Con cubeta de agua en mano, elementos del Ejército Mexicano participaron en la sofocación de un incendio forestal que se registró en un cerro ubicado arriba del Fraccionamiento Villas del Parador, ubicado al sur de Chilpancingo.
Alrededor de las 14 horas con 30 minutos de este viernes se recibió el reporte de que en las cercanías de este asentamiento se registraba un incendio.
Al sitio llegó personal de Protección Civil estatal y municipal para tratar de sofocar el siniestro ya que las llamas estaban a varios metros de las viviendas.
Posteriormente arribaron elementos del Ejército Mexicano en dos camionetas.
Luego con cubetas que consiguieron que se las prestaran los vecinos del Fraccionamiento empezaron acarrearlas con agua para sofocar el fuego.
Luego de más de dos horas de combate en el que también participaron los vecinos de esa colonia, fue sofocado el incendio.
El pasado miércoles en Atoyac de Álvarez ante la falta de personal de Protección Civil, Bomberos y de la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) vecinos de varias colonias participaron en la sofocación de un incendio que ya llevaba más de 24 horas en activo.
Según la Secretaría de Protección Civil estatal hasta este jueves en Guerrero había 17 incendios forestales activos en igual número de municipios de Guerrero.
En la sofocación de los siniestros participan elementos del Ejército Mexicano, Bomberos, Protección Civil, Brigadas rurales, voluntarios y de la Comisión Nacional Forestal.
Los incendios que estaban en activo están ubicados en los municipios de Cochoapa el Grande, Chilpancingo, Zirándaro, Coyuca de Catalán, Pungarabato, Huitzuco de los Figueroa, Tlapa de Comonfort, Zihuatanejo de Azueta, Coyuca de Benítez, Tepecuacuilco, Coyuca de Catalán, Copanatoyac, Tlapa, Juan R. Escudero, Atlixtac y Alpoyeca en donde hay dos siniestros.
Son más de mil 200 hectáreas afectadas por los incendios forestales, informó Protección Civil.
Desde hace cuatro días un incendio ubicado en un cerro llamado Cerro Gordo, en Iguala no ha podido ser controlado.
Según los reportes ya van más de 40 hectáreas de vegetación diversa que han sido afectadas.
Los soldados llegaron a bordo de 20 camionetas del Ejército y tres patrullas de la Guardia Nacional (GN) a las instalaciones de la 35 Zona Militar ubicadas en la colonia Progreso de esta capital del estado
Texto: José Miguel Sánchez
Fotografía: Itzel Urieta
17 de marzo del 2022
Chilpancingo
A tres días de que los profesores de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación del Estado de Guerrero (CETEG) bloquearon casi once horas la autopista del Sol Cuernavaca-Acapulco para exigir al gobierno solución a sus demandas de carácter educativo y laboral, este jueves arribaron 150 elementos del Ejército Mexicano que se encargarán de retirar estas protestas en las vías federales.
Los soldados llegaron a bordo de 20 camionetas del Ejército y tres patrullas de la Guardia Nacional (GN) a las instalaciones de la 35 Zona Militar ubicadas en la colonia Progreso de esta capital del estado.
En un comunicado que entregaron a los reporteros, se señala que aproximadamente 150 elementos que integran la Fuerza de Tarea de la IX Región Militar (con sede en Acapulco) realizarán recorridos y vigilancia en las diferentes colonias del municipio de Chilpancingo.
«Patrullamientos en las vías de comunicación a fin de garantizar el libre tránsito en las carreteras que llegan a esta ciudad capital y que comunican hacia los diferentes destinos turísticos y de recreación con motivo del puente vacacional del 21 de marzo», dice el boletín.
En estas tareas de seguridad participarán elementos de la Guardia Nacional y la Policía Estatal.
Las tareas de seguridad también incluyen recorridos a pie (de las fuerzas federales y estatales) en las zonas comerciales y de servicios de esta capital del estado.
En el comunicado, la 35 Zona Militar, señala que lo anterior (los patrullajes) tienen como finalidad reforzar la seguridad para evitar que se cometan ilícitos y cualquier necesidad de la sociedad.
Los mandos militares se reservaron a dar declaraciones, según ellos, por la veda electoral por la revocación de mandato, que se realizará el próximo 10 de abril.
Trascendió que las fuerzas militares llegaron para reforzar el operativo Caseta segura, donde en conjunto con la Guardia Nacional y Policía Estatal resguardan las casetas de peaje de la Autopista del Sol.
El objetivo del operativo es que las casetas no sean tomadas por diferentes sectores de la población como una medida de protesta para exigir solución a sus demandas.
Desde el pasado 23 de febrero ya es considerado delito federal tomar casetas de cobro, cuya sanción puede ir desde 15 días hasta siete años de cárcel, de acuerdo con la Ley de Vías Generales de Comunicación.
Durante febrero hubo 77 asesinatos en el estado, 71 hombres y 6 mujeres, 35 de los 77 homicidios dolosos se registraron en Acapulco, 28 empresarios en este puerto en estos momentos están sufriendo extorsiones e intimidaciones
En un video sin audio que dura 32 segundos se observa como tres individuos que portan armas cortas asesinan a balazos al panista y ex comandante de la policía ministerial estatal, Juan Carlos Brito Morán cuando ingresa a un gimnasio ubicado en la Costera Miguel Alemán, en la zona dorada de Acapulco.
El asesinato ocurrió a las 6 con 40 minutos de la mañana del lunes 28 de febrero. Ese día, el último del mes, se registraron otros cinco homicidios en distintos puntos de este puerto.
Brito Morán fue subsecretario de Seguridad Pública municipal durante el gobierno del perredista Evodio Velázquez Aguirre con quien lo unía un compadrazgo y conflictos de interés.
Durante febrero hubo 77 asesinatos en el estado, 71 hombres y 6 mujeres. El recuento de Amapola. Periodismo transgresor arrojó que, 35 de los 77 homicidios dolosos se registraron en Acapulco.
Iguala ocupó el segundo lugar en número de asesinatos con ocho casos y en tercer lugar Chilpancingo con seis homicidios dolosos.
Chilapa que en las estadísticas figura en los primeros lugares en casos de homicidios, hubo un crimen registrado.
Acapulco, considerada desde hace décadas como la joya de la corona en Guerrero, por su derrama económica y porque aquí las organizaciones criminales tienen un control, vive desde el 2006 —desde que gobernó la alcaldía Félix Salgado— una escalada de eventos de violencia.
Aquí en este puerto han gobernado los partidos políticos con más presencia en Guerrero: el PRI, PRD, Movimiento Ciudadano y desde el 2018, Morena.
Ninguna autoridad municipal proveniente de esos cuatro partidos políticos ha dado resultados tangibles para resolver la violencia e inseguridad.
El 30 de septiembre asumió la alcaldía de este municipio la morenista Abelina López Rodríguez antecediendo a su compañera de partido, Adela Román Ocampo.
Unas ocho horas antes de que López tomara protesta, cinco hombres que se desplazaban en un vehículo por la Costera Miguel Alemán ingresaron a la emblemática discoteca Baby ‘O y después de rociarla de gasolina le prendieron fuego.
Desde esa fecha la inseguridad es percibida por la ciudadanía, como una marca del nuevo gobierno que encabeza López Rodríguez, al igual que sus antecesores en el cargo.
Al inicio de su administración hubo dos despliegues de seguridad con elementos del Ejército Mexicano, Guardia Nacional, Policía Estatal y La Marina. Uno el 8 de noviembre y otro a mediados de diciembre, sin que los homicidios, secuestros, extorsiones, feminicidios y otros delitos dejen de ocurrir.
Decapitados que aparecen tirados en las calles, asesinatos en las playas, ataques e incendios en camiones de transporte urbano, extorsiones a comerciantes y empresarios son hechos ocurridos en febrero.
El primero de febrero a los turistas que caminaban por la avenida Miguel Alemán, frente a la playa Tlacopanocha, les sorprendió ver un anuncio afuera de una taquería.
«Este negocio ha sido cerrado porque me quisieron matar a mí y a mí familia por un grupo que opera en esta zona», decía la manta que colocó el dueño de esta taquería.
Días antes de que apareciera este anuncio, un grupo armado atacó a tiros esta taquería dejando a una persona herida.
El pequeño empresario denunció que integrantes de una organización delictiva le estaba exigiendo una cuota mensual a lo que no accedió y en represalia atacaron a balazos su negocio.
Alejandro Martínez Sidney, presidente de la Federación de Cámaras de Comercio (Fedecanaco) dijo que una prueba de la inacción del gobierno para frenar la violencia en Acapulco es de que las autoridades reconocen que 800 elementos de la Marina y Ejército Mexicano carecen de patrullas para movilizarse en la ciudad para que participen en forma activa en los operativos.
Dijo que ese problema se los hizo saber el subsecretario de Seguridad Pública estatal, Irving García Lozano en una reunión que tuvo con empresarios de Acapulco.
«Lo que nos dijo ese día el funcionario del gobierno estatal es sumamente grave», informó.
En esa reunión con el funcionario estatal les dijo a los empresarios que son 800 el número de elementos del Ejército y Marina no tienen vehículos para moverse.
Este grupo de elementos de fuerzas federales son parte del operativo Refuerzo 2021 que el 8 de noviembre del 2021 pusieron en marcha el Secretario de la Marina, José Rafael Ojeda y la gobernadora Evelyn Salgado Pineda para los municipios de Acapulco, Iguala y Chilpancingo.
Martínez Sidney señaló que en esa reunión se le presentó al subsecretario de Seguridad una lista de 28 empresarios de Acapulco que en estos momentos están sufriendo extorsiones e intimidaciones.
«Se le dio todos los datos al Subsecretario para que se realicen las investigaciones», expuso.
En cifras que dio a conocer esta organización de empresarios se informó que en el 2021 se registraron en Guerrero 196 delitos de extorsión, 14 secuestros y mil 88 homicidios dolosos.
En un reconocimiento explícito de que el gobierno no puede frenar la delincuencia en Acapulco y en otras regiones de Guerrero, el comandante de la 27 Zona Militar, Federico San Juan Rosales, dijo que no tienen suficientes soldados para combatir a la delincuencia.
Durante un encuentro que el general tuvo con integrantes del Grupo ACA el pasado 28 de febrero, se refirió a las protestas de los comerciantes del mercado central de Acapulco por los supuestos que cometen los soldados en sus operativos en esa zona y por la retención de un grupo de militares por más de cinco horas por parte de pobladores de Quechultenango.
«Son gente (los inconformes contra los soldados) que es manipulada por la delincuencia organizada», aseveró.
Dijo que en el caso de Quechultenango (en donde opera un grupo delictivo) recibieron órdenes de no hacer nada cuando los soldados estaban retenidos.
«Recibimos órdenes de parar», señaló al referirse a esos hechos registrados el día 16 de febrero en Quechultenango durante el fallido operativo que realizó el Ejército, Guardia Nacional y Policía estatal en esa zona.
Para que fueran liberados los soldados, el comandante de la 35 Zona Militar, Enrique Martínez y el Secretario de Seguridad Pública estatal, Evelio Méndez Gómez firmaron una minuta de acuerdos con los habitantes de esa localidad en el que hubo el compromiso de dejar en libertad a uno de los detenidos de nombre Jesús Flores García.
Otro de los compromisos firmados es de que cuando el Ejército y Guardia Nacional realice operativos en esa zona donde tiene su bastión un grupo delictivo sean acompañados por la policía municipal de Quechultenango y los llamados policías comunitarios.
Hechos que conmocionaron en febrero
Durante febrero se registró un ataque a balazos contra integrantes de una familia en la comunidad de Arroyo-Blanquito, el 2, Día de la Candelaria.
Aquí murieron un señor de nombre Francisco «N» de 44 años y su hijo de 17 años y su esposa resultó herida de bala.
En Tecoanapa, municipio enclavado en la región de la Costa Chica y en donde desde el 2013 está la policía comunitaria para dar seguridad a esa zona, un grupo armado asesinó a cuatro personas que viajaban en un taxi en las inmediaciones de la comunidad de El Limón.
Este hecho ocurrió el seis de febrero, murieron tres hombres y una mujer.
A pocos días de que un grupo de militares fuera expulsado por habitantes de Quechultenango, la institución celebra
Texto y fotografía: José Miguel Sánchez
19 de febrero de 2022
Chilpancingo
Retenidos y expulsados por pobladores de Quechultenango, con exigencia de comerciantes de Acapulco para que salgan del Mercado Central y con quejas por violaciones a los derechos humanos, el Ejército mexicano conmemoró su 109 aniversario.
Fue en el sexto Batallón de Ingenieros de Combate, ubicado en Chilpancingo, donde los mandos militares del estado acompañados de la gobernadora, Evelyn Salgado Pineda realizaron una ceremonia con motivo del 109 aniversario de la creación del Ejército Mexicano.
Fue una breve ceremonia donde participó el comandante de la 35 zona militar, Enrique Martínez López, y la gobernadora Salgado Pineda, ambos rememoraron la historia del Ejército Mexicano y Salgado Pineda agradeció la participación del Ejército en las jornadas de vacunación contra el Covid-19.
Martinez López señaló el papel de las fuerzas armadas como garantes de la soberanía y la seguridad interior, aunque, en la última semana el Ejército Mexicano participó en hechos donde la población mostró un descontento a sus acciones y operativos.
El pasado miércoles 16 de febrero un grupo de pobladores del municipio de Quechultenango retuvo a elementos del Ejército y Policías Ministerial para exigir su salida del municipio y un cese a su operativo de seguridad, esto días después de que las fuerzas de seguridad aseguraron tres tigres de bengala y ocho vehículos.
Días después el Consejo Indígena Popular de Guerrero Emiliano Zapata (CIPOG-EZ) criticó que el Ejército Mexicano no fue capaz de detener a los operadores del crimen organizado que operan en la zona, denominado por la Fiscalía General del Estado (FGE) como Los Ardillos.
Ayer, 18 de febrero, comerciantes del Mercado Central de Acapulco bloquearon la Costera Miguel Alemán para exigir la salida del Ejército y Guardia Nacional de sus instalaciones por acusarlos de acoso.
En los últimos días activistas se manifestaron en contra de las acciones de militarización llevadas a cabo por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.
Al término de la ceremonia y en una breve entrevista, Salgado Pineda, habló sobre el operativo realizado en Quechultenango y las acciones de los comerciantes en Acapulco, sin entrar en detalles dijo que trabajarán labores de convencimiento para que la gente acepte a los elementos de seguridad.
Por su parte el secretario de seguridad pública, Evelio Méndez Gómez, informó que la nueva estrategia con las poblaciones que no aceptan elementos de seguridad, será trabajar la proximidad social, reforzar las policías de género, la prevención social del delito y mesas de trabajo.
Al evento asistió Raymundo Casarrubias Vázquez, presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ); Alfredo Sánchez Esquivel, presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso Local, la diputada Flor Añorve Ocampo, la fiscal general del estado, Sandra Luz Valdovinos y la presidenta municipal de Chilpancingo, Norma Otilia Hernández Martínez.
En el informe 2020-2021 de Amnistía Internacional advirtió que en 2020 el gobierno a cargo del presidente, Andrés Manuel López Obrador, desplegó a más efectivos militares en la estrategia de seguridad pública que las dos administraciones presidenciales anteriores, la del priista Enrique Peña Nieta y del panista, Felipe Calderón Hinojosa
Texto: Beatriz García
Fotografía: José Luis de la Cruz (Archivo)
19 de febrero del 2022
Chilpancingo
Las violaciones a los derechos humanos cometidas por efectivos del Ejército en Guerrero no paran desde los años 70s, época conocida como Guerra Sucia, lo único que ha cambiado, coincidió el defensor de derechos humanos, Vidulfo Rosales Sierra y la integrante de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) e hija del guerrillero, Lucio Cabañas Barrientos, Micaela Cabañas Ayala.
Hoy sábado se conmemora el Día del Ejército Mexicano y de manera oficial se celebran eventos para congratular el trabajo que han hecho los militares en el país, además de entregarles reconocimiento. En Guerrero no es a excepción.
Un sin número de violaciones a los derechos humanos se han cometido por elementos del Ejército en Guerrero y en el resto del país, y que han sido de interés público, casos que ha llegado a instituciones internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), mismo motivo por el que se han emitido recomendación al Estado mexicano.
El 31 de agosto del año pasado Amnistía Internacional y Seguridad sin Guerra emitieron un posicionamiento donde externaron su preocupación con la decisión del gobierno federal, de continuar con el enfoque de militarizar la seguridad pública, como lo hicieron los dos gobiernos que lo antecedieron.
“Esto ha detonado el aumento de quejas por violaciones graves a los derechos humano, de tal manera que hacemos un llamado urgente para que la seguridad pública esté en manos de personal civil, como lo establecen las normas del derecho internacional de los derechos humanos”, advirtieron los organismos defensores.
En el informe 2020-2021 de Amnistía Internacional advirtió que en 2020 el gobierno a cargo del presidente, Andrés Manuel López Obrador, desplegó a más efectivos militares en la estrategia de seguridad pública que las dos administraciones presidenciales anteriores, la del priista Enrique Peña Nieta y del panista, Felipe Calderón Hinojosa.
El Sistema Nacional de Alerta de Violencia a los Derechos Humanos de la CNDH estableció que el número total de quejas registradas contra la Guardia Nacional en 2020 sumaron 350. En el 2021 acumularon más de 261 quejas, lo que situaba a ese cuerpo de seguridad entre las 10 instituciones con más quejas por violaciones a derechos humanos.
Violaciones a derechos humanos cometidas por el Ejército en Guerrero
En Amapola. Periodismo transgresor hicimos un recuento de las violaciones a derechos humanos cometidos por el Ejército en Guerrero, desde la Guerra Sucia, hasta uno de los casos emblemáticos, la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, cometidos el 26 y 27 de septiembre del 2014 en Iguala, hechos que demuestran que las violaciones cometidas por militares no paran, lo que cambia es la época.
El Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan es un organismo defensor que ha acompañado casos en los que estuvieron involucrados militares, como el del asesinato del nahua Bonfilio Rubio Villegas, originario de Tlatzala, municipio de Tlapa, que fue asesinado por militares mientras viajaba en un autobús en el 2009, y los casos de violación sexual a las Me´phaa, Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú.
Sobre esta situación habló el abogado de Tlachinollan y que acompaña en su defensa a los padres y madres de los 43, Vidulfo Rosales Sierra.
Desde los años 70, finales de los 60, con la llamada Guerra Sucia, explicó, ahí se vio la faceta del Ejército cometiendo “violaciones atroces” a los derechos humanos más elementales, asentados en tratados internacionales que deben respetar la vida y la integridad de las personas.
Entre la gama de violaciones ejercidas por los militares en los sesentas fueron, principalmente, “ejecuciones extrajudiciales”, tortura, desapariciones, señaló el abogado. Y además, hubo un caso que se registró en la Corte Interamericana y fue el parteaguas para documentar estas violaciones, el caso de Rosendo Radilla Pacheco, un líder social de Atoyac, que lucho por mejoras en educación y salud, contra las injusticias y abusos.
Fue desaparecido por militares en 1974.
El caso de Rosendo Radilla fue el que abrió brecha y sentó bases para que se pudiera restringir el fuero militar y se pudieran hacer reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y al Código de Justicia Militar, por ello, ahora, los delitos que comete el Ejército son juzgados por la justicia civil.
Después de estos hechos se construyeron diversos cuarteles militares en el estado y aunque ahora los militares estarían dentro de estas construcciones no se irían de Guerrero, dijo, pero sí disminuyó su presencia en las comunidad y aparentemente las violaciones a derechos humanos, pero volverían a surgir en los años noventa, cuando aparece la guerrilla del Ejército Popular Revolucionario (EPR) y del Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI).
El escenario volvió a ser el mismo, torturas, desapariciones, por lo cual surgió una recomendación de la CNDH, que menciona 30 casos donde hubo violaciones a los derechos humanos sobre tortura, incursiones a comunidades, violaciones sexuales cometidos contra mujeres, explicó el defensor de derechos humanos.
El accionar del Ejército en Guerrero se prolongó en distintas partes del estado, en los años de 1998 y 2000 con la masacre de El Charco, donde participó directamente el Ejército, contra una célula del Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI).
Fue entonces que suceden los hechos de tortura por militares contra ecologistas que defendían sus recursos naturales en Petatlán, Rodolfo Montiel Flores y Teodoro Cabrera.
Después se cometen las violaciones sexuales contra Valentina Rosendo e Inés Fernández, dentro de un operativo que despliega el Ejercito en comunidades de los municipios de Acatepec y Ayutla de los Libres, porque hay información de que ahí operan grupos insurgentes, y tienen como finalidad “reducir el margen de acción de los grupos insurgentes que operan en esa región”, según informes oficiales del Ejército.
Estos casos se difundieron internacionalmente. Los casos también los retomó la CIDH, y entonces poco se frenó la presencia del Ejército en las comunidades.
En el sexenio del panista, Felipe Calderón Hinojosa, del 2006 al 2012, se constituyó la llamada “guerra contra el narcotráfico”, una supuesta estrategia de esa administración para combatir a los grupos delictivos, que propició que los militares se desplegaran en todos los rincones del país.
En esta época fue asesinado Bonfilio Rubio Villegas, en un retén de militares en Huamuxtitlán. Mientras viajaba en un autobús, supuestamente porque los efectivos creyeron que ahí iban delincuentes.
-¿Entonces se hablaría de que las violaciones por parte del Ejército no cesan, que lo que único que ha cambiado es la época?- se le preguntó al abogado.
Se siguen reditando, han sido diferentes épocas, por diferentes motivos, pero todo el tiempo el Ejército ha cometido violaciones a los derechos humanos, tortura, desaparición, ejecuciones extrajudiciales, de manera selectiva, pero, también masiva como Tlatlaya, Ayotzinapa y El Charco. También de manera selectiva como la Guerra Sucia que iban matando, dos, tres, cuatro, cinco activistas, señaló Rosales.
En el 2000 cambio un poco el discurso con la aplicación de la Ley Federal de Armas, Fuego y Explosivos, pero las violaciones se siguieron cometiendo, insistió el abogado y activista.
Hubo unos pequeños avances en términos de esta materia contra el Ejército, agregó, y esa es la batalla que liberaron organizaciones sociales y de derechos humanos, para acotar el fuero militar, para efecto de que las violaciones de derechos humanos no fueran juzgadas por tribunales e instancias militares, y se logró, no en México, pero si por los casos que fueron llevado a la Corte Interamericana.
La realidad es que el Ejército es un poder dentro de los poderes, y que el poder civil tiene que hacer acuerdos con los poderes legalmente establecidos, aunque el Ejército sigue teniendo un poder fuerte en la vida fáctica, es una institución hermética, porque no transparenta y no hay poder que lo obligue a rendir cuentas.
El gobierno de AMLO que prometía un gobierno diferente, no lo es: Micaela Cabañas
La representante de la Oficina Foránea en Guerrero de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Micaela Cabañas, expresó, que la población y se siente atropellada, porque el Ejército fue creado para defender “contra la invasión enemiga” y no para atacarlo.
“Nos sentimos ofendidos, nos sentimos atropellados del nuevo gobierno que pensamos que iba a ser de cambio, a nuestro favor de las organizaciones sociales, civiles, principalmente. Después de haber pasado varios años de violaciones a derechos humanos, pensamos que tal vez si se iban a acabar (las violaciones del Ejército) o por lo menos no iba a ser tan dura la estocada, pero definitivamente al parecer es todavía más agresivo en contra de nosotros”, expresó la también hija del ex tinto guerrillero y fundador del Partido de los Pobres (PDLP).
Resaltó que el papel del Ejército fue de violaciones a la población civil, durante la guerra sucia, y que es doloroso saber que en la actualidad se repite y se están dando cargos públicos a quienes traen escuela de represión.
Se pregunta si realmente han cambiado las condiciones y por qué el gobierno en lugar de proteger, arremete contra el pueblo.
Pero hay una esperanza, dijo, porque ahora hay instituciones de derechos humanos y es un organismo de amparo que hace sobrepeso, aunque sigue habiendo violaciones, porque la formación y la escuela del Ejército se repite.
“El maestro Lucio Cabañas Barrientos fue uno de los primeros defensores de derechos humanos en aquel entonces cuando no había protección, pero protegía a su pueblo, a los maestros, a los padres y les enseñaba una mejor idea en su entorno, pero en la actualidad todo lo que hemos pasado la familia Cabañas, he tenido que caminar tanto, he sido víctima tantas veces pero hoy me honra decir que soy sobreviviente, que estoy en una institución para defender el pueblo”, consideró.
