Por segundo día varias personas de Chilpancingo intentan llegar a Acapulco a saber de sus familiares.
La terminal Estrella de Oro está copada de usuarios que hoy intentarán de nuevo llegar a Acapulco, porque ayer fracasaron en sus propios autos.
Algunos de estos usuarios son Yenny Reyes Marcial y su esposo Prospero Barrera.
Yenny no sabe nada de su hermana Yulissa Reyes, su cuñado y sus dos sobrinos de 10 y un año.
No ha podido comunicarse con ella desde que el huracán Otis golpeó Acapulco.
Ayer jueves, cuando escucharon que la Autopista del Sol y la carretera federal ya estaban habilitadas, subieron al auto, con algo de despensa, para buscar a su hermana y dejarle víveres, pero no pudieron llegar.
En su auto, de Chilpancingo a la entrada de Acapulco se hicieron 40 minutos.
Salieron a las doce del día y a las 12:40 minutos ya estaban en La Venta. De ahí comenzó su trayecto a vuelta de rueda y en la Zapata, de plano, ya no se pudo más. De la Venta a la Zapata se hicieron como cinco horas y media.
En la Zapata se quedaron hora y media varados. En medio del caos. «Llegó un momento en que la policía y la Guardia Nacional se vio rebasada. No podían controlar a la gente que a como diera lugar querían avanzar», cuenta Yenny.
Yenny y Prospero contaron que en el transcurso a vuelta de rueda, las imágenes de Acapulco destruido y de la gente saqueando y el calor intenso, les entró la ansiedad y comenzaron a comerse la despensa. Acabaron con los jugos, las aguas y las galletas.
Como a las siete de la noche se dieron cuenta que lo mejor era retornar. Regresar de nuevo a La Venta les llevó otras tres horas. Llegaron al mismo punto hasta las 10 de la noche y a Chilpancingo, de nuevo, en cuarenta minutos después.
Hoy van de nuevo a intentar llegar a la casa de la hermana de Yenny, pero en el autobús. «Tenemos la esperanza de que en el autobús sea más fácil. A ellos les abren el paso», agrega.
En el autobús, la gente que viaja lleva el mismo propósito, llegar para saber qué fue de sus familias.
Se escuchan las conversaciones de otras personas que les dan aliento, que tengan fe. «Todo va a estar bien. A tu hijo no le pasó nada», comenta alguien.
Julio Pérez García un menor de 15 años de edad que el primero de septiembre sufrió desaparición forzada junto con otras seis víctimas en un centro de rehabilitación en Acapulco a manos de presuntos agentes de la Fiscalía General del Estado (FGE) no es buscado por las autoridades, denunciaron sus familiares.
El pasado 5 de octubre la FGE dio a conocer que de los 17 cadáveres hallados en distintas fosas clandestinas por colectivos de familiares de desaparecidos en el parque nacional de El Veladero en Acapulco, tres corresponden a siete de los privados de su libertad el pasado 1 de septiembre en el centro de Rehabilitación Renovación Espiritual en la colonia Linda Vista en Acapulco.
Los tres cadáveres que ya fueron identificados y sepultados por sus familiares son, Eric Calixto Chávez, Brian Josué Vargas Hernández y Jesús Arroyo Venegas.
Falta por localizar a María Perla Guzmán, Andrés Gabriel Delgado, el menor de 15 años Julio Pérez García y Moisés Juárez Abarca, éste último líder perredista defensor de los derechos humanos de las poblaciones LGTBy+.
«Nosotros teníamos la certeza de que de los 17 cadáveres hallados en una de las fosas clandestinas uno de ellos era el de mi sobrino Julio Pérez, pero la Fiscalía no nos dice nada pero tampoco lo busca», denunció la tía del menor desaparecido.
El menor de 15 años Julio Pérez vive en la colonia Emiliano Zapata y en enero de este año sus familiares lo llevaron al Centro de Rehabilitación Renovación Espiritual donde recibió terapias psicológicas hasta junio de este mismo año.
«Mi sobrino ya había terminado con su período de seis meses de recibir terapias pero le gustó y a cada rato iba al centro de rehabilitación a apoyar a la gente que llegaba a ese lugar», dijo la tía de Julio Pérez.
El familiar del menor desaparecido dice que la primera versión que les dieron algunos de los testimonios es de que un grupo de agentes de la Fiscalía llegaron al Centro de Rehabilitación y se llevaron al menor de 15 años y a los seis adultos.
«Pero la Fiscalía nos aseguró que ellos no se llevaron a ninguno de nuestros familiares pero lo más raro es que nunca los buscaron y si oficialmente ya se hallaron a tres fue gracias a las madres buscadoras y no a las autoridades», dijo la tía de Julio Pérez.
Por su parte, doña Guadalupe Hernández, madre de Brián Josué Vargas Hernández, uno de los siete desaparecidos que ya fue identificado dentro de los 17 cadáveres hallados en las fosas clandestinas, dijo que la FGE le informó que su hijo fue asesinado por asfixia.
«Ya sepulté a mi hijo y ahora quiero, exijo que la Fiscalía General investigue y detenga a los responsables de la desaparición y asesinato de mi Brian», afirmó Guadalupe Hernández.
La mamá de Brian Josué agradeció a los integrantes de los colectivos de buscadoras de fosas clandestinas el haber hallado a su hijo Brian.
«Gracias a estas personas hallamos a esas 17 personas enterradas y la Fiscalía nunca hizo nada por buscarlos allá», dijo Guadalupe Hernández.
De los 17 cadáveres que integrantes de un colectivo de búsqueda hallaron en varias fosas clandestinas en el parque nacional de El Veladero, en Acapulco, tres corresponden a siete hombres que el 1 de septiembre fueron sacados por la fuerza del Centro de Rehabilitación Renovación Espiritual.
«Yo lo quería encontrar vivo», declaró entre sollozos la señora Guadalupe Hernández, madre de Brian Josué Vargas Hernández, de 25 años, uno de los siete desaparecidos.
De los 17 cadáveres hallados en la jornada de búsqueda de los colectivos fueron identificados Eric Calixto Chávez y Jesús Arroyo Venegas, otros dos de los siete desaparecidos el 1 de septiembre.
Familiares de las tres víctimas acudieron a la Fiscalía General del Estado (FGE) para que les entreguen los cadáveres.
La FGE, informó que de los 17 cadáveres hallados en el poblado de Carabalí (en el Parque Nacional El Veladero) 11 ya fueron identificados y se continúa con la identificación de seis más mediante las pruebas y análisis científico forenses.
A principios del pasado mes de septiembre después de la desaparición de las siete personas, la FGE, emitió una alerta Amber por la búsqueda del menor de 15 años, Julio Pérez García.
Cuatro fichas de búsqueda de Has Visto a…. por las desapariciones de Brian Josué Vargas Hernández, de 25 años, Jesús Arroyo Venegas de 38, Erick Calixto Chávez de 23 y Moisés Juárez Abarca de 38, quien es dirigente del PRD de los derechos humanos de la comunidad LGTBy+.
De los otros desaparecidos María Perla Guzmán y Andrés Gabriel Delgado, no hubo denuncia pero la Comisión Estatal de Búsqueda realizaron su
búsqueda.
Doña Guadalupe Hernández contó que durante la tarde del 1 de septiembre su hijo Brian Josué le dijo que le había hablado el encargado del Centro de Rehabilitación para decirle que tenía que ir porque se estaba presentando un problema.
Este Centro de Rehabilitación está ubicado en la colonia Bella Vista, en la zona suburbana de Acapulco.
«Luego regreso», le dijo Brian Josué a su mamá Guadalupe Hernández la tarde del viernes 1 de septiembre.
«Mi hijo no es ningún delincuente», dijo doña Socorro Hernández durante las protestas que junto con los otros familiares de los desaparecidos realizaron en las calles de Acapulco para exigir su búsqueda.
La localización de Eric Calixto Chávez, Brian Josué Vargas y Jesús Arroyo Venegas fue por la jornada de búsqueda que realizó el colectivo Memoria, Verdad y Justicia durante dos semanas en los cerros del Parque Nacional de El Veladero, en Acapulco.
El colectivo tenía programado realizar solo una semana las actividades de búsqueda pero la ampliaron a otra más pese a que la Fiscalía General del Estado y de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas (CNBP) ya no querían participar en las labores.
Los familiares de los desaparecidos que integran el colectivo Memoria, Verdad y Justicia se instalaron en plantón en uno de los cerros de El Veladero para exigir el apoyo de las autoridades en las labores de búsqueda de fosas clandestinas.
Durante las dos semanas de excavar fosas ilegales hallaron 17 cadáveres.
«Esto es un cementerio ya que se nota que hay muchos cadáveres aquí», declaró doña Socorro Gil, integrante de este colectivo que participó en la jornada para rastrear fosas clandestinas en El Veladero.
Jonathan Munivez Mayo tenía 21 años cuando lo desaparecieron hombres armados a bordo de una patrulla de la Policía Municipal de Chilpancingo.
Este 4 de octubre del 2023, la familia de Jonathan celebró una misa por su cumpleaños número 36, en la Casa del Peregrino, que oficio el padre José Filiberto Velazquez Florencio
Jonathan lleva 15 desaparecido, desde que en 2008 policías municipales irrumpieron en la madrugada en su departamento en el poblado de Petaquillas, una comunidad del municipio de la capital de Guerrero, Chilpancingo.
La autoridad municipal negó participación, sin embargo, los que se lo llevaron estaban vestidos de policías y llegaron en una patrulla de la Policía Municipal.
En septiembre desaparecieron a 64 personas: 39 hombres y 25 mujeres. Una mujer fue hallada muerta y 11 localizados vivos, 52 siguen sin aparecer. Entre los desaparecidos de septiembre están los seis hombres y una mujer sacados a la fuerza de un centro de rehabilitación en Acapulco
Texto: Marlén Castro
Fotografía: Oscar Guerrero
Chilpancingo
4 de octubre del 2023
Solo porque forma parte de una desaparición masiva se sabe que Andrés Gabriel Delgado fue sacado de la fuerza del Centro de Rehabilitación Renovación Espiritual, en Acapulco, el pasado 1 de septiembre.
Nadie denunció su desaparición.
Ninguna autoridad incluyó su nombre entre los desaparecidos y emitió una ficha de búsqueda.
Nadie lo busca.
Andrés Gabriel Delgado, como escribió el uruguayo Eduardo Galeano, forma parte de Los nadies, esa población hijos de nadie, dueños de nada. Los nadies parece que no tienen madres y padres a quienes les importe su situación, nadie que los proteja y nadie que los reivindique.
El 1 de septiembre, un grupo de hombres armados -los testimonios indican que llegaron en una camioneta que tenía el rótulo de la Fiscalía General del Estado (FGE)- sacó por la fuerza a siete personas del Centro de Rehabilitación, entre ellas, a Andrés Gabriel Delgado.
De esa desaparición masiva, la FGE emitió una alerta Amber por Julio Pérez García, de 15 años. Cuatro fichas de búsqueda Has visto a… por las desapariciones de Moisés Tomás Juárez Abarca, de 38 años, Braian Josúe Vargas Hernández, de 25, Jesús Arroyo Venegas, de 38, y Erick Calixto Chávez, de 23.
Las familias de este grupo de cinco desaparecidos denunciaron el delito y marcharon para exigir su aparición con vida.
Por María Perla Guzmán y Andrés Gabriel Delgado no hubo denuncia. A Perla Guzmán, quizá por su nombre de mujer, la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas, la incluyó en las fichas de búsqueda.
Varios de los siete desaparecidos son integrantes de la comunidad LGBTy+. Los casos evidentes son los de Moisés Tomás Juárez Abarca, conocido como Daniel Moy, quien es el coordinador de la Diversidad Sexual del PRD, y Perla Guzmán, quien por las fotografías disponibles, podría ser, biológicamente, un hombre.
Desaparecidos en septiembre
Con respecto al mes anterior, a pesar del secuestro masivo de las siete personas extraídas del Centro de Rehabilitación, septiembre registró una ligera baja en cuanto al número de personas desaparecidas.
En agosto el registro establece que desaparecieron a 67 personas, 33 hombres y 34 mujeres, de las que solo se localizaron a 13 y un menor de edad lo localizaron asesinado.
En septiembre, de acuerdo con el registro hecho por Amapola periodismo a partir de las publicaciones de los medios dedicados, preponderantemente, a cubrir los homicidios y desapariciones, 64 personas fueron privadas de su libertad, 39 hombres y 25 mujeres. Una mujer fue hallada muerta y 11 localizados vivos; 52 siguen sin aparecer.
Durante las dos últimas semanas de septiembre, colectivos familiares de personas desaparecidas realizaron jornadas de búsqueda de fosas clandestinas en el parque nacional de El Veladero, en Acapulco en donde hallaron 17 cadáveres. Foto Memoria, Verdad y Justicia.
Las autoridades nacionales y estatales emplean la categoría No localizada a las personas de las que no se sabe de su paradero. Esta etiqueta exime al Estado de alguna responsabilidad acerca de este delito sistemático en contra de la población.
No localizado supone la posibilidad de que la persona desaparecida, por alguna circunstancia, prefiera estar así, por esa razón en Amapola periodismo usamos la palabra desaparición desde que se comete el delito para señalar la responsabilidad del Estado por no garantizar la seguridad de la población y desaparición forzada cuando existen los elementos de que las fuerzas de seguridad son las responsables directas de la desaparición.
Por las 64 desapariciones, se emitieron siete alertas Amber, las que están destinadas para menores, por la desaparición de seis niñas y un niño.
El niño desaparecido es precisamente uno de los extraídos del Centro de Rehabilitación Renovación Espiritual, el 1 de septiembre. Dos de estos siete menores fueron localizados y regresaron con sus familiares. De cinco se continúa sin saber de ellos.
La FGE también emite una alerta conocida como Protocolo Violeta, el que se hecho a andar para disminuir este delito, que supone emitir la alerta y búsqueda de forma inmediata.
En septiembre emitió 12 alertas de este tipo. Una alerta fue por la desaparición de las menores Elena y Monserrat Lima Orellana, de 8 y 7 años, desaparecidas en Chilpancingo el 2 de septiembre.
Se emitió una Alerta Violeta por la desaparición de Paulina Pérez Sánchez, de 42 años, quien fue localizada sin vida. Se desconocen las circunstancias del fallecimiento. Los familiares sólo dijeron que “la causa de la muerte no obedece a algún hecho de violencia”.
De las 13 personas desaparecidas reportadas en este protocolo, seis siguen desaparecidas, seis fueron localizadas y una persona hallada muerta.
En el mismo mes, la FGE emitió 37 fichas de búsqueda denominadas Has visto a… las que se emplean cuando se trata de hombres mayores de edad desaparecidos. Entre estas fichas figuran las de Moisés Tomás Juárez, Braian Josue Vargas, Jesús Arroyo Venegas y Erick Calixto Chávez, cuatro de los siete extraídos del Centro de Rehabilitación Renovación Espiritual.
De estos 37 hombres desaparecidos sólo uno fue localizado.
La Comisión Estatal de Búsqueda de Personas (CEBP) por su cuenta, emitió dos fichas por las desapariciones de Gema Domínguez Carmona, de 16 años, y María Perla Guzmán, la persona de la comunidad LGBT extraída del Centro de Rehabilitación citado.
¿Andrés Gabriel Delgado? ¿Quién es? ¿Dónde vive? ¿Cuántos años tiene?
De Andrés Gabriel Delgado sólo se sabe el nombre. No se conoce la edad, a qué se dedicaba, qué hacía en Renovación Espiritual. El encargado del Centro de Rehabilitación, quien podría proporcionar esta información, no se reportó a su trabajo desde el lunes 3 de septiembre, dos días después de la extracción de los siete desaparecidos.
La privación ilegal de la libertad de las siete personas se conoció a cuentagotas y se hizo mediática porque, entre ellos figuraba Daniel Moy, un activista por los derechos de la comunidad LGBT, quien además coordina esta población que milita en las filas del PRD.
Lo poco que se conoce es que alrededor de las tres de la tarde del sábado 1 de septiembre, varios hombres armados ingresaron al Centro de Rehabilitación Renovación Espiritual, ubicado en la colonia Linda Vista, en la zona suburbana de Acapulco, y se llevaron a Erick Calixto Chávez, de 23 años, a Julio Pérez García, de 15, y a Andrés Gabriel Delgado, quienes estaban anexados para superar adicciones.
El encargado del Centro llamó a Moisés Tomás Juárez o Daniel Moy, Brian Josué y Jesús Arroyo, quienes ayudaban en el Centro, para comunicarles lo sucedido y, entre ellos, iba María Perla Guzmán.
Los familiares reportaron que a estas cuatro personas se las llevaron por la noche, de la misma forma que ya se habían llevado a los otros tres.
Jugar con el dolor
Días después de la desaparición masiva, la mañana del 11 de septiembre, personas desconocidas abandonaron restos humanos en varios puntos de la ciudad, dentro de bolsas negras y una cabeza en una caja de madera, de las que se usan para transportar fruta, conocidos coloquialmente como huacales.
La población acapulqueña dio por hecho que se trataba de las personas extraídas del lugar para tratar las adicciones. Por la tarde, la FGE reportó que los restos pertenecían a la misma persona y por las evidencias podría tratarse de alguien de la comunidad transexual.
La FGE no ha informado si ya identificó los restos de la víctima.
En el segundo día de la jornada de búsqueda de sus familiares desaparecidos, unas 50 madres se adentraron en al cerro El Veladero, en Acapulco, y hallaron los cadáveres de dos hombres sepultados en fosas clandestinas.
Los madres de varios colectivos de Guerrero y del país fueron acompañadas por personal de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas Desaparecidas, peritos de la Fiscalía General del Estado (FGE), Ejército y policías estatales.
«Pese al peligro que representa realizar búsqueda en esta zona de alto riesgo en Acapulco vinimos a buscar fosas con la esperanza de hallar a nuestros familiares», dijo Socorro Gil Guzmán, presidenta del Colectivo Memoria Verdad y Justicia Acapulco.
El Veladero es una zona boscosa de Acapulco en donde, de acuerdo con las autoridades, los grupos criminales lo usan como tiradero de sus víctimas.
En este municipio, de acuerdo con un informe de las autoridades, operan los autodenominados grupos Los Rusos y el Cártel Independiente de Acapulco (CIDA).
«Lo único que hemos recibido hasta el momento es una amenaza por vía telefónica pero estamos bien y seguimos en la lucha porque el Estado no cumple con su responsabilidad de buscar a nuestros familiares», dijo la madre buscadora.
En diciembre del 2018, durante el gobierno municipal de la morenista Adela Román Ocampo, un grupo de policías municipales se llevó por la fuerza al joven Jonathan Romero Gil y a su amigo cuando caminaban en la banqueta de la avenida Miguel Alemán, casi frente a la playa Tlacopanocha, en Acapulco.
Al otro día, el amigo de Jonathan fue hallado asesinado a balazos en una colonia de Acapulco.
«Llevo casi cinco años buscando a mi hijo y los policías municipales que se lo llevaron siguen en activo», denunció Socorro Gil, madre de Jonathan Romero.
Este martes, las madres buscadoras iniciaron sus actividades a las ocho de la mañana en uno de los cerros de El Veladero.
Las mamás hallaron seis fosas y en dos había restos de personas.
«Nos quedan cuatro fosas clandestinas que excavar pero no sabemos si hay personas sepultadas».
Los cadáveres de los dos hombres fueron llevados por peritos de la FGR a la unidad del Servicio Médico Forense (Semefo) de Acapulco.
Este miércoles, las madres seguirán con los trabajos de búsqueda de fosas clandestinas en El Veladero.
Pobladores de comunidades de cinco municipios de las zonas Centro y Norte de Guerrero, ubicadas a los márgenes del río Balsas, que dijeron ser víctimas de la violencia generada por grupos delictivos, bloquearon esta mañana la carretera federal México-Acapulco para exigir al gobierno estatal y federal garantías de seguridad y la aparición con vida de unas 14 personas desaparecidas.
Eran unos 300 pobladores de los municipios de Eduardo Neri, ubicado en la zona Centro, y de Cocula, Cuetzala del Progreso, Tepecoacuilco y Apaxtla, en la zona Norte, que desde las ocho de la mañana iniciaron un bloqueo sobre la carretera federal, tramo Iguala-Chilpancingo, a la altura de la comunidad de Mezcala.
Los manifestantes exigen al gobierno estatal la localización con vida de unas 14 personas desaparecidas durante los últimos tres meses, entre ellos los tres pescadores de Mezcala que desaparecieron el 16 de julio, además de otras cuatro personas del poblado de Tomixtlahucán, municipio de Cuetzala, y otras siete personas de Nuevo Balsas, en Cocula.
También demandan seguridad para las comunidades de La Lagunita, Santa María, Texocotla y Querengue del municipio de Apaxtla de Castrejón; Tomixtlahucan, Ojo de Agua, San Luis, de Cuetzala del Progreso, y Las Mesas, del municipio de Cocula, donde aseguran existen familias desplazadas por la violencia.
En la protesta, un hombre con el rostro cubierto y que no se identificó entabló un diálogo con funcionarios de la Secretaría General de Gobierno del estado y solicitó la presencia de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda o, en su caso, del secretario de Gobierno, Ludwing Marcial Reynoso Núñez, para iniciar una mesa de negociación.
«Necesitamos gente del gobierno que nos venga a dar garantías, que no nos venga a quitar o a desplazar como está ocurriendo. Hoy estamos hablando de 12 desaparecidos que no se encuentran por ningún lado, el pliego petitorio lo contiene, pero necesitamos que este el secretario de Gobierno o la gobernadora», mencionó la persona con el rostro cubierto al entablar un diálogo con el delegado estatal de la región Norte, Felipe de Jesús Adam Ramírez.
Durante la protesta los inconformes mencionaron números diferentes de los desaparecidos, es por eso que cita como aproximaciones. En la cifra de los desparecidos incluyeron a siete caporales de Cocula de quienes no saben nada desde el 16 de agosto, después de regresar del Estado de México, adonde fueron a trabajar.
Al bloqueo acudieron integrantes de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas (CEBP), además del delegado Adam Ramírez para iniciar diálogo, pero los pobladores mantienen el bloqueo desde hace siete horas.
«Queremos gente que venga a solucionar, no que venga a coadyuvar, queremos gente que venga a solucionarlos este problema porque ya rebasó y si no hacemos esto, pues, definitivamente estamos completamente desamparados”, mencionó en la protesta el hombre que no se identificó.
En el bloqueo participan familiares de los pescadores y los caporales desaparecidos.
Hasta las cuatro de la tarde el bloqueo cumplió ocho horas y los manifestantes aseguran que no se quitarán hasta ser atendidos por autoridades de primer nivel.
Al bloqueo llegaron elementos de la Policía Estatal y Guardia Nacional a vigilar la manifestación.
Por imágenes que circulan en redes sociales se observó que los manifestantes recibieron comida, agua y refresco durante el bloqueo.
La organización denuncia que lo hicieron mediante tortura y en un intento de conservar la vida
Texto: José Miguel Sánchez
Fotografía: Cortesía Cipog-EZ
22 de agosto del 2023
Chilpancingo
Después que ayer circuló un video donde dos de los tres integrantes desaparecidos del Consejo Indígena y Popular de Guerrero-Emiliano Zapata (Cipog-EZ) aparecen atados de manos, sin playera y declaran ser integrantes del grupo criminal Los Tlacos, su organización reportó que dichas declaraciones fueron obtenidas mediante tortura y en un intento, de sus compañeros, de salvar sus vidas.
El viernes pasado, el Cipog-EZ denunció la desaparición de tres de sus integrantes provenientes de los campos agrícolas de Sinaloa; son Nicolás Rodríguez Díaz, Marcelino Hernández Tecorral y Ángel Villalva Salvador, con quienes perdieron comunicación en su viaje en una Urvan del transporte público de la ruta Chilpancingo-Chilapa.
El promotor del Cipog-EZ, Jesús Plácido Galindo, dijo que los tres desaparecidos son jornaleros migrantes que regresaban de trabajar de Sinaloa.
Mediante un comunicado el Cipog-EZ explicó que ellos llegaron a la terminal de autobuses de Chilpancingo alrededor de las siete de la mañana del jueves, después se trasladaron a la base de urvans de la ruta del transporte público Chilpancingo-Chilapa y desde entonces perdieron la comunicación con ellos.
Ayer circuló en redes sociales un video donde aparecen dos hombres que se identifican como Ángel Villalba Salvador y Nicolás Rodríguez Díaz. Están sentados en la tierra, al parecer atados de manos, sin playera y mirando a la cámara que los graba.
El primero en hablar es quien dice ser Ángel Villalba Salvador, y que es originario de Zacapexco. “No venimos de Sinaloa, venimos de Río Balsas, somos sicarios de Los Tlacos”, comenta.
La declaración es interrumpida por Nicolás Rodríguez Díaz, quien reafirma que no llegaron de Sinaloa, y que ambos fueron enviados a Nuevo Balsas «por órdenes de los dirigentes de la Policía Comunitaria de Rincón de Chautla, David y Bernardino Sánchez Luna, además del dirigente del Cipog-EZ, Jesús Plácido Galindo».
Esta mañana, el Cipog-EZ, a través de un comunicado, expuso que las declaraciones de sus compañeros desaparecidos fueron obtenidas después de ser torturados por integrantes del grupo criminal Los Ardillos.
El Cipog-EZ advirtió que en el video que circula en redes sociales sus compañeros Ángel y Nicolás fueron obligados a confesarse como «sicarios».
“Las declaraciones las hacen privados de su libertad, son declaraciones forzadas, bajo tortura, con la desesperanza, como si fuera el último intento de salvar sus vidas, donde aparecen sin playera, con hematomas y signos de tortura y la mirada fija hacia la cámara”, es un párrafo del comunicado del Cipog-EZ.
En el escrito de esta mañana, el Cipog-EZ detalla cómo ocurrió la desaparición de sus compañeros.
«Fueron secuestrados en el tramo carretero que va de Chilpancingo a Chilapa, en el crucero de Ayahualulco, donde hay un retén militar y estatal. Es ahí donde fueron detenidos nuestros compañeros cuando viajaban en una urvan rumbo a Chilapa, por cuatro hombres fuertemente armados, con ropa de Policía Estatal y una patrulla de la Policía Estatal».
La organización señaló como responsables de estos hechos a Los Ardillos, grupo dirigido por Celso Ortega Jiménez, hermano del diputado local Bernardo Ortega.
Por el uso de uniformes y vehículos oficiales durante la privación de sus compañeros, el Cipog-EZ denunció que existen vínculos entre los elementos de seguridad y los grupos criminales.
Integrantes del Consejo Indígena y Popular de Guerrero (Cipog-EZ) durante su marcha el pasado sábado para exigir la aparición con vida de tres de sus integrantes. Foto: Cortesía Cipog-EZ
Nicolás Rodríguez Díaz, Ángel Villalba Salvador y Marcelino Hernández Tecorral, tres jornaleros integrantes del Concejo Indígena y Popular de Guerrero – Emiliano Zapata (Cipog-EZ) que llegaron de Sinaloa ayer, desaparecieron durante el trayecto de Chilpancingo a Chilapa.
De acuerdo con la información del Cipog, el objetivo de Nicolás, Ángel y Marcelino era llegar a Zacapexco, su comunidad natal. Arribaron a Chilpancingo a las siete de la mañana de ayer (17 de agosto) provenientes de los campos agrícolas de Sinaloa, y abordaron una Urvan del transporte público Chilpancingo – Chilapa; esa fue la última vez que tuvieron contacto con ellos.
«Se ha perdido toda comunicación con ellos», difundió el Cipog-EZ en un comunicado.
El Cipog-EZ llamó a los instituciones de derechos humanos y al Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) a intervenir para la búsqueda y localización de los jornaleros.
«Responsabilizamos al presidente (municipal de Chilapa) Aldy Esteban Romá, a los síndicos Nestor Parra Domínguez y Rosa Elena Chávelas Gutiérrez por la desaparición de los compañeros y la permisibilidad de todos los asesinados, desapariciones forzadas y crímenes de lesa humanidad que se perpetran en contra de los pobladores indígenas», se lee en un comunicado del Cipog-EZ.
Esta es la segunda agresión que integrantes del Cipog sufren en menos de una semana.
El domingo 13 de agosto civiles armados asesinaron a balazos a dos personas mientras cargaban combustible en una gasolinera de Chilapa.
El informe policial mencionó que alrededor de las once de la mañana en la gasolinera Jardines, ubicada en la avenida Eucaria Apreza, una de las principales de Chilapa, a unos metros de mercado central, se reportaron detonaciones de arma de fuego.
Los hombres armados llegaron a la estación de servicio y dispararon contra la persona que estaba afuera de un camioneta marca Nissan doble cabina y después dispararon contra la otra persona permaneció dentro del vehículo.
Las víctimas fueron Esteban «N», de 40 años y su hijo Juan «N», de 16 años, ambos vecinos de la comunidad de Xochitempa, municipio de Chilapa e integrantes del Cipog.
En un comunicado después del ataque contra Esteban y Juan, el Cipog señaló al grupo criminal Los Ardillos de ser los responsables del crimen y exigió al gobierno del estado justicia y castigo a los responsables.
«Nos están asesinando y ningún gobierno llámese municipal, estatal o federal nos protege», reportó esta mañana el Concejo.
El Cipog-EZ es una organización campesina y de pueblos originarios que opera en la Montaña baja de Guerrero, su activismo en defensa del territorio y los derechos de las comunidades los llevaron a crear un grupo de autodefensa para protegerse del grupo criminal de Los Ardillos.
Integrantes del Cipog-EZ protestan durante una visita del presidente Andrés Manuel López Obrador, el 21 de octubre del 2022, a la Montaña de Guerrero para exigir seguridad y un alto a Los Ardillos. Foto. Oscar Guerrero (Archivo Amapola)
Texto: José Miguel Sánchez Fotografía: 15 de agosto del 2023 Chilpancingo
En Guerrero hay más de 4,000 personas desaparecidas, donde las familias, además de enfrentar el dolor de tener un desaparecido o desaparecida, están en un limbo administrativo y burocrático al no poder comprobar ante instituciones públicas y privadas la desaparición del familiar.
Si un padre o madre de familia desaparece en Guerrero, su vínculo laboral con su centro de trabajo se rompe al darse por hecho el abandono del empleo.
Rota la relación laboral, la familia de la persona no localizada no tiene acceso a la salud, seguridad social y vivienda que por derecho le corresponde.
Esto sólo en temas laborales, pero si el desaparecido deja deudas o contratos pendientes, no existe alguna ley que ampare a la familia en estos casos.
Casos como el de la familia de Juan Álvarez Gil, policía ministerial desaparecido en 2013 que dejó tres hijos menores de edad, a quienes les retiraron el acceso a la salud que tenían gracias al trabajo de su padre.
“Mi hermano dejó tres hijos que ya son adolescentes, pero no tenemos la Ley Especial de Declaración de Ausencia. Esa ley hubiera servido para proteger a mis sobrinos, porque podrían acceder a salud, apoyo y prestaciones, pero no, al contrario, las instituciones les entregan un documento donde notifican que ya nadie puede cobrar porque el desaparecido ya no se presenta a laborar”, dijo Ivonne Álvarez Gil, hermana de Juan y quien a través del Colectivo de familiares de personas desaparecidas Lupita Rodríguez Narciso, lo busca desde hace 10 años.
Contó que desde hace ocho años que fundaron el Colectivo Lupita Rodríguez ellos son los que realizan las búsquedas con sus propios recursos y medios, sin apoyo institucional.
La exigencia del Colectivo es que el Congreso local homologue en Guerrero la Ley Federal de Declaración de Ausencia, aprobada en 2018 por el Congreso de la Unión, para que los familiares de desaparición tengan acceso a apoyos sociales y reconocimiento.
«La persona no localizada no está muerta, por lo tanto no existe alguna acta de defunción, pero no se presenta a trabajar ni cumple con sus responsabilidades fiscales, por lo que en muchos casos se les despiden o los demandan por falta de pagos», expuso.
Otra situación que ocurre con los hijos de personas desaparecidas, explicó el representante del Colectivo, David Molina Rodríguez, es que los menores de edad «enfrentan el riesgo de quedar marginados del sistema escolar al no estar presente el padre o tutor, o los créditos de vivienda o bancarios caen caen en morosidad».
Desde el 2015, en el Congreso de Guerrero existen iniciativas para crear una ley estatal en materia de declaración de ausencia, las cuales se quedaron en la congeladora y nunca llegaron si quiera al pleno para votación.
El 22 de enero del 2015 el diputado Mario Ramos del Carmen presentó una iniciativa de ley en materia de declaración de ausencia por desaparición de personas en Guerrero, la cual se envió a comisiones y no se supo más de ella.
Un año después, en abril del 2016, ya en otra legislatura, la diputada Carmen Illiana Castillo Ávila presentó nuevamente la iniciativa en materia de declaración de ausencia, la cual se envió a comisiones y no volvió a salir.
En junio de 2019, el diputado Marco Antonio Cabada Arias presentó por tercera ocasión la iniciativa pero de nueva cuenta, no se supo más del documento.
Por cuarta ocasión en seis años y tres legislaturas, el 23 de septiembre de 2021 el diputado Carlos Cruz López propuso la iniciativa de Ley de Declaración Especial de Ausencia Para Personas Desaparecidas del Estado de Guerrero, que establece el procedimiento y plazos para su emisión, «para salvaguardar la personalidad jurídica y derechos, así como brindar certeza a los familiares, dependientes económicos o quien acredite interés jurídico para litigar y representar los intereses de una persona desaparecida», mencionó en su exposición de motivos el legislador.
De acuerdo con Cruz López, desde el 2018 que el Congreso de la Unión aprobó la ley federal, el Congreso de Guerrero debió homologarla en un plazo no mayor a 180 días, lo cual no ocurrió. Actualmente van cinco años y Guerrero no tiene dicha ley.
«Es impostergable hacer estas adecuaciones, dado que el estado enfrenta un grave problema de desaparición forzada que cambia radicalmente la vida de las y los integrantes de las familias afectadas, quienes se ven sometidos a la incertidumbre de no saber dónde está su familiar y quedan en total estado de indefensión social, económica y familiar, exponiéndolos de igual forma a consecuencias psicológicas, materiales y sociales», dijo Cruz López en aquella ocasión.
Su propuesta se turnó a la Comisión de Estudios Constitucionales y Jurídicos, para su análisis y dictaminación correspondientes, lo cual, dos años después, la Comisión no la ha dictaminado.
El patrón de casos se inclina hacia mujeres desde hace seis meses
Texto: José Miguel Sánchez Fotografía: Oscar Guerrero 10 de agosto del 2023 Chilpancingo
La tarde del 4 de julio del 2023, Verónica Zúñiga Nava acudió al Panteón Central de Chilpancingo a visitar la tumba de su bebé que falleció dos meses atrás, esa fue la última vez que la vieron, lleva más de un mes sin ser localizada ni por su familia ni por las autoridades ministeriales.
Dos días antes, el 2 de julio, Verónica visitó a su hermana Yesenia; al día siguiente se vio con una persona para realizar unos pagos en el centro de la ciudad.
El 4 de julio pasado Verónica mandó un mensaje a su hermana para avisar que estaba en el Panteón Central, en la tumba de su bebé.
Desde el momento de su desaparición de su hermana, Yesenia emprendió la labor de búsqueda para dar con su paradero.
«Ya de ahí no supimos, no sabemos y nos presentamos a poner la denuncia hasta el jueves porque esperamos las 72 horas que piden, y desde ahí ya no sabemos nada, sólo nos dijeron que esperáramos noticias y hasta la fecha no nos han dicho nada», dice Yesenia en entrevista.
Verónica tiene 42 años, es madre autónoma de cuatro hijos, entre ellos dos menores de edad.
A un mes de la desaparición de Verónica, la Fiscalía General del Estado (FGE) no le presenta avances a la familia de las investigaciones ni de la búsqueda. La petición de Yesenia es que les muestren las camaras de vigilancia cercanas al panteón para tener indicios de la desaparición, pero las autoridades ministeriales tampoco han atendido su petición.
La madre de ambas «cada día está más enferma, ya no come, ya no duerme, porque no sabemos dónde está (Veronica), porque no tenemos noticias», dice Yesenia.
Yesenia y Verónica son jornaleras, durante los meses de agosto a junio acuden a los campos agrícolas de Sinaloa, Sonora y Baja California a cosechar jitomate, chile y uva.
Verónica es la encargada de «enganchar» a los trabajadores, hablar con contratistas y realizar los contratos con las empresas agrícolas de varios grupos de personas.
Por esa razón, a diferencia de su hermana, no acudía toda la jornada a los campos agrícolas, iba por tres meses y regresaba a Chilpancingo a juntar más gente.
Desde el día de su desaparición, la familia de Verónica no tiene ninguna pista de lo que pudo pasarle o el motivo de su desaparición.
De acuerdo con su hermana, Verónica no tenía problemas con nadie, se dedicaba completamente a su trabajo, no tenía novio y sus únicas relaciones sociales eran con su familia.
Verónica es de complexión regular, tez blanca y mide 1.60 metros. La última vez que la vieron vestía pantalón negro en color mezclilla, blusa de tirantes y tenis color negro.
«Buscamos por todos lados, esto ya no es vida, salimos a la calle y sólo volteamos a todos lados para ver si la vemos», dice Yesenia.
En la FGE, la familia de Verónica es revictimizada, los agentes y ministerios públicos les dijeron que «se fue con el novio, como muchas mujeres desaparecidas en la entidad».
Ante los nulos resultados de la FGE, Yesenia se unió a dos colectivos de búsquedas de personas con la esperanza de hallar más pronto a su hermana.
En un primer momento se acercaron al Colectivo de familiares de personas desaparecidas Lupita Rodríguez Narciso, para recibir acompañamiento jurídico y apoyo moral.
Con este colectivo Yesenia se sumó a la exigencia de justicia y aparición con vida de los 43 estudiantes desaparecidos de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa.
«Antes yo era de las que juzgaba a los que tapaban calles, porque perjudicaban al ciudadano, pero hoy puedo decir que se acabó mi miedo, tenía miedo hablar de exigir a las autoridades hagan su labor, y hoy soy capaz de incendiar medio Chilpancingo para encontrar a mi hermana», dice.
Yesenia Zúñiga Nava en la búsqueda en campo emprendida por el colectivo al que se sumó, en el cerro de la colonia Nueva Esperanza, en Chilpancingo, el 28 de julio del 2023. Foto: Oscar Guerrero
El 28 de julio, Yesenia se sumó al Colectivo Memoria Verdad y Justicia, de familiares de personas desaparecidas para buscar en los cerros de Chilpancingo.
Yesenia reconoce que jamás se imaginó que tuviera que buscar a su hermana en cerros, en terrenos baldíos, en lugares impensables»; bajo los rayos del sol recorrió junto a madres que pasan por el mismo dolor.
Yesenia busca a su hermana Verónica desde el 4 de julio pasado que desapareció en el centro de Chilpancingo. En la gráfica muestra la ficha de búsqueda.
Desapariciones de julio
El caso de Yesenia es uno de las 73 personas desaparecidas en julio en Guerrero, de acuerdo con el conteo mensual que realiza Amapola, periodismo transgresor.
La cifras de julio presentaron una disminución en comparación con el mes anterior, junio, donde fueron contabilizadas 99 desapariciones.
Igual que se documentó en el conteo de junio, más del 50 por ciento de personas desaparecidas son mujeres.
En julio de las 73 personas desaparecidas 40 son mujeres y 33 hombres. Y así este patrón durante el primer semestre del 2023
De las 73 personas desaparecidas, cuatro fueron halladas sin vida; uno de los casos que trascendió por la violencia aplicada fue el de la joven de 18 años, Harumi Clerett Montalvo Bernal.
El cadáver de Harumi fue hallado decapitado y en avanzado estado descomposición en una fosa clandestina entre los límites del poblado Carabalí y la colonia Villa Madero, en la zona rural de Acapulco.
Harumi estudiaba la preparatoria 27 de la Universidad Autónoma de Guerrero (Uagro) y, de acuerdo con el testimonio de su madre, hombres armados vestidos de policías irrumpieron en su casa en la colonia La Quebradora y se llevaron a su hija.
Durante julio, 28 menores de edad desaparecieron, de los cuales 22 fueron localizados, uno sin vida y cuatro continúan como no localizados.
Los números de desapariciones del mes por región quedaron así: Acapulco concentró 28 casos; la región Centro 26 casos, distribuidos en Chilpancingo, Tixtla y Eduarno Neri; enseguida región Norte con 5 casos, distribuidos en Iguala y Teloloapan.
Para su ingreso las autoridades debián pedir permiso a Los Ardillos
Texto: José Miguel Sánchez
Fotografía: OscarGuerrero
Chilpancingo
Integrantes del Colectivo Memoria Verdad y Justicia Acapulco-Chilpancingo denunciaron que las autoridades ministeriales y militares les impidieron colocar carteles de sus familiares desaparecidos en el poblado de Petaquillas, «porque no pidieron permiso» a Los Ardillos, grupo criminal que opera en la zona, señalados por el gobierno federal como los generadores de la violencia de las últimas semanas en Chilpancingo.
Petaquillas es un pueblo de Chilpancingo que está muy cerca de la ciudad, en la parte sur. Es la puerta a un corredor que conecta hacia Quechultenango, municipio de donde son originarios los líderes de Los Ardillos, los hermanos Ortega Martínez.
«Para entrar a Petaquillas incluso nos dijeron que se tenía que pedir permiso a los del cartel de Los Ardillos, la Fiscalía (General del Estado FGE) llamó en muchas ocasiones a la licenciada a cargo de la búsqueda para decirle que no entraramos, porque se tenía que pedir permiso», mencionó una integrante del colectivo, quien pidió omitiera su nombre por seguridad.
Los Ardillos son un grupo criminal que operan en la zona Centro y Montaña de Guerrero, de acuerdo con información del gobierno federal son los que el pasado 10 y 11 de julio irrumpieron de manera violenta a la capital para exigir la liberación de dos líderes transportistas, relacionados a este grupo delictivo.
En Petaquillas, el Colectivo Memoria Justicia y Verdad comenzaría hoy a pegar carteles de personas desaparecidas, pero ante la negativa de los elementos de la Fiscalía General del Estado (FGE), del Ejército y de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas (CEBP), no ingresaron al poblado. Pegaron los carteles a las afueras del pueblo y en las colonias de Chilpancingo colindantes.
«Se me hace injusto que hay que estarle pidiendo permiso a una banda o a una organización delictiva para pegar fichas de búsqueda, y como ya no entramos al lugar sólo pegamos a las afueras», mencionó uno de los integrantes del colectivo.
«Ellos (personal de la FGE) nos dijeron que teníamos que pedir permiso para entrar a ese lugar, que porque está muy peligroso y ni e ellos los dejan entrar a ese lugar», agregó alguien más.
Ante la negativa de las corporaciones de seguridad para ingresar a Petaquillas, el colectivo decidió recorrer los accesos del pueblo sin seguridad.
«Les dijimos que si tenían miedo de ir que nos dejaran hacer el trabajo solas y nosotras sí íbamos a entrar, porque no tenemos miedo de entrar a ese lugar y si alguien nos tenía que decir algo lo hiciera personalmente con nosotras, porque nosotros sí estamos buscando a nuestros hijos y no le tenemos miedo a nada ni a nadie», dijo alguien más.
Al final las integrantes del colectivo no ingresaron a Petaquillas y realizaron la actividad en las inmediaciones y en colonias apartadas del centro de la ciudad.
Otra situación complicada para las labores del Colectivo ocurrió ayer que el Colectivo realizó una búsqueda en campo para hallar fosas clandestinas en la parte norte de Chilpancingo. En los límites con el municipio de Eduardo Neri detuvieron los trabajos porque el escucharon balazos cerca del lugar; los sacaron elementoa de seguridad.
Los balazos, los supieron horas después, fue por un enfrentamiento armado entre policías estatales y municipales de Zumpango contra un grupo de civiles armados.
El enfrentamiento, de acuerdo con un comunicado de la Secretaría de Seguridad Pública del estado (SSP), dejó el saldo de tres personas asesinadas; dos policías estatales, uno municipal y un civil armado.
«Es injusto que estemos viviendo estas situaciones y que tengamos miedo de entrar a un poblado o algún lugar porque no hay seguridad, porque la seguridad nos las deben de dar las autoridades, porque para eso están», agregó otro integrante del colectivo.
Después de la situación en Petaquillas, el colectivo recorrió las colonias Lomas del Poniente, Independencia, PRD y San Rafael, acompañados por elementos de la FGE, Ejército y dos acompañantes de la CEBP.
En estos recorridos las 10 madres buscadoras pegaron en postes y bardas públicas carteles con la ficha de búsqueda de sus hijos, y los datos de contacto para quienes tuvieran alguna información.
Esta jornada de búsqueda comenzó el lunes en Chilpancingo con ratreo en campo en el cerro del Marqués, al sur de la capital, y al norte, en Cerrito Rico; al oriente rumbo a la Sierra de Chilpancingo, en las inmediaciones del poblado de Tenamicoya, también en los límites con Eduardo Neri. En estas búsquedas no hallaron restos.
Hoy fue la pega de carteles y mañana culmina la jornada con otra labor de búsqueda, que por cuestiones de seguridad no dan a conocer las ubicaciones con anticipación.