En la Sierra el problema nunca fue la Covid-19, siempre es la violencia

Hay pueblos donde los maestros dejaron de ir desde hace tres; también la infraestructura escolar es deficiente. La Sierra, además de insegura, es una zona que estuvo muchos años sin servicios básicos; muchas comunidades continúan así, hasta con caminos de difícil acceso


Texto: Margena de la O

Fotografía: José Luis de la Cruz 

Chilpancingo

 

Los alumnos de la Secundaria Técnica Lázaro Cardenas, de El Mameyal, una comunidad de la Sierra de Petatlán, llevan casi tres años de clases virtuales y a distancia. Para ellos las restricciones comenzaron desde el cierre de 2019, cuando la pandemia por la Covid-19 todavía no comenzaba, porque la epidemia real en esta zona de Guerrero es la violencia y la inseguridad.

En esta secundaria hay nueve alumnos. Nunca antes fueron tan pocos. En 2019 había más de 60, pero en la Sierra de Guerrero, cuando un hecho violento ocurre, las familias se escurren de los pueblos, es lo que se conoce como el desplazamiento forzado a causa de la violencia.

Una de las maestras de esta secundaria no sabe exactamente qué provocó la salida de los habitantes, incluidos sus alumnos, pero recuerda que todo lo cambió el asesinato de un líder comunitario y una emboscada a policías comunitarios, hechos registrados entre el 2018 y el 2019.

La documentación de los medios de comunicación del estado en ese periodo dan cuenta del asesinato Felipe Torres Cruz, uno de los hermanos Torres Cruz de La Morena, municipio de Petatlán, que también son cuestionados.

Lo asesinaron en una emboscada el domingo 9 de diciembre del 2018, al siguiente día de expresar su respaldo a las autodefensas de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) a Santa Rosa de Lima, un pueblo de Tecpan, ubicado a la orilla de la carrera Acapulco-Zihuatanejo, que es la puerta a la Sierra del lado de Costa Grande.

La emboscada a los policías comunitarios o los autodefensas de la UPOEG, donde murieron seis, ocurrió el lunes 24 de junio del 2019, cerca de la comunidad de El Camarón, muy cerca de El Mameyal, un punto medio de la Sierra de Petatlán.

Estos autodefensas eran integrantes del grupo que comenzó a operar en Santa Rosa de Lima en 2018 y que se extendía hacia la Sierra, el corredor que llega hasta El Durazno, Coyuca de Catalán, Tierra Caliente.

El filo boscoso de Costa Grande conecta con la Tierra Caliente, colindancia que, al parecer, es su gran problema, porque en cada región están asentados grupos criminales distintos que socavan a las comunidades por diferentes intereses económicos y políticos, entre ellos, los recursos naturales y los productos que se dan en región, denunciaron en diciembre pasado los habitantes de esta zona, al exponer que la explotación de madera podría ser la razón.

Aquí no se busca hacer una radiografía del grupos criminales, pueden ser cualquiera, se plantean las consecuencias de un contexto complicado por falta de seguridad institucional.

La falta de maestros en las escuelas de la Sierra es una de esas consecuencias. En la secundaria técnica de El Mameyal hay seis trabajadores, incluidos las maestras y los maestros: uno de matemáticas, uno de español, uno de ciencias naturales, uno de ciencias sociales, uno de inglés, y un prefecto.

Atienden a los nueve alumnos de manera virtual. Uno de primer grado, dos de segundo, y seis de tercero.

Las maestras y los maestros intentaron regresar a clases en septiembre pasado, pero sólo fueron alguna veces y volvieron a las sesiones virtuales porque, de acuerdo con la maestra consultada, no había condiciones: cancelaron el transporte, de las últimas veces que subió caminó más de una hora para llegar a El Mameyal, y las nuevas balaceras terminaron por deshabitar los pueblos.

En El Limón, por ejemplo, dijo, ya no vive nadie. En Las Mesas, informó un habitante de la zona, más de la mitad del pueblo se salió con los hechos violentos en escalada que comenzaron en diciembre pasado. Hasta ahora comienzan a volver.

El sábado 10 de diciembre del 2022, pasado el mediodía, ingresaron a El Durazno, un pueblo del ejido que lleva el mismo nombre, hombres armados en camionetas rotuladas con las letras FM –al parecer siglas del grupo criminal La Familia Michoacana que, de acuerdo con la Fiscalía General del Estado (FGE), tienen presencia en Tierra Caliente y busca extenderse–, y asesinaron a siete hombres de la comunidad, entre ellos, un menor de edad.

El 28 de enero, en la comunidad de El Parotal, municipio de Petatlán, los pobladores retuvieron a policías después de enfrentarse a ellos a balazos. En esos hechos fueron asesinados un comandante, un policía y tres civiles.

Estos tres civiles subieron en el mismo convoy de policías estatales y, según los pobladores de El Parotal, eran miembros del grupo criminal de la Familia Michoacana. Policías subieron entre sus agentes a integrantes de un grupo criminal.

Esta situación que fue exhibida por una policía de la operación policial en un video filtrado sigue sin ser por completo esclarecida por las autoridades, pero desencadenó más hechos violentos.

En esos contextos vive la gente de la Sierra y a ellos se enfrenta el personal que ofrece servicios profesionales en las zonas, como las maestras y los maestros o el personal médico, que muchos de ellos dejaron de ir.

Los habitantes presionaron a las autoridades para que les asignaran seguridad. Insistieron en la instalación de Bases de Operaciones Mixtas (BOM), integradas por elementos del Ejército, Guardia Nacional y Policía Estatal.

Un habitante de la Sierra, de quien también se guarda su nombre por seguridad, dijo que hasta ahora hay nueve puntos con seguridad en el corredor Santa Rosa de Lima-El Durzano, no todos como los pidieron, en algunos sólo hay ministeriales, como en Las Mesas. “Había militares, pero se fueron. Falta reforzar la bases”, comentó.

Las Mesas es otro punto donde tampoco hay maestros presenciales. Los maestros de la secundaria de la comunidad, por ejemplo, no han vuelto desde enero por los hechos violentos que ocurrieron en diciembre.

La dinámica que mantiene es asignar trabajos vía mensajería de WhatsApp. “Pero estamos en pláticas con los compañeros, el supervisor y los padres para lo del regreso a clases de manera presencial”, comentó otra maestra de Las Mesas que, aclaró, no podía hablar con muchos detalles porque la situación de la Sierra es complicada.

Dos versiones, dos contextos

Los maestros consultados para este texto no son originarios de la Sierra, todos son foráneos y suben algunos días de la semana o por algunas semanas al mes a las escuelas de las comunidades asignadas.

La evaluación de los habitantes es diferente al temor que narran los maestros de acudir a la Sierra. Algunos de los habitantes vía telefónica consideraron que ya hay condiciones para que los maestros y los médicos suban, porque ya tienen seguridad, no como quisieran, pero ya la tienen. También reportaron que parte del transporte público público ha reiniciado actividades.

La comisaria muncipal de El Durazno, Azucena Rosas García, informó que una combi sube desde Santa Rosa de Lima a El Mameyal, pero no llega a El Durazno. Ellos, las madres y los padres de familia, tienen que bajar por las maestras y los maestros a Santa Rosa de Lima.

A El Durazno sí regresaron los maestros después del periodo vacacional de Semana Santa, pero porque los habitantes se quejaron ante las autoridades. La comisaria detalló que los maestros intentaron irse de vacaciones dos semanas antes del periodo vacacional pasado.

Las madres y los padres de El Durazno tienen mucho involucramiento en que las clases para sus hijos sean posibles, porque ellos se encargan de trasladar a los maestros, de darles de comer y de su alojamiento, según la comisaria.

La autoridad del pueblo consideró que esas responsabilidades las deben de asumir las autoridades. “Es muy desgargante para los padres estar subiéndolos y bajándolos (a los maestros)”, comentó.

Además, el habitante consultado que coincide con la comisaria cree que “el problema no es para los maestros, es para los campesinos” cuando salen de sus comunidades a ver sus parcelas o su ganado.

También dijo que, de ser necesario, ellos mismos y los policías escoltarían a los maestros en su trayecto a las comunidades para que suban y reinicien las clases presenciales. La comisaria agregó que los policías que están en El Durazno subieron a los maestros después de las vacaciones pasadas.

Él mismo habitante planteó que la falta de maestros en las comunidades de la Sierra tampoco es un tema nuevo, tiene años, desde que él estudiaba. Este hombre es una persona de más de cuatro décadas. La Sierra, además de la violencia, es una zona que estuvo muchos años sin servicios básicos, muchas comunidades continúan así, además de que muchos de sus caminos son de difícil acceso.

Su percepción es que el paso de los maestros, como de los médicos por la Sierra, es temporal, porque buscan que las instituciones los bajen pronto a las cabeceras municipales o ciudades.

Pero cuando se expone que en la Sierra se carece de muchas cosas, incluye la infraestructura escolar y otras condiciones para educar. “Las escuelas las hemos hecho nosotros”, dijo por teléfono este mismo habitante de la Sierra.

Muchas de las escuelas levantadas en la región carecen de todo y si acaso son como la Secundaria Técnica Lázaro Cardenas, de El Mameyal: tres salones de concreto, pero sin mesa ni silla para el maestro; una dirección, y una aula de medios con algunas mesas, pero sin computadoras, porque tampoco hay luz eléctrica; un área de comida de madera y con tres baños básicos al margen de la zona escolar, pero fuera de servicio. Todo esto encerrado con malla ciclónica en mal estado.

Estas las características las describió la maestra de la escuela.

Las condiciones se reproducen en gran parte de la Sierra. En el Durazo, por ejemplo, la sede del telebachillerato son dos galerones de madera a orilla del pueblo, de acuerdo con la descripción de la comisara municipal, quien, además, compartió una fotografía.

Esto discrepa con la imagen que compartió el 17 de marzo pasado la gobernadora Evelyn Salgado Pineda en sus redes sociales, donde escribió: “Les comparto esta imagen que me ha llegado al corazón, dos alumnas de telebachillerato estudiando al pie de nuestra bandera nacional en la comunidad “El Durazno”, municipio de Coyuca de Catalán, donde estuve hace unos días”.

En la fotografía se ven dos alumnas sentadas en una borde de concreto y se asoma lo que parece un aula con techo de lámina, y parte de una cancha.

Lo que nunca escribió la gobernadora es que esas no son las instalaciones reales de las estudiantes, es la Primaria Ignacio Zaragoza.

Rosas García informó que los docentes del telebachillerato ocupaban la primaria porque las instalaciones de madera están a orilla del pueblo, y les daba temor estar ahí. En la actualidad, con la seguridad de militares, policías estatales y policías ministeriales que asignaron a El Durazno, dijo la comisaria, ya están en sus aulas de madera.

Una alternativa sin posibilidades

Una posible solución ante la falta de maestros en las escuelas de la Sierra que reflexionó este habitante es que la Secretaría de Educación Guerrero (SEG) contrate a docentes que sean originarios de la región.

Esta persona es originaria del ejido de San Antonio de las Texas y vive en un punto de esta Sierra entre Costa Grande y Tierra Caliente, y aseguró que hay maestros titulados de la región que podrían asumir esas tareas sin intentar irse.

Comentó que algunas familias han contratado a algunos de ellos para que les den clases a sus hijas e hijos por su cuenta.

El secretario de Educación en Guerrero, Marcial Rodríguez Saldaña, mencionó que la SEG no podría contratar a más maestros para la Sierra, porque significa duplicar docentes en un misma región y el presupuesto federal no alcanzaría para cubrirlos. “No podemos contratar dobles plazas en un mismo lugar”, agregó.

La evaluación escolar del secretario es que en la mayoría de las partes bajas de la Sierra de San Miguel Totolapan y del corredor Coyuca de Catalán (Tierra Caliente) y Petatlán y Tecpan (Costa Grande) ya hay clases presenciales, el problema es en las zonas más altas, donde sólo son asesorías virtuales. “Nosotros tenemos que proteger a los maestros y a los niños”, comentó.

 

«Hemos dejado de sembrar amapola pero los programas no llegan», dice un poblador de la Sierra

Texto: Amapola Periodismo 

Fotografía: Especial 

Chilpancingo

 

Un grupo de 40 efectivos del Ejército y 13 de la Policía Estatal cumplieron más de 30 horas retenidos por habitantes y comisarios de 40 comunidades de la Sierra de los municipios de San Miguel Totolapan y Heliodoro Castillo.

Los manifestantes que exigen obras sociales; tienen rodeado el cuartel ubicado en la comunidad Puerto Gallo, que pertenece a Heliodoro Castillo.

Un comisario lamentó que aun cuando la gente ha dejado de cultivar amapola o mariguana en la Sierra no les llega el programa Sembrado Vida que tanto pregona el presidente Andrés Manuel López Obrador en sus conferencias mañaneras.

«Hay pueblos (de la Sierra) con 300 habitantes a los que sólo se les ha otorgado ese beneficio (Sembrado Vida) a un 50 por ciento, por eso hay mucha pobreza», dijo la autoridad municipal que pidió se omitiera su nombre por seguridad.

Este lunes 27 de marzo a las diez de la mañana cientos de campesinos, encabezados por los comisarios de 40 pueblos de los municipios de Heliodoro Castillo y San Miguel Totolapan, cerraron los accesos del cuartel en donde tienen retenidos a los elementos del Ejército y Policía Estatal.

El cuartel está ubicado en la comunidad de Puerto Gallo, zona que conecta a la Tierra Caliente y a la Sierra de región Centro del estado.

Durante la tarde de este martes llegó una comisión de funcionarios del gobierno del estado encabezada por el director de la Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero (CICAEG), Martín Vega González.

Una de las principales demandas que plantean los pobladores es la pavimentación de 100 kilómetros de caminos que unirán a las 40 comunidades de los dos municipios.

«Hace un año les planteamos esta misma petición a las autoridades del gobierno del estado pero no cumplieron ninguna», dijo uno de los comisarios entrevistado vía telefónica.

Mencionó que por la falta de caminos en buen estado la gente no puede realizar varias actividades ni acceder a servicios, por ejemplo, llegar con prontitud a una localidad con hospital o centro de salud.

«Una persona que vive en una comunidad tiene que surtir su despensa en Atoyac de Álvarez tiene que recorrer cinco o seis horas en caminos de terracería para llegar», contó.

Las autoridades de las comunidades pidieron que los servisores públicos del gobierno estatal, en particular, la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, acudan a la Sierra a contastar sus condiciones.

«Queremos que venga aquí (Salgado Pineda) y que por lo menos que la gente la conozca en vivo, no en trasmisiones que ella hace a través de su Facebook», dijo un comisario.

Otro de los comisarios comentó que se enteraron que el presidente Andrés Manuel López Obrador estuvo en Acapulco y pidió que, ojalá, la próxima vez que visite Guerrero acuda a la Sierra.

López Obrador estuvo hoy en Acapulco en una reunión de evaluación de los programas sociales de su gobierno que se distribuyen en Guerrero.

En entrevista con los reporteros en ese lugar, la gobernadora Evelyn Salgado Pineda rechazó que los soldados y policías estatales estén retenidos.

«Se está dialogando con la gente (campesinos y comisarios) y hay funcionarios allá y pronto iré a Tierra Caliente, a San Miguel Totolapan», comentó

El presidente López Obrador anunció su visita a Tierra Caliente y Costa Grande.

Hasta las ocho y media de la noche de este martes los pobladores de la Sierra seguían con la protesta en Puerto Gallo.

Maestros, médicos y enfermeras se ausentan de la Sierra por inseguridad

Texto: Amapola periodismo

Forografía: José Luis de La Cruz / Archivo 

Chilpancingo

 

A comunidades serranas de Costa Grande y Tierra Caliente donde hace algunos días ocurrieron balaceras entre pobladores y miembros del crimen organizado, otra vez ya no suben maestros y personal médico por el riesgo de vida.

Estas ausencias los mismos pobladores y autoridades locales las documentaron y las expusieron en una reunión con servidores públicos estatales, encabezados por el director de Gobernación del Estado, Francisco Rodríguez Cisneros, y algunos mandos militares, en Santa Rosa de Lima, municipio de Tecpan de Galeana.

Los maestros, médicos y enfermeras dejaron de subir a comunidades de municipios de Tecpan de Galeana y Petatlán, del lado de Costa Grande, y a las de Ajuchitlán del Progreso y Coyuca de Catalán, del lado de Tierra Caliente. Ambas regiones colindan en lo alto de la Sierra.

Los comisarios municipales y los miembros de comisariados ejidales le pidieron de manera puntual al director de Gobernación que le dijera a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda que cumpla con la promesa de instalar tres Bases de Operaciones Mixtas en la zona donde convergen ambas regiones, porque la consideran una zona de riesgo.

Fueron estas mismas autoridades las que contaron por teléfono los detalles de esa reunión.

Funcionarios estatales y un mando militar se reunieron con comisarios de pueblos de la Sierra, quienes les expusieron sus demandas de falta de seguridad, maestros, médicos y enfermeras. Fotografía: Oficial

El planteamiento de las autoridades de los pueblos tiene que ver con el ofrecimiento de Salgado Pineda después de los hechos violentos recientes en esa parte de la Sierra.

El 28 de enero pobladores de la comunidad de El Parotal se enfrentaron a balazos con policías estatales que subieron a la Sierra acompañados por tres individuos que los habitantes identificaron como miembros del grupos criminal la Familia Michoacana.

La confrontación a balazos dejó un saldo de cinco muertos, un comandante que iba al mando de la operación, un policía y los tres sujetos, al parecer delincuentes, que viajaban en el convoy de agentes estatales vestidos también con uniformes.

Después de los hechos hubo una reunión entre los comisarios y las autoridades, y los primeros pidieron a los segundos que instalaran Bases de Operaciones Mixtas (BOM), es decir, que establecieran en la zona la presencia de elementos del Ejército, Guardia Nacional y Policía Estatal, en particular en Las Mesas y el crucero de San Antonio Texas, un perímetro importante de los municipios de Petatlán y Coyuca de Catalán.

Hasta el momento sólo ha instalado una BOM en la localidad de Santa Rosa, comunidad que está a orilla de la carretera que lleva de Acapulco hacia Zihuatanejo.

En la reunión de hoy, el comisario de la comunidad de El Porvenir (Tecpan de Galeana), Jesús Ayala, dijo que la gente no puede salir de sus casas porque tiene miedo que ocurran más hechos de violencia.

Él denunció que, debido a la inseguridad, los profesores siguen sin subir a dar clases; las escuelas están abandonadas.

La comisaria de la comunidad de El Durazno (Coyuca de Catalán), Azucena Rosas García, dijo que los niños del kínder, la primaria y telesecundaria del pueblos cumplieron un mes sin clases.

En El Durazno, el 10 de diciembre del 2022, individuos que se identificaron como miembros de la Familia Michoacana (FM) ingresaron al pueblo y mataron a siete habitantes a balazos.

“Desde entonces la gente tiene mucho miedo. Ya se cumplió un mes de que no hay clases porque los profesores no quieren ir por miedo”, contó la comisaria.

A partir del ingreso violento a El Durazno, un médico y una enfermera abandonaron la clínica de salud del pueblo por temor, expuso la comisaria en la reunión.

Por teléfono informó que la gente de su pueblo está un poco más tranquila porque en el pueblo hay elemento de seguridad federal y estatal, aún así saben que no son suficientes.

“No sabemos hasta cuándo estaremos así, con cierta calma, porque sabemos que cerca del pueblo andan rondando los delincuentes que nos han amenazado con asesinarnos”.

En la comunicación se quejó de que la Fiscalía General del Estado (FGE) sólo recibiera las denuncias del ataque y asesinatos en El Durazno, porque hasta ahora no ha hecho nada.

“No tenemos confianza en la justicia porque allá en mi pueblo han asesinado a mucha gente y nunca detienen a los responsables”.

 

Carreteras y caminos de la Sierra siguen sin reparación

Texto: Amapola Periodismo

Fotografía: Oscar Guerrero

Heliodoro Castillo

 

En su visita a Tlacotepec, en mayo de este año, la gobernadora Evelyn Salgado Pineda prometió a sus habitantes que ordenaría que su gobierno pondría en marcha un programa de reparación de caminos y carreteras que comunican a comunidades de la Sierra.

En un recorrido que realizó Amapola Periodismo Transgresor se comprobó que la vía que conduce a Tlacotepec, que es la cabecera del municipio de Heliodoro Castillo, está llena de baches.

“La gobernadora (Salgado Pineda) nos prometió que repararían los caminos pero todo sigue igual”, dijo uno de los habitantes de Tlacotepec entrevistado durante la inauguración de la Universidad Benito Juárez.

Los caminos de terracería y la carretera hacia Tlacotepec se observó un incremento en las afectaciones de esta vía derivado de las intensas lluvias que han caído en las últimas semanas en esta zona.

 

Inauguran Universidad de la Sierra en Tlacotepec

Texto: José Miguel Sánchez

Fotografía: Oscar Guerrero

Heliodoro Castillo

 

María Magdalena Reyna Pérez es habitante de Durazno del Rosario, municipio de Heliodoro Castillo, en la Sierra de Guerrero, en donde de una población de 550 habitantes solo 2 estudian la Universidad, una de ellas, Magdalena Reyna.

Magdalena Reyna está inscrita en la Universidad Tecnológica de la Sierra que hoy comenzó operaciones en Tlacotepec, cabecera municipal de Heliodoro Castillo.

Para los jóvenes de las localidades de la Sierra como Durazno del Rosario, una universidad en Tlacotepec es de gran apoyo para continuar sus estudios.

Magdalena Reyna reconoce que de no ser por la universidad inaugurada hoy ella no podría continuar sus estudios.

«Si queríamos seguir estudiando teníamos que llegar a Chilpancingo o Iguala, y no tenemos el recurso económico para hacer eso», mencionó.

De Durazno del Rosario a Tlacotepec son cuatro horas en camino de terracería, de ahí son otras cinco a Chilpancingo, la posibilidad de viajar diario es imposible, y costear alimentos y hospedaje en la capital es complicado para jóvenes foráneos y foráneas cómo Magdalena.

Ella es la mayor de cinco hermanos, de los cuales ninguno tuvo educación superior, una llegó a la secundaria y otro a la preparatoria.

«Quiero estudiar para ayudar a mis papás», comentó Magdalena quien estudia ingeniería en desarrollo y gestión de software.

La Universidad Tecnológica de la Sierra de Guerrero es una extensión de la Universidad Tecnológica de Guerrero (UTG) y comenzó hoy labores con 150 estudiantes que serán la primera generación de la institución.

Las carreras que se ofertan son tres ingenierías: una en energías renovables, mecánica automotriz y desarrollo y gestión de software.

A la inauguración asistió el alcalde de Tlacotepec, Serafín Hernández Landa, y el secretario de Educación, Marcial Rodríguez Saldaña.

Rodríguez Saldaña dijo que por el momento la Universidad funciona como una extensión, pero que el plan de la gobernadora es crear mediante un decreto una institución autónoma con sus propias reglas de operación y estatutos.

Por su parte, el alcalde agradeció el apoyo para la creación de la Universidad.

«Este será un día histórico en la historia de la Sierra de Guerrero; este día se consolida un sueño de cientos de estudiantes, que tendrán la oportunidad de cursar su carrera universitaria sin salir de la región», mencionó Hernández Landa.

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Se cumplen nueve años de Ingrid y Manuel y mil cien personas afectadas de la Sierra en el olvido

Texto: Amapola Periodismo

Fotografía: Oscar Guerrero

Chicahuales, municipio de Chilpancingo

 

En el olvido gubernamental y sin servicios públicos es como viven mil cien personas que en el 2013 resultaron afectadas por el huracán Ingrid y Manuel reclaman al gobierno que cumpla con la construcción de sus viviendas y la legalización de su predio.

En el 2014, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) reubicó a las mil cien personas en un predio llamado «Risco de Oro» que tiene una longitud de 14.8 hectáreas y que pertenece al municipio de Heliodoro Castillo.

A cada una de las familias damnificadas la Sedatu solo les entregó un folio como garantía de que les iban a construir sus viviendas.

Pero a casi nueve años de distancia las familias solo tienen un pedazo de tierra donde ellos, sin el apoyo del gobierno, construyeron sus casas.

Y es la fecha en que la Procuraduría Agraria ni siquiera les ha entregado las escrituras que acreditan la propiedad de su terreno.

Ahora un grupo de 400 personas se regresó al lugar donde vivián antes de la tragedia ambiental y las otras 700 se quedaron en el predio «Risco de Oro».

Las mil cien personas que viven en diferentes puntos, no cuentan con servicios públicos como agua, drenaje y un centro de salud.

«Lo único que nos dieron fueron los folios o sea fuimos prácticamente engañados», afirmó Rafael López Sánchez, representante de Bienes Comunales de Chicahuales.

Mencionó que ante la falta de apoyo del gobierno la gente construyó sus viviendas.

«Con la madera de nuestras casas que derrumbó las lluvias del 2013 construimos otras en el terreno que nos asignó el gobierno», refirió López Sánchez.

Indicó inicialmente toda la gente se fue a vivir a ese predio del Risco de Oro pero con el paso del tiempo la gente se cansó y regresó al sitio.

«La gente que regresó a sus antiguas casas viven en una zona de alto riesgo porque están en las laderas y hacemos responsable al gobierno si pasa otra tragedia», afirmó López Sánchez.

Dijo que la gente con los pocos recursos que van obteniendo de la siembra de maíz sobreviven pero incluso algunos se han trasladado a Estados Unidos para emplearse de braceros porque en esta zona de la Sierra no hay empleo.

«Antes del 2013, la gente se dedicaba a la siembra de amapola, pero ahora ya no, ahora es la siembra de maíz», dijo le autoridad comunal entrevistado durante el recorrido que se realizó en esta comunidad que está a casi tres horas de camino.

Una de las peticiones que hicieron al gobierno federal es de que los incluyan en el programa de Sembrando Vida.

López Sánchez exigió a Protección Civil que emita el dictamen que verifique que en ese sitio donde vivián las familias era una zona de riesgo.

«Una vez vino Protección Civil pero solamente nos engañaron porque no nos han dado el dictamen», expresó.

Las familias damnificadas advirtieron que en caso de que no haya una solución a sus demandas van a trasladarse a Chilpancingo para realizar una serie de protestas.

El próximo 13 de septiembre se cumplen 9 años de la tragedia ambiental del huracán Ingrid y Manuel.

«Pedimos la intervención del presidente (Andrés Manuel López Obrador) y de la gobernadora (Evelyn Salgado) porque lo único que queremos es vivir en un lugar seguro y con todos los servicios», comentó una señora.

Recordó que la única que los ha visitado es la alcaldesa de Chilpancingo, Norma Otilia Hernández Martínez quienes solo les prometió pavimentarles una calle.

Durante los días 13, 14 y 15 de septiembre del 2013 Ingrid y Manuel azotaron el territorio de Guerrero dejando un saldo oficial de 157 muertos, carreteras y caminos destrozados y miles de viviendas afectadas.

Durante esos tres días de las lluvias hubo una inacción de las autoridades de los gobiernos federal y estatal.

El viernes 13 de septiembre en la noche mientras estaban las lluvias, en la residencia oficial de Casa Guerrero, el entonces gobernador perredista Ángel Aguirre Rivero junto con políticos del PRI y PRD disfrutaban de una cena acompañados por música de mariachi.

Esta cena-fiesta se llevó a cabo después del acto de la entrega de la presea Sentimientos de la Nación que se realizó en la parroquia de La Asunción, en Chilpancingo.

 

Pobladores de la Sierra pactan tregua con delincuentes para evitar más hechos violentos

Texto y fotografía: Jesús Guerrero

Chilpancingo

 

Ante la inacción de las autoridades de gobierno, pobladores de comunidades de una parte de la Sierra de Guerrero pactaron una tregua con grupos criminales para evitar más confrontaciones violentas, informó Víctor Espino Cortés, ex vocero de lis autodefensas de la localidad de Santa Rosa de Lima, municipio de Tecpan, región de la Costa Grande.

Espino Cortés recordó que en el municipio de Zihuatanejo los grupos criminales pretenden cobrar a la ciudadanía por una tregua. Les propuso que tomen el ejemplo de los pueblos de la Sierra de Tecpan y Coyuca de Catalán, donde se organizaron para correr a los delincuentes.

“En la zona de nosotros hubo guerra, pero ahorita, gracias a Dios, ya se pactó una tregua, y ya no entran (los grupos delictivos); nosotros les dijimos aléjate de aquí porque nosotros aquí decidimos”.

Espino Cortés acompañó a unos 40 comisarios de comunidades serranas de Tecpan, Petatlán, Ajuchitlán del Progreso, Atoyac y Coyuca de Catalán a una reunión con funcionarios estatales en Palacio de Gobierno.

En este encuentro estuvieron los titulares de la Comisión de Agua Potable y Saneamiento del Estado de Guerrero (Capaseg) y de la Comisión de Infraestructura Aeroportuaria del Estado de Guerrero (Cicaeg), a quienes las autoridades de los pueblos plantearon la necesidad de la construcción de caminos y también comentaron, aun cuando no son los responsables directos, de la necesidad de que les mejoren la inseguridad pública.

El ex vocero de las autodefensas denunció consideró que es mentira que el gobierno no sepa dónde están escondidos los integrantes de estos grupos criminales.

“Los pueblos deben de apretar a sus gobiernos para que detengan a los delincuentes”, expresó.

En febrero del 2021, Espino Cortés y dos de los autodefensas de Santa Rosa de Lima fueron detenidos por militares por portación de armas para uso exclusivo del Ejército y la Armada de México. Cuatro días después los tres fueron dejados en libertad.

Durante el encierro de Espino Cortés y sus compañeros, los habitantes cerraron la carretera federal Acapulco-Zihuatanejo, a la altura de su localidad, para presionar por la liberación.

En esa ocasión, habitantes del Ejido Guajes de Ayala, del municipio de Coyuca de Catalán, acusaron a Espino Cortés de participar en la tala inmoderada de árboles y de ser responsable de la desaparición de dos personas de la región.

En entrevista en Chilpancingo, Espino Cortés dijo que en las comunidades de esa parte de la Sierra de Petatlán, Tecpan ya no existen como tal las autodefensas porque, según él, la zona ya está pacificada sin la ayuda del gobierno.

En su experiencia como integrante de las autodefensas, Espino Cortés mencionó que el gobierno en vez de ayudarles se les echó encima, aun cuando le apoyaban para combatir la inseguridad.

“Cuando uno se pone a defender como pueblo, uno lucha con los puños o resortera contra la delincuencia que trae muy buen armamento”, dijo.

En la Costa Grande están identificados tres grupos criminales que en otros momentos han hecho alianzas y que después discuten, lo que afecta a la ciudadanía con sus acciones.

En Zihuatanejo, en junio pasado, el servicio de transporte paró, cerraron tortillerías y suspendieron clases en las escuelas por la extorsiones.

Según Espino Cortés en Petatlán y Tecpan ya no hay delincuentes porque la gente se unión para enfrentarlos. “La unión es como una muralla en donde no permites que entre nadie, así se venga el gobierno, los mañosos, tú lo puedes atrancar, porque peleas por la razón y por tu familia”.

Dijo que en esa parte de la Sierra se aplica la ley del pueblo. “La gente de la Sierra no es mala, es buena, pero si alguien hace un mal, pues, te lo chingas. Le dice uno (al delincuente) oye cálmate, vete, pero si ves que anda secuestrando, entonces no queda de otra”.
En la reunión que los comisarios tuvieron con los funcionarios estatales plantearon la necesidad de la construcción de caminos para que la gente pueda comercializar sus los productos básicos que siembran.

En enero pasado, el entonces secretario general de Gobierno, Saúl López Sollano, se reunió con autoridades y habitantes de comunidades de la Sierra. En ese encuentro, el funcionario les dijo a los pobladores que pidieran dinero prestado para la reparación de caminos rurales que fueron dañados por las lluvias.

La gente consiguió un préstamo de 600,000 pesos, pero hasta ahora el gobierno estatal no se los ha devuelto. En la mesa de diálogo de ayer en la sala de juntas de la Secretaría General de Gobierno, los comisarios pidieron la reposición de ese recurso.

En la minuta de acuerdos de la reunión ayer establecieron que para este año las autoridades les repararán los caminos y para 2023 les pavimentarán varias vías que comunican a localidades de una parte de la Sierra.

 

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