Civiles se concentran en cuarteles de Guerrero en apoyo a militares que actuaron en Tamaulipas

Texto: José Miguel Sánchez

Fotografía: Especial 

Chilpancingo

 

Familiares de militares y simpatizantes del Ejército se movilizaron en Chilpancingo, Iguala y Atoyac, para demostrar su apoyo a las fuerzas castrenses por las investigaciones que se realizan en Tamaulipas por el asesinato extrajudicial de cinco jóvenes el pasado 27 de febrero.

Está actividad fue una movilización a nivel nacional convocada en redes social bajo el nombre de Yo apoyo a los militares.

En Chilpancingo, a las nueve de la mañana, un grupo de 30 personas se manifestaron en la Plaza Cívica Primer Congreso de Anáhuac, en el centro de Chilpancingo, y posteriormente marcharon a la entrada oriente del 35 Batallón de Infantería.

En las pancartas de los manifestantes se leía «los militares también son pueblo», «a los delicuentes los defienden, pero los militares también tienen derechos».

Esta manifestación se da después de que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, anunció una investigación contra los militares por el asesinato de cinco civiles en Nuevo Laredo, Tamaulipas.

De acuerdo por lo documento por la prensa y organismos de derechos humanos, cinco jóvenes viajaba durante la madrugada del domingo 27 de febrero en una camioneta tipo Pick Up color blanca.

En la colonia Manuel Cavazos Lerma militares les indicaron el alto a los jóvenes y al no detenerse fueron atacados a balazos.

El conductor de la camioneta perdió el control y chocó contra un automóvil estacionado.

Algunos testigos de los hechos aseguran que dos de las víctimas fueron ultimadas con disparos en la nuca cuando estaban tirados sobre el pavimento aún con vida.

En contra de dichas investigaciones fue que esta mañana familiares de militares se manifestaron.

Los manifestantes aclararon que la protesta frente a la zona militar no solamente es en apoyo a los cuatro militares detenidos, «también es en apoyo pleno de todos los integrantes del Ejército Mexicano y no dejaremos de manifestarnos hasta ser escuchados y atendidos por las autoridades correspondientes», mencionó uno de los manifestantes.

Destacaron que son madres, hermanos, familiares y amigos de militares quienes exigen justicia y que intervengan los derechos humanos en defensa de sus familiares, ya que consideran que su detención fue injusta porque actuaron conforme a los reglamentos del Ejército Mexicano y en defensa propia

La mayoría de los manifestantes reconocieron ser familiares de soldados en activo, y «preocupados por la violación de los derechos humanos hacia las fuerzas castrenses y el proteccionismo a delincuentes».

Está movilización se replicó en el 27 Batallón de Infantería ubicado en la ciudad de Iguala, en la zona norte de Guerrero, cuartel señalado participar en los hechos del 26 de septiembre, donde desaparecieron a los 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa.

En Iguala, un grupo de aproximadamente 30 personas reclamó la vinculación de 4 soldados en activo del Ejército por los hechos ocurridos en Nuevo Laredo.

La misma actividad de protesta se llevó a cabo en el 109 Batallón, ubicado en la comunidad del Ticuí, municipio de Atoyac de Álvarez, en donde un grupo menor a 10 personas se unió al reclamo de libertad para los cuatro soldados.

 

Inés Fernández, la mujer me’phaa que le ganó un juicio al poder militar 

A 20 años de la agresión sexual en su contra, cometida por 11 militares, un Juzgado de Distrito dictó una sentencia de 20 años contra uno de sus agresores


Texto: José Miguel Sánchez 

Fotografía: Tlachinollan 

8 de marzo del 2023

Chilpancingo 

 

El 21 de marzo del 2002 un grupo de 11 militares que irrumpieron en Barranca Tecoani, comunidad me’phaa en Ayutla de los Libres, y agredieron de manera sexual a Inés Fernández Ortega. A 20 años de los hechos un Juzgado de Distrito dictó una sentencia de 20 años contra uno de sus agresores, Hugo Humberto García de León.

En conferencia de prensa, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan y el Centro de Derechos Humanos Agustín Pro (CentroProh), dieron a conocer que la sentencia fue dictada por el Tribunal Segundo de Distrito con sede en Acapulco, el 1 de marzo de 2023.

Inés tenía 25 años. Era 22 de marzo del 2002. Estaba en su casa con sus cuatro hijos, en la comunidad de Barranca Tecuani, cuando 11 militares armados ingresaron a su casa. Todos ellos participaron en la agresión sexual.

De acuerdo con una ficha técnica del informe de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corteidh): los hechos ocurrieron de la siguiente manera: uno de los militares la tomó de las manos y le apunto con su arma, le ordenó que se tirara al suelo.

Una vez en el suelo, otro militar con una mano tomó sus manos y la “violó sexualmente mientras otros dos militares miraban”

Después Inés acudió al Ministerio Público (MP) de Ayutla de Libres para interponer la denuncia; caminó ocho horas para llegar.

“Al llegar no me tomaron en cuenta porque hablaba en mi lengua (me’paa) y no había algún traductor disponible”, contó Inés, a través de su interprete, durante la conferencia de prensa.

Tardó tres días para interponer la denuncia; nadie de su comunidad la apoyó por miedo a los militares.

Desde que interpuso la denuncia, el 24 de marzo de 2002, Inés vivió malos tratos en el proceso, incluida la corroboración de la agresión sexual.

Ningún habitante de Barranca Tecuani quería hacerle frente a los militares, “les tenían miedo porque ellos llegaban y de la nada, con armas, cortaban nuestros plantíos de maíz”, recuerda Inés.

Dos meses después de que interpusiera su denuncia, el MP local se declaró incompetente para continuar con la investigación –por la acusación contra miembros del Ejército– y mandó el expediente al Ministerio Público Militar de la 35 Zona Militar

Inés, con el apoyo de Tlachinollan, interpuso una serie de recursos legales a nivel internacional a fin de investigar y sancionar a los responsables de los hechos.

La denuncia fue interpuesta ante la Corteidh en junio del 2004. Para 2010 emitió una condena contra México “por la tortura sexual de Inés, cometida por soldados del Ejército” y clasificó el delito como una grave violación de derechos humanos.

Entre las recomendaciones de la Corteidh al Estado mexicano estaba la reparación del daño, una disculpa pública y llevar ante la justicia a sus agresores.

La disculpa pública la obtuvo el 6 de abril del 2012 por parte del entonces secretario de Gobernación federal, Alejandro Poire Romero, en un acto público en la cabecera de Ayutla de los Libres, Guerrero.

Como parte de la reparación del daño construyeron un centro de ayuda para mujeres, donde dan acompañamiento a mujeres de pueblos originarios que sufren algún tipo de violencia de género.

La justicia, considera Inés, aún no le es garantizada, de los 11 militares que la agredieron sexualmente, sólo uno tiene una sentencia condenatoria por 20 años, 20 años después de los hechos.

“Aún así, por la sentencia que hoy se presenta en contra de uno de mis agresores, quiero decirles que una mujer me’phaa le ganó al poder militar”.

De los 11 militares que la agredieron, Inés sólo logró identificar a dos, uno de ellos fue el hoy sentenciado a 20 años, y el segundo fue Salvador Aguilar Ortañes, quien fue detenido en 2014 y encarcelado en una prisión militar, pero falleció en una riña en 2017, contó el director jurídico de Tlachinollan, Vidulfo Rosales Sierra.

En la conferencia estuvo presente María Luisa Aguilar, integrante del CentroProh y Norma Jiménez, sobreviviente de tortura por la represión cometida por policías estatales y federales en el Estado de México en San Mateo Atenco en 2006.

“Inés caminó ocho horas en busca de justicia y después siguió caminando otros 20 años, y lo hizo por todas nosotras”, dijo Norma Jiménez.

Rosales Sierra celebró que está sentencia fuera para garantizar una justicia para Inés lo que, expuso, no sucede a menudo en este país.

Inés Fernández Ortega durante la inauguración del Centro de Atención a Mujeres en Ayutla de los Libres.

 

Pueblos de la Sierra de Tierra Caliente exigen al presidente salida de policías y entrada militares

Llamaron a López Obrador a «evitar más muertes en la zona»


Texto: José Miguel Sánchez

Fotografía:

20 de febrero del 2023

Chilpancingo

 

Habitantes de la zona serrana de Coyuca de Catalán, Ajuchitlán del Progreso y San Miguel Totolapan, municipios de la Tierra Caliente de Guerrero, emitieron un comunicado donde piden al presidente Andrés Manuel López Obrador y a la gobenadora Evelyn Salgado Pineda la salida de la Policía Estatal y la entrada del Ejército a sus comunidades a realizar labores de seguridad.

 

«Por medio de este comunicado presidente López Obrador, le solicitamos la presencia si es posible permanente del Ejército Mexicano, de La Guardia Nacional o Marina Armada de México, como sustitución de la Policía Estatal de Guerrero, que dan mal uso de los cuarteles, sabemos que existen policías falsos y filtrados para atacar sus objetivos, que dichos cuarteles sean utilizados para una seguridad de verdad», se lee en el comunicado difundido está tarde.

 

Al hecho que hace referencia el comunicado ocurrió el pasado 29 de enero, donde pobladores de El Parotal, municipio de Petatlán, se enfrentaron a balazos con elementos de la Policía Estatal, lo que dejó un saldo de cinco policías abatidos y 32 retenidos por la población.

 

El enfrentamiento ocurrió porque, de acuerdo con la versión de los pobladores, en las patrullas de la Policía Estatal iban sujetos que identificaron como integrantes de la Familia Michoacana, grupo criminal que opera en la región, también vestidos de policías.

 

También mencionaron los hechos ocurridos en El Durazno, donde el sábado hubo un enfrentamiento entre pobladores e integrantes de la Familia Michoacana que dejó dejó como saldo un adulto mayor asesinado y un jóven desaparecido.

 

Debido a esos hechos de violencia, los tres municipios que firman el comunicado aseguran que muchas familias son desplazadas por la inseguridad y no tienen garantía de regresar.

Fuerzas estateles dando un recorrido por las calles San Miguel Totolapan, Guerrero el 6 de octubrel del 2022.

«Nosotros conocemos los hechos de dichos grupos criminales que se están disputando la Sierra como si fuera un botín, están sacando a las familias y amenazando a quien se oponen a ellos».

 

Exponen también que los pobladores que deciden quedarse son amenazados y extorsionados para que abandonen la zona.

 

«Es frustrante y desesperante, pero aquí nacimos, aquí vivimos y aquí pensamos permanecer y morir», se lee en el comunicado.

 

En el documento culpan a la gobernadora de ser «complice» la Familia Michoacana y de «traicionar» a sus votantes.

 

En una especie de advertencia mencionaron también que «sería lamentable que nuestra Sierra se armara y ocurrieran cosas desastrosas, porque somos pueblos que siempre nos hemos defendido».

 

Llamaron al presidente de la República López Obrador a «evitar más muertes en la zona».

 

Uno de los municipios firmantes es el de San Miguel Totolapan, donde en el mes de octubre un grupo de civiles armados atacó a balazos el Ayuntamiento y asesinó al alcalde, Conrado Mendoza Almeda, a su padre, Juan Mendoza Acosta y a otras 21 personas, entre policías y funcionarios públicos.


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Retienen comerciantes a militares en Acapulco

Impiden que se lleven a hombre que detuvieron durante una operación en mercado central 


Texto: Amapola periodismo

Fotografía: Cromática agencia fotográfica y multimedia 

Chilpancingo 

 

Comerciantes tienen retenidos a un grupo de elementos del Ejército para exigir la liberación de un hombre que fue detenido por los militares en el interior del mercado central de Acapulco por, presuntamente, realizar extorsiones.

Los comerciantes y vendedores ambulantes tienen rodeados a los militares que están en tres vehículos en la avenida Constituyentes, casi frente al mercado central de la colonia Progreso.

La protesta también está provocando caos vial en esta avenida, ubicada casi en el centro de este puerto.

Según los informes, esta mañana los militares realizaron una operación de seguridad en esta zona y detuvieron a un hombre que al parecer se dedica a cobrarles la cuota a los comerciantes establecidos y ambulantes.

Hasta la una de la tarde, los inconformes tenían rodeados a los militares para impedir que se lleven al detenido.

No es la primera vez que los comerciantes y vendedores ambulantes de este mercado se organizan para protestar contra los militares.

En febrero del 2022, un grupo de soldados fueron retenidos por un grupo de comerciantes en protesta por las operaciones de vigilancia que realizan en el mercado.

Autoridades de la Novena Región Militar expusieron en esa ocasión que las protestas contra el Ejército eran inducidas por un grupo del crimen organizado que extorsiona a los comerciantes y que realiza otras actividades ilícitas en la zona.

Momento en que los comerciantes mantienen retenidos a los militares.

Habitantes de Tierra Caliente expulsan a militares

Texto: Amapola Periodismo

Fotografía: Especial 

6 de febrero de 2023

Chilpancingo

 

Habitantes y transportistas de Ajuchitlán del Progreso, en la región de Tierra Caliente, expulsaron a un grupo de soldados del Ejército que presuntamente torturaron físicamente a dos jóvenes.

Los transportistas y habitantes gritaron insultos y amenazas a los militares. Fueron hasta donde estaban los militares, su campamento en Ajuchitlán, armados con palos.

Después de eso los elementos soldados salieron de su campamento a bordo de dos camionetas.

En videos difundidos en las redes sociales se ve cuando decenas de personas llegan al campamento. «Hay que desarmarlos», gritan.

Un soldado le pide a los habitantes que le presenten las pruebas.
«Que más pruebas quieren si aquí están los muchachos», le replica alguien militar.

Durante el ríspido diálogo, llegan dos jóvenes que se quitan la playera y muestran sus espaldas con heridas recientes.

Uno de los manifestantes dice que los dos jóvenes fueron golpeados por los militares cuando estaban en el campo. «Hagan su trabajo y a nosotros déjennos trabajar», dice uno de los lugareños.

Las imágenes corresponden al momento en que los habitantes de Ajuchitlán del Progreso encaran a los militares por las agresiones contra dos jóvenes.

El militar que se aprecia en el video sólo que no a casa acusación de los lugareños.

Después la exigieron a los soldados que se retiraran de inmediato.

Un individuo advirtió que interpondrían una denuncia por las torturas que le hicieron a los dos jóvenes.

–¿Qué tiempo le damos a los militares para que se vayan?, –pregunta

–¡Ya, que se vayan!, –grita el resto.

Poco antes de que los militares salieran de su campamento, un ciudadano le pregunta a uno de ellos que cómo le harían para pagar los daños (los gastos médicos) que le hicieron a los dos jóvenes golpeados.

Uno de los militares contestó: «amigo, pongan su denuncia».

Después, los militares salieron en las dos camionetas entre gritos de los ciudadanos. «¡Ratas!», les dijeron.

El 12 septiembre del 2022, transportistas y ciudadanos del municipio de Arcelia, también de la región de Tierra Caliente, sacaron por la fuerza a un grupo de 30 soldados del Ejército y Guardia Nacional que tenían su campamento en las inmediaciones de esta localidad porque, presuntamente, habrían cometido abusos.

En julio del 2022, el gobierno federal dispuso de una operación con Ejército, Guardia Nacional y Policía Estatal para entrar al municipio de Arcelia y otros lugares de Tierra Caliente para catear casas y ranchos.

La acción fue frenada por transportistas y ciudadanos de esa zona que bloquearon la carretera federal Iguala-Ciudad Altamirano a la altura de Arcelia, donde retuvieron a los militares.

Arcelia es donde tiene su centro de operaciones Jhonny Hurtado Olascoaga, alias El Pez, hermano de José Alfredo Hurtado, El Fresa, ambos identificados por las autoridades como líderes del grupo del crimen organizado de la Familia Michoacana, de quienes se ha expuesto una relación autoridades municipales, estatales y corporaciones de fuerzas de seguridad.


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Protestan por los 43 en zonas militares y FGR ejecuta aprehensión contra mandos del Ejército

Texto: José Miguel Sánchez

Fotografía: Oscar Guerrero 

Chilpancingo

 

El subsecretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Ricardo Mejía Berdeja, informó que hay cuatro órdenes de aprehensión contra militares implicados en el caso Ayotzinapa, de las cuales tres ya fueron ejecutadas.

Uno de los militares detenidos es quien en 2014 fue el comandante del 27 Batallón de Infantería en la ciudad de Iguala, lugar donde el 26 de septiembre de 2014 elementos del Ejército, Policía Estatal, Federal y Municipal, en colusión con el grupo criminal Guerreros Unidos desaparecieron a 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa.

Mejía Berdeja dijo que derivado del informe de la Comisión Especial para el Acceso a la Verdad y Justicia del Caso Ayotzinapa fue que se liberaron las órdenes de aprehensión contra cuatro elementos del Ejército.

Aunque Mejía Berdeja no reveló los nombres de los detenidos, el informe de la Comisión de la Verdad del Caso Ayotzinapa menciona al coronel José Rodríguez Pérez como el comandante del 27 Batallón de Infantería en 2014.

En dicho informe señalaron a Rodríguez Pérez de ser aliado de Guerreros Unidos y de ordenar asesinar a seis estudiantes normalistas privados de su libertad en una bodega cerca de la ciudad de Iguala.

También lo acusaron de ser el responsable de borrar todas las evidencias de las escenas del crimen.

Además de las órdenes de aprehensión contra elementos del Ejército, Mejia Berdeja informó que el Ministerio Público federal emitirá un amparo en contra de la resolución del juez que exoneró a José Luis Abarca Velázquez del caso Ayotzinapa y de otras 19 personas relacionadas con el caso.

“Se impugnará la resolución del juez para que José Luis Abarca y los otros 19 implicados no queden libres”, mencionó Mejía Berdeja durante su participación en la conferencia matutina presidencial.

Además de la impugnación, la Secretaría de Gobernación interpondrá una queja ante el Consejo de la Judicatura Federal en contra del juez federal de Tamaulipas que exoneró a Abarca Velázquez y a 19 personas más.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pobladores de Acapulco retuvieron dos horas a militares y a Guardia Nacional por cometer abusos

Texto: Jesús guerrero

Fotografía: Especial

Chilpancingo

 

Habitantes de la comunidad de La Venta, municipio de Acapulco, retuvieron este martes dos horas a elementos del Ejército y de la Guardia Nacional (GN) en protesta por supuestos abusos que cometen contra la ciudadanía.

En videos difundidos en las redes sociales se observó que en una de las calles principales de La Venta había vehículos atravesados impidiendo el paso a las unidades en que se transportan los militares y los guardias.

Los habitantes del lugar, ubicado a la salida del puerto en dirección hacia Chilpancingo, denunciaron que en los patrullajes que realizan las fuerzas federales abusan de la ciudadanía con el uso de su fuerza.

Poco antes de las once de la mañana, los soldados y agentesse dirigían hacia la salida del pueblo cuando fueron interceptados por los pobladores.

Los vecinos acusaron a los elementos institucionales de haber detenido y golpeado a tres jóvenes de la comunidad esta misma madrugada.

Durante el diálogo en el que participó el comisario de La Venta, los mandos militares aceptaron que los soldados agredieron a los tres jóvenes y que serán cambiados de esa zona.

Pero, al final, los habitantes aceptaron que los militares y la GN continúen patrullando las calles de la comunidad.

En este año ya son tres veces que elementos de las fuerzas federales son retenidos por pobladores de distintos municipios.

El 16 de febrero pasado, en la cabecera municipal de Quechultenango, zona Centro del estado, militares fueron retenidos por más de seis horas por unos 200 pobladores que exigían su salida por supuestos abusos que han cometido contra la ciudadanía.

El pasado 7 de junio, habitantes de la comunidad de Petaquillas, perteneciente al municipio de Chilpancingo, retuvieron más de 10 horas a 50 militares, agentes de la Guardia Nacional, policías estatales y a dos funcionarios del gobierno del estado.

Quechultenango y Petaquillas, ambas de un mismo corredor, son lugares donde realizan sus actividades delictivas el grupo criminal de Los Ardillos, de acuerdo con la Fiscalía General del Estado (FGE). Es decir que autoridades estatales tienen clara la presencia criminal, sin dar resultados para erradicarla.

 

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Familiares de desaparecidos rechazan que militares represores sean glorificados

Texto: José Miguel Sánchez

Fotografía: Oscar Guerrero

Chilpancingo

 

Colectivos de víctimas de familiares de personas desaparecidas durante la década de los setentas pidieron al secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval González, se retracte de su propuesta, que tiene la venia presidencial, de colocar en letras de oro a los militares abatidos en combate durante el periodo conocido como guerra sucia.

En conferencia de prensa, este martes los representantes de los colectivos hicieron un pronunciamiento dirigido a Sandoval González para, entre otras cosas, desista y pida disculpas por lo dicho el pasado 22 de junio durante el inicio de actividades conjuntas entre la Comisión de la Verdad (Comverdad), y el Ejército para abrir sus cuarteles y archivos.

Sandoval González dijo en esa ocasión que los militares caídos en aquella etapa serán homenajeados.

“Es un agravio y una ofensa para las victimas enaltecer a los perpetradores como si fueran héroes nacionales”, mencionó Octaviano Gervasio Benítez, representante del Colectivo de grupos de desaparecidos de la guerra sucia.

“Por eso pedimos al secretario se retracte de su propuesta de enaltecer a los perpetradores”.

Además de la petición de que el secretario se retracte, los colectivos piden al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y al subsecretario de Gobernación y presidente de la Comverdad, Alejandro Encinas Rodríguez, una serie de peticiones que garantice a las víctimas y familiares un acceso pleno a la justicia.

Los colectivos pidieron que a los trabajos de la Comverdad se sume la Secretaría de Marina (Semar), para que explique el tema de los vuelos de la muerte, donde supuestamente a través de aviones tiraron en el mar a activistas desaparecidos desde entonces.

También pidieron incluir a la Fiscalía General de la República (FGR), para comenzar a judicializar los casos y después la creación de una Fiscalía Especial para los casos sucedidos durante la guerra sucia y poder enjuiciar a los perpetradores y que las entrevistas a los perpetradores sean realizadas por ministerios públicos y no por historiadores.

“Hasta que cada perpetrador sea presentado a la justicia vamos a estar en paz, ya basta de actos protocolarios que fomentan la impunidad“, mencionó Gervasio Benítez quien comentó que su padre fue desaparecido por el Ejército durante la guerra sucia en Atoyac.

Los colectivos también denunciaron el enfoque que la Comverdad a las investigaciones y anunciaron que ellos no quieren un informe o un libro, como pretenden, lo que piden es castigo a los culpables.

De acuerdo con datos de la Comisión Nacional de Derechos Humano (CNDH), las victimas directas durante la guerra sucia ascienden a 542 personas, pero los colectivos dijeron que a través de sus propias indagatorias ellos contabilizan alrededor de 1,200.

A tres años del gobierno de López Obrador, los colectivos piden justicia y concluyeron que la ola de violencia y desapariciones que generan los grupos del crimen organizado se debe a que sucesos como la guerra sucia continúan impunes.

 

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Guerrero: Tiempos violentos

Texto: Amapola Periodismo

Chilpancingo

 

Una serie de imágenes que captó ayer miércoles con su cámara el fotorreportero Óscar Guerrero refleja la realidad que vive Guerrero que se parece en mucho a la de otros estados del país en donde la violencia está imparable.

La primera gráfica muestra a dos soldados del Ejército que realizan labores de vigilancia a plena luz del día en la plaza central Primer Congreso de Anáhuac, en el centro de Chilpancingo, la capital del estado.

En esta ciudad desde hace tres semanas sus habitantes viven otra oleada de violencia. Van 11 asesinatos, seis vehículos incendiados y durante tres días los vendedores de pollos cerraron sus establecimientos después de que tres distribuidores con cinco de sus trabajadores fueron asesinados por hombres armados, dos en el mercado central Baltazar R. Leyva Mancilla y seis en una granja en la comunidad vecina de Petaquillas.

Después de las diez de la noche, las calles del centro de Chilpancingo lucen desoladas y los transportistas han suspendido el servicio nocturno.

Hace diez días llegaron a Chilpancingo cien elementos de la Marina para patrullar las calles.

Otra imagen captada por Guerrero Ramírez, es la de una mujer que salió huyendo de Chilapa derivado de la desaparición de su hijo, un chofer de una camioneta Urvan de transporte público que hoy jueves cumple cuatro meses de haber sido privado de su libertad por tres hombres armados en aquella localidad.

Doña María Engracia Guerrero López, madre de Jesús Antonio Moyao Guerrero y su familia tuvieron que salir para no ser atacados, y son revictimizados por la Fiscalía General de Justicia y peor aún, los intimidan para que dejen de buscar a su desaparecido.

Ella hizo la denuncia, el 24 de febrero de este año, y hasta ocho días después la Fiscalía publicó la ficha de búsqueda. Pero las autoridades ni buscan a Jesús Antonio ni mucho menos detienen a los que se presume son los responsables.

Desde hace casi una década Chilapa se ha convertido en una zona de violencia con asesinatos, desapariciones y secuestros. Van más de ocho operaciones de fuerzas de seguridad federal y estatal del 2014 a la fecha, y la situación sigue igual.

Este martes, un grupo de reporteros que cubrían una conferencia de prensa con líderes de la policía comunitaria de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias Pueblos Fundadores (Crac-Pf) quedaron atrapados en una balacera que estas autodefensas protagonizaron con integrantes de un grupo delictivo en el cerro de la comunidad de Tula, que está a menos de 60 minutos de la cabecera municipal de Chilapa.

Otras imágenes que captó Guerrero Ramírez, es la de una protesta que realizaron policías estatales en una de las laterales de la autopista del Sol para exigir al gobierno de la morenista Evelyn Salgado Pineda que acate la resolución de un juez federal que ordena su reinstalación.

Los más de cien agentes fueron despedidos en el 2017 por el gobierno del priísta Héctor Astudillo Flores por realizar protestas en demanda de uniformes, patrullas, armamento, pago de bono, viáticos y que se les aumentara el monto económico del seguro de vida.

Ayer, el grupo de agentes iban a ser desalojados por sus propios compañeros en la autopista.

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Ejército y Guardia Nacional aseguran vehículos y tres tigres en Quechultenango

Fue un operativo que se realizó días antes de que los militares fueran retenidos y expulsados


Texto: Amapola Periodismo

Fotografía: Especial

17 de febrero del 2022

Chilpancingo 

 

Días antes que pobladores de Quechultenango expulsaran a 50 militares y 20 agentes ministeriales estatales, la Fiscalía General dió a conocer que en un operativo realizado en este municipio aseguró tres tigres, once vehículos y la detención de un individuo.

En este operativo en el que participaron efectivos del Ejército y Guardia Nacional y que la Fiscalía no precisa el día que lo realizó, se aseguraron cinco inmuebles donde había autopartes en la comunidad de

Tlanicuilulco que está ubicada a 40 minutos de la cabecera municipal de Quechultenango.

En un cateo que se realizó en la calle Libertad, en Quechultenango se aseguró un arma de uso exclusivo del Ejército y Fuerza Aérea además de 28 kilos de hierba seca parecida a la marihuana.

También fue detenida una persona que ya fue puesta a disposición de las autoridades.

La Fiscalía señala que seguirá con las investigaciones para lograr la detención de los responsables.

El operativo en el que el Ejército y la Guardia Nacional realizaron cateos y aseguraron un arma, marihuana y vehículos, fue realizado el pasado domingo 13 de febrero.

 

Pobladores liberan a militares en Quechultenango

Entre los acuerdos con el Ejército, los habitantes lograron que se libere al doctor del pueblo detenido por presuntamente portar un arma de grueso calibre


Texto y fotografía: Amapola Periodismo

17 de febrero del 2022

Chilpancingo 

 

Con la condición de que las autoridades y pobladores serán avisados de los operativos que realice el Ejército Mexicano y la liberación de un médico que fue detenido, fueron liberados elementos del Ejército Mexicano y un grupo de agentes ministeriales en la localidad de Quechultenango.

Los 50 militares y 20 agentes fueron retenidos por pobladores de esta comunidad desde la tarde de ayer miércoles hasta las 12 de la noche.

En el acuerdo que se estableció entre los habitantes con el comandante de la 35 Zona Militar con sede en Chilpancingo, Enrique Martínez López, el secretario de Seguridad Pública Estatal, Evelio Gómez Méndez, el director de Gobernación, Francisco Rodríguez y el subsecretario de asuntos políticos del estado, Óscar Chávez es de que hoy jueves sea liberado el médico del pueblo, Jesús Flores.

Florea fue detenido por presuntamente portar un arma de grueso calibre.

«Déjenos trabajar, no queremos que pasen hechos como los registrados en la comunidad de Buenavista de la Salud (municipio de Chilpancingo), les dijo el jefe de la 35 Zona Militar, Enrique Martínez López.

Esto en referencia a lo que ocurrió el pasado 26 de enero en la noche cuando policías comunitarios de Buenavista se enfrentaron a tiros contra un grupo de civiles armados dejando un saldo de seis muertos.

Los habitantes de esta comunidad y familiares de los cuatro policías comunitarios muertos acusan a integrantes del grupo delictivo de «Los Ardillos» los que atacaron a los guardias civiles cuando estaban en la comandancia.

Esta organización delictiva, señalan informes de la Fiscalía General de la República (FGR) está afincada en esta zona de Quechultenango.

Después de los acuerdos, los militares fueron liberados, además se les entregó sus teléfonos celulares.

«A nadie se le golpeo», dijo uno de los pobladores durante el diálogo con el comandante de la 35 Zona Militar y el secretario de Seguridad Pública estatal.

Uno de los pobladores les dijo a las autoridades que en Quechultenango es la propia ciudadanía la realiza las tareas de seguridad además de que hay policía comunitaria.

«Mejor vigilen a Chilpancingo e Iguala en donde un día hay un muerto y otro día también», señaló.

Denunció que es tan grave la inseguridad en Chilpancingo que campesinos de comunidad de Quechultenango que acuden a esta capital del estado a vender sus productos del campo tienen que pagar una cuota diaria a la delincuencia.

«Hagan su tarea allá en Chilpancingo, aquí hay paz», dijo uno de los habitantes.

En la reunión también estuvo el alcalde del municipio de Quechultenango, Crisóforo García.

Después de los acuerdos, los pobladores desbloquearon la principal calle de esta comunidad y dejaron en libertad a los militares y agentes ministeriales.

Al final, uno de los ministeriales reclamó el regreso de su teléfono celular y su computadora laptop y que al parecer ninguno de estos aparatos se le regresaron.

Los pobladores y autoridades de las comunidades de Quechultenango y de Mochitlán retuvieron a las fuerzas de seguridad para frenar sus operativos que desde hace cuatro días están realizando en esa zona que comunica a Chilapa y Atlixtac.

 

Habitantes de Quechultenango retienen a Ejército y a ministeriales

Texto y fotografía: Amapola Periodismo

16 de febrero del 2022

Chilpancingo

 

Pobladores de Quechultenango mantenían retenidos hasta esta noche del miércoles a elementos del Ejército Mexicano y un grupo de agentes ministeriales que ingresaron a esta zona para iniciar un operativo de seguridad.

Durante la tarde de este miércoles, unas 200 personas que se congregaron en la entrada de esta comunidad que es la cabecera del municipio de Quechultenango mostraban pancartas en donde se leían consignas contra el Ejército Mexicano.

Mujeres, jóvenes y personas de avanzada edad cerraron la vía principal de esta localidad.

«Queremos la paz», «no al Ejército», gritaba un hombre que dirigía al contingente de alrededor de unas 200 personas.

El cierre de la vía empezó durante la tarde y hasta en la noche de este miércoles seguían en ese sitio los pobladores.

«Aquí no hay asesinatos, no hay mujeres violadas, que manden al Ejército a Acapulco a Chilpancingo, aquí vivimos en paz», dijo el individuo corpulento que vestía playera gris y una gorra negra.

Posteriormente los habitantes se dirigieron hacia los militares que estaban concentrados en el centro de la localidad a quienes los obligaron a retirarse de ese sitio.

Después los pobladores rodearon a los militares en espera de que acuda a esta localidad el Secretario General de Gobierno, Ludwig Marcial Reynoso Núñez.

Durante el ríspido desencuentro entre los pobladores y los militares, una señora acusó a un agente ministerial de cometer una serie de abusos contra la ciudadanía.

«Váyanse de aquí, aquí nadie los quiere», le gritó la señora a los soldados.

El domingo 13 de febrero, el Ejército Mexicano y Guardia Nacional desplegó un operativo en esta zona donde opera un grupo delictivo.

El operativo incluye los municipios de Quechultenango, Chilapa y Atlixtac.
Pero a tres días de que inició este despliegue militar y de policías ministeriales, los pobladores se organizaron y este miércoles exigieron la salida del Ejército.

Hasta las 9 de la noche, los habitantes mantenían retenidos a los soldados.
Llegó a esta demarcación el subsecretario de Asuntos Políticos, Óscar Chávez y el Director de Gobernación estatal, Francisco Rodríguez.

Los inconformes exigen que acuda el Secretario General de Gobierno, Ludwig Marcial Reynoso Núñez.

Más de una decena de reporteros que acudieron a realizar la cobertura se encuentran en el lugar y no pueden salir porque la situación está tensa.

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