Legislar sobre salud mental y el fortalecimiento de la Sierra, las propuestas más recuerrentes en Parlamento Juvenil 2023

Texto: José Miguel Sánchez

Fotografía: Congreso de Guerrero

22 de septiembre del 2023

Chilpancingo

 

Durante el Parlamento Juvenil 2023, realizado hoy en el pleno del Congreso de Guerrero, los jóvenes parlamentaristas guardaron un minuto de silencio y realizaron el pase de lista de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, en el marco del noveno aniversario de la desaparición de los jóvenes normalistas ocurrida la madrugada del 26 de septiembre en la ciudad de Iguala.

Además, los 46 jóvenes de las ocho regiones de Guerrero pidieron, durante sus participaciones en el pleno, se legisle sobre temas de salud mental, educación financiera, justicia para mujeres violentadas, derechos para las poblaciones LGBTI+ y apoyos para la recién creada región Sierra.

El Parlamento Juvenil 2023 es una plataforma impulsada por el Congreso local, el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Guerrero (Iepcgro) y la Secretaría de la Juventud para darle la oportunidad a los jóvenes de proponer en la tribuna reformas y leyes que sean importantes para ellos.

Algunas de las propuestas en las que más coincidieron los jóvenes fueron en garantizar la atención de la salud mental.

Tal es el caso de la parlamentarista María Alhely Carachure Bustos, que durante su participación habló sobre la educación emocional y el cuidado de la salud mental.

«Aún falta legislar lo relacionado al tema de la salud mental, que si bien pareciera no formar parte de las competencias de la educación, la verdad es necesario que se atiendan las necesidades emocionales, sentimentales e incluso conductuales de niños, niñas, adolescentes y jóvenes», mencionó en tribuna Carachure Bustos.

Otro parlamentaristas que habló sobre el acceso al derecho a la salud fue Carlos Emilio Rueda Bruno, quien durante su participación propuso se implementen clínicas móviles y de educación sanitaria y mental que recorran todas las regiones de la entidad.

Otro tema recurrente que abordaron los jóvenes fue educar en temas financieros y apoyar al emprendedurismo.

El parlamentarista Seir Eduardo Bernal Romero propuso que en el organigrama municipal se cree una dirección especial que promuevan y apoyen a las y los jóvenes emprendedores.

«Sabemos que el emprendimiento no solo es una opción, también es una necesidad para generar empleo, impulsar el crecimiento económico y enfrentar los desafíos que nos presenten», mencionó Bernal Romero.

Hilda Quetzalli Arriaga Benítez, una de las parlamentaristas mencionó que el Poder Ejecutivo debe crear políticas públicas que fomenten la cultura del emprendimiento en jóvenes e impartir taller para su desarrollo.

«Los jóvenes emprendedores y estudiantes necesitamos políticas innovadoras que nos brinden la posibilidad de asistir a un taller y a capacitaciones donde podamos interactuar y recibir capacitaciones fomentando la cultura del emprendimiento», mencionó Arriaga Benítez.

Sobre los derechos laborales de los jóvenes, la parlamentarista Martha Contreras Navarrete mencionó que los jóvenes son el sector más desprotegido en el ambito laboral, ya que carecen de oportunidades, hay bajos salarios no hay acceso a seguridad social.

Contreras Navarrete propuso que el Estado cree programas que regulen los mercados de trabajo y vigilen específicamente las condiciones labores de los jóvenes y sus empleadores.

«La juventud guerrerense está sometida a la desregulación de los mercados de trabajo, alejada de lo que la Organización Internacional del Trabajo denomina trabajo decente el cual denota un empleo bajo contrato, protección social, libertad de asociación prestaciones y un salario que le permita superar la pobreza», dijo en tribuna Contreras Navarrete.

Algunas leyes específicas para los lugares de origen de los parlamentaristas también se escucharon en el pleno.

El parlamentaristas originario de Ocotito, pueblo de Chilpqncingo, propuso crear un nuevo municipio en la región Centro que integre los llamados pueblos del valle, y pueblos santos, además de comunidades en la Sierra para, dijo, «asegurar su progreso».

Otro joven que pidió apoyo para su región, la Sierra, fue Juan José Reyes Angulo, quien pidió la creación de una Fiscalía Regional para que investiguen y detengan los delitos ambientales como la tala inmoderada de árboles.

Durante el acto de clausura, a los jóvenes parlamentaristas les entregaron un diploma de parte de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) y de la Comisión de la Juventud y el Deporte.

La respuesta de la Comisión de la Juventud y el Deporte a las y los jóvenes fue que analizarán todos sus planteamientos y propuestas para considerarlos en el trabajo legislativo.

 

Texto patrocinado por el Congreso del Estado de Guerrero

Golpe a salud mental: desabasto de medicamentos psiquiátricos deja sin atención a pacientes

La decisión de la Cofepris de suspender las actividades de la fabricante Psicofarma, sin tener un plan de contención, ha provocado un desabasto de cuatro meses en la producción de medicamentos para la atención de la salud mental y la rehabilitación de adicciones.


Texto: Marcela Nochebuena / Animal Político 

Fotografía:

5 de junio del 2023

 

Desde hace más de seis años, Gibrán atiende su adicción a la heroína en una clínica privada. Para combatir los efectos secundarios —síndrome de abstinencia— que le provoca la falta de consumo, la metadona es un medicamento indispensable.

En noviembre, ahí mismo le informaron que muy pronto dejarían de contar con ese medicamento. Previendo lo que podría pasar, compró la cantidad suficiente para el resto del año, pero le duró únicamente hasta finales de enero.

“Yo tengo este problema porque era adicto a la heroína, y entré a un programa de rehabilitación en 2016 y hasta la fecha no había recaído, hasta que se acabó la medicina no había recaído; incluso, estaba a unos meses de terminar el tratamiento porque ya había reducido bastante la dosis”, relata Gibrán.

A raíz del desabasto, admite, ha recaído varias veces porque hay días en que el dolor en el cuerpo se vuelve insoportable. El tratamiento para contrarrestar la adicción a la heroína con metadona puede durar, dependiendo de cada caso, desde algunos meses hasta más de cinco años.

Gibrán ya se encontraba en la etapa de “mantenimiento”, es decir, un periodo en el que poco a poco se va reduciendo la dosis hasta volverse innecesaria. Por ejemplo, él empezó tomando tres pastillas diarias, y cuando lo sorprendió el desabasto ya estaba únicamente con un cuarto de tableta en la mañana y la misma cantidad en la noche. Eso implica que estaba a dos o tres meses de concluir su tratamiento.

La metadona es una alternativa viable para una persona que quiere dejar las drogas y rehacer su vida, asegura Gibrán. “Para mí, era insostenible estar en esa situación de adicción, y empecé a buscar alternativas para salir de ahí, pero es una pendejada, con el perdón de la palabra, que el gobierno tome este tipo de decisiones sin siquiera tener un plan de contingencia”, reclama. Hoy, lleva más de cuatro meses sin poder adquirir su medicamento.

El 22 de febrero pasado, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) hizo pública una carta de hallazgos de riesgo sanitario dirigida a la fabricante Psicofarma. En ella, la dependencia detalló dos visitas de verificación que llevó a cabo el 29 de noviembre en sus plantas de fabricación en Tlalpan y Coyoacán, de las que se desprendieron las actas sanitarias 22-CF-09-0793-GS y 22-CF09-0794-GS.

“Durante las visitas, verificadores especializados de esta autoridad sanitaria identificaron deficiencias críticas en la trazabilidad de psicotrópicos y estupefacientes, lo que evidencia el manejo irregular de sustancias sujetas a un estricto control sanitario”, señala el documento. Los hallazgos, añade, contravienen lo dispuesto en las normas oficiales mexicanas NOM-164-SSA1-2015 y NOM-059-SSA1-2015.

En la carta, se señala el uso de lotes de prueba de laboratorio como producto terminado para comercializar, la fabricación de medicamentos sin apego a buenas prácticas —con contaminación cruzada, envasado sin técnica de esterilidad, almacenamiento de materia prima en áreas negras o contaminadas— y la violación de registro sanitario hasta la inexistencia de trazabilidad, empaques de medicamentos en bolsas de basura municipal y localización de materia prima para fabricación de sólidos, mientras que su licencia sanitaria contemplaba autorización para inyectables.

En aquel momento, basada en los hallazgos, la Cofepris determinó que existían los elementos suficientes para determinar que Psicofarma no cumplía con los criterios de calidad suficientes y apegados a estándares nacionales e internacionales, lo que constituía un alto riesgo para la salud de la población. Hasta no solventar las observaciones hechas por la dependencia, no podría reanudar las actividades en sus plantas.

Para abril, la Cofepris propuso a Psicofarma una ruta regulatoria que solventara las irregularidades en la fabricación de medicamentos controlados. En ese momento, la dependencia consideró que la empresa llevaba un avance del 50% en la solución de hallazgos críticos en procesos, instalaciones y procedimientos de fabricación. Sin embargo, quedaba pendiente que presentara pruebas de sitio de fabricación y certificados analíticos por cada lote.

De manera paulatina, a partir de mayo, la Cofepris comenzó a otorgar cinco autorizaciones a Psicofarma, que suman poco más de 10 millones y medio de cajas de medicamentos. Entre estos están clonazepam, litio, metilfenidato, amitriptilina, clozapina, imipramina, lorazepam, pontiride y sulpirida, entre otros.

Sin embargo, existen medicamentos producidos por la empresa cuya distribución no ha sido restablecida. Sin un plan de contención, todas las etapas de ese proceso y la lenta reanudación de las actividades de Psicofarma han dejado a personas que estaban tratando sus adicciones, como Gibrán, o que viven con padecimientos de salud mental sin posibilidad de tratamiento.

La atención a la salud mental, en vilo

Elías Téllez es paciente del Instituto Nacional de Psiquiatría Juan Ramón de la Fuente desde hace 15 años, por depresión y ansiedad. Es en el propio hospital donde, durante algunas crisis, ha accedido a medicamentos listados en su farmacia. Sin embargo, la amitriptilina —Anapsique, por su nombre comercial— es un antidepresivo que solo fabrica Psicofarma, por lo que nunca ha tenido acceso a esta directamente en el hospital.

A finales de febrero, empezó a costarle trabajo encontrar su medicamento, y casi para inicios de marzo ya estaba agotado en todas las farmacias. Recuerda haber recorrido por lo menos 30.

Ante el desabasto, su médico decidió recetarle imipramina, un medicamento que actúa de manera similar. Durante este cambio, se experimenta un síndrome conocido como “de retiro”. A la sustitución, se le llama comúnmente “switcheo”. “Ese switcheo no me ayudó, me seguí sintiendo mal; yo le di chance a mi cuerpo 16 días para que se adaptara al medicamento, y me seguía sintiendo fatal, con vértigo, mareo, náuseas, pesadillas, mucha irritabilidad, ataques de pánico, más aparte lo que uno sentía antes de medicarse”, relata Elías.

Una vez que supo todo lo ocurrido entre la Cofepris y Psicofarma, inició una petición en la plataforma Change.org —que hasta hoy ha reunido más de 41 mil firmas—. La Secretaría de Salud y Cofepris, a ojos de Elías, son igualmente responsables por no haber contado con un plan de emergencia para que los pacientes pudieran comprar el medicamento o recibirlo en otro lado. Eso detonó también protestas directas presenciales en las oficinas de Psicofarma.

Durante una de estas, tras la cual los manifestantes fueron recibidos por personal de Psicofarma, la empresa aseguró que los problemas que tenía eran únicamente administrativos y estaba trabajando en solventarlos. En el caso de algunos medicamentos, como la clozapina —para tratar la esquizofrenia y cuyo desabasto tiene un rezago mayor, de más de seis meses—, otro laboratorio también la produce pero al doble de precio.

Elías subraya, además, que varios “switcheos” de medicamentos no funcionaron, e incluso en algunos casos desencadenaron efectos adversos graves. La complejidad de los medicamentos psiquiátricos es que los tratamientos, la mayoría de las veces, son procesos largos donde se comienza suministrando una dosis muy baja, para evaluar sus efectos, y se va incrementando poco a poco; para retirarlos, ocurre lo mismo.

“Después, clausuramos simbólicamente Cofepris, pidiéndole respuestas, metimos cartas a presidencia, escritos a Cofepris y no contestaban. Redactamos un documento para Andrés Manuel (López Obrador), y la Presidencia me contestó exhortando a mi hospital, al Instituto de Psiquiatría, y a Cofepris a que contestaran por qué hay desabasto. Mi hospital contestó el 19 de abril que ya me habían hecho el cambio a la imipramina”, relata.

Tras el anuncio de la ruta regulatoria entre Psicofarma y Cofepris, no se les ha informado una fecha exacta en la que los medicamentos podrían volver a estar disponibles. Elías aclara que, aunque se hayan liberado algunos, esto no implica necesariamente que se reanude la comercialización. Durante su última protesta, Psicofarma aseguró que el metilfenidato, el litio y el clonazepam volverían a la venta en diferentes farmacias, pero únicamente en la Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara.

“Se empieza a encontrar uno que otro medicamento, la Cofepris ha liberado otros, y Psicofarma nos mencionó que en el caso del Anapsique, la risperidona y un medicamento que se llama zolpidem, no hay en inventario: por los sellos de Cofepris, ellos no han podido producirlo en meses. Lo que necesitan es el retiro de sellos para producir; no sabemos por qué se está tardando tanto Psicofarma”, asegura Elías

El movimiento iniciado por Elías, a partir de ser un paciente más que se enfrentó al desabasto, hoy se ha constituido como Medicamentos para Mentes Libres MX con voceros en varios estados del país. Entre sus más recientes movilizaciones, entregaron 10 oficios simultáneos en Guadalajara, Sonora, Sinaloa, Tlaxcala, Estado de México y otros estados con la misma demanda. Hasta hoy, siguen esperando que la comercialización se reanude.

La noche del lunes, la Cofepris señaló en un comunicado que “ha intensificado las acciones de colaboración con la empresa Psicofarma con el objetivo único de garantizar el acceso a medicamentos controlados que sean seguros, eficaces y de calidad, y que, por lo tanto, no pongan en riesgo la salud de las y los pacientes”.

 


Este texto es propiedad de Animal Político y lo reproducimos con su autorización 

64% de los pacientes internados en hospitales psiquiátricos fueron abandonados por sus familias

Tras la aprobación de reformas sobre salud mental en la Ley General de Salud, autoridades trabajan en los nuevos modelos de atención en los que el internamiento será la última opción.


Texto: Dalila Sarabia / Animal Político

Fotografía: Facebook  – Centro de atención de enfermos mentales Cristo de la Misericordia en Acapulco

 

En México, el 64% de los pacientes internados en hospitales psiquiátricos han sido abandonados por sus familias. En el caso de la Ciudad de México, a pesar de no haber un hospital psiquiátrico a cargo del gobierno local, ninguno de los pacientes que atienden en los Centros de Asistencia e Integración Social (CAIS) tiene alguna red de apoyo.

A través de distintas solicitudes de información, Animal Político buscó conocer cuántas personas están internadas en los hospitales psiquiátricos de México, pues tras las reformas a la Ley General de Salud en materia de salud mental se generaron debates diversos sobre qué pasará con quienes actualmente reciben tratamiento en estos espacios, pues las modificaciones a la ley disponen que los hospitales psiquiátricos deben transformarse en hospitales generales y el internamiento será la última opción de tratamiento.

Con 28 de las 32 entidades que respondieron a la solicitud —con datos actualizados al 15 de julio—, se confirmó que en el país hay mil 940 personas internadas en los hospitales psiquiátricos. De ellas, mil 236 (64%) se encuentran en condición de abandono.

Esquizofrenia, trastorno bipolar, trastorno del comportamiento, discapacidad intelectual y trastorno psicótico por consumo de drogas son algunas de las condiciones por las que los pacientes están hospitalizados.

En entrevista, el médico psiquiatra Javier Zambrano subrayó que el abandono de los pacientes psiquiátricos está relacionado con una tradición y mala costumbre de los sistemas de salud que se ha mantenido con el tiempo.

Incluso, compartió que durante su experiencia laboral en instituciones públicas ha tenido que llevar a los pacientes que han sido dados de alta hasta la casa de sus familiares, para entregarlos a fin de que continúen con su tratamiento de manera remota.

Resulta común que, una vez que los pacientes son admitidos en los hospitales, poco a poco sus familiares dejen de visitarlos hasta que llega el momento que no van ni contestan las llamadas de los doctores.

“Nos hemos visto en la penosa necesidad de hacer entregas domiciliarias, y te hablo de tener que ir no al domicilio registrado, sino pacientes que ya habían salido de su cuadro disociativo a los que les preguntamos si se acuerdan de otro familiar y nos lanzábamos con él en una ambulancia con médico y trabajadora social”, compartió el especialista.

“Hemos tenido que hacer entregas domiciliarias en la noche o los domingos en la madrugada (…) Lloran, te dicen que te van a demandar, te gritonean…”, relató.

En las unidades médicas, al momento de recibir a los pacientes, explicó Zambrano, solo pedían la copia de una identificación oficial o comprobante de domicilio. Sin embargo, desde hace unos cinco años solicitan dos copias de identificación oficial de distintos familiares.

A fin de evitar casos como estos, las recién aprobadas reformas a la Ley de Salud en materia de salud mental contemplan en el artículo 75 la imposibilidad de internar a los pacientes si no se cuenta con su consentimiento previo.

“El internamiento solo podrá llevarse a cabo de manera voluntaria y cuando aporte mayores beneficios terapéuticos para la persona que el resto de las intervenciones posibles; se realizará por el tiempo estrictamente necesario y en el Hospital General o de Pediatría más cercano al domicilio del usuario. Por ningún motivo el internamiento puede ser indicado o prolongado, si tiene el fin de resolver problemas familiares, sociales, laborales o de vivienda y de cuidado del paciente”, se expone.

El abandono de personas es un delito que se contempla en el artículo 335 del Código Penal Federal y considera penas que van desde un mes hasta cuatro años de prisión.

Respecto de qué sucederá con todos los pacientes que actualmente están internados en los hospitales psiquiátricos, Zambrano insistió en que “no se van a abandonar ni se van a sacar a la calle, (así como) tampoco se van a mandar a anexos”, tal como la Secretaría de Salud federal había informado a Animal Político y contamos en esta nota.

El especialista adelantó que se trabaja en un modelo de atención en el que, si es necesario que un paciente crónico sea internado, no deberá permanecer en el hospital por más de seis semanas.

En CDMX, el abandono es total

A pesar de que el gobierno capitalino no cuenta con ningún hospital psiquiátrico a su cargo, sí ofrece atención psiquiátrica a pacientes crónicos a través de los CAIS.

Se trata de 11 espacios a cargo de la Secretaría de Inclusión y Bienestar (Sibiso) que albergan a mil 850 personas, hombres y mujeres quienes no cuentan con un techo para vivir o alguna red familiar que les apoye. De esas personas, detalló la dependencia, el 36.7% padece trastornos psiquiátricos, discapacidad psicosocial y/o discapacidad intelectual, es decir, unas 474.

A la fecha, de acuerdo con la información proporcionada vía transparencia, la totalidad de las personas que están en estos albergues se encuentran en condición de abandono.

Respecto de las otras entidades del país, destaca el Estado de México como la entidad con mayor número de hospitales psiquiátricos y, por ende, mayor número de pacientes internados y abandonados.

De acuerdo con los datos proporcionados, en la entidad operan tres hospitales psiquiátricos con una capacidad de atención instalada de 637 camas. Hasta el 6 de julio, en estos espacios estaban internadas 348 personas (el 55% de la capacidad) y, de ellas, 217 (62%) se encontraban en condición de abandono.

En Puebla, solo hay un hospital psiquiátrico con capacidad de atención a 317 personas. Actualmente, hay 210 hospitalizadas, de las cuales 156 (74%) están abandonadas; en Durango, hay 46 pacientes internados; de ellos, 28 (61%) están abandonados por sus familias.

Veracruz es la entidad donde hay menos pacientes psiquiátricos abandonados. La entidad informó que, de las 71 camas disponibles actualmente, hay 18 pacientes internados y solo uno se encuentra en condición de abandono.

Guerrero, Morelos, Nayarit, Querétaro y Quintana Roo fueron las entidades que reportaron no contar con hospitales psiquiátricos a su cargo.

El nacimiento de los hospitales psiquiátricos 

Tras las modificaciones a la Ley General de Salud en materia de salud mental, las opiniones sobre la transformación de los hospitales psiquiátricos han sido divididas. Los hospitales psiquiátricos, tal como los conocemos hoy, comenzaron operaciones en la década de los 60 y su origen nunca fue el convertirse en espacios asilares como lo son en la actualidad.

El médico Zambrano recordó que, a inicios de los 60, y una vez que el hospital psiquiátrico de La Castañeda —primero en su tipo en América Latina— tuviera que cerrar sus puertas por sobrecupo, además de señalamientos de maltrato a los pacientes, se planeó construir hospitales psiquiátricos en los estados.

Estos espacios, subraya el experto, fueron planeados como hospitales-granjas donde los pacientes recibirían su tratamiento médico y paralelamente aprenderían oficios para que, una vez dados de alta, se pudieran reinsertar a la sociedad. Sin embargo, este plan no se pudo concretar porque las familias comenzaron a abandonar a sus pacientes.

“La idea, que era muy buena, es que fueran hospitales-granja para capacitarlos en actividades del campo para que fueran útiles y se pudieran regresar con sus familias y, vamos, se pudiera reducir el número de hospitalizados”, dijo Zambrano.

“Lamentablemente no hubo supervisión, pero lo que sí hubo fue el abandono de las familias hacia estos pacientes (…) Así que lo que iban a ser hospitales-granjas se convirtieron en hospitales asilares hasta que (las autoridades) se dieron cuenta que está fuera de cualquier presupuesto económico el mantenerlos”, agregó.

En el programa institucional 2020-2024 del Instituto Nacional de Psiquiatría Juan Ramón de la Fuente, por ejemplo, se admite que para la atención de la población se decidió construir un subsistema paralelo de salud que privilegió la construcción de, a la fecha, 41 hospitales psiquiátricos que se encuentran aislados del sistema de salud y que, en la mayoría de los casos, operan con un modelo asilar.

Además, solo 13 de los 41 hospitales psiquiátricos asumen el 95% de la demanda de atención.

“En los últimos años la mayoría han hecho esfuerzos por transformar su modelo de operación para convertirse en hospitales de atención a enfermos agudos con hospitalizaciones de corta estancia, sin embargo, aún se tienen alrededor de mil 900 pacientes institucionalizados con estancias promedio de entre 10 y 50 años”, se expone en el documento dado a conocer en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 27 de noviembre de 2020.

Aunque aún se trabaja en los nuevos modelos de atención que se brindarán a fin de cumplir con las reformas a la Ley General de Salud, el médico Zambrano explicó que es importante entender que no desaparecerán los hospitales psiquiátricos: no los cerrarán ni tampoco los van a derrumbar, sino que su modelo de atención se transformará y lo que sí desaparecerá será el concepto de pacientes con riesgo de abandono.

“Habrá hospitalizaciones pero no más de seis semanas”, adelantó. “El desafío que nos ponemos como especialistas en enfermedades mentales es que en estas seis semanas haya un diagnóstico de certeza, (el paciente) debe haber empezado un tratamiento y yo debo de haber iniciado un proceso de rehabilitación y principalmente de psicoeducación con la familia”.

Este texto fue elaborado por el equipo de Animal Político y lo reproducimos con su autorización.

 

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Texto: José Miguel Sánchez

Fotografía: Facebook  – Centro de atención de enfermos mentales Cristo de la Misericordia en Acapulco

Chilpancingo

Cyndi Saucedo tenía 18 años cuando estudiaba la licenciatura en administración de empresas en Morelia, Michoacán, tenía una vida tranquila, dedicada a sus estudios. De pronto todo cambió. Comenzó a presentar síntomas que no comprendía, que eran extraños para su mente: fue diagnosticada con esquizofrenia.

Conseguir el diagnóstico médico no fue sencillo, en Guerrero no hay protocolos ni un marco legal para tratar a pacientes mentales. Cyndi recuerda que tuvo que salir del estado para atenderse adecuadamente.

En Guerrero a Cyndi sólo le otorgaron una orden para trasladarse a un hospital en la Ciudad de México para su tratamiento porque acá no hay un hospital psiquiátrico y, en el sector público, los especialistas son insuficientes.

“Ese diagnóstico me tambaleó y me cambió la vida por completo”, recuerda.

Cyndi tuvo que enfrentarse a algo desconocido, no sabía de qué se trataba y le daba miedo expresar a los demás lo que sentía, sufrió el rechazo social, laboral y, como estudiante, el escolar.

“Mis compañeros ya no me hablaban, recuerdo que una vez llegué y me senté en mesas con más compañeros, dejé mis cosas y mis compañeros empezaron a tomar sus mochilas y ponerlas en otro lado y me dejaron sola en la mesa”, explica.

Los síntomas se intensificaron cuando entró a la universidad, Cyndi trató de mantener su mente ocupada para olvidar un poco sus síntomas, estaba en el club de teatro y pintura, eso ayudaba a que pudiera socializar y hacer su diagnóstico más llevadero.

La enfermedad le trajo estragos, bajó su rendimiento escolar, luchó contra el estigma y lidió con la parte médica. Las citas médicas en la Ciudad de México se volvieron recurrentes, muchas eran semanales, hasta que ya no pudo: dejó la universidad.

Luego vinieron nuevos síntomas que encajaban con otras enfermedades, hace un año Cyndi fue diagnosticada con el trastorno ezquizoafectivo, trastorno de personalidad múltiple y epilepsia del lóbulo temporal.

El camino de Cyndi ha sido difícil. La falta de información sobre enfermedades psiquiátricas provocó que durante mucho tiempo no aceptara lo que le pasaba.

“Las personas piensan que porque eres paciente psiquiátrico vas a salir y los va a matar o les vas a hacer daño, cuando no es así, no somos un peligro”, comenta.

Su lucha ha sido constante, ahora está estable y en tratamiento. La mayoría de los diagnósticos médicos le advirtieron que siempre tendría que depender de alguien, que viviría aislada, que no podría tener un trabajo ni relacionarse.

Hoy Cyndi tiene un trabajo, amigos, pareja y un hijo de un año y medio.

Enfermos mentales sin seguridad

Para Cyndi en Guerrero no hay certeza para un enfermo mental. No hay hospitales especializados ni personal capacitado para dar una atención adecuada.

Recuerda que buscó atención médica en el área de psicología del hospital general Raymundo Abarca Alarcón, en Chilpancingo, pero no fue lo que esperaba. En primer lugar las citas eran muy espaciadas.

“Cada tres o seis meses agendaban una cita, imagínate para cuando llega a la cita ya tuviste una crisis y te recuperaste tú solo”, comenta.

Además el tiempo en las salas de espera era demasiado largo y las consultas demasiado cortas para tratar a un paciente con varios padecimientos.

Después de su mala experiencia, acudió a la Clínica de Salud Emocional, de la Secretaría de Salud Estatal, pero no contaban con psiquiatra, así que descartó esa opción.

Al final no tuvo otra opción, regresó a la Ciudad de México, donde paga consultas privadas a psicólogos y psiquiatras para recibir la atención adecuada.

“Pues uno paga y uno elige las fechas, el día, la hora y si uno se siente mal hay atención personalizada, a diferencia del sector público donde no existen tales protocolos”, explica.

Atenderse en el sector privado, para Cyndi fue costoso, debido a que tenía que trasladarse, así como alimentos y hasta hospedaje, lo que muchas veces merma su economía.

Además los medicamentos que necesita y que no son proporcionados por el sector público son un gasto más; reconoce que ha suspendido su tratamiento y sus consultas por falta de dinero, la más prolongada fue de un año y medio.

Sin ley que los proteja

En la Ley General de Salud federal existe un capítulo dedicado a la salud mental, ahí se especifican instancias, presupuesto y dependencias encargadas de atender padecimientos mentales.

En Guerrero, la Ley de Salud no establece un marco legal para atender dichos padecimientos, lo más cercano es el Consejo de Salud Mental y Contra las Adicciones que fue instalado el 8 de abril del 2022, que responde a las reformas a la Ley General de Salud.

Ante la falta de instancias correspondientes y del incipiente Consejo de Salud Mental no existen datos que ayuden a dimensionar el problema.

El antecedente que existe es el Diagnóstico Operativo de Salud Mental 2020 donde se indica que en Guerrero no existe ningún Centro Integral de Salud Mental (Cisame), ni Hospital Psiquiátrico, lo único que hay son seis Centro de Atención para Prevenir Adicciones (CAPA), todas dependencias federales.

De acuerdo con datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), 17 por ciento de las personas en México presenta al menos un trastorno mental y una de cada cuatro lo padecerá como mínimo una vez en su vida y, sólo una de cada cinco recibe tratamiento.

En abril de este 2022, la Cámara de Diputados aprobó la reforma que deroga y adiciona diversas disposiciones a la Ley General de Salud que obliga al Estado garantizar la atención equitativa e igualitaria a la atención de salud mental.

De acuerdo con el dictamen aprobado por los legisladores federales, la atención de salud mental deberá brindarse con un enfoque comunitario, de recuperación y con estricto respecto a los derechos humanos de los usuarios en apego a los principios de interculturalidad, interdisciplinariedad, integralidad, intersectorialidad, perspectiva de género y participación social.

En Guerrero falta que el Congreso local apruebe una reforma a la Ley Estatal de Salud para homologarla a su par a nivel federal.

 

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