Ser mujer trans y migrante en pandemia: La historia de Yimel Alvarado

Se fue a Estados Unidos huyendo del odio. Allá logró ser libre y feliz, hasta que llegó la COVID-19. De acuerdo con la ONU, las personas migrantes de la diversidad sexual, como ella, enfrentaron discriminaciones entrecruzadas durante la pandemia que reveló, sobre todo, cuán invisibles pueden ser sus problemas y por lo tanto sus vidas, también del otro lado.


Texto: Beatriz García

Fotografía y video: Franyeli García

Ilustración: Conejo Muerto

31 de enero del 2022

 

Es la noche del 10 de marzo del 2020. El azul brillante de las luces se refleja en la mirada cansada de Yimel Alvarado. El color negro que delínea sus ojos, aun cuando le da mucha profundidad, acentúa su agotamiento.

Trae un vestido negro entallado que ella misma diseñó y cosió. Está en medio de una de sus imitaciones musicales más solicitadas en un bar de la avenida Roosevelt, del distrito de Queens, en Nueva York.

Ese mismo vestido ahora está dentro de una maleta en una habitación de la casa de su madre, en su natal Tlapa, municipio de la región Montaña en Guerrero, uno de los estados con mayores niveles de marginación, ubicado en el suroeste del país.

Yimel es una de las tantas personas de la comunidad LGBTI+ (Lésbico, Gay, Transgénero, Bisexual, Intersexual) que migró a Estados Unidos en busca de una vida mejor. Aunque tanto allá como en México, la población de la diversidad sexual suele ser invisible, porque en sus historias se configuran varias variables de desigualdad: homofobia, discriminación, odio y rechazo, entre otras.

Yimel se fue a Nueva York en septiembre de 1997. Al inicio, como migrante indocumentada, no tuvo opción y por un tiempo se dedicó al trabajo sexual, lo que la obligó a soportar ataques verbales y físicos bajo las vías elevadas del metro Jackson Heights, como lo documentó The New York Times en un texto sobre COVID-19 que tituló El Epicentro. Luego Yimel se unió con un grupo de amistades de la comunidad LGBTI+ y formó una familia con la que compartía departamento en Queens.

Ese 10 de marzo del 2020, Yimel dio su espectáculo en el Kings Bar de la avenida Roosevelt. Nadie se dio cuenta que no estaba bien, la pandemia todavía se sentía lejana a pesar de estar a la vuelta de la esquina, y Estados Unidos aún no decretaba el confinamiento por el virus SARS-CoV-2 que ya se expandía por el mundo.

Después de esa presentación Yimel regresó a casa y comenzó su martirio en silencio. Trató de aliviarse con tés caseros: pensó que sólo era una tos y un dolor de espalda que pasarían. Además, seis días después tendría otra presentación para la que debía recuperarse pronto.

Ella sabía que la COVID-19 se estaba propagando, pero creyó que su caso sólo era resultado del cansancio y lo asoció a que la noche previa se desveló mejorando su vestuario. Pero para el 13 de marzo seguían sus malestares: ahora le dolía la cabeza, se había intensificado el dolor de espalda y la tos se volvió tremenda.

Sin embargo no le cuenta a nadie de su familia, ni siquiera a su hermana Olivia Aldama Alvarado, que también vive en Queens. Sólo sus compañeros de departamento se dan cuenta que no está bien y le piden que vaya al médico, pero se niega.

Es la segunda vez desde que llegó a Estados Unidos que la pasa mal. La primera fue muy al principio, cuando debió prostituirse para sobrevivir. Pero las cosas que más le habían dolido en la vida, le ocurrieron antes de migrar, en Tlapa, 23 años atrás.

Libre como las mariposas

Es septiembre de 1997. El bullicio y la música de banda reinan en la colonia San Francisco, en Tlapa. Armando, sus hermanas, su mamá y su papá disfrutan de un jaripeo, un espectáculo que consiste en ver qué jinete se queda más tiempo sobre el lomo de un toro. Armando se aparta para reunirse con sus amigos, a quienes su padre llama “los putos”.

Sus hermanas se van, pero Armando se queda. Al verlo, su padre desenfunda la pistola y suelta varios tiros entre los pies de su hijo y sus amigos. Nadie resulta herido, pero Concepción, la madre de Armando, sabe que su esposo intentó matarlo. Ella y sus hermanas se llenan de miedo.

No es la primera vez que su padre lo agrede. Sucede con frecuencia desde que cumplió 15 años y comenzó a autopercibirse como una persona transexual. Una vez su padre le dio un cuchillo y le gritó: “¡Ten, mátate!”. En la región Montaña, como en muchas otras del país, aún hay muchos prejuicios contra personas con orientaciones e identidades sexuales distintas.

Después del jaripeo, Concepción, sus hijas y Armando duermen en casa de una comadre. Tienen miedo de que su esposo lo mate. Esa noche, Armando comenzó a idear su huida. Dos días después, al amanecer, él ya no está en Tlapa.

Hasta una semana más tarde, su madre y sus hermanas supieron que ya estaba en Estados Unidos. Lo que no les contó en ese momento es que durmió en la calle, hizo trabajo sexual y sufrió maltratos, que para llegar allá consiguió dinero que debía reunir y pagar pronto, y que tenía una meta clara: a partir de entonces sería Yimel Alvarado.

La otra realidad

Durante la pandemia de la COVID-19, las personas migrantes lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales pueden enfrentarse a discriminaciones entrecruzadas: tanto por ser migrantes, como por su identidad de género u orientación sexual, han advertido organismos como la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Lo cierto es que de la realidad de las personas migrantes de la comunidad LGBT durante la pandemia, poco se sabe. Al menos en México.

Por varios días este medio intentó tener comunicación con organizaciones estatales y nacionales de la diversidad sexual, tanto de México como de EU, para conocer cómo estaba viviendo esta población la pandemia, pero la única información disponible es la relacionada específicamente con crímenes por homofobia.

El representante de la organización local Orgullo Guerrero, Juan Carlos Salvador, dijo que quizás estaban siendo egoístas por no documentar lo que están viviendo sus compañeros y compañeras de la población LGBTI+ en pandemia, porque desconocen totalmente su situación.

De acuerdo con la ONU, las personas LGBTI+ pueden enfrentar discriminación y estigma cuando acceden a los servicios de salud, además de que en algunos países hay leyes en que penalizan las relaciones entre personas del mismo sexo y criminalizan a las personas trans.

Otras conductas sobre las que advierte este organismo son: estigmatización, discriminación, discursos de odio y ataques contra las personas LGBTI, así como obstáculos para acceder a trabajos y medios de vida, y vulnerabilidad ante violencia y explotación.

Además, debido a las diversas formas de discriminación social y económica que enfrentan las personas migrantes LGBTI+, es más probable que se vinculen en el sector informal y no tengan acceso a licencia por enfermedad remunerada ni a compensación por desempleo, detalla la organización.

La ONU precisa que las personas migrantes transgénero y no binarias son particularmente vulnerables a la explotación, debido a la discriminación laboral por su identidad de género o nacionalidad, lo cual abre una ventana para que los tratantes aprovechen esta vulnerabilidad y muchas veces busquen activamente víctimas trans y no binarias.

El vuelo de la mariposa

Yimel nació en Tlapa, en la Montaña de Guerrero, una de las regiones más pobres del país, el 14 de mayo de 1980.

Para llegar a la casa donde creció y vivió hasta la noche del jaripeo, se camina por la avenida Hidalgo hasta la colonia San Francisco. Es un extremo de la cabecera municipal, cerca de los cerros, donde abundan casas sencillas de concreto. En la puerta de una de esas casas cuelga un moño negro, símbolo de luto. Es la casa de Yimel.

Dentro, en el segundo piso, hay mariposas de cerámica de colores, con alas abiertas sobre una pared azul. Yimel quería ser como ellas: libre. Algunas de esas mariposas las compró ella misma en Estados Unidos, pero ahora adornan la casa de su madre, en su memoria.

Al cruzar la puerta de la entrada, lo primero que se percibe es el aroma de las lilis -como se conocen en esta región a las azucenas- que rodean una gran pintura de Yimel, donde luce una larga cabellera y está sonriendo; se ven sus labios carnosos y sus ojos perfectamente delineados.

Ariana desempolva el maletero donde guardan como un tesoro preciado los vestidos que confeccionó “La Gorda”, como se refiere cariñosamente a su hermana Yimel. Los saca uno por uno, son grandes y vistosos; Yimel era una mujer robusta de 1.90m de estatura.

La Gorda, cuenta su hermana, regresó a Tlapa después de cuatro años en EU, para ver a su familia. Para entonces su madre se había separado del padre, por las peleas constantes relacionadas con la identidad sexual de su hija.

Ella llegó sin los vestidos, las zapatillas y el maquillaje que usaba en Nueva York. Le contó a su madre y sus hermanas que por fin era libre y disfrutaba mucho su trabajo en los bares, principalmente en El Trío o en Kings Bar, donde imitaba a artistas como Paquita la del Barrio, Celia Cruz, Ana Gabriel, Rocío Durcal, Gloria Trevi y Jenny Rivera, con vestidos amplios, de olanes y llenos de brillos que ella misma se cosía.

“Me voy a beber y comer todo lo que pueda, después, cuando sienta que acabó ese tiempo, comenzaré a obtener bienes materiales”, dice la hermana que un día le dijo Yimel a su madre, de quien se hacía cargo y estaba pendiente por teléfono. Su madre construyó la mitad de su casa con el dinero que Yimel ganó en Queens.

Después de tres meses de estancia en Tlapa, regresó a Estado Unidos con los mismos riesgos de ser migrante indocumentada. Creyó que moriría en el desierto: se le acabó el agua, se deshidrató y estuvo a punto de beberse sus orines; sus pies se llenaron de llagas por todas las horas que caminó, pero logró cruzar. Y del otro lado, a diferencia de la primera vez, la esperaban sus amigos en el departamento, a quienes ella misma había ayudado de manera económica hasta que consiguieron trabajo.

Una sentencia que se cumple

Cuatro días después de su imitación más solicitada en el Kings Bar, Yimel se siente peor de salud. Entonces se comunica con su madre y sus hermanas que están en Tlapa para contarles. Les pide que recen por ella.

También habla con su hermana menor, quien vive en Queens. Cuando Olivia escucha su voz agitada y sin fuerza se va a verla. La encuentra dentro de su habitación tirada en la cama.

The New York Times reconstruyó ese día. Olivia llevó a Yimel al hospital: “Llaman un taxi. Pero el conductor, al sospechar que la mujer desplomada en las escaleras tiene el virus, se disculpa y se va. En un fugaz momento de claridad, Yimel dice: llama a una ambulancia”.

Yimel fue trasladada al Hospital Elmhurst, que ofrece atención, sobre todo, a quienes no tienen seguridad social en EU.

“En estos tiempos de pandemia, las personas transgénero encuentran aún más desafíos. La falta de seguro médico, la falta de capacidad para seguir las pautas de distanciamiento social y las pautas de cuarentena hacen que las personas LGBTI+ se enfrenten a una mayor probabilidad de exposición al COVID-19”, advirtió la ONU en un artículo publicado en octubre del 2020.

En Estados Unidos la situación es distinta que en México, asegura en entrevista la coordinadora de Desarrollo Institucional de Casa Arcoíris, un albergue para la comunidad LGBTI+ migrante en Tijuana, Sara Amelia Islas.

Allá las personas de la diversidad sexual tienen derecho a recibir atención médica, y hay organizaciones que velan por sus derechos, dice Islas, quien hace acompañamiento a migrantes LGBTI+ que llegan a la frontera de México con Estados Unidos, para cruzar a ese país mediante la figura de asilo.

Islas afirma que en EU, la comunidad migrante de la diversidad sexual recibe mejor atención de salud que en México, aun cuando sigue padeciendo discriminación, racismo y los crímenes de odio persisten.

En su opinión esto responde a que, en comparación con México, en Estados Unidos hay mayor apertura a la comunidad LGBTI+, porque hay políticas públicas y leyes que les protegen, aunque el grado de aceptación depende del estado, por ejemplo en San Francisco, Washington, Nueva York y California gozan de mejores condiciones y mayor presencia de colectivos que les apoyan.

Hace cuatro días Yimel cantaba en el Kings Bar y ahora está en el hospital debatiéndose entre la vida y la muerte.

El día que ingresó al hospital, los médicos le diagnosticaron neumonía. Después le informaron a Olivia que su hermana sería intubada, porque su respiración y oxigenación disminuía de manera acelerada.

Cuatro días después de que Yimel fue internada en el hospital se declaró la pandemia por la COVID-19 en Estados Unidos. Las autoridades obligaron al confinamiento, pero ella ya estaba en la cama de un hospital, en coma y con todos los síntomas que provoca el virus Sars-CoV-2.

A Olivia le dijeron que el país estaba en alerta y debían restringir las visitas en el hospital, sobre todo en el área en la que estaba Yimel, por lo que se retiró a su casa, pero varias veces al día marcaba por teléfono para saber de su hermana.

El 26 marzo por la noche, Olivia llamó nuevamente al hospital. Se sentía impaciente. La doctora en turno le dijo que Yimel seguía igual, que al menos no había empeorado y que podría considerarla estable. Eso le dio tranquilidad.

Pero, a la mañana siguiente, sonó el celular de Olivia, era una llamada del hospital: Yimel había muerto.

En octubre de 2021 Olivia todavía se resiste a creerlo. Ella cree que su hermana fue desconectada intencionalmente por el aumento de pacientes con COVID-19.

El calvario de las muertes de migrantes por covid-19

De acuerdo con la Secretaría de los Migrantes y Asuntos Internacionales (SIMAI) de Guerrero, el número de migrantes guerrerenses que fallecieron a causa de la COVID-19, tan sólo de marzo del 2020 al 13 de agosto de 2021 eran 451, aunque tampoco se conoce cuántos o cuántas pertenecían a la comunidad LGBTI+.

Desde el 2020, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan ha documentado los casos de migrantes muertos por la COVID-19 en esta región de la Montaña para repatriar sus cenizas, pero poco saben específicamente de muertes de migrantes LGBTI+.

En su último informe (2019-2020), Tlachinollan documentó los casos de 63 personas originarias de la Montaña alta fallecidas por COVID-19 en Estados Unidos, la mayoría en Nueva York.

Tlapa, el municipio de la región donde se concentra la actividad comercial de la Montaña alta de Guerrero, es el centro donde confluyen habitantes de pueblos mixtecos, tlapanecos, nahuas y mestizos. En las últimas cuatro décadas –como lo enuncia Tlachinollan en su informe de actividades– las y los jóvenes que emigran buscan asentarse en NY porque les significa ascender a otro nivel social.

De 63 personas fallecidas por el virus, Tlachinollan gestionó la repatriación de las cenizas de 27. El resto se quedó en ese país porque allá estaban sus familias, explicó el responsable del área de Migrantes y Jornaleros de esa organización, Paulino Rodríguez Reyes.

El costo de la incineración de los cuerpos era de 2 mil dólares, pero lograron que les disminuyeran el costo a mil dólares, pues la mayoría de migrantes sin documentos no recibieron apoyo de los gobiernos de Estados Unidos ni de México durante la pandemia, afirma Rodríguez Reyes.

De acuerdo con la Secretaría de los Migrantes y Asuntos Internacionales de Guerrero, en Estados Unidos hay un registro aproximado de 70 mil 474 migrantes guerrerenses viviendo en ese país, pero tampoco tienen una cifra de cuántas de estas personas pertenecen a la comunidad LGBTI+.

Los migrantes que viven en Nueva York pudieron acceder al sistema de salud, pero por temor de ser deportados o los dieran por muertos en los hospitales, mejor se quedaron en casa, agregó el defensor Paulino Rodríguez.

Yimel regresa a Tlapa

¿Cómo darle sepultura a la hermana y a la hija cuyo cadáver está en Estados Unidos? En Queens, Olivia y las amistades de Yimel se unieron para recuperar su cadáver. Debía ser rápido.

En Tlapa, Ariana tenía temor de que su hermana terminara en una fosa común o que les entregaran unas cenizas que no eran las de ella. En ese entonces había un fuerte rumor de que los cadáveres de migrantes indocumentados estaban siendo enviados a la fosa común.

Era urgente conseguir un crematorio. Recordaron que antes de dedicarse a cantar, Yimel trabajó en una funeraria. Se comunicaron con el dueño, quien accedió a cremar su cadáver de inmediato pero debían cubrir los gastos. Olivia acababa de recibir un ahorro y con eso pudo pagarlos.

Yimel ya no tuvo la oportunidad de recibir su documentación como estadounidense nacionalizada, que llevaba años tramitando, de haberla conseguido, habría logrado ser mujer de manera legal.

Las cenizas no llegaron pronto a Tlapa. El duelo de la familia en Guerrero se prolongó por seis meses, hasta que una comadre de Olivia viajó a México y con ella viajaron las cenizas de Yimel.

Es 5 de agosto del 2020. Una mujer sale del aeropuerto de la Ciudad de México, en sus manos lleva la caja de madera donde están las cenizas de Yimel, que enseguida entrega a Concepción y a Ariana, madre y hermana de Yimel. En cuanto Concepción las recibe, suelta el llanto.

Más tarde, en la entrada de la cabecera municipal de Tlapa, una caravana de amistades, familiares y conocidos de Yimel, la esperan. Hay muchas flores, música de viento, una muñeca gigante –a la que se le llama “mona” o “mojiganga”, hecha de papel y trapo, en cuyo interior, debajo de la falda, se introduce una persona para hacerla bailar, una costumbre típica de las festividades en la región– , que mueven al son de la música, globos y banderas arcoíris.

En su casa de la calle Hidalgo, en un altar con flores multicolores e imágenes religiosas colocan sus cenizas, que al final fueron depositadas en una nueva urna pintada a mano por artesanos de Olinalá, otro municipio de la región.

Con la llegada de Yimel a su casa lo mismo rezaron que bailaron al son de la banda de viento. Sus amigas se pusieron sus vestidos, los que cosió y bordó con esmero, y bebieron y rieron toda la tarde. Después, los restos fueron llevados al panteón municipal de Tlapa. Aunque el presagio de muerte de su padre se cumplió, Yimel logró su sueño y pudo ser libre.

 

* Este texto forma parte del  proyecto Covid y Desigualdad de la Red de Periodistas de a Pie elaborado en colaboración con DW Akademie, con el apoyo del Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo de Alemania (BMZ).

Covid-19: Sin freno éxodo de migrantes y violaciones a sus derechos humanos

En la Montaña, Tlachinollan y el Consejo de Jornaleros, documentó un éxodo de 14 mil 500 personas entre mujeres, hombres, niñas y niños que salieron a trabajar a los campos de otros estados del país


Texto: Beatriz García

Foto: Tlachinollan Centro de Derechos Humanos de La Montaña

18 de enero del 2021

Chilpancingo

 

La pandemia de la Covid-19 no impidió el éxodo de jornaleros de Guerrero en 2021 hacia diferentes estados del país.

De acuerdo a la información del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan y de la Subsecretaría de Migrantes Nacionales del Estado cerca de 35 mil de ellos salieron, entre mujeres, hombres, niñas y niños, pero las condiciones precarias de salud, educación, seguridad y vivienda no se resolvieron.

En un informe publicado el 29 de noviembre por el Centro de Análisis e Investigación Fundar documentó que pese a la pandemia y las restricciones por la misma, millones de personas continuaron trabajando en el campo, para llevar alimentos a sus hogares.

“Las y los jornaleros agrícolas trabajaron y trabajan a la par del personal médico, personal de enfermería, personas cuidadoras, repartidores de alimentos y las millones de trabajadoras esenciales que mantuvieron el país a flote durante 2020 y 2021”, precisa el texto.

El Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan junto con el Consejo de Jornaleros Agrícolas en el estado tiene un panorama puntual de  lo que pasa con los migrantes nacionales, pues la Montaña es una de las regiones del estado que más éxodo de jornalero presenta.

En entrevista, el representante del área de Jornaleros de Tlachinollan, Paulino Rodríguez Reyes, confirmó que tan sólo en esta región de la Montaña el éxodo de migrantes no disminuyó, incluso con relación al 2020.

En la Montaña, Tlachinollan y el Consejo de Jornaleros, documentó un éxodo de 14 mil personas entre mujeres, hombres, niñas y niños que salieron a trabajar a los campos de otros estados del país.

Además, Tlachinollan tiene un registro del fallecimiento de 14 jornaleros en el 2021, algunos por accidentes y  tres por coronavirus.

Rodríguez Reyes precisó que además de tener un mismo número de migrantes que salieron a los campos a trabajar, lo hicieron en las mismas condiciones de precariedad.

“En las condiciones de traslados son pésimas en cuanto a camiones, inseguridad en el trayecto del camino, abuso de autoridad, tránsito, no se diga, igual las  condiciones laborales en los campos agrícolas, ahí por ejemplo, lo que ya se sabe la gente vive de su salario, o de lo que gana en el día sin prestaciones, seguridad social”, describió el defensor de derechos humanos.

Agregó que la mayoría de los campos o los estados donde migran los jornaleros son zonas agrícolas  donde no hay albergues ni guardería para que los hijos e hijas de las familias puedan apoyarse de ellas.

Rodríguez Reyes lamentó que siguen faltando políticas públicas del gobierno para atender la problemática y que es lo que más preocupa.

En 2021, dijo, que también con la pandemia nunca se supo si las familias se vacunaron contra la Covid-19, porque donde trabajan no se priorizó una campaña para ellos y así invitarlos a vacunarse.

Tlachinollan tiene el cálculo de que el 80 por ciento de los jornaleros no se vacunó contra el coronavirus.

El representante del área insistió que no hay un programa especial del gobierno que cobije a la población jornalera y el panorama que se vislumbra para este 2022 es similar.

Dijo que el Consejo de Jornaleros y Tlachinollan están pugnando para que se reactiven las mesas de trabajo de la Comisión Intersecretarial del estado para implemente un programa, y que ojalá en el primer trimestre del año se resuelva.

Esta Comisión nace en el 2011 y la conforman las diferentes dependencias del estado, con el objetivo de que haya atención a los jornaleros.

El defensor adelantó que tres secretarías ya se acercaron: la de Secretaría de Asuntos Indígenas y Afromexicanas, la Secretaría de Migrantes y la Secretaría de Salud. Estas tres dependencias  dialogaron con el Consejo de Jornaleros, quien entregó una agenda de trabajo, mientras que las dependencias prometieron buscar que se reactive la Comisión Intersecretarial y trabajar un planteamiento más integral.

 

Más de 35 mil migrantes de Guerrero salieron en 2021 a los campos agrícolas del país: subsecretaria de Migración Nacional

En entrevista con la subsecretaria de Migración Nacional de estado, Eleazar Marín Quebrado, coincidió que el éxodo de jornaleros no paró pese a la pandemia de la Covid-19 y cerca de 35 mil personas abandonaron sus casas para trabajar en los campos agrícolas.

Pero, reveló, que de enero a octubre que correspondió la atención al gobierno anterior, que encabezó el priista Héctor Astudillo Flores,  no se atendió el problema de los jornaleros.

La funcionaria asumió el cargo a principios de noviembre en el gobierno que encabeza la actual gobernadora Evelyn Salgado Pineda, y junto con otras dependencias reactivaron la Comisión Intersecretarial para que se diera la atención a este problema, a quienes se les planteó con datos estadísticos la situación.

Con las mesas de trabajo de la Comisión, dijo,  se instalaron dos módulos de salud en las Unidades de Servicios Integrales (USI) de Tlapa y de Chilapa que estaban inactivos donde se asignaron médicos, enfermeras y trabajadoras sociales.

La funcionaria informó que en el 2021 tanto en Chilapa como en Tlapa  se registraron 14 mil  jornaleros en cada uno, quienes salieron a diferentes partes del país, y sumando los jornaleros que salen de Ometepec, asciende a un total de 35 mil migrantes nacionales que cada año salen de sus lugares de origen.

Aseguró que en Tlapa se implementó que elementos de Seguridad Pública acompañen a los jornaleros a los límites del estado, además de que para  este año se pretende firmen convenios interestatales con autoridades de los estados receptores de jornaleros agrícolas.

Se supone que estos convenios son para vigilar que se respeten los derechos humanos de los jornaleros.

La subsecretaria agregó que para este año el objetivo es que el programa Sembrando Vida de la Secretaría del Bienestar ayude a disminuir el éxodo de migrantes.

 

Aprueban presupuesto para mujeres, y luego recortan: hubo 4 mil mdp menos para igualdad en 2020

Un análisis de la Cuenta Pública ha detectado que los recortes son una constante; organizaciones urgen a revisar presupuestos para disminuir las brechas de desigualdad.


Texto: Nayeli Roldán / Animal Político

Fotografía: José Luis de la Cruz / Archivo

11 de enero de 2011

 

Aunque la Cámara de Diputados aprobó en 2020 un presupuesto de 104 mil millones de pesos para el Anexo 13, el apartado presupuestal que financia los programas para lograr la igualdad entre mujeres y hombres, la Secretaría de Hacienda le recortó 4 mil 152 millones de pesos.

Eso impactó en sectores como Salud, que tuvo 12% menos presupuesto, y entre los nueve programas dirigidos a mujeres que opera, por ejemplo, “Salud materna, sexual y reproductiva” tenía 2 mil 44 millones de pesos de presupuesto etiquetado, pero solo pudo ocupar mil 611 millones de pesos.

Además, también han desaparecido programas dirigidos exclusivamente a disminuir la brecha de desigualdad de género, entre 2018 y 2021, entre los que se encuentran el Programa de Fomento a la Economía Social, de Coinversión Social, o la sustitución de subsidiar los lugares de cuidado como las estancias infantiles por un programa de entrega directa de dinero que operaba la Secretaría de Bienestar, o la partida para investigar delitos relacionados con delincuencia organizada que ejercía la Fiscalía General de la República.

Los presupuestos, afirma la investigadora feminista de la UNAM, Patricia Rodríguez, significa la pauta económica de un gobierno. “Si un presupuesto tiene o presume de perspectiva de género tiene que visualizarse claramente en cómo está integrado, estructurado, definido”.

Por eso es que la construcción y aplicación del presupuesto es la definición de las prioridades para una administración. “Si por ejemplo, Hacienda dará 13 mil millones de dólares para salvar a Pemex que en cuanto a la producción es pésima y ha tenido pérdidas, ahí se ve claramente el reflejo de la política económica, claramente”, dice Rodríguez, investigadora del Instituto de Investigaciones de la UNAM.

La alianza Aliada, integrada por CEJIL, Colectiva Ciudad y Género, Equality Now, MIDI y Raíces, sostienen que ha hecho el análisis de la Cuenta Pública y ha detectado que los recortes son una constante, hacen un llamado a que el Anexo 13 “cumpla con el objetivo de ser presupuestos para disminuir las brechas de desigualdad y es necesario contar mecanismo para dar seguimiento al presupuesto”.


Guerrero, el más atrasado en legislación para erradicar la violencia contra mujeres y niñas: ONU mujeres


Por ello es que proponen la instalación de “mesas interinstitucionales”  porque “en este contexto de emergencia que enfrentamos por el recrudecimiento de la violencia hacia las mujeres, el aumento de feminicidios, se considera imperativo una revisión urgente de los programas presupuestarios que se incluyen en el Anexo 13 y otros que no están contenidos en él, pero que son fundamentales para garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencias”.

Otros de los recortes estuvieron en “las entidades no sectorizadas” que tienen partidas específicas de género como en el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, el Instituto Nacional de las Mujeres, y que tuvieron 57%, pues de mil 356 millones de pesos de presupuesto aprobado, solo tuvo a disposición 581 millones de pesos.

La Secretaría de Economía tenía mil 926 millones de pesos, pero le recortaron 466 millones, es decir, 35% de su presupuesto, que solo opera el programa de “Apoyo al emprendedor”.

Elsa Conde, integrante de Mujeres Impulsando la Igualdad (MIDI) explica que esto se trata de un “desfinanciamiento” de la política de igualdad entre mujeres y hombres que ha sido paulatino, no solo en el actual sexenio, pero “con este último gobierno lo que vemos es que, además del desfinanciamiento se suma el desmantelamiento de las instituciones”.

Esto debido a que el 31 de diciembre de 2021, el presidente eliminó por decreto el Instituto de Desarrollo Social (Indesol) pero sin tener la certeza de cómo funcionará el principal programa que tenía a cargo llamado Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas (PAIMEF), dedicado a financiar las unidades estatales para atender a las mujeres víctimas de violencia en los estados, y el financiamiento a refugios, en un país donde ocurren 11 feminicidios cada día.

Además, no solo hay recortes en años previos, sino que los incrementos presupuestales para 2022 son mínimos, pues la mayoría oscilan entre 3.42% y 3.78%, prácticamente se trata de la inflación calculada en 3.4%. Por ejemplo, el Programa para promover la atención y prevención de la violencia contra las mujeres, que opera la Secretaría de Gobernación, tendrá 146 millones, un aumento de 3.42%, o sea, solo la inflación y el Programa de Salud materna, sexual y reproductiva tendrá 2 mil 26 millones de pesos, un incremento de 3.78%.

Aunque el Anexo 13 registró un aumento presupuestal histórico, con 75% más recursos para 2022, el aumento está concentrado en los programas sociales prioritarios de esta administración, pues 89% del presupuesto irá a Pensión para Adultos Mayores, Sembrando Vida o las becas Benito Juárez, entre otros programas sociales, mientras que las acciones dirigidas hacia las mujeres para disminuir la brecha de género tendrán menos.

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