atacan Los Ardillos. Contó que eso es porque ellos no aceptaron dinero ni camionetas robadas, como si lo hicieron, otras comandancias de varias otras policías comunitarias.

Antes, contó, El Cartel de la Sierra, Los Ardillos y el CJNG eran la misma cosa y cuando salieron mal comenzó a haber violencia en las comunidades que aceptaron trabajar con ellos.

 

Familiares del periodista Fredid Román exigen justicia

Texto: José Miguel Sánchez

Fotografía: Oscar Guerrero

Buenavista de la Salud

 

Familiares del periodista Fredid Román Román, asesinado a balazos el día de ayer en Chilpancingo, exigieron a las autoridades justicia y que les brinde medidas de seguridad.

Un familiar de Román Román, quién pidió se omitiera su nombre, habló de la falta de seguridad en esta comunidad a 30 minutos de Chilpancingo.

«El único mensaje que le puedo dar y le puedo pedir a las autoridades es que se haga justicia, que lo que le pasó a Román Román no quedé impune».

Román Román era originario de Oxtotitlán, municipio de Teloloapan, en la zona Norte del estado, pero vivía en Buenavista de la Salud, en la zona rural de Chilpancingo, una población asediada por la violencia.

Sobre el tema de la seguridad, el familiar de Román Román mencionó que desde enero pasado se vive un situación grave en torno a la inseguridad.

«Toda la población está atemorizada, ya uno no puede salir, aquí la gente no tiene vida porque están en sus casas con el temor de que suceda algún ataque u otra cosa», afirmó.

El familiar también dijo que la estrategia de seguridad en la zona está mal enfocada.

«Todos los policías están en El Ocotito, se planea hacer el cuartel de policías en El Ocotito, pero los ataques y la violencia son aquí en Buenavista», dijo.

El hijo de Román Román fue asesinado el 1 de julio en la localidad de Ocotito y era distribuidor de pollo en la zona.

Durante el mes de julio fueron asesinadas personas dedicadas a esa actividad, derivado de un conflicto entre integrantes de grupos del crimen organizado.

«Vivir en este pueblo no es vivir, vivir con miedo no se le puede llamar vivir», expuso el familiar del fundador del diario La Realidad.

Una de las líneas de investigación acerca del asesinato de Román Román será la de la actividad de su hijo, informó está tarde el vicefiscal de Investigación, Ramón Celaya Gamboa.

El cuerpo de Román Román es velado en esta comunidad y el día de mañana será sepultado.

Se observó en los alrededores de la casa donde es velado el cadáver del periodista dos patrullas de la policía estatal.

También elementos del Ejército recorrieron por las calles de la localidad.

«Lo único que pido al gobierno es de que se haga justicia y que esto no quede impune» , dijo el familiar del periodista.

Contó que desde que en esa zona aumentó la violencia, Román Román no manejaba su automóvil por la carretera libre Chilpancingo-Acapulco sino por la Autopista del Sol.

«Viajaba cada semana a Chilpancingo, no sé porque le pasó esto, era una persona buena», externó el familiar.

Al inicio de este 2022, un grupo armado atacó a balazos la comandancia de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), en Buenavista de la Salud, con un saldo de cuatro policías comunitarios asesinados, entre ellos su comandante, el profesor Mario Zamora.

Desde entonces, la violencia en esta zona conocida como el Valle del Ocotito está imparable a pesar de la presencia de las fuerzas federales y estatales.

Román Román vivía precisamente a menos de dos cuadras de la comandancia de la UPOEG.

 

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Grupo armado asesinan a balazos a cinco hombres en Mochitlán

Texto: Amapola Periodismo

Fotografía: Especial

Chilpancingo

 

Hombres armados asesinaron a balazos a un comisario a sus tres hijos y a otra persona en la comunidad de Cuajilotla, del municipio de Mochitlán, informó la Fiscalía General del Estado (FGE).

En un reporte de la FGE dice que este sábado alrededor de las once de la noche varios hombres con vestimenta tipo militar llegaron al pueblo y preguntaron por Crescencio Romero, a quien encontraron en su casa y lo mataron a balazos al igual que a sus hijos Guadalupe, Emilio e Irineo Romero Flores, quien era comisario municipal de la comunidad además de otra persona de nombre Ponciano Morales.

Al arribar este domingo a la comunidad los elementos del Ejército, Marina y Policía estatal hallaron los cadáveres de los cinco hombres tendidos en el piso.

Encima de los cinco cadáveres había hierba verde con características de la marihuana.

Durante este mes de agosto ya son dos hechos de violencia que se registran en esta zona controlada por un grupo del crimen organizado denominado Los Ardillos.

El 4 de agosto en la comunidad de Tolixtlahuaca, municipio de Quechultenango, un grupo armado asesinó a balazos a siete hombres.

Según las autoridades de la FGE, las siete víctimas pertenecían a la organización delictiva de Los Ardillos que dirigen los hermanos Iván y Celso Ortega Jiménez.

Casa de salud baleada por crimen organizado será rehabilitada, promete Ibárez

 

Texto: Jesús Guerrero

Fotografía: Cortesía 

Chilpancingo

 

La titular de la Secretaría de Salud estatal, Aide Ibárez Castro, recorrió una casa de salud baleada por un grupo del crimen organizado hace tres años en la comunidad de El Naranjo, municipio de Leonardo Bravo, y se comprometió a rehabilitarla para que funcione.

En un video que difundió la Secretaría de Salud se ve a Ibárez Castro caminar por los pasillos del inmueble de una sola planta y se observan los orificios de bala en las paredes.

La funcionaria acudió a la comunidad y llevó a una enfermera para que brinde atención médica en forma provisional en la comisaría del pueblo.

Durante la reunión con los habitantes y autoridades de El Naranjo se hizo el compromiso de Ibárez Castro de que la Secretaría de Salud llevará medicamentos y equipo a la casa de salud una vez que ya esté rehabilitado y entre en funcionamiento.

Los habitantes y el comisariado le contaron a la funcionaria que desde hace tres años esta casa de salud no funciona después de que fue atacada a balazos por hombres armados.

Según la Secretaría de Salud, un enviado del ayuntamiento de Leonardo Bravo se comprometió a costear las obras en el inmueble y los pobladores colaborarán con la mano de obra.

Las autoridades y habitantes de la comunidad prevén que el 28 de agosto próximo ya esté rehabilitada la casa de salud para que posteriormente la Secretaría de Salud lleve los medicamentos y equipo.

En su intervención, Ibárez Castro les dijo a los habitantes del pueblo que enviará un médico y mobiliario a la casa de salud para que entre en funcionamiento.

Teodomira Rosales Sierra, directora del Centro de Derechos Humanos José María Morelos, recordó que la casa de salud de El Naranjo fue atacada a balazos durante un enfrentamiento de tres días en el mes de diciembre del 2019 entre integrantes de dos organizaciones criminales.

Contó que los enfrentamientos iniciaron el 26 de diciembre pero el más fuerte ocurrió el 28 cuando hubo un saldo de diez personas asesinadas entre ambos grupos del crimen organizado.

Durante la balacera murió Fredy, un menor de 17 años, de una bala en la cabeza.

«Fredy vivía en Acapulco y en esos días fue a visitar a su abuelo al Naranjo y ahí murió», dijo Rosales Sierra.

La activista mencionó que la casa de salud ya no funcionaba desde antes del 2019 ya que el personal médico abandonó la comunidad por la violencia que hay en esa zona.

«Fueron días de terror que la gente vivió en esos días y muchas de ellas prefirieron salirse caminando e irse a vivir al estado de Morelos», refirió.

Actualmente el Centro Morelos cobija a diez personas desplazadas de El Naranjo.

En noviembre del 2018 empezó el desplazamiento de familias de comunidades serranas del municipio de Leonardo Bravo por la disputa del territorio entre dos grupos criminales.

Rosales Sierra aseguró que las familias desplazadas de esa zona del municipio de Leonardo Bravo siguen bajo el desamparo de los gobiernos federal y estatal a pesar de las protestas en Guerrero y afuera del Palacio Nacional en la ciudad de México.

En el 2019, este territorio lo disputaban la organización denominada el Cártel de la Sierra que encabezaba Isaac Navarrete, a quien se refieren como El señor de la I y Los Tlacos, dirigido por Onésimo Marquina.

Actualmente es el grupo de Los Tlacos el que controla ese territorio.

 

 

En México ha aumentado la violencia, dice consejera del Sistema Nacional de Seguridad

​Texto: Jesús Guerrero

Fotografía: Oscar Guerrero

Chilpancingo

 

La consejera del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Jacqueline García Vázquez, declaró que en los últimos años aumentaron las cifras de la violencia criminal en México.

«Es grave y si nos hemos dado cuenta que han subido las cifras (de la violencia) año con año pero también hay gobiernos comprometidos a resolverla», afirmó García Vázquez entrevistada aquí en Chilpancingo.

La consejera ciudadana del SNSP estuvo aquí en la capital del estado junto con la directora del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), Clara Luz Flores Carrales, acompañando a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda en la entrega de equipo y material a diversas instancias que se encargan de la seguridad en Guerrero.

«La delincuencia está ahí y no es de ahora», afirmó García Vázquez cuando se le preguntó sobre la ola de violencia que desde la semana pasada se registra en los estados del norte y del bajío del país.

Cuestionó que en algunos estados del país se niegan a establecer una coordinación con el gobierno federal para combatir a la delincuencia.

«La coordinación debe ser con el estatal, municipal y federal pero hay quienes no se someten al mando único y toman sus propias decisiones», afirmó García Vázquez.

La consejera del SNS dijo que lo que falta es que haya «control» en estados como en Chihuahua, Guanajuato y Baja California en donde la violencia está desatada.

«Yo creo que cuando se tome el control, toda va a funcionar mejor».

García Vázquez condenó la postura de la alcaldesa morenista de Tijuana, Montserrat Caballero, de que el crimen organizado «cobre facturas» a quienes no le han pagado y no actuar contra la población civil.

«No estoy de acuerdo con eso, es como afirmar que es lo que deben de hacer», dijo la consejera al referirse a la edil de Tijuana.

Mencionó que otro de los problemas que generan violencia en el país es la extorsión telefónica que realiza la delincuencia.

«La extorsión se termina cuando colgamos el teléfono o cuando avisamos a la autoridad a quien le debemos de avisar en cuando nos llamen o lleguen a nuestro negocio».

Mencionó que hay estados como Guerrero y el Estado de México en donde la ciudadanía cae con esas llamadas telefónicas de extorsión.

Dijo que en los próximos días el gobierno federal dará a conocer una iniciativa de ley que contempla el combate a la extorsión.

El gobierno federal puso en marcha una aplicación para que los usuarios ubiquen las llamadas de extorsión y bloqueen a ese usuario de manera inmediata.

Una de estas aplicaciones ya entró en funcionamiento en la Ciudad de México.

Durante el evento que se desarrolló en las instalaciones del Registro Público Vehícular (Repuve), García Vázquez dijo que el oficial de la Marina, Evelio Méndez Gómez se sacó «la rifa del tigre» por su designación como titular de la Secretaría de Seguridad Pública en Guerrero.

Los funcionarios estatales y federales entregaron equipo a la Comisión de Atención a Víctimas (CEAV), Servicio Médico Forense (Semefo) y al Registro Público Vehícular.

Entre el equipo que se entregó y que estaba en exhibición en el corredor del Repuve había cuatro motocicletas, televisores de plasma, vehículos y uniformes para el personal del Semefo.

Los trabajadores del Semefo se quejaron de la falta de material, vehículos y uniformes.

De acuerdo con Salgado Pineda, en todo este equipamiento que se entregó este lunes hubo una inversión de más de 19 millones de pesos.

Al final del acto se trató de entrevistar a la titular de la SESNSP a quien se le preguntó sobre el alza de la violencia en varios estados del país en los últimos días, pero la funcionaria se negó a contestar.

«Pronto se les va a informar», contestó Flores Carrales fue candidata de Morena al gobierno de Nuevo León en las elecciones del 2021 y ex alcaldesa del PRI en el municipio de Escobedo, en ese mismo estado.

La ex priísta para rehuir las preguntas de los reporteros buscó conversar con Salgado Pineda durante su trayecto hacia la salida de las oficinas.

A un lado de la gobernadora y de Flores Carrales iba María de Jesús Pineda, madre de Evelyn.

Este lunes, a diferencia del pasado jueves 11, Salgado Pineda si contestó las preguntas de los reporteros pero solo a ocho de ellos.

Félix Salgado Macedonio, el senador y padre de la gobernadora no acudió al evento.

El último día que estuvieron padre e hija encabezando un evento fue el pasado jueves 11 cuando Félix frente a Evelyn y demás secretarios de despacho regañó a un funcionario porque según él, acudió con él para quejarse de que el secretario de Finanzas, Raymundo Segura, no le quería dar 260 mil pesos para reparar su camioneta Jeep.

En contestación a una pregunta que hizo un reportero de que se investigara a funcionarios o si los va a relevar del cargo, Salgado Pineda aseguró que si habrá cambios de secretarios.

«Aquí debemos de estar como un relojito y aquel secretario que no funcione tendrá que irse porque aquí es el pueblo el que evalúa nuestro desempeño», afirmó la gobernadora a la pregunta del reportero y columnista Jorge Valdez Reycén.

 

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Llegan otros 500 soldados de la Guardia Nacional a Chilpancingo

Texto: Jesús Guerrero

Fotografía: Oscar Guerrero

Chilapancingo 

 

Ante el aumento de la violencia en municipios de la zona Centro de Guerrero, donde autoridades insisten en la presencia de dos grupos delictivos, llegaron a Chilpancingo 500 soldados de la Guardia Nacional.

Los elementos arribaron alrededor de las cuatro de la tarde de este sábado a las instalaciones de la 35 Zona Militar.

En poco más de un mes este el segundo operativo de fuerzas de seguridad federal que se pone en marcha en la zona Centro de Guerrero. Apenas el pasado 5 de julio llegaron a esta capital 300 elementos de la Guardia Nacional.

En los últimos tres meses la violencia en varios municipios que comprende esta región, como Chilpancingo, Eduardo Neri, Tixtla, Quechultenango y Leonardo Bravo, la violencia sigue en aumento.

Informes de la Fiscalía General del Estado (FGE) aseguran que en esta zona funcionan las organizaciones criminales de Los Tlacos y Los Ardillos y que son las generadoras de la violencia. Pero no mencionan que ambos grupos tienen también el control político de estos lugares.

En Chilpancingo la inacción de las autoridades estatales y municipales para frenar la inseguridad es criticada por los organismos empresariales.

La alcaldesa de Chilpancingo, Norma Otilia Hernández Martínez, ha justificado su inoperancia para contener la ola de violencia con el argumento de que el municipio cuenta con tan sólo una plantilla de 112 policías preventivos. Chilpancingo tiene una población de más de 300,000 habitantes.

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