Fotografía: Facebook Libertad a los presos políticos de la OCSS
Chilpancingo
Gilberto Aguirre Bahena y Antonio Barragán Carrasco, sobrevivientes de la masacre de Aguas Blancas, en 1995, y activistas de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS) fueron detenidos el 16 de mayo del 2002, en Baja California, de manera extrajudicial por personal del entonces director de la Agencia Federal de Investigación (AFI), Genaro García Luna, en la actualidad preso en Estados Unidos por relación con el crimen organizado.
Este miércoles 5 de abril, después 21 años de encierro por los supuestos delitos de secuestro y homicidio, a los que le inculpó García Luna, Aguirre Bahena salió de prisión en Acapulco.
Acompañado a su salida del penal de Las Cruces de Acapulco, el integrante de la OCSS se pronunció porque sean liberados otros de sus compañeros que están encarcelados, dijo, de forma injusta.
Gilberto Aguirre Bahena y Antonio Barragán Carrasco trabajaban en San Quintín como jornaleros agrícolas, cuando un policía de nombre Rey David, junto con un civil de nombre Eduardo Gallo y Tello, llegaron a su centro de trabajo y se los llevaron detenidos.
El caso Paola Gallo, el argumento de implicación
Paola Gallo, hija del empresario Eduardo Gallo y Tello, fue secuestrada el 8 de julio del 2000, en Tepoztlán, Morelos. Una semana después su cadáver fue hallado en Emiliano Zapata, municipio también de Morelos.
Ese mismo día localizaron el cadáver de tres hombres en el poblado de Ocotepec, presuntamente implicados en el secuestro.
Este caso fue uno de los tantos en donde estuvo involucrado García Luna, entonces director de la extinta AFI.
De acuerdo con lo documentado por activistas y por la defensa de Gilberto Aguirre, la desaparecida Agencia le otorgó a Gallo y Tello todo el equipo y el acceso a fiscalías y prisiones para que hiciera justicia por su cuenta por el caso de su hija.
La explicación que dieron entonces las autoridades fue que Paola Gallo murió por impacto de bala en medio de un fuego cruzado entre insurgentes, que pertenecieron a grupos de insurrección.
Gilberto y Antonio fueron acusados por este caso y sometidos a tortura por parte de Gallo y Tello.
Cuando los agentes de la AFI hallaron a Gilberto y Antonio en San Quintín, desplazados por la persecución política del caso Agua Blancas, fueron golpeados y amenazados para que se inculparan como los asesinos de los secuestradores de Paola Gallo, de lo contrario, el padre de ella mataría a sus familiares y violaría a sus hijas.
Esa noche Gallo y Tello mantuvo a Antonio y a Gilberto de rodillas, con las manos en la nuca, y a golpes, tortura y toques eléctricos les arrancó una confesión sobre la muerte de su hija.
Al día siguiente, los trasladaron a Tijuana, al aeropuerto, para subirlo a un vuelo nocturno hacia la Ciudad de México.
La detención, tortura y encarcelamiento de Gilberto Aguirre fue impulsada por García Luna, quien después fue responsable del montaje de la detención de Florence Cassez y de Israel Vallarta –transmitida en vivo por televisión– y de la fabricación del secuestro de Hugo Wallace, hijo de Isabel Miranda de Wallace.
García Luna, más tarde, sería el titular de la Secretaría de Seguridad Pública, en el sexenio de Felipe Calderón (2006-2012); hoy permanece encarcelado en el Centro de Detención Metropolitano de Nueva York, acusado de facilitar las operaciones del cártel de Sinaloa.
Persecución política contra miembros de la OCCS
La OCCS, fundada en 1994, sostiene que el encarcelamiento de sus integrantes se debe a una persecución política en contra de la organización en realidad por la masacre en el vado de Aguas Blancas.
En 1995, durante el gobierno de Rubén Figueroa Alcocer, en el municipio de Coyuca de Benítez, ocurrió la matanza; 17 personas asesinadas y más de 20 heridos es el saldo de esos hechos.
Todo sucedió cuando los campesinos se dirigían a Atoyac de Álvarez a manifestarse; fueron detenidos por un retén de la Policía Judicial de Guerrero que disparó a quemarropa contra de ellos.
Derivado de esa masacre familias completas padecieron el desplazamiento forzado interno, asesinatos extrajudiciales, desaparición forzada y detenciones arbitrarias.
Jerónimo Hernández, Gilberto Aguirre Bahena, Antonio Barragán Carrasco y Orlando Ávila Mesino fueron detenidos y acusados de delitos que no cometieron, «como parte de la estrategia para terminar con la organización», dijo Norma Mesino Mesino, líder de la OCSS, después de la liberación de Gilberto Aguirre.
Mesino Mesino acusó al ex director de la AFI de haberle fabricado los delitos a Gilberto Aguirre y a otros dos integrantes de la OCSS que aún permanecen en prisión.
Aguirre Bahena fue sentenciado por un juez a 40 años de cárcel por secuestro y homicidio.
En 1995, después de la masacre de sus 17 compañeros de la OCSS, se fue a Mexicali, Baja California, a trabajar como jornalero. El 16 de mayo del 2002 policías ministeriales de Guerrero y Morelos lo detuvieron bajo el cargo de secuestro y asesinato.
«Me torturaron en forma cruel e inhumana para que me declarara culpable», expuso Aguirre Bahena.
En la misma causa penal acusó a otros dos integrantes de la OCSS de asesinar a los tres individuos que participaron en el secuestro y homicidio de Paola.
Orlando Avilés Mesino y Antonio Barragán Carrasco, también integrantes de la OCSS, permanecen en prisión, el primero en una cárcel de Guerrero y el segundo de Morelos. Aguirre Bahena fue liberado hace unos días.
«Todo fue un montaje que realizó el entonces jefe de la Agencia Federal de Investigaciones, Genaro García Luna, para involucrar a nuestros compañeros», dijo Mesino Mesino.
El pasado 12 de febrero fue puesto en libertad de la cárcel de Chilpancingo, Jerónimo Hernández Refugio, integrante de la OCSS que también estaba acusado de secuestro; permaneció en prisión 20 años.
Él también es sobreviviente de la masacre del 28 de junio de 1995 en Aguas Blancas, debió salir de la cárcel en diciembre del 2022, pero en forma inexplicable un juez lo sentenció a cuatro años de prisión más, pero gracias a un amparo ya está en libertad.
«Yo ya salí libre pero faltan más compañeros que están presos en forma injusta», dijo Aguirre Bahena al abandonar la cárcel de Acapulco este miércoles 5 de abril.
En 1995, después de la masacre de Aguas Blancas, dirigentes de la izquierda, entre ellos el entonces legislador perredista y luchdor social, Ranferi Hernández Acevedo, acusaron al gobernador Rubén Figueroa Alcocer como el responsable de la matanza. En marzo de 1996, Figueroa Alcocer pidió licencia al Congreso local.
¿Cómo reparas una familia rota, destruida? ¿Cómo reparas una vida? ¿Cómo reparas un proyecto de vida truncado?, ¿Cómo la destrucción del tejido social? En el juicio de García Luna faltaron las voces de las víctimas.
Texto: Isabel Briseño y Daniela Pastrana / Pie de Página
Fotos: Isabel Briseño
21 de marzo del 2023
CIUDAD DE MÉXICO.- Era el 24 de junio de 2011. En el Alcázar del Castillo de Chapultepec ocurría una inédita reunión entre el entonces presidente, Felipe Calderón, y víctimas de su estrategia de seguridad (él la llamó guerra contra el narco) agrupadas en torno al Movimiento por la Paz.
“Nunca se me olvida”, dice Araceli Rodríguez Nava, casi 13 años después de ese encuentro.
“Estaba sentada frente a (Genaro) García Luna. Él jugaba en su mano una pluma azul, estaba nervioso. Le reclamé frente a quien fue su jefe, que luego de un año y 6 meses, no había querido recibir a las familias de los seis policías y el civil desaparecido en Michoacán”.
El diálogo entre Calderón y las víctimas era transmitido por la televisión. El presidente respondió que la atenderían y días después, Araceli recibió la cita que tantas veces había solicitado con el hombre que durante una década tuvo a su cargo la Secretaría de Seguridad del gobierno federal.
La respuesta del poderoso funcionario, sin embargo, la dejó petrificada. Así recuerda el episodio:
— Echado para atrás, con el codo recargado en el respaldo de la silla y frente a los demás familiares, García Luna me dijo: “Yo te digo a ti, Araceli, que ya dejes de estar buscando culpables donde no los hay. Fíjate que es bien bonito reflexionar sobre la muerte. Deberías de ponerte a analizar, pasar una película de tu vida desde que tenías uso de razón. Reflexiona y piensa 10 minutos, cómo te gustaría morir”.
Araceli, quien llevaba casi dos años tocando todas las puertas de la dependencia para reclamar respuestas sobre la desaparición de su hijo Luis Ángel, no iba a mostrar el miedo que sintió con la amenaza.
—Ni un segundo ingeniero —le respondió la mujer al poderoso funcionario —. Ni un segundo pienso en cómo quiero morir, porque antes de morirme, voy a encontrar a mi hijo, a sus compañeros y verlo a usted tras las rejas.
— ¿Qué le dirías ahora? — le preguntamos a finales de febrero, dos días después de que el exsecretario de seguridad fue declarado culpable de narcotráfico y delincuencia organizada en una Corte de Nueva York
—Eres un criminal, asesino. Estás pagando por delincuencia organizada y tráfico de drogas, pero ¿cuándo vas a pagar por las vidas de tus policías federales?
Un juicio sin víctimas
Araceli es mamá de Luis Ángel León Rodríguez, un policía federal desaparecido el 16 de noviembre de 2009 junto con otros seis policías y un civil (Sergio Santoyo, amigo de Luis Ángel y quien manejó la camioneta particular en la que iban) que fueron enviados de comisión a Ciudad Hidalgo, Michoacán, sin los medios necesarios de seguridad para ir a su destino. En el traslado hacia su comisión fueron emboscados en Zitácuaro Michoacán, en la caseta Lengua de Vaca. Por investigación se sabe que se los llevaron integrantes de la Familia Michoacana.
Durante 13 años, Araceli ha repetido su historia, en una incansable búsqueda de justicia (lo que sea que llene esa palabra) para Luis Ángel. La mujer ha ido rompiendo todas las barreras puestas por la propia Secretaría de Seguridad, que no solo se negó a reconocer la desaparición de sus elementos, sino que los reportó como faltantes al trabajo.
El caso ha sido aceptado por Naciones Unidas y Araceli espera que con eso se siente un precedente para que el Estado se responsabilice por sus trabajadores. En cuanto a los servidores públicos involucrados (los jefes de Luis Ángel) tuvo que ampararse, con el apoyo de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) y un juez ordenó a la Fiscalía General de la República que los investigue. Peo eso va lento. Hace un año y medio que se abrió el expediente, y la Ministerio Público no ha hecho nada, dice Araceli.
¿Dónde está Luis Ángel? ¿Dónde están sus compañeros? ¿Dónde están los más de 100 mil desaparecidos?
“Muchos de ellos los debe Genaro García Luna”, dice Araceli.
Y sin embargo, en el juicio que se le ha hecho en Estados Unidos al exsecretario de seguridad federal no han hablado esas personas a las que les quebró la vida.
“Las víctimas somos las grandes ausentes de ese juicio”, insiste.
La cadena de mando
Araceli está convencida de que se tiene que investigar toda la cadena de mando, desde Genaro García Luna, quien personalmente presentó al oficial encargado de la comisión (Juan Carlos Ruíz), el excomisionado de seguridad, Facundo Rosas Rosas y a su secretaria Reyna Virruel.
—Ella bajaba la información. ¿A ella quién le dio la instrucción de que se fueran los policías a la comisión? ¿Quién solicitó la presencia de los policías en Ciudad Hidalgo Michoacán?—, pregunta Araceli.
Luego sigue con la lista: el exdirector de la policía, Luis Cárdenas Palomino —actualmente preso por tortura—; Sergio Licona (quien falleció en un accidente); Rafael Avilés, excoordinador de fuerzas federales que ordenó a los policías que se fueran por sus propios medios; su particular, Alejandro Santizo, quien presionó a las familias para que aceptaran la desaparición de los muchachos y que años después fue vinculado a la delincuencia organizada; Pedro Tello Gómez, presidente municipal de Ciudad Hidalgo, quien no dio aviso de que no llegaron; Roberto Cruz Aguilar, director de normatividad del área jurídica de la Policía Federal y quien, el 19 de diciembre de 2009, cuando aparecieron 8 cuerpos calcinados en San Juan del Río, Querétaro, envió una carroza de muerto a los familiares de los policías desaparecidos; el comandante Raymundo Agustín Hernández Guzmán, quien los amenazó de muerte y les dijo que no iban a llegar a su destino.
De cada una de esas personas que, dentro de la Policía Federal, debieron tener información sobre lo ocurrido con su hijo, Araceli tiene un archivo en la memoria. A lo largo de las horas va desempolvando imágenes de la memoria para narrarnos, por enésima ocasión, cómo fue que la institución dirigida por Genaro García Luna no sólo incurrió en omisiones graves en la desaparición de Luis Ángel y sus compañeros, sino que hubo una participación activa de los responsables, antes y después de la desaparición. Por eso el caso fue aceptado en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
“Tu madre ni el seguro va a cobrar”
El sábado 14 de noviembre de 2009, Luis Ángel le dijo a su madre que iría a recoger el oficio de una comisión. Ella pidió permiso para salir temprano del trabajo y comer con él. Luis Ángel llegó como a las 4 de la tarde; su madre lo notó triste.
—¿Qué pasó, hijo?— preguntó Araceli.
—No sé, me siento raro. Es que, mamá, yo traía mi oficio de la comisión, ya me lo habían dado, fui con mi jefe Raymundo (Agustín Hernández) y le dije: ‘Ya está jefe, me voy el lunes a la comisión con el jefe Juan Carlos’; el jefe Raymundo se volteó y me dijo: ´estás pendejo´. Me quiso arrebatar mi oficio de comisión y le dije: ‘¿qué pasó jefe? Yo le estoy tramitando a mi mamá su casa, ya me dieron las llaves y necesito más dinero para amueblarla, no veo porque se enoja’. Entonces, Raymundo le respondió: ‘bueno, pues yo nomás te advierto una cosa, de mi cuenta corre que no llegas a tu destino y tu madre ni el seguro va a poder cobrar’.
—Eso era una amenaza… ¿qué le dijiste?
—No se me olvida, porque estaba cocinando sopa de fideo. Apagué la estufa y me fui a sacar la copia de su oficio. Eso fue importante porque luego intentaron decir que ellos se habían ido desacatando órdenes y sin los oficios correspondientes, pero no fue así. Y él estuvo así triste, raro, como ausente, pensativo. Luego se fue.
—¿No sospechaste nada? Ara, ¿nunca te contó de las cosas que le mandaban hacer? — preguntamos, con la confianza de haber tenido una conversación de 12 años, sobre la desaparición de su hijo.
—Algo que nunca les he contado es que una vez llegó enojado porque lo habían mandado a cuidar a alguien y era gente del Chapo Guzmán. Hasta ahora que ha salido todo eso en el juicio (la protección del gobierno de Felipe Calderón al cartel de Sinaloa) entiendo más cosas. Pero yo se quién era mi hijo, qué pensaba y cuáles eran sus valores. Sé que no era una persona que hiciera daño. Creía en la institución, pero la institución a la que pertenecía y en la que creyó Luis Ángel fue la misma que le fincó cargos por abandono de trabajo.
Preguntas sin respuestas
Araceli recuerda la llamada telefónica de Roberto Cruz Aguilar González, en los días siguientes de la desaparición de Luis Ángel, cuando le dijo que le estaban levantando una denuncia por abandono de trabajo. Ella colgó el teléfono. En una segunda llamada, el jefe policiaco aceptó que su hijo estaba desaparecido. Las familias ya forzaron a las autoridades a ir a Michoacán a presentar la denuncia.
—El 23 de noviembre nos subieron a las familias en un camión turístico blanco. Sólo iba el abogado Roberto Cruz y Julián Álvarez, no sé si era representante legal o qué. Roberto Cruz iba muy tenso, nervioso. Nos pidió que si llevábamos documentos que dijeran que éramos familiares de policías federales los escondiéramos muy bien para no ponernos en peligro, según ellos, pero nos habían dado unos lunch que decían con letras grandes: “servir y proteger a la ciudadanía, policía federal”. Entonces les dije: “¿Y este plástico no lo tragamos o qué?, dejen de estarnos exponiendo, nadie nos va cuidando.
Luego, Cruz canceló la misión. Fue hasta el día siguiente, 24 de noviembre que Araceli y los demás familiares pudieron presentar la denuncia. Habían pasado siete días de la desaparición de los agentes. Para sorpresa de las familias, los representantes de la Policía Federal declararon que los policías se habían ido desacatando órdenes con armas indistintas. ¿Cómo sabían ellos qué armas llevaban? Es parte de las dudas que nunca se han aclarado.
—No teníamos nada—, recuerda ahora Araceli.
En la madrugada del 7 de diciembre, ella recibió una llamada en su casa de una persona desconocida que le dijo que le quería ayudar. “A Luis lo tiene la familia michoacana secuestrado entre los límites de Morelia y Michoacán (sic)”, dijo el desconocido. También le aseguró que uno de los líderes de la banda era un tal cepillo y que manejaba una camioneta blindada color oro. Luego colgó. En los carteles de búsqueda no aparecía el teléfono particular. ¿Cómo consiguió ese informante el teléfono? Nadie, en 13 años, lo ha podido investigar.
Las familias fueron al centro de mando, donde les dijeron que había aparecido un sobre cerrado.
Araceli no sabía lo que tendría que enfrentar: ese sobre contenía las fotografías de los policías federales, sus credenciales del INE, de policías, licencias de conducir, algunas tarjetas departamentales y seis fotos —la única foto que no estaba era la de Juan Carlos Ruíz—. “No las van a querer ver, son fotos que duelen, pero quien sí sabemos que las va a querer ver es doña Araceli porque ella es muy aguerrida, dénselas para que las vea”, ordenó Rafael Avilés.
Araceli abrió el sobre y la primera foto que miró, fue la de su hijo Luis Ángel seguida por la de su amigo Sergio Santoyo. El impacto de verlos con el miedo desbordado en los ojos y la ropa jalada le cortó la respiración.
Dentro del sobre también había un mensaje, aparentemente firmado por el cártel de los zetas, que decía que los buscaran en la laguna de Tlajomulco.
Después, las familias fueron atendidas por Cárdenas Palomino, Sergio Licona y Maribel Arzate. Ahí, Cárdenas Palomino les dijo: “Sabemos por lo que están pasando, pero créanme, ya estamos buscando a sus familiares desde el momento en que recibimos la alerta, el 13 de noviembre del 2009”. Araceli lo interrumpió y le dijo que en esa fecha, ellos todavía no desaparecían. “Perdón, esos son otros”, respondió el funcionario.
La verdad sin maquillajes
Sin respuestas y con resultados fabricados, Araceli y las familias decidieron tomar el 20 de diciembre el centro de mando de la Policía Federal. Ahí se quedaron durante 3 meses.
El 13 de febrero del 2010, los familiares fueron citados a una reunión en la que participaron Rafael Avilés, Alejandro Santizo, Roberto Cruz Aguilar, Arturo Cortés (perito de policía Federal), Sergio Licona, entre otros.
Sin más preámbulo, Sergio Licona declaró lo siguiente:
“La verdad sin maquillaje llegó, Araceli. Detuvimos a cuatro líderes de la familia michoacana y ellos declaran que sí tuvieron participación en la desaparición de los compañeros. Confesaron que se los llevaron hacía el cerro la Coyota, que allí los tuvieron entrevistándolos un rato, los hincaron, y como tu hijo pidió clemencia para que no mataran a su amigo y lo dejarán ir; se enoja el líder, conocido como Don Pig y es él quién le da un balazo a tu hijo en la frente con su propia arma. La sangre le salía como chorro de agua por una manguera, pero no sufrió, murió instantáneamente. Balearon a todos, los mataron y después mandan a traer 20 llantas, sosa, ácidos y madera para quemarlos. Refieren que hacen un hoyo como de diámetro. Todas las investigaciones apuntan a que fueron ellos, la delincuencia organizada, les dijo Sergio Licona. ¡Ah! y además los mataron, por no haber pagado 30 pesos en la caseta, porque se presentaron como policías federales para no pagar la caseta¡Por 30 los mataron!”
Araceli recuerda de memoria cada palabra. Las familias lloraban, pero ella intentaba aguantar. “No les des el gusto a estos cabrones de verte llorar”, se repetía.
Las autoridades pretendían que los familiares declararan muertos a los agentes e iniciar un proceso de indemnización. Incluso, les dijeron que Facundo Rosas les pagaría 6 mil 20 pesos supuestamente de su bolsa, para los gastos que ya habían generado. Pero ellos se negaron. Propusieron recibir el dinero de gastos, pero reclamaron que las autoridades firmaran un papel por concepto de salarios caídos de sus hijos. Los funcionarios se negaron.
Araceli advirtió, además, que había algo extraño en la foto que les mostraron de Sergio Santoyo en la reunión del 7 de diciembre: él iba rapado cuando se fue con los muchachos, y en esa foto se le ve poquito cabello. ¿Cómo dicen que los matan el mismo día y en la foto se ve a Sergio con cabello? El perito respondió que “cuando las personas tienen emociones fuertes, el cabello sale”.
Las familias y Araceli levantaron sus cosas de las carpas y se fueron del centro de mando ese 13 de febrero de 2010. Pero antes de terminar la reunión, Araceli les advirtió: “Aquí no termina todo hoy, no vamos a declarar a nuestros hijos muertos. La pesadilla, oíganlo bien, no la tengo yo, la tienen ustedes conmigo mientras que yo viva porque hoy inicia todo”.
Luego salió a respirar. Caminó por las instalaciones y cuando sus pies ya no la sostenían, se hincó en el piso y llorando le reclamó a dios: “¿Por qué te vendaste los ojos para no ver lo que le hicieron a mi hijo?”. Luego hizo una promesa:
“Luis Ángel, si esto, que dicen que te hicieron es verdad, te prometo hijo, que voy hacer retumbar tú nombre en todo el mundo”.
Trece años después, frente a un café que ya hace rato se ha enfriado, Araceli resume ese momento.
—Mis oídos habían escuchado lo más cruel de mi vida
Engaños de todos
Las familias, sin conocimientos, hicieron todo lo que estaba en sus manos para encontrarlos. Metieron escritos y un sinfín de denuncias, ya no sabían qué más hacer. Denunciaron en todos lados, en la Procuraduría General de la República, en el Órgano Interno de Control de la Policía Federal; en la Comisión Nacional de Derechos Humanos; en asuntos internos de la Policía Federal; en la Función Pública.
A mediados de diciembre Araceli recibió en su casa un par de amenazas escritas aparentemente por los zetas.
—Una decía que le parara a mi pedo porque me iban a cortar la lengua— cuenta.
En abril de 2010 fue detenido en la Ciudad de México Hilario Morales El Gato, quien había participado directamente en la muerte de los federales (incluso, se presume que fue quien dio la orden de que los asesinaran).
Fue detenido por otro caso, pero Araceli lo vio en la televisión y de inmediato fue a la Subprocuraduría Especializada para conocer delitos de la Delincuencia Organizada (Seido). Pidió que atrajeran la averiguación de Toluca. Pero el ministerio de la agencia 30 metropolitana, se declaró incompetente.
En mayo de 2010, pidieron a la entonces subprocuradora Marisela Morales atraer el expediente. Araceli también pidió ayuda a Isabel Miranda Wallace, pero ella respondió que no se dedicaba a hacer investigaciones y que para eso estaban las autoridades, que buscara información con los amigos de su hijo.
Quitarse el odio
Después de los Diálogos por la Paz en el Alcázar del Castillo de Chapultepec, detuvieron a unas personas vinculadas con el caso y Araceli pidió hablar con los detenidos.
—Uno de ellos me dice que ya tenga paz, que no tenga fe en mi corazón, porque sí los habían ejecutado, que él no había estado, pero que sí sabía que los habían ejecutado.
Fue algo muy cruel, recuerda Araceli:
—Él llora y me platica que vendía hamburguesas y que su mamá tenía cáncer por lo que pidió un dinero que ya no pudo pagar, por eso es que lo meten dentro de la misma banda criminal. Me entrevisto con él y me pide perdón. Yo ni siquiera lo insulto ni nada, al contrario. Me quedé analizando y ahí descubrí la diferencia entre el ser y el hacer. Él es un ser humano, pero lo que hizo, se paga con cárcel. Así que le dije: ‘Mientras que yo viva, voy a luchar para que tú no salgas de la cárcel’.
El hombre cumple una condena de 409 años en prisión. Pero entrevistarse con él, cuenta Araceli, le ayudó quitarse el odio del corazón con el que vivía.
—Nunca te recuperas y tienes que hacerte la loca para no morir porque las familias vivimos con miedo—, dice.
Se tiene que investigar en México
—¿Qué pensaste cuando escuchaste: García Luna, culpable, Ara?
—No pensé nada de pronto, me quedé como suspendida en el tiempo, se me vino a la mente su cara, la pluma azul que movía al amenazarme, su forma de sentarse prepotente al hablarme de la muerte. Me senté en el sillón, me puse a reflexionar como él me lo pidió hace años y lo primero que se me vino a la mente fue: en tu conciencia la vida de siete policías y un civil, eres un criminal García Luna. Me dio felicidad, también le dije: ‘con nada vas a pagar lo que a nosotros nos hiciste, lo que le hiciste a esas personas que solo iban a trabajar’. Los hijos de Sergio quedaron en la orfandad, su hija ya es licenciada en Derecho. Frente al televisor le dije: tú criminal, hiciste dos abogadas, la hija de Sergio y a mí. Si sales de la cárcel tu conciencia no te va a dejar vivir. Son reacciones que no tienes como contenerlas y emociones muy encontradas de dolor de frustración, pero también de felicidad porque si bien es cierto, espero y deseo seguir una investigación hacia él por nuestro caso, lo voy a luchar y lo voy a pelear con la Fiscalía General de la República que vayan mínimo a preguntarle ¿quién dio la instrucción? ¿qué pasó con esto? Diario le pido a Dios que no le permita salir a hacer más daño del que ya nos hizo a nosotros, que no se lo permitan, que ni siquiera como testigo, ni siquiera como eso porque es un criminal y va a seguir haciendo daño a la sociedad. También le pido mucho a Dios que a través de esta cadena de investigaciones, la de nosotros también se lleve a cabo, nunca es tarde para una investigación y si las autoridades mexicanas de verdad quieren trabajar lo van a hacer y sí, se debe investigar a los servidores públicos que están involucrados con él.
—¿Crees que se necesitaría un macrojuicio, como los que ha habido en Colombia o Argentina?
—Sí, totalmente. Que se sepa todo el daño que hicieron.
—¿Lo veías venir? ¿Pensaste en algún momento antes que iba a salir culpable en este juicio con lo que estaba pasando, o no?
—Yo sí. Cuando veía su rostro en la tele, en las revistas, en el periódico, siempre muy prepotente el hombre, yo me emparejaba y me paraba frente a él, aunque fueran fotos y en la tele con mi mirada centrada en él, me concentraba y le decía: eres culpable, eres culpable y vas a pagar. Eres culpable y te van a declarar culpable. Mi hija me decía: mamá, es que cuando le ves su cara, tu cara se transforma. Desde lo más profundo de mi ser, pedía que lo declararan culpable.
—¿Qué piensas de Felipe Calderon y su respuesta en un comunicado donde dijo que la sentencia de Genaro Luna, su excolaborador, estaba siendo usada para golpearlo políticamente?
—A mí Margarita Zavala me trató bien. No puedo hablar mal de ella. Pero imagínate como un sólo hombre se sintió dueño de un país, de miles de vidas de víctimas. Se siente mucha impotencia, mucha frustración por todas las infancias que arruinó y por quienes quedaron en orfandad.
—¿Qué sensación te deja que no esté enjuiciado por temas de las víctimas de desaparición?
—Frustración, mucha frustración, pero leí una nota que se la estuve mandando a las familias y dice que van a empezar a ser investigados funcionarios cercanos a Genaro García Luna. Eso me dio la esperanza de irle a exigir a la Fiscalía que tiene una carpeta de investigación por nuestro caso para investigar a los servidores públicos y para que comparezca García Luna en Estados Unidos por nuestro caso y lo voy a lograr, cuándo no sé pero voy a lograrlo. Las familias y yo, estamos con la certeza sin temor a equivocarnos de que en sí, donde está el meollo del asunto en este tema, es entre el comandante inmediato de Luis Ángel y el maestro Roberto Cruz Aguilar, entre ellos dos.
Este texto es propiedad de Pie de Página y lo reproducimos como parte de la Alianza de Medios de la Red de Periodistas de a Pie. Puedes leer el original en este enlace.
“Sin (Genaro) García Luna no hubiéramos podido trabajar”, declaró Jesús Zambada García, El Rey, en el juicio que enfrenta en Nueva York el exsecretario de Seguridad y socio de Felipe Calderón. El testimonio es clave en el proceso que podría terminar en unos días.
Desde la prisión donde se encuentra desde 2019, Genaro García Luna planeaba asesinar a un testigo fundamental en el juicio que enfrenta por narcotráfico.
Fracasó, y ahora el sobreviviente del frustrado atentado ha declarado que el exsecretario de Seguridad Pública y principal colaborador de Felipe Calderón, fue el elemento clave en la expansión del tráfico de drogas hacia Estados Unidos.
El testigo es Jesús Reynaldo Zambada García, El Rey, uno de los últimos en la lista de comparecientes por parte de la Fiscalía General de Estados Unidos en el caso que se ventila en Brooklyn, Nueva York.
El Rey, quien es hermano del actual líder del cartel de Sinaloa, Ismael Zambada García, El Mayo, dijo que personalmente entregó por lo menos cinco millones de dólares al exfuncionario mexicano.
El dinero fue parte del pago por la protección de los gobiernos del Partido Acción Nacional (PAN) al cartel de Sinaloa.
Los sobornos empezaron durante el sexenio de Vicente Fox Quesada, cuando el ahora procesado era jefe de la Agencia Federal de Investigación (AFI).
La protección aumentó en el período de Felipe Calderón. Gracias a ese respaldo la organización creció exponencialmente.
Pero el repunte inició con Fox, aseguró El Rey de acuerdo con el reporte del periodista de Vice News Keegan Hamilton, quien cubre el juicio contra el exfuncionario mexicano.
“Cada día de los seis años de ese período el cartel se volvió más fuerte”, aseguró Jesús Zambada. En ese tiempo la organización enviaba un promedio de cien toneladas de cocaína al mes hacia Estados Unidos.
García Luna fue pieza clave en ese crecimiento. “Se podía trabajar mucho, había mucha seguridad, se daba apoyo con los combates y los sicarios, era muy importante” aseguró el testigo.
El apoyo del exsecretario de Seguridad al cartel de Sinaloa fue a tal nivel, que inclusive agentes de la Policía Federal eran los responsables de descargar los cargamentos de cocaína que arribaban al Aeropuerto Internacional de Ciudad de México (AICM).
“No hubiéramos podido trabajar sin esa ayuda” afirmó el testigo. “Era una forma muy segura de trabajar”.
El testimonio de Jesús Zambada seguirá este martes. La Fiscalía estadounidense informó al juez Brian Cogan que presentará otros dos testimonios breves y con ello concluirá su participación en el período de presentación de pruebas en el juicio.
Después tocará el turno a los abogados del exsecretario para presentar sus propios testigos.
Hasta ahora, de acuerdo con el periodista Hamilton, los defensores dijeron al juez que presentarán sólo una participación, aunque eso podría cambiar.
García Luna informó al reiniciar el juicio este lunes que se reserva su derecho a presentar su propio testimonio.
Después de concluir la presentación de los testigos la Fiscalía y defensores deben presentar sus conclusiones ante el jurado, que a continuación iniciará un receso privado para tomar su decisión.
Si Genaro García Luna es encontrado culpable, el juez Cogan determinará el período que permanecerá en prisión, así como las sanciones económicas que debe cumplir.
En caso de que lo absuelvan, el exsecretario debería permanecer en la cárcel mientras el Departamento de Estado resuelve la petición del gobierno de México para su extradición.
En este país García Luna enfrenta tres órdenes de aprehensión y dos investigaciones judiciales en curso, según informes de la Fiscalía General de la República (FGR).
No está claro el tiempo que demore la eventual extradición, pues el acusado tiene derecho a promover acciones judiciales para evitarlo. Una de ellas es solicitar asilo político o humanitario.
Testigo valioso
El Rey Zambada es el primer testigo que reconoce haber entregado personalmente sobornos a García Luna, y de conocer de forma directa la protección del exfuncionario al cartel de Sinaloa.
Antes la mayoría de los testimonios se basaron en versiones o hechos que les contaron o supieron de su existencia. Es decir, fueron testigos de oídas.
De hecho, los abogados del exsecretario, encabezados por César de Castro, han logrado desarticular varios de los testimonios de la Fiscalía.
En algunos casos, durante los contrainterrogatorios, lograron inclusive que los testigos admitieran que nunca se habían reunido con García Luna.
Pero no es el caso de Jesús Zambada García. En su primera comparecencia aseguró haberse reunido en dos ocasiones personalmente con el exfuncionario.
Los encuentros fueron en 2006 en el restaurante Champs-Élysés de Ciudad de México, ubicado a unos metros de la embajada de Estados Unidos.
En ambos casos las reuniones fueron para entregar dinero: tres millones en la primera ocasión y otros dos en el segundo encuentro.
Tras los sobornos García Luna se comprometió a proteger a El Mayo Zambada.
“Le iba a dar protección a mi hermano, no lo va a molestar, va a seguir trabajando como hasta ahora” dijo El Rey.
Además, El Rey afirmó que el exsecretario aseguró que mantenía un arreglo similar con Héctor Beltrán, El Barbas, líder del cartel de los hermanos Beltrán Leyva.
El periodista Keegan Hamilton, quien ha seguido puntualmente el actual proceso y antes el juicio a Joaquín Guzmán Loera, El Chapo, publicó en Twitter que García Luna permitió al cartel elegir a los comandantes de la Policía Federal o a funcionarios de la entonces Procuraduría General de la República (PGR).
De esta manera, Jesús Zambada logró colocar a Edgar Bayardo, uno de sus colaboradores, en una posición estratégica dentro de la Subprocuraduría de Investigación en Delincuencia Organizada (SIEDO).
El puesto le costó 350 mil dólares que le entregaron a un sobrino del inculpado, Víctor Hugo García.
Un método similar se utilizó para que El Rey virtualmente tomara el control del AICM, donde cotidianamente aterrizaban aeronaves cargadas con droga.
En ocasiones, declaró el testigo, eran pequeños jets privados procedentes de Venezuela, pero también aeronaves de carga con capacidad de trasladar hasta cinco toneladas.
También se utilizaban vuelos comerciales. En estos casos la droga viajaba en maletas marcadas que descargaban policías.
Los envíos “eran según el gobierno lo permitiera”, añadió el testigo. El control del capo sobre la terminal aérea capitalina terminó en 2008, cuando fue capturado por un grupo de sicarios de los hermanos Beltrán Leyva disfrazados de agentes de la Policía Federal que lo entregaron a la policía de Ciudad de México.
Jesús Zambada García fue extraditado a Estados Unidos en 2012, donde se declaró culpable de varios delitos de narcotráfico.
En 2018 fue uno de los testigos clave en el juicio contra El Chapo Guzmán, y gracias a eso su nombre fue borrado de la lista OFAC del Departamento del Tesoro.
El Rey fue sentenciado a 12 años de prisión, pero cumple su condena en libertad, e inclusive se le permitió trasladar a su familia a territorio estadounidense.
Este trabajo fue publicado por el equipo de Pie de Página y lo reproducimos como parte de la Alianza de Medios de la Red de Periodistas de a Pie.
Mientras García Luna enfrenta su juicio en EU, en México hay elementos para que la FGR pida su extradición, dice Santiago Nieto, actual procurador de Hidalgo y quien, como titular de la UIF, inició investigaciones en contra del exsecretario de Seguridad.
Texto: Alfredo Maza / Animal Político
Fotografía: Retomada de El Financiero
13 de febrero del 2023
En la recta final del juicio contra Genaro García Luna en Estados Unidos, el extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, advierte que el exsecretario de Seguridad Pública aún podría ser juzgado en México por delitos denunciados a partir de las investigaciones iniciadas en su contra en 2019, si el gobierno mexicano pide su extradición.
En entrevista con Animal Político, Nieto detalló el contenido de las denuncias iniciadas durante su gestión en contra de García Luna que, según la actualización presentada el jueves pasado por el actual titular de la UIF, Pablo Gómez, implican posibles desvíos por más de 700 millones de dólares y cargos por lavado de dinero, peculado y enriquecimiento ilícito.
El presunto círculo de corrupción alrededor del exsecretario de Seguridad incluye a colaboradores de García Luna como Luis Cárdenas Palomino y Ramón Pequeño García, pero también a colaboradores del expresidente Felipe Calderón, como el exprocurador Eduardo Medina Mora.
Sin embargo, Nieto reconoció que, en las investigaciones que desarrolló la UIF entre 2019 y 2021, no existen indicios que vinculen directamente al expresidente.
—En las investigaciones que usted hizo durante prácticamente tres años de este caso, ¿llegó a encontrar vinculaciones con el expresidente Felipe Calderón? —se preguntó a Nieto.
—No en cuanto a relación financiera —respondió.
Independientemente del veredicto, Nieto asegura que el exfuncionario no quedará impune, pues en México la Fiscalía General de la República (FGR) aún podría solicitar y obtener las órdenes de aprehensión en contra de García Luna y, a partir de ahí, solicitar su extradición.
“Se tendría que ver cuáles son las penalidades que tendría en México, cuál tendría en Estados Unidos, y con base en ello poder determinar si la extracción resulta procedente o si la pena es más importante en Estados Unidos que en México. Pero creo que lo importante es que lo que existe en la fiscalía siga su curso”, dice.
Los litigios penales de García Luna en México
A principios de 2019, agencias estadounidenses, particularmente la DEA y el FBI, informaron a autoridades mexicanas sobre el desarrollo de una investigación relacionada con el exprocurador y exministro Eduardo Medina Mora, en la que había un presunto nexo entre él y García Luna al inicio del gobierno de Felipe Calderón.
Por ello, cuando García Luna fue detenido en Estados Unidos a finales de 2019, la UIF presentó dos denuncias: una en la extinta Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO, hoy FEMDO) y otra en la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción por los delitos de enriquecimiento ilícito, peculado y lavado de dinero.
Las investigaciones encontraron que entre 2006 y 2007, cuando empezó la llamada “guerra contra las drogas”, se comenzó a desarrollar también un programa llamado nice track para espionaje telefónico, en el que participaron los hermanos Mauricio Samuel Weinberg y Jonathan Alexis Weinberg, quienes proveyeron de los insumos para efectuar este espionaje.
Pero casi al finalizar el sexenio, en 2011, una empresa en Panamá, Nunvak, abrió una filial en México que durante 2011 y 2012 y de 2012 a 2018, ya en la administración de Enrique Peña Nieto, fue “contratada de manera sistemática por el gobierno mexicano” para el mismo fin.
“En ese proceso, encontramos nosotros la contratación por 77 millones de dólares directamente del gobierno mexicano, llámese Secretaría de Gobernación, Comisión Nacional de Seguridad, en ese momento existente, el organismo especializado de los Centros de Readaptación Social y también inclusive de las propias Fuerzas Armadas”, en las que se encontraban servicios en temas de seguridad, informática, aviones no tripulados y otros, refiere Nieto.
El monto total aparte de los 77 millones de dólares en la contratación fue por 2 mil 600 millones de pesos para Nunvak y las transferencias de dinero fueron enviadas a Panamá y de ahí a Estados Unidos, donde el gobierno mexicano asegura que se utilizaron fondos para “pagar el modo de vivir de García Luna”. Pero, además, se encontró dinero que iba a Tel Aviv para el pago de servicios de inteligencia israelí y, de ahí, a países como Letonia y Curazao.
Por otra parte, las investigaciones llegaron hasta una empresa mexicana llamada GLAC, que incluso disponía de espacios en medios de comunicación: se presentaba a exfuncionarios como “colaboradores” y, durante la administración de Miguel Ángel Mancera en la CDMX, la compañía recibió diversos contratos. El más importante fue por 32 millones de pesos con la entonces procuraduría local, que la contrató para hacer un supuesto diagnóstico sobre la Fiscalía de Combate al Secuestro.
Al final, las autoridades presentaron las denuncias correspondientes contra Nunvak y GLAC, donde los accionistas eran Linda Cristina Pereyra y Gloria García, esposa y hermana de García Luna, respectivamente, así como contra el propio García Luna. Esto motivó el congelamiento de cuentas de 10 personas morales y por lo menos seis personas físicas.
Más adelante, se abrió una investigación en contra de Luis Cárdenas Palomino —exdirector de Seguridad Regional de la Policía Federal, detenido desde 2022—, luego de que las indagatorias arrojaron que actuó en el esquema de lavado de dinero a través de cuatro empresas también relacionadas con seguridad. Las investigaciones también alcanzaron a Ramón Pequeño —exjefe antidrogas de la Policía Federal prófugo de la justicia estadounidense, por presuntos sobornos del Cártel de Sinaloa.
Durante la conferencia de prensa matutina del jueves 9 de febrero, Pablo Gómez, actual titular de la UIF, dio a conocer que un tribunal colegiado otorgó un amparo a Cárdenas Palomino para el efecto de ordenar el descongelamiento de sus cuentas, por lo que el funcionario acusó a jueces y magistrados por permitir la impunidad porque “protegen a criminales y corruptos”. Pequeño también obtuvo un amparo a finales del año pasado.
Mientras en EU seguía la etapa previa al juicio contra García Luna, la FGR informó sobre la existencia de al menos tres órdenes de aprehensión solicitadas como parte de diversas carpetas de investigación y procesos abiertos.
El primer posicionamiento de la FGR —el 16 de junio de 2022— se dio justo un día antes de que los fiscales estadounidenses aseguraron tener las pruebas suficientes para demostrar que García Luna amenazó con ejercer violencia y manipular a potenciales testigos.
Luego de que se diera a conocer esta información, el presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a las autoridades estadounidenses para que publicaran los audios en los que se escucha a García Luna realizar estas declaraciones.
En respuesta, la FGR informó que la primera orden de aprehensión que tiene contra García Luna es por los delitos de uso indebido de atribuciones y facultades y de asociación delictuosa, concedida por actos de corrupción presuntamente cometidos en diversos penales federales.
La segunda orden fue por el delito de enriquecimiento ilícito, mientras que la tercera es por la presunta introducción ilegal de armamento en el operativo “Rápido y Furioso”, que permitió la entrada de 2 mil armas de fuego de EU a México con el fin de rastrear a sus usuarios, pero a las que se les perdió el rastro.
García Luna es juzgado en EU por nexos con el narco
Una segunda ronda de litigios en torno a García Luna inició en Estados Unidos luego del juicio a Joaquín ‘el Chapo’ Guzmán y otros juicios, en los que se empezó a generar una serie de testimonios en contra del exsecretario.
En su momento, la UIF encabezada por Santiago Nieto entregó toda la información que tenía en su poder a los fiscales del Distrito Este de Nueva York, pero debido a que en EU la denuncia contra García Luna solo tiene que ver con delitos relacionados al crimen organizado durante su tiempo como funcionario, la defensa del exsecretario pidió que no se utilice la información de 2012 a 2018, argumento que fue aceptado por el juez Brian Cogan.
“Nuestro punto de vista jurídico es que no importa si el dinero venía del narcotráfico o venía de un proceso de enriquecimiento ilícito en México; de cualquier forma, al tocar dicho dinero, el sistema financiero norteamericano estaba incurriendo en la conducta de lavado de dinero y la obligación de Estados Unidos, en términos de la propia normatividad del Grupo de Acción Financiera Internacional, es que tendría que desarrollar el caso y decomisar los bienes que fueran objeto de esa actividad ilícita», dice Nieto.
Durante el juicio de García Luna, el exfiscal de Nayarit Édgar Veytia —sentenciado a 20 años de prisión en EU— fue el primero en acusar a Felipe Calderón y a García Luna de proteger al ‘Chapo’ Guzmán, involucrando también al exgobernador Roberto Sandoval en la lista de funcionarios públicos que presuntamente recibieron sobornos del crimen.
Esta semana se prevé que concluyan los testimonios en el juicio contra del exsecretario, con la participación de un testigo estrella que podrían ser Edgar Valdez Villareal, ‘la Barbie’, o Jesús ‘el Rey’ Zambada.
La demanda para recuperar 250 millones de dólares
Un tercer caso en torno a García Luna gira alrededor de un litigio civil que empezó luego de que la UIF, con Santiago Nieto, contrató a un despacho estadounidense para intentar recuperar 250 millones de dólares saqueados por el exsecretario, pero en el que la FGR acusó a Nieto de no tener facultades legales para realizar dicho acuerdo y por tanto lo calificó de ilegal.
Al respecto, Nieto, actual procurador de Hidalgo, ha asegurado que dicho procedimiento civil en EU inició luego de hablarlo con el presidente López Obrador, con el canciller Marcelo Ebrard y con el entonces secretario de Hacienda, y después de tener una autorización expresa del Consejo de Seguridad en México.
“Ahora bien, también hay una parte interesante respecto a esto. Se presentó la demanda en los tribunales de Florida, porque ahí es donde está la mayor cantidad de los bienes, y el, digamos, ejercicio preliminar eran 250 millones de dólares, que si lo sumamos a los 77 millones (de dólares) y a los 2 mil 600 millones (de pesos), son 450 millones de dólares lo que había movido García Luna en Estados Unidos”, dice.
La única variación que existe respecto de las investigaciones de Nieto y de Gómez, expuesta el jueves pasado, tiene que ver con el aumento de recursos, entre otras cosas, por vehículos de alta gama que fueron adquiridos por García Luna, como autos Mercedes Benz o Land Rover.
Sobre la demanda civil, la defensa de García Luna presentó una motion to dismiss, que es una moción que busca que se deseche la demanda. Esto fue rechazado por el juzgado en primera instancia, por lo que se ha presentado una apelación que podría resolverse a finales de marzo.
“Hay dos opciones: que se confirme la decisión del juez y que por tanto siga la demanda civil o que lo revoque y ahí tendrán por supuesto la unidad y el despacho que generar acciones jurídicas al respecto. Pero el hecho de que les hayan rechazado la motion to dismiss es una buena señal para México y ahí es donde se encuentra la mayor cantidad de los recursos”, explica Nieto, que desde que dejó la UIF no tiene acceso ni al expediente de la FGR ni a la demanda en los tribunales en Florida.